Vea primer reportaje: “Isolux-Corsán: su historial de lobby y coimas en contratos por $141 mil millones en Chile“

El lunes 20 de abril CIPER publicó un reportaje en el que se dio a conocer la oscura trama de irregularidades de la multinacional española Isolux-Corsán en Chile tras el cierre de siete licitaciones públicas por $141 millones (ver reportaje: Isolux-Corsán: su historial de lobby y coimas en contratos por $141 mil millones en Chile). En la publicación se detallan las coimas y el lobby –cuando aún no entraba en operación la ley que regula la actividad– que efectuó la compañía ante distintas autoridades para adjudicarse las millonarias licitaciones y obtener prórrogas en los plazos de entrega y omisión de multas por atraso.

Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.

El mismo día de la publicación, la Fiscalía llegó junto a personal de Policía de Investigaciones (PDI) a las oficinas de Isolux-Corsán, ubicadas en un edificio de calle Concepción 266 (Providencia), para llevar a cabo una serie de diligencias tendientes a esclarecer el pago de coimas por parte de la empresa al ex director de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (USACH), Mauricio Carrasco Torres. Carrasco formó parte de la terna de directivos de la universidad encargada de evaluar y adjudicar la licitación “Edificio Docente-EDOC” por $10 mil millones a la multinacional.

Tal como reveló CIPER, el 27 de junio de 2014 Carrasco aceptó los pasajes, la estadía y los tickets gestionados por Isolux para ir al Mundial de Fútbol de Brasil junto a su señora, precisamente al partido de octavos de final en el que el conjunto nacional se enfrentaba a los pentacampeones. Dos días más tarde, el ex director de Administración y Finanzas aprobó un adelanto de dinero para la compañía que no correspondía. Para esa fecha, además, la empresa cargaba con una serie de multas por evidentes atrasos en la ejecución de las obras que no habían sido cursadas por la universidad. Así quedó establecido en un informe de la Contraloría General de la República de enero de 2015, en el que se señala que la obra debía llevar 93% de avance, pero que el progreso real a noviembre de 2014 no superaba el 20%.

Carrasco renunció a la USACH el 5 de marzo pasado. Meses antes lo había hecho el arquitecto de la universidad, Felipe Reyes Vergara, ex jefe de la unidad de Construcciones de la USACH, también envuelto en irregularidades, entre ellas, el haber efectuado adelantos de dinero a Isolux pese al nulo avance en la ejecución de las obras.

Pero la USACH no fue la única institución que salió al ruedo con el reportaje de CIPER. Allí también se reveló el modus operandi de la compañía española y el lobby que desplegaba el director para América Latina de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, para torcer decisiones de distintas autoridades y terminar cerrando la adjudicación de media docena de jugosos contratos con distintas reparticiones públicas en Chile.

La ejecución de los trabajos, sin embargo, no corrió al mismo ritmo del lobby y las coimas. De los siete contratos por $141 mil millones adjudicados en Chile a Isolux-Corsán y sus filiales, cuatro han sido terminados de manera anticipada principalmente producto de atrasos en las obras: el Hospital de Pitrufquén, el Estadio de Calama, el Puente Bicentenario (Concepción) y una obra vial en San Antonio.

La licitación de la Universidad de Santiago podría ser la última en caer. Según el rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, eso se decidirá en los próximos días a partir de los resultados que entregue una comisión investigadora conformada para hacer el control de daños y evaluar alternativas para una nueva licitación.

Pese al nutrido historial de irregularidades de Isolux en Chile, por el momento las diligencias que lleva el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes Cruz, se concentran exclusivamente en uno de los siete contratos: el de la Universidad de Santiago. Lo que se busca es establecer las responsabilidades en el pago de las coimas por parte de Isolux–Corsán a Mauricio Carrasco –principal encargado de supervisar el contrato con la empresa– para la obtención de distintos favores y por hacer vista gorda a los atrasos y multas que por meses acumulaba la compañía multinacional.

El edificio de ocho pisos de la USACH ya tendría que haber sido inaugurado, pero recién se acaba de completar la construcción del primer piso.

EL LOBBY DE GOYCOECHEA

En el allanamiento ocurrido el lunes pasado, la Fiscalía intervino tres computadores y tomó declaración a dos altos ejecutivos de la compañía. El viernes 17 de abril, tras la  llegada a Chile de Juan Carlos de Goycoechea, el mandamás para Latinoamérica de la compañía con sede en Buenos Aires, el gerente general de Isolux en Chile, Christian Manrique Valdor, fue despedido. Goycoechea realizó un viaje express a Santiago para tomar medidas frente al último traspié de Isolux en un contrato por $3 mil millones (“Mejoramiento del Circuito Portales-O’Higgins en la comuna de San Antonio) que acababa de ser rescindido anticipadamente por atrasos y otros incumplimientos.

Con el cierre del contrato de San Antonio, suman cuatro las obras de la multinacional a las que en el lapso de los 12 últimos meses se les puso punto final antes de plazo por atrasos y problemas con proveedores y trabajadores.

En la adjudicación de la mayoría de estos contratos intervino la mano de Goycoechea. Así lo evidencia un intercambio de correos electrónicos al que tuvo acceso CIPER, entre el director para América Latina de Isolux y sus superiores en España. Allí se mencionan sus gestiones para quedarse finalmente con los contratos de cuatro obras emblemáticas: los puentes Maule y Bicentenario, el Hospital de Pitrufquén y el Estadio de Calama.

Juan Carlos Goicoechea, director de Isolux América Latina (Fuente: prensalibreonline.com.ar)

En uno de esos correos electrónicos, Goycoechea alude directamente al presidente de la comisión que adjudicó la obra, al director de Vialidad y al ministro de Obras Públicas de la época como las personas con las que “se sentó para salvar esos contratos”.

–En los puentes Biobío (Bicentenario) y Maule, se escribió el dictamen que nos dejaba afuera (…) y el lobby me llevó a sentarme con el presidente de la comisión de adjudicación de la obra, con el director de Vialidad y con el ministro de Obras Públicas, y por ello se salvó el contrato. Igual el caso del Estadio de Calama que estamos fuera por el presupuesto oficial y lo dimos vuelta en otras reuniones…”, escribió Goycoechea el 27 agosto de 2013 a altos directivos de Isolux en España, entre ellos su presidente, Luis Delso Heras.

Las licitaciones para adjudicar las obras de los puentes Maule ($13 mil millones) y Bicentenario ($36 mil millones) se realizaron cuando el ex candidato presidencial Laurence Golborne se desempeñaba como ministro de Obras Públicas. En cuanto al contrato para la “Normalización del Estadio de Calama” ($10 mil millones) fue adjudicado bajo la modalidad de trato directo y autorizado por el entonces Director Nacional del Instituto Nacional del Deporte (IND), Gabriel Ruiz Tagle.

Respecto de la licitación para la construcción del Hospital de Pitrufquén ($17 mil millones), Goycoechea reconoce en su correo haberla ganado “sin siquiera tener la visita oficial de la obra”. El organismo responsable de licitar la obra fue el Servicio de Salud Araucanía Sur (SASS) dirigido en ese entonces por la doctora María Angélica Barría. En tanto, como director del Hospital de Pitrufquén, se desempeñaba Vladimir Yáñez Méndez quien, además, participó de la comisión de cuatro expertos que adjudicó la licitación.

PROBLEMAS MULTINACIONALES

Los problemas del gigante Isolux–Corsán –que en 2014 tuvo ingresos por más de $2 mil millones de euros y que opera en 40 países– no se remiten únicamente a Chile. A mediados de enero de 2015, Isolux anunció su intención de salir a la bolsa. La oferta de suscripción pública de acciones se estimó en casi $600 millones de euros. No era la primera vez que hacía el anuncio. Hace pocos días –y en lo que la prensa española ha catalogado como un ir y venir de insinuaciones– Isolux  canceló la operación. En este nuevo intento frustrado, las causas parecen apuntar en una sola dirección: Isolux atraviesa por un complejo escenario económico. Según medios españoles, pese a los ingentes ingresos de 2014, Isolux cerró el año con pérdidas por más de $38 millones de euros y arrastra una deuda bruta de $1.800 millones de euros.

Línea 4, Metro de Sao Paulo. (Fuente: Isolux)

A los problemas financieros de la compañía española se suma una serie de escándalos que tienen como protagonista a su presidente Luis Delso Heras. El 23 de marzo pasado, Delso tuvo que declarar ante una comisión del Parlamento de Cataluña que intenta esclarecer el origen de la abultada fortuna que ocultaron su viejo amigo, Jordi Puyol Ferragosa, y su padre, el histórico ex líder catalán Jordi Puyol i Soley. Uno de los escándalos de corrupción que ha remecido a España en el último año. Delso, le ha pagado a empresas ligadas a Puyol $1.8 millones de euros por asesorías en el cierre de dos millonarios contratos para Isolux, uno en Gabón y el otro en México.

Delso también aparece ligado al escándalo de la red Gürtel en la que se intenta descubrir quién es el destinatario de dineros ilegales por $72 mil euros provenientes del fondo Real State Equity Portfolio, en el que participa Isolux a través de una de sus filiales.

Actualmente la justicia española también investiga a Isolux por el presunto pago de sobreprecios ($400 millones de euros) en la construcción de un tramo ferroviario del AVE, el tren español de alta velocidad. La obra le fue adjudicada en 2008 y hoy se investiga el pago coimas por parte de Isolux-Corsán a quienes debían fiscalizar el avance de las obras.

El historial de irregularidades de Isolux-Corsán no termina allí. El 20 de marzo pasado, el Gobierno del Estado de Sao Paulo (Brasil), anunció la rescisión de parte del contrato firmado con la multinacional española en 2012 para la construcción de la segunda fase de una de la línea cuatro del metro paulista (ver artículo).

Según se informó ese día, la reducción de los empleados en la faena y el atraso de las obras obligaron a aplicar la sanción. “El contrato para ejecutar la segunda fase será rescindido por el Metro, que hará una nueva licitación para la conclusión de las estaciones Sao Paulo-Morumbí y Vila Sonia“, señaló un comunicado de la gobernación.

En 2010, Greenpeace Argentina acusó a Isolux–Corsán de haber brindado información falsa en un estudio de impacto ambiental para construir una usina a carbón en Santa Cruz y de haber recibido por parte de las autoridades US$142 millones por adelantado, antes de cumplirse los trámites administrativos que le dieron luz verde a la obra.

–Hay una violación a la Ley General del Ambiente y muestra que la realización de la obra estaba en plena proceso de ejecución de manera independiente de los resultados que arrojase el proceso de evaluación ambiental, acusó Greenpeace.

“¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III por un lado, que deposita $50 millones en Inversiones CB (en un) forward de entrada. Y $50 millones de salida, para qué empresa: para Administradora Bancorp S.A, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward”.

Las palabras del fiscal Carlos Gajardo marcaron un punto de inflexión en las dos jornadas de audiencia de formalización de los dueños y ejecutivos de Penta, el pasado 6 de marzo. Quienes conocen de política y negocios no necesitaban más contexto para entender hacia quién estaba apuntando Gajardo: al ex Presidente Sebastián Piñera, cuyos cuarteles generales se ubican precisamente en Apoquindo 3000.

Fiscal Carlos Gajardo

Si bien en ese momento hubo críticas sobre la supuesta intencionalidad política del fiscal, en la práctica se trató del primer indicio de que el escándalo de las donaciones políticas ilegales se acercaba al ex mandatario. Las pistas hacia la campaña de Sebastián Piñera siguieron el mismo rumbo de la investigación del Ministerio Público: de Penta se extendieron a SQM para luego saltar a una nueva compañía, Aguas Andinas. Ante cada uno de los cuestionamientos, el ex Presidente ha repetido como un mantra que todo es legal, aunque en la última declaración de una de sus empresas por primera vez se abre a la posibilidad de tener que hacer una rectificación en Impuestos Internos y, por lo tanto, a que pudo haber transacciones irregulares.

Piñera no ha podido sentarse en un rincón neutral a observar cómo el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría enfrentan una compleja crisis por las revelaciones de los millonarios pagos que hizo Soquimich a una sociedad de Giorgio Martelli que en 2012, época de precampaña electoral, financió servicios de figuras clave del actual gabinete, como el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el director de Impuestos Internos, Michel Jorrat. El ex presidente también está preocupado por su futuro. Busca volver a La Moneda y las sospechas de que financió parte de su campaña con aportes irregulares de empresas podrían entorpecer su hoja de ruta.

Son cuatro los episodios que complican a Piñera: el forward mencionado por el fiscal Carlos Gajardo; los pagos de SQM a empresas del ex mandatario por servicios que no tienen respaldo en la contabilidad de esa minera; los bonos a ejecutivos de Chilevisión cancelados con dineros de SQM y otras compañías que aparentemente estaban destinados a la campaña electoral, y el financiamiento que entregó a la candidatura de Evelyn Matthei cuando ya era presidente y que, aunque se hizo por la vía legal del Servel, se ejecutó cuando había delegado la administración de sus negocios.

EL FORWARD

Cuando el fiscal Gajardo apuntó a Apoquindo 3000, ya contaba con una declaración que sembraba dudas más que razonables sobre las intenciones detrás de ese forward. Según relató en su declaración del 12 de febrero Iván Rojas, ejecutivo de CB Consultorías y Proyectos, esta empresa del Grupo Cruzat habitualmente realizaba operaciones simuladas de forwards con Penta. La transacción consistía en aparentar un contrato a futuro, en el que una de las empresas siempre perdía premeditadamente. Así, podían sacarse fondos de las arcas de Penta como si fueran pérdidas. Luego se hacía otro forward con sociedades de un ejecutivo de Penta en que era CB la que perdía. Con ese dinero se cancelaban los bonos de la plana mayor del holding sin tener que tributarlos. Por el servicio, CB cobraba una comisión.

“Ninguna empresa del Grupo Cruzat hizo operaciones de forwards con otras empresas, sólo se hizo con empresas del Grupo Penta o con empresas que ellos señalaron”, declaró Rojas. Sin embargo, en los registros obtenidos por el Ministerio Público había algunas operaciones que destacaban sobre el resto. Una de ellas es Santa Irene, vinculada al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, que en ese momento (2008) era gerente de Planificación y Desarrollo de Banmédica, ligada a Penta. Otras dos son Sydarta y Nyrvana, relacionadas con la familia del fallecido empresario UDI, Ernesto Silva Bafalluy (padre del diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva), quien era socio de los Penta en la Universidad del Desarrollo. Y una cuarta es Bancorp.

Cuando se le preguntó por esas sociedades al hombre que estuvo a cargo de todos los forwards en CB, Iván Rojas, fue claro: “Respecto de las sociedades receptoras de los fondos -Santa Irene, Sydarta, Nyrvana, Bancorp-, debo señalar que en todas las del cuadro, incluidas las que me consulta, el origen de los dineros provienen de los distintos contratos del cliente Penta”.

Santiago Valdés

El 23 de febrero, el fiscal Gajardo solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (BRIDEC) requerir a Bancorp la entrega voluntaria de toda la documentación relacionada con la operación. El contrato fue entregado dos días más tarde al Ministerio Público, añadiendo dos datos importantes: que Administradora Bancorp realizó la operación para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado y que quienes firmaron fueron los ejecutivos de Bancard, Santiago Valdés, en ese momento administrador de la campaña presidencial de Piñera, y Ana María Délano, hermana del dueño de Penta, Carlos Alberto Délano.

La fecha de suscripción que registra el contrato es el 7 de diciembre de 2009, con vencimiento el 7 de enero de 2010, es decir, entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Bancorp vendió US$5 millones a un cambio de $507, 92, por lo tanto, el valor pactado ascendía a $2.539 millones. En un cuadro explicativo adjuntado en el expediente, se aprecia que en esa transacción Bancorp obtuvo un saldo favorable de $48.950.000.

Tras conocerse la operación, la sociedad ligada a Piñera emitió una declaración pública señalando que se trató de una transacción sin coordinación con terceros y en condiciones de mercado. “Todas las operaciones realizadas por Mediterráneo son reales y legítimas, corresponden a su giro de inversiones y se realizan de acuerdo a la legislación vigente”, añadía el comunicado.

Cuando Piñera asumió la Presidencia, Administradora Bancorp para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado ya tenía participación en su matriz de negocios: Bancard Inversiones Limitada. La formalizó el 26 de diciembre de 2007 con un aporte de $3.800 millones, equivalente en ese momento al 4,2% de la sociedad matriz.

En su declaración de patrimonio al llegar a La Moneda, Piñera señaló que Administradora Bancorp era propiedad en un 99,9975% de Inversiones Santa Cecilia. El 99,99% de esta última estaba a su vez en manos de Inversiones Bancorp Limitada, en la que Piñera declaró una participación de 9,718%.

El 10 de marzo de 2010, un día antes de asumir la Presidencia de la República, Sebastián Piñera había puesto orden a sus negocios. Según consta en una escritura fechada ese mismo día, modificó Inversiones Bancorp Limitada, dejando la administración en manos de un directorio de cinco miembros, uno de los cuales debía ser nombrado exclusivamente por él, otro por él en conjunto con al menos tres de sus cuatro hijos y los restantes tres directores por los otros socios, que además de sus hijos incluían a su mujer, Cecilia Morel.

Si bien es altamente probable que esa haya sido también la estructura de la sociedad al momento de firmarse el forward con CB tres meses antes, al dejar el gobierno en 2014, Piñera no incluyó a Administrador Bancorp como una inversión de Santa Cecilia, por lo que pudo haber cambios. Así se desprende también de una declaración del director de Bancorp, el abogado Fernando Barros, al diario El Mercurio: “Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”.

El 26 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra 26 personas ligadas a las sociedades que realizaron forwards con Penta por los delitos de rebaja indebida de la renta imponible y evasión tributaria, debido a que declararon pérdidas ficticias producto de estas operaciones. Entre los querellados están los dueños de Penta -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- y los otros representantes de sociedades que participaron de los forwards con CB, además de Manuel Cruzat y representantes y ejecutivos de sus empresas, incluido Iván Rojas.  El prejuicio fiscal estimado por el SII asciende a $2.400 millones.

No están querellados los representantes de las sociedades Santa Irene, Sydartha, Nyrvana y Bancorp. Pero según una fuente del SII citada por Tele13.cl, el libelo sí incluye el forward entre Bancorp y CB, por lo que sus representantes o el propio Piñera podrían ser citados a declarar.

La audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público fue fijada para el próximo 17 de junio. En ese momento, se formularán cargos contra Délano, Lavín y tres ejecutivos de Penta: Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro. También se incluye en ese grupo a los ejecutivos de CB, Iván Rojas y Edgardo Pinto; además de Pablo Wagner, pese a que su sociedad Santa Irene no estaba individualizada en la querella del SII.

LA MÚSICA

Si la primera aparición de Piñera en el expediente fue a partir de una transacción que lo liga a la investigación de las empresas de uno de sus mejores amigos, Carlos Alberto Délano, sus últimos dolores de cabeza se relacionan con los negocios de su archienemigo, el ingeniero forestal y controlador de Soquimich (SQM), Julio César Ponce Lerou (ver recuadro).

Administradora Bancorp S.A. volvió a la palestra el pasado 2 de abril, cuando el SII presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público, esta vez por inconsistencias tributarias de SQM, presuntamente vinculadas al financiamiento irregular de campañas políticas. Entre las empresas mencionadas, Administradora Bancorp figuraba con 18 pagos de SQM por un total de $318 millones.

Julio Ponce Lerou

No era la única sociedad vinculada a Piñera que figuró en esa nómina. Vox Populi aparecía emitiendo cinco facturas por $26 millones. Se trata de una empresa conocida por hacer las encuestas de opinión de Sebastián Piñera, una de sus herramientas electorales. En su declaración de patrimonio, la propiedad de Vox Populi se la reparten a medias Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada.

Los nombres de Bancorp y Vox Populi fueron entregados por SQM al SII, como parte de una autodenuncia tributaria que incluía aquellas facturas y boletas por servicios respecto de los cuales la empresa no tenía respaldo de que los trabajos hubieran sido efectivamente realizados.

Esta vez fue Bancorp la que divulgó un comunicado señalando que “las facturas referidas aSQM corresponden a servicios de asesorías financieras en materia de administración de inversiones”. Según la declaración, Piñera “no tiene, ni nunca ha tenido” injerencia en la administración de la compañía.

La lista de empresas contenida en la denuncia del SII escondía otro nombre que a primera vista no tenía ninguna relación con Piñera: Inversiones La Música, propiedad de Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión, figura emitiendo tres facturas a SQM por $45 millones. El pasado 22 de abril, el diario electrónico El Mostrador informó que cuando Piñera era dueño de Chilevisión había usado otras empresas –entre ellas SQM y Aguas Andinas– para pagar bonos de desempeño a De Aguirre. Esa información sería ratificada en los días siguientes por el ejecutivo ante el SII y ante el Ministerio Público, agregando a la lista de empresas a las cuales les facturó por sus bonos a Pampa Calichera, una de las sociedades cascadas de SQM, e Inversiones Ilihue, vinculada a José Cox, socio y hombre de confianza de Piñera. La Tercera añadió un nuevo dato: el monto total de las facturas emitidas por Inversiones La Música sería de $130 millones.

La revelación causó indignación en el entorno de Ponce Lerou, donde se asegura que se trató de una donación política para la campaña presidencial de Piñera en 2009, la que habría sido gestionada ante el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Según las mismas fuentes, a través de un correo electrónico, el entonces administrador de la campaña presidencial de Piñera, Santiago Valdés, habría señalado a qué empresa debía hacerse el pago (Inversiones La Música). Por eso les parece insólito que, finalmente, esos fondos hayan sido destinados a pagar negocios personales de Piñera, como los bonos de ejecutivos de Chilevisión.

En los últimos días, Piñera ha debido salir a dar explicaciones, negando cualquier irregularidad. El martes 28 de abril, Bancard emitió un comunicado en el que se insiste que desde abril de 2009 Piñera está desligado de la administración de sus empresas. Explica, además, que Bancard firmó un contrato con La Música en 2005 para una asesoría sobre negocios en medios de comunicación y una ampliación en 2009, en la que se incluyó la venta de Chilevisión.

“Dada la información conocida respecto a eventuales pagos de terceras empresas, Bancard está recabando todos los antecedentes relevantes, con el propósito de ponerlos en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, para la total aclaración de estos hechos, y tomar todas las medidas rectificatorias que correspondan“, señala el texto, abriendo por primera vez la posibilidad a un reconocimiento de pagos irregulares.

Cercanos a Jaime de Aguirre confirman que una parte del pago puede explicarse por una asesoría para la fracasada compra del canal de televisión por cable ARTV. Sin embargo, otras fuentes del círculo del ejecutivo de Chilevisión dicen no entender por qué Piñera y su entorno, aludiendo principalmente a su abogado Fernando Barros, insisten en negar que se pagó un bono, si de todos modos será fácil para la Fiscalía dilucidar la verdad.

Otro asunto que parece difícil de ocultar -dicen desde el canal de televisión-, es que Piñera no se desligó completamente de Chilevisión cuando anunció que se retiraba de la administración de sus negocios para dedicarse a su candidatura presidencial. Como prueba, cuentan un episodio que se vivió durante la campaña electoral cuando Piñera organizó un retiro de trabajo de todos los ejecutivos y rostros del canal a Bahía Coique, condominio del que es dueño. En esa ocasión incluso habría interrumpido un discurso para recibir una llamada en que le anunciaron la decisión de la UDI de apoyar su candidatura.

En su declaración ante la fiscalía, publicada por The Clinic, De Aguirre reconoció que el pago “era una mezcla entre evaluación de desempeño y asesorías”. Dijo que primero Bancard le transfirió $146 millones, pero luego le pidieron que devolviera el dinero y facturara a terceras empresas. “Ninguna relación tengo con SQM, Pampa Calichera, Aguas Andinas e Inversiones Ilihue. Nunca presté ningún servicio para ellas, no conozco a nadie de estas empresas. Los servicios que presté fueron prestados a Bancard”, declaró el ejecutivo, quien puso hincapié en que no destinó ese dinero a campañas políticas.

Jaime de Aguirre

Al sincerar también la situación ante Impuestos Internos, Jaime de Aguirre no sólo estaba dando una explicación sobre el pago que recibió de SQM. Si efectivamente se trató de bonos de desempeño que debía pagar Bancard, el ejecutivo de Chilevisión estaba reconociendo que utilizó una sociedad para cobrar parte de sus ingresos, algo que ha sido cuestionado por el SII pues es una forma de eludir impuestos. Este mecanismo está bastante extendido y ha sido particularmente fiscalizado dentro de la industria televisiva (ver reportaje Cómo surgió y se expandió la elusión de impuestos en la industria de la televisión).

Respecto a Aguas Andinas, que también efectuó pagos a La Música, en su junta de accionistas del martes 28 de abril el presidente del directorio, Felipe Larraín, confirmó que la factura de Jaime de Aguirre existe, por lo que propuso al resto de la mesa directiva hacer una investigación exhaustiva para ver si existían otras facturas similares. La revisión puede tardar, porque son más de 15.000 transacciones las que deben ser revisadas en un proceso encabezado por el gerente general de la empresa, el español Jordi Vals. El máximo ejecutivo de la sanitaria tiene la ventaja de no haber estado en el cargo al momento de emitirse las facturas, en febrero y marzo de 2010, cuando el gerente general era Felipe Larraín, hoy presidente de la compañía.

El tema es particularmente complejo para Aguas Andinas, pues se trata de una empresa regulada y cuyo directorio nunca ha aprobado formalmente donaciones políticas a través del conducto regular del Servel. La gran duda que deberá dilucidar la investigación interna –así como las eventuales indagaciones del SII y la fiscalía– es si se trató de un caso aislado o hay más facturas por servicios no prestados y cuyos pagos presumiblemente se canalizaron a actividades políticas. Este jueves 30, revista Qué Pasa informó que la compañía está investigando la existencia de facturas  de Vox Comunicaciones, una empresa en la que entre 2009 y 2010 fue socio el ex ministro Laurence Golborne y que ya está bajo sospecha en la arista Penta del caso.

PRESIDENTE FINANCISTA

Ponce Lerou no es el único enemigo que Piñera ha cosechado en su carrera político empresarial y si algo llama la atención es la capacidad del ex presidente de congraciarse con ellos si tiene en mente un objetivo mayor. Quizás el caso más emblemático es el de Evelyn Matthei, con quien rompió radicalmente su amistad tras el llamado Piñeragate, en 1992. En esa ocasión, Piñera pidió por teléfono que la trataran mal en un programa de Megavisión, pero ella tenía a agentes del Ejército grabando la conversación, que luego lanzó al aire el dueño del canal, Ricardo Claro.

Pese que el episodio se transformó en uno de los escándalos políticos indelebles de la transición, una vez en La Moneda, Piñera nombró a Matthei ministra del Trabajo. Desde ahí, la ex senadora UDI fortaleció su imagen y se transformó en la única candidata factible para asumir como abanderada presidencial de la derecha luego de que Pablo Longueira debiera abandonar la carrera tras caer en una severa depresión.

Pero era una carrera perdida. En la Alianza estaban conscientes de que no había forma de remontar la ventaja de Bachelet. Matthei se quejaba de la falta de fondos para financiar su campaña y según reveló una reciente investigación del periodista Daniel Matamala publicada en CIPER, apeló en varias oportunidades a Piñera para que hiciera un aporte a su candidatura. Finalmente, ésta se concretó de forma reservada por la vía del Servel, mediante aportes de la sociedad Santa Cecilia. Esta transferencia digitada por Piñera pone en duda la promesa del entonces Presidente de no tener ninguna injerencia en sus empresas (ver reportaje).

Sebastián Piñera

De todos modos, Matthei sólo logró recaudar $3.400 millones, mientras que Bachelet llegó a juntar $5.300 millones para la primera vuelta. A diferencia de su contrincante, el grueso de los fondos de Matthei ($2.300 millones) provino de aportes reservados, superando incluso la recaudación reservada de Piñera en la elección anterior ($2 mil millones).

Si en su primera incursión presidencial Piñera financió la mayor parte de su campaña con fondos propios, pero en 2009, sabiendo que tenía reales posibilidades de ganar, acudió a los privados para conseguir dinero. En todo caso, desembolsó $1.100 millones de su patrimonio en la primera vuelta.

En esa ocasión, gran parte de la recolección de fondos estuvo a cargo de su amigo José Cox, quien contó con el apoyo de un grupo de empresarios, como Patricio Parodi y Juan Bilbao (hoy acusado en Estados Unidos por uso de Información privilegiada). Entonces se mencionaba a Santiago Valdés, administrador de la campaña, como el “ministro de Hacienda” de la candidatura (ver reportaje Los gerentes que manejan las platas de la campaña de Piñera).

Cox y Valdés tenían también amplias responsabilidades en los negocios de Piñera y ya debieron concurrir al Ministerio Público para dar explicaciones por el cuestionado forward con CB, pero reagendaron su declaración hasta conocer el contenido de la carpeta investigativa. Con nuevos flancos abiertos, es probable que ellos o incluso el propio Piñera, sean citados para responder por las facturas de SQM y Aguas Andinas.

PONCE LEROU, EL ARCHIENEMIGO

En el entorno de Ponce Lerou sitúan el inicio de la guerra con Sebastián Piñera en un episodio que tuvo lugar a comienzos de la década pasada. En un momento de alto endeudamiento de sus empresas, Ponce Lerou, quien en esa época vivía en Austria, fue alertado por un banco estadounidense de que Piñera quería comprar su cartera de créditos. La sospecha inmediata fue que era una jugada del ex senador RN para intentar tomar el control de las sociedades cascadas a través de las cuales Ponce Lerou controla SQM. Una sospecha que se ha reiterado en al menos tres oportunidades y que ha mantenido tensa la relación entre ambos. A eso hay que sumar el llamado Caso Cascadas, que Ponce Lerou atribuye a una operación de Piñera: “Si su excelencia el Presidente de la República no hubiese participado en las Cascadas, no habría Caso Cascadas”, sentenció el año pasado.

“Esas cosas se olvidan, pero no se perdonan”, dice un integrante del círculo de Ponce Lerou sobre la seguidilla de problemas con Piñera. Según la misma persona, hay que tomar en cuenta que el ex yerno de Pinochet es un hombre de derecha y que Piñera fue candidato presidencial de ese sector en 2004 y 2009. Su costumbre es repartir dinero a candidatos de distintos colores políticos, habría sido raro que en esa elección apoyara sólo a Eduardo Frei –como apuntan los antecedentes revelados en los últimos días– y no al candidato de derecha. Por lo demás, Piñera iba de seguro ganador en las presidenciales de 2009, por lo que no habría tenido sentido para un pragmático como Ponce Lerou respaldar sólo al perdedor.

Pese a ese razonamiento y a que hubo treguas entre ambos empresarios, fue sorpresivo que ahora apareciera un supuesto financiamiento de Ponce Lerou a Piñera durante la campaña presidencial de 2009. Entre las facturas a empresas ligadas a Piñera y Jaime de Aguirre, los posibles aportes de SQM a la campaña del ex presidente sumarían hasta ahora unos $400 millones.

El primer episodio público de tensión entre Piñera y Ponce Lerou tuvo lugar en 2001, cuando Bancard, junto a Moneda, pidió la disolución de Pampa Calichera, que en ese momento presentaba un nivel crítico de endeudamiento y cuyas acciones se transaban con un fuerte descuento. El controlador volvió recargado tras atraer la inversión de la noruega Norsk-Hydro y se instaló en las presidencias de los directorios de todas las cascadas. Pero entonces apareció la canadiense Potash Corp (PCS) con la seria intención de arrebatarle el control a Ponce Lerou, abriendo una nueva disputa que se prolongó por años.

José Cox

En 2002, el entonces gerente general de Bancard, Juan Luis Rivera y director de las cascadas, envió un oficio a la SVS para que investigara la compra de acciones de Oro Blanco a Calichera-B. Esa operación le permitió a Oro Blanco quedarse con más de dos tercios de Pampa Calichera. La denuncia de Rivera terminó con sanciones para el gerente general de Oro Blanco, Pedro Díaz, y el director Luis Vásquez.

En 2008 Ponce Lerou vio nuevamente amenazado el control de SQM cuando Yara (ex Norsk-Hydro) decidió vender su participación en SQM y PCS arremetió para aumentar su participación. El ingeniero forestal le compró a los noruegos y aceptó además una oferta de Piñera, quien empezaba a concentrarse en su campaña para ser presidente y se estaba desprendiendo de algunos negocios. En total, le pagó más de US$200 millones. Todas estas compras para asegurar el control le costaron a Ponce Lerou un endeudamiento que ha cifrado en US$700 millones y que indirectamente gatilló las operaciones cuestionadas en el Caso Cascadas, pues parte de los fondos provenían de estas sociedades, que quedaron en una compleja situación financiera y debieron recurrir a aumentos de capital. En ese momento se produjeron las operaciones investigadas.

La salida de Piñera significó una especie de tregua entre ambos, pero que duró poco. Ponce Lerou acusa que dos meses después Piñera empezó a comprar nuevamente acciones de Norte Grande y Oro Blanco a través de Bancard y Santa Cecilia por unos US$40 millones. Cuando en abril de 2009 Piñera creó el fideicomiso ciego en que delegó la gestión de sus inversiones en sociedades abiertas en bolsa, su participación en las Cascadas quedó a cargo de Moneda, según acusa Ponce Lerou. Esta tesis insinúa que, como accionista minoritario, Piñera perdió dinero con las operaciones cuestionadas y, por lo tanto, era parte interesada en la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Según ha declarado el controlador de SQM, a partir de 2012 tanto el presidente de Moneda, Pablo Echeverría, como el director de Bancard José Cox se le acercaron para plantearle que había que fusionar las Cascadas (ver reportaje de revista Qué Pasa). Uno de los intermediarios fue el abogado Darío Calderón, quien, según ha declarado Ponce, le transmitió el recado de que si se fusionaban las Cascadas ellos arreglarían el problema con la SVS. También relató que en una reunión social el propio Piñera le habría dicho a Calderón: “Tú encárgate de la fusión que yo me encargo de la Súper”.

Las acusaciones de Ponce Lerou causaron ruido durante los últimos meses de gobierno de Sebastián Piñera, pues él aseguraba que no sabía nada de las inversiones que tenía en el fideicomiso y la SVS investigaba las operaciones del Caso Cascadas que se transformarían en las mayores multas jamás aplicadas en mercado de valores, dirigidas justamente hacia Ponce Lerou y sus ejecutivos.

La Universidad de Santiago (USACH) rescindió un contrato por $10 mil millones con la multinacional española Isolux-Corsán para la construcción de un edificio docente. La casa de estudios estatal presentó además una querella por el delito de fraude al Fisco y cohecho ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago y una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por “posible colusión”.

Las drásticas medidas fueron dadas a conocer este lunes 4 de mayo, 14 días después de que CIPER publicara un reportaje que dejó en evidencia el nutrido prontuario de malas prácticas de la compañía en Chile (ver: Isolux Corsán, su historial de lobby y coimas en contratos por $141 mil millones en Chile). En la investigación se detallan las coimas y el lobby que desplegó la compañía ante distintas autoridades para adjudicarse varias de las millonarias licitaciones y obtener prórrogas en los plazos de entrega y omisión de multas por atraso. Allí también se evidencian las pruebas que inculpan al ex director de Administración y Finanzas de la USACH, Mauricio Carrasco Torres, como receptor de coimas por parte de la compañía. Carrasco formó parte de la terna que adjudicó la licitación a Isolux y fue el principal responsable de supervisar la marcha del proyecto.

El término anticipado de contrato cae justo cuando la obra, según los plazos estipulados en la licitación, debía estar terminada. No obstante, recién comenzaba la construcción del segundo de los ocho pisos del edificio.

Se trata del quinto contrato de Isolux-Corsán que es rescindido anticipadamente producto de severas irregularidades en la ejecución de las obras. En el lapso de 24 meses, la empresa había logrado cerrar en Chile siete contratos con distintas entidades públicas por un total de $141 mil millones.

El primero, en marzo de 2012, fue para la construcción del puente sobre el río Maule (Séptima Región), por un total de $13 mil millones, previa licitación del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El último, en agosto de 2014 para el desarrollo de una obra vial (“Mejoramiento del Circuito Portales-O’Higgins”) en la comuna de San Antonio (Quinta Región) por $3 mil millones. Entre ambos, figura una larga lista de obras emblemáticas adjudicadas a Isolux en distintas regiones del país: el Puente Bicentenario (Región del Biobío), el Hospital de Pitrufquén (Región de la Araucanía), el Estadio de Calama (Región de Antofagasta), la extensión de la Línea 3 del Metro (Región Metropolitana) y un edificio docente de ocho pisos para la USACH. Tras el anuncio de la universidad estatal, sólo siguen en pie los contratos para la construcción del puente sobre el río Maule, que ya fue entregado y se encuentra en revisión por parte del MOP, y las obras para la extensión del Metro.

FRAUDE AL FISCO, COHECHO Y POSIBLE COLUSIÓN

El 22 de abril pasado, dos días después de la publicación del reportaje de CIPER, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, envió a la Contraloría General de la República el decreto universitario Nº 789 para la toma de razón del organismo. En él, se dispone “el término anticipado de contrato para la ejecución de la obra” con Isolux.

Este es el quinto contrato, de los siete adjudicados en Chile a Isolux-Corsán en los últimos tres años, que se ha finiquitado de manera anticipada. En todos ellos la principal causal apunta en una dirección: atraso generalizado en las obras. En el caso de la USACH, sin embargo, pesan irregularidades adicionales que resultan más graves. Son estas irregularidades las que motivaron también acciones adicionales al término anticipado de contrato: la presentación de una querella en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago y de una denuncia en la Fiscalía Nacional Económica.

–En relación a la querella, ésta fue presentada por el delito de fraude al Fisco y cohecho en contra de quienes resulten responsables de tales ilícitos, identificándose como posible participante en tales hechos a un ex funcionario de la universidad. Mientras que, la denuncia en la Fiscalía, obedece a una posible colusión en el proceso de licitación pública de la citada obra, que involucraría a dos ex funcionarios del plantel –señala el comunicado publicado hoy por la USACH.

La querella por fraude al Fisco y cohecho involucra a Mauricio Carrasco Torres, ex director de Administración y Finanzas de la USACH. Tal como reveló CIPER, la dirección de Administración y Finanzas es un cargo de confianza de rectoría. Fue el propio Zolezzi quien en 2012 llevó a Carrasco –que hasta entonces se desempeñaba en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación– a la USACH.

Juan Manuel Zolezzi, rector de la USACH

En el reportaje publicado el 20 de abril, CIPER exhibió una serie de correos electrónicos que dejaron en evidencia cómo en junio de 2014 altos directivos de Isolux en Chile gestionaron y pagaron los pasajes, la estadía y los tickets para que Carrasco fuera al Mundial de Fútbol de Brasil junto a su señora, precisamente al partido de octavos de final en el que el conjunto nacional se enfrentaba a los Pentacampeones. Dos días más tarde, el ex director de Administración y Finanzas aprobó un adelanto de dinero para la compañía que no correspondía. Para esa fecha, además, la empresa cargaba con una serie de multas por evidentes atrasos en la ejecución de las obras que no habían sido cursadas por la universidad.

Aunque no se entregaron mayores detalles, la denuncia presentada en la Fiscalía Nacional Económica por “posible colusión en el proceso de licitación pública” y que involucra a dos funcionarios, refiere a la actuación del propio Carrasco y del arquitecto de la USACH Felipe Reyes Vergara, quienes formaron parte de la comisión evaluadora de la universidad que adjudicó el millonario proyecto a Isolux-Corsán.

Tal como reveló CIPER las irregularidades se arrastrarían desde antes de que Isolux ganara la licitación. En pleno proceso de evaluación de las propuestas de los dos oferentes (Isolux y la empresa Transportes y Excavaciones), la compañía española manejaba el detalle de oferta de su competidora y ya sabía que el resultado de la licitación se inclinaría a su favor. Fue desde la propia comisión de evaluación –conformada por Carrasco, Reyes y el prorrector de la USACH, Pedro Palominos Belmar– que se filtró la información a los directivos de Isolux. Así se lee en un correo electrónico al que tuvo acceso CIPER enviado por el director de Isolux–Corsán para América Latina, Juan Carlos de Goycochea, a sus superiores en España:

“Ni el plazo ni los antecedentes son públicos, pero te puedo decir que tuvimos mejor plazo de ellos (…) pero estamos unos US$ 4 millones por encima del presupuesto oficial (…) No obstante, por la misma vía que sabemos todo esto, hemos logrado un dictamen de la comisión que obra en mi poder, que aconseja la adjudicación a Corsán. Esto por supuesto es absolutamente confidencial y no debe ser transmitido a nadie, menos en Chile”.

Es en ese mismo correo electrónico, en el que Goycoechea reconoce haber hecho gestiones en Chile para que Isolux se quedara finalmente con los contratos de otras cuatro obras emblemáticas: los puentes Maule y Bicentenario, el Hospital de Pitrufquén y el Estadio de Calama.

“En los puentes Biobío (Bicentenario) y Maule, se escribió el dictamen que nos dejaba afuera (…) y el lobby me llevó a sentarme con el presidente de la comisión de adjudicación de la obra, con el director de Vialidad y con el ministro de Obras Públicas, y por ello se salvó el contrato. Igual el caso del Estadio de Calama que estamos fuera por el presupuesto oficial y lo dimos vuelta en otras reuniones…”, escribió Goycoechea.

BOLETAS DE GARANTÍA

Junto con ponerle la lápida de manera anticipada al contrato con Isolux, la USACH ejecutó el cobro de las boletas de garantía entregadas por la multinacional como resguardo para el cumplimiento del contrato. En total suman $3.200 millones. Según el rector Zolezzi, el dinero recuperado, sumado a lo construido hasta el momento, “representa una positiva defensa” del patrimonio de la universidad.

El cobro de la garantía motivó que el 24 de abril pasado Isolux presentara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener una orden de no innovar que permitiera congelar la liquidación del dinero por parte de la USACH. El recurso, sin embargo, fue desestimado por la justicia.

Paralelamente a las acciones judiciales presentadas por la USACH, el Ministerio Público ya ha ordenado una serie de diligencias para esclarecer la participación de Carrasco y otros funcionarios de la universidad en la presunta red de corrupción montada por Isolux para adjudicarse el contrato y obtener adelantos de dinero y omisión en el cobro de multas por atraso. La causa, originada por una denuncia anónima ante la Fiscalía, está a cargo del jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes Cruz.

El 20 de abril pasado, el mismo día de la publicación del reportaje de CIPER, el Ministerio Público junto a funcionarios de la PDI allanaron las oficinas de Isolux–Corsán en Chile, ubicadas en la comuna de Providencia. El procedimiento concluyó con la incautación de computadores y con la toma de declaración a dos funcionarios de la compañía (ver reportaje: Fiscalía allana oficinas de Isolux-Corsán en Chile por coimas en la USACH).

La semana que se cierra este viernes 8 de mayo ha sido una de las más duras para el gobierno. Hay quienes la comparan con la que vivió La Moneda a inicios de febrero, cuando se conoció el negocio inmobiliario en Machalí que involucra al hijo y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y que lanzó al despeñadero la popularidad de la mandataria. La crisis política que terminó con la Presidenta anunciando la renuncia de todo el gabinete en horario prime televisivo y ante Don Francisco el miércoles 6, ayudó a mantener en segundo plano la verdadera guerrilla en las sombras que esa misma semana se había instalado en el gobierno y que se traspasó al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Un quiebre profundo se había producido entre quienes pujan por dejar en libertad de acción a Impuestos Internos y a la Fiscalía, para que investiguen el financiamiento ilícito de la política, y aquellos que han frenado las indagatorias para preservar a las autoridades y dirigentes políticos envueltos en las irregularidades.

Jovino Novoa

Esta semana las escaramuzas comenzaron a filtrarse más allá de los ministerios del Interior y de Hacienda, además de las oficinas del SII y de la Fiscalía, donde tienen domicilio las principales figuras que se han enfrentado en este largo round. El ingrediente que hizo explotar la crisis tuvo lugar apenas 48 horas antes del anuncio del cambio de gabinete. Y ocurrió en el SII.

El lunes 4 altos funcionarios de Impuestos Internos detectaron una operación cuyo objetivo final era frenar las investigaciones que se desarrollan en el organismo tributario relacionadas con el financiamiento ilegal de la política: el 23 de marzo el SII había beneficiado a la sociedad comercial del ex senador Jovino Novoa (UDI), uno de los políticos implicados en la investigación judicial al Grupo Penta, con la condonación del 55% de sus “impuestos comprometidos”, es decir, aquellos que estaban bajo investigación por sospecha de fraude tributario.

La sociedad Inversiones y Mandatos, propiedad de Novoa, emitió seis facturas a diversas empresas del holding Penta, por un monto total de $25 millones, que están investigadas por haber enmascarado fondos destinados a campañas. Tras presentar ante el SII una rectificación de sus declaraciones tributarias, a la sociedad de Novoa se le aprobó la condonación. Pero se mantuvo en secreto.

Michel Jorrat

Fue una pequeña nota de El Mercurio de este jueves 7 la primera alerta sobre el beneficio que recibió Novoa. Si bien señala que la condonación opera de manera automática cuando el trámite de rectificación se hace en línea, este procedimiento está permitido sólo si el contribuyente no tiene observaciones pendientes. Y en el sistema del SII el expediente de la sociedad de Novoa sí aparece con un aviso que indica que está bajo investigación. En la práctica, esa anotación es una alerta para que los fiscalizadores del SII no le aprueben beneficios. Por lo mismo, la condonación sólo pudo materializarse con la anuencia del subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón.

De acuerdo a la normativa del SII, y estando Jovino Novoa bajo investigación, el beneficio debió contar con el visto bueno del director del servicio, Michel Jorrat. Consultado por CIPER, Jorrat aseguró que él no tuvo conocimiento de la operación, por lo que se está investigando quién y por qué autorizó la condonación.

QUIEBRE EN EL SII

La condonación a Novoa no fue un mero trámite automático e intrascendente. Prueba de ello es que este lunes 4 la Subdirección Jurídica del SII, donde opera el equipo especial de Impuestos Internos que investiga los posibles fraudes tributarios relacionados con financiamiento político, tenía lista una ampliación de querella contra Jovino Novoa. Pero la acción judicial fue postergada por decisión del director Jorrat. Recién entonces el equipo del SII que investiga ilícitos asociados a campañas políticas supo que se había dado luz verde a una condonación para Novoa por las mismas irregularidades por las que pretendían llevarlo a juicio.

La ampliación de la querella del SII que involucraba a Novoa, también incluía a Giorgio Martelli, reconocido recaudador de dinero para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet. Martelli es dueño de la sociedad que en 2012 recibió boletas del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de una docena de otros funcionarios cercanos al jefe de gabinete y al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tal como lo informó una nota publicada por The Clinic. La sociedad de Martelli recibió dinero de la empresa SQM Salar, controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y se sospecha que sirvió como caja pagadora de un equipo que operó en la precampaña presidencial de Michelle Bachelet.

Alberto Arenas

La idea de los funcionarios de la Subdirección Jurídica del SII era presentar la acción judicial contra Novoa y Martelli a principios de la semana del 4 de mayo, antes de que la Fiscalía hiciera lo suyo.  Este jueves 7, cuando la querella contra Novoa y Martelli seguía en compás de espera en el SII, el fiscal nacional Sabas Chahuán ingresó al 8º Juzgado de Garantía una solicitud de audiencia para formalizar a Jovino Novoa por delitos tributarios y a otros cuatro políticos imputados: el senador Iván Moreira (UDI), el diputado Felipe de Mussy (UDI), el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI) y el ex diputado Alberto Cardemil (RN). La audiencia quedó fijada para el 22 de junio.

La imagen de Impuestos Internos se ha visto afectada por ir a la cola del Ministerio Público en la investigación de SQM, lo que alimenta las sospechas de que estaría encubriendo a sectores oficialistas que recibieron fondos de la minera. Por esa razón, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, le pidió al director del servicio, Michel Jorrat, que autorizara la presentación de la ampliación de querella contra Novoa y Martelli antes de las 14:00 del jueves 7, la hora límite para ingresar los escritos al tribunal, y de esa forma no aparecer “empujados” por la Fiscalía.

Pasadas las 13:00 de ese día y al no tener respuesta, Vargas le envío un nuevo mensaje a Jorrat, indicándole que si no recibía instrucción en contrario procedería a presentar la acción judicial. Pese a que Jorrat había anunciado oficialmente que se inhabilitaría de actuar respecto a la empresa de Martelli, pues él mismo emitió boletas para esa sociedad, finalmente el director del SII  decidió posponer la ampliación de querella. Jorrat pidió que antes de presentarla se citara a declarar al SII a Giorgio Martelli. En los hechos, eso significaba postergar al menos hasta la próxima semana la decisión de ingresar el escrito al tribunal. El subdirector Vargas no estuvo de acuerdo con esa determinación, pues a su juicio Martelli ya había entregado a Impuestos Internos –a través de sus abogados- la documentación contable necesaria, complementaria con la que antes había presentado SQM Salar, para fundamentar la acción legal.

En la institucionalidad del SII la facultad de iniciar acciones legales por ilícitos tributarios la tiene el director de la entidad, quien desde hace años la ha delegado en el subdirector jurídico. En vista de que las dilaciones en la presentación de las acciones judiciales contra Novoa y Martelli pueden acarrearle responsabilidades administrativas, pasado el mediodía del jueves 7 Vargas pidió formalmente a Jorrat que, si su decisión era postergar la ampliación de la querella, le revocara la delegación de la facultad de iniciar acciones legales. De esta forma, quedaría exclusivamente en manos del director la responsabilidad por su determinación. Ese mismo día, a sólo media hora de que se cumpliera el plazo de las 14:00 para ingresar la ampliación de la querella, Jorrat le comunicó a Vargas que aceptaba revocar la delegación. Y no presentó el escrito al tribunal.

A partir de ese momento el quiebre en la dirección del SII se hizo evidente. Por un lado, el equipo del subdirector jurídico presionando por la presentación inmediata de las querellas; y por el otro, Jorrat, quien decidió posponerlas. La indagación de CIPER confirmó que la actitud del director del SII obedecía a las presiones que recibió desde el Ministerio de Hacienda, del cual depende jerárquicamente.

El problema para Jorrat no era la acción contra Novoa, sino la dirigida contra Martelli. El director del SII había recibido instrucciones desde el Ministerio de Hacienda de retrasar la presentación del escrito hasta después del cambio de gabinete, cuando la Presidenta aún no le ponía fecha a la reestructuración de su equipo ministerial. La orden buscaba evitar que se siguiera debilitando la posición del ministro Peñailillo por su vínculo con Martelli.

Las presiones sobre Jorrat para retrasar la acción judicial fueron tan fuertes como las que soportó durante el verano, cuando el mismo ministro Peñailillo evidenció ante directivos del SII y del Ministerio Público su obsesión por que la investigación “no llegara hasta SQM”. Tanto para el ministro del Interior como para el de Hacienda era preciso frenar esa arista de la acción judicial, a sabiendas de que con ella se abriría la compuerta que vinculaba directamente con el financiamiento ilegal de la política a un grupo del oficialismo que ocupa cargos de poder en el gobierno, en el Parlamento y en los partidos.

Rodrigo Peñailillo

Los roces que se produjeron en esos días entre el ministro del Interior y el director del SII fueron de tal nivel, que la relación entre ambos se fracturó irremediablemente. Cortado ese puente, los intereses de Peñailillo han sido representados ante el director del SII por la jefatura de Hacienda, con presiones de similar intensidad, pero sin llegar a las descalificaciones en las que incurrió Rodrigo Peñailillo.

Enfrentado a la presión que ejerció su equipo jurídico para que presentara la acción judicial contra Martelli este jueves 7, Jorrat se tomó 24 horas para reflexionar. En la mañana del viernes 8, Jorrat firmó la querella para presentarla al 8º Juzgado de Garantía. Pero el escrito nunca traspasó el umbral del tribunal. Jorrat afirmó a CIPER que el problema que se lo impidió fue que, al renunciar el subdirector Cristian Vargas a su facultad de iniciar acciones legales, ésta vuelve a manos del director del SII, pero previa publicación de la revocación en el Diario Oficial. Como ese trámite está pendiente, la querella firmada por Jorrat no tenía validez. El subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, confirmó a CIPER que había renunciado a su facultad.

A primera hora de este viernes 8 de mayo, Giorgio Martelli declaró ante el Departamento de Delitos Tributarios, dependiente de la Subdirección Jurídica del SII. Pero se acogió a su derecho a guardar silencio. El director del SII, Michel Jorrat, le confirmó a CIPER su decisión de presentar la querella, tanto en contra de Martelli como de Novoa, apenas sea publicada en el Diario Oficial la revocación de la facultad que ostentaba Vargas.

PRESIÓN DESDE HACIENDA

La condonación a favor de Jovino Novoa fue interpretada al interior del SII como una maniobra que intentó zanjar por la vía de los hechos consumados la disputa entre quienes desean frenar la investigación y aquellos que persisten en llevarla hasta el final. Los que buscan detener la indagatoria argumentan que el uso de boletas y facturas por servicios no prestados -el ardid que enmascaró el financiamiento de las campañas- no es un delito tributario, por lo que no corresponde llevarlo a tribunales y debe ser corregido por la vía administrativa. Esta última interpretación de la ley es, precisamente, la que se aplicó al aceptar la condonación que benefició a la empresa de Jovino Novoa.

El principal impulso a la tesis de corregir por la vía administrativa provino de las oficinas de los ministros Peñailillo y Arenas. La jefa de gabinete del titular de Hacienda, Andrea Palma, ha coordinado el grupo que promueve esta salida extrajudicial y que ha presionado a distintas autoridades –entre ellas, la del SII- para que adopten ese predicamento. El equipo, incluso, ordenó investigar el origen de las filtraciones a la prensa que alimentaron los reportajes que involucraron en los ilícitos del financiamiento de la política al ministro Peñailillo, al grupo de dirigentes que él instaló en cargos de importancia en distintos ministerios, a colaboradores del ministro Arenas, y a los hijos del nuevo presidente de la DC, el senador Jorge Pizarro, entre otras figuras del oficialismo.

Samuel Donoso

En el grupo que coordina Andrea Palma también participa Alberto Cuevas, responsable de la política tributaria del Ministerio de Hacienda, quien periódicamente se reúne con el subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón. A las reuniones del grupo también ha concurrido el director del SII, Michel Jorrat, e inicialmente participó el abogado Samuel Donoso. Este último es defensor del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y fue quien elevó el caso Penta hasta el Tribunal Constitucional en un infructuoso intento de detener la indagatoria sobre la minera de Julio Ponce Lerou.

Samuel Donoso fue quien llevó ante el equipo que encabeza Andrea Palma un informe en derecho elaborado por el ex director del SII, Ricardo Escobar. El documento sostiene que no hay delito en el uso de boletas por trabajos no realizados que hayan servido para allegar recursos a la política. Es más, la tesis de Escobar es que todo lo que no está expresamente prohibido en la ley respecto del financiamiento de campañas y actividades políticas, estaría permitido (ver recuadro con los argumentos de Escobar).

Sobre la matriz del informe de Escobar se ha construido la línea de trabajo del grupo que coordina Andrea Palma. Para fortalecer la tesis, Alberto Cuevas solicitó nuevos informes jurídicos a otros abogados. Incluso, el grupo elaboró una minuta con esta base argumental, documento que no lleva el sello del Ministerio de Hacienda y que se hizo llegar a algunos parlamentarios preocupados por los alcances de la investigación del SII y el Ministerio Público.

Quienes insisten en que la justicia debe dirimir si hay o no delito, sostienen que el plan de contención desplegado por los ministros Peñailillo y Arenas es riesgoso: podría dar pie a acusaciones de obstrucción a la justicia o conflicto de interés, debido a que estarían usando prerrogativas de su cargo y recursos fiscales para detener una investigación que los afecta directamente o a sus colaboradores cercanos.

Al interior del SII, y tras sus duras disputas con Peñailillo, el director Michel Jorrat ha debido enfrentar un clima interno crispado por las desconfianzas. Uno de los puntos más álgidos ha sido el paulatino distanciamiento con el subdirector jurídico, Cristián Vargas, quien ha sido el más duro defensor de la vía judicial. En ese proceso de crisis, Jorrat ha sido asesorado por un pequeño círculo de confianza, conformado por su jefa de gabinete, Elena Amaya, el director de Grandes Contribuyentes, Bernardo Seaman, y el subdirector de Fiscalización, Víctor Villalón.

Son precisamente algunos de los integrantes de ese grupo de confianza de Jorrat los que despiertan las aprensiones de los fiscalizadores más antiguos del SII por la independencia que requiere su función. Una alerta que se vio reforzada el jueves 30 de abril cuando Víctor Villalón envió un mensaje a los directores regionales del SII que fue interpretado como la línea a seguir para sancionar administrativamente y no como un ilícito las irregularidades detectadas en boletas de contribuyentes relacionadas con organizaciones políticas.

Cristián Vargas

El texto de Villalón contiene una crítica velada a las denuncias que la Subdirección Jurídica ha presentado a la Fiscalía, en las que pidió investigar a contribuyentes que emitieron boletas por trabajos que no tienen respaldo y que, al mismo tiempo, mantienen nexos con organizaciones vinculadas a partidos o dirigentes políticos. Ese es el caso de la nómina de 173 contribuyentes que emitieron facturas o boletas a SQM que se envío a la Fiscalía el 2 de abril pasado.

En su mensaje, Villalón pidió que los directores regionales revisen con sus equipos “aquellas situaciones en las cuales (los fiscalizadores) estarían rechazando gastos por el mero (hecho) de estar los contribuyentes asociados a personas o entidades, incluso sin fines de lucro, que a su vez poseen algún tipo de relación o vinculación con los derechos políticos que caracterizan a nuestro país”.

Otro indicio de que la posición de la jefatura del SII es evitar la investigación de platas relacionadas con organizaciones políticas, ocurrió cuando la Dirección de Grandes Contribuyentes dio curso a una rectificación realizada por SQM Salar. La repartición que dirige Bernardo Seaman aceptó revisar las declaraciones tributarias de la empresa, pero excluyó de ese examen los pagos que esa compañía hizo a las sociedades de Giorgio Martelli y de Cristián Warner, hombre de confianza de Marco Enríquez Ominami. De esta forma, el SII considera que no hay anomalías en los servicios que Martelli y Warner supuestamente prestaron a SQM Salar, lo que impide por ahora  investigarlos. De hecho, las condiciones en que fue tramitada esa rectificación no se informaron al equipo del SII que pesquisa los posibles ilícitos tributarios de SQM Salar relacionados con financiamiento político.

Para dejar fuera de la rectificación a la sociedad de Martelli, la Dirección de Grandes Contribuyentes tuvo a la vista los informes de asesoría entregados por esa empresa a SQM Salar, con lo que validó los servicios prestados. Sin embargo, una investigación de The Clinic analizó los reportes de Martelli y concluyó que el contenido era copiado de publicaciones de diarios. Incluso, se descubrió que algunos contienen información sobre hechos que ocurrieron después de la fecha en la que supuestamente se realizaron los informes.

OTRA SOCIEDAD DE POLÍTICOS EN LA MIRA

La condonación a Jovino Novoa se produjo en la segunda quincena de marzo, justo antes de que comenzara a gestarse un acuerdo político amplio destinado a redactar un compromiso para mejorar la calidad de la política y explorar reformas al financiamiento de campañas. El acuerdo, firmado desde la UDI hasta el PC, fue impulsado desde La Moneda por el ministro Peñailillo y se especuló que podía convertirse en el germen de una negociación que taponeara las investigaciones. En los hechos, desde esos días se han sucedido las señales que obstaculizan el trabajo del equipo del SII que investiga posibles delitos tributarios vinculados a campañas electorales.

Las presiones desde el Ministerio del Interior y de Hacienda se agudizaron cuando, a comienzos de abril, la Subdirección Jurídica del SII presentó la denuncia contra ejecutivos de SQM que incluyó una nómina con decenas de contribuyentes que emitieron boletas a la minera y que están vinculados a partidos y candidatos. Las declaraciones que prestaron ante el SII los hijos del senador y presidente del PDC, Jorge Pizarro, quienes figuran en la nómina que acompañó esa denuncia, se mantuvieron bajo reserva por más de un mes. Los investigadores del SII sólo tuvieron acceso a ellas cuando ya se habían realizado las elecciones internas del PDC que ungieron a Pizarro como nuevo timonel del partido.

Los dichos de los hijos de Pizarro, respecto de que sus asesorías eran “verbales” y que se hacían en presencia de otro dirigente DC que recibió pagos de SQM, Marcelo Rozas, acrecentaron las sospechas de los investigadores del SII de que formaban parte de una maquinaria para financiar campañas.

Altos funcionarios de Impuestos Internos aseguran que la ofensiva desplegada desde Interior y Hacienda prácticamente ha paralizado todas las instancias del SII donde se desarrollan investigaciones que pueden afectar a figuras públicas connotadas. No sólo el equipo especial que indaga las boletas y facturas asociadas a campañas políticas se ha visto obstaculizado, lo mismo ocurre con las indagatorias relacionadas con las cuentas del banco HSBC (vea el reportaje de CIPER “De Luksic a Abumohor: Millonarios en la mira del SII por cuentas en el HSBC en Suiza”) y con el grupo que estaba pesquisando grandes empresas que han realizado contratos forwards similares a los detectados en Penta.

El quiebre en la jefatura del SII que ha congelado las investigaciones se ha producido justo cuando la indagación de CIPER indica que hay otras empresas y sociedades que debieran estar siendo investigadas a fondo por su posible vinculación con el financiamiento ilegal de la política. Una de ellas es Colectivo 9010 S.A., cuyos socios son Fernando Adolfo Galindo Fuentes, Loreto Cabrera Molina y Carolina Echeverría Moya, la que fue constituida el mismo año 2010 en que se creó Asesorías y Negocios, de propiedad de Giorgio Martelli.

Fernando Adolfo Galindo es jefe de gabinete de la ministra de Minería, Aurora Williams, y es uno de los hombres de confianza del ministro Peñailillo. Es precisamente ese ministerio el que debe resolver los problemas pendientes por la licitación de la explotación del litio, donde tiene millonarios intereses SQM. Galindo es licenciado en Ciencias Jurídicas y es funcionario a contrata del Ministerio de Minería con un sueldo bruto de $4.187.479. En la última elección presidencial recibió pagos de SOMAE, la sociedad que administró la campaña de Michelle Bachelet, al menos en octubre y noviembre de 2013 por $1,8 millones mensuales.

Carolina Echeverria

La abogada Loreto Cabrera es la actual jefa de Recursos Humanos de la Subsecretaría del Interior. La tercera socia, Carolina Echeverría, ha sido recaudadora de dinero para campañas de Michelle Bachelet. La Presidenta la nominó para que ocupara el cargo de subsecretaria de las Fuerzas Armadas en marzo de 2014, pero tres días antes de asumir debió renunciar. Echeverría arrastraba un sumario desde que fue subsecretaria de Marina entre 2006 y 2010, por irregularidades en concesiones marítimas que solicitó la empresa franco-belga Suez Energy para su proyecto termoeléctrico Barrancones y en las que vio involucrado su marido (ver reportaje de CIPER).

A ello se agregó la querella que presentó el 7 de marzo de 2014 el abogado Roberto Celedón contra el padre de Carolina Echeverría, el coronel (r) Víctor Echeverría Lobos, a nombre de su esposa, Mercedes Bulnes, quien lo acusó de torturas e intento de violación cuando ella estuvo detenida en el Regimiento Buin, en 1973. Al día siguiente, Bachelet aceptó la renuncia de su ex recaudadora de fondos.

En la escritura de la constitución de Colectivo 9010, Carolina Echeverría figura sólo con su primer nombre: Sonia.

LA INVESTIGACIÓN PENDIENTE

Lo que está pendiente en Impuestos Internos sobre el financiamiento ilegal de la política es contundente y delicado. Para empezar, están sobre la mesa de los investigadores del SII más de 1.500 boletas pagadas por Celulosa Arauco, del Grupo Angelini, algunas de las cuales tienen las mismas características de las que ya llevó a la justicia el Ministerio Público y que fueron pagadas por Penta y SQM. En una situación similar se encuentran Alsacia (la operadora del Transantiago) y Telefónica.

Que los fiscalizadores de Impuestos Internos puedan avanzar en la investigación sobre estas empresas dependerá de cómo decante la posición de Interior y de Hacienda tras el cambio de gabinete anunciado por la Presidenta y de la libertad de acción que el nuevo equipo político ministerial le dé al SII.

LA DOCTRINA ESCOBAR

El ex director del Servicio de Impuestos Internos, el abogado Ricardo Escobar, ha sido el gran defensor de la tesis de que el financiamiento irregular de la política -a través de las fórmulas utilizadas por los controladores del Grupo Penta y SQM- no constituye delito. Escobar es socio del estudio Bofill & Escobar, que defiende al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y a varios de los ejecutivos de Penta.

Obviamente, la tesis de Escobar resulta conveniente para los clientes de su estudio, pero en las últimas semanas ha sido abrazada también por importantes funcionarios de gobierno, para fundamentar la idea de que el Servicio de Impuestos Internos debiera abstenerse de querellarse en estos casos.

Si bien el asunto puede ser debatible desde el punto de vista jurídico, la argumentación de Escobar se ubica en un extremo donde nada es delito. “Es una tinterillada”, dice un destacado abogado tributarista.

CIPER tuvo acceso a una minuta que circula en el entorno de Ponce Lerou que resume los argumentos de Escobar: “El financiamiento de campañas políticas y otras actividades propias del derecho de asociación política es normalmente un gasto rechazado que debe pagar los impuestos correspondientes. Si ello no ocurre, debe rectificarse la declaración por el contribuyente o por el SII, y se deben pagar los impuestos y los recargos respectivos. La sanción es pecuniaria. No hay hoy un delito que sancione esa conducta, incluso si ha habido simulación para ocultar la donación y si esa acción ha sido reiterada”.

Ricardo Escobar

Escobar invoca el derecho de asociación establecido en la Constitución para argumentar que, las únicas restricciones en el financiamiento ligado la libertad de asociación para realizar actividades políticas, son aquellas definidas por las leyes que regulan el gasto electoral y las donaciones a los partidos políticos. La primera, define a través de una lista taxativa qué es gasto electoral y, por lo tanto, lo que no está especificado explícitamente ahí no constituye gasto electoral.

Como ejemplo de lo que es legal, porque no está incluido en la lista, cita el financiamiento a través de terceros de los gastos de un candidato que no puede trabajar mientras hace campaña. Además, sólo son considerados gastos electorales aquellos que tienen lugar en el periodo definido por la ley para hacer campañas políticas. “Nada impide financiar actividades políticas fuera del caso (período) del gasto electoral”, concluye.

Desde el punto de vista tributario, Escobar sostiene que los gastos para financiar la política no son necesarios para generar renta y no pueden ser descontados de la base imponible del contribuyente, por lo tanto, corresponden a gastos que deben ser rechazados por el SII. Sin embargo, tanto si el contribuyente rectifica voluntariamente como si el SII lo descubre en falta, para Escobar sólo corresponde pagar reajustes, intereses y multa por atraso. Sólo constituiría ilícito si es que hay intención de defraudar y, como ejemplo, cita las facturas falsas de Publicam. Para el resto de los casos, insiste, basta con que las empresas rectifiquen su declaración de impuestos y paguen lo que deben.

En cuanto a las empresas que recibieron boletas o facturas de servicios no realizados, Escobar insiste en que sólo se trata de una falta administrativa y no de un delito tributario. Para ello esgrime nuevamente que el financiamiento político a través de terceros está permitido por la ley de gasto electoral, por lo tanto, no puede ser considerado al mismo tiempo un delito tributario.  Además, asegura que se trataría de una forma de simulación (financiamiento político disfrazado de servicio prestado) y que ésta fue despenalizada en la reforma tributaria de 2014 a través del artículo 4 ter del Código Tributario, que establece que la simulación es una forma de elusión y por lo tanto es un ilícito civil.

Un abogado que trabajó en la redacción de la reforma tributaria descartó tajantemente la interpretación de Escobar, pues la inclusión del ilícito civil en la legislación no anula la conducta penal que sigue tipificada, sino que sólo le agrega una responsabilidad civil.

El mismo jurista cree que es perfectamente posible configurar ilícitos penales -desde el punto de vista tributario- en la emisión de boletas falsas para financiar la política. Si bien cree que se trataría de un cambio en la doctrina tradicional del SII, lo que podría debilitar su posición ante un tribunal, la autoridad tributaria tiene la facultad de actuar penalmente invocando el artículo 97 número 4 del Código Tributario, que sanciona las declaraciones incompletas o maliciosamente falsas. Este artículo ya ha sido utilizado en las querellas presentadas contra el ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada Carolina de la Cerda, a quienes se imputa la utilización de boletas ideológicamente falsas y la devolución de impuestos injustificados. Además, Wagner no declaró los ingresos recibidos cobrados a través de su cuñada.

Hasta ahora el asunto también ha originado un debate al interior del SII respecto de cómo interpretar la ley. El 10 de abril, el subdirector jurídico del servicio, Cristián Vargas, dijo al diario Pulso que si bien no necesariamente todos quienes entregaron documentación tributaria falsa cometieron ilícitos penales, “si se configura el delito de facilitación de facturas o boletas falsas para que la empresa cometa este delito, nosotros obviamente vamos a actuar ahí, vamos a ejercer las acciones legales que correspondan”.

Cinco días después, Michel Jorrat dio una entrevista a El Mercurio que fue interpretada como una señal de tranquilidad para los políticos involucrados, al señalar que “la mayor parte” de quienes entregaron boletas no cumplirían con los requisitos para iniciar una acción penal. Con las empresas receptoras de las boletas, en cambio, fue implacable: “Evidentemente que cuando hay una boleta que fue rebajada como gasto, pero sin que exista una prestación de servicios asociados, eso no solo es gasto rechazado sino que además es delito. Y esa ha sido la interpretación histórica del Servicio. Si uno lee el Código Tributario claramente es delito. El que haya una boleta sin prestación de servicio, es lo mismo que una factura falsa. Solo hay gasto rechazado cuando el servicio se prestó, pero no es del giro, o la ley establece que no es rebajable como gasto”.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Una vez publicado este reportaje, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, se comunicó con CIPER y pidió que se dejara constancia que él nunca confirmó la versión que le entregó a CIPER el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, y que él solo se limitó a escucharla. Pero lo cierto es que no la desmintió.

NOTA DE LA REDACCIÓN II: Tras la publicación de este reportaje, tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Ministerio de Hacienda difundieron declaraciones públicas en respuesta a la publicación de CIPER: vea aquí la declaración de Impuestos Internos y la declaración de Hacienda. El lunes 11 de mayo, el SII presentó una querella contra 12 personas, entre las que se cuentan Giorgio Martelli, Clara Bensán y Jovino Novoa: vea aquí el comunicado de Impuestos Internos que lo confirmó.

La situación financiera de la Universidad Arcis podría empeorar aún más en los próximos días, luego de que la Comisión Ingresa, que administra el sistema de créditos para la educación superior, decidiera congelar la entrega de los Créditos con Aval del Estado (CAE) que debían pagarse en junio. Peor aún: evalúa exigir la restitución de parte de los préstamos desembolsados en 2014 para pagar los estudios de alumnos que finalmente no tuvieron clases. Para una universidad que no tiene caja ni para cancelar los sueldos de sus profesores, perder el CAE podría dejarla en una situación crítica.

La decisión final se tomará luego de conocer el resultado de una investigación del Ministerio de Educación (Mineduc), que se haría pública próximamente. Si bien la Universidad Arcis es la que vive una situación más grave y por lo tanto requiere de una salida urgente, el ministerio también tiene bajo la lupa al menos a otras cinco instituciones de educación superior: las universidades de Las Américas, Andrés Bello, Santo Tomás, Central y Gabriela Mistral. Esta última vive además un complejo proceso interno, luego de que su fundadora anunciara la venta del campus donde funciona la universidad, que hoy está en manos el movimiento católico de los sodalicios.

La actuación de la Comisión Ingresa respecto a la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales ARCIS comenzó a gestarse a fines del año pasado, ante la evidencia de que estaba envuelta en una crisis que le impedía cumplir con sus compromisos académicos. El 28 de octubre, el Mineduc terminó una investigación sin poder concluir si la universidad había lucrado o no, pero ordenó el cierre de la carrera de Música, que ya estaba en estado terminal. Dos días después, los salarios de los académicos no se pagaron, evidenciando que los problemas estaban lejos de finalizar.

Pocos días más tarde, el 6 de noviembre, la Comisión Ingresa comenzaba a actuar para resguardar el uso de los recursos del CAE, que para 2014 superaron los $1.700 millones. En su sesión número 72, el organismo autorizó que los alumnos de la Universidad Arcis pudieran cambiarse por segunda vez de universidad sin perder el crédito. Además, decidió “requerir por oficio a la institución, que detalle la situación académica de cada una de sus carreras, en particular lo concerniente a la prestación del servicio educativo, dotación de profesores, recursos disponibles, entre otros antecedentes, todos los cuales permitirán a Comisión Ingresa adoptar decisiones acerca de los créditos cursados a los beneficiarios CAE matriculados en 2014 en la universidad” (Ver acta).

La información enviada por Arcis llegó incompleta a la Comisión Ingresa. No estaba, por ejemplo, el registro de notas de los alumnos, con lo que era imposible determinar si se hicieron actividades y evaluaciones o no y, por lo tanto, no se podía saber a ciencia cierta para cuántos alumnos el CAE fue bien o mal utilizado. Por eso, en enero de este año decidieron hacer una fiscalización en terreno. La misión era determinar si los estudiantes tuvieron clases durante el segundo semestre del 2014, para así ver la posibilidad de pedir la devolución del 50% del CAE.

Según cuenta Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, se hicieron tres visitas a la universidad entre abril y mayo. “Resultados aún no tenemos, pero las autoridades de Arcis nos confirmaron que toda el área de Música no tuvo segundo semestre, como tampoco la carrera de Pedagogía en Inglés. Si bien igual vamos a revisarlo materialmente, ya hay una primera presunción fuerte de que esos alumnos tendrían derecho a una restitución del 50% de sus créditos”, explica. Tanto en esas como en las otras carreras impartidas por la universidad, en que la institución no ha explicitado si hubo o no clases el segundo semestre, la Comisión Ingresa revisará RUT por RUT para determinar los montos que Arcis debería devolver por concepto de CAE. El dinero se utilizaría para prepagar el crédito a los bancos y así disminuir las deudas que arrastran los alumnos.

Según dijo a Radio Bío Bío la rectora Elisa Neumann, la suspensión del pago de créditos CAE pone en riesgo la viabilidad del plan financiero diseñado para sacar a la universidad de la crisis.

El Ministerio de Educación abrió en enero una segunda investigación –de carácter reservado– para analizar la situación económica de la universidad, además de revisar conflictos denunciados sobre la Escuela de Cine. Este lunes terminó el plazo probatorio. En este proceso, el Mineduc recogió documentos oficiales, testimonios e hizo visitas a terreno; y se espera que la próxima semana se publique una resolución de la subsecretaría en que se indiquen los pasos a seguir. La Comisión Ingresa espera conocer los resultados de esa investigación antes de decidir qué pasará con los créditos de 2015, correspondientes a alumnos que obtuvieron el beneficio en años anteriores, ya que debido a su precaria situación la Arcis no participó en el último proceso de acreditación, por lo que los estudiantes que ingresaron este año no pudieron postular al CAE. En total, son unos $948 millones los que están en juego.

A diferencia de la investigación anterior, el proceso que el Mineduc está a punto de concluir se inició cuando ya estaba vigente la Ley 20.800 de Administrador Provisional, que busca asegurar la continuidad de los estudios de los alumnos y el buen uso de los recursos de la institución. En abril terminó la etapa inicial de la indagatoria y la autoridad educacional recomendó aplicar esta figura por primera vez. La propuesta de un administrador provisional fue rechazada por la universidad, que aseguró que tendría acceso a nuevas fuentes de financiamientos y propondría un plan al Mineduc.

A partir de los antecedentes recopilados desde entonces, el Ministerio de Educación puede mantener su propuesta de nombrar un administrador provisional, sugerir la elaboración de un plan de recuperación o, en caso extremo, proponer un administrador de cierre para la institución. Luego de esto, la universidad tiene un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición. La decisión final sobre el destino de la universidad Arcis, luego de todo este proceso que se prevé terminará durante junio, la tiene el Consejo Nacional de Educación, el que puede aceptar las propuestas ministeriales u ordenar otro curso de acción para la universidad. No tiene plazo para decidir.

Por ahora la incertidumbre es total. La universidad inició sus clases el 13 de abril pasado con la planta docente incompleta, profesores trabajando gratis y con la expectativa de un préstamo por más de $1.500 millones, que le ayudaría a solucionar algunos de sus problemas. Las protestas de académicos y alumnos que no saben si podrán terminar su carrera en esa universidad han sido una constante.

Recientemente La Tercera dio a conocer que el propio fiscal de la institución se negó a visar contratos para nuevos profesores, luego de que 90 académicos se “autodespidieran” porque no les pagaban. La resolución del fiscal alerta de la ilegalidad en que incurriría la universidad si contrata nuevo personal sin tener la certeza de que podrá pagarles. Con los dineros del CAE en riesgo, esa certeza se aleja aún más.

La crisis económica ya se arrastra por varios años y al menos a partir de mayo de 2014 los pagos de los sueldos de los académicos se hicieron irregulares. En agosto, CIPER investigó el historial financiero del Arcis y determinó que el Partido Comunista, que controló la universidad por una década hasta 2013, replicó el modelo de negocio de otras instituciones privadas, con una inmobiliaria que compra inmuebles y gestiona los dineros. Un año antes de que el PC dejara Arcis, los dirigentes de ese partido que participaban en el directorio de la inmobiliaria acordaron retirar fondos de esa sociedad por $530 millones (Ver reportaje de CIPER Crisis en la Universidad ARCIS: cómo entró y salió el Partido Comunista del negocio de la Educación Superior).

Incluso la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora, que debía indagar sobre la cuestionada acreditación de la Universidad Arcis, su situación financiera, la eventual relación de autoridades y funcionarios de gobierno con esa casa de estudios y la situación laboral de sus trabajadores. El informe final descartaba irregularidades y liberaba al PC de responsabilidad en los problemas financieros de la universidad, pero en abril pasado fue rechazado en la sala de la cámara por falta de quórum (ver informe).

NUEVA INVESTIGACIÓN POR LUCRO EN U. SANTO TOMÁS

Otra institución que está en la mira del ministerio es la Universidad Santo Tomás, controlada por el grupo Hurtado Vicuña y el fondo de inversión Linzor Capital. Ya había sido investigada por lucro en 2012, cuando la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) descubrió que había prestado más de $13 mil millones a empresas relacionadas con sus dueños, entre ellas la Inmobiliaria Rádices -dueña de más de la mitad de los edificios en que está instalada-, la que usó $11 mil millones para comprar inmuebles que luego le arrendó a la misma universidad.

Esa investigación se cerró luego de que la UST declarara que los préstamos resultaron beneficiosos para ella (Ver reportaje de CIPER Lucro en la Universidad Santo Tomás: los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió). El ministro de Educación de ese entonces, Harald Beyer, declaró la indagatoria como sobreseída, dando por terminado ese capítulo y ganándose las críticas de distintos sectores, entre ellos las del ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso.

Luego de poco más de dos años, una nota publicada el 8 de mayo por El Mostrador reveló que el Ministerio de Educación había iniciado en enero una nueva investigación, otra vez por lucro. Esta indagatoria habría sido iniciada a partir de información enviada por la CNA. El informe de acreditación de la UST indica que la inmobiliaria Radices obtiene una plusvalía por el arriendo de la infraestructura que no beneficia a la universidad, entidad que además garantiza el pago de las obligaciones de la inmobiliaria a la banca. Esto pondría en riesgo a la institución educacional en caso de que la empresa tenga problemas financieros. La CNA no encontró una explicación válida que justifique este esquema (ver informe de acreditación).

El ministerio de Educación hace la investigación amparado en la Ley de Administrador Provisional y en el artículo 64 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Mineduc, en que se estipula que puede cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una universidad si se sospecha que la institución no hace fiel cumplimiento de sus objetivos estatutarios, que en este caso sería ser una institución sin fines de lucro.

Pese a las nuevas atribuciones que le otorga la Ley 20.800, el ministerio podría encontrarse con los mismos problemas que ha enfrentado en otras investigaciones. Tanto el Banco Central como el Servicio de Impuestos Internos no pueden entregar información financiera o tributaria de las instituciones indagadas, por lo que según reconocen en el Mineduc, dependen de la información que presente la universidad, para cruzarla con los informes financieros y así poder sacar conclusiones. 

DISPUTA POR EL PRINCIPAL CAMPUS DE LA UGM

“Hemos cerrado un acuerdo con la señora Alicia Romo, representante de la Universidad Gabriela Mistral quien gentilmente nos ha permitido concretar la ampliación de nuestra clínica con esta compra. Ellos tienen hasta fines de 2016 para buscar un lugar que les acomode, mientras tanto nosotros ya estamos trabajando en el anteproyecto”, anunciaba el lunes 19 de mayo al Diario Financiero el presidente de Empresas MasVida, Claudio Santander.

La publicación sacó a la luz la controversia existente entre Romo, fundadora de la universidad, y el movimiento Sodalicio de la Vida Cristiana, que tomó el control de la casa de estudios en 2013, cuando la UGM vivía su peor momento. En diciembre de ese año, la Comisión Nacional de Acreditación decidió no acreditarla, lo que significó un duro golpe para una universidad que ya había registrado una caída de 31,4% en su matrícula luego del escándalo de las acreditaciones irregulares (ver reportaje CNA: Los métodos de presión que usó Eugenio Díaz para acreditar universidades). Además, la CNA remitió en enero de 2014 los antecedentes de la transacción con los Sodalicios al Ministerio de Educación, que inició una investigación para determinar si en el traspaso se habían cumplido los requisitos legales.

Mientras dicha investigación sigue en curso, el anuncio de venta del campus de Providencia abre un nuevo signo de interrogación sobre el alcance del acuerdo entre Romo y los sodalicios. Tras la publicación del Diario Financiero, el rector de la universidad, Aldo Giacchetti, emitió un comunicado reconociendo que mantiene “asuntos legales y financieros no resueltos con las sociedades relacionadas con la familia Merbilhaá Romo, anterior sostenedora” (ver reportaje La red de empresas de Alicia Romo que ha crecido junto a la Universidad Gabriela Mistral).

El problema de fondo es que los Sodalicios tomaron el control de la Universidad Gabriela Mistral, pero la familia Romo se quedó con la propiedad del campus. Firmaron un contrato para arrendar las instalaciones por 20 años, acuerdo que por alguna razón los Romo no estarían dispuestos a cumplir. Los Sodalicios se habrían enterado por el diario del cierre del acuerdo con Más Vida y estarían evaluando los pasos a seguir.

CIPER pudo confirmar que ya el año pasado la familia Romo vendió los terrenos ubicados en calle Las Violetas, donde antiguamente funcionaron instalaciones como el Centro de Atención Psicológica y los departamentos de Deportes e Inglés. Se trata de tres propiedades que estaban en manos de la sociedad Servicios Generales Limitada y que en mayo de 2014 adquirió Inmobiliaria Actual Las Violetas SpA, por un total de 176 mil UF. Servicio Generales aún posee otras de las instalaciones de la universidad, aunque la mayoría está en poder de la Sociedad Inmobiliaria y Administradora de Establecimientos Educacionales o GABMI Ltda (ver el esquema de sociedades de la familia Romo Merbilháa).

Si las ventas de Las Violetas les reportaron $4.200 millones, unos US$ 7 millones, se habla de que el resto del campus podría venderse por un monto diez veces superior, debido al tamaño del paño y su estratégica ubicación en Lyon, en la comuna de Providencia. Así, las propiedades que por décadas Alicia Romo arrendó a sus propias empresas, podrían coronar su carrera de empresaria con un suculento negocio, dejando sin infraestructura a la casa de estudios que fundó en 1981, cuando se convirtió en la primera universidad privada del país.

DOCUMENTOS CUESTIONADOS EN LA U. CENTRAL

La supuesta falsificación de las actas de exámenes de los estudiantes de Derecho de la Universidad Central hizo que esta institución se sumara el 3 de marzo pasado a la lista de indagatorias del Ministerio de Educación, que también incluye a las universidades De Las Américas y Andrés Bello. Respecto de estas dos últimas, no se conocen detalles de la investigación que les sigue el Mineduc.

En el caso de la Universidad Central fue una denuncia presentada por sus profesores ante la Corte Suprema, dada a conocer por Radio Bío Bío, la que indicaba que los directivos de la Facultad de Derecho habrían falsificado cerca de 400 actas de exámenes de pregrado y de alumnos convalidados de esa escuela.

Según la denuncia, hecha por Carolina Venegas, directora del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo, y por Christian Merino, ex director del Departamento de Ciencias del Derecho, el 23 de junio del año pasado la directora de Memorias y Grados, Giannella Sonatore comunicó que, por indagatorias hechas por el director del Departamento de Derecho Procesal, Jorge Correa Selamé, la Corte Suprema tenía nuevas exigencias para investir del título de abogados a los nuevos licenciados de la carrera.

Con este correo se inició una nueva política de revisión de los expedientes de los egresados que venían de otras universidades o carreras, a quienes se les había convalidado asignaturas. Fue durante ese análisis de archivos que, según la denuncia, “advertimos que se nos estaban presentando para su firma actas de exámenes de pregrado, en donde el interesado aparece cursando un ramo determinado en nuestra escuela como si hubiese sido alumno regular nuestro en una época precisa, en circunstancias que no lo era y la cátedra respectiva la había cursado en otra universidad” (ver denuncia ante la Corte Suprema).

Así, los académicos de la Universidad Central comenzaron a dudar sobre la legitimidad de este proceso, ya que en varios casos de estudiantes que estaban convalidando ramos se les pidió que firmaran actas con fechas de cuatro, cinco, ocho y hasta doce años de antigüedad.

Con esto, el Mineduc abrió una investigación a través de su resolución 682 del 2015, bajo la figura de la Ley 20.800 de Administrador Provisional.

Boletas de honorarios por $ 1,6 millón mensuales emitió el ex diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich) hasta mayo de 2015. Estos documentos, desconocidos hasta ahora, están detallados como “asesoría legal” y según Cardemil corresponden a pagos por servicios efectivamente prestados.

El dato cobra relevancia en el marco de la investigación por financiamiento irregular de la política porque el Ministerio Público pidió la formalización de Alberto Cardemil por delitos tributarios vinculados a la emisión de boletas de terceros a Empresas Penta para financiar su fallida candidatura al Senado en 2013. La audiencia de formalización está fijada para el 22 de junio.

Las nuevas boletes fueron emitidas a Soquimich por el propio Cardemil, quien aseguró a CIPER que “corresponden a mi ejercicio de la profesión de abogado”. Negó que se trate de dineros relacionados con financiamiento políticos y se mostró sorprendido, ya que no ha sido interrogado ni citado por la Fiscalía en relación a estos documentos. “¿Acaso podría haber algún problema con el ejercicio de mi profesión después de dejar mi cargo público?”, manifestó.

Explicó que tras dejar la Cámara de Diputados, en marzo de 2014, instaló su oficina y comenzó a prestar asesorías a diversos clientes “porque tengo que vivir”. Entre estos clientes estaba Soquimich: “Trabajé con contrato de honorarios, asesorando a la gerencia general de la empresa. El contrato fue finiquitado este mes (mayo) de común acuerdo”, aseguró el ex diputado RN, quien relató que se reunió con el nuevo gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac, quien reemplazó a Patricio Contesse. “Ellos están reestructurando el área legal de la compañía. Me señaló que había interés en mis servicios y que el nuevo directorio va a resolver sobre el futuro”, relató.

Patricio de Solminihac

Consultado sobre las materias en las que asesoraba a Soquimich, Cardemil se excusó de detallarlas, argumentando que ello cae dentro del secreto profesional. “No puedo violar ese secreto, soy abogado. Obviamente se trató de asesorías legales” dijo, precisando que la asesoría era a la “gerencia general como estructura”, no al gerente como persona.

Aunque Cardemil fijó en mayo de 2015 el fin de sus servicios, CIPER sólo encontró documentos entre mayo y diciembre de 2014. La primera boleta es la N° 4 y la última la N° 12, y con la excepción de la N° 5, Cardemil no parece haber recibido honorarios de otros clientes (ver las boletas de Alberto Cardemil a Soquimich).

En su declaración judicial, el gerente Patricio de Solminihac no mencionó a Cardemil, pero relató que tras asumir el cargo pidió terminar prácticamente con todos los contratos heredados de su antecesor. Entre las asesorías que cortó, detalló la del abogado Darío Calderón, del lobista y asesor comunicacional Enrique Correa, del ex dirigente DC Marcelo Rozas, del hijo del diputado DC Roberto León, y los servicios de la Fundación Jaime Guzmán.

EL ROL DE CARDEMIL EN EL CASO PENTA

La primera vez que Cardemil fue vinculado públicamente al caso Penta fue en octubre de 2014, cuando CIPER publicó que la empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín había financiado irregularmente su campaña. Cardemil había sido involucrado por el ex gerente de Penta Hugo Bravo, quien declaró que como la compañía ya no tenía cupo legal para hacer donaciones vía Servel, le había ofrecido aportar $10 millones a cambio de boletas de honorarios como respaldo. En esa ocasión contactamos a Cardemil, quien se mostró sorprendido y molesto por la imputación (ver reportaje La lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta).

Dijo que la versión de Bravo era “insólita, completamente falsa, pues alude a hechos de los que no tengo conocimiento alguno, son agraviantes y corresponden a una confusión o mala fe de quien los asevera o avala”. Agregó que su campaña “jamás recibió un peso de forma irregular ni menos boleta o factura pagada por el señor Bravo o Penta”.

Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación su versión se hizo insostenible. Cuando declaró ante el Ministerio Público el 12 de enero pasado, reconoció que dos abogados que apoyaban su candidatura prestaron sus boletas de honorarios para simular servicios legales a Penta, los que nunca fueron prestados. Los $10 millones que se les pagaron fueron utilizados en su campaña senatorial.

Según su relato a la Fiscalía, trató muchas veces de contactar a Carlos Alberto Délano para pedirle apoyo financiero. No tuvo éxito, pero tras asistir a una emisión del programa Tolerancia Cero  sobre el golpe de estado, lo llamó Hugo Bravo para ofrecerle el dinero a cambio de boletas de abogados. Le pidió entonces a su jefe de campaña, Pedro Hernández, que buscara a dos profesionales de Rancagua para pedirles las boletas. Finalmente Luis Felipe León Quinteros  y Saúl Andrés Quiroz Bedoya fueron quienes figuraron prestando servicios a Penta.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

“Yo asumo personalmente cualquier falta o desprolijidad por estos hechos. Quiero exculpar desde ya a los abogados que participaron en esto”, declaró Cardemil, quien también restó responsabilidad a su jefe de campaña y a su secretaria.

El 7 de mayo pasado, el Ministerio Público pidió su formalización junto al ex senador Jovino Novoa, el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy y el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, todos UDI. Se les acusa de ser facilitadores de boletas ideológicamente falsas.

Cardemil siguió la estrategia de Jovino Novoa y pidió cancelar la audiencia, fijada para el próximo 22 de junio. El principal argumento es que no existe una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra y que es dicho organismo el único que pude iniciar acciones penales cuando se trata de delitos tributarios. Por el contrario, el Ministerio Público estima que es posible formalizar a los imputados porque el SII presentó acciones legales contra “todos quienes resulten responsables” de los delitos contenidos en el artículo 97 número 4 del Código Tributario respecto de las boletas cuestionadas. Este miércoles 20 de mayo, el 8º Juzgado de Garantía negó la solicitud de Cardemil y Novoa, por lo que la audiencia de formalización se realizará el 22 de junio próximo.

Una carta con el sello del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó a la Fiscalía Nacional el pasado miércoles 20 de mayo. Su destinatario era el fiscal nacional, Sabás Chahuán. Venía también con un anexo: la copia de una querella presentada el 27 de julio de 2013 en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por falsificación o uso malicioso de instrumento público. Los acusados eran el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la ex fiscal de ese ministerio, Jimena Bronfman. Ambos fueron imputados por su rol en la primera licitación del litio, un proceso millonario que fue adjudicado fraudulentamente a SQM y que, tras descubrirse una serie de irregularidades, fue anulado (ver reportaje de CIPER). Por eso Wagner tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Minería. A través del documento que lleva la firma de la abogada Irma Soto, el CDE le pidió al fiscal nacional que se haga cargo personalmente de dirigir la investigación de esa causa. Los motivos son dos. El primero, “por la investidura de las personas involucradas”. El segundo –y el más importante–, porque los datos que podrían surgir de esa investigación serían clave para que Sabás Chahuán demuestre la otra acusación que dirige contra Wagner por cohecho, soborno y lavado de activos, y que hoy lo tiene bajo arresto domiciliario.

Sabas Chahuán

Inicialmente, la acusación contra Wagner por el supuesto pago de coimas –en la que el CDE figura como querellante desde noviembre de 2014–, apuntaba al rol que el entonces subsecretario de Minería pudo haber tenido en la tramitación del proyecto Minera Dominga, de la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Pero la nueva acción legal del CDE se dirige a otro foco: los pagos que eventualmente podrían haber incidido en que SQM se adjudicara en 2012 derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio, un lucrativo negocio para la minera controlada por Julio Ponce Lerou. Cuando se abrió la oferta económica, SQM arrasó con una propuesta de US$ 40,1 millones ($19.301 millones)

Dice la carta que envió el CDE al fiscal nacional:

1. Todas las irregularidades se encaminaban a beneficiar al oferente inhabilitado, SOQUIMICH,
2. Todas las irregularidades fueron dirigidas por doña Jimena Bronfman, Fiscal del Ministerio de Minería, Secretaria del Comité Especial Licitación –comité encargado de velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos de la licitación–, y por don Pablo Wagner San Martín, Ministro de Minería subrogante, Presidente del Comité Especial de Licitación.

No es antojadizo el vínculo entre la investigación por las irregularidades en la licitación del litio y las que lleva adelante el Ministerio Público por corrupción. Las primeras pistas que involucraron en la investigación sobre fraude tributario y financiamiento ilegal de campañas políticas a la minera que controla el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, están estrechamente vinculadas a Wagner y los pagos irregulares que obtuvo mientras fue subsecretario. Porque fue en esa investigación que surgió primero la evidencia de los $42 millones que recibió Wagner del Grupo Penta y los $24 millones que le canceló su empresa Génesis Partners, todos a través de boletas emitidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda. Y luego, se descubrirían otras dos transferencias a Wagner, bajo el mismo mecanismo de triangulación, pero esta vez pagadas por Soquimich.

En 2009, antes de que Wagner fuera nombrado por Sebastián Piñera como parte de su equipo de subsecretarios, De la Cerda emitió una primera boleta por $7,5 millones a Soquimich, a solicitud de Wagner. Así consta en la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó contra ambos en enero de 2015 (ver querella). Ese dinero no habría llegado nunca a la cuenta del ex funcionario de gobierno, sino que se habría utilizado para financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín. La defensa de Wagner argumentaba que ese pago no tenía nada que ver con la licitación del litio, ya que se habría hecho mucho antes de que su representado asumiera su cargo público. Pero poco después se supo de una segunda boleta que De la Cerda emitió a SQM, esta vez en 2010, con su cuñado ya posicionado en el Ministerio de Minería. De nuevo fueron $7,5 millones.

LA LICITACIÓN QUE TERMINÓ EN FIASCO

Pasaron tres meses desde que el CDE decidió querellarse contra Pablo Wagner y Jimena Bronfman y, finalmente, a fines de julio de 2013 presentó la acción judicial por posible falsificación de instrumento público. Así, el organismo encargado de defender judicialmente los intereses del Estado no sólo oficializó su participación en la investigación que ya llevaba adelante el Ministerio Público para determinar si en la fallida licitación del litio existió fraude al Fisco, sino que también ampliaba la indagación para perseguir las eventuales responsabilidades penales de Wagner, quien “debía velar por el cumplimiento de los procedimientos del proceso de licitación”. Sobre todo porque el ministro titular, Hernán de Solminihac, se había inhabilitado de participar en el proceso porque su hermano era ejecutivo importante de la contraparte (SQM).

Como subsecretario, ministro subrogante y presidente del Comité Especial del Licitación (CEL), Wagner firmó el acta que supuestamente acreditaba que SQM cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases. Pero no era así: un requisito mínimo era que la empresa que se adjudicara el contrato no podía tener litigios pendientes con el Estado. Si los tenía, quedaba fuera de competencia. Y SQM tenía al menos 20 juicios abiertos con el Fisco, la Tesorería, la Dirección General de Aguas y la Seremi de Salud. En una primera declaración jurada, los ejecutivos de SQM Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac habían negado la información. Al percatarse de ello en el ministerio de Minería, en vez de rechazar su propuesta, que era lo que correspondía, se les pidió –por fuera de las bases– una segunda declaración. Allí simplemente omitieron la información.Tanto Ramos como De Solminihac, hoy gerente general de SQM, también son objeto de una investigación judicial por supuesto fraude al Fisco.

Julio Ponce Lerou

La querella del CDE también apuntó a Bronfman, la jefa jurídica de la Subsecretaría de Minería, quien también firmó el documento que, a juicio del CDE, “no se ajusta a la verdad”. Primero, porque la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, una tarea que era atribución del CEL, fue encargada a dos abogados del ministerio que no formaban parte de esa instancia. Ni siquiera trabajaban en la división jurídica de esa cartera. El abogado que revisó los antecedentes de SQM declaró que sólo revisó que se hayan presentado los documentos, y no su contenido. Por lo tanto, el acta de cierre de evaluación de requisitos que firmaron Wagner y Bronfman y que dice que “el CEL certifica” que se cumple lo establecido en las bases, es falso, ya que la reunión en que el CEL debía revisar los antecedentes nunca se realizó. En base a eso, la licitación se adjudicó a Soquimich el 25 de septiembre de 2012.

Poco después todo el proceso se vino abajo, y el 1 de octubre de ese mismo año, el CEL invalidó la licitación, dando inicio a otro proceso de irregularidades que aparece detallado en la investigación publicada por CIPER en noviembre de 2012.

Tanto Wagner como Bronfman debieron renunciar a sus cargos. A Bronfman también se le cuestiona por haber devuelto los antecedentes a las empresas participantes tras la anulación de la licitación, impidiendo que el proceso se retrotrajera y que el Estado cobrara la boleta de garantía por US$ 4 millones que SQM había firmado al adjudicarse de forma fraudulenta y por 20 años la exploración y explotación de 100 toneladas de litio metálico.

Los antecedentes que en los últimos meses han surgido respecto a la relación de SQM con el financiamiento ilegal de la política, y en especial con los pagos que la vinculan a Wagner, han abierto una nueva arista en la investigación tras la fallida licitación del litio. El nexo que puedan tener esos hechos, deberá ser determinado por el Ministerio Público. Y si accede a la petición del CDE, por el mismo fiscal nacional.

El Instituto Nacional del Deporte (IND) bloqueó el acceso a las donaciones deportivas a 17 clubes de fútbol profesional. Estos clubes son administrados por sociedades anónimas y participaban en el sistema de donaciones de manera indebida, pues esta fórmula de financiamiento -que otorga beneficios tributarios- está reservada sólo para deportistas amateurs. De los 17 clubes profesionales fiscalizados, cinco alcanzaron a recibir dinero por esta vía, sumando un total de $1.237 millones en donaciones efectuadas por empresas privadas que descuentan de sus impuestos hasta un 60% del aporte.

La resolución del IND está fechada el pasado 8 de mayo y sancionó con la inhabilitación para acceder al sistema a Santiago Wanderers, mientras que suspendió a otros 16 clubes profesionales que no podrán ingresar al IND proyectos susceptibles de recibir donaciones por el tiempo que dure el proceso de revisión y fiscalización de las irregularidades detectadas. Entre estas últimas entidades se cuentan Unión Española, Everton, Audax Italiano, La Serena, O´Higgins, San Luis, Iquique y el campeón vigente, Cobresal, además de un “club” creado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (vea la resolución del IND con la nómina completa de los clubes involucrados)

De esta manera, Wanderers se suma a los tres equipos que ya fueron inhabilitados -Colo Colo, Cobreloa y Deportes Concepción- tras una investigación publicada por CIPER el 27 de agosto del año pasado. El reportaje dejó en evidencia a una decena de sociedades anónimas del fútbol profesional que estaban recibiendo financiamiento irregular mediante donaciones (vea “El millonario negocio de las donaciones deportivas”).

Tras la difusión del reportaje, el Ministerio del Deporte (Mindep) inició una investigación que incluyó consultas al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entidad que fiscaliza el funcionamiento de las sociedades del fútbol profesional.

EL NEGOCIO DEL “FÚTBOL JOVEN”

Los primeros resultados de la investigación del Mindep se produjeron cuando la SVS informó al ministerio que en las memorias anuales de las sociedades de Cobreloa, Fuerza Garra y Corazón (Deportes Concepción) y Blanco y Negro (Colo Colo), se mencionaba el uso de donaciones deportivas para financiar sus divisiones menores, en contra de lo que estipula el artículo 64 de la Ley del Deporte, que prohíbe a las personas jurídicas con fines de lucro recibir ese tipo de aportes. Incluso, Blanco y Negro promovía las series menores de Colo Colo como una de sus “unidades de negocios”.

Con esos antecedentes, en octubre del año pasado el IND bloqueó el acceso de Colo Colo, Cobreloa y Concepción, al sistema de donaciones.

Para acceder al beneficio, las sociedades anónimas presentaban a sus series infantiles y juveniles como si fuesen un club distinto al profesional. En la mayoría de los casos utilizaban el apelativo de “fútbol joven” para aparentar que se trataba de otra entidad (como Colo Colo Fútbol Joven, Audax Italiano Fútbol Joven, Fútbol Joven Rangers FC o  Fútbol Joven Santiago Morning, entre otras).

De los clubes investigados, sólo dos no usaron la fórmula del “fútbol joven”. Uno es O´Higgins, que presentó a sus juveniles como Club Deportivo La Celeste. El segundo es Club Deportivo Municipal La Pintana, investigado porque se presentó inicialmente como un club amateur, pero luego se convirtió en una sociedad anónima deportiva sin informar a las autoridades (vea el reportaje de CIPER “Deportes La Pintana: Dinero municipal financió club de fútbol de sociedad anónima”).

Varios de los clubes suspendidos se inscribieron en el sistema, pero no alcanzaron a recibir donaciones. Estos son: Rangers, La Serena, Audax Italiano, Magallanes, Cobresal, Santiago Morning, Lota Schwager, Deportes Temuco, Puerto Montt, Naval e Iquique. Respecto del Deportivo Municipal La Pintana, aunque no recibió aportes de manera directa, obtuvo financiamiento por medio de donaciones que se hicieron a la Corporación Municipal de Deportes de esa comuna.

Según los registros del IND, de la nómina de 18 entidades a las que se bloqueó el acceso a las donaciones (17 clubes de sociedades anónimas y un “club” de la ANFP), fue Wanderers el que recibió más dinero por esta vía de financiamiento: $239 millones. En la resolución que inhabilita al club porteño se informa que la propia sociedad que lo administra señaló en sus memorias anuales 2012 y 2013 que “una de sus ‘unidades de negocio’ la constituye el fútbol joven, compuesto por sus divisiones juveniles e infantiles”. Y las actividades de estas divisiones menores, señala la resolución del IND, “han sido financiadas con proyectos sujetos a la franquicia tributaria establecida en la Ley del Deporte”.

De los clubes suspendidos, los que sí recibieron dinero de donaciones son: Everton, con $456 millones; La Celeste (O’Higgins), con $289 millones; San Luis, con $147 millones, y Unión Española, con $53 millones. La ANFP participó en el sistema a través de su Club Deportivo Social y Cultural ANFP Fútbol Joven, con el que consiguió casi $53 millones. En total, incluyendo el monto percibido por Wanderers, las donaciones a estos clubes suman alrededor de $1.237 millones afectos a beneficios tributarios de manera irregular.

Los registros del IND indican que, hasta 2013, las cinco empresas que más habían donado a través de este mecanismo estipulado en la Ley del Deporte, son: Copec ($5.353 millones), Nestlé ($3.023 millones), Coca Cola ($2.621 millones), Banco BCI ($2.291 millones) y VTR ($1.944 millones).

Respeto de qué tipo de sanciones podrían recibir los clubes antes mencionados, Ernesto Galaz, director jurídico del Mindep, indicó a CIPER en octubre del 2014 que su ministerio no está facultado para aplicar castigos. Y agregó: “La supervisión de las sociedades anónimas deportivas profesionales corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de acuerdo a la ley de sociedades anónimas deportivas (…). Lo que debiera operar son las sanciones que puede tomar la SVS, algo que podría llegar hasta a la disolución de la sociedad anónima”.

Desde el regreso a la democracia en 1990, nunca una ley había sido tan cuestionada como la Ley de Pesca. No se trata sólo de críticas políticas o técnicas, o enfocadas en el fuerte lobby realizado por la industria, sino porque ahora en la justicia están las evidencias de que grandes empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en que esa ley se votara en 2012 a favor de sus intereses.  Por eso han tomado fuerza las voces que exigen derechamente anular la ley por carecer de legitimidad.

Ante la presión creciente, La Moneda está usando como válvula de escape un convenio firmado por el gobierno con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) para revisar la ley. Sin embargo, en el organismo internacional relativizan los alcances del acuerdo:

-La Ley de Pesca está siendo cuestionada por casos de cohecho asociados a su tramitación. ¿Ustedes van a analizar el tema de cómo se legislaron los derechos pesqueros?

-De ninguna manera es competencia nuestra ni incidir en la política interna del país ni en la definición que para ello tengan las autoridades correspondientes, llámese judiciales o legislativas internas. Nosotros de ninguna manera intervenimos o incidimos en esa área. Seguramente estarán abordados los temas, no el cómo se llegó, que no es competencia nuestra, sino el análisis de lo que hay y cómo se alinea, que es lo que específicamente nos han solicitado -explicó a CIPER el oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, Alejandro Flores Nava.

Marta Isasi

Las evidencias de corrupción en la tramitación de la ley ameritan medidas que están lejos del campo de acción de la FAO. Ya en 2013, CIPER reveló los pagos realizados por Corpesca, pesquera del Grupo Angelini, al jefe de gabinete de la entonces diputada Marta Isasi por supuestos estudios vinculados a la Ley de Pesca. En ese momento, el gerente general de la empresa, Francisco Mujica, reconoció los pagos y aunque descartó haber tratado de influir en la ley, reconoció que habían financiado la campaña de de Isasi y de “muchos más”. Todo de manera legal, dijo Mujica, quien debió dejar su cargo tras la publicación (ver Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas).

Pero no todo era tan legal. Ahora Mujica ha debido reconocer ante el Ministerio Público que Corpesca también le pagó al senador Jaime Orpis (UDI) fuera del periodo electoral. Lo que comenzó como supuestas donaciones a su Corporación La Esperanza (enfocada en el combate a la adicción a las drogas), derivó en desembolsos para sus asesores y pagos mensuales al propio Orpis. Éstos se realizaron entre 2008 y 2013, periodo que incluye la tramitación de la Ley de Pesca, que entró al Congreso en 2011 y salió en 2012 (ver nota en La Tercera). Si bien Orpis no era integrante de la Comisión de Pesca, CIPER descubrió que aparece votando y opinando activamente en las definiciones cruciales que dieron forma la cuestionada Ley General de Pesca, en reemplazo de los senadores UDI que ocupaban de manera estable ese cupo (ver recuadro). Además, Orpis patrocinó proyectos de ley que favorecían a Corpesca (ver nota de TVN).

A los pagos de Corpesca a Isasi y Orpis se suman los dineros que otras pesqueras le transfirieron a distintos dirigentes políticos, lo que fue descubierto en la investigación de la Fiscalía sobre el financiamiento ilegal de la política por parte del Grupo Penta. Las indagaciones continúan, por lo que no está claro aún qué tan largos fueron los tentáculos de las pesqueras. Tampoco a cuántos legisladores afecta. Los antecedentes que se conocen hasta ahora han puesto un signo de interrogación sobre la independencia de Pablo Longueira (UDI), quien lideró la tramitación de la Ley de Pesca desde el Ministerio de Economía. De hecho, el texto legal es también conocido como la “Ley Longueira”.

En la investigación de los pagos ilegales de Penta, el ex gerente Hugo Bravo aseguró ante la Fiscalía que a Longueira se le pagaron $100 millones en efectivo. A ello se agregó que en la arista Soquimich que se abrió en la misma investigación, aparecieron personas que en paralelo entregaron boletas por servicios no prestados a Soquimich, a empresas pesqueras y a la Corporación Centro de Estudios Nueva Minería del ex diputado y socio de Longueira, Cristian Leay (UDI).

Solange Hermosilla, por ejemplo, declaró ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que la estrecha asesora de Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivielso, le pidió que emitiera boletas por servicios no realizados para SQM, la corporación de Leay y para Pesquera El Golfo. Los pagos se realizaron entre 2009 y 2010, cuando Longueira era senador (ver Financiamiento ilegal de la política: Los pagos de las pesqueras)

EL LIMITADO ROL DE LA FAO

En su programa de gobierno, la entonces candidata Michelle Bachelet se comprometió “realizar una evaluación” de la Ley de Pesca para “velar” que se cautelen los intereses y demandas de todos los sectores. La promesa se concretó este año a través del convenio con la FAO y fue destacada por Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo, al señalar que la evaluación será un proceso “participativo y donde todos los actores podrán estar representados”. El anuncio fue ratificado este miércoles 27 por el vocero de gobierno, Marcelo Díaz.

La respuesta de las empresas pesqueras ante el cúmulo de denuncias sobre pagos ilegales a parlamentarios, fue pedir prudencia en el análisis de la ley ya sancionada: “Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del gobierno por la FAO de Naciones Unidas”, dice la declaración emitida el mismo 27 de mayo por la Sociedad Nacional de Pesca.

El “memorando de entendimiento” entre la FAO y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura está firmado el 13 de mayo (ver documento). Y establece que el objetivo principal es “la evaluación del texto del clausulado de la Ley de Pesca N° 20.627 con el objeto de proponer recomendaciones para compatibilizarlo con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para sostenibilidad y gobernanza del sector pesquero”.

El primero en poner paños fríos en las expectativas del rol de la FAO, es el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, quien descarta cualquier vinculación de la firma del convenio con las acusaciones de cohecho que enturbian la tramitación de la ley. “Esos casos son posteriores a la elaboración del programa de gobierno”, dice Súnico, aunque el primer reportaje de CIPER sobre los pagos ilegales a Marta Isasi se publicó en mayo de 2013 y el programa de Gobierno se presentó en octubre del mismo año. Además, cuando se firmó el convenio con la FAO ya estaban en pleno desarrollo los cuestionamientos a la legitimidad de la ley. Súnico explica:

-Lo que sucede es que históricamente el conjunto de los actores del sector pesquero ha tenido dificultades para ponerse de acuerdo, porque cada uno de los intervinientes son sectores que aspiran a desarrollarse económicamente y tener más cuotas y poder capturar lo mayor posible. Y le pedimos este trabajo a un órgano independiente porque no queremos que esta evaluación sea sólo entre los que aspiran un poco más de cuota. Nuestro objetivo es tener una mirada más de conservación y recuperación de los recursos que una negociación de los interesados.

Alejandro Flores Nava

El mexicano Alejandro Flores Nava, contraparte del gobierno chileno en la FAO, raya la cancha en la que se desarrollará el trabajo que hará el organismo internacional al hacer una revisión de la Ley de Pesca. El tema de fondo para el organismo es la sustentabilidad de los recursos pesqueros, por lo que la forma en que se han repartido las cuotas con la Ley de Pesca quedaría fuera de su ámbito de acción.

-¿La propiedad del recurso no estaría en cuestionamiento si la ley garantiza la sustentabilidad?
-Hablamos de algo sostenible cuando tiene un sustento institucional, legal, tiene sostenibilidad ambiental y tiene como centro el bienestar social.

-¿La garantía del acceso a los recursos, de que éste no quede concentrado en manos de las grandes empresas, es un tema que va a analizar la FAO?
-La FAO promueve la pesca captura basado en derechos. Las rutas para determinar esto y eventualmente garantizar el acceso a la población, son soberanas, son de responsabilidad exclusivamente soberana de los países. La FAO no se erige de ninguna manera en un fiscalizador ni mucho menos. La FAO es un organismo internacional de asistencia técnica. Yo siempre he dicho que en Chile a lo mejor no se dan cuenta de que es un país con muchos recursos y muchas capacidades. La FAO, como organismo internacional, es difícil que venga a decirles cómo hacer las cosas, pero sí un valor añadido de una organización como la nuestra es esa mirada de experiencia global que puede enriquecer los procesos internos, y por supuesto su objetividad y neutralidad.

El trabajo de la FAO está recién comenzando. Flores explica que el proceso será liderado por un experto internacional del organismo, que probablemente venga de la sede central en Roma, que tendrá como contraparte un consultor nacional. Éste será elegido a través de un llamado abierto que tendrá como requisito el que no haya participado en ninguna parte del proceso de elaboración de la ley vigente ni en ningún proyecto que se tramite actualmente en el Congreso, con lo cual se busca dar transparencia y objetividad a la evaluación. Luego, habrá una consulta para escuchar a los distintos actores del sector.

El producto que el organismo internacional va a entregar al final del proceso consiste en una serie de recomendaciones, que podrían incluir enmiendas y una enumeración de brechas de la ley con respecto a acuerdos o mecanismos internacionales, si es que las hubiera.

La limitación de la evaluación de la FAO es que el principal cuestionamiento a la Ley de Pesca tiene que ver con cómo se decidió la asignación de cuotas por 20 años prorrogables a un pequeño grupo de grandes empresas. Incluso en una organización con énfasis ecologista, como la ONG Oceana, se declaran satisfechos con los aspectos ambientales de la ley, pero son muy críticos de la forma en que se otorgaron los derechos de pesca.

-Nos parece bien que la FAO evalúe los temas ambientales, lo que cuestionamos es la entrega de derechos individuales de pesca a las empresas por 20 años, porque es injustificado garantizarle a cualquier empresa que va a poder seguir pescando cierto porcentaje hacia el futuro. Nos parece que es un aspecto viciado de una ley que fue votada aparentemente con casos de cohecho sobre ciertos parlamentarios -dice Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.

Para Muñoz, la influencia del sector industrial en las decisiones del Congreso no es algo nuevo. Ni tampoco un tema que involucre sólo a parlamentarios de la UDI. El director de Oceana recuerda lo que sucedió entre los años 2000 y 2002 cuando se entregaron los primeros derechos individuales de pesca bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el ministro de Economía era Jorge Rodríguez Grossi (DC) y Felipe Sandoval (DC) actuaba como subsecretario de Pesca:

-Son ellos los que por primera vez entregan estos derechos haciendo un fuerte lobby a nombre de estas empresas. Hoy Felipe Sandoval es presidente de Salmon Chile, que agrupa no solamente a las compañías de este sector sino también a otras empresas que están integradas con pesqueras, que son las que le venden la harina de pescado a las salmoneras.

Otro vínculo preocupante en la historia de la regulación pesquera que destaca Muñoz es el de los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar (el segundo ya fallecido) con la familia Angelini: “Hay 17 integrantes de la familia Zaldívar que poseen acciones o que trabajan en cargos gerenciales en las empresas pesqueras del grupo Angelini”.

Durante la tramitación de la Ley de Pesca la presión de la industria fue descarada. Al punto que algunos parlamentarios simplemente les abrieron las puertas para que participaran del debate legislativo como si fueran sus asesores. Así lo reveló la ex diputada Marta Isasi ante la Comisión de Ética de la Cámara, quien se hizo acompañar a las sesiones por un ejecutivo de Corpesca, como una forma de demostrar que no era la única que había dejado ingresar a los lobistas de las pesqueras (ver reportaje).

De todos modos la FAO tendrá más de algo que decir respecto al impacto de la Ley de Pesca en la sustentabilidad de los recursos, pues la situación ha empeorado desde que entró en vigencia.

En 2012, el último año antes de que se modificara la ley, el estado de las pesquerías chilenas ya era crítico, pero aún había algunas que se mantenían saludables. La anchoveta que se capturaba en el norte del país, por ejemplo, aún estaba en estado de plena explotación. Hoy, a dos años de que la nueva legislación entrara en vigencia, ya está considerada como una especie sobreexplotada. La situación es aún más grave: entre la XV y la X región los únicos peces que no están sobreexplotados o en un estado de colapso, son las sardinas comunes. Todo lo demás aparece en el último informe de la Subsecretaría de Pesca con color rojo o naranjo. Lo que antes aparecía en riesgo de empeorar, hoy está peor. El jurel, la anchoveta del norte y las merluzas de cola, del sur y de tres aletas: sobreexplotados. La sardina española, la anchoveta de la zona central, el congrio dorado y la merluza común: colapsados o agotados (ver informes de 2012 y 2014).

AGUAS MOVIDAS

El anuncio de la evaluación de la Ley de Pesca sumado a los nuevos antecedentes de presunto cohecho en la tramitación de la ley, han vuelto a agitar las aguas de los reclamos y disputas asociadas a la Ley de Pesca. La industria pesquera, como era de esperar, se muestra satisfecha con la legislación. El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Mondaca, dijo recientemente a La Tercera que le parecía razonable que el gobierno haya pedido la asesoría de la FAO, pero que no preveía cambios en la ley: “No veo ninguna razón para eso. No hay nada sucio en la Ley de Pesca”.

En la otra trinchera están los que buscan que se derogue la ley, como la mediática campaña de la ONG Yo Pesco. El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP) es de la misma idea. Ya inició una campaña de recolección de 300 mil firmas para conseguir su objetivo.

Otras organizaciones de pescadores, como Conapach, ven en la participación de la FAO una oportunidad de ser escuchados. Su máxima dirigenta, Zoila Bustamante, dijo a CIPER: “La Presidenta fue muy clara en el discurso del 21 de mayo en que va a haber participación de las partes en este proceso y nosotros estamos a la espera de que esta evaluación sea real y que podamos opinar”.

Entre los parlamentarios también hay divergencias. Tres de los integrantes de la actual Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta, los senadores Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS), manifestaron su preocupación por la revisión de la FAO. Muñoz, quien preside la comisión, dijo a CIPER: “hay que hacer un giro y darle peso y preponderancia en la ley a los pescadores artesanales que están muy afectados por el colapso de las principales pesquerías del país. Ese es un punto que a nosotros nos importa mucho y no sabemos si en un estudio que realice la FAO se va a enfatizar este aspecto”.

Raúl Súnico

El senador Antonio Horvath (Ind), quien fuera presidente de la Comisión de Pesca durante la tramitación de la cuestionada ley, dice que aunque toda evaluación le parece positiva, “la FAO no ha sido un buen referente para la realidad pesquera chilena por todos los problemas internos que hemos tenido. Creo que hay que ir aún más allá y lo que le he planteado a la Comisión de Pesca es que hagamos una revisión profunda de la ley en la misma línea en que lo planteó el programa de la Presidenta Bachelet, porque hay temas pendientes que no logramos resolver en ese nuevo marco regulatorio”.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) ha sido el crítico más duro: pide anular la Ley de Pesca. “La historia parlamentaria no conoce la nulidad de ninguna ley de la República. (…) quisiéramos que sea derogada, pero sabemos que la derogación tendrá una implicancia dramática para el presupuesto de la República, por cuanto habría que indemnizar a estas siete familias”, declaró a CNN Chile.

El subsecretario Raúl Súnico es tajante al afirmar que diga lo que diga la FAO es imposible que la ley sea derogada: “Quedaría la ley de la selva en todas las pesquerías mientras se discute el nuevo proyecto de ley. Eso no es posible, es irracional y sería muy malo para los recursos pesqueros en Chile que nos quedáramos sin legislación durante un año, que es lo que pudiera demorar una tramitación legal. Podría producir un colapso total de las pesquerías”.

LA IRRUPCIÓN DE ORPIS EN LA LEY DE PESCA

El detalle pasó inadvertido en su momento, pues es común que los partidos reemplacen a los parlamentarios titulares en las comisiones. Pero a la luz de los pagos de Corpesca al senador Jaime Orpis (UDI), a tres de sus asesores y a una corporación que él fundó y que dirige su esposa, cobra otro sentido la presencia del senador tanto en la Comisión de Pesca del Senado como en la comisión mixta que se formó en las semanas previas al despacho de la ley. Porque Orpis en ese momento no era integrante de la Comisión de Pesca.

Jaime Orpis

En algunas de esas sesiones, Orpis participó en lugar del senador Alejandro García Huidobro (UDI). En otras, reemplazó a Víctor Pérez (UDI), quien se integró a la Comisión de Pesca el 7 de Noviembre de 2012, en plena votación de las casi mil indicaciones que tenía el proyecto de ley. Pérez llegó a ocupar el puesto de Carlos Bianchi (independiente), quien denunció el hecho en La Prensa Austral: “Me echaron de la Comisión de Pesca porque estaba votando todo en contra y fui reemplazado por otro senador”.

A la luz de los nuevos antecedentes, la Fiscalía Oriente pedirá al Congreso el registro de las votaciones de los parlamentarios en la tramitación de la Ley de Pesca, mientras se suman los actores que piden una revisión, evaluación, anulación y hasta derogación de la también llamada “Ley Longueira” (vea cómo votaron en el Congreso la Ley de Pesca).

Según lo publicado por La Tercera, son tres los asesores Orpis que recibieron pagos de Corpesca:

Lorena Lara Saldías: Arquitecta de Iquique, en Transparencia del Senado figura como asesora del senador Orpis en 2011 con honorarios mensuales de $ 1.098.577. En forma paralela aparece contratada como Inspectora Fiscal de la Dirección de Arquitectura del MOP por $1.222.441 mensuales. Lara emitió boletas a Corpesca por montos de $2 millones y $ 5 millones.

Carolina Gazitúa Larenas: Ingeniera en Administración de Empresas y ex asesora del senador Orpis. Aparece en la lista presentada por Impuestos Internos con boletas emitidas a SQM y a Corpesca. De SQM recibió $3 millones y cobró por servicios prestados a Corpesca, entre 2008 y 2013, un total de $73 millones.

Daniel Ortega Martínez: Abogado, actual asesor de la UDI en el Senado en materias de análisis de proyecto de ley por honorarios mensuales de $802.556, según figura en Transparencia. Ortega emitió una boleta a Corpesca por $10 millones de pesos.

Los otros protagonistas:

Francisco Mujica Ortúzar: Ex gerente general de Corpesca que admitió a CIPER haber pagado $25 millones al asesor de la ex diputada Marta Isasi, Giorgio Carrillo. En su declaración ante la Fiscalía Oriente el 20 de mayo pasado, entregó detalles sobre un mecanismo mediante el cual Jaime Orpis también recibía dinero de Corpesca a través de tres de sus asesores: Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, quienes no prestaron servicios a la empresa.

Jaime Orpis Bouchon: Senador UDI por la Circunscripción 1 (Región de Arica y Parinacota y Región de Tarapacá), implicado por Francisco Mujica de haber dinero desde Corpesca a través de tres asesores. Según La Tercera, su declaración ante la Fiscalía, Mujica también relató que en el 2008 Orpis le pidió fondos para la Corporación La Esperanza, que dirige la esposa del parlamentario, Ana Luisa Jouanne, los cuales se manifestaron a través de un aporte mensual. Y agregó que en el 2009, Orpis le pidió dinero para su campaña senatorial, pero como Corpesca no tenía excedentes, lo derivó hacia otras empresas del Grupo Angelini.

Georgio Carrillo Vercellino: Periodista y ex asesor de la diputada Marta Isasi, a quien la parlamentaria demandó por estafa. En su declaración ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, Carrillo dijo haber recibido 25 millones de Corpesca destinados a Isasi, antes de que comenzara la tramitación de la Ley de Pesca.

Marta Isasi Barbieri: Ex diputada independiente por Iquique, formalizada por el delito de fraude al fisco tras recibir 25 millones de la empresa Corpesca a través de su ex asesor Georgio Carrillo. Los votos de Isasi, tanto en la Comisión de Pesca como en la Cámara, fueron a favor de la industria en la tramitación de la Ley de Pesca.

Esteban Zavala Gutiérrez: Ex jefe de gabinete de Marta Isasi, entregó boletas a Corpesca por $4 millones entre los años 2010 y 2013.

La entrevista se hizo en los momentos en que Giorgio Martelli, el protagonista clave de la investigación por el financiamiento ilegal que distintas empresas le habrían proporcionado a un grupo del oficialismo para la última precampaña presidencial, declaraba ante el fiscal nacional. Para actualizar La Puerta Giratoria de CIPER, le pedimos al nuevo ministro secretario general de la Presidencia que entregara la nómina de todas las asesorías que él prestó trabajando en la empresa de comunicación estratégica y de lobby Imaginacción, de propiedad de Enrique Correa, y también las que desarrolló en su propia empresa del mismo rubro (ver documento). Y quiso entregarlas personalmente, para explicar las omisiones que allí destacan y las decisiones que desde el comité político se han adoptado para impulsar la agenda de probidad y enfrentar la crisis.

-¿Por qué decide entregar a CIPER esta nómina de las asesorías que usted ha prestado a distintas empresas?
Porque es un acto de transparencia al que me obliga la función que ahora cumplo y también por un legítimo cuestionamiento que alguna gente puede tener respeto de mis labores privadas previas.

-Ese cuestionamiento está relacionado al trabajo que usted hizo en empresas de comunicación estratégica que hacen lobby.
Exactamente, y por eso quiero hacer claramente una distinción porque mi labor siempre allí estuvo más en el terreno del análisis político, la generación de estudios, de una asesoría más orientada a los contenidos y no a las gestiones.

-Pero usted no puede desconocer que el objetivo final de su trabajo era hacer lobby.
No, pero nuestra tarea no era esa. Comencé haciendo análisis político, una apreciación de la situación política y de la agenda pública para que actores privados y públicos pudieran tomar mejores decisiones mirando los hechos y tendencias tal cual eran.

-Es extraño, pero cuando uno le pregunta a quienes trabajan en lobby, no lo reconocen, salvo contadas excepciones. Es una tarea denostada y sindicada como nefasta. ¿Usted hizo lobby para empresas privadas?
No, porque no era  mi tarea y no era tampoco la forma en cómo concebía mi trabajo. Por eso hago la distinción entre lo que es la producción de contenidos y análisis de lo que eran las gestiones de las distintas empresas. Y la hago asumiendo también que la actividad del lobby puede desarrollarse legítimamente para buscar generar influencia. En la medida que eso se hace con transparencia, debiese ser legítimo.

-Eso sería posible si el lobby estuviera bien regulado en Chile. No es así, y usted lo sabe.
Tenemos una regulación, pero a mi juicio todavía es deficiente. A medida que vayamos abordando la agenda de probidad debiésemos tener espacio para volver a generar una discusión que permita profundizar y perfeccionar la regulación.

-¿Cuál es a su juicio el mayor vacío que exhibe esa ley que es muy reciente?
Precisamente en que hoy existe una regulación más orientada hacia los sujetos pasivos del lobby y una regulación más débil respecto de todos aquellos actores que generan lobby. La ley terminó haciendo una definición muy acotada respecto de aquellas empresas que se autodefinen como lobistas, porque creo que hay muchos otros actores que lo hacen.

-Y que no están bajo regulación. ¿Cómo cuáles?
Las oficinas de abogados, por ejemplo. Todos ellos hacen una representación de intereses, pero no solo en el campo judicial o procesal, sino que también en áreas más generales de las empresas que pueden representar. Lo más sano es que esa representación de intereses pueda ser bien trasparentada y se clarifiquen todas las gestiones que realizan frente a los gobiernos, parlamentarios, tribunales: frente a todos los poderes públicos.

-Hay otro vacío que ha quedado en evidencia en la regulación del lobby al dejar fuera a centros de ideas y pensamiento, como Libertad y Desarrollo y otros que reciben dinero de empresas privadas y participan activamente en casi todas las comisiones donde se definen nuestras leyes en el Congreso.
Creo que esas instituciones debieran incluirse en la ley, al igual que las ONG, las que también representan intereses con total legitimidad. Es muy pertinente que clarifiquen su financiamiento. De hecho, yo lo planteé en un debate en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, a propósito de muchos asesores que entraban a la comisión, incluso abogados. Pedí y se logró un acuerdo, que se indicara el listado de esas empresas e instituciones que ingresaban, además de su fuente de financiamiento y qué litigios tenían en ese momento. Esa información llegó a la comisión y es pública.

-Eso mismo pasó en la tramitación de la Ley de Pesca: entraban ejecutivos de las empresas del sector como asesores de los parlamentarios. ¿Qué va a pasar ahora con la legitimidad de esa ley severamente cuestionada?
Precisamente, la Presidenta tomó la iniciativa como tema de campaña y ya instruyó una revisión. Porque este es efectivamente uno de los casos mas graves que tenemos desde el punto de la legitimidad en nuestra democracia. A la luz de los nuevos antecedentes judiciales que han surgido, no solo merece una reacción del gobierno, sino también del Congreso. Cómo abordar este problema es lo que conversaremos con los parlamentarios.

-Hay quienes dicen que usted obtuvo un magíster en lobby trabajando en la empresa de Enrique Correa, Imaginacción.
(Se ríe) No, no lo tengo.

-Esa relación suya con Enrique Correa genera serias dudas de que usted pueda ponerle los dientes a una ley que regule de manera estricta y eficaz el lobby.
Lo que me importa es que nosotros podamos avanzar a los estándares más altos y que incluso eso pueda ser un punto de referencia en la región. Hoy la sociedad chilena exige estándares de transparencia más altos y nosotros no solo debemos ajustarnos a esas exigencias sino que colocar varas más altas de regulación.

-La exigencia es urgencia, porque el momento es crítico debido a la cooptación que han hecho de los dirigentes políticos de todo nivel, grandes empresas, como Soquimich, el Grupo Penta, Aguas Andinas, las empresas del Grupo Angelini, al punto que la Ley de Pesca está en cuestionamiento. En ese escenario, su relación laboral con Enrique Correa, uno de los más importantes lobistas del país, ¿no es un obstáculo para recuperar la credibilidad de los ciudadanos?
La verdad es que no lo creo así. Primero, porque con Enrique Correa he tenido siempre un vínculo más humano y político, después fue laboral. Humano, porque él compartió el exilio con mi papá (el ex senador y dirigente comunista Jorge Insunza) en la RDA. Ellos tienen una relación de afecto y respeto mutuo. Nosotros nos conocimos más en la actividad política.

-¿Le financió Enrique Correa sus campañas a diputado?
No, enfáticamente no.

-¿No le allegó aportes de empresas privadas?
Ni me hizo aportes ni me allegó aportes. Y lo puedo decir claramente. Yo he tenido tres campañas electorales. La primera en 2005, cuando no teníamos una relación muy cercana con Enrique Correa. Nuestra relación fue tardía, en la campaña de Eduardo Frei nos encontramos. Y nunca le hice una petición en ese terreno. Tampoco se la formulé en la campaña de 2009. Y después de que trabajé en Imaginacción entre 2011y 2013, yo renuncio como gerente de su empresa para asumir una candidatura a diputado que no busqué, no estaba en mis planes. Cuando hubo un cuestionamiento a que el candidato sea Víctor Manuel Rebolledo y el PPD toma la decisión de bajar esa candidatura, ahí me solicitan que yo sea el candidato. Teníamos la aprehensión de que podíamos perder el doblaje en el Distrito 9, y yo acepté. Era ya tarde, porque empecé mi campaña el 8 de agosto…

-Pero tuvo aportes reservados, ¿de qué empresas los recibió?
Los tuve, pero no los pedí. A ninguna empresa le pedí aportes reservados.

-Pero supo qué empresas le aportaron. Todos los candidatos finalmente saben quién les dona
No en todos los casos se sabe, porque muchas veces son gestiones de los partidos. Yo recibí dinero de personas que hicieron los certificados correspondientes, pero la verdad es que no tengo plena certeza de cuáles empresas me donaron. Y tampoco sé porque nadie se me acercó diciendo “oye, si te llegó tal cantidad, ese aporte fue de nosotros”. Yo creo que lo mejor es que se hubiera regulado que esos aportes fueran públicos. 

-En el informe de sus asesorías a empresas y organismos públicos que entregó a CIPER, solo están las de sus empresas personales. Nada dice de las asesorías que hizo siendo gerente de Imaginacción, la empresa de Enrique Correa. ¿Por qué esa omisión?
Porque en Imaginacción yo estaba contratado y esa empresa tiene una cláusula de confidencialidad con sus clientes y yo debo actuar acorde a eso. Uno celebra actos o contratos de buena fe y los cumple. Sigue siendo mi deber respetar esa confidencialidad. Lo que corresponde es que sea la propia Imaginacción, cuando así lo estime, la que abra su cartera de clientes. Esa decisión a mí no me compete, sería una interferencia y una violación a un compromiso firmado, porque si bien trabajé allí nunca fui socio.

-Su respuesta da pie para que uno se pregunte: ¿dónde está su lealtad, con la Presidenta o con Enrique Correa?
Mi primera lealtad por cierto está con la Presidenta Bachelet y con el país.  Yo empecé mi actividad política por la lucha para recuperar la democracia y recuperar derechos tan duramente perdidos. Esa ha sido la motivación de vida por la que estoy en política. No por otra.

-Cuando usted ingresó al Parlamento como diputado, se encontró con ejecutivos o incluso dueños de empresas importantes a los que conocía siendo gerente de la empresa Imaginacción, ayudándolos a hacer una comunicación estratégica para obtener determinados objetivos. Y cuando los encuentre ahora…
No me ha tocado eso muchas veces. Y ahora, cuando eso se produzca, van a ocurrir dos cosas: tengo un conocimiento personal y humano de algunos de ellos, pero también, y nunca me he perdido en este punto, tengo plena claridad de mi rol y de lo que represento. Mi deber está primero con los valores que me inspiran: como diputado, con el mandato popular que me entregó la gente; y ahora, con las tareas de gobierno. Mire, yo opté por participar en empresas privadas, trabajando inicialmente con  Francisco Javier Cuadra en Civitas y luego formando mi propia empresa, porque si bien la política me apasiona, también sé que uno necesita asegurar su autonomía y su independencia para que nadie ni nada te condicione en el ejercicio de la labor pública. Ese es mi eje rector. Lo cortés no quita lo valiente: puedo establecer con cualquier persona un diálogo, escucharlo, tratar de comprender sus puntos de vista, pero el juicio final respecto de mis acciones y decisiones siempre va a estar dominado por mi autonomía y libertad. Si no tuviera plena claridad de que mis valores están representados por la Presidenta Bachelet, no estaría aquí.

-A veces resulta difícil entender sus principios, porque, por ejemplo, ahora usted está sentado en un sillón de La Moneda donde también cumplió un rol muy importante Francisco Javier Cuadra pero al lado de Pinochet. Mirando su historia personal y familiar, uno se pregunta: ¿cómo pudo haber trabajado con el ministro del dictador?
Eso vale la pena relatarse. Él fue profesor mío en la Universidad Diego Portales y yo, inicialmente, le pedí al entonces director de la Escuela de Derecho, Jorge Correa Sutil, que por favor me cambiara de curso porque con este tipo no iba aprobar por ningún motivo. Correa me dijo: no, pierde cuidado, la universidad te asegura que aquí hay control académico por méritos. Y ahí nos conocimos con Cuadra. Fue el mismo año en que a él lo destituyeron como ministro, se fue al Vaticano como embajador y nos perdimos mucho tiempo. Hasta que un día vi en la revista Qué Pasa que Cuadra había formado su empresa de análisis. Me pareció muy interesante. Fue un momento de reflexión, porque yo lo fui a ver y le planteé que me interesaba el trabajo que estaba haciendo.

-Ha trabajado con Francisco Javier Cuadra y con Enrique Correa, ¿tiene debilidad por la inteligencia o por el poder?
Respeto la inteligencia, pero mi reflexión de fondo fue otra. Antes de trabajar con Cuadra hubo una conversación que me marcó mucho con mi tío Mario Insunza, quien fue siquiatra en la Vicaría de la Solidaridad. Un día nos relató que este apelativo recurrente del almirante José Toribio Merino de los “humanoides”, tenía  una carga mucho más profunda y que no podía ser motivo de risa. Y la ejemplificó con lo que él veía en la gente que atendía que relataban cómo se comportaban los torturadores. Mario explicaba que el torturador que aplica tormentos horrorosos después se va a su casa, juega con sus niños, come con su señora, ven una teleserie y hace una vida aparentemente normal. Y que eso ocurre por el fenómeno de deshumanización del “enemigo”, al considerar al otro como un enemigo. Y que eso era la fuente de la mayor crisis moral que provocaba la dictadura. Siempre tuve esa explicación muy presente y mi reflexión fue que en una parte a nosotros también nos ocurría a veces eso de mirar al otro como enemigo, porque era parte de la brutal dinámica que provocaba la dictadura.

-¿Y por eso va a buscar a Cuadra? ¿Para saber si usted lo consideraba su enemigo? ¿Para probarse?
No, mi reflexión fue: yo no quiero seguir en esta enemistad permanente. Y si eso es lo que quiero, hay que producir quiebres. Y eso condicionó que yo me abriera a esa posibilidad laboral. Distingo lo que son las responsabilidades políticas de las responsabilidades criminales que hubo en la dictadura. A veces, la línea es tenue…

-Y Francisco Javier Cuadra tiene responsabilidades criminales. Por eso salió de la rectoría de la Universidad Diego Portales.
Creo que no tuvo responsabilidades criminales. Y por las conversaciones que tuvimos esa idea se me reafirmó.

-Si tomamos la frase del ex presidente Sebastián Piñera sobre los cómplices pasivos y activos de la dictadura…Basta recordar que cuando detienen a Ricardo Lagos y a otros dirigentes opositores, se producen en esos mismos días asesinatos, y él tiene allí una responsabilidad política y de mando operacional. ¿No le pesó ese hecho?
Es complejo lo que ocurrió con Cuadra… No así con otros personeros de la dictadura. Recuerdo una conversación que tuvimos cuando empezamos a trabajar. Nos cambiamos de oficina desde el centro a la calle Gertrudis Echeñique y Cuadra me dijo que quería invitar a Pinochet a un almuerzo. Mi respuesta fue: avísame, porque yo no vengo. Me pidió que lo conversáramos y yo le pedí que me entendiera, que no podía estar delante de Pinochet y dejar de decirle que era un asesino. Eso nos permitió hablar, él de su relación con Pinochet y yo de las vivencias de mi familia en dictadura. Se creó un espacio de respeto mutuo. Trabajamos tres años y medio juntos: desde fines del ’92 hasta marzo del ’96. Yo no escondo esa relación, la reivindico, porque es sano para el país poder generar esas rupturas.

“ESTA CRISIS NO SE SOLUCIONA CON UN RETORNO AL PESO DE LA NOCHE”

-La agenda de probidad se instaló a la fuerza, al igual como irrumpió la crisis del modelo de la educación con los pingüinos en el primer gobierno de Bachelet.
Hay hechos que son capaces de cambiar de manera fundamental la agenda del país. Eso es lo que ha ocurrido. También influye que estamos en un cambio de época en el país, algo que a veces se comprende poco o nos quedamos en el cliché de que Chile cambió y no lo aterrizamos en todas sus dimensiones. Lo que está quedando atrás es la noción del peso de la noche. La posibilidad de que las elites y los grupos de poder resuelvan muchas cosas en las sombras, como si aquello fuera fuente de orden. Ese estilo hoy es fuente de desorden, incluso de inestabilidad, porque la ciudadanía está activa y vive la transparencia. Ese telón de fondo es lo que condiciona que hoy tengamos espacio para aprobar una reforma distinta. Tan solo el año pasado, en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados empezamos a discutir la ley de financiamiento de las campañas electorales y hubo una defensa de los aportes de las empresas. Bueno, si usted revisa la última votación de abril de este año, se aprobó por unanimidad la eliminación de todo aporte de personas jurídicas.

-Lo que preocupa es que en el primer gobierno de Bachelet se envió al Congreso un proyecto de probidad y financiamiento de la política que contiene algunos puntos casi exactamente iguales a los que se proponen ahora. Y en el Congreso, subrepticiamente, lo fueron despojando de las indicaciones más estrictas. El Ejecutivo las retiró porque no hubo votos suficientes o se negoció, pero la ley salió castrada y mire lo que resultó. ¿Se compromete a que esta vez no se le va a sacar ningún colmillo a la ley en un cuarto oscuro?
Lo que ocurrió es que antes no había una ciudadanía tan vigilante y activa como ahora. Ese fue uno de los grandes dramas de la transición. Hoy hay mucha más conciencia de que tenemos que aprobar reformas que le duelan al poder: que sean desprendimientos reales de poder. Le aseguro que voy a poner en eso todo mi empeño por la convicción que tengo de la urgencia de esta agenda y por la instrucción que he recibido de la Presidenta Bachelet. Confío en que vamos a poder aprobar esta reforma porque la decisión del gobierno está y debemos imprimirle velocidad, porque hay un clima ciudadano que reclama urgencia.

-Lo que significa que en el gobierno están conscientes de la dimensión de la crisis.
Claro que hay una crisis de confianza y es evidente. Y por eso, para aprobar esta agenda y reforma, es necesario que la ciudadanía siga atenta y alerta.

-¿Puede garantizar que las reformas de probidad no van a terminar como la reforma tributaria, tomando tecito un domingo en la casa de Andrés Zaldívar?
En este caso no va a pasar. Se lo garantizo. En última instancia tendremos una cocina americana, abierta. Hay que construir acuerdos, un trabajo necesario, pero con transparencia, no en un cuarto cerrado. Eso sí le aseguro no va a pasar en esta tramitación. Y también le aseguro que habrá construcción de acuerdos con transparencia y en los espacios institucionales que corresponden. No voy a negociar ninguna de estas reformas tomando cafecito en una casa del barrio alto.

-El momento es muy delicado, acaba de asumir como miembro del comité político del gobierno que fue reemplazado en su totalidad, algo inédito desde la recuperación de la democracia, lo que da la dimensión de la crisis. ¿Está consciente de que al aceptar debió estar seguro de que no le van a encontrar boletas, facturas o pagos ilegales de empresas?
Así es. Y por eso también mi decisión de mostrar esta lista de mis asesorías con total libertad, porque parafraseando a nuestro gran Neruda, lo único que puedo decir es “confieso que he trabajado”.

-Pero que respeta su cláusula de confidencialidad para los contratos que tuvo en Imaginacción. Esta entrevista se hace en el momento en que Giorgio Martelli está declarando ante el fiscal nacional. Y depende de lo que él declare lo que va a ocurrir en el oficialismo y en el gobierno en adelante frente a hechos que indican que hubo financiamiento ilegal para una precampaña presidencial. ¿Qué va a hacer La Moneda frente a eso?
Lo que hemos estado haciendo: encarar los hechos tal cual son. Aquí no hay estrategia, porque eso supone un cierto control de las variables. Y hablo por el equipo político que integro: no partimos de ninguna pretensión de que podemos dirigir u orientar, sino que lo central es sujetarse a los hechos y a la necesidad de transparencia que la sociedad chilena hoy, con justa razón, exige. Es lo único que va a permitirnos recuperar esa confianza. Las instituciones tienen que funcionar…

-Una frase que de tanto usarla ya fue despojada de sentido.
Sí, ya no sirve, por eso que le digo que lo único que puede garantizar la recuperación de la confianza es que ese funcionamiento de las instituciones tenga suficiente nitidez. Y lo que vamos a hacer nosotros es atenernos estrictamente a los hechos.

-Y el hecho fundamental que afecta al oficialismo es que altos funcionarios de gobierno que acaban de salir, están siendo investigados por la justicia por boletas o facturas bajo sospecha de no corresponder a trabajos realizados sino a dineros para financiar una precampaña presidencial.
Y allí es donde nace la diferenta fundamental que hemos señalado y que corresponde a la verdad: la Presidenta Bachelet solo tomó la decisión de ser candidata en el verano del 2013, incluso a finales de febrero y principios de marzo.

-Hoy casi todos, incluyendo a los dirigentes del PPD, su partido y el de Rodrigo Peñailillo, le disparan y dejan solo al ex ministro del Interior. ¿Usted también lo hará?
No es un problema de dejarlo solo. Lo que tiene que sincerarse son los hechos producidos y, por lo tanto, cada cual, como corresponde en la vida adulta, tiene que asumir sus responsabilidades por los actos que hizo. Eso es lo justo. No es posible ni justo endosar responsabilidades a otros respecto de hechos en los que esos otros no han participado o no han tenido decisión. 

-Su partido, el PPD, hasta hace 24 horas defendía con vehemencia a Rodrigo Peñailillo: hoy no lo defiende casi nadie. Cambiaron en 24 horas su discurso. ¿Mantiene la convicción de pertenecer a un partido que se comporta así con sus dirigentes destacados? Con usted podrían hacer lo mismo…
No, no lo creo, porque no tienen ningún fundamento para hacer lo mismo. Pero sí le digo que la valoración del PPD de Rodrigo Peñailillo siempre ha sido política. Obviamente que a partir de ciertos hechos, no es que el PPD le haya quitado el piso, sino que un principio básico entre gente adulta es que las responsabilidades personales tienen que ser asumidas y no se pueden endosar a un colectivo. Eso no establece ninguna presunción de nada, sino un principio: todos como ciudadanos respondemos a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público y la justicia.

-Se ha dicho mucho en estos días que la estrategia del ex senador Jovino Novoa (UDI), quien será formalizado en la investigación por el financiamiento ilegal de la política, es poner al Ejecutivo y a la Presidenta Bachelet en el punto extremo de su responsabilidad penal a partir de los dineros que empresas como Soquimich y el Grupo Angelini le pasaron a sectores del oficialismo, a través de la empresa de Giorgio Martelli. Un punto que agudizaría la crisis.
He escuchado esa hipótesis en los últimos días y no me extraña, porque creo que Jovino Novoa se mantiene fiel a su escuela. Él lo dijo muy explícitamente en una entrevista en El Mercurio hace algunas semanas. Lo que veo desde esas declaraciones es que su mayor interés es ampliar la crisis, involucrar a la mayor cantidad de actores posibles en el financiamiento ilegal de la política, porque a partir de que esa crisis sea muy extendida se podrá instalar el Fuenteovejuna…

-Una crisis extendida no es solo sinónimo de impunidad para todos sino también la generación de un vacío de poder.
Hay alguna gente que está empeñada en que la crisis se profundice porque ven allí la posibilidad de la impunidad.

-Los que quieren impunidad también están en su sector, ministro.
Y por eso, no habrá ningún acto del gobierno que contribuya a lo que sea siquiera un asomo de impunidad. Eso ha quedado medianamente claro.

-¿Ya nadie en el gobierno se va a jugar por que los problemas de las boletas o facturas que facilitaron el financiamiento ilegal de la política se resuelvan por la “vía administrativa”, es decir, no son delitos tributarios?
Es una ilusión pensar que esta crisis de confianza va a ser sorteada por esa vía. Lo que enfrentamos es el desafío de cuidar nuestra democracia e instituciones republicanas y la solución de la crisis está en profundizar esos valores y no en coartarlos. Esta crisis no se soluciona con un retorno al peso de la noche, sino con más transparencia.

-¿Mantuvo en su equipo al abogado Juan Marco Moreno, uno de los encargados de la agenda legislativa de este ministerio, ex presidente del Tribunal Supremo del PPD, quien es investigado por boletas sin respaldo en la contabilidad de Soquimich?
Le comunicamos ya su salida del equipo. No establecemos una condena previa, pero nos pareció que lo más razonable en virtud de esa investigación era que saliera.

-¿Y qué asesorías comunicacionales va a contratar?
No necesito contratar a empresas para esa tarea. Y si está pensando que voy a contratar a Imaginacción, le digo que no lo haré y que con Enrique Correa mantendré un dialogo político cuando corresponda. Solo he pensado en contratar en esa materia a José Grossi, quien me merece la mayor confianza por su capacidad y valores compartidos. He optado por mantener el equipo interno al que se agrega un solo asesor externo, por ahora.

-Para sacar adelante la agenda de probidad, ¿no va a nombrar a un encargado especial de su tramitación?
Conversé con parte de la Comisión Engel y quedamos en ir desarrollando un trabajo de colaboración que en su inicio sea parte de la fase prelegislativa de algunos de los proyectos, y una evaluación de la marcha de la reforma. No he tomado la decisión de institucionalizar un espacio como el que usted menciona, pero sí que con aquellos organismos de la sociedad civil que hoy cumplen ese papel podamos tener una relación permanente para ir evaluando la marcha de esta agenda.

El ex Presidente Sebastián Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional. Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo ex Mandatario. De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro.

La pregunta quedó en el aire en el mundo político desde el reportaje publicado por CIPER el 20 de mayo pasado, que confirmó la millonaria donación que Sebastián Piñera le hizo a RN a través de Axxion durante el segundo semestre de 2010: ¿Qué hizo Renovación Nacional con todo ese dinero? En voz baja, algunos dirigentes comentaban que resultaba sorprendente ver tal nivel de generosidad en el ex Presidente, quien tras vender su participación en Lan a través de Axxion al holding Bethia, le transfirió al conglomerado que encabeza Carlos Heller el compromiso de materializar el aporte de los $2.075 millones a Renovación Nacional. La donación se hizo utilizando los mecanismos establecidos por la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

Mario Desbordes

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseguró que la mayor parte de la donación se utilizó para saldar préstamos facilitados por el mismo ex Presidente Piñera. Osvaldo Carvajal, quien ha sido administrador electoral del partido y que en la práctica ha operado muchos años como su tesorero, señaló a CIPER que la entidad que hizo los préstamos a RN fue la Fundación Futuro, confirmando un dato que habían entregado off the record un ex dirigente del partido y un empresario ligado a RN. Carvajal dijo no recordar los montos y no pudo entregar más detalles, pues se encontraba fuera de Chile, donde no tenía acceso a los documentos. No obstante, la directora ejecutiva de la fundación, Magdalena Piñera, negó tajantemente que esa institución haya hechos préstamos a Renovación Nacional.

La Fundación Futuro fue creada en 1992 por Sebastián Piñera y tiene como objetivo exclusivo “la investigación, desarrollo, difusión y promoción de la cultura y el arte”. Sus memorias y balances permanecieron en reserva hasta que en 2010 la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que eran públicos, luego de que CIPER usara la Ley de Transparencia para solicitar esos documentos (de 1994 a 2008) y la Fundación Futuro se negara a entregarlos. Hasta entonces, ni siquiera habían cumplido con la obligación de dejar una copia en el Ministerio de Justicia (ver reportaje). Uno de los representantes legales de la fundación en el litigio con CIPER fue Santiago Valdés, quien también se desempeñó como administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en 2009.

Consultado sobre si era la Fundación Futuro la entidad que otorgó los préstamos, Mario Desbordes aseguró que los libros contables de Renovación Nacional sólo registran a Sebastián Piñera como acreedor de las millonarias deudas. Sin embargo, se excusó de exhibir los documentos.

LOS BALANCES DE RN

Según la versión oficial entregada por RN a CIPER (ver respuesta completa), dos son los préstamos realizados por Piñera a su partido. El primer aporte se refleja en el balance de 2007, que registra un pasivo de largo plazo por $582 millones (ver balance 2007). “Correspondía a recursos que había facilitado Sebastián Piñera y que el partido destinó a su reposicionamiento público, actualizar su plataforma política e iniciar la selección de candidatos en las distintas elecciones. Esos recursos se reconocen como adeudados por RN y sus candidatos”, se explica en el documento.

La respuesta de RN indica que en 2009, el mismo año de la campaña parlamentaria y presidencial que llevó a Sebastián Piñera a La Moneda, el ex Presidente realizó un nuevo préstamo al partido por $988.684.463. Ese crédito aparece en el balance de los pasivos de la colectividad bajo el ítem de “acreedores” (ver balance 2009). Según RN, el objetivo esta vez era “apoyar el posicionamiento político del partido ante la opinión pública y colaborar para el éxito de nuestro proyecto en las elecciones”.

El dinero, explica un dirigente, se usó en la precampaña presidencial de 2009 y permitió, entre otras cosas, arrendar nuevas sedes e incluso lanzar una campaña de promoción de la imagen del partido. La idea de Piñera habría sido potenciar su candidatura y, de paso, a Renovación Nacional. “Quería que el partido estuviera fuerte y colaborando”, recuerda la misma fuente. En el balance de ese año, se consignan $777.992.989 como “gastos de reposicionamiento”.  En total, los dos créditos de Piñera a RN suman casi $ 1.800 millones.

Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $ 2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.

El monto donado a través de Axxion representa el 72% de los ingresos que Renovación Nacional  tuvo ese año. El balance del partido en 2010 registra ingresos totales por $2.863 millones, de los cuales $562 millones corresponden a ingresos electorales de la segunda vuelta presidencial (ver balance 2010). El aporte al partido equivale también a cerca del 75% de las donaciones que todos los partidos chilenos recibieron del Servel entre 2005 y 2013 fuera de periodo electoral, constituyéndose en el mayor aporte registrado desde que entró en vigencia la ley que regula el financiamiento político.

“Con dichos recursos, Renovación Nacional financió gastos propios de su funcionamiento, deudas contraídas en las campañas y, entre otras cosas, deudas que mantenía con Sebastián Piñera desde el año 2007”, señala la respuesta oficial del partido. El préstamo de Piñera no cobraba intereses y tampoco se habrían aplicado reajustes, por lo que el remanente para el partido tras saldar la deuda sumaría unos $505 millones.

Las donaciones políticas pueden acogerse al beneficio tributario de contabilizar el dinero donado como si fuera un gasto necesario para generar renta, rebajando así la base imponible del contribuyente y por lo tanto disminuyendo el impuesto a la renta que debe pagar. No fue posible determinar si en el extraño esquema diseñado para pagar la deuda, Piñera o Bethia accedieron a este o a otro beneficio tributario.

Además de la transferencia a Renovación Nacional, Piñera dejó amarradas otras donaciones que Bethia debía realizar a través de Axxión. Según publicó La Tercera, éstas se desglosan en $500 millones para el programa de alto rendimiento del Comité Olímpico de Chile, $535 millones al Club Deportivo La Araucana para la organización de eventos deportivos para jóvenes en riesgo social  y $1.000 millones para becas educacionales.

Al momento de escribir este artículo tanto Carlos Larraín, quien era presidente de RN cuando se gestionaron los créditos, como Cristián Monckeberg, actual timonel del partido, estaban fuera del país. Tampoco fue posible contactar a Sebastián Piñera.

El teólogo Gustavo Gutiérrez regresó por cuatro días a El Salvador para la beatificación de Óscar Arnulfo Romero. Fiel a sí mismo, se mantuvo alejado todo lo que pudo de flashes, de solideos y de templetes engalanados, hospedado en pleno centro de San Salvador, en una humilde habitación del edificio anexo a la iglesia de El Rosario, administrada por los dominicos, orden de la que él forma parte.

Gutiérrez nació el 8 de junio de 1928, va para los 87 años, pero no se quiso perder la oportunidad histórica de estar en San Salvador el día que la alta jerarquía de la Iglesia Católica enmendó un silencio cómplice que duró décadas, y elevó a la categoría de beato al más insigne de sus mártires del siglo XX. “Su martirio va a alumbrar muchas cosas que han pasado en América Latina”, dice.

Fundador y principal vocero de la Teología de la Liberación, una propuesta que todavía levanta ampollas en determinados círculos eclesiásticos y políticos, Gutiérrez sorprende en esta entrevista con un discurso en las antípodas de la confrontación, con un llamado explícito a mirar al futuro sin recrearse en las heridas del pasado: “Lo más conveniente es mirar hacia delante. Romero ya es beato. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?”.

¿Creyó que sus ojos llegarían a ver a Romero beatificado?
Bueno… ha habido muchos momentos de escepticismo, por ver que tanta gente se oponía al proceso, pero también hubo momentos de esperanza.

¿Cuándo lo empezó a ver claro?
Con Francisco. Desde que asumió se sintió una frescura evangélica, y se supo que la beatificación iba. Francisco es alguien que va a las fuentes y, a partir de ahí, anuncia, predica, y naturalmente hay que reconocer que, siendo una persona del mismo continente, tenía más conocimiento de Romero que el que podía tener cualquier otro papa.

¿Usted estuvo el 23 de mayo en el templete?
No, no, no… yo no tengo contactos de ese tipo, aunque creo que tampoco habría ido al templete si me hubieran invitado.

En marzo de 2008 Leonardo Boff dijo que Benedicto XVI beatificaría a Romero, pero que lo haría por conveniencia.
Lo que hay que entender es que la beatificación era muy conveniente, claro que lo es, pero conveniente en el sentido de saludable. Es saludable para la Iglesia que reconozca la condición de mártir de Romero.

¿No era saludable hace 20 o 10 años?
Pero no viene al caso entrar en eso. Lo que sí veo es que este reconocimiento del martirio va a alumbrar muchas cosas de las que han pasado en América Latina, porque los martirios han sido más.

¿No teme lo contrario: que la figura de Romero se edulcore?

Hacer pronósticos es muy difícil. Trato de no razonar así. ¿Qué puede pasar en el futuro? Yo espero que cuando se use el testimonio de Romero, no se deje a un lado su lucha por la justicia, contra los opresores, contra la desigualdad. Yo en esas claves voy a usar su testimonio. ¿Cómo estaremos en 10 años? ¿Qué uso se habrá hecho de la figura de Romero? Pues en 10 años se verá.

¿Siente que de alguna manera con la beatificación se ha reivindicado la “opción preferencial por los pobres”?
Sí, pero no me termina de gustar la palabra reivindicación. Yo creo que hemos entrado en una etapa para que se comprenda mejor qué es la opción preferencial por los pobres, y para que nosotros también revisemos todos los errores que se puedan haber cometido, con la idea de mirar siempre hacia delante. El testimonio de Romero ya nos marcó en el pasado en todo el continente, Romero ya ha ayudado a mucha gente a comprender cosas, y eso es lo que yo espero que se impulse con la beatificación.

¿Puede compartirnos su visión de lo que Romero supuso en vida para el continente?
Romero es un mártir, entregó su vida por anunciar el evangelio. Romero tenía miedo de que lo mataran, sabía que eso podía suceder, pero tenía claro que no podía dejar a su pueblo. Ese es el testimonio fundamental. Además, un santo –porque el martirio es una manera de acceder a la santidad– es un modelo que la Iglesia identifica para mostrar al pueblo cristiano cómo es una persona que siguió a Jesús. Por eso es tan importante para la Iglesia en América Latina este testimonio, y los que se vienen, como Enrique Angelelli, como Gerardi…

El padre Rutilio Grande.
Sí, pero mencionaba a los obispos, por el impacto de asesinar a un obispo. Rutilios hay un montón en América Latina. Y no lo estoy banalizando. Lo que quiero decir es que mucha gente ha dado su vida, de una u otra forma, y el escándalo mayor es que todo eso ocurrió en un continente cristiano, y mayormente católico.

¿A quién atribuiría usted el mérito principal de la beatificación?
En primer lugar, al personaje mismo. Romero tenía distintas opciones para anunciar el evangelio y eligió una que lo llevó a pagar con su vida. Pero las personas viven en comunidad, y por supuesto que el valor del pueblo salvadoreño y el amor de Romero hacia ese pueblo contribuyeron en las decisiones que tomó en su vida, y por lo tanto en su beatificación. Luego, como cristiano, yo también creo que hay una intervención del Espíritu Santo. Es un conjunto de cosas, pero el punto de partida es él.

¿Por qué cree usted que la beatificación de Romero tardó 35 años, y la de Escrivá de Balaguer, 17?
No me interesan ese tipo de comparaciones, pero sin duda que en el caso de Romero influyó que hubiera tanta gente hablando en su contra, tantos obispos y laicos salvadoreños que pidieron que no fuera beatificado; personas que pesaban, pues. Aclarar todo ese rechazo llevó tiempo.

El homicidio de Romero sigue en la más absoluta impunidad. ¿Cómo construir cuando aún se niega la verdad?
Y no hay paz sin justicia, ni amor sin justicia. El día del entierro recuerdo que una religiosa de un colegio privado lloraba porque a muchas de las estudiantes, influenciadas por sus padres, no les importó la muerte del arzobispo, que incluso se alegraban de su muerte. Eso ocurrió. Y a los culpables espero que los juzguen, pero eso no nos debe impedir ver que desde una perspectiva cristiana todos los seres humanos podemos cambiar.

Lea la entrevista completa aquí.

Cuando el balón “Cachaña” se ponga en movimiento este jueves 11 a las 20:30, se iniciará un espectáculo que al cabo de 23 días de competencia habrá sumado unos 4.000 millones de espectadores de 200 países. Para que la imagen de Alexis Sánchez, Lionel Messi o Neymar, llegue hasta los más remotos rincones del planeta, la señal será producida desde el Estadio Nacional por la empresa ChileFilms, la que fue subcontratada por el argentino Alejandro Burzaco, quien se mantuvo prófugo de la justicia estadounidense hasta este miércoles 10 (ese día se entregó a las autoridades en Italia). Burzaco es dueño de Torneos, una de las tres compañías que integra la sociedad Datisa, propietaria de los derechos comerciales de la Copa América. Y es también uno de los cuatro empresarios acusados de haber pactado el pago de US$100 millones (de los cuales ya se habrían cancelado US$40 millones) en sobornos a dirigentes del fútbol latinoamericano.

Durante casi 15 días, desde que el 27 de mayo pasado se hizo pública la investigación sobre los ilícitos cometidos por dirigentes de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la fotografía de Burzaco (51 años) figuró en los boletines de Interpol como prófugo de la justicia y buscado por el FBI. Junto a Burzaco aparecían Hugo Jinkis (70) y su hijo Mariano (40), propietarios de la agencia argentina de derechos deportivos Full Play. El cuarto implicado es el brasileño José Hawilla (71), dueño de Traffic, la empresa que históricamente ha hecho negocios con los derechos de los principales torneos del fútbol sudamericano, quien ya confesó su participación en los sobornos y se declaró culpable.

Todos ellos han dejado sus huellas en Chile. Lo hicieron a través de múltiples negocios que amarraron con canales de la televisión local, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la productora ChileFilms, el Canal del Fútbol y agencias que comercializan derechos de espectáculos deportivos, como MegaSports (propiedad del presidente de Azul Azul y controlador del Grupo Bethia, Carlos Heller).

CIPER rastreó los últimos negocios que involucran a Burzaco, Hawilla y los Jinkis, con empresas chilenas. Entre estos figuran los contratos relacionados con los derechos de la Copa América. Precisamente son los derechos de este torneo los que, según la investigación de la fiscal norteamericana Loretta Lynch, fueron entregados contra el pago de coimas. En ese paquete de derechos vendidos, figura el dinero pagado por Canal 13 a Full Play (US$12 millones) por los derechos televisivos de esta Copa América 2015. Una suma que acrecentó las ganancias generadas por el fraude de los sobornos orquestado por Jinkis, Burzaco y Hawilla.

Otro negocio manejado por estos empresarios y derivado de la Copa América que tiene como contraparte a una empresa chilena, es el de la producción televisiva de los partidos. En este caso, Torneos, la empresa de propiedad de Alejandro Burzaco, contrató los servicios de ChileFilms. Esta última es propiedad de Cristián Varela, quien además es miembro de la Comisión de Finanzas de la Conmebol, director de la ANFP y, ahora último, debido a la crisis por la caída de los dirigentes internacionales investigados, se integró como miembro del Comité Disciplinario de la FIFA (vea reportaje CIPER “Cristián Varela, dueño de ChileFilms: el primer ganador de la Copa América”).

Otras compañías chilenas han cerrado tratos con las empresas de Burzaco, Hawilla y Jinkis, por derechos distintos a los de Copa América. Es el caso de MegaSports y el CDF, además de la ANFP, que han cultivado por años una relación de negocios con Full Play, la compañía de los prófugos Jinkis, para la transmisión de los partidos del campeonato chileno o de la selección nacional en las clasificatorias mundialistas.

NEGOCIANDO EN BUENOS AIRES

Los derechos televisivos y comerciales de la Copa América y de gran parte de los torneos internacionales de fútbol, son manejados por grandes empresas que comercializan el evento y negocian directamente con canales de televisión y auspiciadores que desean sacar una tajada de las ganancias que deja el espectáculo. Los derechos de la Copa América fueron vendidos por la Conmebol a WeMatch, el nombre de fantasía de la sociedad Datisa, en un paquete que incluye los torneos desde 2015 a 2023. Datisa desembolsó $317,5 millones. Sólo por la Copa América de Chile 2015 pagó US$75 millones (vea en recuadro la historia de Datisa).

En 2011, justo después de la Copa América que se jugó en Argentina, la Conmebol envió un mensaje a todos los medios de comunicación interesados en transmitir el siguiente torneo: la empresa que gestionaría los derechos había cambiado. Si durante décadas fue el imperio de José Hawilla, a través de su empresa Traffic, el encargado de manejar los derechos comerciales y televisivos del torneo, ahora lo haría Full Play, perteneciente a Hugo Jinkis.

Semanas después comenzó la peregrinación de ejecutivos de canales de TV de todo el mundo al barrio de Núñez, en Buenos Aires. Allí, cerca del Estadio Monumental de River Plate, están las oficinas de Full Play. Entre los que se dieron cita en esas oficinas se contaron ejecutivos de TVN, Mega y Canal 13. Serían estos últimos los que, al final, ganarían la partida.

El canal que pertenece a Andrónico Luksic corría con ventaja. Tenía la primera opción de compra por haber adquirido los derechos de la Copa América Argentina 2011 y que sublicenció a TVN. La idea de los primeros ejecutivos del Canal 13 que desembarcaron en Núñez era la misma: comprar los derechos a un precio razonable y luego compartirlos con TVN. Sin embargo, el precio propuesto por Full Play fue cuatro veces más de lo que el mismo canal había pagado a Traffic por el contrato anterior. Para televisar los partidos de Argentina 2011 había cancelado US$2,5 millones. Ahora les cobraban US$12 millones.

Un ejecutivo del canal que siguió de cerca las negociaciones dijo a CIPER: “Ahora, en perspectiva, nos damos cuenta por qué esta Copa América fue tan cara. Tenían que pagar millones de dólares en coimas”.

A LA MESA CON LOS JINKIS

Hugo y Mariano Jinkis fueron inflexibles en su negociación con Canal 13. Si bien las conversaciones iniciales las llevaron ejecutivos de la emisora de rango medio, frente a la dureza de los dueños de Full Play las últimas tratativas las hizo una pequeña comitiva encabezada por el director ejecutivo del canal en esa época: Alejandro Carboni. CIPER intentó conversar con Carboni, quien ahora trabaja en Inversiones Romy, perteneciente al grupo Bethia, pero no hubo respuesta.

Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis.

Con Carboni y los Jinkis instalados en la mesa, las tazas de café se hicieron pocas para llegar a un acuerdo, según recuerda un ejecutivo que conoció las tratativas. Carboni esperaba negociar el altísimo precio, pero los Jinkis no flaquearon. Y cuando en marzo de 2012 se supo que la Copa América ya no se jugaría en Brasil, como estaba previsto, sino en Chile, Canal 13 se vio forzado a apurar el trato y aceptar gran parte de las condiciones que pedía la empresa argentina. Las firmas se estamparon en abril del mismo año, con la posibilidad de sublicenciar a otra emisora, que finalmente fue TVN.

Este no fue el primer contrato de Canal 13 con los Jinkis. Desde junio de 2011 hasta antes del Mundial de Brasil, la estación pagó a Full Play por los derechos de transmisión de los partidos amistosos y clasificatorios de Chile como local para el cable (las transmisiones por TV abierta las tenía Chilevisión). El trato, además, le permitió a la estación de Luksic transmitir el resto de los duelos eliminatorios sudamericanos por TV abierta. Según un artículo publicado en La Tercera, Canal 13 pagó una cifra que “supera los 3,5 millones de dólares” por estos derechos.

Para la Copa América 2011 el Canal 13 se había entendido con otro de los empresarios ahora acusados por la fiscalía de Estados Unidos: José Hawilla. Integrante del círculo íntimo de Ricardo Texeira -ex presidente del fútbol brasileño y yerno del ex mandamás de la FIFA Joao Havelange-, Hawilla capturó los derechos de la Copa América a través de su empresa Traffic durante 24 años: desde 1987 hasta 2011.

TRATOS CON EL CDF Y LA ANFP

El Canal del Fútbol (CDF) es otra de las empresas chilenas que ha hecho negocios con uno de los empresarios acusados de pagar sobornos. Su relación ha sido con los Jinkis. El CDF, propiedad de la ANFP y de Jorge Claro, firmó un contrato con los dueños de Full Play para que los argentinos manejen los derechos del torneo de fútbol chileno fuera de nuestro país. Así, desde 2014 y hasta 2017, Full Play se hizo dueño de la licencia internacional de transmisión o retransmisión del campeonato nacional y puede vender los partidos locales, sus resúmenes o solo los goles, en el extranjero.

Martín Awad, director ejecutivo del CDF, prefirió mantener bajo reserva los montos que involucra el negocio con los Jinkis, pues dijo a CIPER que el acuerdo se regía por una cláusula de confidencialidad. Sobre el tema se limitó a señalar: “Se trata de un contrato menor si se mira el resto de la industria” y que “sirve para expandir el fútbol chileno internacionalmente”. (Vea el reportaje de CIPER “CDF: Cómo se reparte el “botín” más preciado del fútbol”).

La ANFP también ha mantenido negocios con Full Play. La asociación informó a CIPER que esa relación comercial se inició en marzo de 2010, bajo la administración de Harold Mayne-Nicholls, y se mantuvo vigente hasta el 31 de julio del año pasado. El documento suscrito por la empresa de los Jinkis y la ANFP se titula: “Contrato de venta de los derechos de transmisión televisiva internacional de países del mundo, Sudamérica, salvo Brasil, de los partidos clasificatorios de la selección nacional”.

La ANFP recibió US$ 1,7 millones de parte de Full Play por este contrato, que entregó a los Jinkis los derechos para comercializar fuera de Sudamérica los partidos de la selección chilena.

LA AGENCIA DE HELLER

El canal Mega, perteneciente al Grupo Bethia, posee los derechos de transmisión de los partidos de local de la selección chilena para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Esos derechos fueron cedidos a la emisora por la agencia MegaSports, también controlada por el grupo de Heller. MegaSports los compró a la ANFP en 2012 por el precio más alto que se ha pagado hasta ahora para obtener la exclusividad en las transmisiones de la Roja: US$106 millones. La agencia de Heller vendió los derechos para la transmisión por TV cable de los partidos de la selección a Fox Sports.

El manejo de los derechos de transmisión de los partidos clasificatorios de la selección chilena le permitió a MegaSports abrir una relación de negocios con Full Play. Según explicaron a CIPER desde el Grupo Bethia, el acuerdo estableció que MegaSports le cedió a Full Play los derechos para trasmitir en el extranjero los partidos de local de Chile en las próximas eliminatorias mundialistas.  Y la empresa de los Jinkis, en contrapartida, le cede a MegaSports los derechos de los partidos de otras selecciones de Sudamérica en las mismas eliminatorias, incluyendo los que juegue Chile como visita:

“El convenio con Full Play comercializa la transmisión para el territorio de Chile de 72 partidos de clasificatorias distintos a los de la Selección Chilena de Fútbol, compartiendo con este (Full Play) los ingresos que se generen”, explica un comunicado enviado por Grupo Bethia a CIPER. No se informaron los montos involucrados en este negocio.

Pablo Silva, gerente general de MegaSports, explicó en una entrevista a La Segunda que su empresa no solo maneja los derechos de la selección chilena para transmisiones televisivas, sino que también adquirió a la ANFP los derechos comerciales del equipo nacional. Esto último le permite administrar los contratos con los auspiciadores oficiales y publicidad estática, incluso la comercialización de objetos de merchandising.

Además del trato que suscribió la ANFP con MegaSports para el manejo de los auspiciadores oficiales, la asociación que dirige Sergio Jadue creó una nueva categoría de derechos comerciales: los proveedores oficiales. La empresa que se adjudicó los derechos sobre estos proveedores es Santa Mónica Sports, en la que participa el acusado empresario argentino Alejandro Burzaco. Además, entre sus socios se cuenta el presidente de la federación de fútbol de España, Ángel María Villar, y también estuvo, hasta el día de su fallecimiento en septiembre del año pasado, el ex presidente del fútbol argentino, Julio Grondona.

En el video promocional de Santa Mónica Sports Chile aparecen imágenes de la selección nacional. Los “proveedores oficiales” de la Roja que han comprado a Santa Mónica Sports los derechos para entrar en esa categoría son Ariel (detergente), La Araucana, Head & Shoulders y Pullman Bus.  Los valores que pagó Santa Mónica a la ANFP por hacerse de estos derechos, no fueron informados por la asociación de fútbol.

Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnick y la esposa de este último, Matilde Pessa Mois: los tres estaban en la lista de 25 personas por las que el juez Juan Guzmán le preguntó al general (r) Augusto Pinochet el sábado 25 de septiembre de 2004. Hacía sólo dos meses que la Corte de Apelaciones de Santiago había desaforado al ex dictador por su responsabilidad en la Operación Cóndor, un plan internacional de cooperación y acción conjunta que implementaron en las décadas del ‘70 y ‘80 los regímenes dictatoriales del Cono Sur para identificar, vigilar, capturar, secuestrar, torturar, eliminar y hacer desaparecer a opositores políticos, los llamados “subversivos”. Era en el contexto de esa investigación judicial que Guzmán interrogaba a Pinochet. El acta de esa declaración que duró apenas 25 minutos y que tres días después publicó El Mercurio, da cuenta de que Pinochet aseguraba no recordar nada de ese plan, que era una cosa de inteligencia, y por lo tanto, de mandos medios, y que “ni Cóndor ni nada de eso era problema mío”.

Sobre los muertos y desaparecidos que dejó ese plan de exterminio, afirmó:

-Yo era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas.

Manuel Contreras y Augusto Pinochet

Guzmán le volvió a preguntar: “¿Dio órdenes relacionadas con la detención, interrogación, tortura, traslado o desaparición forzada de las siguientes personas?”, y leyó uno a uno los 25 nombres de una lista de víctimas chilenas de la Operación Cóndor. Allí estaban Ricardo Ramírez y el matrimonio Stoulman-Pessa. El primero era comunista y estaba encargado de la organización y las finanzas del partido en la clandestinidad. Los otros dos no tenían militancia política, pero supuestamente habrían sido parte de un plan para ingresar al país fondos para la disidencia a la dictadura. Los tres fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en distintas fechas de mayo de 1977. Ramírez cayó primero, secuestrado el día 16 junto a otros dos chilenos y cinco argentinos. Trece días después, el 29, Jacobo Stoulman y Matilde Pessa llegaron a esa ciudad y apenas bajaron del avión fueron detenidos. Simplemente se esfumaron: a los tres los hicieron desaparecer. Sobre ellos, Pinochet dijo:

-Yo estaba arriba. No daba órdenes relacionadas con las personas mencionadas. No conozco a ninguna de esas personas por las cuales se me pregunta.

Pasó el tiempo. Pinochet murió en diciembre de 2006, en su casa y sin condena. De los desaparecidos, hubo versiones sobre su destino, pero no noticias. Aunque eso cambió hace sólo unas semanas.

El 18 de mayo de 2015, a 38 años de que Ramírez desapareciera en Argentina, Valentina, su hija, recibió un llamado desde la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza. Su padre había sido identificado. O al menos, lo que quedó de él. Se trataba de pequeños fragmentos de huesos que fueron encontrados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Talagante. En la misma fosa había también parte de los restos de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Sus hijas igualmente recibieron la llamada de Carroza.

-No nos dijeron nada por teléfono, pero nos citaron a la oficina del ministro. Estábamos con mis dos hermanas cuando nos dio la noticia: “Van a poder enterrar a sus papás”, nos dijo el juez Carroza. Nos miramos y no sabíamos qué decir. Nos quedamos mudas –cuenta Alejandra Stoulman, quien tenía 15 años cuando sus padres desaparecieron.

La identificación de Ramírez y los Stoulman-Pessa es clave para comprobar la verosimilitud del macabro relato que en 2007 hicieron a la justicia tres agentes de la DINA que operaron en el cuartel Simón Bolívar, en La Reina. Antes de que estos últimos hablaran, al menos respecto a Ramírez y las otras dos personas que fueron secuestradas con él el lunes 16 de mayo de 1977, la versión que entregaba el jefe del órgano represivo de la dictadura, el general (r) Manuel Contreras, era que habían sido arrestados por la inteligencia argentina y que los habían hecho desaparecer arrojando sus cuerpos al Río de La Plata (ver reportaje en La Nación).

Los agentes desmintieron a su antiguo mandamás y, revelaron una historia completamente distinta, pero que igual terminaba en muerte: una vez secuestrados en Buenos Aires, Ramírez y sus dos compañeros fueron traídos a Chile de forma encubierta para luego ir a parar al centro de torturas que operaba la Brigada Lautaro, uno de los grupos más sanguinarios de la DINA. Que allí los torturaron y los eliminaron con gas sarín. Que los enterraron en una fosa en Peldehue y que dos años después, en 1978, exhumaron sus cuerpos con una retroexcavadora y los llevaron a la Cuesta Barriga, en medio de la llamada Operación Retiro de Televisores.

De los Stoulman-Pessa era poco lo que se sabía: sólo que habían desaparecido en Buenos Aires. Pero la reciente y sorpresiva identificación de sus restos arma un relato diferente: el de una ruta que los trajo de vuelta a Chile y que terminó con un entierro ilegal en el mismo punto que Ramírez y sus compañeros. A la vez que se empieza a cerrar un capítulo para las familias, se abre uno completamente nuevo para la investigación que lleva el ministro Carroza; uno que confirma que hubo traslado e intercambio de detenidos entre los órganos represivos de las dictaduras que integraron la Operación Cóndor, para luego hacerlos desaparecer.

EL SECUESTRO DE LOS FINANCISTAS

La historia de los últimos días de Ricardo Ramírez Herrera y el matrimonio de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, parte en el aeropuerto de Ezeiza, con Alexei Vladimir Jaccard Siegler y su fallido viaje a Chile. Él era estudiante, tenía 20 años y desde el ’73 estaba exiliado en Suiza. Aunque era chileno, también tenía la nacionalidad de ese país. Allí se había casado hacía un año, en 1976, con Paulina Veloso Valenzuela, quien mucho después, ya en democracia y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se convertiría en ministra secretaria general de la Presidencia y luego en integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Jaccard militaba en el Partido Comunista (PC) y tenía por esos días una importante y peligrosa misión: volar de Suiza a Santiago con US$ 20.000 en efectivo en un maletín que debía entregar a los dirigentes del partido. Como no había vuelos directos, debía sí o sí pasar por Buenos Aires y allí coordinar el resto del viaje. Aterrizó el domingo 15 de mayo de 1977. Fue con su llegada que el operativo conjunto de la DINA con la Policía Federal Argentina se activó.

19 personas caerían durante esos días en las garras de la Operación Cóndor a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. Siete chilenos, doce argentinos. Sólo hubo tres sobrevivientes.

Alexei Jaccard Siegler (Fuente: www.memoriaviva.com)

Los agentes no se dejaron caer de inmediato, sino que dejaron actuar a Jaccard. Sus contactos en Argentina eran otros dos chilenos: Ricardo Ramírez, que había llegado hacía poco desde Hungría para hacerse cargo de la organización y las finanzas del PC en Buenos Aires, y el también comunista Héctor Velásquez Mardones. Contaban también con el apoyo de un grupo de argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina. Todos sus pasos eran monitoreados.

Un día después, el lunes 16 de mayo, todo el plan para financiar al PC se vino abajo. Los tres chilenos fueron emboscados por la Policía Federal en plena Avenida 9 de julio, afuera del céntrico Hotel Bristol de Buenos Aires. Esa misma jornada, fueron secuestrados cinco de sus colaboradores argentinos. Los ocho desaparecieron. El dinero también.

Como Jaccard además era suizo, la embajada de ese país en Argentina solicitó la apertura de una investigación para dar con el paradero de su ciudadano desaparecido. Vino entonces otra etapa del operativo Cóndor: el montaje. Un reportaje publicado en Infojus señala que la policía argentina informó a la justicia que el viaje de Jaccard a Chile sí se concretó y que el 26 de mayo de 1977, doce días después de su secuestro, cruzó la cordillera en el vuelo N°630 de la empresa Varig, con pasaporte argentino. Por su parte, la Policía Internacional de Chile entregó reportes sobre supuestos viajes que Ricardo Ramírez habría realizado entre 1977 y 1983. Pero todo era mentira. Un engañó que ya la DINA y la dictadura de Pinochet ya habían hecho anteriormente con las víctimas de la llamada Operación Colombo, al hacer aparecer a 119 chilenos ejecutados y hechos desaparecer en Chile, como “asesinados por sus propios compañeros en el exterior”.

Los antecedentes que recopiló la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para elaborar en 1992 el Informe Rettig, permitieron armar una primera hoja de ruta de lo que realmente pasó con Jaccard, Ramírez, Velásquez y sus socios argentinos. Tras su detención en las afueras del hotel, habrían sido llevados a un recinto de la Policía Federal y luego a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que por entonces, era uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes y activos de Argentina y de toda Sudamérica. Al menos 5.000 personas fueron llevadas hasta ese recinto bonaerense para luego hacerlas desaparecer.

Dice el informe: “A la luz de estos y otros antecedentes se logró establecer que posteriormente a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno helvético que insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito”.

Ricardo Ramírez Herrera (Fuente: Museo de la memoria)

Los represores aún no anulaban a toda la red de financiamiento del PC. Ruiter Correa Arce era un comunista de 61 años que tenía esposa, tres hijos y un kiosco de diarios en Santiago que servía de buzón para el intercambio entre la dirigencia externa e interna del partido. Así también consta en el Informe Rettig. Él habría participado en la coordinación del plan para ingresar el dinero al país. El 27 de mayo del‘77, a doce días del secuestro de Jaccard, Ramírez y Velásquez en Argentina, Ruiter Correa se esfumó mientras iba a almorzar. Su cadáver apareció al día siguiente en el lecho del río Mapocho.

En la lista de la DINA quedaban sólo dos personas por eliminar: Hernán Soto Gálvez, el “enlace financiero” del PC entre Argentina y Chile, y el empresario de origen judío Jacobo Stoulman Bortnick. Soto era un blanco fácil, y así quedó de manifiesto cuando a comienzos de junio de ese año lo secuestraron en San Miguel y lo hicieron desaparecer. De él no se supo más hasta que fue identificado en 2012 entre los restos encontrados en la Cuesta Barriga. Con Stoulman era distinto: a través de su empresa Cambios Andes, se había convertido en un prominente hombre de negocios en Santiago, especialmente en el circuito de inversionistas judíos. Hacerlo desaparecer en Chile era arriesgado. Hacerlo en Argentina, cuando viajara con su esposa, fue la opción.

LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DEL CAMBISTA

La última vez que a Jacobo Stoulman y Matilde Pessa los vieron con vida fue el domingo 29 de mayo de 1977, en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. El avión de la aerolínea Braniff que abordaron en Santiago era aguardado por un grupo de agentes de seguridad chilenos y argentinos. Apenas tocó tierra, la aeronave fue desviada a una pista lateral. Los pasajeros tuvieron que bajar la escalera con su documentación en mano para su revisión. Cuando le toco a la pareja, los llevaron a un costado y luego los subieron a un vehículo que de inmediato se puso en marcha. Él tenía 43 años; ella 42. Dejaban tres hijas adolescentes: Jenny, Sara y Alejandra. Ninguno de los dos tenía militancia política.

El historial empresarial de Stoulman partió a fines de 1963, cuando creó la sociedad Agrícola y Avícola Las Rosas, con Eº20.000, de los cuáles él puso la mitad. Tres años después constituyó junto a dos socios una segunda empresa dedicada al sector agro-avícola y en 1970 se aventuró con una distribuidora de libros. Sus inversiones cada vez eran mayores y diversificadas, y las realizaba al mismo tiempo que trabajaba como ejecutivo del Banco Israelita. Al año siguiente emigró con su familia a Israel, pero sólo estuvo un tiempo. Volvió a Chile poco antes del Golpe de Estado y ya en dictadura, a mediados del ‘74, se asoció con el arquitecto Mario Paredes y el coreógrafo Samuel Winer para crear Paredes, Stoulman y Winer Ltda., o “La Escalera”, una empresa dedicada a la venta de ropa y artículos del hogar. Cada socio aportó Eº500.000 al capital inicial. Pero su despegue vino después, cuando en 1975 ingresó al rubro del turismo y, un año después, al mercado de divisas.

Jacobo Stoulman (Fuente: radiosefarad.com)

A fines del ’75 constituyó la Agencia de Viajes Toptour, junto a Mónica Fuenzalida. Meses después, en julio del ’76, el Banco Central lo autorizó a operar una casa de cambio junto a cuatro socios: Alfredo Barra, Enrique Chamorro, Juan Garnham y León Dobry. Un mes después nació Cambios Andes. Serían los movimientos a través de esa empresa los que habrían convertido a Stoulman en un objetivo de caza para la DINA.

Un reportaje publicado en Página/12 señala que la casa de cambios de Stoulman había captado importantes inversionistas en los meses que siguieron a su constitución. Entre ellos, el empresario minero de origen húngaro José Klein, tío del empresario Leonardo Farkas, quien supuestamente habría estado enviando fondos a través de Cambios Andes a la Democracia Cristiana y al ex Mandatario Eduardo Frei Montalva. Según el artículo, esa misma vía era la que tenía ideada el PC para ingresar a Chile los US$ 20.000 que traía Jaccard. Cierto o no, los movimientos de Stoulman eran seguidos de cerca. Su hija Alejandra declararía años después que antes de viajar a Buenos Aires, el empresario ya se había percatado de que lo estaban grabando y siguiendo.

Tras el secuestro de la pareja, su familia recurrió al abogado Ambrosio Rodríguez, a quien se le pagó para viajar a Argentina y averiguar su paradero. Rodríguez era un hombre cercano al régimen. Al poco tiempo se convirtió en asesor jurídico del Ministerio del Interior, y más adelante, en los ’80, fue nombrado Procurador General de la República. Después, cuando Pinochet fue desaforado y debió enfrentar a la justicia precisamente por las violaciones a los derechos humanos de los Stoulman-Pessa y otros miles de desaparecidos, Rodríguez fue parte de su staff de abogados. Hoy es presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

En Santiago, Rodríguez se reunió directamente con el entonces coronel Manuel Contreras, el jefe de la DINA, quien le habría dicho que no sacaría nada cruzando la cordillera. En Argentina se juntó con el jefe de la red de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, también vinculado al grupo que dio muerte al general René Schneider (1970) y condenado por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats (1974). Un documento descubierto en 1986 por la directora de CIPER mientras investigaba el asesinato del general Carlos Prats y las huellas de Arancibia Clavel en el crimen (ver reportaje de CIPER), da cuenta de esa última reunión.

LA CARTA DE ARANCIBIA

El documento es un reporte fechado el 8 de julio de 1977, copia del que Arancibia Clavel envió a sus superiores de la DINA en Chile. Allí dice que Ambrosio Rodríguez se había contactado con altos mandos del Ejército argentino, quienes le habían indicado que el matrimonio Stoulman-Pessa “ya no existía”. También dice que la información oficial entregada por el Primer Cuerpo del Ejército Argentino, la unidad que controlaba la capital trasandina, “es que fueron entregados a funcionarios de la DINA”.

Esa última frase lo cambiaba todo, pero Ambrosio Rodríguez no trajo de vuelta a Chile esa información. No dijo nada a la familia Stoulman de la participación en el crimen del aparato represivo de la dictadura de Pinochet. En la reunión con Arancibia Clavel, el abogado habría dicho que el matrimonio había sido “vendido por Klein chileno vinculado con el caso Graiber” (sic). Esa era la versión que corría: que Stoulman habría estado vinculado a un supuesto plan de financiamiento de la insurrección guerrillera a través de secuestros en Argentina y Uruguay, liderado por el entonces fallecido empresario judío-argentino David Graiver. Rodríguez, al volver al país, siguió con esa tesis y paralizó cualquier intento de la familia de los desaparecidos por averiguar más.

Enrique Arancibia Clavel

Había entonces dos versiones sobre lo que habría pasado con los Stoulman-Pessa. La oficial que provino de Argentina y que entregó el régimen del general Jorge Rafael Videla, que decía que tras llegar a Buenos Aires, ambos fueron detenidos por sospecha, pero que el mismo día fueron liberados, que se hospedaron una noche en el Hotel Winston Palace y que luego dejaron el país para irse en avión a Montevideo, en Uruguay. La otra versión es más simple, sin tanto detalle: que después de aterrizar, fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina.

Más adelante se sabría que ese hotel, el Winston Palace, estaba bajo el control del Batallón 601 del Ejército argentino, la contraparte operativa de la DINA en la Operación Cóndor al otro lado de la cordillera, y que servía como centro de detención provisorio para posteriores traslados, lo que calzaba con la versión entregada a Rodríguez.

Los socios del empresario chileno-judío en la casa de cambio declararon a la justicia que, tras el secuestro, se realizaron giros por hasta US$ 10 mil que habrían sido obtenidos por los captores con documentos firmados por el mismo Stoulman. Uno de ellos señaló que Ambrosio Rodríguez le dijo a la familia que esos fondos eran considerados como un “botín de guerra por los argentinos” (ver fallo de desafuero de Pinochet por Operación Cóndor).

En 1982, cuando Cambios Andes aumentó su capital de $4,9 millones a $6,9 millones, Stoulman figuró representado por su hermana Myriam, que suscribió un 35% del fondo social. Un año después se retiró de la sociedad, vendiendo la parte de su hermano desaparecido en $3,9 millones. En el ’84, en una escritura publicada en el Diario Oficial aparece el nombre de Jacobo Stoulman como si vendiera él directamente su participación en la agencia de viajes. La compró un tercero, que días después le revendió a la hermana de Stoulman, Myriam. Ella se hizo cargo desde entonces de las inversiones de Jacobo. Meses después, en octubre de 1985, a más de ocho años de su desaparición forzada, el 5ª Juzgado Civil de Santiago decretó por fin la muerte presunta de la pareja, solicitada por sus hijas.

Durante los años que siguieron, la información oficial fue que la DINA nada tuvo que ver en la muerte de los Stoulman-Pessa. Por eso en el Informe Rettig quedó escrito bajo sus nombres: “No existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile”. Pero la vieja carta del jefe de la DINA en Buenos Aires que murió en 2011 asesinado a puñaladas por un taxi boy, y la reciente identificación de los restos de la pareja en la Cuesta Barriga son elementos que permiten reescribir esa historia: sí hubo participación.

VUELVEN LOS DESAPARECIDOS

Cuando Alejandra, Sara y Jenny Stoulman llegaron a la oficina del ministro Mario Carroza, además del magistrado estaban también la asistente social Isabel Maturana y el abogado Rodrigo Lledó, ambos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Poco antes las dos primeras habían recibido la llamada citándolas a una reunión. Alejandra contó a CIPER que no sabían de qué se trataba, pero que Jenny, la mayor, la única que no había entregado muestras de ADN para su comparación en el Servicio Médico Legal (SML) y la única que no recibió la llamada, lo entendió casi de inmediato: sus padres habían aparecido.

Matilde Pessa (Fuente: www.memoriaviva.com)

Después de que Carroza les dijera que por fin, después de 38 años, podrían darles sepultura a sus padres, les informó que la identificación de sus restos -entre los que fueron hallados en la Cuesta Barriga en 2001- había sido algo completamente inesperado. Ningún antecedente de la investigación apuntaba a que Jacobo Stoulman y Matilde Pessa hubieran vuelto a Chile tras su secuestro. El dato era que habían desaparecido en Buenos Aires, y nada más. Por eso, Carroza fue claro al señalar la importancia del hallazgo. Alejandra recuerda que les dijo: “Esto ratifica la existencia de la Operación Cóndor”.

La aparición del matrimonio Stoulman-Pessa, además de Ricardo Ramírez, corrobora la existencia de un mecanismo de traslado e intercambio internacional de detenidos entre los organismos represivos de las dictaduras del Cono Sur durante los ’70 y ’80. Se abre así una puerta que antes no existía para determinar qué sucedió realmente con ellos tras su detención y posiblemente con decenas de personas que desaparecieron víctimas de la Operación Cóndor y de las que hasta hoy no se sabe nada. Por eso Alejandra Stoulman asegura que, si bien el reencuentro con los restos de sus padres es el cierre de un capítulo que ha marcado la historia de su familia durante las últimas cuatro décadas, es también la apertura de otro en la búsqueda de la verdad.

-Ha sido muy fuerte y doloroso, pero nos tranquiliza ver que la investigación sigue abierta y avanzando –dice.

El viernes 29 de mayo de 2015, cuando se cumplían exactos 38 años desde que los Stoulman-Pessa fueron secuestrados y desaparecidos en Buenos Aires, en el SML sus hijas recibieron dos urnas, y en cada una, pequeños restos óseos. No los vieron. Alejandra explica que es tradición de la religión judía no ver a los muertos y recordarlos cómo eran en vida. Estaba toda la familia. Había también amigos y personas que han estado vinculadas al caso. Paulina Veloso, entre ellos, que del paradero de su marido, Alexei Jaccard, aún no tiene noticias. Al salir, todos se encaminaron al Cementerio Israelita. Ese día les dieron el entierro que tanto anhelaban.

Horas difíciles vive el presidente de Enersis, Jorge Rosenblut. La próxima semana será citado a declarar como imputado por su participación en la recaudación de aportes empresariales ilegales a la política, a través de la sociedad Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli, a quien lo une una estrecha relación. En su testimonio judicial, Martelli le asignó a Rosenblut un rol protagónico en el diseño del esquema de recaudación de fondos desde el inicio de la última campaña presidencial de Michelle Bachelet. Un rol que también incluyó hacer el contacto entre Martelli y el abogado del Grupo Angelini, José Tomás Guzmán.

La vinculación de Rosenblut con el financiamiento ilegal de la política tuvo efectos explosivos en Endesa Chile, compañía que Rosenblut encabezó entre 2009 y 2014; y en su casa matriz, Enersis, la empresa que hoy preside. Ambas citaron a directorios extraordinarios esta semana para analizar los aportes hechos por el poderoso holding al financiamiento de la política, así como las consecuencias legales y financieras de constatarse que esos aportes fueron hechos por vías fuera de la ley.

El polémico rol del presidente de Enersis irrumpe en medio de los cuestionamientos a la compleja reestructuración societaria que lleva a cabo en América Latina la empresa controladora del holding, el gigante eléctrico italiano ENEL, el otro tema de la tabla a discutir por ambos directorios.

En la mesa del directorio de Endesa estará el viernes 19 de junio el informe preliminar de la auditoría que se ordenó en marzo -a petición del director Enrique Cibié (independiente, elegido con votos de las AFP)- para determinar qué aportes a organizaciones y personajes políticos concretó la empresa durante la gestión de Rosenblut.

Es probable que en ese informe aparezcan los convenios con la Fundación Dialoga, creada por Michelle Bachelet. Los reportes de sustentabilidad de la empresa informan que entre 2010 y 2011 Endesa suscribió un convenio con Dialoga para el “Proyecto de Acción e Investigación: Educación para la calidad, reconstruyendo para la comunidad escolar”. Según informó la revista Qué Pasa el 28 de diciembre de 2012, el dinero fue destinado a talleres en colegios afectados por el terremoto en la VII Región. El proyecto estuvo a cargo de Laura Albornoz, ex ministra del Sernam en el primer gobierno de Bachelet y actual directora de Codelco; y de Estela Ortíz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, quien también recibió pagos de Giorgio Martelli durante la pre campaña de la actual Presidenta.

Endesa ya envió un informe a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), donde detalla los montos pagados a Personas Políticamente Expuestas entre 2012 y 2014: $333 millones a personas y $216 a proveedores que han aparecido vinculados a financiamiento político bajo sospecha. Según informó el diario Pulso, el comité de directores de Endesa del 8 de junio supo del detalle de esos pagos, entre los que figuran, entre otros, US$300 mil a Pedro Yaconi (entre 2011 y 2014), ex recaudador de campaña y ex yerno de Eduardo Frei; y de otros US$50 mil a Martellí Asociados, uno de cuyos dueños es Giorgio Martelli, protagonista de la recaudación por vía ilegal para la campaña de Michelle Bachelet. La información que entrega el mismo diario es que la sociedad de Martelli habría efectivamente prestado servicios a Endesa.

RECEPCIÓN EN LA MONEDA

Ya en abril el rol de Jorge Rosenblut como recaudador del oficialismo había generado dolores de cabeza al holding eléctrico. ENEL ultimaba sus preparativos para una sesión de directorio en Santiago, la primera en América Latina. Pero el escenario no era el mejor. El nombre de Rosenblut llevaba varios días en la prensa y no sólo por los ambiciosos planes de reestructuración de la compañía, sino por su vinculación con la investigación del Ministerio Público sobre el financiamiento ilegal de la política.

Las indagaciones a los pagos ilegales del Grupo Penta a políticos de oposición, que estalló a mediados de 2014, derivó a principios de este año hacia Soquimich. De inmediato se encendieron todas las alarmas en La Moneda. Y se entiende, porque a partir de ese momento quedó bajo la lupa de Impuestos Internos y de la Fiscalía el financiamiento a un grupo del oficialismo otorgado por la minera controlada por Julio Ponce Lerou. Una de sus filiales, SQM Salar, desembolsó al margen de la ley electoral cerca de $250 millones para una empresa del geógrafo Giorgio Martelli entre 2012 y 2013. Jorge Rosenblut, quien trabajó con Martelli en la recolección de fondos de la candidata en 2004, no tardó en aparecer en escena.

El 15 de abril, The Clinic dio cuenta de que a fines de 2012, Rosenblut se reunió con el gerente general de SQM, Patricio Contesse, para anunciarle que Bachelet sería la candidata de la Concertación en las elecciones del año siguiente. Era necesario “financiar la democracia”, habrían sido sus palabras, y Giorgio Martelli sería el encargado de recolectar los fondos. Ese mismo día, The Clinic reveló que, con lo recaudado a través de SQM y otras compañías, la sociedad de Martelli pagó honorarios al que en ese momento era el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Rosenblut reaccionó de inmediato. Ese mismo 15 de abril, el principal directivo de Enersis en Chile dio una entrevista al diario El Mercurio, la que fue publicada al día siguiente en sus páginas económicas, donde reconoció la reunión con Contesse:

“Me reuní en una oportunidad con el gerente general de SQM, cuya única finalidad fue promover un apoyo económico a lo que sería una eventual candidatura presidencial de la Nueva Mayoría. Y no hay nada irregular en eso ni hubo otro encuentro”, dijo Rosenblut, quien sí negó haber contactado a Martelli con Contesse.

A la izquierda, Patrizia Grieco, Presidenta de ENEL, en una cena durante la gira presidencial en Italia.

Aunque en los días posteriores Rosenblut estaría concentrado en sus actividades empresariales, su rol de nexo entre el comando de Bachelet y SQM no lo abandonaría. El miércoles 22 de abril llegó a La Moneda en compañía de la presidenta de ENEL, Patrizia Grieco, y el resto de la plana mayor de la empresa. Allí se reunirían con Michelle Bachelet. Pese a que ENEL controla a Enersis –matriz de Endesa y Chilectra–, la compañía de mayor patrimonio del IGPA, no hubo fotos ni comunicados de prensa. Se dijo que el gobierno había incluso evaluado si convenía realizar el encuentro, dado los vínculos de Rosenblut con el financiamiento político bajo investigación judicial. Pero la reunión finalmente se hizo, aunque en sigilo. De hecho, sólo trascendió 48 horas más tarde.

Bachelet y Grieco se volverían a encontrar a comienzos de junio en Milán, cuando se sentaron en la mesa principal de una cena durante la gira presidencial, esta vez sin Rosenblut. Para entonces, ya se hablaba de $150 millones que habría entregado Endesa al financiamiento ilegal de la política en el tiempo en que él fue presidente de la empresa. “A los italianos nos les gusta nada la situación y la exposición que está teniendo la compañía”, decía a La Tercera un director de la compañía.

A esas alturas, poner un cortafuego entre Rosenblut y el gobierno tampoco era fácil. Además de sus históricos vínculos con el oficialismo, el presidente de Enersis es la actual pareja de Ximena Rincón, quien es ministra de Trabajo y hasta el 11 de mayo fue ministra de la Secretaría General de la Presidencia. De hecho, desde esa función clave en el gobierno, Rincón habría promovido -junto con el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo- un proyecto de ley que buscó la vía de la amnistía para las facturas falsas que sirvieron para financiar la política (ver reportaje de CIPER).

El 29 de abril, Rosenblut y Rincón asistieron juntos a un homenaje a Mario Kreutzberger en el Círculo Israelí. Al día siguiente, la pareja apareció junto a Kreutzberger y su esposa, fotografiados en la vida social de El Mercurio, que informó que la ministra Rincón asistió en representación de la Presidenta Bachelet. No sería la única figuración de Rosenblut ese día en las páginas sociales del mismo diario: otra foto lo mostró junto al ex Presidente Eduardo Frei, su esposa y la presidenta de ENEL durante su visita a Chile.

Lo que viene ahora para Jorge Rosenblut estará determinado por la investigación del Ministerio Público. Y por lo que hasta ahora haya declarado Giorgio Martelli y otros testigos de su rol en el diseño y ejecución de la recaudación de fondos para la campaña de Michelle Bachelet antes de los plazos autorizados por la ley.

EL NEXO ROSENBLUT-MARTELLI

El 27 de mayo Giorgio Martelli inició sus cuatro extensas jornadas ante el fiscal nacional Sabas Chahuán. Aunque su testimonio ha permanecido en secreto, CIPER pudo confirmar que el nombre de Jorge Rosenblut fue mencionado en varias oportunidades. El primer efecto que tuvo esa extensa declaración fue la petición de la Fiscalía de formalizar tanto a Martelli como al ex gerente de SQM, Patricio Contesse, lo que ocurrirá el 30 de junio. Se les imputa delitos tributarios asociados a la entrega de facturas ideológicamente falsas y apropiación indebida. El segundo, fue la citación a declarar de Rodrigo Peñailillo.

El tercer paso será la citación de Jorge Rosenblut, quien deberá concurrir en calidad de imputado. Al presidente de Enersis le seguirán algunos de los principales integrantes de la G-90, el grupo del PPD que lideraba el ex ministro del Interior.

Giorgio Martelli

Hasta ahora Rosenblut ha navegado con éxito –aunque no sin críticas– entre el mundo público y el privado, mostrándose orgulloso de actuar como un puente entre ambos sectores. “Es de público conocimiento que desde el advenimiento del régimen democrático, mi quehacer profesional siempre ha estado orientado a acercar con una perspectiva país al mundo político y empresarial”, dijo a El Mercurio en abril. Pero su dualidad entre la política y la empresa parece haber llegado a un límite difícil de sostener. En parte, porque existen mayores niveles de transparencia y estándares más altos que separen la delgada línea en que transitan dinero y política.

En agosto de 2013, cuando Rosenblut era presidente de Endesa, fue mandatado por el directorio para distribuir US$1 millón entre los distintos candidatos por la vía legal del Servel (ver reportaje de CIPER). Cómo los repartió sigue siendo un secreto. Y si bien ese aporte de Endesa a la política fue legal, ahora reconoce que, al mismo tiempo, él también estuvo al otro lado de la mesa: contactando a empresarios de otras compañías para recaudar dinero para la campaña de Bachelet.

Esa sería la tarea precisa que cumplió Rosenblut al contactar a Giorgio Martelli con el abogado del Grupo Angelini,  José Tomás Guzmán, para que empresas tales como Celulosa Arauco, Copec y Cruz del Sur entregaran dineros antes de que se iniciara legalmente la campaña presidencial.

Ahora Jorge Rosenblut minimiza su rol. En la misma entrevista en El Mercurio de abril, reconoció haber hecho gestiones “en forma circunstancial” y “como iniciativa personal”. Será la justicia la que deberá determinar la dimensión y legalidad de sus gestiones.

UN MODELO PROBADO

Quienes participaron en el comando que llevaría por primera vez a Michelle Bachelet a La Moneda en 2004, aseguran que, en esa ocasión, trabajaron casi ingenuamente apegados a la ley. Era la primera presidencial con financiamiento legal y nadie quería equivocarse. La pre campaña comenzó en el verano de 2004 y los costos fueron pagados directamente por el PS y el PPD, que se repartían –no sin conflicto– los gastos.

Poco antes del inicio formal del periodo electoral se armó la estructura que situó a Giorgio Martelli como administrador de la campaña responsable ante el Servel. Hasta entonces, el geógrafo del PPD, que antes militó en la Izquierda Cristiana, se había especializado en temas de descentralización y gestión municipal, desempeñándose en la Asociación de Municipalidades y la Fundación Friedrich Ebert. En el comando se hizo cargo del día a día de las cuentas de campaña.

-Tenía un discurso gerencial y repetía que había que mantener la cosa ordenada -recuerda un testigo de la época.

A cargo del financiamiento asumió la empresaria Ingrid Antonijevic, quien reclutó a un grupo de personas con buenos contactos con el mundo privado, entre los que estaba Jorge Rosenblut, entonces presidente de Chilectra. Aunque había otros importantes ejecutivos, como el actual ministro de Energía, Máximo Pacheco, Rosenblut hizo gala de sus buenos contactos con el mundo empresarial y se convirtió en una pieza clave para atraer donaciones. La nueva ley buscaba dejar atrás los maletines con dinero que financiaron hasta entonces la política y los recaudadores tenían como misión hacer contacto y reunirse con los empresarios, y plantearles la necesidad de hacer un aporte a Bachelet. Luego había que cruzar los dedos y sentarse a esperar que fueran al Servel a entregar sus aportes reservados, y aguardar la transferencia semanal que el Servicio Electoral hacía a la cuenta del comando.

Jorge Rosenblut

“Ahí Jorge Rosenblut se consagró como recaudador”, dice un dirigente que trabajó en la interna de ese primer comando de Bachelet. Fue también ahí donde el presidente de Enersis tejió lazos con Martelli y el momento en que le abrió las puertas del mundo empresarial. En lo que hay coincidencia es que, a partir de esa experiencia, Martelli convirtió el financiamiento electoral en un nuevo perfil profesional. En 2008 publicó el libro “Dinero y política, una tensa relación“, el que reunió a varios autores siendo su “autor intelectual”. Se lo dedicó a Ingrid Antonijevic, Guillermo del Valle y Jorge Rosenblut “por invitarme a participar, y por la sabiduría de la amistad”. La publicación lo llevaría a dar charlas, entrevistas e incluso viajar a otros países latinoamericanos a hablar de su experiencia.

Martelli y Rosenblut volverían a encontrarse en una carrera mucho más difícil en 2009, cuando el empresariado se mostraba reacio a aportarle a un posible perdedor como Eduardo Frei. En esa campaña el rol de ambos fue menor y menos formal que en el comando de Bachelet, pero las recientes indagatorias dan cuenta de que desde ese comando también se realizaron gestiones al margen de la ley electoral.

En su declaración ante el Ministerio Público, la contadora Clara Bensan (DC) relató que para la campaña presidencial de Eduardo Frei, Martelli le pidió que hiciera facturas por más de $90 millones a SQM: “Luego el dinero en efectivo se lo entregué en un maletín a Giorgio Martelli, que luego me devuelve el maletín. Yo no corroboro dónde va el dinero, sólo se lo entrego a Giorgio Martelli, que era el hombre de confianza de la campaña en la recaudación de fondos”. Falta por precisar si en esa ocasión Jorge Rosenblut también realizó el contacto con Patricio Contesse en SQM.

El esquema informal se profesionalizó durante la pre campaña de 2012 y 2013. En esa ocasión se utilizó la empresa de Martelli, Asesorías y Negocios (AyN), como recaudadora de los aportes informales y como caja pagadora de personeros del oficialismo, como los de Rodrigo Peñailillo y su círculo, los asesores del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas y el ex director de Impuestos Internos Michel Jorratt.

EL MISTERIOSO SEÑOR LUFIN

Un desconocido nombre ha aparecido discretamente en los distintos reportajes sobre la forma en que operaba Giorgio Martelli. Se trata del contador de 78 años Jorge Lufín Huerta. De acuerdo a La Tercera, fue director de AyN –la empresa creada para financiar la pre campaña de Bachelet– y es “cercano” a Rosenblut. “No quiero saber nada que tenga que ver con el señor Martelli”, le dijo a ese diario cuando lo visitó en una oficina que aparece en registros comerciales como una dirección de AyN. Además, los registros contables de AyN dan cuenta de pagos por $18,4 millones a Freudenberg y Lufín, su empresa de contabilidad.

The Clinic añadió esta semana que una empresa de Lufín habría estado encargada de hacer los contratos por las supuestas asesorías que dirigentes oficialistas realizaron a empresas del grupo Angelini por $208 millones.

CIPER revisó diversos documentos públicos vinculados a Lufín y que dan cuenta de que la confianza depositada por Rosenblut en él es total. El 9 de septiembre de 2007, Jorge Rosenblut firmó una escritura en que le entregó a Jorge Lufín la representación y administración de su empresa Inversiones DPE Limitada, además de amplios poderes que le permitían realizar todo tipo de operaciones y negocios vinculados a la sociedad, incluyendo representarla en juicios (ver documento).

Tres años más tarde, en diciembre de 2010, Lufín y su esposa terminarían comprando la empresa con la cual Rosenblut operaba sus negocios en Chile y hacía consultorías. Pero el traspaso se hizo luego de complejos y sucesivos cambios societarios que se extendieron por más de una década.

Creada en marzo de 1997 bajo el nombre Jorge Rosenblut R. y Compañía Limitada (o Rosenblut y Asociados), el 85% de la firma era propiedad de Rosenblut y el 15% de su entonces esposa, Liora Haymann. La compañía experimentaría diversos cambios de nombre y de estructura antes del 28 de julio de 2009, cuando aparece en una escritura de dicha sociedad Jorge Lufín representando a Rosenblut.

En diciembre del mismo año, Rosenblut y Haymann venderían definitivamente la sociedad, llamada ahora Inversiones DPE Limitada. Las compradoras: 99% para Dalia Haymann Haber y 1% para su madre, Beatriz Haber Eltes, cuñada y suegra de Rosenblut, respectivamente.

No sería el último cambio societario. El 30 de diciembre de 2010, Dalia Haymann y Beatriz Haber vendieron Inversiones DPE Limitada a Jorge Lufín Huerta y su esposa Luz Herminia Correa Villegas. Así, Lufín terminaría siendo el propietario de la misma consultora de la que recibió en 2007 un poder total de Jorge Rosenblut para administrarla.

Hasta el 26 de mayo pasado Jorge Lufín Huerta fue gerente general de la empresa Foodinvest Chile. CIPER visitó a Lufin en su oficina de contabilidad en Providencia, donde definió a Rosenblut como un cliente. “De mis clientes no voy a conversar absolutamente nada”, sentenció. También intentamos contactar a Rosenblut, pero no hubo respuesta.

EL SALTO DE ROSENBLUT

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Rosenblut ha relatado que su primera experiencia política la tuvo como estudiante, cuando militó en un movimiento llamado CCR: Conocimiento, Conciencia, Revolución. En los años 80 partió a Estados Unidos acompañando a su esposa, entró a estudiar un master en Administración Pública en la Universidad de Harvard, y se quedó luego en Washington trabajando como consultor del Banco Mundial. Con el regreso a la democracia en 1990, el primer ministro de la Secretaría General de la Presidencia del Presidente Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, lo llamó a asumir la jefatura de la División Interministerial.

Militante del PPD cercano a Sergio Bitar y Guido Girardi, ya entonces se perfilaba como un tecnócrata del ala más liberal de la Concertación. En 1994 asumió como subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Eduardo Frei, cargo en que su principal hito fue la creación del sistema “multicarrier”, que abrió la competencia de los llamados telefónicos de larga distancia. Desde ahí saltó a la subsecretaría del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabezó primero Genaro Arriagada y luego Juan Villarzú. Ya entonces se le criticaba su excesiva cercanía con el mundo privado. Rosenblut dejó el gobierno en 1996, luego de una feroz polémica con el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.

Ya instalado en el mundo privado, Rosenblut se consolidó como un tecnócrata del oficialismo  permanentemente consultado por los medios sobre su visión del manejo del país. Al poco tiempo se había convertido en una de las voces reconocidamente concertacionistas con capacidad para opinar desde el empresariado. Entre sus temas más recurrentes en las entrevistas de esa época están la defensa de la política de los consensos como la clave para que el país avance y también la promoción de la privatización de las empresas públicas.

En 1997 formó Rosenblut y Schaulsohn Limitada, con el ex presidente del PPD Jorge Schaulsohn. Tres años más tarde invirtió en un proyecto tecnológico de Inverlink, que sucumbió cuando se descubrió el escándalo del fraude del holding de Eduardo Monasterio.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Sus principales negocios los desarrollaría a través de Desarrollo de Proyectos Empresariales (DPE), desde donde asesoraba múltiples empresas, y representaba en Chile a la canadiense Sunlife, que lo nombró como su director en la AFP Cuprum. Ahí conoció a los controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, del Grupo Penta, con quienes desarrolló una relación de confianza. Ellos lo invitaron a participar el Comité de Emprendedores y Empresas de la Universidad del Desarrollo.

En 2007, los Penta serían los primeros clientes de un nuevo emprendimiento de Rosenblut: GMZ Consultores S.A., una agencia de comunicaciones estratégicas en que a través de Inversiones DPE Limitada se asoció con las periodistas Valentina Giacaman y Carolina Zúñiga. En el directorio estuvo representado hasta diciembre de 2008 por su cuñada Dalia Haymann, quien tenía poderes de la sociedad, al igual que el contador Jorge Lufín.

Conocido por sus vínculos con los empresarios de la comunidad judía, se transformó en un asesor clave de los hermanos Calderón, quienes en 2005 lo nombraron director de Ripley. En paralelo realizaba otros negocios más alternativos, como la creación del sello musical DPE Records y la fábrica de guitarras L. Benito Guitars.

El año 2000 dio un paso que lo consolidó como un peso pesado del mundo empresarial chileno, al ser nombrado presidente de Chilectra y de la telefónica Smartcom, entonces en manos de Endesa España. En 2009 ascendió y fue nombrado presidente de Endesa Chile. Se mantuvo en el cargo luego de que ENEL tomara el control de la empresa. En noviembre pasado ENEL lo nombró a la cabeza de la matriz, Enersis.

Gran parte de su carrera empresarial la ha realizado desde Miami, donde se mudó el año 2004. “El mundo político y el mundo público ya tuvieron su tiempo. Yo soy de los que creen que en la vida hay que optar… y eso es lo que estoy haciendo”, dijo entonces a la revista Capital.

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Rosenblut avizoró que el asesoramiento a empresas que buscaban aprovechar nuevos lazos comerciales era una veta rentable. Exportó su consultora DPE a Miami, donde la llamó Strategies & Business Development. Con una línea abierta permanentemente con Chile y viajes mensuales a reuniones de directorio en Santiago, desarrolló sus negocios en forma paralela en ambos países.

Parte importante de sus negocios en Miami en esos primeros años estuvieron ligados al rubro inmobiliario. Antes de partir se asoció con la oficina de arquitectos Archiplan, de los hermanos Jaime e Ignacio Hernández, y Raimundo Onetto. Junto a Patricio Kreutzberger –hijo de don Francisco- y al abogado cubano Pedro Martin crearon Terra Group y se lanzaron a construir edificios en Miami. Los reportes de la prensa de la época hablan de un negocio que facturaba más de US$ 1.000 millones al año.  El negocio cayó en picada junto con la crisis subprime.

Puede que esa experiencia le sirva ahora que volverá a estar sometido a la máxima presión. Mientras prepara su defensa antes de declarar ante el Ministerio Público, el directorio de Endesa Chile también deberá dimensionar los efectos de su paso por la presidencia de la empresa. Un análisis que tendrá su primera prueba este viernes 19 de junio.

El viernes 5 de junio la defensa del histórico “coronel” de la UDI Jovino Novoa Vásquez jugó una de sus últimas cartas para tratar de atenuar el impacto de la audiencia en la que el ex senador será formalizado este lunes 22 de junio: presentó ante el tribunal un comprobante del depósito por $15,3 millones que hizo para reparar el perjuicio fiscal en el que habría incurrido por la emisión de facturas y boletas de honorarios falsas. La idea de sus abogados es demostrar que, aunque Impuestos Internos (SII) se querelló en su contra el 11 de mayo y la Fiscalía pidió formalizarlo, los cargos que se le imputan sólo constituyen una falta ya corregida por la vía administrativa.

Incluso, la defensa de Novoa podría argumentar que el SII ya le rebajó una parte de lo que debía pagar. Pero esa sería una apuesta osada, pues esa condonación se realizó violentando las normas de Impuestos Internos y dio origen a una investigación al interior de ese servicio de la cual no se conocen resultados (vea el reportaje de CIPER “Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII”)

Jovino Novoa es uno de los primeros cinco políticos acusados de delitos tributarios -al facilitar y/o beneficiarse con el financiamiento ilícito de campañas electorales- que serán formalizados este lunes 22 de junio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Además del ex presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa Vásquez (UDI), en la nómina figuran: el senador en ejercicio por la Región de Los Lagos, Iván Moreira (UDI); el diputado por Puerto Varas, Felipe de Mussy (UDI); el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), y el ex diputado por Santiago, Alberto Cardemil (RN).

Iván Moreira

La audiencia de formalización programada para este lunes será un hito en la investigación a los ilícitos del Grupo Penta, proceso en el que los controladores de ese holding -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- y sus principales gerentes, ya fueron formalizados por evasión tributaria. Lo que partió como una indagatoria sobre algunos contadores y fiscalizadores del SII que gestionaban devoluciones fraudulentas de tributos, desembocó en una historia de platas negras para campañas electorales. Inicialmente, la investigación apuntó al aporte ilegal del Grupo Penta a candidatos de la UDI, pero la pesquisa demostró que otras empresas, como las del Grupo Angelini y Soquimich, también hicieron aportes ilícitos a figuras de la Nueva Mayoría, lo que incluso costó la caída del ahora ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD).

De los cinco políticos que serán formalizados este lunes 22, dos resultan clave para entender cómo funcionaba el sistema de los aportes ilegales y por qué la investigación se ha ido ampliando como una mancha de aceite sobre todos los sectores políticos: Jovino Novoa y Pablo Zalaquett. El primero, porque no solo está acusado de haber pedido aportes al Grupo Penta que se justificaron con boletas de servicios que nunca se prestaron, sino porque también se le imputa haber incurrido personalmente en evasión tributaria, ya que habría emitido facturas falsas de su propia sociedad Inversiones y Mandatos y también gestionado boletas falsas para otras sociedades.

En el caso de Pablo Zalaquett, la investigación determinó que sus fuentes de aportes ilícitos no solo fueron empresas del Grupo Penta, sino otras conocidas compañías. Entre estas últimas apareció Soquimich, lo que permitió a la Fiscalía tirar de una hebra que ha convertido este proceso judicial en la fuente de una de las más duras crisis políticas del oficialismo. Las huellas del dinero de Soquimich golpearon -y siguen golpeando- a parlamentarios y dirigentes oficialistas, como el senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, el diputado Roberto León (DC) y el ex ministro Rodrigo Peñailillo (PPD).Ch

La arista Soquimich también impactó a uno de los máximos ejecutivos del gigante de la energía en América Latina: Enersis. Su presidente, Jorge Rosenblut, deberá declarar en los próximos días como imputado, al ser sindicado como uno de los autores del diseño y ejecución del financiamiento ilegal de la pre campaña de Michelle Bachelet, a través de la empresa de Giorgio Martelli, la que recibió dineros de Soquimich y del Grupo Angelini, entre otras (ver reportaje Jorge Rosenblut: las huellas del próximo imputado por la caja negra de Martelli).

La nómina de los políticos implicados en el financiamiento ilegal de campañas que podrían llegar a tribunales aún está incompleta, ya que la investigación tanto en Impuestos Internos como en el Ministerio Público sigue en desarrollo. De allí que se espera que la indagatoria derive en la formalización de una segunda camada, la que ahora incluiría a figuras de la Nueva Mayoría.

NOVOA ENTRA A LA CANCHA

El nombre de Jovino Novoa, ex presidente de la UDI, aterrizó en la carpeta investigativa de la Fiscalía con la declaración del ex gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo López. El 12 de septiembre de 2014, ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, Bravo afirmó: “Las facturas 677 y 679 de Inversiones y Mandatos (la sociedad personal de Novoa) corresponden a una factura que se dio para la candidatura de Ena von Baer. Al reverso anoté con mi letra J.N., que significa Jovino Novoa, por cuanto siempre Jovino Novoa conseguía facturas de esa empresa, incluso en las campañas anteriores en las que se colaboró (…). Estas facturas son para candidatos de la UDI que recolectaba Novoa”.

Nada se supo de la implicancia de Novoa en los delitos que se investigaban hasta el 30 de septiembre de 2014, cuando CIPER publicó: “Entre las imputaciones de Bravo aparece la figura del ex senador e histórico ‘coronel’ de la UDI, Jovino Novoa, a quien se individualiza como la persona que decidía a qué candidatos debían asignarse las platas de Penta” (vea el reportaje de CIPER “La caja negra de las platas políticas que sacude a la UDI”).

Jovino Novoa

El ex senador reaccionó negando enfáticamente la acusación de Bravo: “No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado de ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”. Incluso anunció eventuales acciones legales por los antecedentes divulgados por CIPER, las que hasta hoy no se han concretado.

Durante los meses siguientes, la investigación del Ministerio Público y los antecedentes aportados por Impuestos Internos configuraron presunciones fundadas de que Novoa -como persona natural y a través de su empresa Inversiones y Mandatos, que constituyó en 1987 con el abogado Carlos Olivos-, habría cometido delitos tributarios en las operaciones que ejecutó para allegar fondos ilícitos a actividades políticas.

Para la UDI, que entonces ya tenía involucrados en el financiamiento electoral con platas ocultas a la senadora Ena von Ber, al senador Iván Moreira y al diputado Felipe de Mussy (ver recuadro), el golpe fue durísimo. Pero lo fue en especial por la acusación contra Novoa, dado su ascendiente y poder en el partido, donde mantiene su condición de miembro de la comisión política, y además preside la Fundación Jaime Guzmán.

Argumentando el “principio de inocencia” la defensa de la UDI fue casi unánime. El propio Novoa -que se ha acogido al derecho a no declarar las dos veces que ha sido citado por el Ministerio Público- desplegó una estrategia de críticas hacia la investigación: primero, por las supuestas filtraciones del expediente, y luego, acusando el excesivo protagonismo de los fiscales. El 29 de marzo, en una entrevista que concedió a El Mercurio, cuestionó “el afán tremendamente mediático de los fiscales que están interviniendo en este caso (…) no necesitamos figurines; se requieren instituciones que actúen de acuerdo a reglas”.

Allí mismo reafirmó su inocencia: “Tengo la conciencia muy tranquila”, respondió, cuando le preguntaron si había infringido la ley. Y negó haber sido recaudador de platas para campañas de la UDI. Junto con anunciar que no renunciaría a la comisión política gremialista, se rehusó a explicar las boletas emitidas por Inversiones y Mandatos al Grupo Penta. También expresó la necesidad de un acuerdo político nacional para “salir de este marasmo (…) aquí el caiga quien caiga es el eslogan de los irresponsables”.

Pocas voces disidentes se levantaron dentro del partido: Evelyn Matthei y los alcaldes Francisco de la Maza (Las Condes) y Mario Olavarría (Colina). Matthei pidió la renuncia de Novoa y duramente expresó: “Jovino Novoa va a terminar destruyendo el partido, va a terminar sepultado a la UDI”. Pero la comisión política de ese partido no ha variado su postura. A pesar de que el diputado Ernesto Silva, uno de los ahijados políticos de Novoa debió abandonar la presidencia de la UDI por su directa vinculación con los ilícitos investigados, el gremialismo ha mantenido un escudo protector en torno al ex senador y recientemente denunció que Novoa ha sido víctima de “persecución política”.

El nuevo presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, sí marcó una tenue línea divisora al anunciar que ni él ni el secretario general Guillermo Ramírez iban a asistir a la audiencia de formalización, porque su presencia podría ser interpretada como una presión a los tribunales y una defensa corporativa: “No es un partido el que está siendo objeto de un acto, son personas, y cada uno debe responder por esos hechos”, dijo. Pero se dejó en libertad de acción al resto de dirigentes y militantes que deseen concurrir.

LAS PRUEBAS CONTRA EL EX SENADOR

La defensa del ex senador, encabezada por el abogado y ex canciller de Pinochet, Miguel Schweitzer, ha sido la más activa para tratar de torpedear el proceso antes de que llegue a un tribunal. En las últimas semanas intentó sin éxito trasladar su caso del Octavo al Cuarto Juzgado de Garantía. El recurso fue considerado por los querellantes como una maniobra para dilatar el proceso.

Igualmente fallida fue la presentación -a comienzos de mayo- para que se anulara la solicitud de formalización a Novoa, argumentando que no había querella previa de Impuestos Internos en su contra, lo que constituiría un requisito para iniciar la investigación judicial de delitos tributarios. De hecho, la querella de Impuestos Internos contra Moreira y Zalaquett recién se presentó el viernes 19 de junio, a solo tres días de la audiencia.

Pero los antecedentes recopilados por el SII, vertidos en un informe interno fechado el 17 de abril -que incluyen testimonios y la contabilidad de su empresa Inversiones y Mandatos- avalaron la presentación de la querella contra Novoa por “la facilitación dolosa de seis facturas exentas de IVA y tres boletas de honorarios ideológicamente falsas a distintas empresas del Grupo Penta, y la evasión del impuesto a las donaciones asociado a estas operaciones que suman $36,1 millones”.

El mismo informe del SII indica que Novoa, como representante legal de Inversiones y Mandatos, presentó seis declaraciones de impuestos “maliciosamente falsas” en los años tributarios 2009 a 2014, en las que incorporó 15 boletas falsas, emitidas por terceros, por un total de $30,9 millones. Esos “terceros” fueron identificados como Teresa Riera Rawllins y Nicole Sotomayor Chamorro, hija de Bernardita Chamorro, secretaria del estudio Guerrero y Cía., del cual Novoa Vásquez se retiró en enero pasado cuando el escándalo ya lo había alcanzado.

Teresa Riera Rawlins, quien prestó servicios para el estudio Guerrero y Cía., declaró ante la Fiscalía en octubre del año pasado y reveló que en 2001 le había entregado a la secretaria de Novoa, Bernardita Chamorro, un talonario de boletas, del cual aseguró se había “desentendido”. Teresa Riera afirmó que en 2014 constató que “habían tres boletas de 2013 que yo no había emitido y cuyo dinero tampoco recibí”. Una a Guerrero y Cía, otra a Empresas Penta y la tercera a Inversiones y Mandatos. Riera afirmó haberse comunicado con Bernardita Chamorro, quien le habría informado que “Jovino Novoa quería reunirse conmigo y que él iba a solucionar todo. Y le dije que por instrucción de mi abogado yo no me iba a juntar con Jovino Novoa”.

La declaración de Teresa Riera se contradice parcialmente con la que dio Bernardita Chamorro en noviembre último. Ella dijo no conocer a Riera y que el talonario se lo había entregado en 2006 la anterior administradora del estudio Guerrero y Cía., Cecilia Ibáñez. “Paulatinamente el señor Novoa me solicitaba emitir boletas”, afirmó Chamorro, reconociendo que las confeccionó a nombre de Inversiones y Mandatos y solo una para Penta S.A.

En cambio, Nicole Sotomayor -hija de Bernarddita Chamorro- no aceptó declarar ante el SII y se negó a proporcionar información sobre las boletas emitidas a sociedades relacionadas con Jovino Novoa, entre ellas las seis boletas que hizo a nombre de Inversiones y Mandatos. Cuando Impuestos Internos la notificó para que entregara contratos o informes que respaldaran los trabajos realizados para dicha sociedad, ella respondió por escrito: “Debido a que se trata de una persona natural que no lleva contabilidad, no posee comprobantes”.

En total, Nicole Sotomayor emitió 62 boletas (entre 2008 y 2013) a sociedades en las que Jovino Novoa aparece asociado a su propiedad: seis para Inversiones y Mandatos por un total de $11,4 millones; 52 boletas para Guerrero y Cía. por un suma global de $97,6 millones; dos boletas para Asesorías Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz por $2,7 millones en total y dos boletas para Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz que totalizan $5,1 millones

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

La secretaria Bernardita Chamorro deslizó en su declaración antecedentes que pueden implicar a familiares de Novoa en los ilícitos que se le imputan. En la declaración que prestó ante la PDI en noviembre pasado, Chamorro relató: “Debo señalar que mientras el señor Jovino Novoa fue senador hasta 2013, las instrucciones las canalizaba a través de su esposa, Angélica Mackenna Echaurren o su hijo Benjamín Novoa Mackenna“.

Al revisar los antecedentes de Inversiones y Mandatos, el SII detectó además la existencia de honorarios pagados a María Angélica Mackenna Echaurren, quien en agosto de 2003 fue nombrada presidenta del directorio de la sociedad. Según los fiscalizadores, esos honorarios no cumplían los requisitos legales para ser rebajados del impuesto de Primera Categoría. Entre 2009 y 2014 la esposa de Novoa recibió $358,9 millones brutos.

El Departamento de Delitos Tributarios del SII citó a la esposa de Jovino Novoa en abril pasado, pero no asistió. Posteriormente, el 14 de abril, a través de su abogado envió un escrito con el que acompañó las copias de las boletas que emitió entre 2009 y 2014, y las actas de las juntas de accionistas de Inversiones y Mandatos (ella y Novoa tienen el 100% de la propiedad) que registran la aprobación de sus remuneraciones.

La sociedad de Novoa no solo presentó boletas falsas en sus declaraciones de impuestos, también facilitó facturas falsas que fueron extendidas a empresas del Grupo Penta. Así lo confirmaron ante los fiscales los propios dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Las declaraciones de ambos se realizaron en los primeros días de enero pasado y se mantuvieron bajo reserva hasta febrero. Cuando sus testimonios se conocieron, no cayeron bien en la UDI y fueron lamentados por el vicepresidente del partido, Domingo Arteaga: “Las declaraciones de los controladores de Penta son bastante impresentables”, expresó a La Tercera el 2 de febrero.

¿Qué habían dicho “los Carlos”?

El 5 de enero Délano declaró: “Jovino es una persona muy cercana a mí y muy amigo mío (…). Jovino no ha concurrido a pedir dineros para él. Él concurrió a pedir aportes para campañas políticas de otros candidatos. Le aportamos alrededor de $25 millones para esos candidatos (…) las facturas de Inversiones y Mandatos no corresponden a ningún servicio que se haya prestado a empresas Penta ni a Inversiones Penta III”. Délano -un histórico financista de la UDI- especificó que las boletas entregadas a Penta por Carlos Lira, Ignacio Ternicier y Teresa Riera, las que habrían sido gestionadas por Novoa, “no corresponden a ningún servicio que se haya prestado a Penta”.

Al día siguiente de la declaración de Délano, Carlos Eugenio Lavín declaró a los fiscales: “Los dineros que Jovino pedía no eran para él, sino que para candidatos afines a él. Lo que pienso es que Jovino facilitaba las facturas de Inversiones y Mandatos para otros candidatos”. Y reafirmó que la sociedad de Novoa “no prestó servicios para Empresas Penta, que yo sepa”.

El SII consideró que el ex senador “facilitó documentos tributarios falsos tanto de terceras personas, como de Inversiones y Mandatos” Estos fueron ingresados a la contabilidad de Empresas Penta, Inversiones Banpenta II e Inversiones Banpenta III “aumentando éstas indebidamente sus gastos y declarando y determinando un impuesto inferior al que efectivamente les correspondía”, concluyó Impuestos Internos. Fueron seis facturas y tres boletas, por un total de  $36,1 millones.

Quien llenó las facturas fue la secretaria Bernardita Chamorro. Ella dijo a la PDI: “Las facturas las manejaba don Jovino en su oficina y me daba instrucciones de emitirlas conforme a los datos que él me entregaba. Desconozco acaso se efectuaron los trabajos con estas empresas”.

En la audiencia del próximo lunes, Novoa se sentará frente al estrado a escuchar los cargos que se le imputan: “Delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 Nº 4 inciso final del Código Tributario, en carácter de consumados y reiterados, en calidad de autor, cometidos entre los años 2012 y 2013”. Luego los fiscales expondrán los antecedentes que respaldan su petición. Una de las grandes incógnitas de la audiencia es cuán duras serán las medidas cautelares que le impondrá el tribunal.

LOS MECENAS DE ZALAQUETT

Un total de $33,4 millones en perjuicio fiscal dejó, según los cálculos del SII, el financiamiento irregular de la fallida campaña a la senaturía por Santiago Poniente de Pablo Zalaquett (UDI). El monto se desglosa entre los impuestos que siete empresas dejaron de pagar al reducir su base imponible a través de facturas falsas para justificar donaciones políticas por fuera de la ley a Zalaquett ($21,2 millones) y los tributos que el candidato debió pagar por recibir dichos dineros ($12,1 millones).

De acuerdo a los distintos testimonios recabados por el Ministerio Público, el mecanismo utilizado por Zalaquett consistió en pagar a dos empresas que prestaban servicios comunicacionales para su campaña (Pecado Kapital y Reactor) a través de aportes ilegales de otras compañías. La indagatoria comenzó a partir de Empresas Penta, que mediante este mecanismo canceló servicios por $15 millones para la candidatura de Zalaquett.

En su declaración ante la Fiscalía, Zalaquett relató que conocía a uno de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, debido a que éste era presidente de la Fundación Teletón e interactuaron cuando fue alcalde de Santiago. En julio de 2013, tras el triunfo de Pablo Longueira (UDI) en la primaria de la Alianza, le envió un correo electrónico: “Creo que hoy es más necesario que nunca reforzar nuestro Parlamento, para promover y reforzar nuestras ideas”, le escribió. Luego, el empresario lo recibió en sus oficinas. “En dos palabras le expliqué que quería ser una especie de alcalde-senador, no quería abandonar a la gente de la calle”, relató Zalaquett a los fiscales.

Pablo Zalaquett

Después de esa reunión fue el gerente de Empresas Penta, Hugo Bravo, quien se contactó con la jefa de campaña de Zalaquett, Carmen Luz “Coca” de Castro, y le anunció que el holding le haría un aporte de $15 millones. En ese mismo contacto, Bravo le explicó que el aporte se materializaría a través del pago de alguno de los servicios que se estuvieran prestando a la candidatura.

“Esta forma de operar se aceptó, porque entre los aportes de la Ley Electoral un privado puede pagar en especie o en pago de servicios prestados al candidato. Esta forma de aportar se llama aporte de privado”, dijo De Castro ante los fiscales. Pero esta donación de Penta nunca ingresó a la contabilidad estipulada por la Ley Electoral, por lo que se trata de un aporte completamente ilegal.

El emisor de la factura fue Reactor SpA, firma que manejaba la campaña digital y de redes sociales de Zalaquett, servicio por el que cobró un total de $55 millones. “Nosotros no tuvimos muchos reparos en la forma de pago, porque era nuestro principal cliente del año y teníamos confianza en que los pagos se iban hacer (…). Yo entendía que eran empresas que estaban aportando a la campaña de forma legal. Coca de Castro era quien me indicaba cuál era la glosa que había que ponerle a la factura. Yo suponía que así se hacía porque la empresa no quería aparecer públicamente aportando a una campaña”, declaró el representante legal de la empresa, Iván Correa Hasbún.

Esta factura para Penta no fue la primera que emitió Reactor para cobrar por su trabajo en la candidatura de Zalaquett. Los pagos comenzaron mucho antes del inicio legal de la campaña. En enero y mayo de 2013 emitió dos facturas: una por $3,9 millones a Inversiones La Manada y otra por $1,6 millones a Inversiones y Asesorías ZB, que a diferencia de las empresas que actuarían después, eran propiedad del mismo Pablo Zalaquett.

Luego sería el turno de Soquimich (SQM), que entre junio y agosto de 2013 efectuó tres pagos a Reactor por un total de $7,5 millones. Existe un contrato firmado por el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, y Sebastián Correa Hasbún en representación de Reactor. Pero Hasbún no recordó haber firmado ese documento: “Quizás me hicieron firmar la última hoja, pero no recuerdo ni siquiera haber visto ese contrato”.

En octubre de 2013 Reactor recibiría dos pagos de la empresa inmobiliaria Eurocorp por un total de $5 millones. Su representante legal, Alejandro Ruíz Bornschuer, prestó una declaración ante funcionarios del SII en la que reconoció que él accedió a hacer una donación a Zalaquett, a quien conocía socialmente, pero no sabía la forma en que se iba a efectuar, pues era su primer aporte político.

Comercial Eccsa, sociedadque participa en la propiedad de Ripley, hizo tres pagos a Zalaquett a través de Reactor, por un total de $3 millones. Ante el SII declaró Sergio Hidalgo Herazo, quien reconoció que se trataba de un aporte político y que ahora se percataban de que pudieron haber cometido “un error tributario, pero jamás un delito”. Este punto es reforzado en una carta enviada al fiscal nacional, Sabas Chahuán. En ella el gerente general de la empresa, Alejandro Fridman, desarrolla una explicación jurídica para intentar demostrar la legalidad del aporte hecho a Zalaquett.

Los argumentos de Fridman son casi idénticos a la llamada “doctrina Escobar”, acuñada por el ex director del SII, Ricardo Escobar, cuyo estudio defiende a ejecutivos de Penta y al dueño de SQM, Julio Ponce Lerou: las irregularidades detectadas no constituyen delito, por lo que no deben dar pie a juicios, sino que deben ser sancionadas y corregidas por la vía administrativa. En todo caso, Eccsa precisó que las facturas serán consideradas gasto rechazado y que, de todos modos, en 2013 registró pérdidas tributarias, por lo que no debía pagar impuestos.

Una sola factura de Reactor, en octubre de 2013, registra Inversiones Alsacia, la empresa de capitales colombianos que opera en Transantiago. Correa Hasbún declaró que la factura es parte de los pagos de Zalaquett a Reactor y explicó que el documento fue pedido por “Coca” de Castro. Sin embargo, Alsacia entregó como respaldo de su pago una asesoría hecha por Pablo Zalaquett para la compañía: “Alternativas de solución a la situación operativa del ERP de Alsacia y Express”. De todos modos, el SII consideró que se trató de un pago de campaña, por el que Alsacia habría rebajado indebidamente su base tributaria.

El último pago contra una factura de Reactor corresponde a Inversiones El Bosque, por $1,5 millón. Sus representantes legales y accionistas, Vicente y Jorge Claro Vial, enviaron una carta al fiscal Chahuán en la que relatan que un tercer hermano, Alberto, fue compañero de universidad de Zalaquett y accedió a hacerle una donación. Ésta se concretó en noviembre de 2013 a través de una factura por $1,5 millón a Reactor. Sin embargo, la factura llegó recién en marzo de 2014 y un asesor tributario les dijo que por tratarse de servicios no prestados, sería un gasto rechazado y así fue ingresado a la contabilidad.

EL PECADO KAPITAL

Además de Reactor, Zalaquett también canalizó sus donaciones para pagar las asesorías comunicacionales que hizo para su campaña la sociedad Cristina Zúñiga Paredes EIRL. Estos trabajos se realizaron a través de otra empresa de Cristina Zuñiga: Pecado Kapital. En esta última presta servicios Alejandro Chaparro, un ex militante PPD condenado por cohecho en el llamado “Caso Coimas” y que ha realizado asesorías a candidatos de diversos partidos (ver reportaje de CIPER).

La sociedad de Cristina Zúñiga emitió cinco facturas a SQM por $3,5 millones cada una, las que sumadas a los pagos realizados a Reactor, totalizan aportes por $25 millones de la minera controlada por Julio Ponce Lerou la campaña de Zalaquett. Cristina Zúñiga reconoció haber firmado un contrato por estos pagos, pero dijo que si bien el documento que le enviaron por correo electrónico decía “contrato SQM”, el nombre de esa empresa no figuraba en el contrato que mandó a la oficina de “Coca” de Castro.

“Cuando se extendieron estas facturas no me causó ninguna extrañeza, pues es común en distintas actividades que los servicios sean pagados por terceros distintos a los que los reciben”, fue la explicación que dio Alejandro Chaparro a los fiscales.

Además de SQM, Cristina Zúñiga Paredes EIRL emitió una factura por $10 millones a Corpbanca (esta empresa es controlada por Álvaro Saieh, principal financista de CIPER). El 20 de abril pasado, el gerente de la división de Servicios Legales de Corpbanca, Pablo de la Cerda, envió una carta al fiscal Chahuán en la que señala que la factura ya fue incorporada como gasto rechazado ante el SII porque “a pesar de corresponder a servicios efectivamente recibidos por el banco” no cumpliría con todos los requisitos de la Ley de Impuesto a la Renta.

“En cuanto a la existencia de boletas o facturas emitidas para justificar financiamientos a campañas políticas, cumplo con informar que, a nuestro leal saber y entender, no existen boletas o facturas que hayan sido emitidas a Corpbanca para tales fines”, aseguró en su carta el ejecutivo.

En marzo pasado, Cristián Canales, director Legal y Control de Corpbanca, dijo a CIPER que Zalaquett hizo una asesoría al banco sobre las licitaciones que hacen las municipalidades para la apertura y mantención de sus cuentas corrientes. Al momento del pago, aseguró Canales, Zalaquett presentó la factura de Asesorías Cristina Zuñiga. La versión fue confirmada por una persona del entorno más cercano de Pablo Zalaquett.

Las boletas de Moreira, De Mussy y Cardemil

Los otros tres políticos que serán formalizados este lunes 22 de junio son el senador Iván Moreira (UDI), el diputado Felipe de Mussy (UDI) y el ex diputado Alberto Cardemil (RN). A los tres el Ministerio Público los inculpó “por delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 número 4 inciso final del Código Tributario, en carácter de consumado, en calidad de autor, cometido el año 2013“.

Moreira recibió aportes de Penta que suman un total de $22 millones. El dinero se pagó contra boletas de honorarios que fueron emitidas por personas de su círculo más cercano: su encargado territorial en La Cisterna, Eduardo Montalva (una boleta por $3 millones); su pareja, Isabel Marinovic (una boleta por $2 millones); su chofer, Rodrigo Molina (dos boletas, una por $5 millones y la otra por $2 millones); la secretaria de la UDI, Verónica Nieto (una boleta por $5 millones), y su secretaria en el Congreso, Andrea Schultz (una boleta por $5 millones).

Felipe de Mussy

El ex diputado Cardemil recibió una suma de $10,7 millones de aportes ilegales de Penta. Fueron dos las boletas pagadas por el holding para apoyar la campaña a senador de Cardemil en la Sexta Región. Los documentos fueron emitidos por los abogados Luis Felipe León y Saúl Quiroz, uno por  $ 7,7 millones y el otro por $ 3 millones. “Yo di el pase para que los abogados dieran una boleta y que después me aportaran la plata, lo que puede ser desprolijo y constituir una falta, pero jamás pude representarme que esas boletas iban a ser utilizadas para rendiciones contables y acogerse a beneficios tributarios o ser parte de una trenza para evadir impuestos o defraudar al Fisco”, declaró Cardemil.

Respecto de los aportes ilegales que recibió De Mussy, fue el coordinador de su campaña electoral, Tomás Garcés, quien emitió dos boletas al Grupo Penta, por $4,5 millones y $2,7 millones. El total de $7,2 millones los depositó en la cuenta corriente del parlamentario.

A sus 86 años, José Tomás Guzmán Dumas exhibía a lo menos dos logros profesionales: hacer una exitosa carrera por más de seis décadas al alero del Grupo Angelini y, al mismo tiempo, mantener un bajísimo perfil. Ahora, llegó el fin del anonimato del abogado, socio, amigo y albacea del fallecido Anacleto Angelini, fundador del conglomerado que a través de AntarChile controla un imperio construido sobre los rubros forestal, pesquero y energético. Y ello, porque el operador político Giorgio Martelli declaró ante la Fiscalía que fue Guzmán –a través del presidente de Enersis, Jorge Rosenblut– quien gestionó el desembolso de más $200 millones para financiar irregularmente la pre-campaña de Michelle Bachelet, entre 2012 y 2013.

“Al igual que SQM Salar, Jorge Rosenblut me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut“, contó Martelli a los fiscales, según los extractos de su declaración dados a conocer por TVN.

Las empresas designadas por Guzmán para hacer los pagos fueron Celulosa Arauco (Celco), Seguros Cruz del Sur y Copec. El abogado tenía autoridad para tomar la decisión: José Tomás Guzmán fue presidente de las dos primeras compañías hasta el año 2013 y aún es vicepresidente de Copec.

Jaime Orpis

Desde hacía ya casi dos años que el financiamiento político irregular se había convertido en un problema para el Grupo Angelini. En 2013, CIPER dio a conocer que otra de sus empresas, Corpesca, había pagado $25 millones a un asesor de la diputada Marta Isasi durante la tramitación de la Ley de Pesca (vea el reportaje de CIPER “Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”), lo que le costó la salida y un juicio por soborno (aún en desarrollo) al gerente general de la pesquera, Francisco Mujica, y una investigación judicial por cohecho a la ex parlamentaria. Fue justamente durante esa indagatoria que Mujica reveló que también había realizado pagos irregulares al senador Jaime Orpis (UDI). En abril pasado, Corpesca debió rectificar sus declaraciones tributarias entre los años 2009 y 2013, por $235 millones pagados de manera directa o indirecta a Orpis.

No sería el único reconocimiento del holding: revista Qué Pasa reveló que a comienzos de mayo el grupo hizo una nueva rectificación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y pagó $850 millones por tributos adeudados debido a financiamiento político ilegal. Además, la revista informó que Cruz del Sur registra $90 millones pagados a Harold’s & Johns Business & Law, la sociedad de Alex Matute y Harold Correa, uno de los hombres de la G-90 (PPD) más cercanos al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y actual jefe de gabinete del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

Giorgio Martelli

Cruz del Sur fue vendida en 2013 al Grupo Security, el que según el diario Pulso, ya confirmó al Ministerio Público que en total se pagaron unos $120 millones a las sociedades Asesorías y Negocios, de Martelli, y a Harold’s & Johns entre los años 2011 y 2012. Antes de que Cruz del Sur fuera vendida al Grupo Security, el Grupo Angelini ejercía su control a través de Inversiones Siemel, sociedad que se mantiene en el holding y que registra en 2013 un pago de $7,9 millones a Eduardo Montalva, asesor del senador Iván Moreira (UDI). Montalva también emitió boletas para el Grupo Penta y fue el propio Moreira quien asumió ante los fiscales que ninguno de sus colaboradores hizo trabajos para empresas de Penta.

La investigación del financiamiento irregular de la política que lleva a cabo el Ministerio Público y que partió por ilícitos tributarios del Grupo Penta, ya alcanza a otras cuatro grandes empresas: Soquimich (SQM), Grupo Angelini, Aguas Andinas y Enersis, entre otras. El presidente del gigante energético de América Latina, Jorge Rosenblut, quien fue recaudador de la campaña de Michelle Bachelet y el contacto de Giorgio Martelli con Guzmán (Angelini) y Patricio Contesse (SQM), deberá declarar en los próximos días como imputado (ver reportaje de CIPER: Jorge Rosenblut: las huellas del próximo imputado por la caja negra de Martelli). Después será el turno de José Tomás Guzmán.

EL CONSIGLIERE

Quienes lo conocen dicen que José Tomás Guzmán no venía de una familia acomodada: era un joven esforzado. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Chile trabajaba en el Hipódromo cortando boletos y en otras tareas menores para juntar dinero. Un trabajo que compartía con otro compañero de universidad: Carlos Figueroa Serrano (DC), ex ministro de los presidentes Frei Montalva y Frei Ruiz Tagle. Junto al también abogado Mario Diez Urzúa, Guzmán y Figueroa comprarían su primer caballo: “Casaca”.

Hasta hace pocos años, Guzmán mantenía los lazos de amistad con un grupo de sus compañeros de Derecho de la “U”: Carlos Figueroa Serrano, José Florencio Guzmán, José Said Saffie, Patricio Figueroa Velasco, Patricio Silva del Campo, Gustavo Ross y Mario Diez Urzúa.

Tras graduarse, José Tomás Guzmán ingresó al estudio jurídico de Aquiles Portaluppi, quien sería su mentor, además del marido de su hermana, Carmen Guzmán. Con el tiempo, se harían socios y el estudio pasaría a llamarse Portaluppi, Guzmán y Bezanilla.

Anacleto Angelini

“Conocimos a don Cleto cuando venía llegando de Italia (1948). En el avión se sentó junto a un cliente de la oficina de Aquiles Portaluppi, y este señor le recomendó como abogado a Aquiles. Ambos fueron amigos toda la vida, vivieron muy unidos”, contó José Tomás Guzmán a El Mercurio en septiembre de 2007, tras la muerte de Anacleto Angelini, “don Cleto”. Un abogado que fue testigo de cómo Anacleto Angelini y Portaluppi fueron estrechando su relación profesional y personal, cuenta que éste último se convirtió en una especie de consigliere para el fundador del holding, rol que tras el fallecimiento de Portaluppi (1989) heredó Guzmán.

El estudio de Portaluppi se transformó en el bufete de cabecera de Angelini, al punto de funcionar físicamente en el mismo lugar. En 2001, se mudaron juntos al edificio corporativo de 21 pisos que el grupo encargó al afamado arquitecto Borja Huidobro. Ubicado en El Golf 150, en Las Condes, el piso 19 es el centro de operaciones de sus principales ejecutivos. Allí ejerce el control del holding el sobrino y heredero del fundador, Roberto Angelini, hoy presidente de AntarChile y Empresas Copec.  En el piso 18 funciona Portaluppi, Guzmán y Bezanilla.

Pero el rol de José Tomás Guzmán en las empresas va mucho más allá de un asesor jurídico de confianza. Guzmán es accionista de Inversiones Angelini y Compañía Limitada, el principal vehículo de inversión de la familia Angelini, creado en 1978 como Inversiones Topocalma y rebautizado en 2002. En ese momento, los socios eran Anacleto Angelini, su esposa María Noseda y sus sobrinos Roberto y Patricia Angelini, entre quienes se dividió la participación del fundador tras su muerte. El único socio que no es de la familia es Guzmán.

Otras tres sociedades con domicilio en paraísos fiscales figuran entre los accionistas de Inversiones Angelini: Jean Pierre y Yolab (Panamá) y Vengalia (Islas Vírgenes Británica). Las tres son representadas por dos abogados ligados al grupo: Juan Edgardo Goldenberg y Arnaldo Gorziglia. Aunque Roberto Angelini ha dicho que pertenecen a “fondos de inversión que en su momento ayudaron a don Anacleto”, sus dueños permanecen amparados por el secreto de los paraísos fiscales. Por eso, hay quienes creen que en realidad quienes están detrás son los mismos Angelini.

Además de José Tomás Guzmán, el único ejecutivo ajeno a la familia que participó de Inversiones Angelini fue Alejandro Pérez, el ex gerente de Celco que dejó la compañía tras el desastre ecológico que arrasó con los cisnes en la planta Valdivia. “Alejandro Pérez fue al sacrificio, pero don Anacleto le agradeció”, recuerda un ejecutivo de la época. En 2006, Anacleto Angelini compensó la lealtad de Pérez permitiéndole el ingreso a su sociedad con un 0,5%, equivalentes a $850 millones de la época. Cuatro años más tarde, Pérez vendió su parte a dos sociedades de la familia Angelini y se convirtió luego en el controlador de la Universidad San Sebastián, entre otros negocios.

Roberto Angelini

La participación de José Tomás Guzmán en Inversiones Angelini también ha sido siempre pequeña en términos porcentuales, pero al mismo tiempo millonaria. En el último aumento capital, realizado en septiembre de 2011, su participación directa equivalía a US$ 29 millones, a lo que hay que sumar otros US$ 54 millones que posee a través de Agroforestal e Inversiones Maihue Limitada, una de sus sociedades familiares. Para entonces, el capital de Inversiones Angelini era de US$4.400 millones.

Inversiones Angelini controla el 63,4% de Antarchile, la matriz de Empresas Copec (Celco, Copec y Abastible), Eperva (Corpesca) e Igemar. Después de Inversiones Angelini, los principales accionistas son las dos sociedades panameñas (Jean Pierre y Yolab) y Agroforestal e Inversiones Maihue, el vehículo de inversión de José Tomás Guzmán. Nuevamente la participación de Guzmán es pequeña (2,86%), pero el valor bursátil de Antarchile es de más de US$ 15.000 millones, con lo que sus acciones están valorizadas en unos US$ 430 millones.

Gracias a la confianza de los Angelini, José Tomás Guzmán ha ocupado los más altos puestos directivos en las empresas del grupo y aún hoy, pese a su avanzada edad, tiene un lugar en la mesa de casi todas las compañías. Actualmente es vicepresidente de AntarChile y de Empresas Copec. En Celco fue presidente hasta 2005, cuando lo reemplazó el ex ministro Alberto Etchegaray, un hombre más político que debió enfrentar la crisis de los cisnes. Pero cuando Etchegaray renunció en mayo de 2007, Guzmán volvió a la presidencia, donde se mantuvo hasta abril de 2013.

En el área pesquera, Guzmán es director de Corpesca. El abogado de confianza del Grupo Angelini encabezó Seguros Cruz del Sur hasta su venta en 2013, año en que también dejó la presidencia de Siemel, la sociedad desde donde el grupo controlaba la aseguradora y donde el abogado sigue siendo director. También ocupa un lugar en la mesa directiva de la Fundación Copec-UC y es miembro del consejo asesor del Centro de Estudios Públicos (CEP). A este influyente centro de pensamiento, fundado y controlado por Eliodoro Matte, el Grupo Angelini comprometió en enero de 2014 una donación de $2.500 millones.

Un ex ejecutivo del grupo cuenta que Guzmán siempre ha sido un directivo muy presente en las compañías en las que ha participado, pero con una mirada más legal que de perspectiva empresarial. “Él está por sobre el bien y el mal, es una persona de confianza”, grafica la misma fuente, quien define a Guzmán como un católico muy devoto, afable y que tiene una buena relación con los empleados de las empresas.

Sobre su posición política hay dos versiones. Quienes lo conocen de larga data dicen que fue un hombre muy cercano a la Democracia Cristiana hasta que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970. Los que han compartido con él en los últimos 20 años dicen que “es un hombre más bien de derecha”. De allí que a todos sorprenda su relación con Jorge Rosemblut (PPD) y los aportes del grupo que él canalizó a través de Giorgio Martelli para la preparación de la campaña presidencial de Bachelet.

Tras la muerte de Anacleto Angelini en agosto de 2007, quedó clara su cercanía con su abogado de cabecera. José Tomás Guzmán fue el encargado del discurso principal en su funeral. Luego, cuando dos meses más tarde se conocieron los detalles de su testamento, se descubrió que Guzmán y Roberto Angelini –el sobrino que era como un hijo para Anacleto Angelini y su heredero empresarial– habían sido elegidos como sus albaceas. Los US$325 millones que se pagaron en impuestos sirven para dimensionar el volumen de la herencia que les fue confiada por el fundador del holding. De acuerdo a la última medición de la revista Forbes, la fortuna de Roberto Angelini y su familia asciende a actualmente a US$ 1.500 millones.

CIPER intentó comunicarse con José Tomás Guzmán, pero no fue posible. A través de su secretaria, agradeció el interés de obtener su versión pero rechazó responder a nuestras consultas.

LOS ZALDÍVAR Y EL LOBBY

La Ley de Pesca tramitada durante 2012 expuso el poder y las armas que está dispuesto a desplegar el Grupo Angelini con tal de conseguir un marco legal que favorezca sus operaciones pesqueras en el norte del país. Será precisamente por las artimañas empleadas en ese período que los ejecutivos de la compañía deberán responder ante la justicia. Aunque el poder de lobby de los Angelini ya era conocido desde hace años y se desplegaba sin pudores en el Congreso y en los pasillos de La Moneda. En ese juego, José Tomás Guzmán ha tenido un rol relevante.

Un reportaje publicado en La Tercera en julio de 2002 expone en detalle la estrategia pesquera de Angelini. Dos años antes, el grupo había desplegado su lobby para evitar que se establecieran cuotas de pesca en las regiones I y II, donde es el actor más poderoso, consiguiendo que la ley se aplicara desde la Tercera Región al sur. Sin embargo, contra todo pronóstico, la nueva normativa había resultado beneficiosa para las grandes empresas. Fue así como las pesqueras de Angelini –consigna La Tercera- consiguieron en 2002 que el entonces presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), presentara un proyecto que ampliaba las cuotas hacia el norte.

Andrés Zaldivar

Los vínculos entre la familia Zaldívar y Anacleto Angelini son conocidos y se han usado como ejemplo de la forma en que el sector privado permea a los políticos. Felipe Zaldívar, hermano del senador y quien dirigía el área pesquera del holding en 2002, era de los empleados más antiguos de Angelini. Además, algunos miembros de la familia Zaldívar tenían participación accionaria en estas empresas.

Según el artículo de La Tercera, el lobby de Angelini estuvo comandado por José Tomás Guzmán, Felipe Lamarca y Manuel Bezanilla (socio de Guzmán en el estudio),  quienes “fueron mandatados para obtener un favorable proyecto de ley, como ocurrió”. En el Congreso, el grupo “se apoyó en dos de sus más cercanos colaboradores del mundo político, puntualmente de la Democracia Cristiana: el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, y su hermano, también senador y timonel de esa colectividad, Adolfo”. Luego, el reportaje detalla todas las gestiones que hizo Andrés Zaldívar en el Congreso y cómo su presión llegó a generar rechazo entre los parlamentarios de su partido, que no entendían “la pillería” de su interés en este proyecto.

Este estilo no desapareció con el tiempo. Cuando se conocieron ahora los millonarios pagos de Corpesca al senador Orpis, diversos medios dieron a conocer los proyectos que el parlamentario impulsó o apoyó en el Congreso y que beneficiaban a esa empresa. Los pagos a Martelli dejan abierta la pregunta de qué esperaban a cambio Guzmán y el Grupo Angelini al financiar irregularmente la pre-campaña de Michelle Bachelet.

El escenario judicial esta vez se avizora difícil para las empresas del Grupo Angelini. Y ello, porque el fiscal nacional, Sabas Chahuán se hizo cargo del juicio por soborno y cohecho en el que está involucrado Corpesca, el que dirige junto a la investigación de los ilícitos del financiamiento político en que incurrieron Grupo Penta, Soquimich, Grupo Angelini, Enersis y otras empresas. Será el equipo liderado por Chahuán y Carlos Gajardo el que interrogará al consigliere de Anacleto Angelini: José Tomás Guzmán.

La “muralla china” que se levantó para proteger a la Presidenta Michelle Bachelet de los efectos de la investigación sobre el financiamiento ilegal de la política, tiene una fisura. Se la hizo el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su declaración ante la Fiscalía el pasado miércoles 17 de junio. Desde el cambio de gabinete que desalojó a Peñailillo de La Moneda, el discurso del gobierno se ha centrado en que la Presidenta nunca supo de las gestiones para montar una pre-campaña con fondos ilegales en 2012; y que quienes articularon esa operación actuaron por cuenta propia. Ese escudo protector fue golpeado por Peñailillo cada vez que los fiscales le preguntaron si la Presidenta estuvo al tanto de los hechos que investiga el Ministerio Público. La respuesta no lo confirmó ni desmintió, y puso un manto de duda que encendió alarmas en el oficialismo.

La indagación que hizo CIPER en el entorno más estrecho de al menos tres de los protagonistas clave de esta arista del financiamiento político ilegal (Rodrigo Peñailillo, Giorgio Martelli y Michel Jorrat), indica que, en cada ocasión que los fiscales le preguntaron a Peñailillo por el conocimiento de la Presidenta Bachelet de actividades de pre-campaña realizadas en 2012, éste se limitó a responder que no hablaría de ese tema por recomendación de sus abogados. Nunca se salió de ese libreto.

La fórmula que ocupó Peñailillo -guardarse información por consejo de sus defensores- extiende el suspenso sobre quiénes decidieron y administraron la recaudación ilegal de fondos realizada en 2012, al tiempo que deja en evidencia el frío distanciamiento instalado entre La Moneda y el ex ministro.

La declaración de Rodrigo Peñailillo frente a los fiscales se suma a las que también prestaron el ex controlador de la sociedad Asesorías y Negocios (AyN), Giorgio Martelli, y el ex director de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat. Los tres son las principales piezas a las que ha tenido acceso el Ministerio Público, hasta ahora, para desentrañar cómo se organizó y se ejecutó la pre-campaña de Michelle Bachelet en 2012.

Michel Jorratt

Casi un mes pasó entre la primera declaración de Martelli (27 de mayo y que fue divulgada por TVN) y la que prestó Jorrat (25 de junio). Entre ambas, concurrió Peñailillo (17 de junio). La dos últimas aún se mantienen en reserva. CIPER buscó saber en el círculo más estrecho del ex ministro del Interior y del ex director del SII, el contenido de sus declaraciones. Y constató que fue Michel Jorrat quien aportó los más impactantes antecedentes sobre hasta qué punto la investigación del SII y el Ministerio Público –que entraba de lleno en los aportes ilícitos de SQM- provocaron el descontrol del ex ministro del Interior.

El segundo hecho que se desprende de la declaración que hizo Jorrat apunta a un protagonista hasta ahora solo tangencialmente nombrado en la estructura de la pre-campaña: Alberto Arenas, ex ministro de Hacienda. Es un hecho que Arenas también tendrá que declarar en los próximos días ante los fiscales.

Además, tal como lo reveló CIPER en un reportaje publicado el 8 de mayo pasado (vea “Presión de Interior y Hacienda para postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII”), Michel Jorrat confirmó que en una de las reuniones que se hicieron para intentar parar la investigación que llevaba a cabo el SII sobre los aportes ilegales de Soquimich, participó como representante del Ministerio del Interior el abogado Samuel Donoso, quien a su vez actuaba como defensor de los intereses de SQM, la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Jorrat relató a los fiscales que el 9 de enero pasado fue citado a una reunión en dependencias del piso 11 del Ministerio de Hacienda. A la cita concurrió también el abogado Samuel Donoso, quien representó a Ponce Lerou en su querella contra la corredora Moneda en el caso Cascadas y que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar impedir que la contabilidad de SQM llegara a manos del Ministerio Público.

Samuel Donoso

Lo grave es que en esa reunión en el Ministerio de Hacienda nadie le mencionó a Jorrat los vínculos de Donoso con SQM. Es más, le fue presentado como asesor del entonces ministro Peñailillo. Donoso intentó convencer a Michel Jorrat de que el SII debía desistirse de las acciones judiciales que había iniciado contra empresas que pagaron boletas y facturas falsas, como ocurría con SQM, porque a su juicio esas faltas no constituían delitos tributarios y bastaba con que fuesen rectificadas por la vía administrativa.

Lo que pasó después de esa cita, demuestra que Jorrat no fue receptivo al lobby de Donoso, quien fue interpelado duramente en esa misma reunión por el entonces subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas. La investigación siguió adelante.

El que Donoso (ex presidente del Tribunal Supremo del PPD) estuviera sentado en una reunión oficial del gobierno para analizar la crisis provocada por la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política, muestra el peso de la influencia que ha ejercido SQM en el mundo político. Un dato a tener en cuenta ahora que la empresa enfrenta el riesgo de perder la concesión estatal que le permite explotar el Salar de Atacama, la mayor reserva mundial de litio, negocio al que accedió gracias a un contrato que le reporta amplios beneficios y que se firmó durante el gobierno de Eduardo Frei (vea el reportaje de CIPER “El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou”).

LOS TRES NIVELES DE LA PRE-CAMPAÑA

Analizadas en conjunto, las declaraciones de Peñailillo, Martelli y Jorrat, permiten establecer que la pre-campaña de 2012 operó en tres niveles. El primero fue el relacionado con la obtención de los dineros para alimentar el sistema, aportados por SQM y el Grupo Angelini, entre otras empresas que están bajo el microscopio del Ministerio Público. Esta función estuvo a cargo de Jorge Rosenblut, quien recién renunció a la presidencia de Enersis debido, precisamente, a su rol de recaudador de estos fondos ilegales (vea el reportaje de CIPER “Jorge Rosenblut: las huellas del próximo imputado por la caja negra de Martelli”). Rosemblut ya fue citado a declarar como imputado por la Fiscalía.

El segundo nivel se encargó de la administración de los recursos. Esa labor la desempeñó Giorgio Martelli. Lo hizo a través de su sociedad AyN, la que en 2012 contrató y pagó a personas que habrían realizado informes, estudios y minutas que Martelli supuestamente vendía a las empresas que aportaron el financiamiento. Al año siguiente, cuando partió oficialmente la campaña, esas mismas personas fueron integradas al comando y, posteriormente, asumieron puestos en el gobierno.

Jorge Rosenblut

En el tercer nivel es donde aparecen Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo. El primero se encargó del área que desarrolló estudios sobre temas económicos y el segundo de los informes políticos. Una división del trabajo que continuó cuando en 2013 ambos tomaron las riendas del comando electoral y del programa de gobierno de Michelle Bachelet.

Martelli declaró ante el Ministerio Público que fue Peñailillo el que determinó quiénes debían ser contratados por AyN y cuánto se les pagaría. Pero el ex ministro del Interior, al declarar ante la Fiscalía, intentó matizar lo anterior y sostuvo que él solo “sugería” los nombres y los montos. Deslindando responsabilidades con Martelli, también dijo que no tuvo relación con la creación de AyN.

Peñailillo, además, trató de restarle importancia política a la gestión de la sociedad de Martelli, al afirmar que la comercialización de informes a través de AyN solo tuvo por objeto dar estabilidad laboral a un grupo de personas que había quedado sin trabajo tras la derrota electoral de la Concertación en 2009. Esta descafeinada versión sobre los fines de AyN chocó con la declaración que Michel Jorrat prestó la semana pasada ante los fiscales. El ex director del SII aportó numerosos y detallados antecedentes sobre cómo Peñailillo se desvivió por frenar la investigación tributaria que terminó destapando los fondos que SQM aportó a la sociedad creada por Martelli.

Jorrat confirmó ante los fiscales lo que ya había revelado CIPER: fue presionado por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para que el SII no investigara a SQM ni entregara la contabilidad de esa empresa al Ministerio Público. La declaración de Jorrat, además, muestra el nivel de desesperación en el que cayó Peñailillo cuando comprendió que SQM no podría esquivar la investigación judicial. Para entonces, Peñailillo ya sabía que su intento de influir en la investigación chocaba con una dura pared en el Ministerio Público. Por eso, se concentró en buscar a cómo diera lugar que Impuestos Internos no le entregara la contabilidad de SQM a los fiscales, la principal prueba que acreditaría los pagos hechos por SQM a la empresa de Martelli.

En su testimonio, Jorrat también aportó datos que ensombrecen el futuro judicial del ex ministro Alberto Arenas y de algunos de sus colaboradores. Las presiones de Peñailillo le fueron comunicadas por la jefa de gabinete del entonces ministro Arenas, Andrea Palma. Ella fue también quien lo citó a la reunión con el abogado Samuel Donoso. Además, Jorrat entregó antecedentes que indican que Arenas podía decidir contrataciones y honorarios a pagar por la sociedad AyN.

LA HISTORIA QUE SALPICA A ARENAS

Michel Jorrat le cobró a AyN un millón de pesos líquidos mensuales entre enero de 2012 y marzo de 2013. A  cambio, emitió 14 boletas de honorarios. Los informes que redactó para esa sociedad los entregó por correo electrónico a Alberto Arenas, con copia a Fidel Miranda, un colaborador histórico del ex titular de Hacienda. Estos informes finalmente fueron la materia prima principal del proyecto de reforma tributaria que impulsó Arenas en el primer año de este gobierno.

Alberto Arenas fue parte del círculo que determinaba quién debía ser contratado por AyN y a cuánto ascenderían sus  honorarios. Un rol que fue confirmado por el ex director del SII quien aseguró que fue el ex ministro de Hacienda quien le pidió trabajar en el proyecto de reforma tributaria y que fue el propio Arenas quien le fijó el monto que se le pagaría.

Alberto Arenas

Lo que más complica el futuro procesal de Arenas es que Jorrat, para respaldar su testimonio y entregar las evidencias de que él efectivamente hizo los trabajos por las cuales se le pagó, es que entregó a los fiscales no solo las copias de los estudios que confeccionó y de sus boletas, sino también de los correos que intercambió con el ex ministro de Hacienda y Fidel Miranda. También autorizó a los fiscales a revisar sus cuentas bancarias. Un acceso que Rodrigo Peñailillo no concedió aunque dijo que lo analizaría con sus abogados.

El ex director del SII relató que su vínculo con el grupo comenzó a tejerse en diciembre de 2011, cuando Alberto Arenas lo citó a la oficina que ocupaba en la Universidad de Chile y le dijo que estaba trabajando en el programa del futuro gobierno y que requería una propuesta de reforma tributaria. Le pidió que trabajara media jornada para este propósito, pero al final acordaron de 10% a 20% de jornada, debido a compromisos anteriores de Jorrat. Arenas le informó que al equipo se unirían Fidel Miranda, que se encargaría de las coordinaciones, y Jorge Rodríguez Cabello, experto en temas de educación. Con el mismo Arenas acordó el pago de $1 millón mensual líquido.

El 4 de enero de 2012, según la versión de Jorrat, se realizó la primera reunión de trabajo en dependencias de la Universidad de Chile, a la que asistieron Arenas, Miranda y Rodríguez. Le pidieron un diagnóstico del sistema tributario chileno y se definió una lista de los informes que debía entregar a futuro. En principió el trabajo se programó hasta agosto de 2012, pero finalmente se extendió hasta marzo de 2013.

Fue el 29 de enero de 2012 cuando Jorrat supo de la existencia de la sociedad AyN. Ese día recibió un correo de Arenas, con copia a Miranda y Rodríguez, en el que venían los datos de AyN y se le explicaba que esa era la empresa a la que debía emitir las boletas  y con la cual, además, firmaría contrato.

Casi un mes y medio más tarde Jorrat se cruzó por primera vez con Giorgio Martelli. El 11 de marzo recibió un correo de Martelli, al que no conocía.  Debían reunirse para firmar el contrato y efectuar los pagos de enero y febrero, porque a esas alturas ya había entregado informes. Se juntaron en un café de Providencia para suscribir el contrato y, según la versión que Jorrat entregó a los fiscales, nunca más volvieron a verse.

Jorrat firmó tres contratos con AyN: uno abarcó de enero a julio de 2012; el segundo, de agosto a diciembre del mismo año y un tercero, de enero a marzo de 2013. En todo ese periodo jamás le entregó informes a Giorgio Martelli y tampoco a Rodrigo Peñailillo, a quien asegura que conoció recién en julio de 2013 en el comando de la campaña presidencial. Los informes los entregó a Arenas.

Respecto del origen de los recursos con los que le pagaban sus estudios, Michel Jorrat sostuvo que nunca supo de dónde venía el financiamiento. También señaló que no sabía si Bachelet estaba al tanto de que los informes y estudios realizados para AyN serían usados en su candidatura.

Sobre el uso que Arenas le dio a sus informes, Jorrat relató que el 2 de agosto de 2012 recibió un correo del ex ministro de Hacienda: le pedía una de sus minutas para participar en una comisión legislativa donde se discutiría la reforma tributaria del gobierno de Sebastián Piñera. Y sí sabe que el 70% del contenido de los estudios que hizo para AyN fue recogido en el proyecto de reforma tributaria que presentó Arenas, ya como ministro, en 2014.

LAS PRESIONES PARA NO TOCAR A SQM

En abril de 2013, una vez finalizado su último contrato con AyN, Alberto Arenas invitó a Michel Jorrat a participar en la Comisión de Reforma Tributaria, la que integraría junto a Andrea Repetto, Óscar Landerretche y Ricardo Lagos Weber. En esa instancia su aporte fue ad honorem y se basó en los informes que ya había hecho.

En la segunda semana de marzo de 2014, cuando el segundo gobierno de Bachelet recién se había instalado, Arenas le ofreció la dirección del SII. Poco después de su designación, Jorrat nombró como subdirector jurídico a Cristián Vargas, quien hasta ese momento era jefe del Departamento de Técnicas Tributarias de la Subdirección Normativa.

Los problemas comenzaron en noviembre de 2014. Michel Jorrat recordó que ese mes la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Andrea Palma, le informó que el ministro Peñailillo estaba muy preocupado porque el SII investigaba a SQM. Jorrat aseguró que hasta ese momento él desconocía la vinculación de SQM con las pesquisas del financiamiento político ilegal, pues el subdirector Vargas manejaba la indagatoria con total autonomía.

El 10 de noviembre pasado, Andrea Palma llamó a Jorrat para comunicarle que Peñailillo quería saber por qué el SII había citado a Tatiana Aránguiz Palacios. Michel Jorrat no sabía quién era Tatiana Aránguiz y tuvo que preguntarle al subdirector Vargas por qué estaba  citada al Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet): Aránguiz había emitido boletas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán y a SQM.

A Jorrat le sorprendió que el ministro del Interior estuviera tan bien informado de las acciones del SII relacionadas con SQM. De hecho, sostuvo que muchas veces se enteró de que la Didet investigaba asuntos relacionados con SQM por informaciones que le eran transmitidas por Andrea Palma y que provenían del entonces ministro del Interior. Pero aclaró que nunca lo llamó ni Peñailillo ni Arenas para hacer consultas, pues siempre fue Palma la correa transmisora.

Rodrigo Peñailillo

El 9 de enero de este añó la preocupación inicial de Peñailillo se convirtió en ira. Ese día el SII interpuso una querella contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner (UDI) y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por ilícitos que incluían una boleta falsa emitida a SQM. Junto con esa acción judicial, Impuestos Internos pidió incautar la contabilidad de SQM del periodo 2009-2014. Apenas unas horas después de presentada la querella lo llamó la jefa de gabinete del ministro Arenas para manifestarle a Jorrat que Peñailillo se había enfurecido por las diligencias que pidió el SII, porque con ello prácticamente se obligaba a la Fiscalía a abrir la investigación de SQM.

En la tarde de ese mismo 9 de enero, Andrea Palma citó a Michel Jorrat a una reunión al Ministerio de Hacienda. Esa fue la cita en la que apareció sorpresivamente el abogado Samuel Donoso. Junto a Jorrat concurrió también el subdirector Vargas. La reunión se realizó en un ambiente tenso, porque Donoso fue prepotente y criticó de manera dura el actuar del SII. A lo que el subdirector del SII replicó en términos aun más duros. Pocos días después Jorrat supo que Donoso era abogado de SQM y que Vargas le comentó que le parecía impropio todo lo sucedido en dicha reunión.

Días más tarde Andrea Palma le comunicó a Jorrat que Peñailillo había ordenado que el SII paralizara sus acciones. El ex director de Impuestos Internos sostuvo que con la jefa de gabinete de Arenas comentaron lo absurdo de esta instrucción, por lo que él entendió que ella no se estaba prestando para presionarlo, sino que solo le contaba cómo estaban sucediendo las cosas.

El siguiente round tuvo lugar en marzo pasado, cuando el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, presentó al Tribunal Constitucional un requerimiento para impedir que la Fiscalía accediera a la contabilidad del periodo 2009-2014 que la propia empresa había entregado al SII. Contesse fue representado por el abogado Samuel Donoso, el mismo que se había reunido con Jorrat en el Ministerio de Hacienda y que le fue presentado como asesor de Peñailillo.

Fue nuevamente Andrea Palma quien le transmitió a Jorrat que el ministro del Interior, aprovechando que el Tribunal Constitucional había acogido a trámite el recurso que interpuso Donoso, quería que el SII concurriera a la sede de esa empresa con camiones si era necesario para sacar toda la información contable de SQM. El objetivo era que la Fiscalía no pudiese encontrar esos antecedentes. Michel Jorrat aseguró que él y Andrea Palma no pudieron evitar reírse de lo absurdo de la ocurrencia de la Peñailillo, pues el SII no concurre con camiones a revisar la contabilidad de las empresas y los documentos ahora se guardan en formatos electrónicos.

Cuando en esos días se  supo que la Fiscalía ya había solicitado al SII la información contable entregada por SQM, Peñailillo le transmitió a Jorrat, también por intermedio de Andrea Palma, la idea de que Impuestos Internos entablara un juicio de contienda de competencia para no entregar esa documentación. Y también que estudiara si la decisión del Tribunal Constitucional de acoger a trámite el recurso impedía al SII entregar a la Fiscalía la contabilidad de SQM. Jorrat consultó a los abogados del SII, quienes le indicaron que no había impedimento, por lo que entregó los documentos al Ministerio Público.

Finalmente, la misma jefa de gabinete del ministro de Hacienda le entregó a Jorrat la minuta atribuida al abogado y ex director del SII, Ricardo Escobar, donde se explica la tesis de que las boletas o facturas ideológicamente falsas –como las usadas en el financiamiento político ilegal- no constituyen delito tributario.

Escobar, cuyo estudio jurídico defiende a ejecutivos del Grupo Penta y al controlador de SQM Julio Ponce Lerou (además del principal ejecutivo de La Polar), ha argumentado públicamente que este tipo de irregularidades debe ser rectificada por la vía administrativa y no dar origen a juicios.

PRESIONES POR MARTELLI Y NOVOA

El pasado 11 de mayo el SII se querelló contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. Por ambos, Jorrat enfrentó problemas. En el caso de Novoa, dijo que fue presionado por la UDI. Según relató a la Fiscalía, el 4 de mayo recibió en audiencia al senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien pidió la reunión supuestamente para aclarar dudas sobre el proyecto de modernización del SII. En realidad, Coloma dedicó la cita a quejarse de un supuesto trato arbitrario del SII en la investigación a Novoa. El senador intentó entregarle una minuta que describía las eventuales arbitrariedades, pero Jorrat ya la tenía: se la había pasado días antes la jefa de gabinete de Alberto Arenas, Andrea Palma.

Jorrat afirmó que Coloma le manifestó que si el SII se querellaba contra Novoa, la UDI iba a contraatacar, pero no le detalló en qué consistiría esa ofensiva.

En relación a Martelli, el problema fue mucho más grave y generó un profundo quiebre entre Jorrat y el subdirector Vargas, episodio que al hacerse público terminó sellando la salida de Jorrat del SII.

Giorgio Martelli

El 3 de mayo pasado, Jorrat recibió el primer informe que le envió Cristián Vargas sobre la situación de Giorgio Martelli y de la contadora Clara Benzan (DC), ambos involucrados en los aportes ilícitos que SQM entregó a la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009. Vargas deseaba presentar una querella contra Martelli el jueves 7 de mayo, a la que se anexaría otra contra Jovino Novoa.

Jorrat le pidió a Vargas que primero le tomara declaración a Martelli, lo que fue interpretado por el subdirector del SII, en el contexto de presiones que venían desde el Ministerio del Interior, como una “dilación” innecesaria. Fue en esos precisos momentos que se supo, además, que internamente en el SII le habían aceptado a Jovino Novoa realizar una rectificación por impuestos no pagados. El beneficio se le concedió a Novoa a pesar de que en el sistema aparecía una anotación que lo impedía porque estaba bajo investigación. ¿Quién fue el responsable de esa violación a las normas del SII? Hasta ahora no se sabe. Jorrat ordenó hacer una investigación cuyo resultado aún se desconoce.

La tensión que se vivía al interior de Impuestos Internos era la de una caldera a punto de explotar. Y así fue. Porque Vargas no estuvo dispuesto a hacerse responsable de retrasar la querella contra Martelli y le pidió a Jorrat que le revocara la facultad de ejercer las acciones penales del SII. Esa facultad es privativa del director de Impuestos Internos, pero por años estuvo delegada en el subdirector jurídico.

Ese quiebre entre Jorrat y Vargas, gatillado por las presiones que ejerció el entonces ministro Peñailillo y las reuniones realizadas en Hacienda con abogados de SQM, fueron publicadas el viernes 8 de mayo por CIPER. Dos días antes la Presidenta Bachelet había anunciado un cambio de gabinete. Y tres días después, el lunes 11, tanto Peñailillo como Arenas dejaron de ser ministros.

La investigación a los ilícitos de SQM siguió adelante. Hoy están en la fila para ser interrogados por la Fiscalía Jorge Rosenblut, Alberto Arenas y otros miembros de la G-90, el grupo del PPD que lideraba Rodrigo Peñailillo y que integraron el equipo pagado de la pre-campaña. Y las esquirlas no dejan de expandirse. Porque también afectan a José Tomás Guzmán, el hombre que negoció con Rosenblut los aportes ilícitos del Grupo Angelini a la sociedad AyN.

El rumbo que ha tomado la investigación del Ministerio Público -a la que ahora se agregó los pagos ilícitos de Corpesca- así como los nombres que figuran en la lista de los involucrados son la prueba más clara de que la desesperación que determinó los pasos de Rodrigo Peñailillo desde enero de este año, tenía fundamento.

Un nuevo remezón por las platas que repartía la empresa Soquimich a políticos por vías ilegales, tuvo como epicentro esta vez el Partido Radical. El ex diputado Alejandro Sule Fernández debió renunciar a la segunda vicepresidencia de la colectividad y congelar su militancia. Ello, tras quedar al descubierto que al menos $22 millones de la compañía controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, fueron a parar a los bolsillos de Sule para financiar en 2013 su campaña a diputado por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, en la que resultó derrotado.

La revelación surgió a raíz de la aparición de una boleta por $6 millones que el entonces subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Baier (PR), emitió a Soquimich y que de inmediato quedó en la lupa del Ministerio Público bajo la sospecha de ser falsa por corresponder a un trabajo no realizado que encubrió aportes ilegales a la política.

Fue el propio Baier quien reveló ante el máximo organismo directivo del Partido Radical, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que no efectuó ese trabajo y que los dineros no fueron para él, sino para la campaña del que fuera candidato a diputado del Partido Radical y vicepresidente de dicha colectividad, Alejandro Sule. Poco después, Baier reconoció en entrevista con El Mercurio que había mentido sobre el supuesto trabajo que hizo para SQM y que ahora no estaba seguro de si dicho informe se había realizado o no.

El hallazgo de esa boleta terminó provocando la caída del subsecretario Baier, quien tenía el más alto cargo en La Moneda del Partido Radical. Baier renunció el 24 de junio, antes de concurrir a declarar como “imputado” ante los fiscales que investigan la evasión tributaria y el financiamiento ilegal de la política, interrogatorio que se produjo el jueves 2 de julio.

Dos días después de la renuncia de Baier a la subsecretaría, se produjo el segundo efecto de esta arista para el gobierno. El viernes 26 de junio, Alejandro Sule, quien tras su derrota electoral fue contratado como asesor legislativo de la ministra de Minería, Aurora Williams (PR), renunció a su cargo.

Rodolfo Baier

La renuncia de Alejandro Sule se entiende. Y ello porque no solo aparece involucrado a través de esa boleta de $6 millones -emitida por Rodolfo Baier- en el financiamiento ilegal de la política por parte de Soquimich. Los dineros que recibió por fuera de la vía electoral de la empresa minera, hasta ahora, ascienden a $22 millones.

Para ello, Sule también involucró al ex asesor de los parlamentarios radicales, el periodista Jorge Rojas -hoy funcionario del Ministerio de Economía- quien en mayo de 2013 emitió una boleta por otros $6 millones a Soquimich, y al abogado y dirigente  metropolitano del PR, Carlo Descalzi, quien le facilitó una tercera boleta por $10 millones. Esta última, curiosamente, fue emitida en junio de 2014, meses después de haber terminado la campaña electoral de Sule.

Sule envió una carta de renuncia a la segunda vicepresidencia del PR, en la que señala su deseo de no dañar al partido por la investigación de las platas políticas. El escrito está dirigido a la secretaría general de la colectividad y a su Tribunal Supremo (TS), instancia que abrió una investigación sobre los testimonios -por momentos dramáticos- que se escucharon en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PR, realizada el 22 de junio y que contó con la presencia de Sule, Baier y Descalzi.

El presidente del TS, Leonardo Cubillos, dijo que no podía referirse al escrito de Sule, ya que ese tribunal “abrió un procedimiento disciplinario sobre los hechos relatados en la reunión del CEN”.

Cubillos explicó a CIPER que en virtud de ello ya fueron citados a declarar ante el TS Alejandro Sule, Rodolfo Baier y Carlo Descalzi. Y agregó que esperan finiquitar rápidamente la investigación: “antes de que termine julio”. Adelantó, además: “Hay consenso en el TS de que si se constata la eventual existencia de delito vamos a colocar dichos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, sin pronunciarnos sobre ello, pues nuestra investigación no es penal ni de responsabilidades civiles”.

Los ilícitos cometidos por Alejandro Sule provocaron un fuerte impacto en el radicalismo ya que él es un alto dirigente de ese partido e hijo de una figura emblemática: el ya fallecido presidente y senador radical, Anselmo Sule, quien fue confinado por Pinochet en Isla Dawson después del Golpe de Estado de 1973. También fue vicepresidente mundial de la Internacional Socialista y mantuvo amistad con Fidel Castro. Al regreso de la democracia fue  electo senador por la Sexta Región, la misma zona donde su hijo Alejandro ganó la diputación en 2005 y que perdió cuando intentó reelegirse en 2009.

EMPRESARIO EN CUBA

Alejandro Sule tenía 12 años cuando se produjo el Golpe de Estado. Después que su padre fuera liberado de su prisión en Isla Dawson, debió abandonar el país y partió al exilio con su familia. Se radicaron en México donde se tituló de ingeniero. En 1988 regresó a Chile para trabajar desde el PR en el proceso de retorno a la democracia. Tras la elección de Patricio Aylwin en 1990, combinó su actividad política con los negocios, aunque todos los consultados por CIPER coinciden en que inició varias empresas, pero la mayoría tuvo escasa actividad comercial.

Su informe Dicom arroja que actualmente posee una propiedad en Lo Barnechea, cuya tasación fiscal es de $45,7 millones, y es gerente de Santa Ana S.A., además de participar en otras 10 sociedades, algunas de ellas sin movimiento aunque no han sido disueltas.

La primera empresa la constituyó con su madre, Fresia Fernández, en 1995: “Sule y Fernández Sociedad Ltda.” o “Avantia Sociedad Limitada”, dedicada a asesorías, inversiones inmobiliarias y accionarias. La sociedad se inició con un capital de $1 millón, el que en 2003 creció a $63 millones. En 1998 le cambiaron el nombre a “Inversiones Avantia Ltda.”

El último movimiento que registra esta sociedad en Impuestos Internos (SII) data de 2007. Allí se advierte: “El contribuyente ha sido observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo”, razón por la cual el SII le rechazará el crédito fiscal que se origine en transacciones con Avantia.

Leonardo Cubillos, presidente del Tribunal Supremo del PR.

En 1991, Alejandro Sule Fernández puso sus ojos en Cuba. Junto a su hermano Claudio, más Angel Domper Cavalla y Marcia Ostornol Almarza crearon “Santa Ana S.A.”, dedicada al comercio exterior con un capital de $4 millones. Fueron los primeros negocios de importación de alimentos con la isla, un país donde su padre había establecido amistades en el más alto nivel político.

Tiempo después, Alejandro Sule acusó al ex dirigente estudiantil durante la dictadura, Ángel Domper, de haberse retirado de Santa Ana para pasarse “a la competencia”, otra de las empresas instaladas en Cuba y que estaba controlada por otro chileno: Max Marambio. Finalmente, Sule terminó vendiendo su empresa a los empresarios Manuel Feliú y Jurgen Paulmann -ya fallecido y quien era dueño de Aerolíneas Sky, además de ser hermano de Horst Paulmann, controlador de Cencosud-.

Con los mismos Feliú y Paulmann, Alejandro  Sule constituyó en 1997 otra sociedad, cuyo objetivo es realizar inversiones y de la cual figura aún como gerente.

Sule también participa en más sociedades: Unwin S.A., de comercio exterior constituida en 1992; en Talleres Guayasamín S.A., la que no inició actividades y que fue creada en 1993; en Sule Consultores Internacionales S.A.C. (formada en 1998); en  ENER S.A. dedicada a negocios de energía solar y agua (constituida en 2010) y, finalmente, en la empresa individual Alejandro Sule Asesoría e Inversiones E.I.R.L., la que fue creada en 2014.

SUS PASOS POR MINERIA

El hallazgo de que Alejandro Sule recibió aportes ilegales de Soquimich se complica aún más debido a que durante el periodo en que fue diputado -2006-2010-, Sule presidió la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. En esa calidad le correspondió dirigir el debate de la ley que creó el Ministerio de Energía y apoyó el desarrollo de políticas públicas sobre energías renovables.

Después de ser derrotado en la última elección de diputados, Sule se incorporó a una comisión técnico-parlamentaria transversal, la que desarrolló una propuesta sobre la matriz eléctrica del país, alternativa a la que propuso el gobierno de Sebastián Piñera.

En 2013 el PR lo proclamó candidato a diputado por el Distrito 28 (San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo). Y fue precisamente para esa campaña que Sule le habría pedido a Rodolfo Baier y Jorge Rojas emitir boletas falsas a Soquimich para recibir aportes ilegales.

Aurora Williams

En el Partido Radical despierta especial inquietud la boleta que obtuvo de Carlo Descalzi y que corresponde a siete meses después de la elección. Algunos dijeron a CIPER que podría tratarse de un aporte para pagar deudas que Sule contrajo durante la campaña. Y como en 2014 el ex diputado no era aún asesor legislativo de la ministra de Minería –y tampoco trabajó en otra instancia de gobierno-, descartan que esos dineros puedan estar vinculados a un eventual soborno de Soquimich.

El contrato de asesoría legislativa de Sule en el Ministerio de Minería se inició el 1 de enero de 2015. Su fecha de término era el 30 de junio. Su renuncia la presentó el 26 de ese mes, cuatro días antes de que venciera el plazo, aunque se suponía que su contrato iba a ser prorrogado de no mediar el escándalo de las boletas.

En el radicalismo aseguran que Sule y la ministra Aurora Williams no tenían relación y que fue el presidente del PR, Ernesto Velasco, quien realizó gestiones para conseguirle ese cargo debido a su inestable situación económica. El 7 de enero pasado, recién incorporado a Minería, Sule y el otro coordinador legislativo del ministerio, Cristián Montesinos, acompañaron a la ministra Williams a la Comisión de Minería del Senado que debatía la ley sobre cierre de faenas mineras.

EL CAREO EN EL CEN

La reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Radical del 22 de junio resultó clave para develar el misterio que cubría las boletas entregadas por Rodolfo Baier, Jorge Rojas y Carlo Descalzi a Soquimich. Solo días antes, el nombre de Descalzi emergió por primera vez públicamente, tras lo cual éste se comunicó por vía telefónica con Velasco y le dijo que quería concurrir personalmente a la sesión del CEN para contar toda la verdad sobre esos pagos bajo la lupa del Ministerio Público.

Así, ese lunes se vieron las caras Sule, Baier y Descalzi –quien llegó acompañado de militantes de la asamblea metropolitana del partido- frente a los integrantes del CEN, que incluye a la mesa directiva y a los consejeros electos. El clima en esa reunión en la que participaron 22 personas, fue extremadamente tenso. Antes del inicio no hubo sonrisas ni palmoteos.

Ante los consejeros, Rodolfo Baier reconoció que había mentido públicamente, pues no hizo el trabajo como lo había asegurado el 24 de marzo cuando en los patios de La Moneda expresó: “En un periodo de mi vida he hecho emprendimientos; uno de esos trabajos, cuando me dedicaba a la minería, lo realicé, se escribió, se entregó y se canceló”.

Baier relató en el CEN que Sule le había pedido la boleta para ayudarlo a financiar su campaña y que le había explicado que el trabajo ya estaba hecho por otra persona y que sólo bastaba con su boleta. Sule guardó silencio, que fue interpretado por los consejeros como un reconocimiento de los hechos.

Cuando le llegó su turno, Descalzi afirmó también que fue Alejandro Sule quien le pidió una boleta por $10 millones y que aceptó emitirla “por amistad”. Y agregó que el ex asesor de la ministra de Minería le pagó $300 mil por un trabajo sobre el MultiRut en las empresas y los efectos sobre los trabajadores.

Sede del Partido Radical

Fue entonces que los consejeros del CEN le dieron la palabra a Alejandro Sule, quien reconoció haber solicitado las boletas, pero afirmó que le pagó $500 mil a Descalzi -no $300 mil- y que los $10 millones los ocupó en su campaña. No explicó por qué le había solicitado esa boleta a Descalzi meses después de la contienda electoral.

Los miembros del CEN les enrostraron a los tres que, meses atrás, en el partido se había preguntado si había dirigentes con boletas que correspondían a platas políticas irregulares y que ninguno de ellos había dicho la verdad.

En la reunión se volvió a preguntar a Alejandro Sule si existían más boletas del mismo tipo. Lo negó. Sin embargo, la inquietud persiste en el PR, pues la campaña a diputado se calcula que le costó $45 millones y las tres boletas sólo suman $22 millones.

La tensión en el CEN subió varios niveles en el momento en que se le exigió a Sule que revelara quién era su contacto en Soquimich. El ex diputado sólo respondió: “Un amigo”. Y rechazó entregar el nombre a pesar de la dura insistencia de los consejeros del CEN.

La reunión terminó con la decisión de entregar todos los antecedentes al Tribunal Supremo y con la exigencia expresa a Sule de que congele su militancia y renuncie a la vicepresidencia. Ese día, el ex diputado, sólo respondió que lo pensaría. Pero finalmente, renunció.

Cuando en junio del 2013 los periódicos The Guardian y The Washington Post publicaron una serie de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés), filtrados por Edward Snowden, el mundo entero quedó perplejo. La información mostraba cómo el gobierno de Estados Unidos recolectaba información de correos electrónicos, videos, chats, fotografías, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales a través de un programa de vigilancia masiva llamado PRISM. Una capacidad similar a la que tiene el sistema de interceptación que compró el año pasado en secreto la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

La transacción tuvo un costo de US$ 2,85 millones y si bien funciona de manera distinta al de la NSA, el propósito es el mismo: obtener información privada de computadores o dispositivos móviles sin que el usuario del equipo sepa. El proveedor fue la empresa italiana Hacking Team, que vendió su sistema Galileo. A solicitud de la PDI, en Chile el software fue rebautizado como Phantom.

La compra de la PDI se hizo de manera reservada y sólo se conoció esta semana, luego de que Hacking Team sufriera un ataque informático que sacó a la luz miles de sus correos electrónicos, los que luego fueron publicados el jueves 9 de julio en el sitio de Wikileaks. Si bien la PDI se apresuró en sacar un comunicado asegurando que sólo lo utilizaban con autorización judicial, en uno de los correos el representante de la empresa en Chile comenta a su contraparte en Italia que el jefe del Departamento de Monitoreo Telefónico (Demtel) de la policía chilena le dijo que el propósito del software “es usarlo como una herramienta de apoyo para obtener los datos IP de los clientes y acceso a información que no obtendrán a través de una orden judicial” (ver correo).

Respondía así a un correo previo de los italianos, que estaban extrañados de que la PDI estuviera interesada en Galileo, pues no la consideraban la organización “típica” que podía sacarle partido al software. Ello, porque para hacer las interceptaciones se necesita acceder al equipo objetivo de manera física o remota, y la PDI les dijo que sólo poseían los números telefónicos de los aparatos. Este intercambio de emails se produjo en junio pasado y hace referencia al interés de la policía chilena de comprar un segundo equipo Galileo, que se sumaría al que el Departamento de Inteligencia Electrónica (DIE) adquirió en 2014.

INTERCEPTACIÓN TOTAL

El sistema creado por Hacking Team, empresa considerada por la organización Reporteros Sin Fronteras como un enemigo del Internet, funciona a través de un troyano, que es un software computacional “maligno” que permite realizar una serie de acciones dentro de un dispositivo (como un celular o un computador) sin la autorización del usuario o su conocimiento. De esta manera, pueden romper, desde dentro del dispositivo, cualquier tipo de encriptación, permitiendo así el monitoreo de todo lo que el usuario hace, escribe, fotografía, así como sus contactos, claves secretas e, incluso, tomar control de la cámara y GPS. Esto sin importar el lugar, tipo de conexión o de plataforma a la que se espía, esta sea Windows, Mac, iOS, Android y otros. Si el dispositivo se encuentra desconectado, el sistema recaba datos y los envía una vez que el aparato se conecta a internet.

La implantación del troyano no es complicada, aunque requiere acceso directo al dispositivo. Según la misma empresa detalla, la infección se puede realizar vía WiFi (por la misma red de internet del aparato), cable USB, a través del proveedor de internet e, incluso, mediante aplicaciones diseñadas especialmente para engañar al usuario. Esto último tiene un precio adicional (US$175 mil), porque requiere la creación de una aplicación pantalla, como un juego, para que la mayor cantidad de usuarios lo bajen y así implantar el troyano de manera masiva.

La irrupción de este tipo de tecnología abre dudas sobre la legalidad de su uso por parte de las policías en Chile. Según el artículo 222 del Código Procesal Penal, que se refiere a la Interceptación de Comunicaciones Telefónicas, los tribunales sólo pueden ordenar “la interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación” cuando “existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión” de un crimen y que esta fuese “imprescindible” para la investigación.

Algo que para Claudio Ruiz, director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, es a lo menos ambiguo en este caso. ”Estas son tecnologías particularmente intrusivas, que no funcionan si no inoculas algo externo en el aparato (un troyano), y que pueden dañar un sistema informático. No es claro que este tipo de tecnología que compró la PDI cumpla con los estándares que exige la ley. Tampoco está claro que se cumpla con el estándar de proporcionalidad, es decir, que una medida tan intrusiva sea proporcional a los delitos para los cuales se utilizan. A primera vista, no lo son”, afirma Ruiz

EL INTERMEDIARIO

El principal protagonista de los correos electrónicos de Hacking Team es el intermediario chileno: Jorge Lorca Rivera. Se trata de un viejo conocido en el mundo de las interceptaciones telefónicas. En 2012, como funcionario de Tecnodata, logró hacer funcionar un equipo que la empresa había vendido a Carabineros y desde donde se perdieron grabaciones para investigaciones clave (ver: Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”).

La vida de Lorca dio un vuelco ese mismo año. El martes 2 de octubre, CIPER publicó un reportaje que denunciaba el sobreprecio que había pagado el Ministerio del Interior por unos equipos para combatir el narcotráfico (ver “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”). La empresa que había vendido los equipos era Tecnodata, la misma donde Lorca se desempeñaba como técnico informático. Según contó a CIPER un ejecutivo cercano a la compañía, en los días de mayor revuelo periodístico por el caso de los sobreprecios justo visitaba Chile un ejecutivo de Innova, una compañía italiana que desarrolla sistemas de intervención telefónica y que hasta ese entonces era representada por Tecnodata. El ejecutivo de Innova se habría asustado con la exposición periodística que estaba teniendo la empresa y se puso en contacto con Lorca, invitándolo a que se independizara para representarlos en Chile.

Jorge Lorca Rivera

En  mayo de 2013, Lorca constituyó Mipoltec junto a su esposa, Brigitte Rosas Llasquen, con un capital de $3 millones de pesos, de los que Lorca aportó el 83,33%. Y un mes después comenzaba a adjudicarse licitaciones de la PDI, Gendarmería, Carabineros y el Ejército, entre otras instituciones. En noviembre del mismo año, Mipoltec le vendió a Carabineros un “sistema de interceptación, grabación y monitoreo de comunicaciones” de Innova  por US$ 3,3 millones, el que no funcionó correctamente (ver: “Carabineros pagó US$3,3 millones por equipo para “pinchar” teléfonos: lo instaló y no funcionó”).

Si bien el sistema comprado por Carabineros tenía la capacidad de monitorear tanto líneas de datos (internet) como de voz, técnicamente sólo podían acceder a llamadas telefónicas, pues según explicaron expertos a CIPER en ese momento, para poder acceder al tráfico de datos necesitaban que las empresas proveedoras de internet instalaran un filtro especial, para lo cual se requería cambiar la legislación. El sistema Galileo que vendió Hacking Team a la PDI evita tener que utilizar a las empresas de internet como intermediarias, pues se conecta directamente al teléfono o computador de la persona a quien están investigando.

El salto de Lorca de técnico a empresario fue radical. Sólo el contrato de la PDI para venderle el sistema Galileo, por un total de US$ 2,85 millones, le reportó una comisión del 30%. Todo a través de un trato directo, es decir, sin licitación pública, y además secreto.

Sus buenas conexiones con el mundo uniformado quedan reflejadas en los correos electrónicos de Hacking Team. En ellos se aprecia el alto interés de instituciones uniformadas chilenas por el equipamiento para interceptar comunicaciones. Incluso, varias de ellas, recibieron a sus representantes para ver una demostración en vivo de su funcionamiento. Entre las que solicitaron información sobre el producto, según revelan los correos, se encuentra la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario de Gendarmería (DIAP), Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada (Directemar) y Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) (Ver correos de programación de reuniones).

Según un artículo publicado en The Intercept, Chile es el quinto mayor cliente de Hacking Team, detrás de México, Italia, Marruecos y Arabia Saudita. Asimismo, los correos han dejado al descubierto las negociaciones que tuvo la empresa con regímenes dictatoriales como los de Etiopía, Egipto y Sudán.

LOS MAILS DE HACKING TEAM

Según los mails filtrados que analizó CIPER, Jorge Lorca llevaba dos meses con Mipoltec cuando decidió contactarse con Hacking Team (HT) para solicitar una reunión durante la feria ISS (Sistemas de Apoyo de Inteligencia, por sus siglas en inglés) Brasilia 2013. A fines de agosto los italianos ya coordinaban un viaje a Sudamérica y en octubre, Lorca le escribe a Alex Velasco, gerente regional de HT, contándole que los clientes están ansiosos de ejecutar “pruebas en terreno de vuestra solución”. Agrega que tenía al menos cuatro reuniones en agenda con la PDI, Carabineros, el Ejército y la Armada. El viaje se confirma para fines de octubre y los emails detallan reuniones con todas esas instituciones, más Gendarmería. En noviembre las gestiones empiezan a dar resultado. Lorca comunica a HT que había interés en Directemar de la Armada y en el Departamento de Inteligencia Electrónica (DIE) de la PDI, que requieren cada una “2 licencias tipo operador y 10 agentes”, según dice el correo.

En mayo de 2014 se hacen nuevas demostraciones en Chile. El encargado de hacerlas es el ingeniero colombiano Sergio Rodríguez-Solís, quien en un mail a sus jefes de HT cuenta que se reunió con la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) y que hicieron una demostración “sin conexión a Internet  focalizándonos en Windows 7 y Android que resultó satisfactoria, con recolección de datos, descarga de fotografías desde la carpeta de fotos del teléfono, con pruebas de micrófono y más”.

Rodríguez-Solís informa que además se reunió con la Dirección de Investigación y Análisis de Gendarmería (DIAP), “quienes realizan investigaciones en cárceles y asuntos internos”. Con ellos pudo hacer pruebas con conexión a Internet, por lo que se testearon llamadas de Skype, acceso a email y Whatsapp. En su correo, Solís agrega una reunión con el Departamento de Monitoreo Telefónico (DEMTEL) de la PDI: “Como esta es una unidad de intercepción legal, nos enfocamos en las capacidades de RCS (Sistema de Control Remoto por su sigla en inglés), en filtros y en reunir solamente la información deseada y por supuesto en Skype y chats” (vea este correo). Otra reunión que Solís describe es la que tuvo con el Departamento de Inteligencia Electrónica de la PDI (DIE): “Es una antigua unidad de inteligencia, fundada antes de la democracia en el país, que está buscando nueva tecnología”, explica Solís, agregando que “quedaron impresionados y si no me equivoco, la DIE podría comprar este año… las demás podrían el año que viene”.

Según los emails analizados por CIPER, en julio de 2014 se formalizó la solicitud de la PDI, que luego de varios ajustes termina siendo una licencia para 30 usuarios y 100 agentes por una duración de cuatro años. El valor que estableció HT por este servicio es de US$ 1,7 millones, al que luego se le suman dos ítems a favor de Jorge Lorca: US$ 295 mil por concepto de “hardware y servicios” más el 30% de comisión (US$ 855 mil), lo que suma US$1,15 millones. El total a pagar por la PDI entonces es de US$ 2,85 millones que al momento de la transacción, en marzo de 2015, equivalían a $1.795,5 millones.

EL PAGO DE LORCA

Según los correos analizados, la relación entre Jorge Lorca y Hacking Team no ha sido de mucha confianza. En agosto de 2014, Lorca le pide a HT un certificado de representación para poder gestionar la venta del equipo en Chile y según se ve en correos que se envían los ejecutivos entre ellos, en HT no entienden por qué necesita este certificado si la venta la realiza directamente HT, como habían acordado al comienzo. El gerente de Operaciones de la firma, Giancarlo Russo, es el que se muestra más reticente y lo expresa en un correo a Marco Bettini, gerente de Ventas: “Le escribí un correo electrónico a Jorge esta mañana con una serie de puntos a aclarar, entre ellos el hecho de que no podemos delegarlo para representar legalmente a HT (en estos términos podría firmar cualquier cosa en nuestro nombre). De cualquier modo no estoy de acuerdo en emitir esta carta ahora, no entiendo para qué sirve…”. Finalmente, deciden emitirle el documento, que debía ir certificado ante notario, ante la Procuria de la Republica y el consulado chileno, para que Lorca lo autentificara en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si bien al principio se dice que la venta sería directa de Hacking Team a la PDI, hay una serie de emails que dan cuenta de una carta de crédito que debía enviar BancoEstado a una cuenta del HSBC en China que estaba a nombre de la sociedad Mintton Electronics Tech Limited, que Lorca dice que es de su socio. En medio de las gestiones para el pago de dinero a China, HT le escribe directamente a la PDI, con copia a Lorca, para exigir el pago de su factura por US$2,85 millones, a lo que Lorca reacciona con indignación diciendo que escribirle directamente al cliente sin consultar primero con él “me hace quedar mal”. La transacción hacia China resulta rechazada, tras lo cual hubo que cambiar la carta de crédito de BancoEstado para enviarla a la cuenta de HT en Italia.

Junto a los emails, entre los documentos filtrados se encuentra la grabación de una conversación telefónica entre los ejecutivos de HT, Lorca y un funcionario de la PDI, el que les explica que la transacción sólo puede realizarse a través de una carta de crédito debido a que los términos del acuerdo deben cumplir con la normativa chilena y a que la Contraloría ya tomó razón de los documentos.  El proceso tarda varias semanas, hasta que el 28 de abril de 2015, HT confirma la recepción del dinero.

En el mismo correo en que dice que recibió el pago, Simonetta Gallucci, contralora financiera en HT, le dice a Lorca que el CEO David Vicenzetti quiere tener una reunión urgente con él cara a cara. Agendan para el 11 de mayo en Reston, Estados Unidos. Tras esa reunión, hay varios correos de Lorca pidiendo que le paguen su comisión. Paralelamente, se ven correos en los que el chileno continúa avanzando con nuevos clientes potenciales, como una nueva cotización de la PDI, esta vez a través de DEMTEL, y con el mayor del Ejército Cristián Barría (ver correo). En un correo que el vicepresidente de Desarrollo de Negocios en HT, Phillipe Vinci, le escribe a Vicenzetti, se muestra de la opinión de no retener más tiempo el pago de Lorca, pues se corre el riesgo de contaminar la actividad comercial en momentos en que están organizando una presentación de Galileo para agosto de este año en Chile a tres prospectos: Carabineros, Ejército y DEMTEL (ver correo).

Hasta el momento, el único equipo Galileo funcionando en Chile es el que posee la DIE de la PDI. Desde la Armada informaron que ellos finalmente no adquirieron el equipo. En el Ejército, en tanto, si bien reconocieron que el mayor Cristián Barría trabaja con ellos, enfatizaron que no hay un interés de la institución de adquirir el software y que Barría es un investigador especialista en seguridad informática que sólo se puso en contacto con Hacking Team con fines académicos.

En la PDI, en tanto, aseguraron que la compra se hizo de manera directa pues la ley lo permite “si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo”.  Por la misma razón, se excusaron de dar más detalles sobre la adquisición de Phantom a Hacking Team.

CIPER contactó a Jorge Lorca, quien dijo no tener interés en referirse a este tema.