Nadie es capaz de sostener con certeza que los 200 mil estudiantes de la educación superior que según el gobierno iban a estudiar gratis durante 2016, vayan a poder hacerlo. La versión oficial del Ejecutivo es que existe plena confianza en que todo fue diseñado correctamente para poder sacar adelante la primera etapa de la prometida gratuidad a través de una glosa en la Ley de Presupuestos. Una apuesta polémica: la llamada “gratuidad sin reforma” (ver reportaje de CIPER). Pero en la interna, ni en el Ministerio de Educación (Mineduc) ni en el Congreso están en condiciones de asegurar que esos alumnos, todos pertenecientes al sector más vulnerable de la población –los primeros cinco deciles–, puedan ser los primeros beneficiarios de la principal promesa de campaña de Michelle Bachelet. Ni siquiera los rectores de las universidades públicas y privadas que cumplen con los requisitos para optar al beneficio saben con seguridad si finalmente se va a poder llevar a cabo. El proyecto completo se tambalea.

No es por un tema de recursos. La Ley de Presupuestos 2016 ya fue aprobada y los más de $536 mil millones que el Estado reservó para financiar la gratuidad están asegurados, así que el Mineduc podrá disponer de ellos. El problema es que aún no se sabe si ese dinero podrá o no destinarse a su objetivo. Todo dependerá de lo que dictamine durante las próximas semanas el Tribunal Constitucional (TC). La decisión quedó en sus manos luego de que un grupo de 31 diputados de oposición –un cuarto de los parlamentarios que integran la Cámara Baja– presentara un requerimiento por considerar que la glosa 05, aquella que establece los requisitos para que las instituciones de educación superior puedan acceder a esos recursos públicos, es inconstitucional (ver requerimiento).

Son dos las principales líneas argumentativas en las que se basa el texto de los parlamentarios para impugnar la glosa. La primera es de forma: el gobierno habría utilizado la Ley de Presupuestos para legislar y regular otras materias que debieran ser objeto de una ley especial. Varios expertos consultados por CIPER coinciden en que ese es el punto débil del requerimiento y que es muy probable que sea rechazado en el TC. Además, señalan que por sí solo no es capaz de anular por completo la intención de Bachelet de poner en marcha la gratuidad en 2016 tal y como está pensada.

Distinto es lo que ocurre con el segundo argumento que la oposición incorporó en el requerimiento: los requisitos establecidos por el Ejecutivo para determinar si una universidad, instituto profesional (IP) o centro de formación técnica (CFT) es “elegible” para acceder a esos fondos fiscales serían discriminatorios y arbitrarios. Básicamente, porque dejaría fuera del beneficio a miles de alumnos que cumplen las condiciones socioeconómicas mínimas, pero que están matriculados en instituciones que no tienen las características establecidas para ser “elegibles”. En términos jurídicos, ya no es un tema de forma, sino que de fondo. Si esta premisa es acogida por la mayoría de los ministros del TC, es probable que el diseño para echar a andar la gratuidad el próximo año se venga abajo. El impacto podría incluso ir más allá y poner en riesgo los fundamentos del proyecto de ley que el Mineduc se comprometió a presentar durante este mes al Congreso y que pretende sentar las bases para reformar por completo el sistema de educación superior, instaurando la gratuidad como un régimen permanente.

Diputados Jaime Bellolio y José Edwards (Foto: bibiochile.cl)

Dependiendo de qué decida el TC –acoger o rechazar el requerimiento de forma total o parcial–, en el gobierno ya se plantean múltiples escenarios y los distintos mecanismos disponibles para enfrentar un eventual fallo adverso. CIPER revisó los antecedentes para identificar cada una de esas opciones. Desde la elaboración de una ley corta para sacar adelante la gratuidad tal como está planteada, pero por una vía independiente de la Ley de Presupuestos, hasta la reasignación de los recursos. Está también la opción de las becas, una puerta que el gobierno no quiere abrir porque debilita el principio de la educación gratuita como un derecho social. Todo podría retrotraerse al plan original y beneficiar sólo a las 25 universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que implicaría disminuir el número de alumnos beneficiados considerablemente.

En una carta enviada a La Tercera, un lector se pregunta sobre la lógica detrás del requerimiento: “¿Qué sentido puede tener quitarle el beneficio a alguien que lo necesita, para dárselo a otro que también lo necesita?”. Para él, si el TC se acoge a criterios estrictamente jurídicos, debería rechazar la impugnación. Lo mismo señaló a CIPER una fuente que ha participado del análisis jurídico del gobierno, pero agregó que tras el debate hay un fuerte componente político e ideológico que será clave en la decisión del tribunal:

-Es la primera discusión importante del TC con su nueva composición, y es mucho lo que se juega. En un momento en que incluso se cuestiona la legitimidad de su propia existencia como instancia, sería grave que quedara en evidencia que el voto sea más que nada político –dijo.

Esta nueva composición se inauguró en septiembre pasado, cuando la Corte Suprema designó como integrante a José Ignacio Vásquez, un abogado al que se identifica como cercano a la oposición, en reemplazo del socialista Francisco Fernández, rompiendo así el equilibrio político del tribunal e inclinándolo hacia la derecha.

Aunque se espera una votación dividida, al interior del TC señalan que más allá de las identificaciones políticas de los ministros, es muy probable que sólo se acoja parte del requerimiento. Hasta ahora, nadie ha mostrado sus cartas.La definición será clave cuando toque revisar los argumentos de fondo, que apuntan a la gratuidad como una política discriminatoria, el punto que una persona que conoce en detalle el proceso definió a CIPER como “el corazón del requerimiento”. Es por todo lo anterior que los detalles en la redacción del fallo final serán importantísimos para determinar el futuro de esta política pública.

La cuenta regresiva comenzó a correr el jueves 3 de diciembre, apenas el requerimiento fue declarado admisible en el tribunal. El TC tiene desde entonces diez días, prorrogables por otros diez, para dar a conocer su determinación. Los alegatos ya se fijaron para el próximo miércoles 9 de diciembre. Pero las fechas que vienen lo único que hacen es acrecentar una incertidumbre que desde que se planteó la gratuidad para 2016 no ha hecho más que crecer.

Aún no se sabe qué instituciones van a adscribir a la gratuidad. Aquellas que cumplen con los requisitos para ser “elegibles” –las que integran el Cruch más las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado y Católica Silva Henríquez– tienen hasta el 22 de diciembre para manifestar formalmente ante el Mineduc su interés por ser parte del proceso. Eso, a pesar de que aún –según alegan los rectores– no hay claridad sobre cómo se calcularán los nuevos aranceles regulados y cómo el Estado hará frente al eventual déficit producto de la diferencia entre ese nuevo arancel y el valor real que cobran actualmente a sus alumnos. Algunas universidades “elegibles” calculan ese déficit por sobre los $1.000 millones anuales, lo que haría inviable su participación al menos en esta primera etapa. E incluso si se suman, una posibilidad real es que al día siguiente, el 23 de diciembre, cuando se cumpla el plazo máximo que establece la ley, el TC emita un fallo que vuelva todo a fojas cero. Todo, pocos días antes de que el 27 de este mes los jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior en 2016 reciban los resultados de la PSU. 

UN MISIL CONTRA LA GRATUIDAD

Nunca antes hubo tantos estudiantes rindiendo la PSU al mismo tiempo. Fueron más de 289 mil los jóvenes que este año dieron la prueba, haciendo de la versión 2015 la más masiva de todas las que se han realizado desde que partió en 2003 como instrumento de selección para acceder a la educación superior. En esa inédita masividad, mucho tuvo que ver la promesa del gobierno de contar con la gratuidad a partir del próximo año: jóvenes que siempre vieron la educación superior como una meta inalcanzable, por no tener los recursos para acceder a ella, ahora creían que la gratuidad les abría las puertas para convertirse en profesionales. Una promesa que para el 20 de noviembre, cuando el Senado aprobó y despachó la partida de Educación de la Ley de Presupuestos, parecía empezar a consolidarse. Pero que apenas tres días después se congeló con el requerimiento que presentaron los parlamentarios ante el TC.

La Constitución contempla un tratamiento especial para la Ley de Presupuestos, pues a diferencia de otras leyes, puede promulgarse y comenzar a operar aunque el TC aún la esté revisando. El objetivo es no paralizar al Estado si un artículo es impugnado. Si bien los constitucionalistas consultados aseguran que esta es la primera vez que se recurre por el contenido de una glosa, existe una amplia jurisprudencia del TC respecto a la Ley de Presupuesto. De hecho, el requerimiento de los parlamentarios de oposición contra la gratuidad cita varios fallos antiguos para sustentar su reclamo y parte con uno que resulta curioso por varias razones: la derecha invoca una presentación hecha por el ex Presidente Salvador Allende en 1972; se trata del primer fallo dictado por el Tribunal Constitucional; se refiere a la Constitución de 1925 y no a la actual, que data de 1980; y uno de los ministros que votó en esa ocasión fue Adolfo Veloso, padre de Paulina Veloso, la abogada que representará esta vez al gobierno chileno.

El fallo motivado por el reclamo de Allende es utilizado para respaldar la tesis de que no pueden incluirse dentro de la Ley de Presupuestos disposiciones que van más allá de su objetivo principal: definir las autorizaciones de los gastos. A juicio de los recurrentes, la cuestionada glosa “impone una regulación sobre la educación superior que excede el contenido constitucional de la Ley de Presupuestos”.

Los expertos consultados que han analizado el escrito presentado por la oposición difieren sobre la solidez jurídica de este punto, pero en su mayoría creen que es el que tiene mayor posibilidad de “caerse”. Entre otras cosas, porque en la práctica muchas de las glosas presupuestarias contienen las “instrucciones” de cómo debe gastarse el dinero asignado para cada ítem, de manera parecida a como se hace con la gratuidad. Si llegara a aceptarse el cuestionamiento de los parlamentarios, comenta un constitucionalista, se daría la contradicción de que se critica la falta de deliberación democrática al no debatir sobre la gratuidad en un proyecto específico, pero el efecto será una partida “en blanco”, sin texto que especifique las reglas básicas para la entrega de los recursos o, dicho de otra forma, sin ninguna deliberación respecto a cómo deben gastarse.

De cualquier modo, si el TC acoge sólo este punto, el gobierno estaría frente a un escenario manejable. Como se trata de un cuestionamiento meramente formal, basta con que presente una ley específica –la Ley Corta de la que se ha hablado– que convierta en articulado el contenido de la glosa. “Podría copiar y pegar el mismo texto”, grafica un abogado. El diputado Jaime Bellolio (UDI), uno de los requirentes que ha liderado la oposición a la gratuidad, concuerda con que en este escenario el gobierno probablemente podría salvar el obstáculo con una ley especial.

La salida sería más compleja si el Tribunal Constitucional acoge la tesis de que los requisitos para la gratuidad “constituyen una discriminación arbitraria contra los estudiantes de los cinco primeros deciles” que estudian en universidades privadas no pertenecientes al Cruch o que pretenden hacerlo a contar del próximo año. En este caso, las soluciones para el gobierno dependerán de los cuestionamientos constitucionales que acoja el fallo, los que son poco previsibles. Lo que es un hecho –y así lo reconoce Bellolio– es que el requerimiento fue redactado explícitamente con la idea de cuestionar las reglas de gratuidad establecidas en la glosa, pero no el gasto aprobado para este ítem. Se abrirá entonces una disputa que ya ha comenzado a esbozarse y que tiene muchos ingredientes políticos e ideológicos, pero también comunicacionales. 

El Ejecutivo ha dicho que explora diversas soluciones de carácter administrativo (que sólo dependen de la voluntad del gobierno y no de una ley). Entre ellas, se ha mencionado la posibilidad de restringir el beneficio a las universidades pertenecientes al Cruch, dejando fuera a las tres universidades privadas que eran “elegibles” de acuerdo a las normas de la glosa. Una de las alternativas que se analiza es hacer que las instituciones firmen un convenio con el Mineduc, el que regularía las exigencias y la relación entre ambas partes. Este tipo de convenios había sido considerado en la idea original del gobierno, pero se eliminó ante las críticas de las universidades, reacias a comprometerse a firmar un documento ante la incertidumbre de los montos máximos del nuevo arancel regulado, entre otras cosas.

El requerimiento no sólo se refiere a las universidades, sino que también cuestiona los requisitos que se exigen a los institutos profesionales o centros de formación técnica para acceder a los nuevos fondos para becas. Específicamente se busca que no se limite solo a aquellos que no tienen fines de lucro o que se comprometen a convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro, un punto clave para el gobierno, pues busca evitar que los aportes públicos terminen convertidos en utilidades para los dueños de las instituciones.

Por ello, el gobierno ha dicho que si el Tribunal Constitucional le da la razón a los parlamentarios, el resultado será que menos alumnos se verán beneficiados, tanto a nivel universitario como técnico profesional. Para Bellolio, en cambio, esta afirmación es sólo una “campaña del terror” que busca responsabilizar la oposición por disminuir el número de estudiantes que accederán a la gratuidad.

Jaime Bellolio

La alternativa, dice Bellolio, es simple: entregar becas que no discriminen arbitrariamente, lo que para él significa que favorezcan a todos los estudiantes de un mismo quintil. Están dispuestos, asegura, a aceptar que se suban los requisitos a las instituciones –como los años de acreditación–, siempre y cuando eso también se aplique a las universidades del Cruch, incluyendo a las estatales (las universidades Arturo Prat, Tecnológica Metropolitana, de Los Lagos y Católica de Temuco no cumplen con los cuatro años de acreditación requeridos, por ejemplo, e igual pueden optar a la gratuidad).

El problema es que la propuesta de la derecha de entregar becas choca con varios principios que sustentan la promesa de gratuidad, principalmente la concepción de la educación superior como un derecho social. Un derecho que además implica que la educación gratuita se impartirá sólo en instituciones de calidad y que no lucren con fondos públicos. La “gratuidad sin reforma” que se busca establecer a través de la Ley de Presupuesto 2016 es el primer paso de una reforma global a la educación superior, que se regiría por los mismos criterios.

Lo que estamos viendo es el comienzo de una pugna entre el gobierno y la oposición por responsabilizarse mutuamente por un eventual recorte de estudiantes beneficiados. La pregunta es si el Ejecutivo podrá mantenerse en su posición actual a pesar de que la derecha insistirá en que la plata está aprobada y es Bachelet la que se niega a entregar becas. Es en ese terreno en que se librará la batalla comunicacional, un área en que el gobierno se ha mostrado débil.

A esta tensión se suma el hecho de que hay universidades privadas del Cruch que han puesto en duda su adhesión al sistema de gratuidad, como la Pontificia Universidad Católica (PUC). Con la información actual –insuficiente según los rectores–, son varias las instituciones a las cuales simplemente los números no les dan para sumarse al proyecto del gobierno. ¿Quedará el beneficio restringido a las universidades estatales? Esa situación acomodaría a parte del ala izquierda de la Nueva Mayoría, que ve con recelo que el Estado financie a universidades privadas –incluso a aquellas que son parte del Cruch, como la PUC–, pero pondría en pie de guerra al ala más conservadora de la coalición, particularmente la DC. De todos modos ya hay instituciones privadas, como las universidades Católica del Norte y Católica de Valparaíso, que han anunciado su decisión de unirse a la gratuidad propuesta por el Mineduc.

REFORMA EN RIESGO

Más allá de lo que pase con la gratuidad para el 2016, el fallo del Tribunal Constitucional podría marcar el futuro de la Reforma a la Educación Superior, cuyo proyecto de ley el gobierno prometió enviar antes de fin de año. El compromiso programático es llegar al final de esta administración con educación gratuita para los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población –algo que ya se ve difícil con la situación económica actual–, además de terminar con el lucro y aumentar las exigencias de calidad. El fallo del TC podría poner cortapisas al contenido y el cronograma del proyecto.

Jaime Bellolio reconoce que el requerimiento busca fijar ciertos límites que incluso van más allá del ámbito educacional, particularmente respecto a lo que él llama “discriminación arbitraria”. De partida, los requirentes ante el TC apuntan a que los criterios de un eventual fallo favorable se apliquen a la Reforma a la Educación Superior. De fondo, están los viejos fantasmas de la derecha y de las universidades privadas. Como afirma Bellolio, una de las grandes preocupaciones es la pregunta sobre cuánto puede afectar el sistema de financiamiento estatal de la gratuidad a la autonomía y el proyecto educativo de las universidades.

Esos temores chocan con la realidad que quedó al desnudo desde las manifestaciones universitarias de 2011: un sistema que ha generado niveles alarmantes de endeudamiento estudiantil, costos que finalmente termina pagando al Estado, y cuya rentabilidad ha ido a parar a universidades privadas de dudosa calidad y que han usado todos los resquicios para lucrar con los servicios educativos. Cualquier reforma que no ponga coto a ese sistema, donde los principales perjudicados son los jóvenes más vulnerables, resulta difícil de sostener hoy políticamente ante la opinión pública.

El fallo del TC resulta preocupante para el gobierno porque podría limitar su margen de maniobra. Como grafica un constitucionalista, hace tiempo ya las sentencias del TC han demostrado que pueden tener impacto en la formulación de políticas públicas relevantes. Como ejemplos, cita el caso de la píldora del día después, cuando en 2008 el tribunal prohibió su distribución en el sistema público. O los diversos fallos respecto a la Ley de Isapres que empujaron una reforma que hasta hoy no se ha concretado.

LAS DISPUTAS QUE AUMENTARON LA INCERTIDUMBRE

Una de las cosas que ha marcado el diseño de la gratuidad ha sido la incapacidad del gobierno de delinear una propuesta clara y capaz de enfrentar las presiones desde el mundo político y desde los grupos de interés (universidades públicas y privadas, centros de formación técnica, estudiantes). Como resultado, las propuestas cambiaron una y otra vez a los largo de este año, tanto antes como después de enviar la famosa glosa al Congreso, en septiembre pasado.

La propuesta original, anunciada por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, beneficiaba a los estudiantes pertenecientes al 60% más vulnerable de la población que asistieran a alguna de las 25 universidades del Cruch o a los ocho centros de formación técnica o institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro.

Las críticas desde el interior de la Nueva Mayoría hicieron cambiar el plan en agosto: se extendería a las universidades privadas sin sociedades con fines de lucro asociadas a su estructura, acreditadas por cuatro años y con participación triestamental. Pero para mantener el control del presupuesto, sólo beneficiaría a los estudiantes del 50% más vulnerable. Así se envió al Congreso en la Ley de Presupuesto, pero las presiones de la Democracia Cristiana, alineada en esto con la oposición, casi hicieron bajar el corte hasta el 40%. La DC se convirtió en un actor clave en la última etapa de la tramitación presupuestaria. Al igual que la derecha, el partido se negaba a apoyar el proyecto por considerarlo discriminatorio y dejar fuera a la mayor parte de los estudiantes de CFT e IP.

Michelle Bachelet

La tramitación del la glosa del presupuesto fue dura y se discutieron modificaciones hasta último minuto. Las dificultades por ceder a las demandas y cuadrar el presupuesto terminaron con un cambio en la estructura de financiamiento de la educación superior. Por un lado se redujo a la mitad el aporte vía Aporte Fiscal Indirecto (AFI) –que se entrega a las universidades que reciben alumnos con más altos puntajes–, aumentando el financiamiento a las universidades estatales a través de convenios marco, entre otras reasignaciones. Eso liberó fondos para aumentar el número de becas para los estudiantes de CFT e IP. Para acceder a la gratuidad se mantuvieron los requisitos que deben cumplir las universidades del Cruch y privadas: estar acreditadas por al menos cuatro años, no tener participación de entidades que tengan fines de lucro y garantizar la participación triestamental. La discusión determinó que la gratuidad beneficiará a los estudiantes de los cinco primeros quintiles, se pagará un arancel regulado y las matrículas no podrán aumentar más de un 2,7% con respecto a este año.

En el papel la cosa parece clara, pero los rectores reclaman que aún hay mucha incertidumbre. La glosa dice que habrá un decreto que fijará el arancel regulado –el que aún no existe– y se dictará un reglamento que establecerá los efectos de incumplir con lo dispuesto en la ley. Se habla de simulaciones oficiales que dan cuenta de que los números cuadran, pero son varias las instituciones que prevén importantes déficits.

Así las cosas, aún si el TC rechaza el requerimiento de la derecha, no es claro cuántas universidades privadas adherirán a la gratuidad. De las tres que no son del Cruch y que cumplen los requisitos, sólo la Católica Silva Henríquez ha aceptado las condiciones del Mineduc. La UDP y la UAH han sido críticas del proceso y su participación se ha puesto en duda. En la universidad jesuita, comentaron que con la información que se conoce, sería irresponsable comprometerse a sumarse a la gratuidad. De todos modos, este viernes 4 hubo reuniones del Mineduc con los rectores de estas dos universidades privadas, que podrían haber aclarado en parte el panorama.

Para las universidades privadas –Cruch y no Cruch elegibles– es complejo no sumarse a la gratuidad. De no hacerlo, estas casas de estudio se verán presionadas por sus estudiantes, que quedarían fuera del beneficio. Ser excluidas por un fallo del TC les quitaría ese peso. Sin embargo, eso también tendría un impacto en el perfil de los postulantes del próximo año, que se verán atraídos por universidades gratuitas que quizás antes no habrían considerado. Algo similar a lo que pasará con las otras privadas que no cumplen con los requisitos establecidos por el Mineduc y deberán seguir cobrando aranceles.

Cinco días después del brutal enfrentamiento entre barristas de Wanderers y Colo Colo que pusieron en riesgo a cerca de 17 mil personas que el domingo pasado asistieron al Estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, el gobernador de Valparaíso, Omar Jara, declaró ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Lo que dijo Jara este viernes 11 ante los parlamentarios es que Wanderers, equipo local y responsable de la organización del espectáculo, había cumplido todas las exigencias de seguridad. Lo que no se dijo en esa sesión es que el encargado de supervisar que esas exigencias se materializaran -el jefe de seguridad de Wanderers- es al mismo tiempo el dueño de la empresa contratada por el club para proveer los guardias que debían controlar al público: Juan Frez Navarro.

El propietario de JF Seguridad señaló a CIPER que no veía conflicto de interés alguno en desempeñar en paralelo los roles de supervisor y proveedor del servicio de seguridad. A su vez, Juan Frez y los directivos de Wanderers se negaron a informar cuánto es lo que el club le paga mensualmente por su labor como jefe de seguridad y qué cantidad se le cancela a su empresa por cada partido.

CIPER revisó una muestra de 14 clubes de fútbol profesional y detectó que al menos en dos de ellos -el ya mencionado Wanderers y O’Higgins de Rancagua- los jefes de seguridad están relacionados con las empresas que les proveen guardias para los partidos que juegan de local. Así se desprende de la revisión de información pública de estos clubes y de las escrituras de constitución de las sociedades propietarias de las empresas de guardias.

Es probable que en otros clubes existan vínculos similares -de parentesco, amistad o relaciones comerciales-, pero que estos nexos se encuentren disimulados por testaferros.

Este podría ser el caso de Mauricio Etcheverry, ex presidente de Deportes La Serena y mano derecha del defenestrado presidente de la ANFP, Sergio Jadue, a quien incluso representó en las reuniones de la Confederación Sudamericana (Conmebol), donde Jadue recibió coimas por US$2,2 millones.  Y ello, porque en su rastreo, CIPER descubrió que Etcheverry está relacionado con dos empresas de seguridad: Prouvay & Sandoval y Security Link.

En la primera de estas compañías, Etcheverry fue socio hasta 2005. Ese año, en su reemplazo ingresó a la sociedad Rubén Sandoval Fariña. En 2011 esta empresa tramitó su término de giro, pero Sandoval aún figura como socio de la madre de Etcheverry, Ana María Álvarez Daire, en la segunda de las empresas mencionadas: Security Link. En Deportes La Serena informaron que ese club no tiene ninguna relación con estas compañías y CIPER no encontró documentos que acrediten relaciones comerciales entre estas empresas y clubes de fútbol profesional.

EL NUEVO NEGOCIO DE LA SEGURIDAD EN EL FÚTBOL

La Ley de Violencia en los Estadios, aprobada en 2012, provocó que a comienzos de 2013 los carabineros dejaran de operar al interior de los recintos deportivos, servicio que tenía un costo de unos $70 millones semanales para el presupuesto público (ver recuadro). La policía quedó a cargo solo de los anillos de seguridad exteriores.

Bajo el argumento de que se trata de un espectáculo organizado por particulares (las sociedades anónimas deportivas) que lucran con esta actividad, se estimó que los costos de la seguridad debían ser absorbidos por los mismos empresarios que perciben millonarias utilidades por la venta de tickets y de los derechos de TV. Así nació una nueva veta de negocios asociada al fútbol: la seguridad en los partidos.

En la pirámide de los negocios orquestados por los dirigentes del fútbol profesional, la seguridad está más cerca de la base que de la cima. En la punta de ese ranking siguen reinando de manera indiscutida los derechos de TV (explotados a través del Canal del Fútbol, CDF), seguidos de los contratos publicitarios asociados al merchandising, como las áreas que reportan más dividendos. Con todo, en estos tres años desde que se puso en marcha el Plan Estadio Seguro, la contratación de empresas de seguridad se convirtió en una nueva tajada a repartir.

Ejecutivos de empresas de seguridad consultados por CIPER, que pidieron la reserva de sus nombres, indicaron que los clubes fijan una tarifa de pago dependiendo del número de guardias que se requiere. El precio, dijeron, oscila entre $17 mil y $25 mil por guardia, según la categoría de riesgo del partido (A, B o C). En condiciones normales, el partido entre Wanderers y Colo Colo debía calificarse como B (porque se esperaban menos de 30 mil personas), pero como en este caso estaba en juego el título del torneo, el riesgo creció, por lo que se trató de un cotejo tipo A.

Para los partidos clase B (entre 29 mil y 5 mil espectadores) y C (menos de 5 mil) se pide un promedio de un guardia cada 150 a 200 asistentes, cifra que además del aforo permitido va a depender de otros factores asociados a la infraestructura del estadio, la importancia del partido y la agresividad de las barras de los clubes que se enfrentan. Si el encuentro se clasifica como A, la relación guardias/espectadores se estrecha. En general, para los partidos más complejos no habrá menos de un guardia cada 100 espectadores.

José Roa (a la izquierda) y Omar Jara (al centro)

Son los clubes los que deben entregar a la autoridad una primera propuesta de plan de seguridad, la que es evaluada por Carabineros y funcionarios del Plan Estadio Seguro, quienes sugieren cambios si lo estiman pertinente. El plan ya visado por la policía y Estadio Seguro debe ser aprobado por las intendencias regionales o gobernaciones provinciales.

En el cotejo que se suspendió el domingo pasado, el aforo permitido por las autoridades fue de 17 mil personas, por lo que -considerando todos los factores de riesgo- la gobernación requirió al interior del recinto un total de 185 guardias. Juan Frez, encargado de seguridad de Wanderers y dueño de la empresa que proporcionó los guardias, dijo a CIPER que dispuso 192 personas para cautelar la seguridad de ese duelo.

Frez rehusó informar cuánto le pagó Wanderers a su empresa por el servicio del domingo 6 de diciembre, amparado en que, a su juicio, es el club el que debe entregar esos datos. CIPER le pidió a Wanderers que informara cuánto le paga a Frez y a su empresa por sus servicios, pero el club solo informó que gasta un total de $68,6 millones al año en todo el ítem de seguridad..

De acuerdo con las tarifas que mencionan los ejecutivos de empresas de seguridad, por 192 guardias la empresa de Frez debió recibir del club entre $3,2 millones y $4,8 millones. Considerando que en cada temporada -compuesta por dos torneos- los clubes juegan 15 partidos de local, y asumiendo que un 25% de esos encuentros pueden ser clasificados como B o A, se estima que los clubes destinan cerca de $50 millones anuales a pagar guardias.

Pero hay casos en que las cifras en juego son muy superiores, como ocurre con Colo Colo, cuyo estadio tiene capacidad para 47 mil personas, o con la U. de Chile, que alquila el Estadio Nacional, recinto que puede recibir a 48 mil espectadores. Estos equipos movilizan a más personas que otros clubes y tienen barristas con un amplio historial de agresividad. Eso hace que tengan que invertir más en guardias y medidas de seguridad, a diferencia de los gastos de un club más pequeño.

Hasta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) hizo su propio negocio con el tema de los guardias en los estadios. Una nota publicada en la web de la ANFP en septiembre del año pasado informó que entre el 13 y el 17 de ese mes el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) impartiría un curso de formación para “guardias de seguridad en estadios” con un costo de $20 mil por alumno. La publicación enfatizaba que el curso sería dictado por “profesionales de una empresa acreditada”, sin especificar de cuál se trataba.

SARGENTO EN RETIRO

Juan Frez Navarro es sargento (r) de Carabineros y los guardias que emplea su empresa son certificados por el OS-10 de la misma policía uniformada. Como jefe de seguridad de Wanderers, Frez le propuso el plan para enfrentar el partido a la gobernación de Valparaíso, la que encabeza Omar Jara. El plan debía ser visado por sus ex colegas de Carabineros. Pero las previsiones de Frez, como quedó dramáticamente en evidencia, resultaron insuficientes.

Además, funcionarios de Estadio Seguro acusan que, de manera irregular, Frez llegó a un acuerdo con la gobernación sin cumplir con el protocolo que establece que el plan de seguridad debe ser analizado previamente por Carabineros y Estadio Seguro. De hecho, el informe de factibilidad de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso para el partido Wanderers-Colo Colo fue enviado a la gobernación provincial que dirige Jara recién el 3 de diciembre, apenas cuatro días antes del match en que probablemente se definía el título del torneo (ver documento). Lo grave es que las entradas para el partido comenzaron a venderse al menos tres días antes de que Carabineros emitiera su informe, lo que según los protocolos del Plan Estadio Seguro nunca debió ocurrir.

Una semana antes del partido, los barristas más violentos de Colo Colo y Wanderers dejaron en claro, a través de las redes sociales, que la jornada sería agitada. Ya antes de la hora fijada para el partido, hubo enfrentamientos graves en la Plaza Sotomayor, donde se registraron heridos con arma blanca. Y a las cinco de la tarde, cuando los equipos ya estaban en la cancha, el terreno fue invadido por barristas que destruyeron todo a su paso.

Frez defendió ante CIPER el plan que acordó con la gobernación y explicó que no ve ningún conflicto de interés entre su trabajo como Jefe de Seguridad del conjunto porteño y la prestación de su empresa al mismo club: “Se está haciendo todo como corresponde. Son contratos paralelos, no hay nada turbio. Si lo hubiera, yo daría un paso al costado”.

Mario Muñoz Cerda tampoco ve un conflicto de interés entre su rol de jefe de seguridad de O’Higgins y su trabajo, en paralelo, como jefe de operaciones de la empresa MMC Seguridad, perteneciente a su familia. Su padre, Mario Muñoz Catalán, y su madre, Mónica Cerda Olivares, son los socios de la empresa. Y él es el responsable del área de Seguridad de O’Higgins desde enero de 2013, cuando se puso en vigencia la norma que sacó a los carabineros de los estadios.

Muñoz Cerda explicó a CIPER que no fue él quien llevó a la empresa de sus padres a trabajar al club, porque MMC Seguridad opera para O’Higgins desde hace siete u ocho años y él, según afirmó, fue contratado por el club hace tres años. “Yo separo muy bien los dos trabajos y si se trata de partidos de O’Higgins, me preocupo de que otra persona de MMC sea la encargada de esas operaciones”, señaló Muñoz Cerda.

El gerente general de la sociedad anónima que controla el club O’Higgins, Pablo Hoffmann, confirmó que la empresa de seguridad presta servicios al equipo desde antes de que Muñoz Cerda fuera contratado como responsable de seguridad: “MMC Seguridad nos presta Servicios desde mediados de 2008, con mucha anterioridad a la modificación de la ley que exige (contar con) la posición de Jefe de Seguridad y su contratación se efectuó previo estudio de los antecedentes que presentaron distintos postulantes. La última renovación del contrato ocurrió en enero de 2014, la que se asignó previa licitación privada y que tiene un periodo de vigencia de dos años”.

CIPER solicitó a Hoffmann y a Muñoz Cerda las sumas que paga el club por los servicios de seguridad. Ambos respondieron que se trata de un negocio entre privados, por lo que se excusaron de transparentar los montos.

En una columna de 2006, el rector de de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, se preguntó por qué la Papelera del Grupo Matte, hoy investigada por coludirse y fijar los precios del papel higiénico con su competidora, no era como la compañía de celulares Nokia. Benítez recordaba que Nokia partió siendo una forestal igual que la Papelera, pero debido a que invertía muy fuerte en investigación, a partir de los ‘90 dejó atrás el negocio de las materias primas. ¿Por qué la Papelera no? Para Benítez, la razón estaba en un problema cultural: “Existe una suerte de mentalidad rentista instalada a todo nivel, que nos hace por un lado ser responsables, pero por otro, poco jugados, poco abiertos a los cambios radicales” (ver columna).

Tasha Fairfield (Foto: clas.berkeley.edu)

A Eliodoro Matte no le gustó ser llamado rentista. Respondió que la Papelera se quedó en el negocio forestal no por una actitud rentista, sino porque triunfó en ese negocio mientras que Nokia no pudo competir y tuvo que cambiar de rubro. ¿Y por qué pudo triunfar la Papelera? Matte citó el caso de los pañales desechables que produce su empresa: “En 10 años masificaron el mercado tomando cerca del 90% de la participación en la categoría, derrotando en dura competencia a multinacionales líderes en el ramo, a partir de materias primas nacionales y con técnicos y estrategas de marketing locales” (ver respuesta).

En un reciente libro -Capitalismo Jerárquico en América Latina, (2013, Cambridge University Press)- el cientista político del MIT Ben Schneider, cita este intercambio de columnas para tratar de explicar los problemas que frenan el crecimiento de nuestro continente. Estima que las elites, organizadas en grupos económicos manejados por pocas familias, tienen una gran responsabilidad, pues dan vida a un tipo de capitalismo que Schneider llama “jerárquico”, muy distinto al libre mercado que existe en Europa o Estados Unidos. Este sistema, dice, “no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no lo pueda producir por sí mismo” y se concentra en la explotación de materias primas y de sectores como la electricidad, que no se pueden exportar ni tienen riesgo de competencia externa y están regulados.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)

Por ello, argumenta Schneider, aunque la Papelera tenía una diversificación de inversiones que podría haberla llevado a seguir los pasos de Nokia y dejar atrás los commodities, no lo hizo. Sugiere un problema de actitud: mientras en Asia y Europa hay grupos más predispuestos a nuevas aventuras, el Grupo Matte (y muchos otros conglomerados chilenos) “se ajusta a la categoría de un grupo menos especializado y con un portafolio menos innovador”. Según Schneider, a ese tipo de grupos, el boom de los precios de las materias primas no los llevó a reinvertir en tecnología, sino que los empujó a reforzar sus estrategias tradicionales, esto es, se ataron más a la explotación de materias primas.

Si a eso se le suma la colusión de precios en la que habría participado la Papelera durante más de 10 años y que se habría extendido -en el caso de los pañales justamente- a otros países de Latinoamérica (ver reportaje de Qué Pasa); y si se agregan los importantes subsidios públicos que recibía la industria forestal y que solo se detuvieron con la colusión, (ver reportaje de CIPER), la idea de una empresa exitosa y competitiva se derrumba. De ese derrumbe surgen preguntas evidentes: ¿cuánto se repiten estas prácticas en el resto de empresas poderosas como la Papelera? ¿Son estas las verdaderas razones por las que esas empresas no han dejado de producir materias primas?

LA NECESIDAD DE ESTUDIAR A LA ELITE

Durante los ´90 y parte de la primera década de 2000 Chile se hizo conocido por su crecimiento económico y su estabilidad política. Quienes hoy critican las reformas que ha llevado adelante la Presidenta Michelle Bachelet -principalmente las reformas tributaria, laboral y constitucional-, argumentan que estas corroen los pilares que hicieron a Chile un líder en la región y que es por eso que ya no crecemos como antes.

En una reciente charla en la Sofofa el ex presidente Sebastián Piñera abordó ese punto: “Hace un tiempo Chile era ejemplo de crecimiento y el mundo nos conocía como el milagro chileno. Cuando viajábamos, hasta hace poco la pregunta que nos hacían era ¿qué hace Chile para tener el liderazgo en materia de crecimiento, de reducción de la pobreza, de buen gobierno? La pregunta cambió violentamente en los últimos meses. Ahora es, ¿qué le pasó a Chile que decidió pegarse un balazo en los pies y abandonar un modelo que había hecho posible un progreso notable?” (ver a partir del minuto 12.15).

Mientras los precios de las materias primas caen y la incertidumbre sobre el futuro económico crece, Piñera propone regresar a lo conocido, a la esencia del modelo: a un Estado pequeño, un mercado que actúa sin que nadie lo dirija y donde la meta nacional está puesta en la eficiencia y en la productividad. Piñera ya tiene pensada una agenda de “contra reformas” (ver artículo en Qué Pasa) que nos devuelva a lo que él llama “el mejor periodo de nuestra historia”.

Ex presidente Sebastián Piñera

Sin embargo, las investigaciones por colusión y por el financiamiento ilegal de la política, donde aparecen involucradas empresas como PENTA y Soquimich, obligan a preguntarse cuánto de esa época dorada se debió a prácticas como las de la Papelera; y cuánto del consenso en torno al modelo económico se debió a que los que podían empujar los cambios estaban financiados por los grupos económicos.

Importantes especialistas internacionales, como el economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (ver entrevista en CIPER), piensan que el pasado glorioso de Chile es menos brillante de lo que creemos. Hausmann coincide con Piñera en que “Chile tiene un problema de crecimiento y no de reparto” y, por ello, cree que el actual gobierno no va en el sentido correcto. Pero estima que no volveremos a crecer sólo borrando esas reformas, pues nuestro problema se incubó precisamente cuando crecimos a buenas tasas. Hausmann argumenta primero, que nunca hemos dejado de ser productores de materias primas y simplemente tuvimos la suerte de que los precios estuvieran altos. Cuando el cobre termine de caer -nos advierte- volveremos a la realidad que se esconde tras el alto PIB del pasado: que sabemos muy pocas cosas para ser desarrollados.

¿Y por qué sabemos hacer tan pocas cosas? Según Hausmann, nuestra principal traba está en la cultura de la elite chilena, a la que califica de extremadamente cerrada: viene de “tres o cuatro colegios, dos o tres universidades y con los mismos apellidos”, no se abre a la innovación y donde extranjeros y chilenos talentosos con otro origen son excluidos.

Tal como Schneider, Hausmann ubica en el centro del problema del crecimiento a la elite. Un grupo que hoy es objeto de un exhaustivo estudio en todo el mundo, debido, entre otras cosas, al aumento sin freno de la desigualdad. El mensaje desde la academia parece ser: si quiere saber por qué un país crece o no, por qué su democracia es de tal o cuál manera, o por qué es desigual, estudie su elite.

Pero, ¿qué es lo que la hace tan gravitante? En su libro -Oligarquía (2011, Cambridge University Press)-, el cientista político Jeffery Winters ofrece una explicación de cómo la mentalidad de la elite se concreta en diseños sociales que la benefician. La riqueza extrema de los súper ricos, explica Winters, les permite pagar “una industria de la defensa de la riqueza”, compuesta por profesionales altamente preparados y bien remunerados -“las abejas trabajadoras de las clases medias y medias altas”- que piensan no solo en cómo hacer más ricos a sus empleadores, sino en cómo imponer políticamente las ideas que los benefician. Ningún otro actor social cuenta con ese dispositivo, que produce desde mecanismos de elusión tributaria hasta argumentos, donde se presentan las normas que benefician a los más ricos como buenas para todos. Winters acusa que esa industria puede construir sistemas complejos, donde los ciudadanos no pueden elegir. Los casos de colusión de productos, y de financiamiento de la política se ajustan a esta descripción.

En esta línea de estudio de la elite chilena se inscribe una detallada investigación de nuestro sistema tributario publicada en el Reino Unido a comienzos de año: Riqueza privada e ingresos públicos en América Latina. El poder empresarial y la política tributaria (2015, Cambridge University Press). Su autora es Tasha Fairfield, cientista política, PhD en Berkeley, profesora del Departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics (LSE), donde CIPER la entrevistó.

Parte del texto está basado en datos y hechos que muchos lectores chilenos conocen. Pero al ponerlos en conjunto, Fairfield ofrece una inédita fotografía de la estructura a través de la cual la élite chilena opera.

ELITE SOBRE REPRESENTADA

Fairfield lleva cerca de 10 años estudiando los sistemas tributarios del Cono Sur y ha escrito una media docena de papers sobre el tema. Uno de ellos, sobre los ingresos altos y las tasas de impuestos en Chile (hecho en 2014 con el ex director del Servicio de Impuestos internos, Michel Jorratt), mostró que nuestros ricos eran más ricos de lo que creíamos hasta ese momento (ver versión actualizada del estudio)

Según sus datos, el 1% de los chilenos de mayores ingresos recibe entre el 19% y el 22 % de los ingresos del país y paga tasas efectivas de entre 9% y 16%. Ambas cifras se alejan del promedio de los países de la OECD, donde las elites se apropian de menos recursos y pagan más impuestos. La metodología usada por Fairfield y Jorratt fue la misma que recientemente usó el Banco Mundial para afirmar que en Chile los 12 mil adultos más ricos (el top 0,1 % de la población) tienen una media de ingresos personales de $48 millones mensuales.

Fairfield comenzó a interesarse en el tema de los impuestos luego de indagar cómo se relacionaban la democracia y la desigualdad y preguntarse por el rol que tenían los políticos en esa relación. La teoría le indicaba que en democracia los políticos debían competir por los votos, es decir, tratar de ganar mayorías y, por lo tanto, resultaba ilógico que favorecieran a unos pocos y que acrecentaran la desigualdad. Paradojalmente, en muchas democracias que crecían económicamente, se promovían políticas que aumentaban la participación de las elites en la riqueza.

Eliodoro Matte

Fairfield fue derivando hacia los impuestos en Latinoamérica y encontró en Chile el caso más extremo de esta paradoja: un país muy desigual (número 19 en un ranking de 128 países, según datos del Banco Mundial), gobernado durante la mayor parte de los últimos 25 años por una coalición de centro izquierda, que –al menos en teoría- debiera promover impuestos más altos para los más ricos.

En este país, según constató Fairfield, solo el actual gobierno de Bachelet se embarcó en una reforma tributaria de envergadura, que busca recaudar un monto sustantivo: 3% del PIB. Como argumenta en su libro, el resto de la decena de reformas de este periodo solo propuso -y logró- aumentos marginales de la recaudación (salvo la primera, de 1990, que consiguió recaudar un 2% del PIB y que Fairfield considera una excepción; y el impuesto a la mineras de Lagos, que partió recaudando un 0,07% del PIB y ha subido hasta 5% empujada por el alza del precio del cobre). Ninguna de las decenas de reformas que se han hecho en estos años logró más del 0,2 del PIB. ¿Cómo es eso posible?

La pregunta que motivó a Fairfield no es nueva. Es posible encontrarla, por ejemplo, en algunos manuales de economía, particularmente aquellos que se enfocan en el crecimiento. En Crecimiento Económico, el economista David Weil explica algo bastante evidente: las personas que están bajo el ingreso medio tienden a respaldar más impuestos para los ingresos altos, pues así aumentan sus ingresos por la vía de la redistribución. Así, si la mayoría de los ciudadanos está bajo el ingreso medio, como el caso de Chile donde el ingreso promedio es de $454.031 y el 70% gana menos de $426.000 (según datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2013), habrá una presión mayoritaria para aumentar los impuestos de los que están sobre el promedio.

El argumento puede criticarse como envidioso, revanchista y que busca emparejar hacia abajo. La economía, sin embargo, lo considera una reacción lógica que eventualmente debería empujar a los políticos que compiten por los votos a abordar el tema. En los países en los que eso no ocurre, Weil sugiere que el poder está en manos de “pequeñas elites capaces sacar recursos desde la mayor parte de la población”.

La misma pregunta motivó una investigación en 2011 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la cual Chile aparece como caso de estudio. Sus autores son los economistas Carlos Scartascini y Martín Ardanaz y se titula: ¿Por qué no gravamos a los ricos? En ella se cruzan datos de 50 países y se evidencia que las naciones con peor distribución de riqueza tienen una elite sobre representada en sus parlamentos, esto es, una elite que cuenta con más congresistas defendiendo sus intereses de lo que corresponde a su peso electoral. Además, aquellos países donde la elite tiene ese “peso desproporcionado” son aquellos donde menos impuestos pagan los más ricos.

La economía neoclásica no le da mucha importancia a la desigualdad: argumenta que la pobreza se debe a la baja productividad de los pobres y que es la alta productividad de la elite la que explica su riqueza. Por ello, la solución es ayudar a los pobres a ser más productivos y dejar que el mercado haga el resto. La secuencia descrita por Scartascini y Ardanaz sugiere otra explicación: detrás de la concentración de la riqueza hay un entramado político donde los impuestos juegan un rol central.

Los autores usan a Chile para dar un ejemplo de cómo la planificación política opera. Refieren que en nuestro país la dictadura diseñó un sistema electoral “para garantizar la sobre representación de los partidos conservadores” y así, “las elites económicas pudieron continuar en democracia dándole forma a las políticas económicas”. Eso explicaría, en parte, por qué los más ricos chilenos pagan tasas efectivas más bajas que en el resto de Latinoamérica y en los países desarrollados.

Michel Jorratt

Desde la Ciencia Política, Fairfield responde detallando cómo ha operado la elite chilena durante los últimos 20 años para frenar reformas que aumenten los impuestos. Analiza el poder de este grupo, las debilidades de las alianzas de centro-izquierda que han gobernado y evalúa las reformas aprobadas comparándolas con las que se lograron en Argentina y Bolivia en estos mismos años.

Esta mirada implica un límite claro: Fairfield no busca determinar si es bueno para el crecimiento que haya alta desigualdad o si al combatirla con impuestos, el crecimiento se reduce, aspectos que han suscitado largos debates entre economistas y sigue siendo opinable. Su investigación apunta a describir y analizar las estrategias que usó la elite chilena para imponer su idea de bajos impuestos para los más ricos, idea contraria a lo esperable en un país donde la mayoría gana menos que el ingreso medio y que ha sido gobernado por una coalición de centro izquierda. Es decir, investigó qué permitió que las estrategias de la elite chilena fueran exitosas.

Lo anterior no quiere decir que Fairfield no sea crítica del sistema tributario chileno y, particularmente, de cómo opera el FUT, esa exención tributaria que permite a los dueños de las empresas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten parte de sus utilidades. Fairfield dijo a CIPER que el sistema tributario puede influir en nuestra elevada desigualdad pues “los dueños del capital encontraron muchas maneras de consumir las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir sin pagar el correspondiente impuesto”.

Sobre el FUT precisó que sus investigaciones con Jorratt mostraron que el FUT tiene una muy débil correlación con la inversión. Y aunque precisa que es necesario investigar más profundamente en qué se usa realmente el FUT, los datos disponibles hoy indican que ese dinero no está en inversión productiva, sino especulativa.

En el estudio con Jorratt de 2014 menciona que el sistema también ofrece fuertes incentivos para la evasión y que probablemente eso aumenta la desigualdad. Dice que en 2005, solo el 35% de los beneficios distribuidos por las empresas fue declarado al Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero poco pudo hacer el SII, pues la autoridad tributaria estaba mal equipada para controlar esta “extensiva evasión, porque la gran mayoría de los negocios estaba organizado como sociedades cerradas”.

Esta posibilidad de evasión, agrega el estudio, no solo está a disposición de las empresas, sino de los profesionales mejor remunerados (médicos, arquitectos, ingenieros y rostros de televisión que recurren a estos tipos de sociedades, ver reportaje de Ciper). Estos profesionales y los inversionistas que recurren a estas estrategias “tienden a ser mucho más ricos que los trabajadores dependientes, cuyos impuestos son automáticamente descontados de sus rentas”, escribe Fairfield en su libro. El resultado de esto, es que “en promedio, la tasa de impuesto al ingreso pagado por los chilenos más ricos es muy baja”.

¿Cómo pudo la elite chilena mantener estos entramados legales tan beneficiosos durante lo que va de la democracia? Fairfield estima que se debe principalmente a tres motivos: su firme unión en torno al principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso; y el miedo que tuvo la Concertación a entrar en conflicto con la elite y que llevó a sus gobiernos a abstenerse de legislar en el tema tributario o a ofrecer importantes compensaciones cuando aumentó los impuestos.

CPC: UN CUERPO, UNA VOZ

En la línea en contra del alza de impuestos, Fairfield destaca que la elite chilena ha sabido limar sus diferencias internas y presentarse unida ante cualquier avance en esta área. El punto de convergencia ha sido durante décadas la CPC. Citando otras investigaciones (como el libro de Ben Schneider: Negocios Política y Estado en la América Latina del Siglo Veinte), Fairfield argumenta que la fuerza de la CPC, la más antigua y una de las más fuertes de la región, proviene de su habilidad para hacer lobby en asuntos de común preocupación para los empresarios y lograr consensos.

Un ex presidente de la CPC le dijo a Fairfield: “La gente de negocios en Chile está absolutamente unida. Nosotros podemos disputar cientos de cosas, pero cuando es necesario pasar a la acción en situaciones complejas, el mundo empresarial tiene una sola voz. Y eso ha sido así desde que la CPC existe”.

Esa unión, dice Fairfield, distingue a la elite chilena de la argentina o boliviana. En esos países, la atomización de los empresarios permitió a los gobiernos acordar alzas para algunos sectores sin que los otros empresarios intervinieran. En Chile, en cambio, el alza de los tributos en un sector (como hizo Ricardo Lagos con la minería) provocó siempre la reacción del conjunto de los empresarios, pues como le explicó a Fairfield un ex gerente de la CPC, el rechazo de los impuestos “es un asunto de principios”.

Esos principios, explica Fairfield, también ayudan a cohesionar a los empresarios en torno a la CPC y son en esencia convicciones antiestatistas, tales como entender los impuestos como una forma de expropiación, e insistir en que el Estado no debe crecer. Siguiendo a autores como Eduardo Silva (Negocios, reestructuración económica y redemocratización en Chile, 1998), sugiere que la cohesión en torno a estas ideas se origina en el fin de la dictadura de Pinochet, cuando los líderes del mundo de los negocios asumieron que les correspondía a ellos tener un rol de guardian en defensa de las políticas económicas que impuso ese gobierno.

PARTIDOS AL SERVICIO DE LA ELITE

Agustín Squella

Según Fairfield, otro elemento que le ha permitido a la elite frenar cualquier aumento tributario, es contar con colectividades como Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) que han actuando coordinadamente con los gremios de los empresarios. En una reciente columna el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Agustín Squella, se refirió a esta relación en duros términos. La llamó “La otra colusión” (aludiendo a la colusión del papel higiénico) y escribió: “Me refiero a la que existe entre la derecha económica y la derecha política y la actuación de esta última como brazo electoral y defensora de los intereses de la primera, aunque declamando a cada rato que lo que defienden son los intereses del país y no los de los dueños del capital y las personas de mayores ingresos“.

En su libro, Fairfield explica que la relación entre empresarios y partidos está cimentada en convicciones ideológicas y lazos familiares, otra ventaja que la elite chilena ha tenido sobre sus pares boliviana y argentina: “La elite económica en Chile ha tenido múltiples, fuertes e institucionalizadas fuentes de poder que han incluido lazos con los partidos de derecha que han desincentivado a los gobiernos a hacer reformas tributarias que no sean aumentos marginales de los impuestos. En Argentina la elite carece de estos contactos y su poder es menor, por lo que los gobiernos son capaces de realizar legislaciones tributarias más contundentes”.

Usando diversas fuentes sugiere que el servicio que la derecha presta en la defensa de los intereses de las empresas, es retribuido en forma de financiamiento. Durante estos 20 años la derecha política “disfrutó del constante apoyo del mundo de los negocios”, escribe la investigadora. Este apoyo se representó, por ejemplo, “en el respaldo público de los presidentes de la CPC a los candidatos de la derecha, desde Büchi en 1989 hasta Lavín en 1999”.También repara en que los ex presidentes de la CPC, Walter Riesco y Ricardo Ariztía, se proclamaron abiertamente como hombres de derecha y leales a Pinochet, mientras que José Antonio Guzmán fue miembro del comité político de la Alianza.

Fairfield cita al académico de la UC Juan Pablo Luna (Segmented Party Voter Linkages in Latin America: The Case of the UDI, 2010), quien estima que las donaciones privadas que recibió la derecha superaron cuatro veces las donaciones que recibió la Concertación en las presidenciales de 2005. La investigadora argumenta que, como consecuencia de este flujo, al menos hasta mediados de los ‘90 los empresarios “intervinieron con regularidad en los partidos, imponiendo sus candidatos favoritos”. Es esta práctica, recuerda Fairfield, la que llevó a llamarlos “poderes fácticos”. El partido más favorecido con estos aportes fue la UDI, el cual según el citado Luna, durante la dictadura “fue capaz de construir una maquina clientelística usando los recursos del Estado…” y durante la transición “dependió de las donaciones privadas para alimentar su trabajo en terreno”.

Fairfield agrega finalmente que hay antecedentes que sugieren que las empresas financian generosamente a los think tank de la derecha, especialmente a Libertad y Desarrollo, organización que una fuente empresarial recogida por Fairfield define como “el engranaje que articula el mundo de los negocios con el mundo político”.

Esta coordinación entre empresarios y derecha política operó muy eficazmente para detener las reformas tributarias. Fairfield cita una entrevista que le hizo a un alto funcionario del SII donde éste describe las dificultades que tuvo para lograr la reforma antievasión de 2001: “La derecha y los líderes empresariales son la misma cosa… Y no sabía si debía negociar con el senador líder de la oposición o con el presidente de los empresarios. A veces, tenía que negociar con los dos porque ellos trabajaban juntos. A veces, ellos estaban en las mismas reuniones diciendo lo mismo… se coordinaban y eso era público, no era algo escondido”.

Como en buena parte de las últimas décadas la derecha ha tenido más representación en el Senado, la investigadora nota que es allí donde han aparecido las modificaciones más significativas a las reformas tributarias. El Senado, dice Fairfield, suele negociar modificaciones “para aplacar a la derecha y, a veces, para mantener la disciplina dentro de la coalición de gobierno”. Este último aspecto lleva al tercer motivo por el que la elite ha sido tan exitosa en frenar impuestos más altos en Chile: la necesidad de la Concertación de buscar el apoyo de la derecha para las reformas económicas.

“CONSENSUS STYLE”

Esa necesidad de lograr acuerdos –explica Fairfield- implicó el desarrollo de un esquema de consultas informales con las asociaciones empresariales para “evitar los conflictos con los empresarios en áreas que afectan sus intereses básicos, con el fin de no perturbar la cooperación productiva en otros asuntos”. Este esquema restringió la agenda tributaria. Por una parte, el Ejecutivo podía anticipar que los aumentos tributarios iban a enfrentar una coordinada oposición de la derecha y de los empresarios, y si no se contaba con la cantidad suficiente de votos, la reforma era dejada de lado. Por otro, si se tenían los votos, se sentía la necesidad de llegar a acuerdos con la derecha, lo que implicaba moderar las reformas o entregar compensaciones.

¿Qué motivaba esta actitud? La investigación de Fairfield sugiere que, por una parte, la Concertación acarreaba un gran miedo a generar conflictos con la derecha y el mundo empresarial, fruto de la experiencia de la Unidad Popular y del Golpe de Estado. Por otra, el fuerte crecimiento que tuvo Chile durante las primeras dos décadas de democracia hicieron que la Concertación fuera reacia a generar cambios que afectaran ese crecimiento. Ese temor (“aversión al conflicto” lo llama Fairfield) se potenciaba por amenazas directas hechas por los empresarios. Según le reconoció Alejandro Foxley, ex ministro de Hacienda de Patricio Aylwin (1990-1994): “El mundo empresarial amenazaba con que al día siguiente de la aprobación de la reforma ellos pararían de invertir. Pero al año siguiente y al siguiente hubo record de inversión privada”.

Una fuente reservada que Fairfield describe como “un influyente hombre negocios que tuvo un rol importante oponiéndose a esa reforma”, le reconoció a la investigadora que el cambio tributario que empujaron Aylwin y Foxley “fue una reforma perfectamente manejable… y al final, mejoró la productividad de los negocios”. Pese a eso, ni la empresa dejó de oponerse a nuevas reformas ni la Concertación aumentó su confianza en ese tipo de medidas. Por el contrario, a partir de los ’90, la Concertación adquirió la costumbre de consultar con la CPC las reformas económicas que quería impulsar.

La conexión entre el gobierno y los empresarios –afirma Fairfield- se volvió un mecanismo gravitante para impedir reformas, pues “frenó al gobierno de perseguir alzas significativas de impuestos, debido a que el conflicto por los impuestos tenía el potencial de poner en peligro el apoyo de los empresarios en periodos críticos, o de dañar la productiva interacción entre gobierno y empresarios en otros temas”.

El trabajo de Fairfield deja en evidencia que esta lógica se impuso aún cuando los responsables económicos y políticos de los gobiernos de la Concertación estaban conscientes de que varias normas del sistema tributario no tenían otra razón de ser que favorecer a la elite. Por ejemplo, la diferencia de tasas entre lo que pagan los dueños de las empresas (40%) y lo que pagan las empresas (17%).

Entrevistado en 2007, un alto funcionario del ministerio de Hacienda dijo a Fairfield que el argumento de los empresarios para mantener esa diferencia era que favorecía la inversión, lo cual era “una falacia”. Para este funcionario, en vez de generar inversión en bienes productivos, “simplemente facilita la evasión y la elusión”. No eran creíbles las amenazas de que el impuesto a las empresas desincentivaría la inversión: “Ellos (los empresarios y la derecha) dicen que la economía se va a detener, que la inversión se va a detener, que las pequeñas y medianas empresas van a colapsar. Esos argumentos no tienen sentido”.

Pese a esas convicciones, solo en 2015 Bachelet logró reducir parcialmente la brecha entre esas tasas. No logró eliminar completamente el FUT, que también era objeto de fuertes cuestionamientos desde que un estudio de Jorratt en 2007 lo asoció con el problema de la desigualdad. Las dos últimas respuestas de Tasha Fairfield, aportan su mirada sobre estos dos puntos.

-¿Por qué pudo Bachelet hacer una reforma que no se había logrado hacer en 20 años?
-Sin duda el movimiento estudiantil fue un real punto de quiebre que generó la fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza de la elite.

-La derecha argumenta que una reforma basada en los reclamos de la calle no es técnica, es populista. ¿Qué le parece a usted?
-Yo diría que a consecuencia del movimiento estudiantil se extendió una clara demanda de reforma del sistema social. Una de las cosas que las personas buscan con el desarrollo es un razonable estado de bienestar. Y la primera pregunta en esas circunstancias es cómo se puede responder a las demandas de las personas; la segunda es de dónde vamos a sacar los recursos para los programas que se quieren ofrecer. En ese sentido, parece bastante lógico recurrir a una reforma tributaria dado que hay muchos ingresos acumulados en el 1% más rico de la población y es natural que el gobierno mire hacia allá para financiar programas.

Medio millón de dólares (alrededor de $350 millones) desembolsó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para regularizar el contrato por los premios de la Copa América que había suscrito el defenestrado presidente de esa organización, Sergio Jadue, y el equipo técnico de la selección nacional, que encabeza el entrenador Jorge Sampaoli. De esta forma, a los US$6 millones en premios para Sampaoli y sus colaboradores, se deben sumar ahora otros US$500 mil.

El problema se originó porque el contrato para pagar los premios del cuerpo técnico de la Roja se efectuó directamente entre la ANFP y tres sociedades off shore constituidas en un paraíso fiscal, en las cuales se debía depositar el dinero destinado a Sampaoli y sus colaboradores: el ayudante técnico Sebastián Beccacece y el preparador físico, Jorge Desio. Dos personas que conocieron estos pagos señalaron a CIPER que las tres sociedades fueron constituidas en las Islas Vírgenes. Las mismas fuentes indicaron que el contrato presentaba una grave anomalía, pues estipulaba que los pagos eran por los “derechos de imagen” del cuerpo técnico y no por los premios que acumularon gracias a la histórica actuación de la Roja que obtuvo su primer título en el certamen continental. Esta anomalía provocó que se pagaran menos impuestos que si se hubiese declarado el objeto real del contrato. Luego, el dinero se envió a las cuentas de las sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal.

Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli

Pocos días antes de dejar abruptamente el país el 17 de noviembre pasado, Sergio Jadue intentó arreglar el entuerto. Para ello, el contrato con Sampaoli fue revisado minuciosamente por profesionales especializados en derecho tributario. “Si bien todo el proceso de pago pasó por el Banco Central y no hay irregularidad en el hecho de que se esté pagando a una sociedad en el extranjero, el problema es que se modificó el verdadero objeto del pago”, señaló a CIPER un especialista que conoció los antecedentes.

Se inició entonces una negociación con Sampaoli respecto a quién debía cancelar los impuestos adeudados. El entrenador se negaba a hacerse cargo del gasto, cuenta un dirigente que presenció las tratativas, porque la fórmula había sido ideada por la ANFP. La tensión llegó a tal punto que, según informó la misma fuente, Sampaoli habría amenazado con no viajar a Uruguay, donde Chile jugaría el último partido de este año en el proceso de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Ante la presión, la ANFP accedió a pagar los tributos, Sampaoli viajó con la Roja a Montevideo y ese 17 de noviembre marcó dos hitos: Chile perdió categóricamente  ante Uruguay y Jadue sorpresivamente partió a entregarse a la justicia estadounidenses por haber recibido sobornos en la Confederación Sudamericana (Conmebol).

BENEFICIO TRIBUTARIO

Para sanear tributariamente el contrato de Sampaoli, la ANFP aprovechó un artículo transitorio de la Reforma Tributaria sobre repatriación de capitales. Se trata de un “incentivo” que hasta el 31 de diciembre de este año permite declarar las rentas que se encuentran en el extranjero, pagando una tasa de sólo 8%, lo que regularizó los dineros que en su origen no habían tributado correctamente. La norma no exige que los fondos reingresen al país después de acogerse al beneficio.

CIPER tuvo a la vista la documentación donde quedó registrado el pago al SII por más de $350 millones, equivalentes a US$500 mil, que hizo la ANFP.

Sergio Jadue

Una fuente que conoció el proceso explicó que las tres sociedades que recibieron los pagos de la ANFP fueron constituidas en un paraíso fiscal, que identificó como las Islas Vírgenes, por cada uno de los integrantes del cuerpo técnico de la selección. La de Sampaoli recibió el 50% del pago (es decir, unos US$3 millones), mientras que las de Beccacece y Desio cobraron el 25% cada una (alrededor de US$1,5 millón).

El sistema tributario chileno se rige por el principio de “renta mundial”, por lo que cualquier persona domiciliada en el país debe declarar todos sus ingresos, aunque el contribuyente sea extranjero o el dinero se encuentre en otra jurisdicción. Además, se considera renta de fuente chilena -que por lo tanto debe tributar en el país- aquella que provenga de cualquier actividad desarrollada en Chile. Es decir, sí o sí esta renta del cuerpo técnico, correspondiente a sus premios por la Copa América, debió declararse en el país.

De acuerdo a alguien que conoció la operación, que el dinero haya terminado en un paraíso fiscal, aunque provocó una baja en los impuestos, no tenía como fin principal pagar menos tributos. De hecho, asegura, el ahorro finalmente fue marginal, pues se pagó primero por los supuestos derechos de imagen y luego se agregó el 8%. El objetivo era cumplir una exigencia de Jorge Sampaoli, quien quería manejar su dinero en el exterior porque eso le daba mayor flexibilidad, dadas las restricciones cambiarias existentes en Argentina.

La salida ideada para arreglar la irregularidad podría acarrearle otros problemas a la ANFP. Según explicó un abogado tributarista, si el pago a Impuestos Internos fue realizado por la asociación, el SII puede aceptarlo, pero la ANFP no tendría justificación contable haber incurrido en el desembolso, pues el impuesto era en realidad adeudado por Sampaoli y su equipo.

Los premios de la Copa América para el equipo técnico de la Roja ya habían hecho noticia la semana pasada, cuando se supo que al acuerdo inicial que destinó US$800 mil para Sampaoli y sus colaboradores, se sumó otro contrato por US$6 millones que hasta ese momento se desconocía. Pero la principal sorpresa no fue el monto involucrado ni la reserva en que se realizó la operación, sino que este último documento fue firmado por Jadue dos meses después del término del torneo continental, en septiembre pasado.

Tanto el Ministerio de Justicia, que está revisando todos los contratos y documentos contables de la ANFP para resolver si pide la cancelación de su personalidad jurídica (ver reportaje de CIPER “La ANFP arrinconada por el SII, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la SVS y la amenaza de clausura“), como la comisión que encabezó el ex contralor Ramiro Mendoza, ya habían puesto bajo la lupa los contratos entre Jadue y Sampaoli.

INVASIÓN A LA PRIVACIDAD

El entrenador de la selección nacional ha dado dos entrevistas -una a Canal 13 y otra a TVN- en las que se ha quejado de que la prensa ha invadido su privacidad al informar sobre el contenido de los contratos que firmó con la ANFP.

“Se habla más de contratos que de otra cosa. Hay una norma que se ha quebrantado, que es la confidencialidad de los contratos. Se están invadiendo temas privados que yo no puedo salir a aclarar a cada rato”, dijo el director técnico a Canal 13.

Los alcances de los contratos suscritos por el cuerpo técnico de la Roja también han sido noticia por la renuncia del ayudante de Sampaoli, Sebastián Beccacece, quien dejó el banco de la selección adulta para migrar al de la Universidad de Chile. Para materializar su renuncia, su contrato con la ANFP estableció una clausula de salida, que le impone a Beccacece pagar US$2,3 millones a la asociación para poder finiquitar la relación antes del término de contrato. Sampaoli y su ayudante han argumentado que este pago no debe hacerse, porque existiría un acuerdo de palabra entre Jadue -cuando era presidente de la ANFP- y Beccacece para eximir al ayudante técnico de esa clausula de salida. El Consejo de Presidentes de la ANFP no avaló esa versión y exigió, en su sesión del jueves 17 de diciembre pasado, que Beccacece pague la suma acordada.

La tensión entre el cuerpo técnico y la ANFP por estos desencuentros ha ido en aumento. La prensa deportiva especula que Sampaoli -nominado en la terna para definir al mejor entrenador de 2015 a nivel mundial- podría terminar renunciando a la Roja para emplearse en un club europeo. De hacerlo, y con el precedente de lo decidido por el Consejo de Presidentes en el caso de Beccacece, lo más probable es que la ANFP le exija a Sampaoli que pague su propia cláusula de salida, que se eleva a unos US$6 millones, según cifras citadas por La Tercera. Y si se produce esa controversia, posiblemente la hasta ahora exitosa relación de Sampaoli con el fútbol chileno terminará en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA (TAS).

CIPER intentó obtener una versión oficial de la ANFP, donde el gerente de comunicaciones, Héctor Olave, argumentó que la entidad no se puede a referir al tema, ya que se trata de un contrato entre privados sujeto a cláusulas de confidencialidad. Para conocer la versión de Sampaoli se tomó contacto con la jefa de prensa de la selección nacional, María José Vasconcelos, quien informó que el entrenador se encuentra de vacaciones y no es posible contactarlo.

El 7 de enero de 1975, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras, viajó a Washington DC a una reunión secreta con el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en Inglés), Vernon Walters. Su verdadero propósito, sin embargo, era transmitir un mensaje de una página de Augusto Pinochet a Henry Kissinger, entonces secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional del Presidente Gerald Ford. “Vino como enviado especial del presidente Pinochet con un mensaje para usted para ser entregado a través mío”, reportó Walters al secretario de Estado Kissinger después de reunirse con Contreras por 45 minutos.

El memo de Pinochet requería que Estados Unidos entregara a Chile créditos, asistencia, así como tanques, barcos, submarinos y apoyo en vigilancia electrónica para proteger al país de lo que se percibía como una amenaza militar de Perú. En su conversación con Walters, Contreras reportó que la DINA había “infiltrado un miembro en el Comité Central del Partido Comunista” y que el régimen había “desmantelado completamente” la resistencia armada. Con Kissinger planificando una visita a Chile, reportó Walters, Pinochet quería que supiera que su régimen estaba dispuesto a “dar algunos pasos en la dirección de los derechos humanos y darle a usted (Kissinger) el crédito por haberlo persuadido” (ver documento original y su versión en Castellano).

Manuel Contreras y Augusto Pinochet

Sólo seis meses después, nuevamente por “instrucción de Pinochet”, Contreras volvió a Washington el 5 de julio para una nueva reunión secreta con Walters. Esta vez informó que el régimen había decidido cancelar un viaje a Santiago de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para investigar el destino de los desaparecidos, y pidió que el gobierno de Estados Unidos ejerciera su veto ante cualquier intento de expulsar a Chile de la ONU. Contreras entregó detalles sobre las “excelentes relaciones de enlace tanto con los servicios [de inteligencia] de Argentina como de Brasil, con un amplio intercambio de información”, una colaboración regional que pronto se transformaría en la Operación Cóndor.

A nombre de Pinochet, Contreras nuevamente hizo lobby para conseguir ayuda militar para defender a Chile de los peruanos pro-soviéticos, que según aseguró, estaban trabajando con los cubanos para derrocar al régimen de Bánzer en Bolivia. “Al presidente Pinochet le gustaría ver si hay alguna forma por la cual Estados Unidos pueda conseguir ayuda militar indirecta para Chile a través de un tercer país”, reportó Walters a Kissinger.

En una reunión en el Departamento de Estado dos meses después, el embajador de Chile, Manuel Trucco, se quejó amargamente de que la DINA tenía “un canal separado con Washington” y que el ministro de Relaciones Exteriores “ni siquiera supo que Contreras venía” a la ciudad.

LOS SECRETOS DE LOS NUEVOS DOCUMENTOS

Las revelaciones de las comunicaciones secretas de Pinochet con Kissinger son parte de una docena de nuevos documentos desclasificados, un regalo adelantado de navidad de la oficina histórica del Departamento de Estado. El 18 de diciembre, la Oficina del Historiador liberó la última compilación de la serie Relaciones Exteriores de Estados Unidos (FRUS, por su sigla en Inglés), que contiene 1.000 páginas se documentos transcritos sobre las relaciones entre Estados Unidos y naciones del Cono Sur entre 1973 y 1976. Entre esos registros hay más de 115 documentos sobre Chile y los primeros años de la política de Estados Unidos hacia la consolidación de la sangrienta dictadura de Pinochet.

Augusto Pinocher y Henry Kissinger

Algunos de los documentos se han conocido antes, pues fueron liberados hace unos 15 años como parte de la desclasificación especial de la administración Clinton, que luego de la detención de Pinochet en Londres dio a conocer 23.000 registros sobre Chile. Por ejemplo, el nuevo volumen de FRUS contiene la transcripción de la reacción de Kissinger, durante un reunión de asesores del 1 de octubre de 1973, ante reportes sobre la extendida represión y las ejecuciones que llevaba a cabo el nuevo régimen militar: “Creo que deberíamos comprender nuestra política, de que sin importar cuán desagradablemente actúen ellos, el gobierno [de Pinochet] es mejor para nosotros que lo que fue el de Allende”.

Contiene también la transcripción de la famosa reunión de Kissinger con Pinochet en Santiago, en junio de 1976, durante la cual le dijo al dictador que “en Estados Unidos, como usted sabe, simpatizamos con lo que usted está tratando de hacer acá… Queremos ayudarlo, no perjudicarlo”.

Pero el volumen también contiene muchos memos nunca antes vistos sobre conversaciones, reportes de la CIA, cables y apuntes de reuniones que arrojan bastantes luces sobre las operaciones de Pinochet y la política de Estados Unidos hacia la consolidación de su régimen. Y algunos documentos que habían sido liberados previamente con largos párrafos tarjados por los censores del gobierno, ahora se dan a conocer completos. A través del lente de los agentes y analistas de inteligencia, diplomáticos y funcionarios de alto nivel, se cuenta la historia de los primeros años de la dictadura de Pinochet.

De hecho, entre los muchos detalles, los documentos entregan luces sobre algunas operaciones clave y controvertidas, que tuvieron lugar entre 1973 y fines de 1976.

EL FINANCIAMIENTO SECRETO DE LA CIA A LA DC

El golpe fue ampliamente condenado alrededor del mundo. Como parte de un temprano esfuerzo de propaganda encubierta para mostrar al nuevo régimen con una mirada positiva, la CIA destinó US$ 9.000 a, de acuerdo a los documentos desclasificados, a “cubrir costos de viaje de tres miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para recorrer América Latina y Europa explicando la decisión del partido de apoyar al nuevo gobierno chileno”. La CIA también pidió fondos adicionales para ayudar a una organización que el cable menciona como “Chilean Society for Industrial Development” (Sociedad Chilena para el Desarrollo Industrial, podría referirse a la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa) a comprar una red de radios para promover al nuevo régimen, e intentó conseguir US$ 160 mil para ayudar al casi quebrado PDC a pagar sus cuentas y seguir funcionando como un partido político líder.

El esfuerzo de la CIA de seguir financiando de manera encubierta al PDC después del golpe desató un gran debate dentro del Departamento de Estado, particularmente entre el subsecretario de Estado para América Latina, Jack Kubisch, y Harry Schlaudeman, un importante asesor de Henry Kissinger. Discutieron sobre la conveniencia del apoyo encubierto y el riego de ofender a Pinochet versus la necesidad de mantener al PDC funcionando para apoyar al nuevo régimen.

Durante una reunión con funcionarios de la CIA el 23 de noviembre de 1973 –un resumen sin censura del encuentro está disponible ahora–, Kubisch argumentó que el apoyo encubierto para el PDC estaba bien cuando Allende era presidente. Pero ahora que Pinochet estaba en el poder, apoyaba el principio de no intervención. “El que simplemente no nos guste un gobierno no era razón para intervenir en sus países”, dijo. Shlaudeman, por otro lado, veía una gran hipocresía en esa posición. De acuerdo al memorándum de la conversación, “dijo que estaba preocupado por los efectos de un corte drástico e inmediato, especialmente porque lo que hemos estado diciendo desde 1962 es que nuestro principal interés en Chile era la supervivencia de la democracia. El señor Kubisch respondió que la democracia chilena había llevado al país cerca del desastre”.

Además, Estados Unidos no quería ofender al régimen militar de Pinochet apoyando a un partido pro-democracia. “El señor Kubisch preguntó qué pasaría si en enero o febrero la junta descubre que hemos puesto dinero a disposición del PDC. Naturalmente preguntarán qué diablos estábamos haciendo, ¿estábamos aún interviniendo en Chile; aún entrometiéndonos?”.

Al final, la CIA entregó fondos a la DC hasta junio de 1974, no porque representaran el potencial retorno de la democracia chilena, sino porque su apoyo para al golpe militar entregaba legitimidad al nuevo régimen. “Un quiebre del PDC con la junta”, argumentó Shlaudeman, “podría significar un retroceso en la efectividad del nuevo gobierno”.

EL CASO HORMAN

Entre los cientos de chilenos ejecutados en los días y semanas que siguieron al golpe, había dos ciudadanos estadunidenses: Charles Horman y Frank Teruggi. El caso de Horman, que inspiró la película ganadora del Oscar, Missing, se transformó a un dolor de cabeza político para Estados Unidos. Su esposa, Joyce, y su padre, Ed Horman, presionaron tenazmente a los funcionarios de la embajada para encontrarlo luego de que fuera capturado por los militares en su hogar y desapareciera el 17 de septiembre de 1973.

Dos de los funcionarios de la embajada que manejaban el tema eran, de hecho, agentes de la CIA encubiertos que actuaban como agregados diplomáticos en el consulado. Por primera vez, el volumen FRUS da a conocer sus identidades: John S. Hall and James Anderson (los historiadores del Departamento de Estado se acercaron a la CIA y pidieron registros de un archivo llamado “Proyecto Especial de Búsqueda Chile”; también pidieron a la CIA permitir que se publicaran sus nombres. La CIA accedió).

Charles Horman (Foto:democracynow.org)

En noviembre, la estación de la CIA en Santiago envió un cable a Washington reportando los contactos que Hall y Anderson tuvieron con la familia Horman y los esfuerzos iniciales que hicieron para investigar su paradero. El cable comienza así: “La embajada en general y el consulado en particular están siendo acusados de ineficiencia y negligencia en el manejo de los casos de Frank R. Teruggi y Charles E. Horman. Los siguientes párrafos contienen el contexto de los aspectos más importantes del comportamiento de [oficiales consulares John Hall and James Anderson] [una línea no desclasificada]”.

Anderson se transformó en un actor clave en la saga de la búsqueda de Charles Horman. Durante la primavera de 1974, acompañó al agente de inteligencia chileno Rafael González a recuperar el cuerpo de Horman de una fosa común en el Cementerio General. Poco después, sin embargo, González pidió asilo en la embajada italiana con su esposa e hijo pequeño, y fue forzado a vivir ahí por varios años, mientras el régimen de Pinochet se negó a darle un salvoconducto para salir del país. En junio de 1976, dijo a dos reporteros estadounidenses que había estado presente en la oficina del general Augusto Lutz mientras Charles era interrogado y que había un estadounidense en la habitación –una falsedad que dijo haber inventado para atraer la atención sobre su pedido de asilo– y que Charles había sido asesinado “porque sabía demasiado”.

Las acusaciones de González crearon un escándalo mayor en Estados Unidos, donde ciudadanos y líderes del Congreso estaban indignados por las operaciones de la CIA para derrocar a Allende. Los nuevos documentos revelan que esas protestas llevaron al segundo de Kissinger, Harry Shlaudeman, a reunirse con Anderson en San José de Costa Rica en septiembre de 1976, donde fue destinado en forma encubierta en la embajada como un funcionario político.

De acuerdo a un “memorándum para registro” sobre esa reunión desconocido hasta ahora, Anderson recordó todos sus esfuerzos para ubicar a Charles Horman en el otoño de 1973, así como sus encuentros con González. El memo revela, por primera vez en más de cuatro décadas, que la CIA compiló un set de documentos investigativos, basados en entrevistas y reportes de Anderson, sobre sus esfuerzos para ubicar a Horman luego de que su causa se transformara en célebre. De acuerdo a Anderson, guardó un set de memos y reportes porque “preparó el borrador de un cable para su supervisor debido a la sensibilidad del caso. Acompañando el borrador de este telegrama había información de contexto para que su supervisor decidiera si transmitir o no el borrador”.

Sin embargo, ninguno de esos documentos fueron recuperados por el Departamento de Estado. Pero este documento ayudará a la familia y sus abogados a presionar a la CIA para que encuentre los registros de Anderson y los libere.

OPERACIÓN CÓNDOR

La nueva colección de documentos contiene un número de documentos desclasificados sobre el asesinato del ex canciller Orlando Letelier y sobre el conocimiento del gobierno de Estados Unidos respecto a la Operación Cóndor. Incluyen documentos desclasificados anteriormente que muestran que los asesores de Kissinger supieron de Cóndor y sus misiones de asesinatos en julio de 1976, e informaron a Kissinger a comienzos de agosto. Kissinger autorizó una demarche (una advertencia, expresando su preocupación por el plan) a todos los gobernantes militares en las naciones Cóndor. Pero luego de que su embajador en Santiago, David Popper, objetara que “Pinochet podría tomar como un insulto cualquier inferencia de que está conectado con esos complots para asesinar”, Kissinger rescindió la demarche.

El volumen incluye la descripción de un breve cable que Kissinger envió cinco días antes del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, que “instruía que ya no deben tomarse medidas” para protestar por las operaciones de Cóndor. Y, el 20 de septiembre de 1976, un cable de su asesor Harry Schlaudeman transmitía la orden de “simplemente instruir a los embajadores a no tomar medidas, notando que no ha habido reportes en algunas semanas indicando la intención de activar Cóndor”. Letelier y Moffitt fueron asesinados por una bomba instalada bajo su auto por la DINA la mañana siguiente.

Manuel Contreras

A raíz de este horrible acto de terrorismo internacional en la capital de Estados Unidos, la oficina de Kissinger ordenó al jefe de la estación de la CIA reunirse con Contreras y efectivamente darle a conocer la demarche que nunca fue enviada a Pinochet. Por primera vez, un reporte sobre ese encuentro fue desclasificado en este volumen.

La reunión tuvo lugar el 8 de octubre de 1976. De acuerdo al reporte del funcionario de la CIA, cuya identidad está borrada de los documentos, compartió su preocupación sobre Cóndor con Contreras:

[La CIA] está muy preocupada por reportes recibidos de varias fuentes sobre la formación de Operación Cóndor por la DINA y sus contrapartes en el Cono Sur y Brasil [menos de una línea no desclasificada] que de acuerdo a nuestra información confiable, Operación Cóndor consiste en dos elementos: intercambio de inteligencia referente a extremistas y la planificación de acciones ejecutivas –asesinatos– contra extremistas en Europa y otras áreas del extranjero. [menos de una línea no desclasificada] es extremadamente preocupado sobre este último aspecto. Contreras dijo que estaba consciente de nuestra preocupación.

Como era de esperar, el jefe de la DINA mintió sobre las operaciones de Cóndor: “Contreras dijo que nuestra información estaba distorsionada. Operación Cóndor existe, tiene su sede en Santiago, pero su único propósito es el intercambio de inteligencia sobre extremistas entre los países participantes, que incluyen a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.” Reveló que la DINA mantenía presencia oficial tantp en Argentina –lo que ya se sabía– como en Brasil, algo desconocido hasta ahora. “Contreras aseguró que la DINA tenía sólo dos oficiales en el extranjero, un oficial de contacto en Brasil y otro en Argentina, y negó que haya algún oficial en Europa o Washington. De acuerdo a Contreras, el coronel Mario Jahn, ex subdirector de la DINA, volvió a la Fuerza Aérea antes de partir a su destinación en Washington”.

Increíblemente, el oficial de la CIA no puso el tema del asesinato de Letelier; no hay mención a ello en el reporte sobre la reunión. Quizás más sorprendente, los funcionarios en Washington parecieron creer que Contreras estaba ahora efectivamente advertido de no participar en nuevos asesinatos. En un memo a Kissinger transmitiendo el reporte de la CIA sobre el encuentro, Shlaudeman escribió que “el acercamiento a Contreras me parece una acción suficiente por el momento. Los chilenos son los principales impulsores en Operación Cóndor. Los otros servicios de inteligencia también están advertidos de nuestra preocupación [menos de una línea no desclasificada] y ahora, sin duda, a través de Contreras. Seguiremos observando los acontecimientos de cerca y recomendaremos nuevas acciones si fuera necesario”.

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Con investigaciones judiciales abiertas por los crímenes de Cóndor en Argentina y en Chile, además de los continuos esfuerzos legales sobre Horman y otros casos de derechos humanos, estos nuevo documentos siguen siendo relevantes, aunque no alteran fundamentalmente nuestro conocimiento de la historia de la represión de Pinochet y las políticas y operaciones de Estados Unidos durante los tres primeros años de su régimen. En efecto, estos documentos entregan un mapa cronológico de ruta sobre una história particularmente dolorosa y dramática que, incluso cuatro décadas después, se rehúsa a alejarse completamente hacia la historia. Las revelaciones de estos registros seguramente estimularán los esfuerzos para presionar por la desclasificación de más documentos, incluyendo documentos chilenos, pues aún quedan secretos que deben ser expuestos.

De hecho, hasta que la última página de documentos históricos secretos sea desclasificada, la historia del rol de Estados Unidos en golpe y en los días más oscuros del régimen de Pinochet, se quedarán en el presente.

Dos informes en derecho encargó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, para respaldar sus cuestionamientos a la legalidad de la autorización que la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, dio a la creación y fusión de la AFP Argentum con Cuprum. Ambos estudios detallan numerosas irregularidades en los procedimientos seguidos por Agnic, desde el momento en que le “sugiere” al grupo Principal crear una AFP para fusionarla con Cuprum, hasta que le entrega la autorización definitiva para funcionar. Agnic, por su parte, también cuenta con un informe en derecho que avala todo su accionar.

Pero los documentos que tiene en sus manos Rincón se suman a un reciente dictamen de Contraloría, que también cuestionó el procedimiento seguido por Agnic, reavivando la polémica por una operación que le permitió a la AFP del Grupo Principal acceder a un beneficio tributario de $80 mil millones. Tras conocerse el informe de Contraloría, Agnic hizo una interpretación positiva del dictamen, pero luego puso su cargo a disposición de la Presidenta Bachelet. El gobierno aún no da señales sobre su futuro. Por mientras, Agnic pidió a la Contraloría anular su pronunciamiento, manteniendo abierto el debate por un procedimiento que la tiene enfrentada hace meses con la ministra Rincón.

Ximena Rincón

Utilizando la Ley de Transparencia, CIPER solicitó al Ministerio del Trabajo, todos los oficios intercambiados entre Rincón y Agnic a raíz de esta operación. Porque durante los últimos meses, la ministra y la superintendenta han confrontado posiciones tanto en público como en privado, y los documentos a los que tuvo acceso CIPER dan cuenta de que también se han blindado legalmente.

Agnic, quien fue elegida a través de un concurso del sistema de Alta Dirección Pública, dirige un organismo que es autónomo, pero que se relaciona con el gobierno a través de la Subsecretaría de Previsión Social, dependiente del Ministerio del Trabajo. Por su autonomía, Rincón no puede removerla del cargo, pero no se ha quedado de brazos cruzados: según fuentes del Ministerio del Trabajo, envió al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público y a la Cámara de Diputados los informes en derecho que encargó al profesor de la Universidad de Chile Jaime Jara Schnettler (ver informe) y a los académicos de la Universidad Diego Portales Matías Guiloff y Carlos Pizarro (ver informe). Agnic, por su parte, cuenta con un informe en derecho del abogado Germán Pfeffer, del estudio Pfeffer & Asociados, que avala su accionar (ver informe).

Los hechos que dieron origen a la polémica comenzaron a desarrollarse en septiembre de 2014, cuando Principal Institutional Chile (PIC) solicitó autorización a la Superintendencia de Pensiones para absorber a Cuprum, la administradora de fondos de pensiones que controla tras comprarla al Grupo Penta. Agnic rechazó la operación, pues la legislación chilena sólo permite fusionar una AFP con otra AFP, empresas que además deben tener giro único. Junto con la negativa, Agnic señaló un camino que podría seguirse y que se transformaría en el centro de la polémica: “La fusión antes señalada podría ser autorizada si, en forma previa, Principal International Chile S A. se constituye en Administradora de Fondos de Pensiones”. Ante la “sugerencia”, PIC inició los trámites para transformarse en AFP Argentum.

Al terminar el año ya se había concretado la fusión por absorción de Cuprum con Argentum. Hasta ahí, parecía una operación sin importancia. De hecho, aunque Cuprum informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en enero de este año que la operación le permitiría diferir impuestos (aplazar por diez años el pago de los tributos) por $80 mil millones, no fue hasta marzo que se encendieron las alertas de los medios, debido a que la SVS pidió más detalles (ver nota del diario Pulso). La inocente fusión por absorción se había producido a toda máquina para aprovechar “goodwill tributario”, un beneficio que permite “ahorrar” impuestos por la diferencia entre el valor de los activos de ambas empresas y al que la Reforma Tributaria puso fin.

El apuro de Cuprum era para alcanzar a usar el beneficio antes de que dejara de existir, al cierre del año. Una urgencia que también tuvo Metlife, que el 29 de diciembre de 2014 inició el proceso para crear una AFP (Acquisition) para fusionar por absorción con Provida. Esta vez el beneficio tributario sería de $179 mil millones. En total, el fisco dejaría de recibir US$ 417 millones en impuestos por las operaciones protagonizadas por Cuprum y Provida (ver nota de Pulso).

La reacción fue lenta, pero explosiva. La Cámara de Diputados inició una investigación por el “rol de la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos en el proceso de fusión de las AFP Cuprum y Argentum”; el senador Alejandro Navarro presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los posibles delitos asociados al procedimiento; y un grupo de diputados de la Democracia Cristiana –entre los que está el hermano de la ministra del Trabajo, Ricardo Rincón– inició acciones legales contra Agnic (ver querella por prevaricación administrativa).

En el dictamen de Contraloría emitido el 16 de diciembre pasado también fue pedido por diputados. El organismo aclaró que no puede pronunciarse sobre la aplicación del “goodwill” tributario ni tampoco intervenir en causas que se ventilan en tribunales, sin embargo dice que decidió entregar una opinión jurídica a solicitud de la comisión investigadora de la Cámara. Respecto a la “supuesta asesoría” que Agnic brindó a Principal al sugerirle crear una AFP, la Contraloría estimó que eso no contraviene las normas, pues se limitó a fundamentar su decisión de rechazar la fusión de PIC. Sin embargo, cuestionó que Argentum presentara antecedentes de Cuprum al solicitar su autorización para funcionar, pues “no resulta admisible que un proceso de constitución de una AFP se acompañen los antecedentes de otra”. También hizo ver que no hay datos que demuestren que la operación reporta algún provecho al sistema de pensiones.

Contraloría puso además reparos a otro de los aspectos controvertidos de la operación: el haber condicionado la existencia de Argentum a la fusión con Cuprum. El organismo argumentó que al momento de producirse la fusión, AFP Argentum no existía legalmente y por lo tanto no podía fusionarse. Lo mismo opinó respecto al rol de la SVS, que no debió inscribirla en el registro de valores.

Agnic contrató a la abogada Olga Feliú – ex subcontralora, ex senadora designada y ex presidenta del Colegio de Abogados– para presentar un recurso de aclaración ante la Contraloría que busca dejar sin efecto el dictamen. Según dijo Feliú a La Tercera, el organismo no tenía competencias para pronunciarse sobre el tema.

LAPIDARIOS INFORMES DE LA MINISTRA

Los cuestionamientos expresados por la Contraloría son tibios al lado de los que contienen los informes en derecho encargados por la ministra Ximena Rincón. La titular del Trabajo decidió blindarse legalmente luego de que sus críticas al procedimiento llevado a cabo por Agnic fueran refutadas debido a la autonomía que tiene la Superintendencia de Pensiones. Rincón ha dicho que respeta su autonomía, pero cree que es su deber velar por que se cumplan las normas vigentes en las áreas de su cartera, lo que incluye el sistema de pensiones.

El informe de los abogados Pizarro y Guiloff, de la UDP, coincide con la Contraloría en que la superintendencia autorizó la existencia de Argentum tomando en cuenta requisitos que en realidad cumplía Cuprum. Por eso, sostienen que la resolución que autoriza la existencia de Argentum “carece de presupuestos fácticos, pues los requisitos eran inexistentes al momento de constituirse la AFP”.

Además, el informe estima que se trataba de una autorización sujeta a una “condición suspensiva”: sólo era válida si se autorizaba la fusión con Cuprum. “Al imponer una condición en un acto administrativo que debió ser puro y simple”, reflexionan los abogados, “la Superintendencia de Pensiones se está autoinvistiendo de potestades públicas de las que carece”. Agregan que más allá de lo legal, el procedimiento carecía de lógica, pues Argentum no existía si no se fusionaba con Cuprum, pero Curprum no podía fusionarse con Argentum mientras no existiera: “No puede, en términos lógicos, pretenderse que algo es condición para que se realice un determinado acto y que luego se le someta a la condición suspensiva que vaya existir si eso era precisamente lo necesario para que se realizara la fusión”.

El abogado Jara repara en el mismo problema: “No dudamos en estimar este proceder como artificioso y contrario a la lógica causal más elemental, toda vez que se coloca el análisis del efecto (fusión) antes que la causa (autorización de “PIC” como Argentum)”.

Los juristas de la UDP, en tanto, estiman que la resolución de Agnic está “viciada”, porque incurrió en una “desviación de poder” –un diagnóstico en el que también coincide el informe del abogado Jara–, que implica ejercer su autoridad con fines distintos a los definidos por el legislador al crear las atribuciones del cargo. Puede estar conforme a la letra de la ley, pero no a su espíritu, explican los abogados en su informe. En este caso particular, se refiere al hecho de haber autorizado la creación de una AFP con el único fin de fusionarse con otra.

Por ello, Pizarro y Guiloff se cuestionan si ante la evidente premura de la empresa, Agnic podía dejar de preguntarse para qué se estaba haciendo la operación e ignorar que el fin último era tributario: “Sin embargo actuó de manera automática, como si se tratara de un simple buzón que requiere realizar un test del cumplimiento de ciertas formalidades, sin que deba auscultar cuáles son las motivaciones o representarse cuáles podrían ser”.

Y más adelante agregan que Agnic ejerció sus facultades para un fin “diverso del interés general; a saber, el interés patrimonial de un regulado, consistente en la obtención de un beneficio tributario, el que si bien la superintendenta expresa haber ignorado y que debía serle irrelevante, atendidas sus competencias, debió contrastarlo para analizar las condiciones de creación de la AFP, que no era más que una operación simulada”. Como agravante, se menciona que Agnic fue quien habría sugerido la creación de una AFP para fusionarla, lo que sería utilizado como un mero subterfugio.

En todo caso, los documentos muestran que no era necesario que Agnic adivinara cuál era el fin de crear y fusionar a Argentum: la querella de los diputados cita un acta de la junta de accionistas de Principal en que el presidente, el ex ministro Hugo Lavados (DC), explica que el objetivo de la fusión es simplificar la estructura y anuncia que recurrirán al “goodwill” para obtener beneficios tributarios. Según los querellantes, en esa reunión del directorio había dos representantes de la Superintendencia de Pensiones.

El abogado Jara es aún más duro que sus pares de la UDP. Para él, la sugerencia de Agnic a Principal de crear una AFP para fusionarla con Cuprum “resultó ser ineficaz, inidóneo y aún artificioso jurídicamente”, pues en la práctica la AFP no se creó antes de la fusión y vulneró las normas. “El camino sugerido por la Superintendencia del ramo forzó más allá de lo legítimo el marco jurídico que regula la fusión de una AFP del mismo grupo empresarial (Cuprum y Grupo Principal) por absorción de una sociedad transformada en AFP (PIC), pero que al mismo tiempo era dueña y controladora de AFP Cuprum”, escribió Jara, agregando que “se cometieron infracciones legales de diversa índole”.

Por un lado, considera que “es ilegal al fundarse en presupuestos inexistentes o erróneamente calificados”.  Al detallarlos, explica que la ley exige que una AFP tenga giro único y prohíbe que una misma empresa tenga dos AFP, pero durante el proceso, Principal fue dueña de Argentum y de Cuprum al mismo tiempo.  Tampoco se acreditó que PIC (luego Argentum) cumpliera con todos los requisitos que exige la ley con independencia de otra AFP, sino que se validaron los de Cuprum. Además, agrega Jara, los actos autorizatorios no admiten elementos condicionales como los que puso Agnic para la creación y fusión de Argentum.

“Las irregularidades reseñadas más arriba”, concluye Jara, “fueron todas en su conjunto un medio esencial, necesario y determinante para concretar la operación de autorización y fusión en los términos en que se llevó a cabo y permiten comprender en su contexto los vicios e irregularidades que afectan lo obrado por esa entidad reguladora a la luz de las normas legales aplicables y de los principios del Derecho Administrativo”.

EL AVAL DE AGNIC

El informe que Germán Pfeffer realizó por encargo de la Superintendencia de Pensiones es el más largo de los tres a los que tuvo acceso CIPER: en 78 páginas, realiza lo que llama una “auditoría y revisión de los actos administrativos” detrás de la autorización de la creación de Argentum y su fusión con Cuprum, “en el contexto de las objeciones que se han formulado” al actuar de la superintendencia.

Tamara Agnic

Tras analizar todos los antecedentes, Pfeffer concluye que a Agnic no le correspondía analizar la operación de la reestructuración de la AFP, sino sólo velar por que la fusión no disminuyera el saldo en la cuenta de los afiliados. Por ello, el abogado estima que los otros efectos que la empresa pudo perseguir con sus acciones, “realizadas sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad”, no son competencia de la superintendencia, que de haberlos revisado se habría alejado de la legalidad.

Respecto al “goodwill tributario”, el jurista aclara que se trata de un beneficio tributario lícito y potencial –requiere el visto bueno del Servicio de Impuestos Internos–, y no se podía exigir a la superintendencia que limitara un derecho que estaba reconocido por ley. Y en cuanto a la polémica “condición suspensiva” que los otros dos abogados consideraron ilegal y carente de lógica, Pfeffer opina que “resulta conteste con la legislación vigente, pues asegura que una A.F.P. que se crea con el objeto de suceder legalmente a otra tenga operatividad real y desarrolle efectivamente el objetivo que se estableció en el prospecto presentado a la SP”.

En resumen, el abogado Pfeffer, tras revisar la legislación y las actuaciones Agnic paso por paso, concluye que todo lo obrado es perfectamente legal.

CRONOLOGÍA DE UNA DISPUTA

Al revisar los oficios intercambiados entre el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Pensiones, lo primero que llama la atención es que el ministerio parece haberse enterado “por la prensa” de la cuestionada operación. El primer oficio, enviado el 8 de mayo por el entonces subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, pide un “informe urgente” a Agnic sobre el procedimiento y la base legal de la operación, a raíz de un reportaje aparecido en la revista The Clinic dos días antes, en el que explicaba cómo Cuprum había logrado ahorrar impuestos con la operación (ver oficio 19.463).

La respuesta de Agnic llegó el 23 del mismo mes, a través de un oficio de poco más de dos páginas, donde se describen los pasos que se dieron antes de dar la autorización a Cuprum. En el documento, Agnic recalcó que los beneficios tributarios generados posteriormente no están en su órbita de competencia, algo que repetiría en los meses siguientes (ver oficio 11.482).

Pero el asunto no estaba zanjado. No sólo porque la ministra Rincón no quedaría conforme con las explicaciones de Agnic, sino porque la superintendenta estaba a punto de aprobar una operación similar entre Provida, la administradora de fondos de pensiones de Metlife, y Acquisition, la AFP creada para la ocasión. La primera misiva de Rincón a Agnic, el 4 de junio, se centró en pedir detalles del procedimiento que aún no estaba sellado, pero también le solicitó más antecedentes sobre lo sucedido con Cuprum (ver oficios 0280 y 0281). Esta vez Agnic envió una explicación de 26 páginas sobre las normas aplicables y el procedimiento de Cuprum (ver oficio 13.302)

Hasta ese momento el intercambio epistolar se llevaba a cabo en el marco de la normalidad. Pero el 31 de julio Rincón mostró las cartas y le expresó directamente a Agnic sus “reservas” sobre un proceso que a su juicio era “a lo menos irregular, no ajustándose esa superintendencia a los imperativos legales sobre la materia y en especial a su obligación de velar por los intereses de los afiliados”, al permitir operaciones comerciales con intereses particulares. La guerra estaba declarada. La principal crítica de Rincón era que se haya autorizado la creación de una AFP (Argentum) sobre la base de los antecedentes patrimoniales y administrativos de otra ya existente (Cuprum). Por lo tanto, concluía la ministra, Argentum nunca existió realmente (ver oficio 392).

El 5 de agosto Agnic volvió a defender su actuar, argumentando que el patrimonio de Argentum era mucho mayor que el de Cuprum y que si se autorizó la creación de Argentum sobre la base de los antecedentes de Cuprum, fue porque la nueva AFP tenía como único objetivo fusionarse con ésta (ver oficio 17.700).

Estos intercambios se ventilaron en la Comisión Investigadora que analiza la fusión y Rincón debió enviar un nuevo oficio aclarando que sus cuestionamientos no interfieren con la autonomía que la ley le entrega a la Superintendencia de Pensiones, pero que el Ministerio del Trabajo es el órgano superior y debe velar por el cumplimiento de la normativa (ver oficio 419).

El 25 de agosto, Agnic informó a Rincón que había autorizado la existencia de Acquisition, la otra AFP polémica, creada sólo para fusionarse con Provida (ver oficio 18.943), operación a la que, según la superintendenta informó en otro oficio, le dio el visto bueno sólo seis días después (ver oficio 19.453).

La decisión no hizo más que encender los ánimos. El 8 de septiembre, Rincón ofició a Agnic defendiendo nuevamente su obligación de actuar y pidió otro “informe detallado y pormenorizado” (ver oficio 0469). La respuesta llegó el 2 de octubre, a través de un oficio de 30 páginas (ver oficio 22509) y tres anexos, con una copia del informe en derecho de Germán Pfeffer (ver informe), la constancia del depósito de US$ 24,9 millones en la cuenta de Metlife Chile Inversiones Limitada (ver constancia) y el índice de toda la documentación recibida durante el proceso (ver índice).

En este último oficio, Agnic explica que dicha documentación se entrega en cinco legajos, -los que fueron recibidos físicamente por el Ministerio del Trabajo- y hace ver que dicha información está sujeta a una obligación de reserva.  Sin embargo, Rincón nunca los vio: el 23 de octubre envió de vuelta los cinco archivadores, junto con un oficio que explica que se mantuvieron cerrados debido a su carácter de reservados (ver oficio 0539).

Una inesperada réplica tuvo la investigación del cartel de los productores de pollo, pues la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no se quedó solo con el reciente fallo que confirmó la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) –fijando multas por US$ 58 millones y la disolución de la Asociación de Productores Avícolas–, sino que este miércoles 6 de enero presentó un requerimiento por colusión contra las tres principales cadenas de supermercados del país. Los datos recogidos en las pesquisas sobre el mercado avícola le permitieron a la FNE acusar a Cencosud (Jumbo, Santa Isabel), Walmart (Líder, Ekono) y SMU (Unimarc, Supermercados del Sur) de coordinarse entre 2008 y 2011 -a través de los productores de pollos- para fijar precios mínimos de venta al público, lo que atenta contra la libre competencia (ver requerimiento).

El requerimiento de la FNE pide que cada una de las cadenas sea multada con el monto máximo que permite la ley: 30.000 UTA, equivalentes a US$ 22,9 millones. La FNE estima que por la gravedad de la falta, la sensibilidad del mercado y las ganancias de las empresas, correspondería fijar una multa equivalente al 10% de las ventas de pollo en el periodo imputado –un porcentaje que el organismo califica de conservador–, pero ese monto superaría el máximo legal permitido.

Según los datos recogidos hasta ahora, la FNE comenzó reservadamente su investigación el 25 de agosto de 2011 y obtuvo del TDLC y la Corte de Apelaciones la autorización para ejercer “medidas intrusivas”, las que se concretaron el 14 de diciembre del mismo año. Ese día, con el apoyo del OS-9 de Carabineros, se realizó un registro policial en las dependencias de las cadenas de supermercados bajo investigación y se incautaron copias de los correos electrónicos de ejecutivos de esas empresas. Algunos de los emails intercambiados entre los vendedores minoristas y sus proveedores de pollo fueron adjuntados por la autoridad económica en su denuncia como prueba de la colusión.

Aunque no se entregan detalles, la FNE destaca que tiene evidencias de que las conductas de colusión entre supermercados y proveedores no se limitan al pollo fresco al que se refiere la acusación, sino que existen “antecedentes que dan cuenta de un cierto grado de transversalidad de la misma respecto a otros productos que componen la canasta”. Sin embargo, el escrito no especifica si existen otras investigaciones en curso por esas posibles infracciones.

Según la Fiscalía Nacional Económica, los tres principales productores de pollo (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) fijaban un precio único de lista mayorista, el que sumando el IVA funcionaba por regla como un precio mínimo de venta para los minoristas (supermercados y otros). LA FNE no tiene claro el origen de la regla, pero utiliza los correos electrónicos intercambiados por los encargados de compra de las cadenas de supermercados y los proveedores de pollo para demostrar que se trataba de una práctica cotidiana.

La acusación de la FNE es que Cencosud, Walmart y SMU “actuaron bajo el conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a idéntica regla y además fueron activos en monitorear los eventuales incumplimientos de aquélla por parte de éstos, solicitando al proveedor común su intervención a objeto de restablecer el imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de referencia. De esta forma, las requeridas (los supermercados denunciados) adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas”. Además, se les imputa haber supeditado el cumplimiento de la regla al que sus competidores no bajaran el precio fijado.

De los correos incluidos en el requerimiento se concluye que el argumento utilizado para operar de esta forma era “regularizar el mercado” y “evitar una guerra de precios”, de modo de obtener mayores ganancias.

El requerimiento asegura que el precio al que le vendían sus productos los productores de pollo a los supermercados no consideraba descuentos transitorios ni cobros que disminuyen el costo efectivo que tienen los supermercados. Agrega que las cadenas tienen incentivos para vender bajo costo en aquellos “productos de alta recordación” como el pollo, lo que tiende a beneficiar a los consumidores, pero que aquello se inhibe con este tipo acuerdos.

Horas después de hacerse público el requerimiento de la FNE, desde Walmart, el gigante minorista controlado por la familia estadounidense Walton, se envió un comunicado en el que se explica que “desde el inicio de esta investigación, en el año 2011, hemos cooperado activamente con las autoridades y continuaremos haciéndolo mientras el Tribunal analiza este caso”. Y puntualizaron: “Estamos comprometidos con la libre competencia y por eso contamos con procesos certificados para que todas nuestra acciones se apeguen a sus principios y normativas”.

En la sede de SMU, en tanto, se informó que aún no habían sido notificados del requerimiento, por lo tanto no podían emitir opiniones. SMU es controlada por el Grupo Saieh, que también es el principal financista de CIPER. En Censosud, la empresa de Horst Paulman, quedaron de enviar un comunicado de prensa, pero al cierre de esta nota no había llegado.

Los datos entregados por la Fiscalía dan cuenta de que en 2011 las tres cadenas de supermercados concentraban más del 91% de la venta de pollo fresco: Cencosud, 34,05%; Walmart, 33,68% y SMU, 23,5%.

El mercado de los supermercadistas se movió bastante en los años investigados (2008-2011). En 2009, Walmart tomó el control de DyS (Lider, Ekono), que hasta entonces estaba en manos de la familia Ibáñez, quienes terminaron de vender su participación en 2013. En cuanto a SMU, compró Supermercados del Sur en septiembre de 2011 (los emails incluidos en el requerimiento son de febrero de ese año) y de acuerdo a la FNE es su continuadora legal.  Luego, en 2014, SMU vendió Bigger, la marca de Supermercados del Sur.

Esta vez y a diferencia de las otras denuncias por colusión que han afectado a importantes empresas del mercado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, reaccionó de inmediato. En caso de confirmarse la denuncia de colusión por parte del Tribunal de la Libre Competencia –afirmó–, en que por acuerdo de precios entre las empresas se hayan obtenido ganancias por sobre lo que correspondía a un mercado competitivo, deberá aplicarse todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), repartición que depende de su cartera, ya se encuentra estudiando “cuáles son las medidas a tomar en materia de los derechos de los consumidores”.

LO QUE REVELAN LOS EMAILS

De acuerdo a la investigación de la FNE, las cadenas verificaban el cumplimiento de la regla monitoreando los precios de los locales de la competencia ubicados en la misma zona geográfica, a las que llamaban “zonas de competencia” o “clusters”. Cencosud y Walmart tenían mecanismos formales para ello -dice la acusación-, que estaban a cargo de las áreas de precio o “pricing” y la información luego era comunicada al área comercial de esas mismas empresas. Eran los encargados comerciales quienes se comunicaban con los proveedores de pollos para reclamar cuando un competidor estaba vendiendo bajo el precio acordado. Se asumía, asegura la Fiscalía Nacional Económica, que los proveedores actuarían como intermediarios para regularizar el precio de venta al público de sus competidores.

Según la FNE, los  “Key Account Manager” (ejecutivos de cuenta) de los distintos proveedores de pollo declararon que los reclamos se realizaban principalmente a través de llamados telefónicos. El intercambio de correos electrónicos por este tema era excepcional, dice la FNE, pero de todos modos los mensajes que fueron adjuntados al requerimiento son decidores (ver correos).

“No se bajaron los precios conversados”. Ese fue el mensaje que envió por correo electrónico Leonardo Retamal, administrador de la sucursal El Belloto del Supermercado Jumbo, en Quilpué, al product manager que por entonces estaba encargado de los resultados comerciales y operacionales de la sección de pollos y cerdos de la empresa, Alfredo Calvo. El correo electrónico está fechado el domingo 18 de enero de 2009 y es el más antiguo entre los emails que la FNE entregó al TDLC como anexo probatorio al requerimiento. Como el mensaje es escueto, si no fuera porque en el asunto dice “Precio Pollo – J781 / Lider”, sería imposible saber a qué se refiere. En todo caso, basta seguir la cadena de los correos para salir de cualquier duda.

Al día siguiente, Calvo escribió al ejecutivo de Agrosuper que llevaba la cuenta de Cencosud, Víctor Velásquez, alegándole el incumplimiento de un compromiso acordado un par de días antes: subir el precio del pollo entero a $1.490. Al parecer, Líder no lo había hecho. Velásquez respondió:

“Esto parece el cuento del lobo, ya que tu competencia los acusa a ustedes de iniciar esta guerra de precios. Lo único que puedo hacer es que me des la última posibilidad y mañana tú aparezcas a $1.490. De esta manera, ellos subirán. De otra manera veo complicado alinearlos”.

Después que Calvo replicara diciendo que en Jumbo han tenido “el precio que corresponde”, esa primera cadena de correos se cerró con el mensaje de Jorge Kuncar, entonces product manager senior de carnes blancas en Cencosud, a quien Calvo había copiado entre los destinatarios:

“Señores, nos interesa estabilizar el precio del pollo entero antes que nos obliguen a comenzar a reaccionar. Esto se lo solicité a Fernando [Fernando Lanza, como sales manager de Agrosuper entre 2008 y 2009, era jefe de Víctor Velásquez cuando se enviaron los correos] tres días antes de la apertura de Jumbo Belloto, y no tuvimos ninguna respuesta. Si les interesa que mañana hagamos un último esfuerzo por estabilizar el precio, no tenemos problemas en hacerlo, pero será nuestra última espera, ya que llevamos más de 30 días”.

Un día después, el mismo tema fue tratado en otro intercambio de correos, esta vez entre el gerente de Supermercados en Agrosuper, Patricio Delgado, y el entonces comprador de carnes de Walmart, Luis Zamorano. El primero le pedía al segundo igualar el precio con Jumbo “para que no sigan con esta pelea, que todos perdemos plata”. Zamorano se comprometió a hacerlo. Delgado insistió en que tenían que igualar el precio de inmediato, que Jumbo no esperaría ni un día más.

Los siguientes correos son similares, pero posteriores e involucran a más personas. En noviembre de 2009, Delgado y Zamorano volvieron a conversar sobre los precios de los pollos comparados con el catálogo de Jumbo. Ese mismo mes, Carlos Tellería, de Ariztía, envió un correo donde ordenaba suspender los despachos de pollos de los supermercados Bigger, del holding SMU, por vender bajo el precio de costo, lo que demuestra el control que ejercían los proveedores para mantener vigente el supuesto acuerdo que acusa la FNE.

En febrero de 2011, el product manager de Supermercados del Sur, Rodrigo Balbontín,alegaba a Agrosuper que en Temuco el Supermercado Santa Isabel vendía trutro entero de pollo a un precio demasiado bajo. Ese correo produjo la inmediata mediación del ejecutivo de la productora de pollos, quien se comunicó con Alfredo Calvo, de Cencosud. La respuesta de este último fue: “Ok, subo todos los precios ahora mismo”.

El último correo que anexó la FNE en su denuncia fue enviado por Cristian Tirado, ejecutivo de Ariztía, a Balbontín, ejecutivo de Supermercados del Sur, 10 días después que alegara por los precios bajos de Santa Isabel. El texto dice:

“Desde hace unos tres años que estamos intentando regularizar el precio de oferta de los productos pollos y pavos, evitando vender bajo costo para que las cadenas NO entren en una guerra de precios. En este sentido, te pido evitar vender trutros enteros bajo costo como pasó hoy en Bigger Concepción, donde se ofreció el trutro entero Ariztía a $1.490 (Precio mínimo es $1.270 + IVA=$1.511). Este tema lo he hablado con todas las cadenas y de ser necesario en algún caso especial, lo seguiré reforzando”.

Una vez más los correos electrónicos podrían resultar evidencia clave para acusar a empresas importantes del mercado nacional en la ejecución de uno de los ilícitos más difíciles de probar: la colusión. Así fue en el reciente requerimiento que la misma Fiscalía Nacional Económica presentó contra la CMPC, de propiedad del Grupo Matte, y la sueca SCA (ex Pisa), por la colusión en el mercado del  papel higiénico; y  en la investigación del cartel de los productores de pollos, que dio origen a esta nueva acusación.

La inminente sentencia de la Corte Suprema en un juicio que involucra al humorista Sergio Checho Hirane en el ilícito de facturas falsas, podría convertirse en la vara con la que deberían ser comparadas las condenas que se dictarán para los acusados en las causas Penta y Soquimich por fraudes tributarios. Todos ilícitos cometidos con el objeto de aportar dineros a campañas políticas por fuera de la vía legal (Servel) y también para diminuir impuestos.

La fórmula de evasión tributaria utilizada por Hirane y también por otros artistas y rostros de la TV condenados en el mismo juicio –el Profesor Rossa y Mario Mauriziano- es la misma que detectó la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la investigación por el financiamiento ilegal de la política: boletas y facturas ideológicamente falsas.

El máximo tribunal tiene en acuerdo (sólo falta redactarlo) el fallo que responde a un recurso de casación interpuesto por Sergio Hirane. El requerimiento del humorista pretende revocar la sentencia dictada en 2014, que lo condenó a 3 años y 1 día de presidio -con libertad vigilada- por aumentar “maliciosamente” su crédito por el IVA y obtener devoluciones de impuesto que no le correspondían.

El recurso de casación de Hirane hace que la Corte Suprema deba pronunciarse en un caso de delitos tributarios justo cuando están en pleno desarrollo las investigaciones Penta y SQM que involucran a personajes políticos y empresariales. De allí que la decisión que adopte la Segunda Sala –que encabezaba el ministro Hugo Doltmesch, quien acaba de asumir la presidencia del máximo tribunal- podría ser interpretada como una señal para los tribunales inferiores sobre el tratamiento jurídico de estos ilícitos, dijeron abogados y ex fiscales consultados por CIPER.

Sergio Iván Arenas

Los mismos abogados, que pidieron reservar sus identidades, opinaron que la Corte Suprema entregará una señal sobre el tratamiento jurídico de los delitos tributarios con el fallo que se encuentra redactando la abogada integrante de la Segunda Sala, Leonor Etcheberry.

Lo anterior también podría aplicarse a los casos Corpesca y CAVAL ya que en ambas causas la investigación de los ilícitos incluye la arista tributaria por boletas y facturas ideológicamente falsas.

Hirane fue condenado en primera instancia por el ministro en visita Alejandro Rivera en un largo proceso que se inició en 2004 y en el que también fueron sentenciados a la misma pena Sergio Iván Arenas (Profesor Rossa), su esposa, Elena Arteaga Bascuñán; el comentarista deportivo Mario Mauriziano y Paula Bocaz Cerda, entonces pareja del capitán (r) de Ejército, Patricio Castro Muñoz, quien fuera un conocido agente de la CNI en dictadura.

Castro fue uno de los cerebros de la llamada “Cutufa”, financiera informal que operó a fines de los años 80 y que terminó en un desfalco para los “inversionistas”, todos uniformados y civiles partidarios del régimen militar. En ese polémico juicio también se investigó el asesinato de uno de los involucrados, Aurelio Sichel, cuya muerte nunca fue aclarada.

Sergio Arenas fue condenado por cometer los tres ilícitos descritos en el artículo 97 del Código Tributario: utilizar dolosamente en sus contabilidades facturas de trabajos inexistentes con el fin de disminuir el impuesto que debía pagar; aumentar el crédito por el IVA; y obtener devoluciones de impuesto que no le correspondían. Hirane y Mauriziano fueron condenados por los dos últimos delitos.

Los ilícitos investigados por el ministro Rivera tienen similitudes con los hallazgos del Ministerio Público en las causas Penta y Soquimich (SQM). En ellas los fiscales y el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectaron la emisión de boletas y facturas por trabajos que nunca se realizaron con el fin de disfrazar la entrega de dineros a campañas políticas, lo que configura el ilícito descrito en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario.

A su vez, en la arista SQM, los fiscales solicitaron recientemente la formalización del ex senador Carlos Ominami por el presunto ilícito de aumentar el verdadero monto del crédito por IVA, delito por el que se castigó a Arenas, Hirane y Mauriziano. Ominami lo ha negado, señalando que él no es emisor de facturas, por lo que no puede ser imputado como autor de ese ilícito.

Hasta ahora, la única sentencia en primera instancia a políticos por el financiamiento irregular de campañas o actividades políticas ha recaído en el ex presidente de la UDI, Jovino Novoa, a quien el juez Juan Carlos Valdés, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, condenó en procedimiento abreviado a tres años de presidio -con el beneficio de la remisión condicional de la pena- como autor de los delitos de presentación maliciosa de declaraciones de impuestos al utilizar boletas y facturas ideológicamente falsas, y obtener devoluciones de impuestos que no correspondían. En la acusación contra Novoa que hizo la Fiscalía no incluyó la emisión de facturas con IVA (ver sentencia).

Según el abogado y académico tributarista Juan Carlos Ochoa, la sentencia de la Corte Suprema para Sergio Hirane, que ya está en acuerdo, establecerá una interpretación del máximo tribunal sobre este tipo de delitos al determinar en su fallo de última instancia si mantendrá la pena aplicada. En todo caso, los expertos dijeron a CIPER que las condenas probablemente seguirán siendo reducidas y que la cárcel efectiva sería una excepción.

EVASION ARTÍSTICA

La investigación del ministro en visita Alejandro Rivera se inició con una querella del SII en 2003 por transacciones fraudulentas detectadas entre 1997 y 2002. Todas esas operaciones le provocaron un perjuicio al Fisco por concepto de IVA, impuesto a la renta y global complementario y devoluciones improcedentes, estableció Rivera en su fallo.

Según concluyó el magistrado, este foco de evasión tributaria en el mundo artístico y de la TV tuvo como protagonistas a personas y empresas supuestamente proveedoras de servicios, entre las que le cupo un papel destacado a Paula Bocaz Cerda. Todas ellas simularon cobrar trabajos prestados a los artistas a través de algunas facturas materialmente falsas, pues eran duplicados; y otras ideológicamente falsas, ya que dichos servicios nunca existieron.

Aunque Hirane, Arenas, Mauriziano, Bocaz y Arteaga siempre se declararon inocentes de los cargos por evasión, el ministro Rivera -con la colaboración de peritos del SII- estableció que Hirane, representante legal de Checho Producciones Ltda., había causado un perjuicio fiscal de $74,1 millones actualizados a 2003; Mauriziano, representante legal de Zeta 1 Ltda., un perjuicio de $38,1 millones; Sergio Arenas (Producciones Rossa Ltda.), una evasión de $ 270,1 millones y para Paula Bocaz se registró un monto de $ 431,7 millones.

Bocaz entregó 118 facturas por servicios profesionales que el tribunal consideró inexistentes y que sólo tuvieron como propósito abultar el crédito por IVA de los artistas condenados y así disminuir la base imponible del impuesto a la renta que les correspondía pagar.

Mario Mauriziano

El juez Alejandro Rivera describió así las operaciones de Bocaz: “Una mujer procedió a emitir durante los períodos tributarios noviembre de 1998 a diciembre de 2000, 118 facturas falsas por servicios  que nunca fueron prestados y que no guardaban relación con los ingresos  por ésta declarados a diversos contribuyentes, entre ellos, “Producciones Rossa Ltda.”, “Alfredo Fuentes y Cía. Ltda.”, “Comercial Los Confines Ltda.”, “JE Producciones y Publicidad Ltda.”, “Checho Producciones Ltda.”, “Inversiones Zeta Uno Ltda.” y “Gráfica Meriba Ltda.”, para que estos pudieran rebajar indebidamente su real carga tributaria”.

En cuanto a los receptores de las facturas -Hirane, Arenas y Mauriziano- el tribunal apuntó que cada uno de ellos “durante los años 1997 a 2001 utilizó, registró y declaró crédito fiscal de Impuesto al Valor Agregado, respaldado en facturas falsas que daban cuenta de operaciones inexistentes, aumentando sus costos y gastos operacionales, afectando la base imponible del impuesto a la renta y obteniendo devoluciones de impuesto en forma indebida”.

Otras facturas falsas emitidas por Paula Bocaz también fueron detectadas en las contabilidades de José Alfredo Pollo Fuentes (Alfredo Fuentes y Cía. Ltda.) y de la sociedad Los Confines Ltda., del animador de televisión Francisco Kike Morandé.

Arenas, Bocaz y Elena Arteaga fueron condenados por los tres delitos descritos en el Código Tributario, en carácter de reiterados: utilizar dolosamente en sus contabilidades facturas de trabajos inexistentes con el fin de disminuir el impuesto que debían pagar; aumentar el crédito por el IVA; y obtener devoluciones de impuesto que no les correspondían. Hirane y Mauriziano recibieron condena por aumentar el crédito por el IVA y obtener devoluciones de impuesto fraudulentas.

El ministro en visita Alejandro Rivera detalló en su dictamen: “Se condena a Sergio Iván Arenas Maturana, Elena Mónica Arteaga Bascuñan, Paula Cecilia Bocaz Cerda, Sergio José Hirane Sarkis, y a Mario Leonardo Mauriziano Apolito a sufrir cada uno la pena única de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de una multa equivalente al 100% de lo defraudado, todo como consecuencia de sus participaciones que, en calidad de autores, les correspondió en los delitos tributarios reiterados previstos y sancionados en el artículo 97 Nº 4 incisos 1º, 2º y 3° en los tres primeros casos; y al inciso 2° y 3° en los dos restantes”. La excepción fue Sergio Hirane, a quien no se le calificó como “reiterado” el ilícito conceptualizado en el inciso tercero.

A todos los acusados se les concedió el beneficio de la libertad vigilada (ver sentencia).

Hirane y Mauriziano, en disconformidad con el fallo del juez Rivera, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en agosto de 2015 confirmó las sentencias de primera instancia. A partir de ahí los caminos de ambos se separaron, porque solo Hirane apeló a la Corte Suprema con un recurso de casación.

EL NEGOCIO DE FACTURAS FALSAS

La investigación del ministro Alejandro Rivera estableció que en la contabilidad de Sergio Arenas se incorporaron facturas falsas, que eran copias con la misma numeración -pero por valores distintos- de documentos reales emitidos para otras empresas.

Del supuesto proveedor -ICIS Marketing y Publicidad- se incluyeron en la contabilidad de la sociedad de Arenas, Producciones Rossa Ltda., facturas falsas entre diciembre de 1996 a junio de 1997, aumentando así el crédito fiscal IVA por $3,1 millones. Interrogados por el SII, los representantes legales de ICIS informaron que facturas de igual numeración fueron extendidas por ellos a otras personas y por montos distintos y que nunca habían prestado servicios a Producciones Rossa. Lo mismo ocurrió con la empresa Deccograf, ya que Producciones Rossa registró tres facturas suyas falsas por un crédito fiscal de $1.080.000.

Respecto de Checho Producciones, los peritajes demostraron que Sergio Hirane “registró y contabilizó crédito fiscal de IVA irregular amparado en facturas ideológicamente falsas y en facturas no fidedignas, utilizó créditos fiscales de IVA por gastos personales y, por ende, ajenos al giro, registró una factura emitida por Sergio Hirane Sarkis, como persona natural, y como consecuencia de la utilización de las facturas falsas percibió indebidamente una devolución de impuesto”.

Durante la investigación también surgieron antecedentes sobre la compra de facturas falsas por parte del humorista Daniel Bombo Fica, quien según el fiscalizador del SII, Esteban Escalona, “compró facturas a Gastón González (conocido artísticamente como Diego Luna) para respaldar gastos”. Posteriormente Fica se desdijo, argumentando que se sintió presionado por los funcionarios del SII.

Una de las pistas para identificar el origen de las operaciones con facturas falsas que fueron incorporadas en la contabilidad de Producciones Rossa, y de las sociedades de Hirane (Checho Producciones) y Mauriziano (Zeta 1), fue la declaración de Marta Ugarte Cardemil. La mujer, que conocía a Paula Bocaz y a su pareja Patricio Castro, declaró en el tribunal que el ex capitán de la CNI “se juntaba con el Profesor Rossa a conversar en el restaurante (Mambo Yambo) y pedían una mesa bien apartada en un lugar oscuro en donde no se escuchara nada”.

Al tener mayor confianza con Patricio Castro, Ugarte le preguntó si estaba vendiendo IVA, a lo que Castro le respondió que andaba en sus “negocios”, pero que esto era de “Paulita”, es decir, Paula Bocaz. En mayo de 2005, Patricio Castro cayó detenido en la Cárcel de Alta Seguridad, donde Bocaz lo visitaba y Ugarte la aguardaba afuera: “Paula salía con instrucciones de Patricio, ella utilizaba su teléfono para hablar con los ‘gomas’ que realizaban entregas de IVA, ella hablaba de comisiones e impartía instrucciones por su celular”, declaró Marta Ugarte, quien le aseguró al ministro Rivera que existía una mafia que vivía de la venta de IVA y que el cerebro de todo era Castro, asociado a Juan Meyerholz.

Tanto Meyerholz como Castro admitieron conocer a Marta Ugarte, pero negaron toda relación con facturas falsas. “Nunca vendió facturas a Mónica Arteaga. Nunca vendió facturas a Iván Arenas. Nunca vendió facturas falsas a José Alfredo Fuentes. Jamás ha vendido facturas a ninguna persona”, fue la respuesta del capitán (r) Castro al tribunal.

LA CUTUFA Y PUBLICAM

Años antes, Patricio Castro Muñoz se había convertido en uno de los cerebros y principal captador de dineros para la financiera ilegal La Cutufa, idea que había elaborado su amigo, el entonces también capitán de Ejército y de la CNI, Gastón Ramos.

Patricio Castro

Castro fue un activo agente de la CNI y estrecho colaborador de Álvaro Corbalán, jefe de operaciones de la policía secreta de la dictadura. Ambos compartían su inclinación por los cabarets y las estrellas del espectáculo y la TV. Corbalán tuvo como pareja a la vedette española Maripepa Nieto y Castro a la actriz de teleseries Carolina Arregui. Como agente de la CNI, también fue jefe de seguridad del Festival de Viña, evento al que asistían autoridades del régimen.

En democracia, el ex oficial del Ejército ha alternado la libertad con la cárcel. En la investigación de La Cutufa el entonces juez Alejandro Rivera, del 12 Juzgado del Crimen, condenó en 2005 a Castro, Ramos y a otros dos involucrados a cumplir pena efectiva de cárcel por no haber pagado una indemnización de $123 millones a ocho querellantes. Castro y Ramos habían sido condenados a tres años de presidio por violar la ley de bancos, pero con el beneficio de la libertad vigilada.

En julio de 2014, Castro fue procesado por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, por su presunta responsabilidad en la ejecución de dos militantes del MIR en 1984. En los últimos años montó una empresa de seguridad y vive en Colina.

Aunque el ex agente CNI no figuró en el llamado Caso Publicam, sí mantuvo vínculos con Juan Meyerholz, quien a la postre fue condenado por la venta de facturas falsas para justificar gastos electorales, entre otros, de la campaña a senador de Guido Girardi (PPD). En 2009, la jueza Tatiana Escobar, del  7º Juzgado de Garantía de Santiago, sentenció a Meyerholz a tres años de presidio menor por ese delito, de los cuales ya había cumplido dos en prisión preventiva.

La fiscal Ximena Chong dijo entonces que el perjuicio causado por la empresa fantasma Publicam llegó a los $2.200 millones.

Vea también: “Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII“

Después de poner fin a la compleja, dura y mediática negociación con Jorge Sampaoli, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, debe concentrarse en problemas mucho más urgentes y graves que la búsqueda de un nuevo entrenador para la Roja. El acuerdo con Sampaoli aparentemente descomprimiría el ambiente en que aterrizó el nuevo directorio de la ANFP, porque la partida del seleccionador es la arista que más interesa a la hinchada dentro de la crisis del fútbol y, por lo mismo, monopolizó el enfoque de la prensa. Pero eso no ocurrió.

Arturo Salah despidiéndose de Jorge Sampaoli

En la sede de Quilín se siguen viviendo días cargados de tensión, debido a que enfrentan un ultimátum del Ministerio de Justicia que les dio diez días -a contar del viernes 15- para aclarar las cuentas de la asociación y un compromiso con el ex contralor Ramiro Mendoza -hasta ahora incumplido- para publicar su informe sobre las irregularidades en los dineros de la Copa América.

Cumplir con los compromisos contraídos tanto con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, como con el ex contralor Mendoza, equivalen a incubar una tormenta perfecta que promete volver a sacudir a la ANFP tanto o más que por su reciente round con el cuerpo técnico de la selección.

En ambos casos quedarán expuestas impactantes irregularidades que hasta ahora solo han corrido como trascendidos en la prensa. Entre las más graves están:

• No hay documentos que acrediten que los $19 mil millones declarados como ingresos por las entradas de la Copa América corresponden a la suma que efectivamente se recaudó, por lo que existen fundadas sospechas de que en este ítem pudo haber desvíos de dinero.
• No hay huellas de los US$491 mil (unos $350 millones) entregados por la Conmebol junto con el dinero del premio al ganador del torneo continental.
• La falta de justificación de un contrato por US$200 mil (unos $140 millones), firmado inmediatamente después del Mundial de Brasil, para que Sampaoli prestara una asesoría al Instituto Nacional del Fútbol (INAF), cuyo único producto fue un escueto “informe oral”.
• Irracionales premios pactados con el cuerpo técnico para la Copa América Centenario 2016 (que se jugará en Estados Unidos) y el Mundial de Rusia 2018 por cifras astronómicas para el mercado local, discordantes con las escuálidas arcas de la ANFP.

A este cuadro se suma que el defenestrado ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, ha estado colaborando activamente con la investigación del Ministerio Público sobre las cuentas de la asociación, a cargo del fiscal Carlos Gajardo. Esto promete destapar nuevas irregularidades, ya no relacionadas únicamente con los sobornos repartidos por la Conmebol en el exterior, sino con el manejo de dineros y negocios de la ANFP en Chile que podrían salpicar a otros dirigentes que hasta ahora han librado de las acusaciones.

Sergio Jadue

El acuerdo para desvincular al cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli consiste en que el entrenador cancelará a la ANFP solo US$1 millón de los US$6,3 millones estipulados originalmente en su cláusula de salida. Además, renunciará a sus premios por la Copa América, que suman US$2,4 millones. Finalmente, la asociación le pagará su finiquito y vacaciones pendientes, que alcanzan a US$1,8 millón. En el balance final, Sampaoli se vio obligado a cancelar un total de US$1,6 millón (equivalentes a unos $1.161 millones) para liberarse de su compromiso con la selección chilena.

El acuerdo incluye al preparador físico Jorge Desio, pero deja fuera al ex asistente técnico de Sampaoli y actual entrenador de la Universidad de Chile, Sebastián Beccacece, quien mantiene su litigio con la ANFP por el pago de su cláusula de salida.

En todas las negociaciones siempre se tuvo en cuenta que ya a comienzos de diciembre pasado la ANFP tuvo que desembolsar US$500 mil, lo que no tenía contemplado originalmente, para rectificar los impuestos no pagados por el contrato de derechos de imagen de Sampaoli, el que fue suscrito por el entrenador a través de una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas (Ver reportaje CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal”).

A pesar de que la ANFP recibió US$7,5 millones de la Conmebol para organizar la Copa América y supuestamente otros $19 mil millones por venta de entradas para ese mismo torneo, las finanzas de la asociación se encuentran en estado de emergencia. Eso obligó a Salah a ser inflexible en la mesa de negociación para que el saldo final de la despedida de Sampaoli arrojara números azules para la ANFP.

El estrecho margen financiero de la asociación fue admitido por el vicepresidente de la entidad, Andrés Fazio, el mismo martes 19 cuando ya se veía una luz al final del túnel en la negociación con Jorge Sampaoli: “Ha sido un proceso muy duro, pero lo que se viene es aún más difícil, porque la situación económica de la ANFP es preocupante, las condiciones son muy débiles (…). Será un trabajo arduo para poder cumplir con todos los compromisos. Habrá que cuidar los recursos. Los ingresos del 2015 fueron extraordinarios y el saldo final es patético”.

EL ULTIMÁTUM DE LA MINISTRA

El viernes 15 de este mes el Ministerio de Justicia despachó un oficio a la ANFP  en el que le dio un plazo de diez días para presentar un estado de las cuentas de la corporación que acredite si las dietas pagadas al directorio que lideró Sergio Jadue fueron devueltas a la asociación. Fue una denuncia enviada al ministerio sobre la ilegalidad de pagar dietas al directorio de una corporación sin fines de lucro -como lo es la ANFP- lo que dio inicio a la inspección de las cuentas y contratos de la entidad en la secretaría de Estado.

Sergio Jadue recibió sobre $34 millones desde febrero a agosto del año recién pasado por este concepto, lo que fue considerado inadmisible por el Ministerio de Justicia -que tiene la tuición sobre las corporaciones sin fines de lucro- y que ordenó la restitución de esos fondos. Pero todavía no recibe respuesta que acredite si ese dinero realmente se reembolsó a las arcas de la ANFP.

Ministra de Justicia, Javiera Blanco

El miércoles 13, Salah se reunió con la ministra Javiera Blanco, ocasión en que la secretaria de Estado exigió formalizar la respuesta a los requerimientos ministeriales. Dos días después, el viernes 15, el ministerio despachó el oficio a la ANFP en el que le dio el plazo de 10 días para regularizar la situación. El ultimátum se cursó porque hasta ahora las respuestas que ha recibido esa cartera desde la ANFP se consideran claramente insatisfactorias.

La ministra espera, además, un compromiso público de la asociación para transparentar su administración. Basada en que se trata de una corporación sin fines de lucro, Javiera Blanco ha hecho ver que para mantener ese estatus legal la ANFP debe presentarle un detallado cronograma de trabajo con acciones tendientes a fortalecer la fiscalización pública de sus cuentas. Y para el ministerio ese cronograma no puede extenderse más allá de marzo de este año.

Para el ministerio es imperioso que Salah demuestre la voluntad real de la ANFP de hacer un giro radical al caos que ha imperado en las cuentas. Lo que se espera es que la ANFP presente acciones legales contra quienes resulten responsables de eventuales ilícitos en el manejo de los fondos de la asociación. De no hacerlo, el ministerio podría interpretar que el nuevo directorio no está cautelando el patrimonio de esa corporación.

Las rigurosas exigencias de la ministra Blanco se deben a que el Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia ha revisado minuciosamente las cuentas y contratos de la ANFP. Y en ese examen ya se detectaron anomalías que justificarían que el ministerio pida la cancelación de la personalidad jurídica de esa corporación (Ver reportaje CIPER “La ANFP arrinconada por el SII, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la SVS y la amenaza de clausura”).

LA COLABORACIÓN DE JADUE

Entre las sorpresas que han arrojado las revisiones de las cuentas que se han hecho en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía se menciona una ampliación del contrato de Jorge Sampaoli, fechada el 1 de julio de 2014, inmediatamente después del retorno de la Roja tras su emotivo desempeño en el Mundial de Brasil. El seleccionador recibió US$200 mil por analizar la malla curricular de la carrera de entrenador impartida por el INAF. No existe comprobante alguno que acredite si Sampaoli ejecutó esa labor.

Martín Mihovilovic, rector del INAF, dijo a CIPER que desconocía los valores pactados por ese servicio, que no lo pagó el instituto y que se incluyó en los contratos del entrenador con la ANFP, por lo que cree que el dinero salió directamente de las arcas de la asociación. Además, afirmó que Sampaoli solo hizo un reporte oral: “Se tuvo una conversación con ellos (el cuerpo técnico de la Roja) acerca de la dirección de la carrera. Nos dieron algunas líneas a seguir respecto de modernización del fútbol. A partir de eso, acabamos de modificar nuestros planes, incorporando los aportes de esas conversaciones, pero en general pensaron que nuestros planes eran muy completos”.

Jorge Sampaoli

Otro pacto acordado entre Sergio Jadue y Jorge Sampaoli que resulta llamativo para quienes han revisado los contratos de la ANFP, es el que se suscribió el 3 de diciembre de 2013 y que fijó los premios a pagar al cuerpo técnico por la Copa América Centenario 2016, que se jugará en Estados Unidos, y por la clasificación y desempeño en el Mundial de Rusia 2018. Los valores acordados oscilaban entre US$6 millones y US$10 millones, lo que no guarda proporción con los ingresos proyectados por la ANFP para ese periodo.

Uno de los integrantes del directorio que encabezó Jadue dijo a CIPER que el calerano firmó ese contrato sin informar los detalles y que causó mucho revuelo cuando se conocieron los montos involucrados. De hecho, fue motivo de discusión, porque la proyección de los ingresos no permitía comprometer cifras tan altas. La respuesta de Jadue, según relata el mismo dirigente, fue que nunca se pagarían esos montos porque Sampaoli dejaría la selección antes del Mundial de Rusia.

Cercanos a Sergio Jadue han dicho que sus aportes a la investigación en Estados Unidos no han sido significativos, pues la información que ha entregado no se aparta de lo que ya declaró el ex dirigente colombiano Luis Bedoya. Esto le traería problemas para optar a beneficios en la justicia estadounidense (como una eventual rebaja de pena o cumplimiento en libertad). Por lo mismo, se espera que Jadue comience a entregar datos sobre dineros y tratos de la Conmebol que favorecieron a chilenos. Y eso afectaría a dirigentes que estuvieron vinculados a la gestión de esos fondos o a negocios financiados con esos recursos.

Desde su residencia temporal en Miami, el calerano ha estado en constante comunicación con Chile. Uno de los destinos de sus mensajes ha sido el Ministerio Público, pues también está colaborando con la investigación que lidera el fiscal Carlos Gajardo. En esa pesquisa, el fiscal Gajardo ya tiene acreditado el paradero de los US$2,2 millones detectados inicialmente por la justicia de Estados Unidos y que corresponde a sobornos que Jadue recibió en la Conmebol por amañar la entrega de los derechos televisivos y comerciales de la Copa América, Copa Centenario y Copa Libertadores.

EL POSTERGADO COMPROMISO CON MENDOZA

El lunes recién pasado se cumplió un mes desde que el ex contralor Ramiro Mendoza entregó oficialmente el informe que le encargó la propia ANFP sobre las cuentas de la Copa América. Un lapso de tiempo bastante extenso si se toma en cuenta que los dirigentes de la asociación se comprometieron con Mendoza a hacer público el informe, lo que hasta ahora no ocurre.

La publicación del texto de 38 páginas, más una serie de anexos, dejaría en evidencia las sospechas de que no se registraron en la contabilidad todos los ingresos producidos por la venta de entradas. Además de aportar US$7,5 millones para organizar el torneo, la Conmebol dejó en manos de la ANFP el negocio de los boletos. De acuerdo con el informe de Mendoza, no hay indicios de las razones técnicas por las cuales el directorio de la ANFP, que al mismo tiempo ofició como Comité Organizador Local (COL) de la Copa América, entregó el negocio a la empresa TicketPro en una licitación privada de la cual no hay registros. Lo que sí quedó claro fue la familiaridad y escasa rigurosidad con que los ejecutivos de TicketPro y los encargados de la contabilidad de la ANFP manejaron las cuentas.

Según el rastreo hecho por Mendoza, los ingresos por venta de entradas que se anotaron en la contabilidad alcanzaron a poco más de $19 mil millones. De esta suma, se depositaron $4.400 millones directamente en las cuentas de la ANFP, a pesar de que debían ser entregados al COL. Además, el formato de rendición pactado originalmente (después de cada partido) fue alterado sin explicación alguna y se aceptó que TicketPro rindiera de manera global al final del torneo.

Ramiro Mendoza

La irregularidad más grave detectada por el equipo del ex contralor en relación a la venta de boletos fue que los comprobantes de los ingresos son correos electrónicos y una planilla Excel con anotaciones incomprensibles, sin el nombre del responsable de su confección ni de su autorización.

Por lo anterior, el informe de Mendoza señala que no le fue posible pronunciarse sobre la veracidad de los antecedentes de estos ingresos. Esto significa que los ingresos por venta de entradas pudieron ser superiores, pero que no se anotó el total en las cuentas del COL. De hecho, ese es uno de los focos en que se ha centrado la atención del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía.

Asimismo, de la revisión hecha por el ex contralor se desprende que no hay claridad respecto del destino de US$491 mil que la Conmebol envío junto con los US$4 millones pactados como premio por ganar la Copa América. El destino de estos recursos, así como la verdadera cifra recaudada por los tickets de ese torneo, es parte de lo que debe aclarar Arturo Salah con urgencia ante el Ministerio de Justicia y la Fiscalía mientras busca reemplazante para la banca de la Roja. Según publicó The Clinic este miércoles 20, la ANFP ya habría resuelto anunciar este lunes 25 la licitación de una auditoría forense, medida que fue sugerida por el ex contralor Mendoza, para aclarar las cuentas de la Copa América.

Vea reportaje: “Usach: las pruebas que complican al rector en el juicio por coimas de Isolux-Corsán“

EL 22 de abril de 2015, la Universidad de Santiago (Usach) puso término anticipado al contrato adjudicado a una filial de la empresa española Isolux-Corsán por casi $10 mil millones para la construcción de un edificio docente de ocho pisos. El contrato alcanzó a estar vigente por más de 17 meses. Pero desde muy temprano comenzaron a evidenciarse irregularidades –graves atrasos en la obra y adelantos injustificados de dinero para la constructora–, las que no fueron objeto de ningún reparo por parte de las autoridades del plantel. Ello pese a que la información estaba en manos del prorrector, Pedro Palominos, y a que al menos en dos oportunidades -en agosto y diciembre de 2014- se le sugirió al rector, Juan Manuel Zolezzi, terminar anticipadamente el contrato y, luego, demandar a la empresa por lucro cesante (ver reportaje).

Pese a las alertas, el contrato siguió en pie por varios meses más, hasta que el escándalo estalló al quedar en evidencia el pago de sobornos de Isolux a un funcionario de la universidad responsable de autorizar los estados de pago a la constructora.

En esta entrevista con CIPER, el rector Zolezzi señala que recién en marzo de 2015 se enteró de las irregularidades, atrasos y adelantos de dinero fuera de norma, aunque luego matiza y señala que en la universidad “hay reuniones permanentes para ver cómo van las construcciones” y que en esas reuniones “pregunté si estamos atrasados, si no estamos atrasados, si el atraso es dentro de lo normal”. Para Zolezzi, las sucesivas irregularidades en la obra, ya visibles a mediados de 2014, “no estaban tan presentes” como para haber finiquitado el contrato ese año.

-Señor rector, hace nueve meses le preguntamos si usted conocía a la empresa Corsán Corviam, filial de Isolux, y usted señaló que de vuelta de vacaciones en febrero o marzo de 2015 se había enterado de que había una empresa española trabajando para la universidad. ¿Cuándo supo usted que había un grave atraso en las obras, además de anticipos de dineros que no se correspondían con el avance real de la construcción?
Tal cual como le dije, en marzo a vuelta de vacaciones y después de pasar por Valdivia y ver el desastre del Puente Caucau, yo llegué preguntando qué empresa está construyendo qué. Porque la verdad es que cuando uno firma los documentos, si bien lee las condiciones o adjudica, en este caso la encargada de la adjudicación era una comisión, en las cuales yo no participo por principio. Tampoco recibo ni a proveedores ni a dueños de empresas. Yo hice las preguntas correspondientes y me dijeron que sí, que había una empresa española y yo dije: “Bueno, pero hay ciertos problemas con algunas empresas españolas, cómo estamos aquí”. Bueno, estamos atrasados, estamos no solo atrasados, no sabemos si efectivamente ha habido alguna indicación sobre esto y yo dije, bueno, averigüen, a gente que es más bien administrativa en este tema.

-¿La persona más cercana a usted que sabía de esto era el prorrector Pedro Palominos?
Sí, a él le corresponde esta parte de la pega. Él es el encargado de toda la parte administrativa financiera, y también de todo lo que son las adquisiciones, infraestructura, y todo lo demás.

-Volvamos a marzo de 2015…
Bueno, ahí nos enteramos, yo me enteré por lo menos, que estábamos atrasados, de que se habían hecho indicaciones de multa y también me fui enterando de que había anticipos. Pero esto de que había anticipos irregulares yo me enteré después de que se fue Mauricio Carrasco (el ex director de Administración y Finanzas). Porque después apareció la denuncia de esta persona que viene de la Contraloría y nos dice: “mire usted, ¿sabe de esto?”. Yo no tenía idea…

-Con “esto” se refiere a las dádivas que recibió Mauricio Carrasco, los pasajes y estadía en Brasil…
Sí. Cuando me entero, pedí que lo trajeran directamente a mi oficina. El asumió lo que hizo.

-Los antecedentes que manejamos nosotros indican una cronología distinta. El 26 de agosto de 2014 usted tuvo una reunión, en la que también participó el prorrector, en la que funcionarios de la universidad y que estaban encima de la obra, le informaron a ambos sobre los atrasos y anticipos injustificados hechos a esta empresa. Eso ocurrió muchos meses antes de que usted llegara de vacaciones.
Sí.

-Y en esa reunión se les explicó que había una serie de incumplimientos por los cuales se podía poner término anticipado al contrato. Se les sugirió de hecho, que una salida era que se relevara a la empresa y que parte de la obra la asumiera el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los antecedentes que recogimos es que usted se enteró bastante antes, al igual que el prorrector. De hecho, en la querella que usted presenta en abril de 2015 por los anticipos de $200 y $300 millones y la devolución de retenciones por $374 mil…
Yo no conozco el texto de la querella en detalle.

-Ese texto dice…
Si tú me lo dices es así, pero yo no conozco el texto…

-El texto dice que ni el rector ni el prorrector ni la división jurídica de la universidad habían sido informados por los canales adecuados de las irregularidades hasta que Mauricio Carrasco se fue de la universidad el 5 de marzo de 2015. Hay un informe de la contraloría interna de la universidad de diciembre de 2014, cuatro meses antes, dirigido a usted, al prorrector y al presidente de la junta directiva de la universidad, donde se impugnan esos mismos pagos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿Cuál era el conocimiento de las autoridades de la universidad respecto de esta situación?
A ver, yo dije que respecto de que la empresa era española me enteré en marzo, porque llegué preguntando. Ahora, fuera de eso, aquí hay reuniones permanentes digamos, sobre cómo van las construcciones, cómo va ese tema, etcétera, vamos rotando, digamos. Y probablemente tuvimos reuniones y yo pregunté si estamos atrasados, si no estamos atrasados, si el atraso es dentro de lo normal, en fin. Yo no puedo decir que no haya sido así. Eso es normal en cualquier construcción, es decir, hay atrasos por a, b, c y d motivos. En algún momento se nos dijo incluso que había un atraso porque algo estaba mal calculado, una losa, una cosa así, por lo tanto no te queda más que aceptarlo. ¿Qué vas a hacer? No puedes llegar y decir: “Sabe, váyanse ustedes, vengan los otros”. Uno tiene que tratar de presionar para que la empresa haga… hasta que tú encuentres un ilícito realmente que te permita decir sabe qué más, aquí hay que terminar.

-¿No se habían constatado irregularidades suficientes a mitad de 2014 como para tomar esa decisión? No, yo diría que no estaban tan presentes. 

-Hay un informe del inspector técnico de obras contratado por la universidad de principios de septiembre de 2014, que fue enviado a algunas autoridades de la universidad, donde dice de manera perentoria que el contrato hay que terminarlo porque la situación ya no da para más. Después, en diciembre, la contralora universitaria señala que los hechos ameritan que se presente una demanda por lucro cesante. ¿Se presentó la demanda?
No, eso no se hizo. Lo que se hizo fue ir evaluando la situación permanentemente desde que se inicia la construcción. Se va evaluando si efectivamente vamos a seguir soportando los atrasos o no vamos a hacerlo, también lo que se hace es evaluar si todas las cosas están al día. Por ejemplo, para poner término anticipado exigí, cualquiera sea la empresa digamos, que las boletas estuvieran al día, cosa que no estaban a diciembre de 2014. Lo que necesitaba era pedirle en buenos términos a la empresa que pusiera las boletas al día y en fecha que fueran un respaldo para la universidad. Las primeras boletas habían vencido, por lo tanto había que renovarlas, eso tomó un determinado periodo de tiempo, porque no es cosa que se pida y que lo hagan altiro. Y una vez que estuvimos seguros… incluso no había acuerdo en el departamento jurídico en esos momentos, si la mejor solución era continuar o ponerle término… Siempre en una obra, cualquiera sean las condiciones, no es una decisión fácil si terminar o seguir adelante. A ver, tú dices, mira, le hemos pasado $300 millones, $500 millones, $1.000 millones; pero si le pasamos $500 más a lo mejor sale adelante o a lo mejor no. Si tú la terminas estás dispuesto a asumir el costo de tener un año -como sucede en este momento- parada la obra.

-¿Fue la prueba de la coima que recibió Mauricio Carrasco lo que los llevó finalmente a poner término al contrato? Hasta ese momento no había ninguna irregularidad manifiesta.
-La gota que rebalsó el vaso fue que si Mauricio Carrasco tenía relaciones de esa índole con esta empresa, el tema era mucho mayor de lo que nosotros imaginábamos. Entonces yo dije pongan todos los antecedentes… Nosotros le pedimos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se hiciera parte. O sea, el CDE reconoce que la universidad tiene razón en lo que está pidiendo y asume el juicio contra la empresa y contra Mauricio Carrasco. Afortunadamente no le debemos un peso a nadie, nosotros estamos a buen recaudo, hemos tomado todas las precauciones, hemos reestructurado el departamento de construcciones.

-¿Hace algún mea culpa usted u otros directivos de la universidad por esta situación, tomando en cuenta que estaban informados de las irregularidades ocho meses antes de que se finiquitara el contrato y recibieron sucesivas alertas? ¿Se reaccionó tarde?
-Siempre es posible hacer mea culpas y si yo tengo que asumir alguna culpa no tengo problemas. Pero yo creo que la decisión que se tomó no es fácil. Imagínate el daño para nosotros: 40 salas de clase, 2.500 estudiantes…

-Por lo mismo, ¿por qué no se demandó por lucro cesante a la constructora cuando lo recomendó la contraloría universitaria?
-Pero sí se hizo. Se hizo dos meses después, se prepararon todos los elementos y se hizo.

-¿Está demandada Isolux-Corsán por lucro cesante?
-Está hecho todo. Sí, hay una querella criminal, hay…

-Sí, pero ninguna por lucro cesante.
-Pero hay en el juicio, la querella criminal va por el lucro cesante, está calculado y todo. Se entregaron todos los antecedentes. Yo no me voy a quedar tranquilo con el lucro cesante. Tuvimos un paro de cuatro meses y medio de los estudiantes y uno de los principales reclamos fue por salas de clase. Ahora, respecto de por qué las cosas no se hicieron así tan rápidamente cuando abrió la boca el primero, porque resulta que a veces el primero que abre la boca no tiene la razón. Y segundo, porque, mira, hay libros escritos sobre este tema, entre la decisión de cerrar o continuar, y no es llegar y hacerlo.

La gigantesca avalancha de basura y posterior incendio en el Relleno Sanitario Santa Marta, que inundó con un humo pestilente a Santiago el lunes 18 de enero, también arrasó con las seguridades que sus dueños –el Consorcio Santa Marta- habían comprometido ante las autoridades ambientales en 2011. Fue en ese momento que pidieron aumentar considerablemente el volumen de desechos que se depositan allí y, además, prolongar la vida útil del vertedero -que debía cerrar en 2022- hasta 2035.

Aunque entonces los dueños del Consorcio Santa Marta reconocieron la existencia de un sector del relleno con mayor riesgo de deslizamiento, el Servicio de Evaluación Ambiental  Metropolitano (SEA) –con la conformidad de 12 ministerios y del Gobierno Regional- aceptó las seguridades y autorizó en febrero de 2012 duplicar, paulatinamente, las toneladas de basura que podía recibir el vertedero; aumentar en casi 100 metros la altura de la montaña de desechos y prolongar la vida útil de Santa Marta -y por ende del rentable negocio- 13 años más de lo originalmente permitido.

Al 2035 se habrán acumulado 42 millones de toneladas de basura en el vertedero ubicado en la comuna de Talagante, casi en el límite con San Bernardo. La empresa  actualmente cobra un promedio de $8.930 a sus comunas clientes por cada tonelada depositada en el relleno, por lo que aproximadamente recibirá US$524 millones de ingresos durante su operación hasta 2035 (calculado con un dólar a $715).

Las inversiones declaradas por el consorcio en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de Santa Marta y Estación de Transferencia Puerta Sur suman US$ 87,6 millones.

El vertedero Santa Marta desde el aire. El derrumbe se produjo en la zona oscura ubicada a la derecha del muro de hormigón. La basura llegó hasta el punto marcado “Masa de residuos”,

Puerta Sur es el complejo al que llegan los camiones recolectores de basura de algunas comunas, la que es separada y trasladada a camiones de mayor envergadura. La Florida, por ejemplo, paga $12 mil por tonelada de desechos. Este servicio es más caro que el que pagan las comunas que llevan la basura al vertedero sin pasar por la estación.

El permiso con el que las autoridades extendieron el negocio de Santa Marta se aprobó en 2012 sin que hubiera de por medio un proceso de participación ciudadana. Y ello, porque la evaluación ambiental se hizo sobre una “declaración de impacto ambiental” y no de un “estudio de impacto ambiental”, que sí exige el pronunciamiento de la comunidad.

Apenas cuatro años después de dicha autorización, los peores temores se cumplieron: 200 mil metros cúbicos de basura se precipitaron hacia la quebrada El Boldal, cuyo curso desemboca en un sector poblado y de parcelas. Aunque la avalancha no llegó a ellas, superó los dos muros de contención de cuatro metros de altura, levantados justamente para evitar que la basura saliera del relleno hacia las parcelas.

La investigación del derrumbe en el vertedero apunta al efecto que habría tenido el acopio de fecas de cerdos de una planta de Agrosuper de la Sexta Región, y/o mal trabajo de compactación de los bloques de basura. Los desechos de los animales, menos sólidos, pudieron desestabilizar los terraplenes de basura.

RIESGO PARA LAS NAPAS

De acuerdo a los antecedentes con que cuenta la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), las anomalías comenzaron entre el 11 y el 14 de enero, cuando empleados de Santa Marta detectaron grietas en la zona en que se depositan los desechos, junto con afloramiento de líquidos. El viernes 15, entre las 18:30 horas y las 19 horas, se produjo el deslizamiento hacia la quebrada El Boldal y el domingo 17 se inició el incendio.

La masa deslizada desde las cuatro terrazas más bajas del vertedero es una mezcla de desechos domiciliarios de 19 comunas de Santiago, más la arcilla que se usa para taparla, junto con los líquidos de la descomposición y –recientemente- los llamados “purines” de los cerdos, que también se vertían en el relleno.

La Superintendencia de Medio Ambiente -entidad encargada de la fiscalización- pidió al Tribunal Ambiental de Santiago (TAS) que se suspenda la operación de Santa Marta, lo cual fue acogido. Serán 15 días hábiles de cierre que el TAS podría prolongar una sola vez por el mismo lapso.

El riesgo ambiental es que los líquidos contaminantes penetren el suelo hasta las napas subterráneas de agua en la quebrada El Boldal, un sector que no está impermeabilizado como ocurre con el interior del relleno.

Los fiscalizadores de la SMA también detectaron grietas en la parte superior del vertedero, lo que indica que continúa el riesgo de inestabilidad. Además, quedaron dañados  los  sistemas para extraer el biogás y los líquidos lixiviados (percolados) que produce la basura. Se calcula que diariamente se están acumulando 200 metros cúbicos de ese líquido en el vertedero, que no pueden ser retirados ni llevados a la planta de tratamiento.

La emergencia también vino a confirmar las advertencias sobre peligros de contaminación de aguas y desprendimientos de rocas que hizo en 2001 la empresa Gestión Ambiental Consultores en su informe: “Deficiencias técnicas y de información de la Resolución Ambiental 433/2001 que califica ambientalmente de manera favorable el EIA del proyecto Relleno Sanitario Santa Marta”.

DESODORANTE PARA LOS VECINOS

CIPER se trasladó a los alrededores de Santa Marta. En el lugar abunda la vegetación y las plantaciones de hortalizas, situación que contrasta con el interior del relleno, donde solo hay tierra y polvo. El vertedero se ubica a 40 minutos del centro de Santiago; se accede por Lo Herrera, un sector de poco más de mil habitantes, quienes todos los días conviven con el tránsito de camiones basureros de alto tonelaje. También son vecinos los pobladores de El Romeral, en la orilla del Río Maipo, que deben lidiar con el mal olor y las moscas.

El intendente Claudio Orrego con vecinos de El Romeral.

Los pobladores de El Romeral criticaron la ausencia de la empresa en la emergencia, la que según ellos sólo les envió kits con cloro y desodorante ambiental. Ellos denunciaron la supuesta contaminación de las aguas después del derrumbe, situación que es investigada por la Dirección General de Aguas (DGA). Sus técnicos tomaron muestras el viernes 22 de enero en ocho lugares dentro del relleno y en cinco pozos en los alrededores, que son operados por la empresa Aguas Andinas.

En ambos sectores visitados por CIPER los lugareños dijeron que no notaron nada raro los días anteriores al incendio y que solamente por comentarios de trabajadores de Santa Marta se enteraron del derrumbe.

A su vez, conductores de camiones que llevan basura al relleno aseguraron a CIPER que no había nada anormal hasta el viernes 15 de enero, cuando comenzaron a salir con retraso los camiones desde Puerta Sur y que recién el sábado dejaron de recibir desechos en el relleno.

EL RELLENO CRECE

Santa Marta comenzó a operar en 2002 luego de una ardua polémica pública, que incluyó una acusación constitucional –finalmente rechazada- contra el intendente de la época, Marcelo Trivelli, en su calidad de presidente de la Comisión Regional del Medioambiente (COREMA) por  autorizar el funcionamiento del relleno que había logrado su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva número 433/2001.

El permiso original estableció que el relleno y sus áreas de protección consideraban un terreno de 296 hectáreas, de las cuales 77 se ocuparían en depositar los desechos. La operación debía extenderse por 20 años y el máximo de basura domiciliaria a recibir mensualmente era de 60 mil toneladas (actualmente recibe cerca de 120 mil toneladas).

El consorcio se comprometió entonces a invertir US$ 21 millones, monto que involucraba –entre muchos otros trabajos- construir una planta de biogás, una de tratamiento de líquidos percolados, impermeabilizar el suelo de la zona de desechos, construir canales para interceptar las aguas lluvia y proteger la flora y fauna de la zona.

En 2011 la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para solicitar cambios a la RCA 433 de 2001. En rigor, cada modificación al original constituye una nueva RCA y Santa Marta ya acumula trece RCA hasta el año 2015.

Lo que buscaba el Consorcio Santa Marta en 2011 era un nuevo punto de partida para aumentar la cantidad de residuos a depositar. En su solicitud, la empresa proyectó que al año 2036 (aunque el permiso es hasta 2035) iban a recibir 176.800 toneladas cada mes. Además, pidió incrementar en 10 hectáreas la zona de depósito de basura y elevar en casi 100 metros los terraplenes donde se dejarán los residuos.

Camiones depositan la basura en el vertedero Santa Marta (Fuente: www.biobiochile.cl).

El riesgo era si el terreno y la compactación permitían acopiar más desechos. La empresa en su Declaración de Impacto Ambiental presentada en marzo de 2011 señaló: “Los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad indican que la zona de relleno que presentaría la condición más desfavorable es la quebrada Q8, debido a que el sector donde se proyecta existan los mayores espesores de residuos al interior del relleno y, por consiguiente, donde el peso de la masa potencialmente deslizante es mayor”.

Y seguidamente afirmó que los estudios realizados en 2010 por el grupo de geotecnia de la Universidad Católica de Valparaíso y los realizados posteriormente por el Consorcio Santa Marta “permiten concluir con certeza y precisión que la densidad global acumulada de los residuos al término de casi nueve años de operación es de 1,2 toneladas/metro cúbico” (por sobre la norma mínima de 0,9 fijada en 2001) por lo que “se concluye que el rediseño del Relleno Sanitario es estable”, aseguraron los dueños del consorcio.

Sin embargo, en 2001 la empresa Gestión Ambiental Consultores – Ecology & Environment Inc. emitió un informe con las deficiencias técnicas y de información de la RCA que permitió la apertura del Vertedero Santa Marta. CIPER tuvo acceso a este informe y en él los especialistas acusaron que la calidad geológica de la roca donde se emplaza el relleno es “muy mala” y por tanto no apta para fundar obras civiles. Además, señalaron, la roca presenta una alta permeabilidad, situación que permitiría la infiltración de líquidos percolados hacia napas subterráneas.

La consultora también denunció “una falta de equidad técnica” por parte de la COREMA en cuanto a las mayores exigencias que se le hicieron a otros proyectos de vertederos de la Región Metropolitana, en comparación con Santa Marta. El informe mencionó que a Loma Los Colorados (de KDM), por ejemplo, se le obligó a monitorear cinco pozos de agua subterránea, de los cuales uno debía estar ubicado aguas arriba. En cambio, a Santa Marta se le exigió hacer lo mismo pero solo con tres pozos y ninguno aguas arriba.

De todos los servicios públicos que intervinieron en la aceptación de la nueva RCA para Santa Marta, solamente la SEREMI del Medio Ambiente pidió precisiones sobre los riesgos de deslizamiento. “Sin perjuicio de que en la Declaración (de la empresa) se indica que todos los factores de seguridad se encuentran sobre los valores que señala la normativa vigente, se solicita al titular (Consorcio Santa Marta) aclarar si se han adoptado medidas especiales para estos sectores que tendrían una menor estabilidad que el resto del relleno, y en caso afirmativo describirlas”, consultó la SEREMI de entonces, Jessica Mualim.

Las entidades públicas que dieron su conformidad a la prolongación del relleno del vertedero fueron: Gobierno Regional, Dirección General de Obras Hidráulicas, las SEREMI de Obras Públicas, de Salud, de Transportes, de Vivienda, Agricultura, Medio Ambiente, el SAG, CONAF y Sernageomin.

Con esos antecedentes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) –con las firmas de Catalina Klein, intendenta metropolitana (s) y presidenta de la comisión evaluadora; y de Kay Bergamini, entonces director regional del SEA- emitieron la RCA 076/2012 que permite a Santa Marta operar hasta 2035; aumentar en 10,6 hectáreas el área de depósito de desechos; realizar un avance gradual de los niveles (altura) del relleno hasta el año 2035, debidamente compactados (relación peso/volumen entre 1,05 y 1,40 tonelada por metro cúbico de residuos).

En 2015, Santa Marta inició un nuevo proceso ante el Servicio de Evaluación Ambiental para instalar un relleno en Antofagasta. Lo hizo a través de una “declaración de impacto ambiental”, la que ya ha recibido 100 reparos de parte de los servicios públicos sobre riesgos de aluviones y contaminación.

ESCASOS RECURSOS PARA FISCALIZAR

Desde 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha realizado cuatro fiscalizaciones en terreno al Vertedero Santa Marta: dos en 2013, ninguna en 2014 y dos en 2015. La SMA cuenta con sólo 200 funcionarios en todo el país por lo que hay regiones, como Arica y Aysén, donde existe un solo fiscalizador.

Teóricamente la SMA debe fiscalizar el cumplimiento de 15.000 Resoluciones de Calificación Ambiental. Además, investigar las dos mil denuncias que reciben cada año y actuar en las emergencias, como la ocurrida en Santa Marta.

El resultado de esos paupérrimos recursos es que la SMA selecciona cada año alrededor de 300 RCA para fiscalizar, apenas el 2% del universo que debiera controlar. Para 2016, la meta es fiscalizar 227 RCA, en las que la superintendencia gastará un presupuesto de $1.403 millones. Habrá 15 inspecciones en terreno en cada región del país.

Para ampliar el alcance de los controles, el gobierno estableció una Red Nacional de Fiscalización Ambiental en la que se coordinan los organismos públicos con atribuciones de inspección, por ejemplo, las seremis de Salud, CONAF, SAG o la Dirección del Territorio Marítimo (Directemar), cuyos fiscalizadores reciben capacitación de la SMA.

Líquidos percolados en la quebrada El Boldal.

Sin embargo, esos servicios deben destinar presupuesto para esta labor, el que también es reducido. Así, por ejemplo, el SAG destinará $310 millones para 69 fiscalizaciones ambientales este año, 11 de las cuales se realizarán en la Región Metropolitana. En el otro extremo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) destinará sólo $1,7 millón para la tarea de control ambiental vinculado al tema indígena, con 10 fiscalizaciones, tres de ellas en la Región de Antofagasta.

Los escasos medios y el amplio espectro de supervisión es la razón por la que la SMA ha realizado hasta ahora sólo cuatro fiscalizaciones en terreno al Vertedero Santa Marta. CIPER tuvo conocimiento de que en ellas se detectaron faltas menores a las RCA, por lo que la superintendencia abrirá “procesos sancionatorios” que usualmente terminan en multas a la empresa, en este caso el Consorcio Santa Marta. Solamente cuando estos procesos culminen –lo que implica recibir y evaluar los descargos del fiscalizador- se harán públicas las actas de las visitas a terreno con las faltas cometidas.

Posteriormente los sancionados pueden apelar al castigo ante el Tribunal Ambiental de Santiago y,  en última instancia, a la Corte Suprema.

En la escala de faltas ambientales la legislación considera como “gravísimas” afectar la salud de la población, impedir las fiscalizaciones, y falsear u ocultar antecedentes sobre un daño ambiental. En ese caso la máxima pena que se puede aplicar es la anulación de la RCA que autorizó a la empresa a operar.

Decenas de testimonios acumuló la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante los primeros meses de 2011, en su investigación reservada sobre el cartel de las empresas productoras de pollo. De las preguntas que los profesionales de la FNE formularon a personas ligadas a la producción y comercialización avícola, se concluye que desde el principio en el organismo tenían claro que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo estaban coludidas -a través de la Asociación de Productores Avícolas (APA)- para mantener sus cuotas de participación en el mercado. Pero esas mismas preguntas evidencian que en la fiscalía ya existía otra sospecha: que los síntomas de la colusión eran visibles hasta en las góndolas de los supermercados.

Fue en esas largas sesiones de declaraciones que surgieron las primeras pistas que derivarían cinco años después, el 6 de enero pasado, en la presentación de un requerimiento contra tres cadenas de supermercados –Cencosud, Walmart y SMU (controlada por el Grupo Saieh, que también es el principal financista de CIPER)– por colusión para fijar los precios mínimos, coordinados a través de los mismos proveedores avícolas.

Felipe Irarrázabal

Fue una vuelta larga que comenzó y terminó en los supermercados. El 24 de septiembre de 2010, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, instruyó el inicio de una investigación reservada que nació de un monitoreo que realizó la FNE a los supermercados, donde se analizaba el comportamiento de distintos proveedores, incluyendo los comercializadores de pollo y pavo.

A partir de esos datos, la FNE estimó que “podrían existir conductas exclusorias o colusivas desarrolladas por las principales empresas distribuidoras de productos de carne de pollo y pavo”. El resultado final de ese proceso fue la aplicación de las multas máximas a las tres compañías que operaron como un “cartel del pollo” y la disolución de la APA, luego de una sentencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) ratificada recientemente por la Corte Suprema.

CIPER revisó el expediente de la investigación de la FNE y los documentos que llevaron al TDLC a confirmar las acusaciones de conductas colusivas de los productores de pollos. A partir de esos documentos es posible concluir que, entre otras cosas, la FNE buscaba descubrir por qué las tres empresas avícolas vendían los pollos al mismo precio a los supermercados y por qué luego cada uno de ellos, a su vez, ofrecía a los consumidores los productos de las tres marcas a precios idénticos. De una larga ronda de interrogatorios se obtuvieron datos que dieron luces de cuál podría ser la respuesta, pero no los incluyeron en la primera acusación contra las empresas avícolas.

Públicamente, la FNE se concentró en el cartel de las empresas de pollo y la APA, contra quienes presentó un requerimiento el 30 de noviembre de ese 2011. Y ello, a pesar de que más de tres meses antes ya había iniciado -en paralelo- una nueva investigación reservada, esta vez focalizada en la relación de los supermercados con sus proveedores.

La primera señal pública de esa indagatoria se conoció el 14 de diciembre de 2011, cuando la FNE obtuvo autorización judicial para ingresar con apoyo policial a las oficinas de Tottus, Cencosud, SMU y Walmart a requisar computadores y copiar la correspondencia electrónica de sus empleados. Aunque en los años siguientes varias veces hubo rumores de que la FNE investigaba la relación entre las grandes cadenas de supermercados y los proveedores de diversos productos, nada se supo de sus resultados. Hasta ahora.

¿Qué encontró la FNE en esa primera indagatoria que le hizo abrir una investigación paralela? En las declaraciones de empleados de proveedores avícolas y cadenas de supermercados halló testimonios que generaron la sospecha de que los problemas no solo se generaban en la relación de las empresas de pollo entre ellas y con su organismo gremial, sino también con sus compradores. Al menos dos personas confirmaron a la FNE que la única regla respecto a los precios de venta de los supermercados al público era que éste no estuviera bajo el precio de lista, es decir, que no vendieran bajo costo.

El requerimiento que ahora la FNE presentó contra los supermercados se basa en la tesis de que las grandes cadenas no sólo saben que deben seguir esa regla, sino que además se encargan de monitorear que su competencia la cumpla. Para conseguirlo utilizan a los proveedores como intermediarios. Para apoyar esta acusación, la FNE adjuntó una serie de correos electrónicos que grafican esta conducta (ver reportaje de CIPER).

Un rol protagónico en la reciente denuncia juegan los denominados “KAM”, un acrónimo de Key Account Manager o Ejecutivo de Cuentas Clave: empleados de mediano rango en las distribuidoras de pollo, que tienen a su cargo la relación con alguna de las cadenas de retail. Su contraparte son los product manager de cada supermercado, a quienes les envían periódicamente las listas de precios y son sus interlocutores a la hora de negociar promociones, monitorear precios o atender cualquier queja de los clientes por el servicio prestado. Por ello, son también los encargados –según la denuncia de la FNE– de recibir los reclamos y transmitirlos a los otros supermercados cuando se detectan ventas bajo costo, presionando por el aumento de los precios.

LAS PRIMERAS SEÑALES

El 12 de enero de 2011 se tomó la primera declaración en la investigación sobre las empresas avícolas. Ante los requerimientos de los funcionarios de la FNE, Ramón Covarrubias Matte, gerente general de Agrícola Don Pollo, fue enfático en señalar que ellos no tenían injerencia en el precio final del producto: “Cómo le vamos a fijar el precio al supermercado. Imposible. Nosotros mandamos la lista de nuestro producto: tanto vale el pollo. El supermercado verá cuánto le pone” (ver extracto de su declaración).

Más tarde, ese mismo día, su hermano Pablo Covarrubias Matte, gerente comercial de la avícola, insistió en el punto, agregando que jamás han sugerido un precio de venta a público: “Muchas veces hemos tenido problemas porque nos ha tocado ver productos bajo el precio de venta nuestro, bajo costo”. Sin embargo, no se le preguntó qué pasaba cuando eso sucedía (ver extracto de su declaración).

El primer dato concreto está contenido en el Tomo II de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, testimonio que no se envió como evidencia en el requerimiento ante el TDLC. Tuvo lugar el 27 de abril de 2011, cuando el KAM de Ariztía para SMU (Unimarc, Mayorista 10 y Telemercados Europa) y para distribuidores de Punta Arenas, Carlos José Tellería Gutiérrez, explicó cuál era su única injerencia en el precio al que venden los supermercados:

“Yo lo único que le pido es que esté sobre su precio de lista, lo hago porque si venden bajo costo me generan problemas con otros clientes, hablo de los supermercados. Está perdiendo plata el cliente de al lado [y] me dice por qué le estamos vendiendo más barato a él. A mí no me pasa en Unimarc que vendan bajo costo. Me ha pasado en Navidad que venden pavo bajo el precio de lista […] Me han reclamado si se sale bajo el costo. Por ejemplo, en Navidad, en pavo bajó Cencosud, luego D&S y al final Unimarc […] Tomo el reclamo y le pregunto a mi jefe.  La idea es que vendan sobre el costo, sobre el precio de lista”.

A los dichos de Tellería, los funcionarios de la FNE inquirieron sobre qué sucede cuando los supermercados venden bajo el precio de lista. La respuesta está tarjada en la versión pública del expediente. Sin embargo, la pregunta siguiente da ciertas luces sobre el tenor de la respuesta previa:

“¿Agrosuper [donde Tellería fue KAM de Tottus] alguna vez no despachó cuando estuvo usted allí?”

Carlos José Tellería: “No, no me tocó. Mientras estuve en Agrosuper solo no despaché por diferencias de precio. El año 2000, mientras estaba en Agrosuper, recuerdo haber cortado el stock a Carrefull por salir bajo costo” (Nota de la Redacción: probablemente Tellería se refiere a la desaparecida cadena Carrefour).

Ni Tellería ni ninguna de las otras personas que declararon ante la FNE en 2011 entregaron más antecedentes sobre represalias a supermercados por vender bajo costo. Al menos no figuran en las versiones públicas de las transcripciones, que sí tienen largos párrafos tarjados. Pero el nombre de Tellería aparecería nuevamente en los correos que entregó ahora la FNE para probar la colusión de los supermercados (ver extracto de su declaración).

En un correo electrónico fechado el 28 de noviembre de 2009, el KAM de Ariztía denuncia que la cadena Bigger está vendiendo pollo entero a un precio que “NUNCA ha sido autorizado” por su empresa. La consecuencia: represalias. En ese email, Tellería dice: “En este momento estamos informando a nuestras distintas sucursales que deben suspender los despachos de pollo entero C/M a la cadena Bigger debido a que el precio está bajo el costo”.  En la misma cadena de correos, el jefe de Tellería, Miguel Villabona, informa que personalmente instruyó “la no entrega de pollo entero por este tema”, agregando que no cuentan con stock suficiente para responder a una “presunta” alza de demanda generada por los bajos precios (ver correos).

La declaración que Tellería prestó en 2011 le dio a la FNE una nueva pista a seguir y el día después de escuchar su testimonio, el 28 de abril, los funcionarios volvieron sobre el punto de los precios bajo costo. Esta vez quien debió responder las preguntas de los funcionarios de la FNE, fue José Francisco Valdés Correa, KAM de Agrosuper para Mayorista 10 y otra cadena cuyo nombre está tarjado, al igual que gran parte de su declaración. Según Valdés, los proveedores no tienen injerencia en el precio de venta al público en los supermercados y si bien cuando llenan la ficha para ingresar un nuevo producto se incluye un “precio sugerido”, saben que éste no se va a respetar. De todos modos, dijo, ellos reclaman cuando creen que el precio está muy alto y no se va a vender, y también cuando se sobrepasa el límite inferior: la venta bajo costo.

“¿Y eso por qué?”, le preguntaron los funcionarios de la FNE.

José Francisco Valdés Correa: “Regla general, yo nunca he sabido por qué no puede salir bajo costo, pero nos ponemos de acuerdo entre los KAM [para] que no salga bajo costo, y si sale bajo costo, no tiene ningún tipo de pena ni nada por el estilo, pero… y tampoco es que yo lo obligue, sino que… Eso, netamente es para que los gallos no salgan con cualquier precio, pueden salir un día con el precio del trutro a 10 pesos”.

“¿Pero es una recomendación que usted les hace?, fue la siguiente pregunta.

José Francisco Valdés Correa: “Claro, ‘oye, no te pongas bajo el costo, porque me vas a traer problemas con el resto de las cadenas’, entonces como ellos quieren estar en una pelea de quién es el que vende el producto más barato, está como regla no escrita, así nomás, el tema de no salir bajo el costo”.

Las siguientes preguntas a Valdés tienen gran parte de sus respuestas tarjadas, pero se concluye que las cadenas que atiende sólo han vendido bajo costo en unos tres o cuatro pesos, aunque sí ha recibido reclamos de las otras empresas. Frente a eso, afirmó, no tiene mucho que hacer, salvo revisar los precios y darle una respuesta al KAM que atiende al otro cliente para que lo transmita al supermercado correspondiente. “Y si son literalmente dos pesos es por dejar claro que no se pasen debajo del costo”, concluyó Valdés (ver extractos de su declaración).

El expediente de la FNE tiene discos que contienen cientos de correos electrónicos intercambiados por los KAM de las empresas avícolas y sus contrapartes en los supermercados. En ellos queda claro que los proveedores están permanentemente monitoreando precios e incluso envían fotos tomadas a las góndolas con mensajes como el que enviaron desde Agrosuper a Unimarc: “¿Caro o no???? Bájale el precio”.

Respecto a ventas bajo costo, sólo fue posible encontrar un par de emails en que desde los supermercados reclaman por el precio de la competencia: “¿Algún comentario? (trutro entero bajo el costo de lista)”, le escribió el administrador de categoría carnes de Unimarc a un KAM de Agrosuper, quien respondió con un escueto “Lo veo con el encargado y te comento”.

La segunda investigación de la FNE, que terminó en el requerimiento del 6 de enero, tiene en cambio correos electrónicos mucho más explícitos. En ellos hay algunas evidencias de que los KAM arbitran entre los supermercados competidores para evitar que vendan bajo costo (ver todos los correos).

LISTAS IDÉNTICAS, PRECIOS IDÉNTICOS

Un aspecto que indagó la Fiscalía Nacional Económica en la primera ronda de interrogatorios de 2011 y que no fue abordado en la acusación contra los productores de pollo, fue su coordinación para fijar los precios de lista con que venden a los supermercados. Según los antecedentes recabados por la FNE, la consecuencia directa para los consumidores fue que en ese momento, los productos de las tres marcas (Agrosuper, Super Pollo y Ariztía) costaban exactamente lo mismo en las góndolas de cada supermercado.

¿Por qué sucedía aquello? ¿Era un síntoma de actos anticompetitivos? Fueron muchos los ejecutivos que dijeron no tener idea de aquello, otros negaron que sucediera o argumentaron que el pollo era un commodity, por lo tanto, el precio debía ser el mismo. Pero también hubo quienes ayudaron a configurar un escenario que resultó preocupante para la FNE.

El más explícito en describir la situación fue un ex jefe de los KAM de Ariztía, Miguel Alberto Villabona Bravo. En su declaración del 9 de marzo de 2011, Villabona explicó que a veces las empresas avícolas se coordinaban para tener precios de lista idénticos: “A nivel de gerentes generales o comerciales era en el que se manejaban las listas de precios y todo el tema. Entonces, en algún minuto se comunicaban para decir ‘sabes, voy a bajar, vean ustedes si bajan o no, o voy a subir’. Entonces, nosotros tomábamos nuestra decisión en base a nuestra situación en ese minuto si subíamos o bajábamos, o sea si íbamos a la par con nuestra competencia”.

El KAM de Ariztía afirmó que eran los supermercados los que le avisaban que había llegado la lista de precios de la competencia: “Ahí yo me enteraba –eso quiero dejarlo claro– de, entre comillas, un acuerdo en el tema precios”. Las cadenas le reclamaban –dijo– y los acusaban de ponerse de acuerdo, pues recibían las listas de las distintas empresas con horas o un día de diferencia (ver extracto de su declaración).

La experiencia de los supermercados fue descrita por representantes de distintas cadenas. El 1 de febrero de 2011, declararon tres empleados de Cencosud, quienes confirmaron que “cuando llega una lista de precios, llegan todas” y son “prácticamente iguales”. Sin embargo, negaron cualquier influencia de los proveedores en el precio de venta al público, y dijeron que si son iguales para todas las marcas es porque es más fácil aplicar el mismo margen a todas. Por eso, si los precios de lista fueran distintos, también lo serían los precios de venta.

Otros dos empleados de Rendic Hermanos (empresa que entonces era socia de SMU), confirmaron a los funcionarios de la FNE que las listas de precio las mandaban los KAM “todas al mismo tiempo, mismos precios”, incluso con “minutos de diferencia”.

Los ejecutivos de las empresas de pollo negaron que se coordinaran para fijar los precios de lista, pero hubo quienes admitieron que se conseguían los de la competencia. “Tengo miles de listas de precio de mi competencia ahí en mis archivadores”, reconoció el gerente comercial de Don Pollo, Pablo Covarrubias, en su primera declaración ante la FNE. Habló de un “mercado informal de información”, producto de que -a su juicio- eran prácticamente listas públicas. El intercambio de listas a través de sus contrapartes en los supermercados fue confirmado por otros testimonios.

En su segunda declaración, un mes más tarde, Pablo Covarrubias contó que eran los clientes (los supermercados) los que les pasaban las listas, ya que reclamaban cuando les vendían más caro que a la competencia y ellos pedían que se lo demostraran. Cuando le preguntaron por qué todos cambiaban las listas el mismo día y a los mismos precios, Covarrubias replicó: “Yo no estoy de acuerdo con esa opinión, no, no, de hecho yo les expliqué: me consigo listas, trato de averiguar los precios”.

(Fuente: radioprofeta.cl)

Cuando Pablo Covarrubias insistió en que no intercambiaban listas entre los productores, los funcionarios de la FNE lo confrontaron diciendo que tenían un fax en que Guillermo Díaz del Río, gerente general de Agrosuper, le enviaba a él una lista de precios, el que también iba dirigido a personal de Ariztía y al presidente de la APA.  “Francamente no recuerdo”, fue su respuesta (ver extracto de su declaración).

Pese a que Guillermo Díaz del Río había declarado dos días antes que Pablo Covarrubias, en el interrogatorio no le mostraron ese fax en específico, pero sí le preguntaron si alguna vez había mandado una lista a sus competidores: dijo estar 100% seguro de que nunca lo había hecho.

Una declaración interesante en cuanto ilustra desde el sentido común de por qué el compartir listas de precios sería una práctica anticompetitiva, la dio el KAM de Agrosuper para Walmart (Líder, Ekono, Acuenta), Matías Andrés Coll Barros. Desde una mirada un tanto ingenua –le parecía una locura la idea de que alguien pudiera querer vender bajo costo– señaló que jamás se conseguiría una lista de la competencia, porque eso iba contra sus reglas y sus creencias de “católico verdadero”. Los funcionarios de la FNE podrían haberse quedado con esa respuesta, pero insistieron y le preguntaron por qué conseguir las listas vulneraría sus creencias: “Conocer la lista de precios de otros competidores es sucio, no es libre, no es competitivo, en definitiva […] Porque yo podría, en base a esa lista de precios, modificar la mía”.

EL DEBATE LEGAL

El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra las tres cadenas de supermercados sorprendió tanto al mercado como a los abogados expertos en libre competencia. Nadie entiende por qué la FNE dejó pasar cuatro años y medio antes de presentar la acusación ante el TDLC.  “El caso estaba armado y las pruebas procesadas hace bastante tiempo”, cuenta un ex funcionario de la FNE.

El mismo profesional dice haber tenido acceso a antecedentes sobre conductas para fijar precios de otros productos, como leche, bebidas gaseosas y carnes de cerdo. El modus operandi sería el mismo que el utilizado con los pollos: vía correo electrónico y a través de los proveedores, los que habrían sido presionados por los supermercados para mediar para que otras cadenas se ciñeran a los precios acordados. De hecho, en su requerimiento la FNE menciona explícitamente que tiene “antecedentes que dan cuenta de un cierto grado de transversalidad de la misma (conducta) respecto a otros productos que componen la canasta”.

La pregunta que está abierta es si la FNE presentará nuevas acciones legales por esos otros productos, una duda en que se debaten también los expertos en libre competencia.

-Hay quienes dicen que sí podría haber nuevos requerimientos, pero yo creo que la FNE se fue por la vía más fácil, aprovechando la sentencia anterior por colusión y que va a fortalecer su caso demostrando que esto no es algo sólo para el mercado de los pollos, sino que también en otros productos -comenta un abogado del área.

Fuentes ligadas a Cencosud informaron a La Tercera que en 2008 las tres empresas productoras de pollo se acercaron para notificarles que, a partir de ese momento, ningún supermercado podría vender bajo el precio de lista más IVA. La amenaza era reducir el abastecimiento, un riesgo que no podían correr. Fuentes ligadas a las otras dos cadenas acusadas de colusión dijeron desconocer cualquier instrucción de los proveedores como la descrita por Cencosud.

Lo que a nadie extraña es que, tal como ilustran las declaraciones y correos citados más arriba, los KAM de las empresas avícolas hayan impuesto la regla de no vender bajo el precio de costo. En ese escenario, los supermercados se ven a sí mismos más como víctimas de los proveedores –que actuaban como cartel– que como cómplices de un acuerdo para manejar los precios.

Los correos electrónicos adjuntados por la FNE al requerimiento son claros y por lo tanto los supermercados no niegan su contenido. Lo que sí se cuestiona es la interpretación jurídica de los hechos y el contexto detrás de los intercambios con los proveedores. Como comenta un abogado ligado a una de las cadenas, “es un caso bonito para trazar los límites de lo que es colusión”. Y a su juicio, esta situación no lo es.

Dos fuentes ligadas a los supermercados acusados reiteran la idea de que en la FNE están leyendo los correos electrónicos que fundamentan el requerimiento, con la “cultura” pro-competencia que existe ahora en 2016, luego de haber pasado por grandes escándalos de colusión, y no la que existía cuando esos emails fueron enviados (el requerimiento es respecto al periodo 2008-2011).

Desde entonces, las investigaciones que han afectado al mercado han provocado un cambio. De hecho, los propios supermercados asumen que han capacitado a sus empleados incluso respecto de la forma de comunicarse con sus proveedores. Si bien reconocen que el contenido y el tono de los correos electrónicos puede ser cuestionable o poco prudente, profesionales ligados a Walmart dicen que se trata de intercambios espontáneos enviados por empleados, y que están gatillados por ventas de la competencia por debajo de los costos a los cuales ellos compraban. No habría prácticas concertadas ni sistematicidad en los contactos que permitieran configurar la colusión, enfatizan.

En la misma línea, desde otra de las cadenas acusadas, señalan que “se está extremando una interpretación jurídica y una visión demasiado negativa y parcial de los hechos y de los precios sugeridos”. E insisten en que en los últimos años los procedimientos han cambiado: ya no se toleran contactos con proveedores como los que se muestran en el requerimiento, relación que sí ocurría al momento de las actuaciones cuestionadas.

Respecto de la interpretación que han hecho algunos expertos en libre competencia de que este sería un caso de “precios sugeridos”, y que los supermercados eran libres de seguirlos, existe otra lectura:

–La sugerencia viene del proveedor y el supermercado la sigue. Pero aquí lo que supuestamente hay es un supermercado que mira hacia el del lado y busca a un tercero para que se encargue de que se ajuste al precio que mantiene toda la línea horizontal. Eso es lo que la FNE considera como colusión. Es muy distinto a la sugerencia que puedan hacer los proveedores, que no es vinculante y el supermercado es libre de aceptar o no –explica un experto.

Desde algunos de los supermercados acusados de colusión, hacen ver que luego de que en 2011 la FNE incautara correos y computadores, las empresas se abocaron a revisar en detalle el contenido de las comunicaciones en busca de conductas anticompetitivas. Se revisaron cientos de correos electrónicos. En Cencosud, ese trabajo se hizo con el apoyo del estudio Philippi, Prietocarrizoa & Uría, mientras que Walmart trabajó con Ferrada Nehme. Si hubieran encontrado una mínima huella de conductas colusivas –dicen en las cadenas– lo sensato habría sido autodenunciarse. Pero no hay consenso entre los abogados expertos en libre competencia de que ese sea siempre el mejor camino: el costo puede ser más alto y a veces es mejor cruzar los dedos y esperar que la FNE no los descubra.

El uso de proveedores para articular una colusión ya fue sancionado luego de la investigación a las farmacias, las que utilizaban a los laboratorios para coordinar sus precios. Entonces, al igual que en este caso, la FNE acusó el actuar de FASA, Cruz Verde y Salco, excluyendo de su requerimiento a los laboratorios, pese a su rol protagónico. La gran diferencia es que en esa oportunidad, FASA optó por la delación compensada y además de los emails, el seguimiento de los cambios de precio de los medicamentos mostró claramente que había coordinación entre las distintas cadenas. Todo indica que en este nuevo caso de colusión, las pruebas seguirán un camino más difícil.

Dos son los contratos que encendieron las alarmas en el Ministerio de Justicia cuando sus funcionarios revisaron las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En ambos detectaron una posible lesión al patrimonio de la asociación, por lo que exigieron a la nueva directiva, presidida por Arturo Salah, que informe sobre los alcances de esos contratos y que se querelle en caso de que se constaten irregularidades. En el primero, la acción judicial podría afectar al ex presidente de la entidad, Sergio Jadue. El segundo conduciría a la ANFP a un nuevo round con Jorge Sampaoli después de la dura negociación por el término de su labor.

El primero de estos contratos es el que la ANFP firmó con el bufete de abogados estadounidenses Chaffetz Lindsey LLP y el co-consultor Martin J. Auerbach, por US$250 mil. Este fue el monto por el que se contrató una consultoría jurídica que debía determinar cómo podía afectar a la ANFP y a Sergio Jadue en particular la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos sobre los sobornos a los dirigentes de la FIFA y Conmebol. Lo que llamó la atención de los funcionarios de Justicia es que la prestación beneficiaría a Jadue aún cuando ya no ostentara el cargo de presidente del fútbol chileno (Ver contrato). A la luz de lo que hoy se sabe, Jadue lo firmó sabiendo que era culpable y que estaba siendo investigado por el FBI, por lo que tenía claro que este sería un servicio pagado con platas de la ANFP y que solo lo beneficiaría a él.

El segundo contrato que está en la mira del ministerio es el que estipuló un pago de US$200 mil a Jorge Sampaoli para que revisara la malla curricular del Instituto Nacional del Fútbol (INAF). Hay indicios contundentes de que el entrenador no realizó la labor en los términos pactados, por lo que en el Ministerio de Justicia han pedido que la ANFP acredite que los servicios efectivamente se realizaron (ver reportaje CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas’”).

Dos miembros del actual directorio de la ANFP -Juan Carlos Silva y Andrés Fazio- informaron a CIPER que, aunque siguen rastreando la documentación interna, no hay pruebas de que Sampaoli haya cumplido con los servicios para el INAF descritos en el contrato. Por eso, es altamente probable que la ANFP vuelva a enfrentarse con Sampaoli por la eventual restitución de los US$200 mil. Incluso, apurada por el Ministerio de Justicia, podría llevar el tema hasta los tribunales. De lo contrario, la secretaría de Estado podría actuar contra el actual directorio de la asociación por no cautelar el patrimonio de la ANFP. La asociación es una corporación sin fines de lucro bajo la tuición del Ministerio de Justicia y, por lo mismo, debe responder todos sus requerimientos.

Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP

El Ministerio de Justicia también pide que la ANFP aclare si efectivamente fueron restituidos los pagos que recibió el directorio de Sergio Jadue. La secretaría de Estado estimó que esos desembolsos eran improcedentes, por tratarse del directorio de una corporación sin fines de lucro, y ordenó su reintegro.  Juan Carlos Silva dijo a CIPER que, salvo el caso de Jadue, todos los restantes miembros del directorio que encabezó el calerano ya restituyeron el dinero, operación que se completó el viernes 15 de enero, cuando el ex secretario general de la ANFP, Nibaldo Jaque, depositó poco más de $8 millones en las cuentas de la ANFP.

Respecto de los $34 millones que Jadue debe restituir por estos pagos improcedentes, el vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, señaló a CIPER que en los registros de la asociación sólo figura el ingreso de un cheque del ex presidente por ese monto, pero que nunca se cobró. El cheque, dijo, no lo han podido encontrar en la ANFP.

Juan Carlos Silva, actual director de la ANFP, dijo que espera concordar esta semana con su contraparte del Ministerio de Justicia cuál es la vía que deben utilizar para comunicarse con Jadue, a objeto de pedirle que deposite el dinero para subsanar el problema. Sergio Jadue está bajo protección de las autoridades de la justicia de Estados Unidos, por lo que Silva indicó que desean aclarar si para comunicarse formalmente con él deben hacerlo por medio del consulado o por otra vía.

Andrés Fazio dijo a CIPER que el extraviado cheque de Jadue fue fechado en septiembre. Por ello, señaló que aunque lo encontraran, no podrían depositarlo, debido a que ya caducó. La explicación que han recibido sobre las razones por las que no se cobró el documento cuando fue emitido, sostuvo Fazio, apunta a que se resolvió guardar el documento a la espera de la resolución definitiva de la apelación que el mismo Jadue hizo frente al dictamen del Ministerio de Justicia que exigió la restitución de los fondos.

Por todas estas razones, el Ministerio de Justicia ofició el viernes 15 de enero a la ANFP para que en un plazo de diez días hábiles clarifique sus cuentas y verifique si los contratos con Sampaoli y los abogados de Estados Unidos afectaron el patrimonio de la asociación. Ahora la pelota está en los pies de la nueva directiva encabezada por Arturo Salah. Uno de los profesionales que ha revisado las cuentas y contratos que se firmaron bajo la gestión de Sergio Jadue, comentó: “No sabemos cuántos muertos más vamos a encontrar en el clóset de la ANFP”.

Hasta el momento, la respuesta de la ANFP al ministerio ha sido parcial. El encargado de llevar la relación con esa secretaría de Estado es uno de los directores de la asociación, Juan Carlos Silva, quien informó a CIPER que el pasado miércoles 27 de enero solicitó una prórroga para recabar todos los antecedentes que se le piden.

US$105 MIL PARA ABOGADOS DE EE. UU.

En el contrato de asesoría legal firmado el 24 de junio de 2015 con el bufete Chaffetz Lindsey LLP y el co-consultor Martin J. Auerbach, se acordó que la cifra a pagar sería US$250 mil (cerca de $160 millones al cambio de esa fecha). El servicio contratado fue una consultoría sobre los alcances de la investigación del pago de sobornos en la FIFA y la Conmebol, lo que incluía la revisión de hasta 15 mil documentos de las carpetas investigativas de la acusación realizada por la fiscal estadounidense Loretta Lynch.

Sergio Jadue, ex timonel ANFP

Los abogados debían evaluar cómo estas pesquisas podían afectar a la ANFP o a su presidente Sergio Jadue. Pero la asesoría para Jadue, según dice el contrato, se realizaría aunque él ya no fuera presidente de la asociación. El propio Jadue, que en esa fecha –fines de junio de 2015- estaba en pleno conocimiento de que se le investigaba por las coimas pagadas en la Conmebol por amañar la entrega de los derechos comerciales de la Copa América, la Libertadores y la Sudamericana, es quien aparece firmando el contrato.

La firma contratada se describe como un bufete tipo “boutique”: pequeño, pero exclusivo. Fue creada en 2009 para resolver disputas en cortes de Estados Unidos para clientes “americanos o extranjeros” y cuentan con asistencia en español.

CIPER envió consultas por correo electrónico al bufete, preguntando si habían cobrado el dinero, si efectuaron los servicios descritos en el contrato, si entregaron un producto de la consultoría y quién era su contraparte en la ANFP. Aníbal Sabater, uno de los abogados que según el contrato se haría cargo del servicio, sólo respondió escuetamente: “Los servicios a que hace referencia no se llevaron a cabo y no realizamos ningún servicio profesional a la asociación o individuo a que hace referencia”.

No obstante la respuesta de Sabater, Andrés Fazio indicó a CIPER que la ANFP alcanzó a pagar un adelanto de $105 mil dólares por el contrato de los abogados (sobre $66 millones). También señaló que hasta ahora no han encontrado registro de que se ese dinero haya sido restituido, tampoco informes que sean producto de esta consultoría o de otro comprobante que acredite que efectivamente se prestó, aunque sea en parte, este servicio. Asimismo, no hay rastros de que el contrato se haya anulado, dijo Fazio. Agregó que siguen buscando en los registros de la ANFP referencias a este desembolso, pero que de persistir las dudas sobre el destino del dinero se interpondrán querellas y se intentará recuperar los fondos, porque de no hacerlo el nuevo directorio puede ser considerado por el Ministerio de Justicia como co-responsable de esta posible pérdida patrimonial de la ANFP.

CIPER verificó que ante la justicia estadounidense, Sergio Jadue es representado por William M. Brodsky, del bufete Fox, Hovan & Camerini, junto al argentino Santiago Sáenz Valiente y al chileno José Forteza Gómez. Al menos en la documentación pública del caso no aparece el bufete Chaffetz Lindsey ni Martin J. Auerbach. No es primera vez que Brodsky toma un caso relacionado con el fútbol profesional, pues ya representó a la FIFA en un polémico litigio contra Mastercard.

EL INFORME DE SAMPAOLI

El otro documento que está bajo el microscopio es un anexo del contrato de comercialización y licencia de los derechos de imagen de Jorge Sampaoli. Este contrato lo firmó la ANFP con la sociedad que ostentaba esos derechos: Alta Lake Investing Limited, constituida en Islas Vírgenes y representada por Sampaolí, quien firma el contrato. Este acuerdo por derechos de imagen en realidad encubrió el pago del 50% de las remuneraciones y premios por desempeño del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Sampaoli. De esta forma, no se pagó el impuesto a la renta por esos ingresos, lo que fue sincerado por la ANFP en diciembre de 2015, cuando canceló US$500 mil al Servicio de Impuestos Internos para regularizar la situación (Ver reportaje CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal“).

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

El anexo de ese contrato que ahora está en la mira de las autoridades fue publicado originalmente en The Clinic. Se firmó el 1 de julio de 2014, apenas dos días después del retorno de la Roja a Santiago tras su emocionante desempeñó en el Mundial de Brasil. El servicio que se pactó fue (Ver anexo contrato INAF):

“Realizar un análisis detallado de la malla curricular de la carrera de Director Técnico impartida por el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) y una propuesta formal de las rectificaciones y modificaciones que se deben incorporar con el objeto de fortalecer y mejorar la metodología de enseñanza (…). El informe se deberá entregar y aprobar por el INAF durante el año 2014”.

Ese contrato incluyó otros dos servicios: una clase magistral de Sampaoli a los entrenadores de Primera A y Primera B de no menos de dos horas y dos charlas de más de 45 minutos que la ANFP podría comercializar.

Tanto Juan Carlos Silva como Andrés Fazio señalaron a CIPER que hasta el momento no han encontrado registros que comprueben que estos servicios (análisis de la malla del INAF con una propuesta de rectificación, una clase magistral para entrenadores de equipos profesionales y dos charlas que serían comercializadas) efectivamente se realizaron.

El pasado 20 de enero, Martín Mihovilovic, rector del INAF, dijo a CIPER que Sampaoli solo hizo un reporte oral: “Se tuvo una conversación con ellos (el cuerpo técnico de la Roja) acerca de la dirección de la carrera. Nos dieron algunas líneas a seguir respecto de modernización del fútbol. A partir de eso, acabamos de modificar nuestros planes, incorporando los aportes de esas conversaciones, pero en general pensaron que nuestros planes eran muy completos”.

Andrés Fazio informó que en los archivos de la ANFP figura una nota de débito extendida por la sociedad constituida en Islas Vírgenes y representada por Sampaoli por US$200 mil, pero la glosa indica que se pagó por servicios que no tienen relación alguna con lo que fue contratado. El vicepresidente de la asociación se excusó de entregar detalles sobre estos servicios, pues indicó que aún están investigando y que podría entorpecer la auditoría forense sobre las cuentas de la ANFP que debía partir el martes 2 de febrero y que fue pedida en el informe del ex contralor Ramiro Mendoza.

-Las dudas que tiene el Ministerio de Justicia sobre una posible lesión al patrimonio de la ANFP en este contrato por US$200 mil con la sociedad que representa Sampaoli, ¿es una duda que el nuevo directorio comparte?

-Totalmente. No corresponde la glosa al carácter del contrato y se cancela sin haber respaldo de las acciones que se solicitaban en el contrato –respondió Fazio.

Consultado por una posible querella contra Sampaoli y los dirigentes o funcionarios de la ANFP que autorizaron esos pagos, Fazio no lo descartó. Según señaló, van a esperar el informe de la auditoría forense para interponer todas las acciones legales que resulten pertinentes.

PROBLEMAS DE CAJA

El martes 19 de enero, cuando se anunció el acuerdo para poner fin al vínculo contractual con Sampaoli, Andrés Fazio por primera vez dio luces sobre el déficit económico que enfrenta la ANFP: “Lo que se viene es aún más difícil, porque la situación económica de la ANFP es preocupante, las condiciones son muy débiles (…). Será un trabajo arduo para poder cumplir con todos los compromisos. Habrá que cuidar los recursos. Los ingresos del 2015 fueron extraordinarios y el saldo final es patético”, dijo entonces.

En conversación con CIPER, Fazio entregó nuevos detalles sobre la situación de las arcas de la ANFP. Según explicó, 2015 fue el año en que la asociación cosechó los mayores ingresos en toda su historia: US$50 millones (unos $35.500 millones), lo que se explica por los fondos que dejó la Copa América y que se sumaron a otros ingresos regulares, como el contrato por derechos de imagen y comercialización de la Roja, así como por la indumentaria del conjunto nacional.

Pero, el mismo Fazio informa que 2015 también fue el año en que más se gastó: US$60 millones, lo que dejó un déficit de US$10 millones (cerca de $7.110 millones) que el directorio espera superar en tres años. El dirigente señala que muchos gastos originados en 2015 no fueron provisionados, entre ellos los premios a los jugadores de la selección por el título continental que aún no se han pagado (y que suman un total de $5 mil millones).

El cuadro financiero de la ANFP se agrava si se toma en cuenta que la asociación enfrenta una serie de gastos millonarios que no estaban previstos originalmente. Uno de ellos fueron los US$500 mil (cerca de $350 millones) que pagó al SII para regularizar los impuestos que no se pagaron entre 2012 y 2014 por remuneraciones a Sampaoli camufladas como “derechos de imagen”. Ese medio millón de dólares sólo corrigió la situación hasta diciembre de 2014, por lo que todos los ingresos del cuerpo técnico de la Roja por los derechos de imagen en 2015 deben pagar el impuesto a la renta completo.

En la conversación con CIPER Fazio agregó un dato que puede reabrir las disputas con Sampaoli: la ANFP está solicitando opiniones a expertos tributarios respecto de a quién le corresponde pagar esos impuestos de 2015, si a Sampaoli o a la asociación.

Por último, en las cuentas de la ANFP no estaba previsto pagar impuestos por las utilidades que dejó la Copa América. Las ganancias que arrojó el Comité Organizador Local (COL) de ese torneo sumaron más de $10 mil millones. Bajo la gestión de Sergio Jadue esos excedentes fueron disfrazados como gastos por cobrar transferidos a la ANFP para no pagar impuestos. La revisión que hizo el equipo del ex contralor Ramiro Mendoza dejó en evidencia que ese tratamiento contable no resistía análisis. Lo mismo estimaron otras dos consultoras de expertos tributarios requeridas por la ANFP.

Si a los premios adeudados a los jugadores por el éxito obtenido en la Copa America se suma el pago de impuestos correspondiente a 2015 que no estaba previsto y que deben ser cancelados en abril próximo, los números de las cuentas de la ANFP estarán tan rojos como la camiseta de la selección.

La compra del Canal del Fútbol (CDF) está en su recta final y aún no hay certeza de cómo se cerrará un negocio que está valorado en US$900 millones, el más importante del fútbol criollo. En la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) poco se comenta sobre el tema: “Hay cosas más importantes”, es la respuesta cuando se pregunta en la sede de Quilín por el estado del negocio. Como si la instalación del nuevo DT de la Roja tuviese más peso en los clubes que los más de $40 mil millones que les reparte por año el CDF. Esa sola cifra indica que no hay algo más gravitante para los dueños de los equipos que el cierre de este contrato, que debe quedar finiquitado el próximo 31 de marzo. De hecho, hay clubes que arriesgan la quiebra sin los dineros que reciben del CDF, como sucede con Wanderers.

La ANFP ya formalizó su intención de adquirir el 20% del CDF que está en manos de inversionistas liderados por Jorge Claro. El tema es cómo se va a financiar esa adquisición, pues el porcentaje que controla Claro está valorado en US$180 millones. Una posibilidad es recurrir a un préstamo sindicado (otorgado por varios bancos). Otra es concesionar la señal a una cadena internacional por un periodo de tiempo, a cambio de que facilite el financiamiento de la compra. Una tercera vía es vender completamente el CDF y repartir el dinero entre los clubes, oferta que ha sido formulada por las cadenas Turner y la catarí BeIN Sports.

El tema fue uno de los puntos centrales abordado por el Consejo de Presidentes de la ANFP en su sesión de este jueves 4 de febrero, la segunda dirigida por Arturo Salah. Entre los clubes, el ofrecimiento más seductor es el de la cadena FOX. CIPER consultó tanto a FOX como a la ANFP si esta oferta se había formalizado, pero de la primera no recibió respuesta y en la segunda informaron que no hablarían por el momento sobre los detalles del negocio.

No obstante, fuentes de la ANFP que conocen las negociaciones indicaron que las cadenas FOX, Turner y BeIN Sports ya oficializaron su interés en participar en la operación, lo que se formalizó mediante la firma de un acuerdo para incorporarse a una licitación que será manejada por BTG Pactual. Las mismas fuentes indicaron que como las tratativas corren contra el tiempo, a principios de enero se le consultó a la contraparte representada por Jorge Claro si se podía flexibilizar la fecha tope del 31 de marzo y la respuesta, inicialmente, fue positiva.

Algunos clubes conocieron en reuniones informales la oferta de FOX en 2015. Los detalles del ofrecimiento se esparcieron entre los integrantes del Consejo de Presidentes. En ese círculo se señala que el lobby a favor de la cadena estadounidense lo lideran Mario Conca -hombre de confianza del dueño del club Universidad de Chile, Carlos Heller- y Cristián Varela, socio de la productora ChileFilms (ver reportaje de CIPER “Cristián Varela, dueño de ChileFilms: el primer ganador de la Copa América”).

La oferta de FOX es repartir $45 mil millones anuales a los clubes, con un aumento de 5% cada año, a cambio de la concesión del CDF por 12 años. La fórmula se basa en una agresiva planificación tributaria destinada a rebajar el pago de impuestos del CDF para aumentar la cifra a repartir entre los clubes (vea el reportaje de CIPER “La milagrosa fórmula para rebajar impuestos del CDF”). Lo que seduce a los clubes es mantener el nivel de ingresos actual y no perder la propiedad de esta verdadera mina de oro del fútbol local.

En medio de las turbulencias provocadas por la caída del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, el 26 de noviembre FOX anunció que desistía de pujar por el CDF. No obstante, volvió a la carga tras la llegada del nuevo directorio comandado por Arturo Salah. Pero la ANFP tendrá que medir muy bien sus pasos antes de embarcarse en un negocio con FOX, debido a que el nombre de esa cadena ya figura en la carpeta de la fiscal estadounidense Loretta Lynch, quien investiga los sobornos pagados a los dirigentes de la FIFA y de la Confederación Sudamericana (Conmebol).

En esa pesquisa sobre la Conmebol apareció el nombre de una empresa constituida en el paraíso fiscal de Islas Caimán en 1997: T&T Sports Marketing. En la propiedad de T&T se unieron dos gigantes de los negocios oscuros ligados al fútbol latinoamericano: la brasileña Traffic y la argentina Torneos. Es la huella de T&T la que ha salpicado ahora a FOX.

El 3 de diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió sus acusaciones en la investigación a la Conmebol e indicó que “tres ejecutivos asociados con T&T” sobornaron a lo menos a 15 dirigentes sudamericanos para obtener los derechos de las copas continentales de clubes (Libertadores y Sudamericana). Uno de esos ejecutivos -se lee en el documento- es el argentino Alejandro Burzaco, controlador de la empresa Torneos, quien ya declaró ante la justicia de Estados Unidos. Es decir, T&T habría sido el brazo operativo que pagó las coimas a la plana mayor de la Conmebol, entidad en la que participaba el chileno Sergio Jadue, quien recibió US$2,2 millones en sobornos.

Sede Conmebol

Según señala la investigación de la fiscal Lynch, T&T Sports Marketing es propiedad de Torneos y “un grupo de inversores que incluye una filial de una importante compañía de Estados Unidos cuya identidad es conocida por el gran jurado”.

Esa filial de una “importante compañía” es Fox Pan American Sports, una subsidiaria del conglomerado 21st Century Fox.Según documentación entregada por la propia cadena FOX a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), T&T es considerada como subsidiaria de 21st Century Fox (Ver el documento). Esa información fue proporcionada a la SEC en 2014.

Según reportó Wall Street Journal el año pasado, Fox Pan American Sports adquirió en 2011 el 50% de T&T. En la misma nota del diario se cita a una portavoz de Fox que argumenta que la compañía no tiene control operacional sobre T&T.

En todo caso, ya en 2004 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), había acreditado que la cadena FOX, a través de Pan American Sports, era propietaria del 50% de T&T Sports Marketing. El porcentaje restante pertenecía a Torneos y, en menor medida, a un fondo de inversión. A pesar de los vínculos establecidos en los documentos de la SEC de Estados Unidos y en los registros de la CNDC argentina, la acusación de la fiscal Lynch no se dirige ni contra FOX ni contra T&T (Ver documento).

CIPER pidió entrevistas y envió preguntas a los responsables de FOX para Latinoamérica, pero no obtuvo respuesta.

CAMBIO EN EL EQUIPO

Fox Pan American Sports, la propietaria del 50% de T&T, es operada por la cadena estadounidense a través de Fox International Channels (FIC). El 12 de enero pasado el mercado internacional de la TV fue sacudido por una noticia que no estaba en los cálculos de los entendidos: el máximo jefe de FIC, el argentino Hernán López, abandonó ese puesto y anunció que se dedicaría a montar un negocio personal de podcast en línea.

López es considerado un crack del negocio de la TV. Tras cinco años como CEO de Fox International Channelsy 18 trabajando para FOX, se estima que fue el principal artífice de la expansión global de esa cadena, que pasó de facturar US$30 millones a US$3 mil millones por año, como él mismo lo deja entrever en su carta de despedida.

En FOX justificaron su salida como parte de la reorganización que realizará la compañía para manejar los 350 canales que posee en el mundo. Sin embargo, ejecutivos ligados a los negocios de la TV estiman que la inesperada salida de López podría ser parte de una operación de “control de daños” en caso de que la investigación de la fiscal Lynch se oriente a escarbar en la relación de T&T con Fox International Channels, el brazo del grupo FOX que dirigía el argentino.

LA GÉNESIS DEL NEGOCIO

El vínculo entre FOX y T&T se empezó a tejer a principios de 2002. Entonces se forjó una alianza comercial entre Liberty Media, PSE Holdings e International Sports Programming, las que constituyeron Fox Pan American Sports en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, donde se registran más corporaciones que habitantes.

Según la documentación a la que tuvo acceso la revista uruguaya Caras y Caretas, el acuerdo entre las tres empresas fue el siguiente: Fox aportaba dinero y sus activos de los canales Fox Sports Latin America y Fox Sports World Español, mientras que Liberty colocaba capital efectivo y PSE Holdings entregaba su participación de 50% en T&T Sports Marketing. Al mismo tiempo, Liberty ya tenía acciones de Torneos, empresa que controlaba una porción de T&T.

En 2004 la CNDC argentina revisó la concentración económica que significaría esta alianza. Fue entonces cuando dejó establecido que FOX tenía el 50% de las acciones de T&T y que por su ingreso a esa compañía había negociado “los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la nueva Copa Panamericana” (Ver documento). De esta manera, se daba la paradoja de que la empresa que compraba los derechos televisivos de los torneos continentales de clubes -T&T, perteneciente a Fox- los revendía a su propio socio mayoritario.

T&T es la predecesora de la empresa investigada por pagar coimas para quedarse con los derechos de la Copa América: Datisa, cuyo nombre de fantasía es WeMatch. De hecho, Datisa reúne en su propiedad a tres compañías, dos de las cuales eran las controladoras originales de T&T: Traffic y Torneos. A ellas se unió la argentina Full Play. Los sobornos por la Copa América fueron acordados por Datisa y los dirigentes de la Conmebol.

FOX, Datisa y Full Play no son las únicas compañías que tienen vínculos con T&T Sports Marketing. De manera indirecta, DirecTV tambiénmantiene lazos con T&T. La operadora de televisión satelital, que cuenta con casi 20 millones de suscriptores en Latinoamérica, es propietaria de un 40% de Torneos, la que a su vez participa en la propiedad de T&T y Datisa. Incluso, DirecTV tiene registrada a T&T como una subsidiaria ante la SEC estadounidense (Ver ese registro de la SEC).

EL FACTOR URUGUAYO

El vínculo de FOX con el fútbol sudamericano ya suma casi 15 años. Desde 2002 transmite sus torneos continentales y últimamente agregó partidos clasificatorios para el Mundial. De hecho, puede transmitir en la TV por cable los partidos que la Roja juega en Chile gracias a un acuerdo entre Fox Sports y MegaSports, la empresa de Carlos Heller que ostenta los derechos de la selección nacional hasta Rusia 2018 (vea reportaje de CIPER “Copa América: las huellas en Chile de los empresarios del fútbol internacional acusados de corrupción”).

Si FOX pudo transmitir entre 2002 y 2015 las copas Libertadores y Sudamericana, fue porque T&T le vendió los derechos de esos torneos. La Conmebol le había entregado a T&T la exclusividad de esas competencias hasta 2022. Así, FOX no sólo es dueña del 50% de T&T, sino que también era su mejor cliente. Esta suerte de “intermediación” de T&T, que recibía los derechos de la Conmebol para entregárselos a FOX, navegó sin contratiempos hasta 2015, año en que se destapó en Estados Unidos el pago de los sobornos. En noviembre del 2015 la confederación decidió suspender el trato que tenía con T&T hasta 2022 y renegociar directamente los derechos con Fox International Channel (FIC) (Ver el contrato 2002 y la renegociación con FIC).

Wilmar Valdez, presidente AUF.

En declaraciones recogidas por el diario uruguayo El Observador, el ex timonel interino de la Conmebol tras las detenciones de sus dirigentes titulares, Wilmar Valdez, señaló que la confederación resolvió renegociar los derechos de los torneos continentales con FOX a fines de 2015, debido a que temía acciones legales de la cadena, que quedaba fuera del negocio por la salida de T&T. La Conmebol renegoció con Fox International Channels (FIC), cuando todavía la dirigía el argentino Hernán López, y le entregó a FOX los derechos de las copas hasta 2018. Desde 2019, dijo Valdez, el negocio será licitado.

Gran parte de la documentación que acredita las irregularidades de la relación entre T&T y la Conmebol ha visto la luz gracias a las recientes investigaciones de la prensa de Uruguay, impulsadas por un proceso judicial que se inició por la acusación del empresario de la TV local Francisco “Paco” Casal. El dueño del canal GolTV denunció que la Conmebol decidió entregar los derechos de las copas continentales de clubes a T&T a pesar de que él había hecho una oferta sustancialmente mayor.

La acusación de Casal es tramitada en la Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay. Según alega el dueño de GolTV, la decisión de la Conmebol de rechazar su oferta y vender los derechos a T&T en US$372 millones, privó a la confederación de recibir US$433 millones adicionales. Casal sostiene que esto constituye un ilícito que lesionó el patrimonio de la Conmebol, de sus asociaciones nacionales federadas y de los clubes, que no recibieron todo el dinero que les correspondía por participar en esos torneos.

Inicialmente, siete clubes de Uruguay, incluido el popular Peñarol, respaldaron la denuncia. Pero luego desistieron y la acusación ahora sólo está apadrinada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas (Mufp). Dirigentes de clubes uruguayos han revelado que fueron sometidos a presiones por Gorka Villar -ejecutivo de la Conmebol e hijo del presidente del fútbol español, Ángel María Villar-, quien los habría amenazado con dejar al fútbol uruguayo fuera de las competencias internacionales si persistían en estas denuncias.

Fue en Uruguay también donde el miércoles de esta semana la U. de Chile enfrentó a River Plate de Montevideo, en la primera acción de un elenco nacional en esta nueva versión de la Copa Libertadores. Allí, las radios chilenas que quisieron transmitir el cotejo se encontraron con la negativa de FOX. Según una nota de El Dínamo, la cadena les cobraba US$70 mil (unos $50 millones) por los derechos de transmisión del torneo. En los círculos de la ANFP algunos interpretaron este round como un adelanto de los obstáculos que pueden suscitarse si no hay un buen entendimiento con la cadena en el negocio del CDF.

El popular relator de radio Cooperativa, Ernesto Díaz Correa, no se amilanó con ese golpe: “Llegó el canal fome y nos está matando”.

Ver reportaje CIPER “Vertedero Santa Marta obtuvo en 2011 permiso para funcionar 13 años más y duplicar basura acumulada“

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió el martes 9 de febrero levantar cargos contra el consorcio dueño del Relleno Sanitario Santa Marta. También solicitó al Tribunal Ambiental de Santiago la clausura de la mayor parte del vertedero, dejando un sector para continuar el acopio de desechos que no podrán superar los 810.000 metros cúbicos. Entre los cargos contra el consorcio está el haber depositado en Santa Marta, sin autorización, 110 mil toneladas de lodos -desechos semilíquidos de aguas servidas- durante 2014 y 2015 (Ver documento de la Superintendencia).

Las acusaciones de la SMA son coincidentes con el  testimonio que CIPER recogió de un ex operador del vertedero, quien proporciona nuevos antecedentes que encienden una alerta sobre los riesgos de que se permita su reapertura, aunque sea parcial, si se mantienen las condiciones con que operaba al momento del desastre, el 15 de enero, cuando se desplomó una parte del cerro de basura y un incendio cubrió de humo pestilente a Santiago.

Cuando aún no se conocen los resultados de la investigación sobre los orígenes de la emergencia ambiental, el testimonio de este ex operador –que trabajó hasta diciembre en el vertedero- entrega detalles de cómo en el último tiempo, para mejorar la rentabilidad del negocio, sus dueños hicieron crecer el volumen de la descarga de lodo, basura y sustancias tóxicas. Y también, de cómo se desestimaron en las semanas previas a la emergencia múltiples señales de alerta sobre la creciente inestabilidad del terreno.

La acusación de la SMA contra el Consorcio Santa Marta se produce en medio de la amenaza de un paro total de los trabajadores que recolectan la basura de la capital, los que demandan que el vertedero vuelva a operar parcialmente, ya que su cierre – más allá de las paupérrimas condiciones en las que realizan su trabajo (Ver reportaje CIPER “La otra cara del negocio de la basura: las paupérrimas condiciones en que trabajan más de 13.700 recolectores“)- los han obligado a extender sus jornadas de trabajo.

LA PRESION DEL CONSORCIO SANTA MARTA

La recepción de desechos en el vertedero está paralizada por orden de tres autoridades. La primera fue la resolución de la Seremi Metropolitana de Salud (19 de enero), a la que siguió la de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), del 22 de enero. Por último, los dueños del vertedero, el Consorcio Santa Marta, debieron asumir una rotunda derrota cuando el 5 de febrero la Corte de Apelaciones de San Miguel desestimó la reapertura parcial solicitada por la empresa. A ello habría que agregar la orden de no innovar dictada el 22 de enero por la misma corte de San Miguel, en respuesta a los recursos de protección presentados por las autoridades municipales de Talagante, comuna en la que se ubica el vertedero.

Incendio en Santa Marta.

El consorcio, en su escrito ingresado el 3 de febrero ante la corte para levantar la orden de no innovar, argumentó que existía una zona segura en el relleno, donde podían continuar acopiándose los desechos, para lo cual acompañó los informes de un experto de la Universidad Católica de Valparaíso y de cuatro ingenieros de la Universidad de Santiago, todos los cuales  avalan la estabilidad de esa zona segura, según la empresa (ver recuadro). Adicionalmente, el consorcio afirmó en su presentación judicial que “ha dado cumplimiento a la normativa ambiental vigente en la operación del relleno sanitario” (ver presentación ante la corte).

CIPER escuchó el testimonio del ex trabajador de Santa Marta, Sebastián Zamora Cordero, quien laboró allí hasta el 28 de diciembre de 2015, dos semanas antes de la avalancha y el incendio. Su versión, la única hasta ahora de un protagonista directo de las faenas en el relleno, contradice las seguridades que ha dado el consorcio y plantea serias dudas –que deberán ser investigadas– sobre el cumplimiento de acopio de lodos (desechos semilíquidos) y de restos hospitalarios, así como la recepción de otras sustancias nocivas, como el llamado “carburo” (usado en soldaduras) y materiales que contienen asbesto.

Zamora –quien operaba maquinaria para la descarga de la basura en el vertedero– dijo a CIPER que fue despedido “por necesidades de la empresa” junto a otras tres personas luego de que sus jefaturas se enteraran de que pretendían organizar un sindicato y realizar una paralización de faenas en reclamo por un bono de producción no pagado por el empleador.

Según el trabajador, antes de su despido aparecieron hoyos en distintos taludes de la zona sur del vertedero, los que intentaron ser rellenados con tierra. Esa habría sido, a su juicio, una señal de la inestabilidad que luego provocaría el deslizamiento de la basura el 15 de enero.

En 2012, el Consorcio Santa Marta logró la aprobación de la autoridad ambiental para aumentar el volumen de desechos que podía recibir en el relleno y prolongar su vida útil por 13 años más, hasta el año 2035, fecha en la que se habrán acumulado 42 millones de toneladas de basura, rodeadas por cerros del sector de Lonquén (Ver reportaje CIPER “Vertedero Santa Marta obtuvo en 2011 permiso para funcionar 13 años más y duplicar basura acumulada“).

Pero esa no había sido la única modificación obtenida por la empresa. Un año antes (2011) había conseguido un cambio sustancial de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº 433 que autorizó la apertura del relleno en 2002. Esa RCA estableció que Santa Marta solamente podía recibir basura domiciliaria. Pero ello cambió el 1 de abril de 2011, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictó la resolución Nº 631, que permitió al vertedero recibir lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas, con un tope del 6% del total de toneladas de desechos ingresados.

Dicho cambio en la naturaleza de los desperdicios fue aceptado por las autoridades ambientales sin considerar una consulta de participación ciudadana, tal como ocurrió en 2012 con el aumento en la vida útil del relleno, amparándose en que se trataba de una “declaración de impacto ambiental” y no en un “estudio de impacto ambiental”.

LOS LODOS DE AGUAS SERVIDAS

Sebastián Zamora llegó a trabajar a Santa Marta en 2013. Entre sus primeras tareas estuvo sacar las carpas que cubren los acoplados de los camiones (ramplas o trailers de 22 metros de largo) que trasladan basura domiciliaria desde la Estación de Transferencia Puerta Sur, también de propiedad del consorcio, al vertedero.  Ya sin su cobertura, los acoplados cargados de desechos eran llevados hasta el “pozo de lodos”. Allí, una retroexcavadora sacaba lodos –tres o cuatro paladas, recuerda Zamora– y los vertía sobre la basura del trailer, mezclando así los desechos sólidos con los líquidos. Después se iniciaba la descarga de esa mezcla en el vertedero.

Camiones descargando residuos en el vertedero.

Los lodos (sin basura sólida) no eran lanzados directamente al vertedero, explicó Zamora, porque el piso se ablandaba y los bulldozers que debían compactar los desechos comenzaban a “pegarse” y hundirse, sin poder realizar su trabajo.

La segunda labor de Zamora en Santa Marta fue como operador de uno de los dumpers, máquinas con capacidad para levantar hasta 50 toneladas, pues deben alzar los acoplados cargados con entre 20 y 35 toneladas de basura (vacíos pesan cerca de 10 toneladas).

El ex operador del vertedero relató a CIPER que los dumpers elevan de un extremo las ramplas cargadas de desechos y lodo para que todo caiga al vertedero, donde los bulldozers realizan la tarea de esparcir y compactar la mezcla, formando bloques que hasta 2014 eran de entre 4 y 8 metros de altura. Sobre esos bloques se lanzaba tierra para continuar el trabajo de compactación, formando escalones de basura que se elevaban afirmados en las paredes de los cerros del relleno.

Pero desde marzo de 2015 comenzó un fuerte aumento de recepción de lodos en Santa Marta, relató Zamora:

-Siempre llegaron lodos en grandes cantidades cada día: unos 18 tarros de dos metros cúbicos. Pero desde esa fecha el lodo no sólo llegaba al pozo, sino que ya venía mezclado con la basura desde la estación de transferencia. Lunes y martes eran el boom del lodo porque llegaban dos y tres ramplas de puro lodo. Incluso algunas con sobrepeso, al punto que el dumper 1004, que funciona desde julio de 2015, no era capaz de levantarlo. Por ende, había que retirarlo de la zona, solicitar que la retroexcavadora del pozo se acercara y descargara la mitad de la rampla para poder levantarla con el dumper.

Los lodos, explicó Zamora, eran de intenso olor a descomposición y variaban desde muy líquidos hasta gelatinosos. “Llegaban los desechos de las fosas de aguas servidas. Mientras más líquidos, eran más tóxicos. Sentíamos dolores estomacales y de cabeza”. El ex operador recordó que reclamaban a sus jefes cuando los camiones venían chorreando lodos, pero las jefaturas “nos indicaban que esas eran las lucas de la basura, porque el desecho domiciliario no dejaba mucho. Pero con el lodo decían que se pagaba a la gente y quedaban las ganancias”.

RÍO SUBTERRANEO Y SEÑALES DE PELIGRO

Según el testimonio del ex trabajador de Santa Marta, el aumento de la recepción de lodos sería una de las causas del debilitamiento del cerro de desperdicios y la posterior avalancha: “Se formó un río subterráneo de percolado bajo la basura y eso debilitó lo que se había compactado”, explicó.

Los líquidos de la putrefacción de los desechos originalmente se llevaban por gravedad a un sitio llamado “silo”, desde donde pasaban a la planta de tratamiento para sanearlos y luego usarlos en programas de reforestación en el propio vertedero. Pero el aumento de la recepción de lodos y de basura habría superado la capacidad de la planta de tratamiento y, según Zamora, comenzaron a devolver el líquido putrefacto (lixiviado) desde la base del relleno hasta la cima, mediante la confección de pozas en distintos escalones de basura y con la ayuda de motobombas.

-Al retornar el líquido desde la parte baja a la parte alta, sumado a lo que estaba entrando diariamente, se hizo inestable el relleno -acotó.

Zamora aseguró que el vertedero dio “avisos” antes del derrumbe: “Cuando comenzábamos a levantar las ramplas, las patas de los dumpers se hundían. Eso no pasaba antes porque había una buena compactación. Entonces teníamos que rellenar el piso con tierra y volver a nivelar el dumper para seguir la descarga”. Zamora dijo a CIPER que informó a las jefaturas de lo que sucedía, “pero nuestra alerta no se tomó en cuenta”.

Líquidos percolados en la quebrada El Boldal.

Hubo más señales de inestabilidad en la segunda quincena de diciembre, recordó el ex operador. “Aparecieron agujeros en distintos puntos. El vertedero estaba absorbiendo la mezcla de basura con tierra”, agregó Zamora. Aunque intentaron tapar los agujeros con tierra, a comienzos de enero también habrían surgido grietas en la parte más alta, según le indicaron trabajadores con los cuales mantuvo contacto tras su despido.

MÁS DESECHOS Y ASBESTO

En la percepción de Zamora, no sólo aumentó la llegada de lodos. También de basura domiciliaria y de otros tipos, más tóxica:

-A partir de 2015 descargábamos entre 400 y 700 camionadas a un promedio de 30 toneladas de basura cada una. Tuvimos que trabajar con cuatro dumpers y avanzábamos tan rápido en la descarga que la compactación que se hacía no era la adecuada.

De acuerdo a sus cálculos, los días de mayor movimiento el vertedero recibía cerca de 20 mil toneladas, en circunstancias que actualmente Santa Marta está autorizada a depositar casi 120 mil toneladas al mes.

Antes de 2015, describió, se formaban bloques con los desechos de hasta 8 metros de altura y luego se los tapaba con un metro de tierra. “Pero después, se estaba pasando a 10 metros de basura por medio metro de tierra”.

Pese a trabajar en un ambiente tóxico, los operadores de los dumpers no recibían habitualmente mascarillas ni tampoco se les informaba el grado de peligrosidad de los residuos. “Nuestra protección eran los guantes de cabritilla, los bototos de seguridad, un overol, casco, antiparras y el bloqueador. Pero mascarillas no, salvo cuando iban a ir los inspectores de Salud”, aseguró Zamora.

Además de los lodos, relató que algunos días otros productos peligrosos se vertían en el relleno mezclados con la basura común: tarros con pintura, además de envases de diluyente, de aerosoles, botellas de detergente y de lavalozas. Incluso asbesto, material cuya fabricación e importación está prohibida en el país desde el año 2000 por sus graves efectos para la salud, aunque el reglamento sanitario dejó abierta una ventana para su producción cuando no hay un material de reemplazo. Según se concluye de una resolución de 2014, Santa Marta está autorizado por la Seremi de Salud para recibir desechos que contienen asbesto (Ver documento).

Zamora dijo a CIPER que le tocó recibir hasta ocho camiones en un día cargados con materiales que contenían asbesto, envueltos en nylon. “Cuando el bulldozer lo desparramaba, el nylon desaparecía y comenzaba a levantarse el polvo con asbesto. En los dos años que trabajé allí jamás me enviaron a hacerme un examen toxicológico”, se quejó, en referencia a que el asbesto es considerado un residuo peligroso y que su inhalación produce asbestosis.

Otra sustancia peligrosa que se recibía algunas veces era el carburo en forma de ceniza caliente, aseguró el ex operador. El carburo se utiliza en soldaduras y reacciona químicamente con agua. El testimonio de Zamora es que al verterlo en el relleno comenzaban a producirse incendios localizados: “Nos ocurrió en varias ocasiones en que estando con los supervisores se generaban incendios. Yo pregunté la razón hasta que me indicaron que a veces llegaba carburo, material que es altamente inflamable”. Cuando se producían los incendios no era posible apagarlos con agua, porque aumentaba la combustión. “Andábamos en plena basura con palas para controlarlo o usábamos los extintores de los dumpers”, recordó Zamora, quien fue también teniente de la compañía de Bomberos de Lonquén.

RESTOS HOSPITALARIOS

El 28 de diciembre de 2015, la SEREMI Metropolitana de Salud emitió la resolución Nº 108.103 que dio luz verde al acopio de restos hospitalarios  (Residuos Especiales de Establecimientos de Salud, RES) en un contenedor especial habilitado en Santa Marta.

El duro trabajo de los recolectores de basura.

Sin embargo, Sebastián Zamora afirmó a CIPER que durante sus dos años de trabajo siempre vio restos hospitalarios mezclados con basura al descargar las ramplas: “Llegaba mucha basura hospitalaria, mucha aguja, vías intravenosas llenas con sangre, vestimenta con sangre, vendajes, todo revuelto, no en compartimientos. Al descargar, eso caía encima del dumper y teníamos que sacarlo con pala y después dejar limpia la máquina”.

El Consorcio Santa Marta obtuvo la autorización para depositar RES a través de un camino legal, llamado “consulta de pertinencia”, mediante el cual la empresa interesada pregunta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Ministerio del Medioambiente si es pertinente ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un determinado proyecto, en este caso el manejo de residuos hospitalarios.

Luego el SEA consulta a otros servicios la opinión.  Así lo hizo la directora regional del SEA, Andrea Paredes, quien ofició a la SEREMI de Salud, Daniela Zavando, el 4 de marzo de 2014. La respuesta la dio el 2 de mayo de 2014 el nuevo SEREMI metropolitano,  Carlos Aranda, quien afirmó: “es opinión de esta SEREMI que lo solicitado por el titular no amerita ingresar al SEIA”.

El 4 de junio de 2015, la directora del SEA emitió la Resolución Exenta 229 que señala que el proyecto no requiere ingresar al SEIA de forma obligatoria, “sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de carácter ambiental y sectorial que corresponda (…) Cumplo con señalar que la presente respuesta a vuestra consulta se ha elaborado sobre la base de antecedentes entregados por usted, por lo cual, cualquier omisión, error o inexactitud que acuse su consulta, es de su exclusiva responsabilidad”.

De este modo y sin realizar ningún estudio de impacto ambiental ni consulta a la ciudadanía, el propio Servicio de Evaluación Ambiental metropolitano resolvió que no había que hacer evaluación para que Santa Marta recibiera desechos hospitalarios y endosó a la empresa cualquier responsabilidad sobre la solicitud.

El 4 de noviembre de 2015 a las 09:40 horas se inició la cuarta declaración judicial de Roberto Carrasco, ingeniero comercial, asesor tributario y gestor de proyectos inmobiliarios. Hasta ese día la participación de Carrasco en el fraude tributario asociado al Grupo Penta solo se remitía a cinco  de los contratos forwards que el grupo utilizó para pagar bonos a ejecutivos, financiar campañas electorales y retirar utilidades evadiendo el pago de tributos. Transcurridos nueve meses de la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra, la situación había cambiado. Los fiscales habían accedido a la contabilidad de una de sus empresas –Asesorías VSA- la que escondía otros secretos. Consciente de que su marca en los forward hacía casi imposible evitar la prisión preventiva, ese día de noviembre Carrasco decidió colaborar. Fue así como se convirtió en la segunda “garganta profunda” del Caso Penta.

Carrasco inició su relato indicando que, a fines de 2012, cuando Laurence Golborne se preparaba para dejar su cargo de ministro de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera, su amigo le pidió utilizar una de sus empresas para facturar ingresos con el fin de disfrazar aportes a su próxima campaña presidencial, la que se inició apenas abandonó el gabinete, el 5 de noviembre de 2012. “Yo accedí y le dije que bueno”, declaró Carrasco, quien pasó a enumerar las empresas que participaron de esa operación: Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, CAP, Watts, Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado y GT Advisors.

En total, las diez empresas aportaron –según la versión de Carrasco- una suma cercana a los $160 millones a la campaña de Golborne, la que no alcanzó a llegar a las primarias presidenciales de su sector, en junio de 2013, luego de que se revelara que era el titular de una sociedad en un paraíso fiscal. Aún así, luego Golborne intentó llegar al Senado por Santiago, pero fue derrotado en las urnas.

Su decisión de ayudar al candidato de la UDI obedeció –dijo Carrasco- a la relación de amistad que los unía desde hacía más de 25 años: “Lo conocí cuando fui a vender mis servicios como Siglo a Chilgener y él era el gerente de administración y finanzas de esa empresa. Luego nos compramos un sitio vecino en el Santuario del Valle en La Dehesa. Y finalmente tuvimos a los hijos en el mismo colegio, el Mayflower”. La relación de amistad continuó profundizándose en medio de negocios inmobiliarios y viajes al extranjero: “Fuimos juntos al mundial de Sudáfrica”, confidenció a la Fiscalía. La complicidad entre ambos también dio pie para la solicitud de favores.

Servicio Impuestos Internos

Esa declaración de Roberto Carrasco se convirtió así en la primera prueba que puso a las diez empresas que hicieron aportes a la campaña de Golborne en la lista de las compañías bajo sospecha de haber financiado la política de manera irregular. Las cinco primeras - Banco BCI, Ripley, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia e Inmobiliaria Ecomac- presentaron rectificaciones ante el SII asumiendo que realizaron pagos que no contaban con respaldo contable, y que podrían ser aportes irregulares a campañas políticas. Con ese reconocimiento, y pagando los impuestos e intereses que se habían eludido, bastaría para dejarlas fuera de la investigación. Eso pensaron.

Pero no fue así. Porque la investigación ha continuado. A ello ha contribuido que de las cinco empresas restantes, el SII ha informado que tres de ellas no rectificaron: CAP, Watts y GT Advisors. Y de las otras dos –Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-, hasta el momento no hay información oficial del SII.

NOVEDADES EN LAS RECTIFICACIONES

Hace casi un año, el 12 de marzo de 2015, el SII realizó un llamado a las empresas para que acudieran a rectificar sus declaraciones de impuesto a la renta si es que detectaban pagos irregulares realizados entre 2009 y 2015. El  proceso incluía el pago de los impuestos adeudados más intereses y multas. Entre esos pagos sin respaldo contable se cuentan los aportes a la política, mediante el mecanismo de girar dinero a cambio de la presentación de boletas o facturas falsas.

El llamado se realizó en medio del conflicto político generado por los casos Penta y SQM, por lo que se entendió como un intento por darle una salida administrativa a los ilícitos tributarios cometidos por algunas empresas al financiar irregularmente a políticos. Se trató de un periodo acotado, ya que Impuestos Internos determinó como fecha límite para rectificar el 30 de junio del año pasado. Aunque el SII se ha negado a transparentar el listado de empresas que participaron del proceso, la investigación de la Fiscalía aporta datos nuevos sobre algunas de ellas.

El 16 de noviembre de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al SII solicitando las declaraciones rectificatorias de impuesto a la renta efectuadas por las empresas mencionadas por Roberto Carrasco en su declaración. Tres semanas después, el 7 de diciembre, el Departamento de Defensa Judicial del SII envió las rectificaciones presentadas por Banco BCI, Ripley, Inmobiliaria Ecomac e Inversiones Santa Virginia. La Fiscalía ya tenía la rectificación de Inversiones Caburga, pues formó parte de un paquete de antecedentes enviados por el SII a propósito del financiamiento de Soquimich a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En el mismo oficio, Impuestos Internos informó que ni CAP ni Watts ni GT Advisors rectificaron, y que respecto de Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado “no se tienen antecedentes ni se han auditado por el año tributario 2015”.

Juan Hurtado Vicuña

Entre las empresas que no registran rectificaciones, según la información proporcionada por Impuestos Internos, destacan las dos controladas por el Grupo Hurtado Vicuña: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En conjunto son las que más dinero aportaron a la campaña de Golborne: $50 millones a través de dos facturas giradas el mismo día, 13 de diciembre de 2012. Sus dueños constituyen un grupo empresarial con presencia en diversos sectores de la economía: participan en el grupo controlador de Entel, Consorcio Financiero y la Universidad Santo Tomás, además de poseer la minera Pucobre, y la Inmobiliaria El Almendral, entre otros numerosos negocios.

El grupo es encabezado por los seis hermanos Hurtado Vicuña: Juan, Pedro, José, Nicolás, María Mercedes y María Victoria (esposa del ex senador y ex presidente de RN, Carlos Larraín). El líder del clan es Juan Hurtado Vicuña, quien el 10 de septiembre de 1984 constituyó Inversiones Longovilo junto a Ricardo Rivadeneira Monreal (uno de los fundadores de RN, fallecido en 2011). Esa sociedad de inversión fue creciendo y ya en junio de 2007 poseía un capital de $6.200 millones y en su control estaban todos los hermanos Hurtado Vicuña.

Inversiones Paso Nevado es la continuadora de Minera Quellón (creada en 1984 por José Hurtado Vicuña y Ricardo Rivadeneira), la que en 1990 adoptó su nombre actual y que desde ese mismo año incorporó a los hermanos Hurtado Vicuña a su propiedad. En 2014 su capital llegaba a $53.285 millones. Paso Nevado es una de las sociedades de la familia que posee acciones en Almendral S.A., a través de la cual controlan Entel en asociación con Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés, y los grupos Izquierdo, Matte y Gianolli (ver toma de control de Entel).

El Grupo Hurtado Vicuña es uno de los más ricos del país. Según el ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo correspondiente al tercer trimestre de 2015, se ubica en la sexta posición entre los 33 grupos evaluados.

La Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) es otra de las grandes empresas que figuran en el listado de Roberto Carrasco y que no rectificaron pagos frente al SII. Según el testimonio del ingeniero, el 14 de noviembre de 2013 la empresa siderúrgica realizó un giro por $5 millones a Asesorías VSA, la empresa utilizada por Carrasco para recolectar dinero para la aventura electoral de Laurence Golborne.

Aunque el control accionario de CAP lo tiene el empresario Juan Rasshmuss (empresario peruano radicado en Chile, tiene cerca del 40% de las acciones a través de diversas sociedades), el poder histórico en la empresa es ejercido por Roberto de Andraca, presidente de los directorios de CAP y de Invercap, la sociedad que posee el 31,32% de las acciones de la compañía. En diciembre de 2014 un artículo de El Mostrador relató las diferencias entre Rassmuss y De Andraca y cómo opera el poder de ambos al interior de la empresa.

Además de las sociedades de los Hurtado Vicuña y de CAP, la empresa alimenticia Watts también aportó a la campaña de Golborne, a través de VSA, la empresa de asesorías tributarias de Carrasco. Las marcas Loncoleche, Calo, Wasil, Yogu Yogu, aceites Belmont y Chef, Regimel y la Viña Santa Carolina son parte de Watts. La empresa es controlada por Fernando Larraín Peña, quien es supernumerario del Opus Dei y uno de los dueños de Larraín Vial. Otro de los controladores de ese fondo de inversiones, Leonidas Vial, también participa en el directorio de Watts.

Según lo relatado por Carrasco a la Fiscalía, el 4 de noviembre de 2013 Watts pagó $5 millones a VSA por un trabajo no realizado, y que tenía como fin donar dinero a la campaña senatorial de Laurence Golborne.

Respecto de la quinta sociedad involucrada en los aportes a Golborne que no registra rectificaciones, Roberto Carrasco declaró tener dudas. Pero de todas formas señaló a la Fiscalía que el 15 de noviembre de 2013, GT Advisors Asesorías e Inversiones pagó $2 millones a VSA. GT es la continuadora legal de “Guillermo Tagle y Compañía Limitada”. Tagle acaba de abandonar la presidencia de Icare y preside IM Trust, además de ser profesor en la Universidad Católica. Fue también uno de los más leales seguidores del sacerdote Fernando Karadima al punto de haber administrado por años los dineros de la Parroquia El Bosque.

Mientras la investigación de la Fiscalía sigue su curso, la incógnita que resta por resolver es qué hará Impuestos Internos con la contundente declaración de Roberto Carrasco y las diez empresas que, según ha quedado acreditado, también entregaron aportes ilegales a la campaña de Golborne. De hecho, ya el presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, reconoció el fin político de las donaciones, asegurando que con ello buscaba aportar a quienes defenderían el modelo de libre mercado.

LA RUTA DE UN EXPERTO ASESOR TRIBUTARIO

La historia de Carrasco se había desarrollado sin tropiezos hasta fines de 2014, cuando comenzó a revelarse la trama de los delitos tributarios del Grupo Penta, una historia en la que él juega un rol protagónico. Pero hasta entonces, quien se inició como un modesto contador de la Caja Bancaria de Pensiones (que luego se transformaría en Banmédica, cuyo control está en manos del Grupo Penta y Eduardo Fernández León) solo había sabido de éxitos y ascensos. Un reportaje de la revista Qué Pasa relató como el ingeniero comercial a mediados de los ‘90, llegó a ser el contralor de Banmédica, holding en el que participan las clínicas Santa María, Dávila y Américo Vespucio, además de la Isapre Vida Tres, clínicas regionales, Help y que además tiene inversiones en Perú y Colombia.

En paralelo a su trabajo en Banmédica, Carrasco levantó su primera inversión particular: Siglo XXI, la que luego evolucionó efn Siglo Outsourcing, la firma que controla a VSA. Desde 2005 las oficinas de Siglo se ubicaron frente a las de Banmédica, en calle Hendaya, en Las Condes. Testimonios recogidos por Qué Pasa dan cuenta de cómo Carrasco se asoció con otros ejecutivos de Banmédica y Penta, como Carlos Kubick y Héctor Concha, para hacer negocios. Los mismos testimonios relatan que muchas veces personal contratado por la empresa de salud debía cumplir funciones para la sociedad de Roberto Carrasco.

Los negocios del amigo de Golborne no se limitan a la asesoría tributaria que realiza a través de Siglo y de VSA. El Diario Oficial da cuenta de varios de sus emprendimientos inmobiliarios. Casi nunca está solo en ellos, y ha sido socio del mismo Golborne, de Héctor Concha y del ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. Roberto Carrasco es un hombre que se mueve cómodo en el mundo de la derecha. En 1997 constituyó Trycom, empresa de asesorías, junto al ex subsecretario Julio Dittborn (UDI), a la ex ministra Magdalena Matte (cónyuge del actual presidente de la UDI, Hernán Larraín), Isabel Margarita Lanas y Juan Illanes. Aunque a poco andar él se hizo con la propiedad de la firma. A la vez, ha sido asesor tributario de Joaquín Lavín, Pablo Wagner (imputado en la arista SQM), y del mismo Golborne.

La declaración que hizo el ingeniero comercial en noviembre pasado en la Fiscalía marcó un hito inédito en la investigación del financiamiento irregular de la política: es la primera vez que un imputado reconoce movimientos para financiar una campaña electoral que involucra a tantas empresas al mismo tiempo. El nuevo paquete forma parte de la arista Penta, a cargo del fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien tiene plazo para investigar hasta fines de marzo.

Pese al cúmulo de pruebas que se han acumulado en el expediente relacionadas con los pagos ilegales de las diez empresas mencionadas por Roberto Carrasco, hasta ahora Impuestos Internos no se ha pronunciado.

La única querella que pesa sobre el amigo de Laurence Golborne fue presentada por Impuestos Internos el  2 de marzo de 2015. Carrasco fue incluido en una acción legal contra 27 personas ligadas al Grupo Penta que participaron en la firma de contratos forward irregulares (Ver reportaje CIPER “Contratos forward: así se rompió el secreto de la mayor fórmula de evasión tributaria de Penta“). Se lo acusa de firmar cinco forward: tres con Penta S.A., uno con Inversiones Penta III y uno con Inmobiliaria Duero, sociedad familiar de Carlos Alberto Délano. A ello se agrega un contrato de asesorías de VSA  con Penta, que también resultó ficticio: el holding pagaba dineros a VSA para que esta a su vez pagara bonos a sus ejecutivos, utilizando boletas falsas.

Si se sigue la ruta de sus declaraciones, es posible constatar que Roberto Carrasco no tuvo en el inicio disposición a colaborar. En su segunda declaración ante los fiscales, el 19 de febrero de 2015, Carrasco mintió. En esa ocasión señaló: “No existen otros contratos de forward, ni de asesorías ni facturas irregulares con otras empresas, solo lo que he indicado”.

Debieron pasar nueve meses para que el dueño de VSA reconociera la existencia de facturas falsas como vehículo para recolectar dinero para la campaña presidencial de Laurence Golborne.

Fuentes cercanas a la defensa de Carrasco y Golborne, asumida por el abogado Juan Pablo Kinast, afirmaron a CIPER que están abiertos a lograr un acuerdo que posibilite un juicio abreviado, pero para ello es necesario que Impuestos Internos presente una nueva querella.

Roberto Carrasco tiene un blog en internet donde comparte noticias relacionadas con su labor de toda la vida: la asesoría tributaria. De hecho, la principal noticia que aparecía destacada el jueves 4 de febrero de 2016, era la condena al futbolista Javier Mascherano por fraude fiscal. No hay ninguna referencia a la investigación judicial en la que Carrasco es un importante protagonista por delitos tributarios reiterados. Y se entiende: de no mediar la colaboración que el dueño de VSA decidió prestar el 4 de noviembre pasado ante los fiscales, cuando reveló las diez empresas que aportaron fondos a la campaña de Golborne, al momento de su formalización en tribunales no habría podido evitar la prisión preventiva.

EL MISTERIO DEL USO POLÍTICO DE LOS FORWARD

Explicado en simple, un contrato forward consiste en la compra venta de un activo (en este caso, dólares) apostando al valor que este tendrá en el futuro. Como se trata de una apuesta, se puede ganar o perder. Pero en los cinco forward por los que el SII se querelló contra Roberto Carrasco, esa apuesta no existía ni para su empresa (VSA) ni para Penta, el otro firmante del contrato: hacían trampa.

El procedimiento era simple: falseaban la fecha de firma del contrato a sabiendas de que habría pérdidas para Penta, lo que les permitía evadir el pago de impuestos. Al tener pérdidas debido a estos contratos simulados, Penta reducía su carga tributaria pues el monto “perdido” era declarado como “gasto”. En la querella del SII se dice que luego, “una parte del dinero fue depositado (por VSA) en la cuenta personal del entonces gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo ($305 millones), y otra en la cuenta personal de Carlos Alberto Délano ($37 millones), para finalmente utilizar parte de esos dineros para pagar bonos a ejecutivos del Grupo Penta, y realizar otros desembolsos cuyo destino actualmente se desconoce”.

Por ejemplo, el forward  firmado supuestamente el 2 de enero de 2013 entre Penta y VSA estipuló la compra de dólares por US$5,6 millones, apostando a un dólar a $496 al 23 de abril de 2013. Lo cierto es que el contrato se firmó cuando ya se sabía que el precio del dólar a esa fecha era de $479, por lo que Penta perdió y debió girar la diferencia a VSA: $108 millones. Penta perdía y VSA ganaba, ese era el trato. Esta fórmula se repitió en los otros cuatro forward ilícitos detectados por Impuestos Internos.

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín

El propio Carrasco reconoció ante la Fiscalía que después de finiquitado el forward fraudulento cobraba una pequeña comisión junto con girar su supuesta “ganancia” a las cuentas personales de Hugo Bravo y Délano.

El destino final que le dieron los controladores del Grupo Penta a estos dineros, no está claro. Cuando finalmente decidieron renunciar a su derecho a guardar silencio, instalaron la duda sobre qué hicieron con las platas de los forward con VSA. El primero en declarar fue Carlos Alberto Délano. El 5 de enero de 2015 detalló: “Platas que  se usaron para pagar bonos, otras para pagos políticos y otros fondos cuyo destino se desconoce”.

Al día siguiente, el otro controlador del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, aportó otras hebras sobre el posible destino final de esas platas: “A la cuenta de Hugo Bravo fueron a parar $305 millones. Lo que detectamos es que se transfirieron fondos desde esa cuenta a ejecutivos de Penta por $68 millones. Los ejecutivos eran Óscar Buzeta, Marcos Castro, Francisco Astorga, Dora Pérez. Faltan $230 millones. De ese dinero, Hugo Bravo dice que entregó $100 millones a candidaturas de Longueira (Pablo), pero esto no nos consta y aunque así fuera, siguen faltando $137 millones”.

Marcos Castro, el alto ejecutivo de Penta señalado por Carlos Eugenio Lavín como uno de los beneficiados con los forward, también se pronunció sobre el destino final de esos dineros: los contratos con VSA correspondían a “simulaciones de unas supuestas asesorías que tenían por objeto generar recursos para pagar distintos ítems sin registro contable, como por ejemplo, bonos de ejecutivos y para pagos de políticos que no quedaron registrados en ninguna parte” (declaró el 22 de enero de 2015).

Son esos $100 millones que Hugo Bravo afirmó haber entregado en efectivo a Pablo Longueira los que hoy hacen ruido no solo en la Fiscalía, sino también en el SII. Porque ante las nuevas revelaciones de $730 millones –pagos asociados a Longueira- y que fueron rectificados por Soquimich por no tener respaldo contable, todo indica que ambos aportes bajo sospecha debieran acumularse en una nueva arista. A ella debieran agregarse otros pagos a sociedades y personas ligadas al ex senador y presidente de la UDI provenientes de empresas como BCI, Entel y Metalpar que hoy aparecen repartidas en distintas investigaciones.

Hasta diciembre, Guillermo Vergara Orellana tenía a su cargo el destino de US$ 360 millones de dólares del Ministerio de Educación (Mineduc), pero hoy está sumariado y denunciado ante el Ministerio Público por las sospechas de que se apropió de dineros fiscales e incluso de Naciones Unidas, cuyos indicios se destaparon en la comuna de Cerro Navia. La investigación –que recién comienza- enfrenta a Vergara con ex colaboradores en una guerrilla donde mutuamente se acusan de falsos testimonios.

Vergara era jefe de la Unidad de Apoyo Municipal (UNAM), que debe gestionar los $259 mil millones que el Congreso aprobó para 2016 con el propósito de financiar el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Este dinero busca fortalecer la gestión municipal y pavimentar el camino hacia la desmunicipalización, de modo que el Ministerio de Educación asuma el control de las escuelas con las cuentas saneadas. Sin embargo, en diciembre hubo cambio de planes: se inició un sumario y Vergara dejó el cargo sin esperar siquiera el resultado de la indagatoria.

El origen de la trama está en Cerro Navia, una comuna con su corporación educacional prácticamente en la bancarrota y donde Vergara actuó en nombre del Ministerio de Educación para intentar poner orden en las cuentas y hacer viable la educación pública. El ex jefe UNAM –que alega total inocencia– terminó acusado de hacer recortes en obras que se pagaron con fondos del FAEP, pero en el camino se le han ido imputando otras irregularidades que plantean la duda de si se está frente a la punta del iceberg de ilícitos mayores.

Foto: U. de Chile

Vivien Villagrán, jefa de la División de Planificación y Presupuesto del Mineduc y ex jefa de Vergara, dice que apenas se conoció la denuncia se inició un sumario y se entregaron todos los antecedentes al Ministerio Público, que deberá investigar si existen delitos. Además, se iniciará una autoría al manejo del FAEP, pero aún no está claro si lo hará la Contraloría o se encargará a un ente externo. “La preocupación nuestra es que esto sea lo más transparente, claro y probo posible. Cualquier cosa que afecte esa visión, nubla lo más importante que estamos haciendo. Nos da lo mismo que sean 100 pesos o muchos millones, porque creemos que el efecto que produce desde el punto de vista de cómo se mira el proceso, complica una gestión que tiene el genuino interés en apoyar la desmunicipalización”, afirma Villagrán.

De profesión asistente social, quienes conocen a Vergara lo identifican como un experto en gestión pública. Militante PPD alejado del partido, ya había trabajado en el Mineduc durante la gestión de Sergio Bitar, así como también en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en tiempos de Francisco Vidal.

LA REMODELACION SOSPECHOSA

La gestión educacional ha sido uno de los puntos negros del gobierno municipal del alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), hoy formalizado en la investigación por las irregularidades en las licitaciones de la basura. A fines de 2013 y como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia (Cormucena), Plaza decidió cerrar cuatro escuelas, desatando feroces protestas de los vecinos, que se tomaron los recintos e iniciaron acciones para forzar su reapertura. La Seremi metropolitana de Educación determinó que efectivamente el cierre no había cumplido la normativa y ante la nula voluntad de Plaza de hacerse cargo de las escuelas, decidió nombrar una administradora provisional.

El nombramiento recayó en Cecilia Brito Guerra, quien asumió en julio de 2014 con el encargo de viabilizar la reapertura de los colegios. Finalmente tres de éstos volvieron a funcionar, pero a fines de ese año se terminó el mandato de Brito y legalmente no podía ser renovado. El Mineduc debió entonces idear una fórmula para que continuara la gestión y, además, para enfrentar la severa crisis de la educación municipal en la comuna. Al día de hoy, reconoce Vivien Villagrán, el ministerio no sabe con certeza a cuánto asciende la deuda municipal, pero maneja un rango de entre $6 mil y $9 mil millones.

Foto: Linkedin.

La solución estuvo liderada por Guillermo Vergara, quien le pidió a uno de los funcionarios de la UNAM, Mauricio Verón, que asumiera, en acuerdo con la Cormucena, como coadministrador de los colegios. Así las cosas, Verón fue enviado por el Mineduc para administrar los colegios municipales, pero su calidad es de funcionario de la corporación de Cerro Navia, sin ningún lazo formal con el ministerio.

En vez de instalarse en la Cormucena, Verón decidió que remodelaría una parte de la Escuela Ciudad Santo Domingo de Guzmán, donde Brito y su equipo ya habían habilitado sus oficinas. Según dice, era para “desmarcarse de la corporación, que no contaba con la confianza de la comunidad”, aunque hasta ahora no ha ocupado las nuevas instalaciones.

Pero con las obras comenzaron los problemas. La remodelación fue encargadas a la empresa Roberto Juan Vera Paredes, representada por el contratista Ernesto González, quien hizo un presupuesto por $18 millones. La acusación que recae sobre Vergara y que es el eje central del sumario del Mineduc, es que en realidad las obras costaron $11 millones y que el ahora renunciado funcionario público habría pedido que González le pasara los $7 millones de diferencia.

Guillermo Vergara asegura que la acusación es falsa y que él ni siquiera propuso que se contratara a González, aunque admite que lo conocía con anterioridad, pues fue el subcontratista del arquitecto que le construyó una casa. Quién llevó a González, asegura, fue Luis Sotomayor, quien le construyó otra casa y a quien sí recomendó ante Cecilia Brito para que fuera su encargado de mantenimiento.

Sotomayor se convertiría en el hombre de confianza de Brito y coincide con ella en que se enteraron de las obras el día en que los maestros llegaron a trabajar a la escuela sin previo aviso. Dicen que Ernesto González venía enviado por Mauricio Verón y recomendado por Guillermo Vergara. Verón, a su vez, afirma que se recibieron tres cotizaciones y que la decisión técnica de contratar a González recayó en Sotomayor, un simple encargado de mantenimiento. El punto puede parecer menor, pero es clave para determinar si efectivamente González estaba coludido con Vergara.

Salas remodeladas del Colegio Ciudad Santo Domingo de Guzmán.

La situación era oscura y Brito se negó a pagar por las obras realizadas por González, pues ya le habían dicho que el presupuesto estaba inflado. Finalmente Verón tuvo que hacerse cargo de la cuenta con plata de la corporación municipal. Lo que deberá determinar la fiscal del Mineduc y el Ministerio Público es si se pagó un sobreprecio con fondos públicos y si ese dinero terminó en manos de Guillermo Vergara.

La tensión por quién cancelaría las obras destapó otras acusaciones contra Vergara. Entre ellas, que el funcionario se reunió con Cecilia Brito en el restorán “Pimienta”, de su propiedad, para presentarle a Aldo Pérez, quien podía suministrarle un software para gestionar el pago de personal. Brito dice que rechazó la oferta cuando descubrió que Pérez era socio de Vergara en el mismo restorán. Guillermo Vergara, en cambio, desmiente completamente este episodio.

LAS PLATAS DE LA UNESCO

El sumario contra Guillermo Vergara contiene dos cartas firmadas por Luis Sotomayor, en que detalla una serie de irregularidades. Ambos se conocen hace muchos años y, según Vergara además de trabajos en su casa, Sotomayor ha hecho obras de mantenimiento en el restorán “Pimienta”. Vergara lo recomendó en 2015 para trabajar con Cecilia Brito y según su acusación, le ofreció también $30 millones si trabajaba en la mantención de otras escuelas alterando los valores reales de los presupuestos. Además, lo “invitó” a participar de un proyecto con la UNESCO, organización de Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura.

Según relata Sotomayor, Vergara le dijo que debía ir a buscar un cheque de $2,7 millones a las oficinas de la entidad y llevárselo a su despacho en el Mineduc. Afirma haberse sorprendido cuando Vergara le dijo que otras 15 personas realizarían el mismo trámite, que era una forma de reunir fondos para un alcalde amigo que debía pagar las imposiciones de sus funcionarios.  En total, necesitaba reunir $150 millones.

En la Unesco confirmaron a CIPER que existe un contrato a nombre de Luis Sotomayor, un reporte de tareas realizadas y el registro de que retiró personalmente el pago por ese trabajo. Sotomayor niega haber firmado ningún contrato o haber realizado alguna labor asociada a la UNESCO.

Cuando CIPER consultó a Vergara si existía algún contrato de Sotomayor con UNESCO, éste primero lo negó. Cuando se le dijo que el organismo internacional ya había confirmado la existencia del documento y del pago, explicó que en realidad sí había un contrato, pero que Sotomayor no había terminado el trabajo encomendado. Según su versión, la labor consistía en ser monitor de participación ciudadana, pero Sotomayor no quiso ir a terreno, por lo que sólo se le pagó por el diseño de la metodología de trabajo.

Al igual que en los casos anteriores, Vergara niega haberle pedido la plata de la UNESCO a Sotomayor. Atribuye todas las acusaciones en su contra a una “telenovela” montada por el miedo de Cecilia Brito de perder su cargo en Cerro Navia y a las presiones de la diputada y ex alcaldesa de esa comuna, Cristina Girardi (PPD).

Asegura que cuando se inició el sumario en el Mineduc no quisieron suspenderlo de su cargo para que no hubiera escándalo. Le dijeron que tomara permiso administrativo, pero a los cuatro días renunció debido a las presiones de la diputada Girardi. Sin embargo, enfatiza que la renuncia era al cargo y no al ministerio, donde le habían prometido recontratarlo en otro puesto. Eso no ocurrió y hace dos semanas le escribió una carta a la ministra Adriana Delpiano pidiéndole conocer las acusaciones que hay en el sumario, de modo de poder defenderse.

Ver también: La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política

El testimonio de Roberto Carrasco fue contundente. El 4 de noviembre de 2015 el ingeniero comercial detalló los movimientos tributarios tramposos que protagonizó para recaudar dinero con el objeto de financiar la campaña presidencial de su amigo personal, Laurence Golborne. Según su relato, fue el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera quien hizo el contacto con diez empresas y su rol se limitó a emitir decenas de facturas falsas para recolectar la plata.

Esa declaración de noviembre resultó explosiva ya que incorporó a la indagatoria a empresas que no habían sido mencionadas entre las que utilizaron métodos ilegales para financiar la política. El listado de Carrasco fue el siguiente: Banco BCI, Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En el listado se incluyeron sociedades de inversión controladas por algunos de los grupos económicos más ricos del país, como el Grupo Said y el Grupo Hurtado Vicuña.

La revelación realizada por Roberto Carrasco, y las posteriores diligencias encargadas por el Ministerio Público, desafiaron el presagio murmurado por dirigentes políticos que aseguraba que no se investigarían más empresas luego de la crisis política generada por el financiamiento ilegal de Penta, Soquimich y Corpesca. Las rectificaciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por varias de las compañías incluidas en la lista de Carrasco, abrieron nuevas aristas en la investigación penal y volvieron a salpicar al sistema político. A esto se suma lo publicado el miércoles 10 de febrero por El Mercurio que indica que la Fiscalía Oriente pedirá al SII la totalidad de las rectificaciones hechas por las empresas que aparecen mencionadas en las 60 carpetas que acumula la indagatoria al Grupo Penta. Y ese es precisamente el expediente donde se ubica el testimonio de Roberto Carrasco.

Presidenta Michelle Bachelet

Todas las empresas mencionadas por Carrasco en su declaración ante la Fiscalía realizaron depósitos, a cambio de facturas falsas, a la empresa Asesorías VSA, la que se dedica a la asesoría tributaria y que es propiedad del ingeniero comercial. Pero la investigación que gatilló la declaración de Carrasco, reveló que no era solo Laurence Golborne el beneficiado con esos aportes.

El detalle de la rectificación realizada por el Banco BCI volvió a instalar la duda sobre dirigentes de la UDI como Pablo Longueira, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, María José Hoffmann y Javier Macaya. Fue el propio presidente del banco, Luis Enrique Yarur, quien declaró ante la Fiscalía que estos pagos se realizaron para apuntalar a candidatos que defenderían el libre mercado.

En el caso de Ripley los aportes aparecen más transversales. Destaca un pago rectificado a Asesorías Credo, empresa controlada por Diego Perry, uno de los publicistas que diseñaron y ejecutaron la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El Mercurio reveló correos electrónicos internos de la multitienda donde se menciona al recaudador Giorgio Martelli como el gestor de estos aportes, los que totalizaron $50 millones. La rectificación de Ripley también incluyó aportes a empresas relacionadas con la fallida campaña presidencial de Andrés Velasco –líder de Ciudadanos, movimiento que apuesta a representar el centro liberal-, y otro pago a una sociedad vinculada a Pablo Zalaquett.

Las dos sociedades del Grupo Said mencionadas por Carrasco (Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia, continuadora de Newport) también registran extensas rectificaciones, las que fueron reveladas por CIPER (Ver reportaje CIPER “Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC“) en diciembre y que incluye a sociedades ligadas al ex presidente Sebastián Piñera, a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle (en 2009), además del lobista Enrique Correa y el ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI), quien fue candidato a senador en 2009. En este reportaje se da cuenta de una nueva rectificación ingresada a Impuestos Internos por los Said Handal a través de sus sociedades Santa Virginia y Wilsim Corporation, quienes sumaron pagos por $389 millones a los $95 millones que ya habían rectificado en una primera instancia.

Lo que obstaculiza el avance de esta indagatoria es que no toda la información contable de las empresas incluidas en el listado de Roberto Carrasco está en manos de la Fiscalía. Esto porque, tal como informó CIPER (Ver reportaje CIPER “La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política“) el SII informó a los fiscales el 7 de diciembre pasado que ni Watts ni CAP ni GT Advisors han presentado rectificaciones, mientras que no se han realizado auditorías ni se cuenta con la información respecto de las dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña involucradas: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-.

La situación judicial y tributaria de estas empresas podría complicarse, ya que existiendo evidencias en la indagatoria del Ministerio Público de pagos a políticos por fuera de la vía legal, y no habiendo rectificaciones ante el SII, estas compañías podrían estar adeudando impuestos más los intereses y multas correspondientes, los que sí fueron cancelados por otras empresas involucradas en el financiamiento irregular de la política.

DEFENDER EL NEOLIBERALISMO

El 13 de enero pasado el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, declaró como imputado frente a los fiscales para aclarar los aportes realizados a diversos dirigentes políticos por esa institución financiera. Yarur justificó los pagos irregulares a sociedades relacionadas con Laurence Golborne indicando que el ex ministro de Sebastián Piñera le “pareció una buena carta política para defender el libre mercado”.

Laurence Golborne

En total, el BCI aportó con $112,8 millones a la campaña de Golborne. Lo hizo mediante dos giros a la sociedad Asesorías VSA, de Roberto Carrasco, y otros seis a Vox Comunicación Estratégica, la misma empresa usada por Golborne para obtener apoyo económico desde Penta, grupo que le aportó $120 millones a través de seis pagos de $20 millones entre enero y junio de 2013. Por esas transacciones Impuestos Internos se querelló en contra de Laurence Golborne en octubre pasado, aunque esa acción legal no consideró los nuevos antecedentes surgidos en la indagatoria de la Fiscalía y que ligan a Golborne con pagos irregulares desde otras diez empresas.

Luis Enrique Yarur reconoció ante la Fiscalía que los aportes realizados a Golborne no tuvieron respaldo contable, ya que ningún trabajo que sirviera a la empresa para producir su renta fue aportado por el ex candidato de la UDI: “Hay dos casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades, Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Laurenece Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”.

Yarur afirmó también que fue el entonces candidato Golborne quien lo visitó “en un par de ocasiones” para solicitarle recursos, ofreciéndole la intermediación de VSA y Vox. “No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen y como dije fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, resaltó el presidente del Banco BCI.

El banco de los Yarur presentó dos rectificaciones tributarias ante el SII. La primera, el 22 de junio de 2015, por pagos que totalizaron $237 millones y que incluyeron los años tributarios de 2010 a 2015; y una segunda, que ingresó al SII el 25 de junio. Esa segunda rectificación fue por $21,7 millones e incluyó pagos irregulares del año tributario 2009. En total, el banco reconoció haber transferido $259,5 millones a figuras jurídicas y personas naturales que no prestaron ningún servicio a la casa financiera.

La mayoría de los beneficiados con los traspasos de dinero del BCI están relacionados con la UDI. Destaca el ex alcalde y ex candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett, con un sueldo de $700 mil que el banco le pagó, al menos entre enero de 2008 y diciembre de 2013. Esos dineros, $47,6 millones en total, fueron transferidos a las cuentas de dos sociedades utilizadas por Zalaquett en su campaña: Asesorías e Inversiones La Manada (la misma que aparece vinculada a rectificaciones realizadas por SQM y Copec) e Inversiones y Asesorías ZB. Aunque según Yarur en este caso los pagos corresponden a asesorías personales, de todos modos los rectificó ante el SII junto al resto de los aportes políticos.

Javier Macaya

Los pagos rectificados por el BCI también complican al diputado Javier Macaya (UDI), quien ha sido socio del estudio Ossa, Long & Macaya Abogados, el que el 15 de mayo de 2013 recibió $5 millones desde el BCI. Macaya no ha tenido un rol protagónico en el financiamiento irregular de la política a pesar de que ya acumula varios pagos cuestionados por empresas: SQM rectificó otros $5 millones girados a su cónyuge, Constanza Farías, en octubre de 2012, mientras que Inversiones Caburga, de la familia Said Somavía, rectificó otros $11 millones pagados en 2013 también a la esposa del diputado.

Sobre el pago del BCI al estudio de abogados Ossa, Long & Macaya, el diputado aseguró a CIPER que abandonó ese staff en 2010, por lo que no estaría involucrado en el pago recibido tres años después. Sin embargo, en la página web del estudio, Macaya aparece como socio y su apellido aún figura en el nombre de la firma. Sobre este punto, el legislador afirmó que se trata de un error y que solicitará a sus ex socios que modifiquen esa información. En el mismo staff figura como socio Felipe Alessandri, concejal UDI de la comuna de Santiago.

Según el Ministerio Público, Javier Macaya formaba parte de la estructura montada por Jovino Novoa para financiar campañas electorales de la UDI. Durante la formalización de Novoa, el fiscal Emiliano Arias leyó una serie de correos entre Novoa, Macaya y Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños del Grupo Penta. “Estimado Carlos Eugenio, de acuerdo a lo conversado con Jovino le hice llegar una lista más depurada que es la que viene más abajo priorizando lo que hablamos. Un abrazo y de verdad muchas gracias”, le escribió Macaya al empresario en 2012, en un correo electrónico que incluyó un listado de candidatos a concejales y alcaldes de la UDI por la Región del Maule. Cabe recordar que Macaya es diputado por un distrito de esa misma región.

Quien también figura con un pago rectificado del BCI es Ximena Carbacho, esposa del administrador electoral de la campaña senatorial de Ena von Baer, Jorge Bussenius. $11 millones le pagó el BCI el 16 de abril de 2013, cuando recién partía la campaña parlamentaria de ese año. Bussenius aparece con un pago rectificado en la arista SQM, donde su sociedad Asesorías IMBC recibió $35 millones desde SQM Salar también en 2013.

Otros pagos ligados a la UDI incluidos en la rectificación del BCI son: $8,8 millones para Ana Carolina Palacios, cuñada de Carmen Luz Valdivielso, la asesora de mayor confianza de Pablo Longueira y quien aparece señalada por varios testigos como la persona que recaudaba aportes para el ex presidente de la UDI; $5,5 millones para Gustavo Alessandri, ex concejal del partido; $5,5 millones para Carmen Soza del Río, ex asesora de la Fundación Jaime Guzmán y del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera; $12,5 millones para el Centro de Investigaciones Sociales, controlado por la familia del analista Gonzalo Müller, esposo de la diputada María José Hoffmann; $5,5 millones al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (quien renunció a la UDI hace pocos meses) el 16 de febrero de 2010; y $15 millones el 29 de abril de 2014 para Marne SpA, sociedad en la que participa el diputado de Evópoli, Felipe Kast, aunque este negó a La Tercera que se trate de pagos políticos (revise la rectificación completa del Banco BCI).

Luis Enrique Yarur

En su declaración judicial, el presidente del BCI separa en tres grupos los pagos rectificados. Primero identifica aportes que fueron a campañas de la UDI, en que no sabe quién solicitó el dinero, correspondiente a las boletas emitidas por Ximena Carbacho, Ana Palacios, Carmen Soza, Juan Masferrer, Jorge Brito, Gustavo Alessandri, Rodolfo Carter y al estudio jurídico Ossa, Long & Macaya. En un segundo grupo incluye los pagos para financiar la campaña de Golborne, a través de VSA y Vox, mientras que en una tercera categoría identifica empresas que, según dice, sí prestaron servicios al banco: Centro de Investigaciones Sociales, René Hormazábal y Marne SpA. Según el testimonio de Yarur, el criterio del BCI para rectificar pagos fue identificar a todas las sociedades o personas naturales que aparecieran vinculadas a financiamiento irregular de la política en la investigación del Ministerio Público o en los reportajes relativos al tema aparecidos en la prensa.

La declaración que el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, entregó a la Fiscalía el 13 de enero, deja claro por qué solo aparecen dirigentes políticos de derecha en los aportes a campañas de esa institución financiera: “Yo tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación”. Y agregó: “En todos estos casos son aportes políticos y las boletas o facturas tienen mi visto bueno, que es mi media firma. Sé que son aportes políticos, porque se compararon a estas personas con la lista de proveedores y estas personas no le prestaron ningún servicio al banco”.

RIPLEY Y LA NUEVA VENTANA A LA CAMPAÑA DE BACHELET

La rectificación ingresada por la multitienda Ripley, a través de dos de sus sociedades controladoras, Ripley Corp y Comercial Eccsa, fue más acotada que la del Banco BCI. Se rectificaron pagos entre 2012 y 2014 por un total de $104 millones. Parte de ese monto son los $15 millones que Roberto Carrasco declaró haber facturado a la multitienda sin prestar ningún servicio y que fueron aportes para Laurence Golborne.

Entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se giraron tres pagos a Asesorías VSA, una de las empresas de Carrasco que participó en la triangulación de dineros irregulares para el ex candidato de la UDI. Antes, en mayo de 2013, Ripley ya había girado otros $5 millones a Vox Comunicaciones, la sociedad fundada por Golborne y que también sirvió de puente para financiar su apuesta electoral. En total, $20 millones giró Ripley en beneficio del ex ministro de Minería y Obras Públicas del gobierno de Piñera.

Pero la rectificación de Ripley ante Impuestos Internos contenía otros aportes sorpresa. La multitienda controlada por la familia Calderón rectificó también $50 millones pagados a Asesorías Credo, una sociedad que se vincula directamente con el comando presidencial que llevó de vuelta a Michelle Bachelet a La Moneda.

El documento oficial ingresado por la empresa al Departamento de Delitos Tributarios del SII el 27 de abril de 2015, detalla que los pagos se realizaron el 12 de diciembre de 2013 por $27,7 millones –tres días antes de la segunda vuelta que le otorgó a Bachelet más del 62% de los votos-,  y el 13 de enero de 2014 por $22,2 millones, un mes después de los comicios le dieron el triunfo a la actual Presidenta.

Asesorías Credo es una sociedad que se formó apenas unos meses antes de recibir $50 millones desde Ripley. El 20 de agosto de 2013 en la Notaría de Alberto Rojas López, en Santiago, el publicista Diego Perry y su esposa, Magdalena Velasco Weber, constituyeron Credo con un capital inicial de $1 millón. El objeto fue amplio e incluyó la prestación de asesorías y consultorías en materias comunicacionales, de imagen, publicitarias y marketing, y todo tipo de actividad inmobiliaria. Perry es el publicista que, junto a José Miguel Kiko Carcavilla, ideó la última campaña electoral de Bachelet. Durante la segunda vuelta de esa misma campaña, Asesorías Credo aparece como proveedora rindiendo $15 millones por publicidad radial, según el registro público del Servel. Otra sociedad de Diego Perry –Servicios y Publicidad La Clínica-, prestó servicios a la campaña de Bachelet, pero en primera vuelta, donde recibió $175 millones por “asesoría creativa”. Esa misma compañía figura en el listado de pagos rectificados por SQM con $48 millones sin respaldo contable.

Diego Perry es hijo de Ximena Aldana, esposa de Juan Carvajal, el ex hombre fuerte de la Secretaría General de Comunicaciones de La Moneda durante el primer gobierno de Bachelet. Hoy es uno de los ejecutivos de Imaginacción, la empresa consultora y de lobby liderada por Enrique Correa. Por su parte, Aldana fue por 16 años secretaria del ex ministro Sergio Bitar, asesora de Andrés Velasco cuando este era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet y ha integrado la comisión política del PPD.

El Mercurio reveló un correo electrónico fechado el 9 de diciembre de 2013, entre el gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp, Miguel Nuñez, y el gerente general corporativo, Lázaro Calderón, donde acuerdan pagarle a Asesorías Credo un informe de coyuntura política, económica y legislativa. El asunto de ese correo es “orden de compra a Giorgio Martelli”. Como ha quedado acreditado en la indagatoria del Ministerio Público, Martelli es uno de los principales recaudadores de dineros para las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y está imputado por participar en la triangulación de dineros de SQM para financiar la campaña de Bachelet.

Giorgio Martelli ya fue interrogado por los fiscales sobre de los pagos irregulares que llegaron a la campaña de la Presidenta desde empresas del Grupo Angelini, pero no así sobre los pagos que otras empresas aportaron a esa misma campaña a través de las sociedades de uno de sus publicistas.

La rectificación ingresada por Ripley al SII se completa con $24 millones pagados a Ernesto Evans, ex yerno del senador Andrés Zaldivar (DC); $4,5 millones a Comunicaciones Paréntesis, sociedad constituida en 2003 por miembros del círculo político de Andrés Velasco, como Juan José Santa Cruz, Mariana Aylwin, Walter Oliva y el mismo Ernesto Evans. El Mercurio reveló un correo electrónico en que el actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman (quien integró el comando presidencial de Andrés Velasco), pregunta a uno de los gerentes de Ripley por los pagos a Comunicaciones Paréntesis. Finalmente, aparecen rectificados $3 millones pagados por Ripley a Reactor SpA, ya mencionada como vehículo del financiamiento irregular de la fracasada campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) (Revise aquí el listado completo de la rectificación de Ripley).

COMPAÑEROS DE DIRECTORIO

Daniel Mas Valdés

El detalle de la rectificación que hizo Inmobiliaria Ecomac Santiago ante Impuestos Internos provocó que funcionarios de la entidad fiscalizadora revisaran una donación de $50 millones a la Fundación María Educa, la que después fue aprobada por el SII. No ocurrió lo mismo con la duplicidad de ingresos que declaró esa empresa por ventas de inmuebles. Lo extraño es que en la información enviada por el SII al Ministerio Público no hay indicios de los pagos efectuados a VSA y que finalmente fueron a la campaña de Laurence Golborne. Según declaró Roberto Carrasco, la inmobiliaria donó $25 millones a través de dos facturas falsas pagadas el 9 de septiembre y el 4 de noviembre de 2013.

La Inmobiliaria Ecomac es controlada por Daniel Mas Valdés (actual presidente de Inversiones Norte Sur, firma que controla junto a Aníbal Correa), empresario oriundo de la Región de Coquimbo, desde donde Ecomac creció como inmobiliaria de la mano de su padre, Daniel Mas Rocha. La empresa tiene proyectos millonarios en el norte del país, aunque en 2014 Mas Valdés declaró a El Mercurio que, debido al clima generado por las reformas impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet, habían postergado proyectos por una suma cercana a los US$100 millones.

Laurence Golborne no era un desconocido para Daniel Mas Valdés, ya que ambos fueron miembros del directorio de Concreces Leasing S.A., empresa de la familia Mas. Así quedó registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se establece que en 2009 Golborne se integró como director a la compañía presidida entonces por Daniel Mas Rocha y en cuyo directorio participaba su hijo, Daniel Mas Valdés. El ex candidato presidencial abandonó esa gestión el 10 de marzo de 2010, cuando ingresó al gabinete de Sebastián Piñera.

MÁS PLATA DE LOS SAID

En diciembre CIPER reveló las rectificaciones de impuestos ingresadas al SII por dos sociedades del Grupo Said: Inversiones Caburga (de los Said Somavía) y Newport (de los Said Handal). En total, sumaron casi $750 millones. No era lo único: porque en 2015 la rama familiar Said Handal había ingresado una nueva rectificación, esta vez correspondiente a pagos de otras dos sociedades bajo su control: Inversiones Santa Virginia (continuadora legal de Newport desde 2012) y Wilsim Corporation. En total, ambas rectificaron pagos por $389 millones, lo que eleva el total rectificado por los Said a más de mil millones entre 2009 y 2014.

A través de dos documentos ingresados el 15 de mayo y el 30 de junio de 2015 en Impuestos Internos, Santa Virginia reconoció nuevos pagos sin respaldo contable. Los nombres tras esos pagos rectificados llaman la atención: una de las personas que aparece en ese listado recibiendo la mayor cantidad de dinero es Francisco Said de Maria, hermano del patriarca del grupo, Juan Said de Maria, y tío de los seis hermanos Said Handal (Jaime, Sara, Ana, Javier, Gonzalo y Virginia) que hoy están a cargo de los negocios familiares. Francisco Said recibió $145 millones que no tendrían respaldo, según la rectificación hecha por Santa Virginia.

En su última declaración ante el SII, los Said Handal incluyeron los $20 millones que aportaron a la candidatura de Golborne el 31 de marzo de 2013, a través de Siglo Outsourcing, empresa de Roberto Carrasco y controladora de VSA. En esa declaración llaman también la atención otros pagos rectificados, cuyo receptor no se identifica y que se inscriben como “fondos por rendir”: $30 millones, el 12 de octubre de 2012; $10 millones, el 30 de enero de 2013; $20 millones, en abril de 2013; $30 millones, en mayo de 2013; $10 millones, el 27 de junio de 2013 y $17 millones, en diciembre de 2014 (ver detalle de las nuevas rectificaciones de Santa Virginia y Wilsim Corporation).

Santa Virginia es un fondo de inversión formado por los Said Handal en 1992, en cuya propiedad participan Wilsim Corporation (constituida en el paraíso fiscal de Panamá, antes representada por José Domingo Eluchans y actualmente por Felipe Larraín Tejeda, de Claro & Asociados) y Compañía de Leasing y Arriendo, formada por el matrimonio Said Handal.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con algún representante de esta rama familiar del Grupo Said, pero no fue posible. El Grupo Said participa en el Banco BBVA y Embotelladora Andina, además de estar presentes en el control de Parque Arauco, tener representación accionaria en Envases del Pacífico, en la Viña Principal y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

Nota de la Redacción: Este artículo fue actualizado el jueves 11 de febrero a las 17:20 horas.

A 12 años del desastre ecológico que terminó con la vida de miles de cisnes cuello negro en Valdivia, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) publicó en noviembre pasado una norma de calidad del agua que, por primera, vez regula específicamente la cuenca del río Valdivia. Celulosa Arauco y Constitución (Celco), propiedad del grupo Angelini y que en 2014 fue encontrada culpable por la Corte Suprema de la muerte de los cisnes, inició ahora acciones legales para invalidar la nueva regulación, alegando que le sería imposible adecuarse a las nuevas exigencias.

Esta Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) establece los límites de distintas sustancias que el río puede sostener y, que en caso de sobrepasarse, implicaría que el curso de agua sea declarado como saturado. El objetivo es conservar el entorno, que incluye al Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter y su humedal, en un estado lo más cercano posible al que tendría sin la presencia humana. Pero las nuevas exigencias han generado rechazo entre las empresas asentadas en la zona, crispando el clima. Tanto, que en menos un mes ya habían ingresado tres reclamos ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Además del que presentó Celco, también reclamaron la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos (Codeproval, de la que también es parte Celco) y Forestal Calle Calle.

La dictación de la norma tiene un historial de polémica. A comienzos de 2014, las autoridades ambientales del recién asumido gobierno de Michelle Bachelet se percataron de que la Contraloría había tomado razón de la NSCA del río Valdivia el 10 de marzo –un día antes del cambio de mando– y que ese decreto tenía cambios importantes con respecto al anteproyecto elaborado luego de un largo proceso de evaluación científica y participación ciudadana. Entre otras cosas, el punto de toma de muestra más cercano a la planta de Celco se había alejado unos 17 kilómetros, lo que implicaba que al momento de medirse la concentración de sustancias, éstas estaban mucho más diluidas. Se decidió entonces no publicar decreto, que se reformuló ahora con parámetros más rígidos y un punto de captación a sólo tres kilómetros de la planta.

Desde Celco indicaron a CIPER que, con esta nueva norma, cualquier descarga de sustancias al río va ser inviable y que, incluso, la operación de la planta corre un riesgo importante en su funcionamiento a largo plazo.

La empresa, que en 2014 fue condenada a pagar $5.200 millones por los daños ambientales causados al río, hace clara su posición en el escrito presentado ante el tribunal ambiental:

“Los parámetros de calidad de las aguas considerados en la norma, tendría como única consecuencia (indirecta) aumentar aún más las ya altísimas exigencias impuestas a Planta Valdivia y, por cierto, la imposibilidad técnica de adaptarse a ellas”, dice el escrito firmado por los abogados representantes de Celco, Mario Galindo y Andrés Bordalí (ver documento).

EL DECRETO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

En abril del 2014, unos meses después de que Celco fuera encontrado culpable de la contaminación del río Cruces –parte de la cuenca del río Valdivia–, se estaba por dar el paso más significativo para la protección de la cuenca de la Región de Los Ríos. Tras el visto bueno de la Contraloría, estaban listos para su publicación en el Diario Oficial los decretos que normaban las aguas que atravesaban por la cuenca de Valdivia, además de Biobío y Maipo. Sin embargo, el Ejecutivo decidió detener el proceso y volver a revisar su contenido, impidiendo la entrada en vigencia de las normas para la protección de estos caudales.

Las alarmas se habían encendido en el Ministerio de Medio Ambiente cuando una profesional alertó a las jefaturas de que el decreto Nº55/2013, que regulaba las aguas de la cuenca del río Valdivia (ver documento), había sufrido cambios de última hora que relajaban las exigencias. Hubo modificaciones entre el anteproyecto que se envió al Consejo de Ministros y también entre el acuerdo que éste organismo envió al Presidente Sebastián Piñera y el documento que finalmente se envió a la Contraloría. A la luz del resultado final, las sospechas eran que el más beneficiado era Celco, justamente la empresa que había generado el desastre ambiental que justificaba la norma.

En concreto, habían flexibilizado los parámetros normados y la posición del área de vigilancia RC II, el punto cercano a la planta de Celco. Los parámetros normados en el anteproyecto eran 17 (ver documento), no obstante, en el decreto enviado por la administración de Sebastián Piñera sólo se mencionaban 15. Aunque se agregaban dos nuevas sustancias, se eliminaron de la lista cuatro: sodio, calcio, magnesio y potasio. Y también se descartaron las mediciones “totales” en el lecho del río por las “disueltas”, que son las que se miden en el cauce, como fue el caso de los metales (cobre, aluminio y hierro). Además, se modificaron los límites permitidos de algunas sustancias. Por ejemplo, el sulfato pasó de un rango de entre 3  y 7 mg/litro en el anteproyecto, a entre 5 y 10 mg/litro en el decreto de 2013.

El nuevo gobierno también detectó importantes cambios en las coordenadas establecidas para la toma de muestras del río Cruces. De hecho, este cambio -dice el ministerio en su escrito ante el Tribunal Ambiental de Valdivia- se realizó entre la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros y la toma de razón de Contraloría. En específico, se modificó el punto final del área de vigilancia RCII, dejando a la planta de Celco en el inicio del área de vigilancia RCIII. Las muestras se toman en el punto de término de cada zona, en consecuencia, este cambio significaba que el control de la norma se desplazaba a aproximadamente 20 Km aguas abajo de las descargas de la Planta Valdivia de Celco, en vez de los tres establecidos originalmente. En ese momento, Carla Peña, seremi de Medio Ambiente de la Región de los Ríos, explicó esta situación a La Tercera:

-Entre la firma del ex presidente y la toma de razón de Contraloría, se estableció finalmente que el punto de muestra sería a 20 km, por lo tanto la disolución que van a tener los metales pesados será mayor y no podremos dar cuenta del impacto de Celco en la zona.

El ministerio trabajó dos años para establecer nuevas NSCA, retomando gran parte de los elementos establecidos en el anteproyecto original, además de agregar metales pesados y sodio (ver documento). En su respuesta al Tribunal Ambiental en la causa ingresada por Celco, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado Valdivia, Natalio Vodanovic (en representación del MMA), explicó las medidas tomadas (ver documento):

• Modificación de áreas de vigilancia: En el decreto del 2013, las dos fuentes más importantes que descargan al río, tanto de forma puntual como difusa (Celco y el poblado de San José de la Mariquina), quedaban en la misma área de vigilancia (RCIII), con la única posibilidad de ser controladas aproximadamente 20 km aguas abajo, en el sector de Cahuincura. Esta distribución no permitía evaluar por separado los potenciales impactos que estas fuentes podrían generar en la calidad fisicoquímica del río así como en el ecosistema asociado.
• Parámetros normados: Se restableció la propuesta contenida en el anteproyecto de la norma, considerando la importancia de los metales totales en los ecosistemas acuáticos y la calidad natural e histórica para sulfato, cloruro, sodio y oxígeno.
• Niveles de calidad: Se mejoraron los niveles de calidad ambiental del oxígeno, sulfato, sodio, cloruro, fosfato y metales, en consideración a los niveles establecidos en el anteproyecto, a la calidad actual de las aguas de la cuenca y considera una clase óptima y media para su monitoreo.

Celco alega que estas normas establecidas en el Río Cruces están entre las más estrictas a nivel mundial y hacen inviable las descargas de la compañía, ya reguladas por su Resolución de Calificación Ambiental (RSA).

El ministro (S) de Medio Ambiente, Marcelo Mena, explica que esta no es una norma de emisión (como la que tiene aprobada la empresa), sino que regula la calidad de las aguas. “La norma está diseñada para proteger los ecosistemas de los ríos de Valdivia y no tiene relación con una fuente (de descarga) en particular”, asegura. Enfatiza que se continuará defendiendo en tribunales la vigencia de la regulación, un mensaje que transmitió este jueves 11 a las comunidades de la zona de Valdivia.

Aunque el decreto se publicó en noviembre, se estableció un periodo de seis meses para diseñar un plan de vigilancia, que contempla cuatro mediciones anuales. Aún si se exceden los límites establecidos para la concentración de los distintos parámetros, en ningún caso significa el cierre inmediato de la planta de Celco o de otras fuentes de descarga. La medición es como un semáforo: los resultados pueden óptimos, medios o saturados. En este último caso, lo que corresponde es diseñar un plan de descontaminación, un proceso largo (como el que se vive hoy en Santiago) y participativo, que sí puede contemplar límites a las descargas. Un plan de este tipo se traduce en un decreto, que podría invalidar las resoluciones de calificación ambiental de las empresas que actualmente funcionan en la cuenca, reconocen en el gobierno.

CELCO: NO HAY TECNOLOGÍA QUE PERMITA CUMPLIR LA NORMA

El escrito presentado por Celco ante el Tribunal Ambiental de Valdivia plantea un escenario dramático para la compañía. Como ejemplo, argumentan que las exigencias superan incluso las de la regulación del agua potable en Chile. Si bien esto es cierto, desde el gobierno replican que ambas normas no son comparables y que, por ejemplo, el agua potable contiene cantidades de cloro que son inocuas para el ser humano y serían dañinas para ecosistema acuático.

En su reclamo, la empresa argumenta que no existe coherencia entre el costo económico y social y el beneficio estimado de la norma:

–Por una parte, no se observan beneficios ambientales claros (se debe tener presente que, según último reporte de la Universidad Austral de Chile, la calidad ambiental del río es buena) y, por la otra, dada la imposibilidad técnica de hacer cumplir la norma (no existe tecnología disponible para la industria de producción de celulosa que permita cumplir con los estándares).

Según argumentan desde la empresa, el río en su estado natural (arriba de la descargas de la planta) ya se encuentra saturado según los estándares de la nueva norma. “¿Qué esperan que pase río abajo?”, se preguntan. Pero las autoridades ambientales replican que los estudios utilizados para elaborar la regulación dan cuenta de que eso no es efectivo.

En su defensa, fuentes de la empresa usan la carta de los beneficios sociales y económicos que significa el funcionamiento de la planta Valdivia para la región. Argumentan que la sustentabilidad no es sólo ambiental, sino que debe considerar otros componentes. Celco emplea a 5 mil personas en la región, entre trabajadores de la planta y la actividad forestal ligada a ésta.

“Estamos dando la pelea en tribunales para convocar a un proceso participativo que apunte a tener una norma donde se proteja la calidad de agua del río, su flora y fauna y la salud humana, y que de alguna una forma sea compatible con el desarrollo social y económico de la región”, explican en Celco.

Pese al escenario fatal que esboza el escrito presentado por la empresa en tribunales, fuentes de la compañía reconocen que existe un “plan B”, que es el no menos polémico ducto que descargaría los desechos de la Planta Valdivia hacia el mar a través de la bahía de Mehuín. Si bien ya cuenta con autorización ambiental, esa alternativa también despierta la férrea oposición de las comunidades locales.

A mediados de 2014, en un debate en el programa Vía Pública de TVN (ver a partir del minuto 17.20), José Antonio Viera Gallo, entonces presidente de Chile Transparente, afirmó: “La experiencia del parlamento chileno es que no ha habido compra de votos. No ha pasado como en el parlamento argentino, o brasilero, felizmente. Yo creo que si una empresa hace donaciones después no pide una contraprestación. Eso está fuera de la cultura. No tienen cara para decir, ´mire, como le di tal cantidad para su campaña, usted vote de esta manera´”.  En  el estudio de televisión estaba Juan Pablo Luna, cientista político uruguayo, PhD en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, profesor titular en la UC, e investigador principal del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina. Luna tomó distancia del respaldo de Viera Gallo a la clase política (respaldo que siguió ofreciendo hasta 2015 en distintos medios):

-José dice “sabemos que no hay compra de votos en el parlamento” y yo diría, “lo suponemos”, en base a las experiencias vitales de cada uno, pero la verdad es que no tenemos información suficiente para afirmarlo –dijo Luna

Viera Gallo, actual embajador de Chile en Argentina, se apuró en precisar: “Claro, pero como no tenemos información hay que presuponer inocencia”.

Los hombres de derecho presuponen inocencia. Los cientistas sociales y políticos como Luna no presuponen nada: cuando no saben, ponen un signo de interrogación e investigan.

Las prácticas que a Viera Gallo hace solo un año y medio atrás le parecían fuera de la cultura criolla, nos golpean a diario con nuevos detalles. Ahora sabemos, cada vez con más claridad, que el financiamiento ilegal no consigue sus fines toscamente, como especulaba Viera Gallo en TVN (“te puse plata, cúmpleme”), sino que se materializa usando los rituales propios de “la cultura” de quienes intercambian favores. También se hacen ilegalidades con cordialidad y buenas maneras.

Los correos electrónicos publicados por The Clinic entre el ex presidente de la UDI Pablo Longueira y el gerente general de Soqumich, Patricio Contesse, son un buen ejemplo: el político y el gerente se escriben con humor, se tratan de “mi coronel”, hablan de “obediencia debida”, disfrutan su relación de confianza mientras Longueira le facilita información sobre las propuestas del royalty minero o la reforma tributaria que quiere hacer el gobierno de la Presidenta Bachelet y que al equipo de Contesse le parecen ideológicas y politizadas.

Pablo Longueira

Se sabe ahora que SQM donó más de $700 millones a la campaña de Longueira, según el informe de la consultora Sherman & Stearling que publicó La Tercera, pero en el intercambio de correos no hay actos brutales como mencionar ese dinero; hay pertenencia a un mismo mundo y complicidad. Ese tipo de relación fue bien resumida por Enrique Krauss (DC), ex ministro del gobierno de Aylwin, cuando habló en La Tercera de lo exagerado que le parecía la ley del lobby: “No éramos corruptos, éramos amigos de los amigos”.

Las investigaciones de Juan Pablo Luna examinan el sistema político desde el trabajo cotidiano de los partidos, desde su cocina y su sala de máquinas, desde los discursos que elaboran y cómo se vinculan con la sociedad a la que buscan representar. Richard Katz, cientista político de la universidad Johns Hopkins, ha dicho que los partidos no solo son un ingrediente irremplazable de la democracia, sino que además “la salud y el carácter de los partidos se halla entre los principales determinantes de la salud y el carácter de la democracia”.

Con sus investigaciones, Luna ha prendido la alarma sobre aspectos claves de nuestra democracia, preguntándose quién logra ser candidato y quién gana las elecciones; o cómo la igualdad electoral (esto es, todas las personas valen lo mismo, un voto) ha sido afectada por la enorme desigualdad económica chilena, donde cada uno de los cinco hombres más ricos gana lo mismo que un millón de chilenos (vea reportaje de Ciper).

Aunque algunas cosas que Luna ha indagado seguramente el lector las ha oído o las intuye, la visión de conjunto que ofrece en esta entrevista, configura una fotografía detallada de nuestra democracia y ayuda entender por qué tantos partidos buscaron el “dinero negro” de la elite; por qué la UDI es, al menos hasta ahora, la colectividad más comprometida; y sobre todo, por qué la crisis que vive la política chilena no tiene que ver solo con su financiamiento, sino que es mucho más profunda.

LA UDI

En 2010, cuando la UDI llevaba casi una década siendo el partido más votado y con mayor representación en el Senado y en la Cámara, Juan Pablo Luna publicó una investigación en la que trataba de entender cómo una colectividad financiada por grupos económicos y fuertemente enlazada con la dictadura, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo lograba atraer a los votantes más pobres, y gracias a ellos, imponerse electoralmente. ¿Había que entender el éxito de la UDI como un respaldo popular a sus propuestas económicas y políticas o, de alguna manera, ese partido había encontrado la forma de que electores muy distintos –incluso irreconciliables en la historia de Chile– apoyaran a los mismos candidatos sin pensar lo mismo sobre temas centrales?
En su investigación de 2010 –Vínculos entre partidos segmentados y votantes en Latinoamérica: el caso de la UDI (Segmented Party–Voter Linkages in Latin America: The Case of the UDI)– integró los estudios disponibles sobre ese partido con entrevistas y observación en terreno en 12 municipalidades manejadas por distintas colectividades.

Uno de los elementos más clarificadores de esta investigación es lo que dijo una fuente que Luna identifica como “un alto dirigente nacional de la UDI”:

“Lo que hicimos, y este es un trabajo que hizo muy bien Jaime (Guzmán), es convencer a la elite de que teníamos que estar en el Congreso para proteger sus intereses. Jaime los convenció de que aunque fuéramos un partido chico, con las ventajas que nos daba el binominal y los quórums, podíamos proteger sus intereses. Al mismo tiempo los convenció de que para que nosotros pudiéramos hacer eso, teníamos que ganar votos en los sectores populares, porque la elite es muy chica. Entonces, básicamente lo que el partido hace es tomar los recursos que dan los empresarios y volcarlos a las poblaciones”.

La investigación de Luna recogió los antecedentes que había hasta 2010 sobre el financiamiento legal que recibía la UDI y que indicaban que era el partido que más aportes reservados recibía y, a la vez, el que más gastaba en las elecciones (en 2005 la UDI gastó US$90.000 por campaña, seguida por el PPD que desembolsó US$70.000).

La misma situación documentó para el periodo 2009-2010 un estudio de Claudio Agostini publicado en 2012 (Financiamiento de la política en Chile). Dice Agostini: “Al considerar la magnitud total de las donaciones, la UDI supera fuertemente a todo el resto de los partidos. En particular, en las donaciones reservadas para campañas parlamentarias, en las que la mayoría de los donantes son personas jurídicas, la UDI recibe más del doble de recursos que RN y cuatro veces más que el PDC, que son los partidos que le siguen en magnitud de aportes recibidos”.

En su libro Poderoso Caballero el periodista Daniel Matamala constató que esta tendencia se prolongó hasta las últimas elecciones. En 2013, “los 22 candidatos a diputados que recibieron más aportes reservados fueron todos de la Alianza, y 15 de ellos, militantes de la UDI”. Respecto de los senadores, Matamala cita el caso de la senadora Ena Von Baer, la cual, de acuerdo a las cuentas públicas, obtuvo $323 millones en aportes reservados a su campaña mientras que todos sus contendores sumaron apenas $45,5 millones, esto es, siete veces menos (ver ficha de la Región de Los Ríos en especial de CIPER).

A lo anterior hay que agregar el dinero recibido por la vía ilegal, donde la UDI aparece nuevamente claramente favorecida.

LA ELITE NO APARECE EN LA FOTO

Juan Pablo Luna identificó en su investigación estrategias a través de las cuales la UDI transforma los recursos de la elite en voto popular. Primero, el desarrollo de un discurso antipolítico –o “cosista” como se lo llamó durante la candidatura de Joaquín Lavín en 2000–, que transmite la idea de que ese partido se preocupa de los problemas reales de las personas y no de las peleas políticas. Ese discurso, “hace que las personas no vean que la política está detrás de muchas circunstancias que determinan como transcurre su vida”, dice Luna.

El discurso antipolítica ayudó a la UDI a conseguir algo muy importante: poner un velo sobre el vínculo ideológico que tiene con la elite empresarial. Ese velo era parte central del diseño de Jaime Guzmán, según se lo dijo a Luna el ya citado dirigente nacional de la UDI:

Foto: TVN.

“Nosotros les dijimos a nuestros amigos que para representarlos necesitamos más votos en los sectores populares, no en la élite, porque ahí no podemos crecer. Entonces les dijimos que necesitábamos su financiamiento, pero también les dijimos que se abstuvieran de acercarse a nosotros. En las fotos teníamos que aparecer con los pobres, no con ellos. Al principio fue difícil para ellos entender que teníamos que apelar a los pobres, pero ahí es donde hay más votos disponibles. Y uno de los obstáculos que enfrentamos actualmente es que hay menos personas pobres en Chile”.

La segunda estrategia que usa la UDI es el clientelismo. Luna argumenta que durante la dictadura la UDI construyó, a través de su participación en el gobierno (particularmente en Odeplan y en las municipalidades), una máquina clientelística usando recursos del Estado. Desde el regreso de la democracia la UDI habría alimentado esa máquina con las donaciones privadas.

Su intensivo clientelismo está registrado en declaraciones que recibe el Servicio Electoral (Servel). El ítem “donaciones” muestra que todo el espectro político recurre al regalo para hacerse querido y confiable y así ganar votos: está lleno de tortas para bingos, galvanos para competencias, pelotas para clubes deportivos. Pero, dado su mayor acceso a recursos, la UDI va más allá. Algunos ejemplos tomados de las elecciones municipales de 2012:

1.440 lentes ópticos ($690.000) comprados por la candidata de la UDI a concejal por Recoleta, María Inés Cabrera Squella; 303 tenidas completas, camisetas y shorts ($3.000.000) comprados por el candidato independiente pro UDI Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví; 5.000 latas de bebida ($1.600.000) compradas por Gonzalo Cornejo, candidato a alcalde por Recoleta; $5.100.000 en dos avalúos de un camión y una camioneta pagados como donación por Carlos Ward, candidato a concejal de la UDI en Lo Barnechea; $2.500.000 gastados en una función gratis de circo por el candidato UDI Rodrigo Delgado a la alcaldía de Estación Central; $925.000 en donaciones sin especificar, gastados por la candidata de la UDI a concejal por Las Condes, María Carolina Cotapos.

El resultado de la expansión del clientelismo ha causado un gran daño a la democracia chilena. Escribe Luna: “Los políticos exitosos tienden a ser los que regularmente son capaces de pagar las cuentas de los servicios durante el periodo de campaña, ofrecer asistencia médica y legal o distribuir equipos de televisión, cajas de comida, anteojos, equipos fútbol para el club local o la torta que necesita la junta de vecinos para organizar un bingo”. En suma, agrega Luna, los políticos que desarrollan una eficiente red de solución de problemas “disfrutan de una ventaja competitiva sobre los candidatos que no desarrollan ese tipo de contactos”.

Coincidente con esto es la entrevista que la diputada María Angélica Cristi (UDI) le dio a Luna para explicarle por qué la UDI tenía más trabajo en una comuna como Peñalolén (sector medio-bajo) que en La Reina (sector medio): “La gente pobre te necesita todo el tiempo. Te necesitan para sobrevivir porque todos sienten las puertas cerradas. Ellos no saben dónde ir, qué cosas hacer… en La Reina nosotros no atraemos la atención de nadie”.

Este tipo de vínculo contrasta con el que describe Julio Dittborn, en ese momento diputado de la UDI en el distrito 23 (Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura), zonas donde la UDI obtiene su financiamiento: “El 90% de las personas que viven aquí no esperan que yo resuelva problemas específicos de ellos ni que los visite en sus casas. Lo que esperan es que yo represente su opinión en los medios y que vote como ellos votarían si estuvieran en mi sillón”.

La secuencia descrita refrenda lo señalado por el dirigente nacional de la UDI a Luna. El partido recolecta dinero en la elite y, a través del clientelismo y el antipoliticismo captura votos en los sectores populares. La fuerza política que construye, la usa en el Congreso para representar las ideas de la elite o, como dice Luna, para “proteger a la elite empresaria preservando el modelo económico legado por el régimen autoritario”.

Examinando las votaciones en el Congreso, Luna confirma que la UDI cumple con su tarea. La UDI, más que RN, es la sistemática defensora de las reformas orientadas al mercado “oponiéndose a diferentes paquetes legislativos que podían afectar los intereses de los empresarios o eventualmente redistribuir recursos a los estratos bajos, a través de políticas de alzas de salario mínimo o de regulaciones a los mercados, al trabajo, subsidios a la educación pública, aumentos tributarios para los sectores altos o reformas al sistema de pensiones”.

ACTUAR COORDINADAMENTE

El escándalo del financiamiento ilegal de la política, que ha golpeado especialmente a la UDI, ha levantado sospechas sobre los verdaderos motivos de parlamentarios de ese partido al momento de votar proyectos de ley y en su trabajo político. Sin negar que es grave el que se pueda vincular el aporte electoral con el envío de información –como se sugiere en los emails de Longueira y Contesse–, la investigación de Luna hace pensar que el actual escándalo, más que revelar algo completamente desconocido, sólo hace más visible un diseño del que ya había bastantes evidencias y que permitía que la UDI y la elite actuaran coordinadamente.

Tasha Fairfield (Foto: clas.berkeley.edu)

Un ejemplo de esto se encuentra en el reciente libro de la investigadora Tasha Fairfield, donde busca explicar por qué la elite chilena ha logrado pagar menos impuestos que las elites latinoamericanas y de la OECD. Una de las estrategias, dice Fairfield, fue contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso (ver entrevista en CIPER).

En su libro, Fairfield entrevista a un alto funcionario de Impuestos Internos quien describe cómo la derecha y los empresarios intentaron frenar la reforma antievasión de 2001: “La derecha y los líderes empresariales son la misma cosa… Y no sabía si debía negociar con el senador líder de la oposición o con el presidente de los empresarios. A veces tenía que negociar con los dos, porque ellos trabajaban juntos. A veces ellos estaban en las mismas reuniones diciendo lo mismo… se coordinaban y eso era público, no era algo escondido”.

–La defensa de la elite que hace la UDI y que antes se presumía, se cristalizó en la opinión pública con estas investigaciones sobre financiamiento. Ahora se los ve como un partido que defendió ciertos intereses muy específicamente –dijo Juan Pablo Luna a CIPER.

–Dado que la estrategia se ha hecho evidente, ¿sigue siendo la UDI útil para la elite en los términos que lo propuso Jaime Guzmán?

–La elite no es ingenua y siempre aporta a todos los partidos. Soquimich muestra claramente eso: la Nueva Mayoría está metida hasta el tuétano también. Por otra parte, creo que la UDI va a seguir teniendo ese vínculo porque no es solo instrumental. La UDI tiene una cercanía con el nuevo empresariado chileno que sale muy fortalecido de la dictadura y que siente que ellos son los que deben defender el modelo. Creo que esos empresarios siguen viendo como algo positivo lo que ha hecho Jovino Novoa. Esta crisis no va a terminar con la estrategia de la UDI. Porque la gente tiene memoria corta, y los candidatos no se promocionan con el nombre del partido. Ningún UDI va a poner a Novoa en su campaña, se va a colgar de alguna figura potente de la derecha y va a competir enfatizando que es servidor del distrito, de la municipalidad, el tipo que soluciona los problemas. A lo más este tema podría ser un asunto que intentaran levantar los adversarios. Pero en la medida en que todos tienen tejado de vidrio, eso se anula.

–¿Cree que el financiamiento ilegal a todo el espectro político puede explicar por qué ha costado tanto hacer reformas que afecten a la elite, como subir los impuestos a los más ricos?

–No creo que haya una explicación única para eso. En la Nueva Mayoría, por ejemplo, hay personas que a principio de los ‘90 pensaban que una de las claves de la estabilidad política del país era la marcha de la economía y, por lo tanto, tenían y tienen mucho miedo de tocar algo que pueda volverla lenta. No diría que la Concertación o la Nueva Mayoría tiene solo aversión al conflicto (como sugiere Tasha Fairfield en su libro), sino que está extendida la convicción de que la clave del éxito tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y con generar condiciones microeconómicas para los empresarios. Creo que hay gente que dice: a mí me gustaría cambiar esto, pero no podemos, porque si no viene el caos. Los mecanismos de conformidad con el modelo probablemente sean múltiples y diversos para distintas personas.

FINANCIAMIENTO CENTRALIZADO

Muchas de las estrategias que usa la UDI para hacer política son comunes también en el resto de las colectividades. En 2012, junto a Fernando Rosenblatt, Juan Pablo Luna publicó una investigación que indagaba sobre el funcionamiento de los partidos, usando como base más de 50 entrevistas a líderes, militantes de peso y potenciales futuros líderes de todo el espectro político. En ese momento, el escándalo del financiamiento ilegal no había estallado, pero premonitoriamente la investigación se tituló: ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual.

Los antecedentes recogidos llevaron a los autores a concluir que era inminente una crisis del sistema de partidos debido a al alto nivel de desarraigo social y al fuerte descontento frente al liderazgo político.

El análisis que desarrolla esta investigación asume que no hay posibilidad de una democracia de calidad si no cuenta con partidos “institucionalmente firmes”, esto es, con partidos que tienen recursos suficientes, debate de ideas y estructuras de gobierno interno que les permitan desplegarse por el territorio y dialogar con la sociedad.

Pero los partidos chilenos –dicen Rosenblatt y Luna en su estudio–, no pueden hacer eso porque son extremadamente débiles en tres áreas centrales. Primero, carecen de financiamiento suficiente para hacer actividad política mínima: para formar cuadros, tener sedes regionales y generar proyectos nacionales. Al interior de los partidos la distribución de recursos no es homogénea. Y debido a que los partidos no pueden financiar todas las candidaturas, quienes cuentan con dinero propio o con un mecenas, tienen más posibilidades de ser designados candidatos. “Esto genera un sistema bastante endogámico respecto de quienes logran cargos de elección”, dice Luna.

En segundo lugar, sus lazos internos son débiles. La mayor fortaleza de un partido es su visión de la sociedad, la perspectiva desde la que aborda los problemas. Hoy, sin embargo, “no sabemos muy bien dónde están los partidos en términos de temas claves para la sociedad. Hay una suerte de dilución programática”, explica. Esto se debe, por una parte, a la falta de discusión interna; y por otra, a que las elecciones se pueden ganar sin explicitar ideas.

De hecho, dada la alta desaprobación que tienen los partidos, los candidatos desarrollan campañas alejadas de sus colectividades y no está claro que las ideas que usen para ganar votos sean consistentes con las que sostienen otros candidatos del mismo partido. Así, lo que un partido piensa sobre un tema es más bien el agregado de lo que los distintos líderes dicen a los medios y a sus electores. Es frecuente que las diferencias sean más profundas entre líderes de un mismo partido que entre dirigentes de distintas colectividades, dice Luna.

En tercer lugar, los partidos carecen de control sobre sus parlamentarios y alcaldes. Como los candidatos no dependen financieramente del partido y la marca tampoco les ayuda a ganar votos, la colectividad no tiene cómo disciplinarlos.

Peor es la situación cuando los candidatos se hacen con el cargo. Los incumbentes, es decir, los parlamentarios y alcaldes que van a la reelección, plantean el mayor desafío para los partidos y para la democracia. “Los partidos no pueden sacar a un diputado díscolo, porque no tienen cómo asegurar que con otro candidato el partido siga manteniendo el cupo”, dijo Luna a CIPER. En cambio, si el incumbente va a la reelección, es altamente probable que gane. De hecho, la investigación de Luna y Rosenblatt muestra que si estos cuentan con el dinero suficiente nunca son derrotados por los desafiantes, pues el conocimiento y el prestigio que les da el cargo no son fáciles de neutralizar. La investigación analiza 16 casos que buscaron ser reelegidos entre 2004 o 2009: 14 lo lograron.

Pero los partidos no solo no los pueden disciplinar, sino que, en muchos casos, su presencia en los distritos depende en términos financieros y organizacionales únicamente de lo que hagan los parlamentarios y alcaldes. Así, los partidos quedan desconectados de la sociedad, incapaces de canalizar demandas sociales que como en casos recientes de movilización social (por ejemplo, el movimiento en Aysén en 2012), los terminan desbordando.

La percepción que recogieron Rosenblatt y Luna de los dirigentes entrevistados fue de frustración: “Gran parte plantea un fuerte descontento con el funcionamiento de sus propios partidos, denunciando frecuentemente la presencia de prácticas irregulares, indeseables, y en muchos casos ilegales en las organizaciones que ellos mismos lideran”.

El único partido que escapa al crítico estado descrito es la UDI. Su amplio acceso a recursos le permite formar cuadros y tener actividad partidaria en todas las regiones. De hecho, es de las pocas colectividades que, como ocurría  antaño, se puede recorrer nacionalmente. Por otra parte, tiene una ideología clara y ejerce un control estricto sobre cómo deben votar sus parlamentarios.

–Todos los partidos reciben financiamiento empresarial. La diferencia fundamental es que la UDI centraliza el financiamiento que recibe el partido y lo distribuye con mucha visión estratégica. Apoyan al que está en la línea correcta y al que demuestra trabajo para el colectivo, y pueden sacarle recursos al que se desvía –dijo Luna a CIPER.

–¿Ese involucramiento institucional podría explicar por qué la UDI no pudo sancionar a Jovino Novoa a pesar de que fue condenado por delitos tributarios?

–No sé por qué han hecho eso. Es una decisión irracional respecto de su posicionamiento en la opinión pública. Y creo que tiene más que ver con el peso de los históricos en la UDI y con el peso político que tienen los involucrados. Pero no sé.

OTRA VEZ LA DESIGUALDAD

Durante el debate que se generó con el proyecto de ley que intenta limitar la reelección de parlamentarios y alcaldes, se argumentó que  los políticos que no pueden buscar la reelección “no tienen incentivos para atender a las demandas o aspiraciones de sus votantes”, como lo constata el Informe Parlamentario Mundial 2012 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ese argumento no parece valido en Chile. Si se considera que el ingreso promedio es de $454.031 y el 70% de las personas gana menos de $426.000 (según datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2013), la teoría dice que los políticos deberían competir por ese 70% de votos promoviendo políticas que produzcan equidad. Pero eso no ocurre, porque debido a los mecanismos descritos por Luna, los elegidos son permanentemente “personajes que están completamente alejados de las necesidades que tiene el votante medio chileno”:

“Ellos triunfan porque se juntan con el club del adulto mayor, con el centro de madres, porque consiguen una beca, porque traen obras al distrito. En su campaña el candidato no opera ni verbaliza sus preferencias programáticas. Y así son consistentemente reelectos aunque sus ideas estén muy desconectadas con su electorado. Esa es la clave del sistema”, explica el cientista político.

La despolitización creciente de la sociedad chilena se puede ver, entonces, como una reacción al hecho de que todos los partidos se igualan en sus métodos. Y los métodos son lo único que queda pues están vacíos de contenidos. “La gente no ve diferencias entre izquierda y derecha. Y si funcionan como una elite unificada, que sistemáticamente promueve ciertos intereses y anula otros, las personas los perciben como una ‘clase política’ y se preguntan para qué los van a validar con el voto”, explica.

En 2014, Luna publicó el libro Segmented representation: political party strategies in unequal democracies (Oxford University Press), en que el que constata que el panorama descrito sigue siendo válido. Allí argumenta que el tipo de relación entre votantes y partidos “contribuye a aislar a los líderes de la sociedad y de sus propias organizaciones”.

Algunos de los problemas planteados por Juan Pablo Luna se abordan en la ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, aprobada el mes pasado. Por ejemplo, a partir de ahora, se prohíbe efectuar erogaciones o donaciones en dinero o en especies durante el periodo de campaña. No más clientelismo.

Sin embargo, la ley no regula el periodo entre campañas y los datos del estudio de Luna indican que es ahí donde los incumbentes aseguran su reelección. Cuando se inicia la campaña ya está todo zanjado, por lo que la vigilancia de las donaciones en la época electoral solo impedirá a los desafiantes ir en su búsqueda.

Luna cree que siendo la ley un avance, el problema que tiene el sistema político en Chile no se reduce sólo a temas de financiamiento y gasto. Tiene que ver con cómo reconstituir el vínculo entre los partidos y la sociedad, que está dramáticamente cortado.

–Yo soy un escéptico del diseño de políticas públicas en base a la noción de “alinear incentivos” –dice Luna refiriéndose a las propuestas de la Comisión Engel que sirvieron de base a la ley de fortalecimiento a la democracia–. Yo creo que la solución pasa por construir partidos de naturaleza diferente. Varias de las ideas van en el sentido correcto. Pero construir partidos diferentes lleva tiempo y, por otra parte, depende también de dinámicas estructurales y no meramente de incentivos institucionales. Al final, el problema de Chile sigue siendo esencialmente la desigualdad.

“Tenemos 25 años de democracia y al menos en términos teóricos se espera que la igualdad política termine generando algún tipo de efecto redistributivo que no se ha visto en Chile”, dijo en una conferencia Luna. Piensa que la constancia de la desigualdad tiene efecto en cómo están funcionando los partidos.

Al igual que el economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann (ver entrevista en CIPER), Juan Pablo Luna considera que la elite chilena tiene una responsabilidad muy grande en la crisis del sistema de partidos:

–La elite chilena es cerrada, endogámica, son todos primos, amigos, fueron a los mismos colegios. Y eso genera un efecto de burbuja, donde la gente diferente interactúa muy poco. Es muy fácil en Chile vivir segregadamente, sin ver a los diferentes, sin tener de co-apoderado a alguien que no tiene tus estudios, o tiene más o tiene menos. Y lo que hoy vemos en la política es un reflejo de la inequidad, pero sobre todo de la segregación. Porque tú puedes tener sociedades más o menos desiguales, pero donde los diferentes se conocen más, interactúan más. La figura clásica de esto son las escuelas públicas, donde el hijo del bancario esta con el hijo del zapatero y tienen un mismo uniforme que los iguala en el espacio de ciudadanía que es la escuela. En la medida en que no tienes una sociedad que funciona con esas reglas, la segregación escala y se traspasa al sistema político y al sistema económico. Por eso digo que este es un problema más estructural que de diseño institucional.

–Esa mirada indica que la solución es muy compleja, porque el problema es circular: para reducir la inequidad se necesitan partidos que empujen eso. Pero los partidos no van a ser capaces de hacerlo mientras no mejore la equidad.

–Sí. Los cientistas sociales estamos muy obsesionados por la “no circularidad”, por poder decir “x” causa “y”. Pero creo que tenemos que asumir que nos enfrentamos a este tipo de círculos viciosos y que, por lo tanto, es muy difícil, con un solo diseño de políticas públicas tratar de cambiar problemas que son mucho más complejos.