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«Yo era amigo de Ricardo Lagos…» Francisco Fernández Fredes, socialista, abogado, habla con una media sonrisa cargada de nostalgia. Luego endurece la mirada y se gira hacia la pared de su oficina, donde cuelga una fotografía enmarcada de Salvador Allende. «Yo fui colaborador del Presidente Allende. Ahí tengo un retrato de él, autografiado y dedicado a mi persona. Para mí Lagos representaba lo mismo. Tenía la misma admiración por él. Entonces, cuando constaté que una figura por la cual sentía aprecio, admiración y cariño, se había apartado tanto de esos valores…» Deja la frase resonando mientras busca cómo cerrarla: «… fue muy amargo», se decide al fin.

Francisco Fernández

En el verano de 2000, el Presidente electo llamó a Fernández: aconsejado por Carlos Ominami, le ofreció asumir como fiscal nacional económico.

—Pero, Ricardo, en ese puesto se pisan muchos callos, habrá muchas presiones, necesito respaldo político.
—Lo vas a tener.
—¿Cuál?
—El mío. El del Presidente de la República.

Fernández aceptó. «Yo no soy un cultor de la economía de mercado, pero mi responsabilidad era ser el árbitro. Garantizar que imperara la justicia, el juego limpio, la honestidad», recuerda.

Diecisiete meses después, ese juego había terminado. Diecisiete meses de presiones políticas en beneficio de poderes privados, y de gestiones gubernamentales para afectar la libre competencia, pasando por encima de las instituciones que debían resguardar a los ciudadanos.

Esta es una historia que se cuenta aquí por primera vez.  […]

LAS CHISPAS DE YURASZECK

La privatización del complejo eléctrico del Estado tuvo un gran ganador: José Yuraszeck. Como gerente general de la estatal Chilmetro, diseñó el proceso privatizador, y aprovechó de privatizarse con él. A través del control del supuesto «capitalismo popular» de las sociedades Chispas, salió de la dictadura convertido en el controlador de la sociedad Enersis y de su filial Chilectra, dedicada a la distribución eléctrica.

Pero Yuraszeck quería más. La privatización de Endesa le abrió el apetito para integrar verticalmente toda la industria: generar, transmitir y distribuir la energía. El 19 de abril de 1990, usando su 12,15% de la propiedad de Endesa, se alió con el creador del sistema de AFP, José Piñera. Actuando en conjunto con un grupo de AFP, logró elegir de común acuerdo a la mayoría del directorio de Endesa. Piñera fue apoyado por AFP Habitat (4,56% de las acciones). Yuraszeck, por Concordia (0,27%), y Summa (2,56%).

Yuraszeck repetía el empleo de la misma palanca. Si antes había usado los fondos de los pequeños accionistas para controlar por medio de las Chispas a Enersis, ahora utilizaría los fondos de pensiones de los chilenos para capturar el control de Endesa.

Comenzaba así la primera batalla por evitar los monopolios en la energía eléctrica.

El abogado DC Ramón Briones denunció a Enersis, y el fiscal económico, Gilberto Villablanca —primero en ocupar el cargo tras el retorno de la democracia—, le dio la razón, constatando que la integración vertical «crearía de hecho un poder monopólico», en perjuicio de los usuarios. Entonces Briones buscó respaldo político. «Fui a hablar con Jaime Tohá, que era ministro de Energía, para pedir ayuda del gobierno. Y él me dijo: “No nos podemos meter en el tema eléctrico y en el control de la electricidad”».

Patricio Alwyn y Ricardo Lagos

Briones no quedó conforme. Y apuntó más alto. Al Presidente de la República. Patricio Aylwin recibió a su correligionario en La Moneda. «Don Patricio me dijo: “Mire, don Ramón, no le quiero pedir que se eche a morir, la pelea hay que seguirla dando, pero yo no lo puedo apoyar oficialmente como gobierno”», recuerda Briones. El abogado pidió razones y el Presidente se las dio. Eran del más crudo realismo político: «Yo tengo un frente que son los militares y tengo la preocupación de que esta gente pueda aliarse con los militares», le dijo Aylwin, refiriéndose al poder empresarial representado por personeros como «los Pepes» (José Yuraszeck y José Piñera). «Si ellos actúan junto a Pinochet, pueden crearme problemas mayores a los que ya tengo», le explicó Aylwin.

La batalla se resolvió a favor del «zar de la electricidad» el 2 de junio de 1992, cuando la Comisión Antimonopolios no solo desechó los argumentos del fiscal, sino que autorizó a Enersis a seguir comprando paquetes de Endesa.

Ya en 1994 Endesa dominaba el 65% de la generación eléctrica y el 100% de la transmisión, mientras el 40% de la distribución estaba en manos de Chilectra, filial de Enersis que, a su vez, controlaba Endesa a través de la propiedad directa del 14%, y del manejo de su directorio. Pese a ello, en 1997 la Comisión Resolutiva Antimonopolios rechazó un nuevo intento del fiscal económico por separar el patrimonio y la administración de las empresas.

A esas alturas, Yuraszeck estaba saliendo del mercado eléctrico, al vender Enersis a Endesa España. Por cierto, el «negocio del siglo» se convertiría en el «escándalo del siglo»: en 2004, tras un largo proceso judicial, Yuraszeck y sus aliados fueron condenados al pago de multas por US$75 millones, por usar en beneficio propio y en desmedro de los accionistas minoritarios su posición dominante en la empresa.

La siguiente batalla por los monopolios eléctricos sería protagonizada por los nuevos dueños españoles. Y esta vez La Moneda no se limitaría a encogerse de hombros: actuaría decididamente en pro de los intereses del gran capital.

LOS ESPAÑOLES, EL FISCAL Y EL JUEZ

Tras comprar Enersis a Yuraszeck, los españoles se movieron rápido. En 1999, usando la política de hechos consumados, sin pedir autorización, compraron un paquete adicional de acciones de Endesa que los dejó con el control del 60% de la generadora. Completaban así lo que el «zar» había dejado pendiente: el dominio absoluto de los principales actores de la generación y la distribución eléctrica.

Pero habría escollos en su camino.

El primero fue el fiscal Rodrigo Asenjo, quien encabezó la Fiscalía Nacional Económica durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Asenjo no dudó en impugnar la operación que dejó a los españoles con el control de Endesa, advirtiendo que si se concretaba «incrementará brutalmente el grado de integración vertical» del mercado. Además, pidió a la Comisión Antimonopolios obligar a Endesa España a deshacerse de sus acciones y multarla por actuar sin autorización, además de urgir al gobierno a enviar un proyecto de ley que frenara la concentración del sector eléctrico.

El 11 de marzo de 2000, con el dictamen de la comisión aún pendiente, Asenjo dejó el cargo junto al fin del mandato de quien lo había nombrado, Eduardo Frei. Llegaron a La Moneda Ricardo Lagos y a la FNE Francisco Fernández. Entonces, en una movida estratégica, los españoles vendieron la transmisora Transelec al grupo canadiense Hydro-Québec, e insistieron luego en que se visara la compra de Endesa.

Las presiones se acumulaban sobre el escritorio de Fernández. Y venían directamente del Palacio de La Moneda. Según relata, quien lo llamaba era el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, en un diálogo que era cada vez más áspero:

—Tienes que retirar el recurso de Asenjo. Las condiciones cambiaron; los españoles ya vendieron Transelec.
—Esperemos que el tribunal decida eso.
—No. Tienes que retirar tú el recurso.
—No quiero aparecer involucrado, cediendo frente a los españoles.
—Te estoy transmitiendo la inquietud directa del Presidente. El proceso debe terminar. Ten cuidado. El Presidente está preocupado.

Los llamados son desmentidos por García. «Jamás hablé con el fiscal económico de un asunto así, ni me prestaría para hacerlo», afirma.

Álvaro García

«El entonces representante de Endesa en Chile fue varias veces a la Fiscalía por esta causa, y me dijo que se lo había planteado al Presidente como una inquietud muy importante para ellos. Quería que este proceso terminara», recuerda Fernández. La conversación con Lagos se habría producido durante un viaje a España.

Los poderes tras Endesa España eran relevantes: sus principales accionistas eran los bancos Santander y Central Hispano.

Fernández resistió. No retiró el recurso, y dejó el caso en manos de la Comisión Antimonopolios, integrada por dos funcionarios del Gobierno, dos académicos y un juez. Y ahí apareció otro protagonista crucial: el ministro de la Corte Suprema José Luis Pérez Zañartu.

Este pertenecía a la Corte desde 1998, cuando se incorporaron abogados externos al tribunal tras la reforma que pretendía inyectarle aire fresco a la institución. Pronto fue designado por sus pares como presidente de la Comisión Resolutiva Antimonopolios. Y ocurre que Pérez Zañartu tenía una estrecha relación con Endesa: había trabajado como abogado en esa empresa estatal por veintiséis años. Hasta que se topó de frente con el poder de José Yuraszeck.

Todo ocurrió ese 19 de abril de 1990 en la junta de accionistas en que Yuraszeck, aliado con José Piñera y las AFP, intentaba tomar el control del directorio de la empresa. Entonces, el abogado Pérez Zañartu impugnó el sufragio que había emitido el «zar», y que equivalía a 220 millones de acciones.

De todos modos, Yuraszeck se hizo con el control del directorio, y el choque entre el impetuoso empresario y el puntilloso abogado se resolvió rápidamente: Pérez Zañartu debió renunciar a su empresa de toda la vida. Con esa experiencia, cuando una década después el caso FNE versus Enersis llegó a sus manos, él encabezó las discusiones en la comisión: conocía perfectamente el sector eléctrico y entendía que la integración vertical era inaceptable. «Yo sopesaba perfectamente las consecuencias: se acaban las licitaciones, se acaba todo, porque comprador y vendedor serían lo mismo», explica.

Coincidían con él los economistas José de Gregorio, Eduardo Engel, Ronald Fischer, Alexander Galetovic, Patricio Meller, Alejandra Mizala, Andrea Repetto y Pilar Romaguera, quienes publicaron una inserción alertando el riesgo de que «el monopolio natural eluda la regulación, permitiendo que la firma integrada obtenga rentas monopólicas». «Creemos que fue un error permitir que Enersis tomara el control de Endesa», concluían los expertos. Ese razonamiento convenció a los dos funcionarios del gobierno en la comisión: Alberto Undurraga, director del Sernac (hoy ministro de Obras Públicas), y Eduardo Jacquin, director subrogante de Aduanas. Con el caso decidido, Pérez se abocó a redactar un detallado fallo de 47 puntos, que ordenaba a Enersis deshacerse de las acciones compradas en Endesa, y pagar una multa por la operación.

«Cuando el fallo estuvo listo, se lo entregué a Undurraga, y estoy seguro de que él fue donde [Jorge] Rodríguez Grossi y se lo mostró. Siempre hacía lo mismo», dice Pérez Zañartu. Rodríguez Grossi era el ministro de Economía y Energía, y Undurraga uno de sus subalternos.

La votación se produciría el miércoles 30 de octubre de 2002. Cuatro días antes, el sábado 26, el ministro de la Corte Suprema viajó a Valparaíso para visitar en su casa a Jacquin. Revisaron juntos el veredicto y quedaron de acuerdo en el voto a favor. Pero, alertado del ambiente de presiones que rodeaba el caso, Pérez Zañartu quiso asegurarse:

—Tú sabes que al gobierno no le va a gustar esto.
—No me importa.
—Puedes perder la pega.
—No tengo miedo. Ya lo hablé con mi señora y estamos de acuerdo. Tengo un negocio propio, una constructora, me las puedo arreglar.

Al momento de la votación del miércoles, sin embargo, todo cambió. La posición de Undurraga y Jacquin había girado en 180 grados. Ahora se oponían a la resolución que habían aprobado un par de días antes:

—Estoy en desacuerdo. Obliga a Endesa a vender sus acciones a un precio ridículo —dijo Jacquin.
—No es así, se le da un plazo de cinco años para vender — retrucó Pérez.
—No, no. Esto podría generar una debacle en el mercado.

Alberto Undurraga

Jacquin y Undurraga votaron a favor de los españoles. Sumados sus sufragios a los de los académicos Patricio Rojas, decano de Economía de la Universidad Finis Terrae, y Antonio Bascuñán, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dieron vuelta el fallo, y, por 4 votos contra 1, consagraron la integración vertical en el mercado eléctrico chileno.

«Hubo falta de independencia, lamentablemente», recuerda hoy el ministro Pérez Zañartu. «[El Presidente] Lagos llamó personalmente a Jacquin y Undurraga para ordenarles que votaran en contra», asegura el abogado Ramón Briones. «Lo sé de una fuente directa.» El llamado fue confirmado por una segunda fuente directa e independiente.

Trece años después, Jacquin intenta hacer memoria: «No recuerdo llamados del gobierno o del Presidente en ese caso», dice finalmente. ¿Desmiente haber sido presionado para cambiar su fallo? «No recuerdo ni sí ni no —contesta—. No podría confirmar ni desmentir que haya ocurrido.» Alberto Undurraga fue contactado, pero no entregó su versión.

Para Pérez Zañartu, fue el final. A modo de protesta, de todos modos adjuntó el fallo de 47 puntos a la sentencia, ahora convertido en voto de minoría. «Ya no tenía sentido seguir en esas condiciones. Así es que fui donde el presidente de la Suprema [Mario Garrido] y renuncié. Quería golpear la mesa.» Domingo Kokisch lo reemplazó como presidente de la Comisión Resolutiva Antimonopolios. También él, años después, tendría que enfrentar las presiones de La Moneda para favorecer a Telefónica.

SUENAN LOS TELÉFONOS

Cuando moría el siglo XX, Telefónica dominaba Santiago, literalmente. Su edificio corporativo con forma de teléfono celular, de 143 metros de altura, era el símbolo de la época. El futuro estaba en los celulares. Y, por eso, la apertura de las frecuencias del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la banda ancha era el negocio más esperado por las empresas del sector.

«Eso fue una vergüenza», recuerda José Luis Pérez Zañartu. «La subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) había entregado frecuencias a Telefónica. Nosotros dijimos que no, que había que licitar. Y después vimos que habían armado una licitación que igual aseguraba a Telefónica quedarse con todo.»

La Subtel, dirigida por el subsecretario Christian Nicolai, publicó las normas de concesión el 29 de octubre de 1999, en plena recta final de la estrecha campaña que llevaría a Ricardo Lagos a La Moneda. Ardió Troya. Compañías como VTR, Chilesat y Telefónica del Sur reclamaron que las bases estaban hechas a la medida de la española Telefónica, la empresa dominante del mercado. Las normas obligaban a competir por concesiones nacionales, y no locales, exigían cuantiosas boletas de garantía y reducían a apenas tres las bandas por licitar. La Fiscalía reaccionó, primero a través de Asenjo y luego comandada por Fernández. Pidió aclaraciones a la Subtel, y finalmente impugnó el decreto, acusando «imperfecciones cuyos efectos entorpecen o restringen la libre competencia».

En 2000, ya con Lagos instalado en La Moneda, Pérez Zañartu recibió una visita en su oficina de la Corte Suprema. «Era un exministro de Estado. Un viejo y querido amigo, así es que lo recibí a la chacota, tirando la talla», recuerda.

—No, esto es muy serio, vengo de parte del Presidente de la República.
—…
—Es por el fallo en la Comisión. El Presidente dice que Chile necesita más capitales, que hay que permitir la inversión de Telefónica.
—Si le preocupa tanto, dile que se quede tranquilo. Hay más de veintisiete empresas internacionales, algunas más grandes que Telefónica, interesadas en participar en la licitación. Así es que inversión va a haber.
—Pero para el Presidente es importante…

Entonces Pérez cambió el tono.

—¿Tú me dices que vienes de parte de don Ricardo Lagos? ¿El que dice que las instituciones funcionan? Bueno, dile que las instituciones van a funcionar.

Ricardo Lagos niega haber ordenado esa gestión. «No creo que nadie pueda atribuirse el nombre mío para esos efectos», dice. ¿No le pidió a nadie que conversara con Pérez? «En absoluto.»

El 27 de septiembre de 2000, la Comisión Resolutiva Antimonopolios ordenó a la Subtel rehacer la licitación, aumentando la subdivisión de bandas, permitiendo licitaciones locales, y evitando que las boletas de garantía fueran «una barrera de entrada injustificada para los usuarios».

Pero esa era solo la batalla preliminar. El combate de fondo comenzaría recién entonces.

Telefónica tenía un gran objetivo: la libertad tarifaria. Ya en 1998, durante el gobierno de Frei, el fiscal Asenjo y la Comisión Antimonopolios le habían dado un portazo, ordenando al gobierno que fijara tarifas a la empresa. El 18 de enero de 2001, cambio de gobierno mediante, la empresa española volvió a la carga, y pidió a la Comisión liberar las tarifas que pagaban los usuarios de teléfonos fijos. La empresa argumentaba que la cantidad de celulares ya había superado la de líneas fijas. Pero la Fiscalía se opuso, argumentando que se estaba lejos de la libre competencia: el tráfico originado en líneas de telefonía local (dominadas por Telefónica) era todavía más de diez veces el producido desde equipos móviles.

Y entonces sonaron los teléfonos.

«Mi acción incomodó mucho a Carlos Cruz (entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones)», dice Fernández. «Cruz era el operador de Ricardo Lagos. Su recadero. Y tenía una inclinación desembozada por favorecer a Telefónica», agrega. Según su relato, Enrique Correa y Darío Calderón se sumaron al lobby de la empresa española ante la Fiscalía.

«No recuerdo yo haber tomado decisiones a favor de Telefónica», contesta hoy Carlos Cruz. «El que tiene que haberme inducido a algo, si es que alguien me indujo a algo, es Nicolai. La controversia específica la llevaba él.» Cruz sí reconoce que hablaba con Fernández sobre «criterios generales, si se justificaban o no determinadas decisiones, si Chile era o no un mercado abierto».

Contactado para esta investigación, el exsubsecretario Christian Nicolai, militante DC y actual director ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), prefirió no hacer comentarios.

Lagos, por su parte, tenía una relación fluida con César Alierta, presidente de Telefónica España, con quien se reunió durante su gobierno en Santiago y Madrid. Años después, ambos coincidirían en el consejo consultivo de la Universidad de Georgetown.

Enrique Correa

También el ministro Cruz viajó a España para reunirse con Alierta, en medio del litigio por la adjudicación de frecuencias, desatando el nerviosismo de las demás empresas chilenas. Pero, más allá de las amistades, Telefónica tenía otro punto a su favor en la relación con el gobierno. La empresa española había definido que para las campañas electorales donaría transversalmente a los sectores políticos, en relación con su votación en los comicios anteriores. Una rareza para la época: una compañía que, en teoría al menos, daba más dinero a la Concertación que a la Alianza.

Fernández no tiene dudas. «Aquí hubo injerencia directa de la empresa, y yo llegué al convencimiento personal de que Telefónica y otros consorcios con capital español, como Endesa, hicieron aportes significativos a las campañas», dice. «No me cupo duda de que esto era resarcirse de los aportes hechos a las campañas. Era la captura del poder político por el poder económico.»

Entrevistado para esta investigación, Ricardo Lagos rechaza cualquier intervención. «Mire, esas cosas a mí no me llegaban. No recibí presiones de [George W.] Bush, y voy a recibir esas presiones, qué quiere que le diga», dice riendo.

—Pero usted se reunía con el presidente de Telefónica. ¿Él no le comentaba estos temas?
—No, nunca. Esas cosas no se comentan. Ellos podrán hablar de las inversiones que quieren hacer, en fin, y si usted los recibe los escuchará. Pero ir a otro tipo de planteamientos es una línea que no es adecuada ni para ellos ni para la autoridad.
—¿No se lo plantearon?
—Nunca.

«UN PINCHE TRIBUNAL»

Era el lunes 7 de mayo de 2001. La tensión entre el fiscal y el gobierno llegaba al máximo, con nueve conflictos entre empresas telefónicas resolviéndose en la Comisión Antimonopolios. Fernández recuerda que a las once de la mañana tenía agendada en su oficina una reunión con Carlos Cruz. El ministro de Obras Públicas insistía en que el fiscal retirara su requerimiento contra la licitación.

Pero Cruz llamó más temprano.

—El Presidente ha dispuesto que la reunión sea en su despacho, a mediodía.

Para Cruz, no se trataba de una petición tan inusual. «Siempre controversias así se llevaban al Presidente Lagos, y él dirimía», recuerda hoy. Claro que en este caso la controversia incluía a un fiscal supuestamente autónomo, y a un tribunal en teoría independiente.

Cuando llegó a La Moneda, el fiscal Fernández se encontró en territorio hostil: el ministro Cruz, el subsecretario Christian Nicolai y el director jurídico de la Presidencia, Carlos Carmona, acompañaban al Presidente.

Según Fernández, Lagos estaba irritado. Y, a poco de iniciada la reunión, perdió la paciencia con el fiscal:

—¿Por qué le diste entrada a los requerimientos de las empresas?
—Es mi deber. La Fiscalía representa el interés general, y en este caso está comprometido.
—Ellos quieren enturbiar las cosas, nada más.
—Eso tiene que definirlo la Comisión, Presidente.

Entonces Lagos lanzó una frase que al fiscal, con sus años de vida en México, le quedaría grabada para siempre:

—Eso es trastocar las cosas. Porque la política económica la fija el Presidente de la República y no un pinche tribunal.

Ofuscado, el Presidente preguntó a viva voz quiénes eran los miembros de la Comisión Resolutiva. Se le informó que los representantes del gobierno eran los directores del Sernac, Alberto Undurraga, y de Aduanas, Cristián Palma.

—Los quiero a los dos esta tarde a las cinco —ordenó el Presidente.

La secretaria que tomaba nota de la reunión salió rauda de la oficina. Volvió unos minutos después informando que ambos estaban en Valparaíso: Undurraga en el Congreso y Palma en la Dirección de Aduanas.

—Que vengan mañana —concedió Lagos. Y, según el relato de Fernández, agregó:

—Si no votan conforme el gobierno estime necesario que voten, me van a presentar ambos la renuncia de inmediato.

Ricardo Lagos

Lagos reconoce haber convocado al fiscal a esa cita en su oficina, aunque su versión de lo ocurrido es distinta. «La resolución de la Subtel había sido objetada por el fiscal, y eso produjo un debate en la prensa muy intenso. Yo pedí que me explicaran qué había pasado, y me dijeron que pasó a la Comisión. Y la Comisión resolvió», dice hoy Lagos. Y da una interpretación distinta a la frase que tanto impactó a Fernández: «La política económica obviamente que la fija el Presidente de la República. La definición yo la hago a través de un decreto. Y el tribunal dice sí o no, porque hay una instancia jurídica. Ahora, si usted quiere deducir de eso que yo debo incidir en el tribunal, no, no me parece adecuada esa decisión [sic] suya».

—En ese momento usted pide llamar a Undurraga y Palma, ¿por qué?

—Bueno, porque ellos eran funcionarios del aparato del Estado. Pero esa parte no la recuerdo, haber hablado con esos funcionarios.
—¿Se les puede haber dado alguna sugerencia o haberles preguntado cómo iban a votar?
—No, esas cosas no las hago yo. Es un poquito ofensiva su observación, ¿no cree usted?
—No. Se lo pregunto porque…
—Y yo se lo respondo.
—¿Usted no lo hizo, en ningún momento?
—Nunca.

Sin embargo, una segunda fuente independiente confirma la presión del Presidente a por lo menos uno de los funcionarios de gobierno. Y fue directa: Lagos llamó a Alberto Undurraga a su teléfono celular, mientras él manejaba. Impresionado, el entonces director del Sernac tuvo que estacionarse para recibir los argumentos del Presidente sobre por qué era «bueno para Chile» fallar a favor de Telefónica.

En apenas tres meses, entre abril y julio de 2001, la Comisión Resolutiva debió fallar nueve casos en telefonía. Casi todos ellos enfrentaban a Telefónica con sus competidores. «Había un lobby enorme, las empresas de telecomunicaciones se tenían tomada la Comisión con demandas cruzadas, y los abogados nos llamaban para pedirnos reuniones. Yo no los recibía», dice el entonces director de Aduanas Cristián Palma.

Cuatro días después de la reunión en La Moneda, el fiscal dice haber llamado a Undurraga y Palma a su oficina.

—¿Ya les dieron las órdenes?
—Sí, pero no te preocupes, porque vamos a votar en conciencia.

Palma tiene una versión distinta de los hechos. «No me llamaron para darme instrucciones sobre cómo votar, y jamás las habría aceptado», asegura. Dice que le quedó grabada una advertencia que les hizo el juez Pérez Zañartu cuando se integró a la Comisión: «Nos hizo ver que éramos una sala del Poder Judicial, y que si fallábamos contrario a derecho podíamos cometer el delito de prevaricación».

La del viernes 11 de mayo fue una sesión difícil. «Como es lógico, los dos funcionarios de gobierno votaron en contra del recurso de la Fiscalía», recuerda Pérez. Pero el juez tenía de su lado al decano de Economía de la Universidad Católica, Francisco Rosende, y ante la ausencia del otro académico, Arnaldo Gorziglia, hubo un empate de dos votos por lado. «Y yo, como presidente de la Comisión, tenía el voto dirimente. Fin de la historia.»

Pero esa Resolución 600 sería seguida por otras. El 11 de julio de 2001, los comisionados volvieron a sesionar para decidir sobre la libertad tarifaria. Pérez, Gorziglia y Patricio Rojas, que se integraba como decano de Economía de la Universidad Finis Terrae, votaron contra Telefónica. Undurraga y Palma compartieron la resolución, aunque ambos hicieron algunas prevenciones. «Undurraga y Palma cumplieron con lo que me habían prometido, y actuaron en conciencia», dice Fernández.

Al menos por ese día, las instituciones funcionaron.

SUENAN LOS TELÉFONOS (OTRA VEZ)

Fue en todo caso una victoria pírrica para Fernández. Después de aquella frase sobre el «pinche tribunal» en La Moneda, el fiscal nacional económico presentó su renuncia, que fue aceptada el 6 de agosto de 2001, una vez que se encontró a su reemplazante: Pedro Mattar.

El nuevo fiscal marcó en público el cambio de rumbo. Se comprometió a «evitar en lo posible la solicitud de medidas cautelares que puedan entorpecer la marcha de los negocios», y declaró que «las concentraciones en sí mismas no son perniciosas, por lo tanto mal se puede hablar de peligro» en ellas.

Una frase «increíble», según el economista Claudio Agostini, quien explica que en otros países existen índices de concentración que marcan claros límites, los que por sí solos impiden que se apruebe una fusión.

El nuevo fiscal no traería más dolores de cabeza al Presidente, por lo que no sería necesario llamarlo al orden. «Yo no tuve nunca ninguna conversación con Mattar. Como él me dijo después, nunca tuvo el gusto de conversar conmigo mientras yo fui Presidente», recuerda Lagos.

La razzia en la Fiscalía Nacional Económica fue total. El subfiscal, Juan Pablo Lorenzini, y el encargado del departamento legal, Tomás Monsalve, intentaron mantener la línea fiscalizadora de Asenjo y Fernández, pero fueron removidos; ambos dejaron sus cargos en enero de 2003.

Sin Fernández, Lorenzini, Monsalve ni Pérez en sus cargos, parecía no haber obstáculos. Hasta que —otra vez— un caso que involucraba a Telefónica hizo sonar los teléfonos.

Todo empezó el 12 de marzo de 2002, cuando la empresa española demandó al Estado de Chile por $181.038 millones, más reajustes e intereses, acusando ilegalidades en el Decreto 187, que había fijado las tarifas para telefonía fija en el quinquenio 1999-2004. Se acercaba la próxima decisión de la autoridad, y esta vez Telefónica pretendía que sí se dictara libertad de precios, pese a su abrumador dominio del mercado. La demanda civil sería la espada de Damocles sobre esa decisión de la Comisión Antimonopolios, que ya en 1998 había obligado al gobierno a fijar tarifas, al decretar que no existían condiciones de libre competencia, fallo ratificado en 2001.

El 13 de enero de 2003, Telefónica pidió a la Comisión Antimonopolios que revirtiera su fallo de 1998 y decretara libertad tarifaria para las líneas fijas en gran parte del país, incluido Santiago, aduciendo que existían condiciones de competencia. Los datos, sin embargo, difícilmente sustentaban esa posición. En 227 de las 307 comunas con servicio de telefonía local existía un solo proveedor: Telefónica. En apenas 17 comunas el principal actor tenía menos del 70% del mercado. Y Telefónica controlaba el 78,6% del mercado nacional.

Entonces se desató el lobby.

Sergio Espejo

A través del Ministerio de Economía y de la Subtel, el gobierno se puso decididamente del lado de la empresa española. «Podías darte cuenta de que se multiplicaban las conversaciones privadas, sin estar sujetas a control y sin ninguna obligación de declararlas o hacerlas públicas, lo que generaba mucha opacidad», recuerda el entonces superintendente de Electricidad y Combustibles, Sergio Espejo, representante del Ministerio de Economía en la Comisión Antimonopolios.

Economía y la Subtel entregaron informes coincidentes a la Comisión Antimonopolios; ambos declararon a favor de Telefónica, pidiendo que se fijaran tarifas meramente «referenciales». Y el fiscal Mattar se ausentó del país cuando debía alegar ante la Comisión. «La posición del gobierno se hizo clara y mi opinión era distinta», recuerda Espejo. El superintendente de Electricidad y Combustibles —que, recordemos, debía representar al Ministerio de Economía en la Comisión Antimonopolios— tenía claro que la libertad tarifaria no correspondía. «Estaba en un dilema», recuerda Espejo. «¿Debía resolver en conciencia o hacer valer la opinión del gobierno que me había designado?»

El debate dentro de la Comisión fue álgido y estuvo cruzado por el lobby oficial. Finalmente, se votó. Telefónica contaba con dos apoyos: Hernán López, subrogante del superintendente de Valores y Seguros, y el decano Patricio Rojas. En contra se pronunciaron el juez de la Corte Suprema Domingo Kokisch y el decano de Derecho de la Universidad de Chile, Patricio Valdés. La decisión estaba en manos de Espejo. Y votó en contra de Telefónica. Por tres votos contra dos, la empresa española fue derrotada. Las tarifas volverían a fijarse por decreto, tal como en 1999.

El voto de minoría, por flexibilizar las tarifas, fue redactado por el economista Patricio Rojas. Pero al momento de publicarse, el 20 de mayo, Rojas ya había renunciado a la Comisión. Reapareció apenas algunas semanas después, cuando Telefónica lo propuso como «perito imparcial» para el proceso de fijación tarifaria. Sería el comienzo de una larga y fructífera relación entre el economista y la empresa. En 2008, Patricio Rojas ya aparecía como director de Telefónica, cargo que mantiene hasta hoy.

SUENAN LOS TELÉFONOS (¡POR TERCERA VEZ!)

El superintendente Espejo pidió ayuda al economista Claudio Agostini, entonces en Estados Unidos, quien le envió antecedentes detallados sobre por qué liberalizar las tarifas de Telefónica no tenía ningún sentido económico. Tiempo después, lo llamó para agradecerle y contarle el vía crucis por el que había pasado. «Fue terrible, lo pasé pésimo, me llamaron directamente para presionarme. Y como no acepté, luego me sacaron», contó Espejo a Agostini.

«Tenía la sensación de caminar por la cuerda floja», recuerda Espejo, hoy diputado de la Democracia Cristiana. «Voté y quedé en contradicción con el gobierno, lo que obviamente volvió mi situación insostenible.» Pese a que su período en la Comisión Antimonopolios se extendía hasta el 28 de marzo de 2004, fue removido el 30 de agosto de 2003.

«Había votos disidentes, me acuerdo de uno de Espejo. Lo cual le revela que él estaba actuando por su cuenta», dice hoy Ricardo Lagos.

—Pero después de eso tuvo que irse de la Comisión.
—No sabría decirle, no me acuerdo.

En todo caso, Telefónica ya tenía listo su contraataque, y debía actuar antes de que se dictara el decreto tarifario. En el apuro, se perdió todo respeto por las apariencias: apenas dos días después de la salida de Espejo, Telefónica presentó un recurso pidiendo «aclarar» el dictamen de mayo.

La Comisión sesionó el 3 de septiembre de 2004, con el vicepresidente de Corfo, Óscar Landerretche Moreno, debutando como delegado del gobierno, en el puesto de Espejo. Tampoco estaba ya Valdés, reemplazado por el abogado Miguel Álex Schweitzer. El juez Kokisch era el único sobreviviente de los que habían votado en contra de las pretensiones de Telefónica.

Y se defendió con dientes y uñas. En 2002, Landerretche había realizado un informe para la FNE sobre Telefónica. Kokisch le exigió entonces que se inhabilitara, y la sesión se volvió tormentosa.

Diez días después, el 13 de octubre, la Comisión Antimonopolios acogió la solicitud de Telefónica para flexibilizar las restricciones. No habría libertad tarifaria, pero la empresa sí podría ofrecer «planes diversos», bajo vigilancia de la autoridad. Para Blas Tomic, de VTR, eso «sería el far west».

«Sabía que cuando saliera de la Comisión, Telefónica iba a insistir —dice—. Pero no pensé que sería tan rápido. No se demoraron ni un segundo», dice Espejo.

En septiembre de 2004, el gobierno publicó el nuevo decreto tarifario: los cargos de acceso que las demás compañías debían pagar a Telefónica aumentaron en 67%. La tercera llamada había sido la vencida.

La tarde del 18 de enero de 2014, en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, Héctor Pérez Farías observó con detención el cuerpo de José Emanuel, su hijo de 12 años. Numerosos granos de color rojo se extendían por la zona abdominal, lumbar y por las extremidades del niño, provocándole una picazón que lo llevó a pedir ayuda a sus padres.

Al preguntarle qué había hecho, dónde había estado, José Emanuel contó que por la mañana había ido a bañarse al Río Cruces junto a unos amigos. Lo hacía de forma habitual, pero ese día le llamó la atención la temperatura del agua, que estaba más alta de lo normal. Con el correr de las horas los padres de José Emanuel se enteraron a través de unos vecinos que ese día había aparecido una gran cantidad de peces muertos en el mismo sector.

José Emanuel se había bañado en las cercanías del Puente Rucaco, 800 metros río abajo del lugar donde descarga sus Residuos Industriales Líquidos (RILes) la Planta Valdivia de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del Grupo Angelini. La misma planta fue condenada en 2014 con $5.200 millones de multa por derramar residuos contaminantes en el Río Cruces, lo que derivó en la muerte de miles de cisnes de cuello negro.

Celulosa Nueva Aldea (Fuente: biobiochile.cl)

La denuncia de Héctor Pérez por las lesiones que sufrió su hijo se sumó a las de otros vecinos y organizaciones como Acción por los Cisnes, lo que gatilló el inicio de una investigación de  la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Por esos mismos días, unos 400 kilómetros al norte, en la comuna de Ránquil, región del Biobío, se acumulaban las denuncias de los vecinos de otra de las plantas de Celco, Nueva Aldea. Desde 2013 acusaban derrames, malos olores y ruido excesivo, por lo que la SMA también abrió un expediente en su contra.

Los resultados de ambas investigaciones se dieron a conocer entre enero y febrero de este año, cuando la superintendencia formuló cargos contra las plantas Nueva Aldea y Valdivia. Por el tenor de las faltas –calificadas de graves y gravísimas, respectivamente- además de millonarias multas ambas plantan arriesgan perder su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que las obligaría a dejar de funcionar. Sería otro duro golpe para este gigante forestal que en 2014 obtuvo utilidades por US$ 437 millones y desde la muerte de los cisnes es uno de los símbolos de la magnitud del daño ecológico que puede producir la industria de la celulosa.

Además de los cuestionamientos ambientales, el Grupo Angelini está actualmente en el ojo de dos investigaciones penales por el financiamiento irregular de la política. Celco, junto a Copec, Siemel, Cruz del Sur y Corpesca entregaron fondos a la pre-campaña electoral de Michelle Bachelet por fuera de las normas del Servel (ver reportaje: La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet). Además, Corpesca es la protagonista de una investigación en que se indagan los delitos de cohecho y fraude al fisco, por los pagos realizados a la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje) y al senador Jaime Orpis (ver reportaje) en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca

PLANTA VALDIVIA OTRA VEZ BAJO LA MIRA

A raíz de los daños que sufrió el pequeño José Emanuel, el 12 de febrero de 2014 su padre interpuso una querella por lesiones menos graves contra Celco en la Fiscalía Local de Mariquina, a la que se sumaron dos adultos y un niño que también sufrieron las consecuencias de bañarse en el río (ver querella).

Un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente solicitó los antecedentes del caso en Fiscalía y en octubre de 2015 citó a declarar a siete trabajadores de la empresa, que ya habían prestado su testimonio ante el Ministerio Público.

Roberto Angelini, vicepresidente de Celco

La fiscal instructora de la SMA a cargo de las preguntas era Carolina Silva Santelices. Frente a ella, los trabajadores –junto a sus abogados– negaron reiteradamente recordar los hechos, hasta que la fiscal los enfrentó a las declaraciones que ellos mismos prestaron en la causa penal que lleva la Fiscalía Local de Mariquina.

Uno de los últimos en declarar fue Mauricio Ceverio Hidalgo, operador que estuvo a cargo de los residuos líquidos de la empresa un día antes de las lesiones de los bañistas y la aparición de los peces muertos, el 17 de enero de 2014.

Ese día un peligroso líquido, conocido en la industria de la celulosa como licor verde, llegó a la zona de tratamiento de efluentes de la planta. En este lugar, los trabajadores se encargan de recibir, controlar y tratar los residuos líquidos del proceso de producción y verterlos al Río Cruces una vez que estén dentro de los parámetros que exige la normativa chilena.

Este líquido de color verde es una solución corrosiva que al contacto con la piel puede causar quemaduras químicas o daños en los pulmones si se inhala. Los trabajadores que estuvieron a cargo del tratamiento de efluentes ese día reconocieron la presencia de licor verde en el flujo de RILes, pero las declaraciones se contradicen al momento de responder cómo procedieron.

El operador de efluentes Mauricio Ceverio aseguró ante la Fiscalía que cuando se percató de la presencia del líquido, le ordenó realizar una “inspección visual” y mediciones al volante de efluentes Juan Echeparreborde. Según Ceverio, los controles indicaron que los parámetros estaban dentro del rango exigido, por lo que no fue necesario derivar el flujo a la laguna de derrames, un sector donde es enviada el agua para tratarla cuando hay parámetros alterados.

Para terminar, el trabajador abrió el estanque TK 15.000, que contiene agua de río, para “aumentar el caudal” de los residuos y el resto del proceso siguió normalmente, enviando el flujo hacia el Río Cruces.

La declaración se contradice con la versión que entregó el aludido, Juan Echeparreborde. En su testimonio el trabajador reconoce la llegada del licor verde, pero asegura que no realizó ninguna medición, ya que no recibió ninguna instrucción al respecto (ver declaraciones).

Este hecho es la acusación más grave y lidera las 11 infracciones que detalló la SMA en la formulación de cargos que realizó el 8 de enero de este año contra la planta (ver documento).

Según la normativa que regula el funcionamiento de la planta, la empresa debió activar sus sistemas internos para controlar el derrame de licor verde e informar inmediatamente, en un máximo de 24 horas desde que ocurrió el accidente, a la autoridad ambiental, lo que habría podido mitigar el daño.

Ninguna de esas cosas ocurrió y la SMA catalogó ambas infracciones como “gravísimas”. Además de las acusaciones de dos adultos y dos niños de haber sufrido lesiones en la piel, entre los miles de peces que murieron ese día había dos especies en conservación, catalogadas como vulnerables desde 2008.

La empresa ya presentó sus descargos ante la SMA, alegando vicios formales en el procedimiento y negando cada una de las acusaciones. Respecto a la más grave, la empresa asegura que no debía reportar el derrame del lictor verde porque no afectó al efluente, ya que se trató sólo de una contingencia operacional y se recuperó prácticamente la totalidad de la sustancia, cumpliéndose los límites de descarga permitidos.

Las infracciones detectadas por la SMA vuelven a poner sobre la mesa los daños ambientales que ha provocado Celco en Valdivia, luego de que en 2004 las descargas de la planta provocaran la muerte de miles de peces y cisnes de cuello negro en el humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, ubicado en el Río Cruces.

Tras ese episodio, la RCA de esta planta fue modificada incluyendo nuevos requisitos. En la investigación actual, la SMA acusó que  Celco todavía no cumple algunas de esas exigencias, como el programa de monitoreo ambiental, la construcción de una nueva bocatoma y una planta de osmosis inversa, además de la instalación de un sistema lavador de gases, entre otras medidas.

La SMA también consideró que la planta cometió infracciones al superar el límite de descargas de algunos parámetros, además de cuestionar la forma en que se realizan las muestras. Este punto es crítico para Celco, pues actualmente se encuentra enfrentada con el Ministerio de Medio Ambiente en el Tribunal Ambiental de Valdivia, intentando detener la nueva norma de la calidad del agua que rige sobre el Río Cruces. Según la empresa, con los nuevos parámetros es imposible que una planta opere en la zona (ver reportaje de CIPER: Celco vuelve a tribunales por planta Valdivia: intenta eliminar norma de calidad del agua).

Ahora, con las faltas graves y gravísimas de las que la acusa la SMA, la empresa arriesga la revocación de la RCA, la clausura o una multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales (UTA), unos $5.400 millones. El dictamen de la superintendencia debiera conocerse antes de seis meses, tras lo cual tanto la autoridad como la empresa pueden recurrir al Tribunal Ambiental.

EL OTRO FOCO CRÍTICO

Más al norte, Celco mantiene abierto otro foco de acusaciones graves por daños medioambientales. A 50 kms. de Chillán, en la comuna de Ránquil, provincia de Ñuble, se encuentra otra de sus plantas más importantes: el complejo Nueva Aldea, que produce más de 1 millón de toneladas de celulosa kraft al año.

En octubre de 2013, la oficina de la SMA en la Región del Biobío recibió numerosas denuncias de los habitantes del sector donde se encuentra emplazado el complejo por derrames en el ducto que transporta los residuos líquidos de la empresa hasta el mar. Los vecinos acusaron pestilencia, dolores de cabeza y animales enfermos por consumir el líquido, el que terminó cayendo en un estero del lugar, además de posibles filtraciones en tierras agrícolas y contaminación de napas subterráneas.

Funcionarios de la Seremi de Salud, de la Gobernación Marítima de Talcahuano y de la Capitanía de Puerto Lirquén realizaron inspecciones ambientales a raíz de las denuncias, con las que se pudo verificar dos derrames -el 9 de octubre y el 14 de noviembre de 2013- y fallas en los sistemas de alerta instalados en el ducto para reaccionar a tiempo frente a este tipo de emergencias.

En las mismas pericias se comprobó que la temperatura de los residuos líquidos depositados por la empresa en el mar superaba en más del doble a la temperatura que debe tener el efluente al entrar en contacto con el medio marino según la norma vigente. Además de otras infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como inexistencia de cerco vegetal que aísle el perímetro del depósito de residuos industriales no peligrosos y la deficiente construcción del ducto de descarga al mar, que es visible desde la playa a pesar de que la norma exige que no lo sea.

Con el paso de los meses las denuncias continuaron, esta vez por permanentes ruidos molestos en las inmediaciones de la empresa y malos olores en el sector de Quillón y Ñipas, donde los vecinos manifestaron dolores estomacales, dolor de cabeza, náuseas e irritación en ojos y nariz. Además se detectó contaminación atmosférica producto de la disposición no autorizada de cal.

La SMA recopiló e investigó las denuncias que se extendieron hasta 2015 y el 17 de febrero de este año formuló cargos contra Nueva Aldea, resumiendo en ocho puntos las graves falencias que descubrió en el funcionamiento de la planta (ver documento).

Además de los derrames, la empresa fue acusada de emitir en septiembre de 2015 una cantidad indeterminada de dióxido de cloro sin tratamiento, el que al contacto con el aire se transforma en cloro gaseoso, catalogado como gas tóxico según la normativa chilena

Otra de las acusaciones apunta al origen de los malos olores denunciados por los vecinos. La SMA determinó que la emisión de gases pestilentes sin tratamiento -gases TRS- directamente a la atmósfera supera los límites impuestos por la norma, que permite estos “venteos” solo en situaciones de emergencia.

Para tener una idea, solo en enero de 2015 la empresa informó 85 venteos, alcanzando un promedio de 38 venteos mensuales entre enero y septiembre de ese año.  La SMA calificó estas emisiones como “condiciones operacionales que se reiteran numerosa y temporalmente y que van más allá de una situación de emergencia”.

Los hechos son catalogados como “graves” por la superintendencia, debido al daño que implican para la población aledaña, ubicada a menos de un kilómetro, y por el incumplimiento de las medidas que exige la RCA para minimizar y reparar estos problemas.

El proceso sancionatorio está recién comenzando, pero al igual que en Valdivia, podría implicar la revocación de la RCA, la clausura o la multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales, casi $2.700 millones. Celco tiene hasta el 2 de marzo para presentar un programa de cumplimiento y hasta el 9 de marzo para presentar sus descargos, para luego seguir el mismo camino que la investigación en Valdivia.

“Estimado Pablo te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla”, decía el correo electrónico que a la medianoche del 5 de agosto de 2010 el entonces gerente general de Soquimich (SQM), Patricio Contesse, le envió a Pablo Longueira (UDI), quien en ese momento aún era senador. Al igual que en el resto de los emails que en enero pasado reveló Revista Qué Pasa y en los que luego ahondó The Clinic, el mensaje abordaba los cambios al impuesto a la minería que la administración de Sebastián Piñera se aprestaba a mandar al Congreso. Traía un documento adjunto en formato Word con el nombre “Royalty Minería I”. El contenido de ese archivo, hasta ahora desconocido, complica la ya difícil situación de Longueira por el financiamiento irregular de la política y especialmente por los millonarios pagos que éste recibió de SQM, pues abre directamente la puerta a un eventual delito de cohecho.

Pablo Longueira

El mensaje en cuestión llevaba como asunto “Texto cláusula extensión”. Patricio Contesse respondía a un correo que le había enviado Longueira con el borrador de un artículo del proyecto que en esos mismos días se elaboraba en el Ministerio de Minería, el que buscaba aumentar el impuesto minero (conocido popularmente como royalty) para que financiara parte de la reconstrucción del país, afectado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de ese año. Ese borrador oficial era el que a Contesse le parecía una burla y, por lo tanto, le enviaba una contrapropuesta en un documento adjunto.

CIPER revisó los archivos intercambiados por Longueira y Contesse y pudo constatar cómo el texto que el ex gerente general de SQM le envió al entonces senador de la UDI es prácticamente igual al que el gobierno ingresó casi un mes después, el 31 de agosto de 2010, a la Cámara de Diputados como el artículo cuarto transitorio del proyecto de ley. El cambio contenido en ese email beneficiaba directamente a SQM.

Lo que hace ese artículo es permitirle a SQM (y a otras empresas mineras de capitales nacionales) acceder al beneficio de la invariabilidad tributaria, que originalmente estaba reservado solo a los inversionistas extranjeros que firmaran un contrato con el Estado. En el proyecto de royalty minero de 2004, promovido por el gobierno de Ricardo Lagos, ya existía esa posibilidad. Sin embargo, en el archivo que Contesse adjuntó en su correo a Longueira, se queja de que las mineras nacionales no pudieron acceder al beneficio:

“Las empresas chilenas pertinentes no suscribieron el Convenio a que se refiere el artículo 5° transitorio de la Ley actualmente vigente (N° 20.026) pues la autoridad de entonces no pretendía que esto ocurriera y las condiciones puestas lograban ese efecto en la práctica”.

El problema para SQM era que el nuevo borrador preparado por el gobierno en 2010 –y del que se enteraron porque el mismo Pablo Longueira les envió una copia recibida desde el Ministerio de Minería–, señalaba expresamente que el nuevo beneficio de invariabilidad tributaria solo contemplaba a las empresas chilenas que ya tenían un convenio de invariabilidad vigente.

“Dicho de otro modo, la nueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a SQM –ya que ella no tiene convenios legales acogidos al artículo 5° transitorio de la Ley N° 20.026– y borrará con tal exclusión, todo lo conversado al respecto y todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias (royalty) de las empresas mineras chilenas con los de las empresas mineras extranjeras”, señala el email enviado por Contesse a Longueira.

Lo que no menciona Contesse es que a los inversionistas extranjeros se les garantizaba una ampliación de la invariabilidad, porque sus contratos ya la contemplaban originalmente y se necesitaba darles algo a cambio para que accedieran al alza de impuesto. Las compañías chilenas, en cambio, estaban adquiriendo un beneficio que antes no tenían.

La argumentación de Contesse finaliza proponiendo una alternativa que beneficie a SQM: “La omisión indicada debe ser solucionada y ello puede ocurrir, por ejemplo, a través del reemplazo del posible Artículo Sexto Transitorio del mismo nuevo proyecto de ley. Este artículo, entonces, íntegramente reemplazado, podría leer como sigue”, plantea Contesse, pasando a presentar la redacción de un artículo de ley, el que luego quedó en la iniciativa legal como Artículo Cuarto Transitorio (revise aquí el artículo cuarto transitorio que quedó estampado en la ley).

Patricio Contesse

La ley terminó beneficiando a SQM. En el artículo propuesto por el entonces gerente general de la minera, se elimina el requisito de que las empresas que opten a la invariabilidad tributaria deban tener un contrato vigente con el Estado, como había planeado el gobierno de Piñera. El texto enviado desde SQM a Longueira y el que luego el gobierno ingresó al Congreso son prácticamente iguales. Solo aparecen cambios menores, como el plazo que tendrían las empresas para presentar una solicitud en el Ministerio de Economía para acogerse al beneficio. La propuesta de Contesse –enviada a Longueira- establecía un plazo de 180 días corridos para hacerlo, mientras que el proyecto de ley consideró solo 60 días corridos. También se amplió un año el alza temporal del impuesto para financiar la reconstrucción.

El documento adjunto que recibió el ex senador entrega otro detalle sorprendente: no incluye sólo el artículo, sino que tiene el formato de una carta. Ésta va encabezada con “Estimado”, seguido de un espacio en blanco para incluir el nombre del destinatario, luego se lee la explicación de por qué hay que modificar el borrador del Ejecutivo, seguida por la nueva versión que iría en el proyecto de ley, y concluye con el nombre de Pablo Longueira a modo de firma. Es decir, desde SQM le enviaron al ex senador de la UDI la propuesta de artículo formateada para que él, sin hacerle modificaciones, la hiciera llegar al redactor de la iniciativa legal.

La firma del entonces senador fue el principal aporte de Patricio Contesse, pues todo el resto del documento lo había recibido poco antes desde la casilla del fiscal de SQM, Matías Astaburuaga, para que se lo reenviara a Longueira.

SQM Salar y SQM Nitratos fueron las empresas de Soquimich que se acogieron al beneficio aprobado en 2010. Gracias a la intervención de Contesse con la ayuda de Longueira, esas dos compañías volvieron a un régimen plano de 5% entre 2013 y 2018, tal como las empresas extranjeras con contratos de inversión vigentes (en vez de aplicárseles el alza del impuesto a la minería que varía según el margen operacional, entre 5% y 14%). Además, SQM Salar y SQM Nitratos gozarán de invariabilidad tributaria hasta 2025, lo que implica, por ejemplo, que no se le aplican las alzas impositivas contempladas en la reforma de 2014. A diferencia de las empresas extranjeras con contratos de inversión que tienen invariabilidad pero pagan una tasa adicional, SQM se rige por el régimen regular.

En los estados financieros de Soquimich de 2011 se informa que la SQM Salar firmó el contrato de invariabilidad con el Ministerio de Economía el 26 de agosto de ese año, mientras que SQM Nitratos lo hizo el 22 de diciembre.  Pablo Longueira asumió en Economía el 18 de julio de 2011, por lo que ambos contratos se firmaron cuando él ya era ministro.

LA RUTA DE SQM AL CONGRESO

El proyecto de ley enviado al Congreso fue firmado por el Presidente Sebastián Piñera y tres de sus ministros: Felipe Larraín, de Hacienda; Juan Andrés Fontaine, de Economía, y Laurence Golborne, de Minería. Pero es respecto a este último que existen huellas de su relación con Pablo Longueira en la tramitación del proyecto de ley de royalty minero. Un correo electrónico fechado el 5 de agosto de 2010, a las 16:29 horas, llegó a la casilla de Longueira. Fue enviado por Franco Devillaine, fiscal del Ministerio de Minería, y en el texto señala:

“Estimado senador, junto con saludarle, y a expreso requerimiento del señor Ministro de Minería, adjunto y remito a usted archivo con texto del artículo quinto transitorio del Proyecto de Ley de Reconstrucción. El mismo se refiere a la posibilidad de extender los efectos de las normas sobre invariabilidad a los proyectos conexos para el caso de las empresas chilenas”. El entonces ministro Golborne recibió una copia de este email.

Pablo Longueira y Laurence Golborne

Pablo Longueira sólo tardó 11 minutos en reenviar el borrador que había recibido desde el gobierno al gerente general de la principal empresa interesada en el cambio legal. En SQM actuaron rápido. Durante lo que quedaba de la tarde, Matías Astaburuaga preparó la propuesta y alrededor de la medianoche Contesse se la mandó al senador UDI para corregir lo que él consideraba “una burla”.

Pasarían algunas semanas antes de que Patricio Contesse constatara que su versión del artículo había sido incluida en la normativa. El propio Longueira le envió el 1 de septiembre a las 16:21 horas el proyecto que había ingresado al Congreso, a lo que el gerente de SQM respondió: “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”.

Entremedio, Contesse y Longueira intercambiaron otros correos relativos al royalty. Al gerente de SQM le preocupaba que el impuesto se estableciera sobre las utilidades de las mineras, y no sobre las ventas, una propuesta que sostenían algunos sectores de izquierda de la entonces Concertación. En ese contexto, Longueira le envió a Contesse una propuesta de acuerdo que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) le había hecho llegar en medio de la discusión legislativa. El detalle de esas comunicaciones fue publicado el 29 de enero por la revista Qué Pasa.

Hasta ahora Impuestos Internos  (SII) no se ha querellado en contra de Pablo Longueira por delitos tributarios pese a que en las distintas carpetas de la investigación por el financiamiento ilegal de la política se acumulan las boletas sin respaldo contable que lo vinculan. Los nuevos correos y sus documentos adjuntos cambian su situación. Dan cuenta de entrega de información privilegiada sobre un proyecto de ley en discusión a una empresa directamente afectada por este; y por haber servido de trampolín para que se materializara el cambio de la ley que la beneficiaba, en este caso a SQM.

El cohecho se constituye cuando una autoridad recibe o solicita un pago a cambio de realizar una actividad inherente a su cargo que beneficia a quien le está pagando. En el caso de Longueira, el delito podría configurase pues según el informe de Shearman & Sterling, la auditora estadounidense que analizó más de 3,5 millones de documentos de SQM y que sistematizó esa información por encargo de la propia compañía, Pablo Longueira es el dirigente político que más se benefició con los dineros de la minera que hoy están bajo investigación judicial.

En efecto,  entre 2009 y 2014 -y según ese mismo informe de la auditora-, SQM pagó $730 millones a más de 20 personas naturales y jurídicas vinculadas a Pablo Longueira. Las investigaciones de Impuestos Internos y del Ministerio Público han develado una verdadera red integrada por decenas de personas ligadas a Longueira que emitieron boletas falsas a SQM. La fórmula utilizada, según los mismos testigos que han declarado, estaba organizada por su principal asesora, Carmen Luz Valdivielso (conocida como “Titi”).

Los datos sistematizados por CIPER dan cuenta de que los “boleteros” asociados a Longueira no dejaron de recibir pagos de la minera cuando éste dejó el Senado, sino que se mantuvieron cuando fue nombrado ministro de Economía. Luego, cuando dejó el gobierno para asumir como precandidato presidencial y aún después, cuando Longueira dejó la carrera aquejado por una profunda depresión, siguió recibiendo pagos desde SQM, esta vez directamente a una sociedad que tiene con su esposa.

CIPER envió correos al abogado de Pablo Longueira, Alejandro Espinosa, quien también asumió la defensa del senador Fulvio Rossi (PS), investigado por los aportes ilegales de Corpesca y SQM. No obtuvimos respuesta.

Por ahora en el Ministerio Público están a la espera de la acción legal del SII respecto del ex senador de la UDI, para definir los pasos a seguir. Cuando el 11 de enero se presentó ante la Fiscalía Oriente para declarar como imputado por los pagos ilícitos que habría recibido de Penta, Pablo Longueira guardó silencio. Este 8 de marzo estaba citado en la investigación por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios asociados a Corpesca. Aunque solo estaba invitado a declarar como “testigo”, a solo horas de comparecer, Longueira postergó una semana la cita. Puede que haya entendido que aún como “testigo” su situación es muy delicada, porque el flanco que se le abrió y lo amenaza es su relación con Patricio Contesse y Soquimich.

Son más de 50 mil los automovilistas que anualmente renuevan sus permisos de circulación en La Florida. Esto le permite al municipio recaudar en torno al 10% de su presupuesto anual, por lo que marzo es un mes clave para la comuna. Pero este año ese proceso está contaminado por una investigación de corrupción, que tiene a once funcionarios alejados de sus labores habituales, en medio de un sumario administrativo y una investigación del Ministerio Público. Se indaga la adulteración de la información ingresada el sistema informático que registra las multas de tránsito.

A cambio de una coima, algunos funcionarios habrían permitido que conductores que tenían multas impagas renovaran las patentes de sus autos, a pesar de que el pago es requisito obligatorio para obtener el permiso. Esta adulteración generó un perjuicio que hasta ahora se calcula en más de $170 millones.

Como aún no está claro cuándo comenzaron las irregularidades, ese monto podría aumentar considerablemente. Más grave aún, es que situaciones similares podrían estar ocurriendo en otras comunas, pues son más de 120 los municipios que utilizan el mismo software que La Florida, que provee la empresa Sistemas Modulares de Computación. Según el alcalde Rodolfo Carter, el sistema tiene una “vulnerabilidad estructural” que permite total discrecionalidad de los funcionarios a la hora de liberar las patentes bloqueadas, aunque no se haya pagado la multa.

En la Municipalidad de Recoleta, donde utilizan el mismo software, cuentan que hace ya un par de años detectaron la vulnerabilidad del sistema, pero dicen que no han podido cambiar de proveedor porque tienen un contrato vigente, que data de la administración anterior. Si bien hasta ahora no se han encontrado fraudes y se ha aumentado la fiscalización sobre quienes operan el programa, tampoco pueden tener en esa comuna la certeza de que nunca se hayan cometido irregularidades.

En enero, el presidente de la Asociación de Concesionarios (COPSA), Juan Eduardo Saldivia, dijo a El Mercurio que las empresas del rubro ya habían detectado “casos de conductores que aunque están en el catastro de multas, igual obtienen su permiso de circulación”. El alcalde Carter no cree que La Florida sea la única comuna donde se han levantado fraudulentamente las multas y aunque no conoce otros casos concretos, dice que es un problema que ha comentado privadamente con otros ediles.

-Es un tema muy delicado porque se ha violado la confianza más que pública, administrativa, por parte de un grupo de funcionarios que tiene la facultad única de recibir el pago de una patente y liberar los partes a cambio de que se hayan pagado, y eso no había ocurrido. Estamos buscando determinar si esas personas tienen que ser sancionadas o destituidas, y encargamos a la Fiscalía que investigue las responsabilidades penales. Todo indica que podría haber una asociación ilícita -dijo a CIPER el alcalde Carter.

Las primeras inconsistencias se detectaron a comienzos del año pasado y una investigación interna derivó en una denuncia ante la Fiscalía de La Florida por fraude al Fisco, adulteración de instrumento público y asociación ilícita, además del inicio del sumario administrativo.

LAS VULNERABILIDADES DEL SISTEMA

El alcalde de La Florida explicó a CIPER que en cada una de las casetas instaladas para recibir el pago de patentes –en su comuna hay 30– hay un funcionario que tiene una clave que permite desbloquear las patentes que figuran con multas. Se supone que solo deben hacerlo cuando éstas son pagadas o se les exhibe un certificado de que fueron saldadas, pero en los casos investigados  se autorizaba la renovación de las patentes aunque las deudas siguieran pendientes.

CIPER conversó con funcionarios que han trabajado en el proceso de renovación de patentes en La Florida, quienes explicaron que el “atajo” ilegal consistía en eliminar temporalmente la multa desde las cajas municipales mediante una “aclaración” de la deuda, pese a no existir el certificado que debería acreditar el pago. Aunque el alcalde Carter cree que el pago de la patente se realizaba en la misma caja, los funcionarios explicaron que se le pedía al dueño del vehículo que cancelara su permiso de circulación por internet. Profesionales que operan el sistema en otra comuna explicaron que tiene sentido que el propio dueño haga el trámite online, pues así no queda registro de quién autorizó el pago irregularmente.

Entre los funcionarios municipales de La Florida se habla de que para hacer el trámite irregular se cobraban coimas de entre $30.000 y $100.000, dependiendo del precio de la patente y el monto de la multa.

Rodolfo Carter

Los trabajadores sumariados cumplían funciones en distintas áreas del Departamento de Tránsito y durante el mes de marzo salían a atender los módulos que instala el municipio en distintos puntos de la comuna. En éstos, donde laboraba personal interno y externo del municipio, sólo los jefes del módulo tenían claves de acceso al sistema de patentes vehiculares. Éste contiene el registro de multas cursadas en La Florida, además del enviado por el Registro Civil con la información de todo el país, mayoritariamente por circular sin utilizar el tag con que se cobra el uso de las autopistas concesionadas.

Quien dirige el sumario es el director jurídico del municipio, Roberto Depetris, quien recientemente cerró dos indagatorias por otras irregularidades en la entrega de permisos de circulación en años anteriores. Uno de los involucrados era el encargado de vender patentes vehiculares a empresas y se le investigó justamente por realizar aclaraciones sin tener documentos de respaldo que certificaran que las multas estaban pagadas.

Como fiscal instructor, Depetris ya ha tomado declaración a al menos cinco de los presuntos involucrados, además de analizar la documentación que recibió durante la auditoría que gatilló la indagatoria. Se espera que los sumarios se extiendan por al menos dos meses. La Fiscalía, en tanto, ya ha revisado los computadores de la Dirección de Tránsito.

EL POPULAR SOFTWARE MUNICIPAL

El sistema informático utilizado en la Municipalidad de La Florida pertenece a Sistemas Modulares de Computación Ltda. (SMC), una empresa basada en Concepción cuyo gerente general y dueño es Gerhard Walter Grebe. El ejecutivo contó a CIPER que la plataforma tecnológica opera actualmente en 123 municipios, poco más de un tercio de las comunas del país (ver mapa de clientes). Los documentos de las licitaciones adjudicadas a través de Mercado Público en municipios como Pudahuel, La Granja, Lo Barnechea, Huechuraba, Concepción, Maipú, Recoleta y La Florida, dan cuenta de que los contratos abarcan la gestión de una amplia gama de servicios informáticos municipales, lo que incluye la plataforma de los permisos de circulación.

En conversación con CIPER, Walter explicó que todos los softwares que ellos proveen a los municipios tienen incorporada la opción de aclarar multas, pero que cada una de las instituciones define quiénes son los usuarios autorizados a utilizar esta función. Dijo no saber de las irregularidades que se investigan en La Florida y que hasta ahora sólo en una comuna se conoció un caso similar, en que tras un sumario se sancionó a tres funcionarios. Señaló que cualquier adulteración de la información que utilizan sus plataformas es responsabilidad del municipio, que es el que carga los datos.

Aunque tanto el alcalde Rodolfo Carter como funcionarios que han trabajado con el software en La Florida y Recoleta criticaron la vulnerabilidad del sistema computacional, esto fue descartado por Walter, quien señaló que sus programas computacionales cumplen todos los requisitos tecnológicos solicitados por las comunas. Además, la empresa tiene tres funcionarios que trabajan de manera permanente en La Florida, entregando soporte técnico y capacitando a los funcionarios que utilizan el software.

SMC es uno de los grandes operadores de este mercado que, según expertos del área, está prácticamente concentrado en un duopolio. El principal competidor de la empresa penquista es CAS Chile, que en su página web informa de contratos con 200 municipios, como Ñuñoa, Valparaíso y Estación Central.

LA RUTA DE LAS MULTAS

No tener multas impagas es uno de los requisitos básicos para poder obtener el permiso de circulación de un vehículo. La base de datos es administrada por el Registro Civil, que recibe los partes empadronados, es decir, aquellos que se cursan cuando el conductor no es notificado, ya sea porque el vehículo está en movimiento o porque está estacionado. En total, existen actualmente 600 mil vehículos con infracciones pendientes en todo el país. La existencia de este registro nacional es lo que permite que aunque los funcionarios levanten el bloqueo de los autos con multas impagas, éstas vuelvan a aparecer el año siguiente.

El Registro Civil centraliza la información de las multas de tránsito no pagadas que envían los juzgados de policía local de cada comuna y en diciembre de cada año la envía a todas las municipalidades del país. Es esa información la que se utiliza durante la renovación del permiso de circulación. El director del organismo, Luis Acevedo, dijo a Radio T13 que de manera excepcional, el 18 de marzo se pondrá a disposición de los municipios una actualización de la base de datos, pero cada comuna podrá decidir voluntariamente si actualiza la versión que está usando.

Cuando una multa es pagada o es anulada por el juzgado de policía local, éste envía un informe a la tesorería municipal, la que a su vez oficia al Registro de Multas para que el infractor sea borrado del sistema. Pero como todo este proceso puede durar meses y el registro oficial habitualmente sólo se envía una vez al año, los municipios utilizan el sistema de aclaraciones. Lo que se exige –o debiera exigirse– es un documento oficial que certifique que la multa fue pagada.

Como el dinero que se origina con el pago de multas se reparte entre distintas instituciones, el alcalde de La Florida explica que el fraude detectado no afecta sólo las arcas de ese municipio. Las multas se pueden pagar en cualquiera de las 345 comunas del país. Del monto cancelado, un 20% queda en la comuna que realizó el cobro y el otro 80% se envía al registro.

Un caso particular es el de las multas por circular por autopistas concesionadas sin tag, que corresponden al  80% de las infracciones del Registro de Multas. Son los juzgados de policía local de la comuna donde vive el dueño del auto los encargados de notificar la infracción y cobrar. Si el infractor no concurre a la audiencia, debe pagar el valor de un pase diario por cada día de circulación sin dispositivo televía, más una multa de cinco veces ese monto. En caso de reincidencia, la multa aumenta a 15 veces el valor de la sanción. Con el dinero recaudado se paga lo adeudado a la autopista y la multa se divide en partes iguales entre el Fondo Común Municipal y la comuna del juzgado que realizó la cobranza.

Esta estructura de multas es un incentivo para que los municipios insistan en cobrar los montos adeudados, aunque de todos modos deben exigir el pago a la hora de emitir los permisos de circulación. A no ser que, como en La Florida, se vulnere el sistema que debiera estar diseñado para forzar a los automovilistas a cancelar las multas impagas.

La Fiscalía ha acumulado evidencia tan contundente contra el senador Jaime Orpis (UDI) que el 14 de enero pasado, cuando apenas se cumplían siete meses desde que su nombre se vinculó al financiamiento ilegal de la política, la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó desaforarlo de manera unánime para que se le investigue por fraude al Fisco y fraude tributario. Además, por votación de mayoría, el mismo tribunal también dio luz verde para que se le indague por otros dos delitos: lavado de activos y cohecho. Ahora es el turno de que la Corte Suprema ratifique o desestime el desafuero de Orpis, luego de que este lunes 15 la defensa del senador decidió apelar ante el máximo tribunal por los dos últimos delitos que se le imputan.

Los antecedentes que exhibió la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones para pedir el desafuero se remitieron únicamente a los pagos que Orpis recibió de Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini. Y probablemente serán los mismos que se reiterarán ante la Suprema. Pero hay múltiples evidencias en la carpeta de la Fiscalía que indican que al menos otras siete empresas son investigadas porque podrían haber proporcionado fondos “negros” al parlamentario: SQM, Entel, GTD Teleductos, Quiborax, Costanera SACI (que comercializa marcas como Hush Puppies, Columbia y Brooks), Agrícola Tarapacá (del holding Empresas Ariztía) e Inversiones Santa Macarena.

De hecho, la Fiscalía comenzó a investigar a Orpis porque en abril del año pasado una de las más cercanas colaboradoras del senador, Carolina Gazitúa, apareció en la nómina de contribuyentes detectados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que hicieron boletas falsas para Soquimich (SQM). Un mes después, en mayo, la asesora se sentó frente a los fiscales y admitió que no sólo había emitido esas boletas para SQM a petición de Orpis, sino que también lo había hecho para Corpesca.

Fiscal Ximena Chong

El senador Orpis recibió el financiamiento ilegal de la pesquera cuando en el Congreso Nacional se discutía la Ley de Pesca. Por esa razón, el nexo entre el senador y Corpesca resulta clave para la Fiscalía, que intenta demostrar que el parlamentario incurrió en el delito de cohecho, es decir, que recibió pagos a cambio de favorecer a la empresa. La fiscalía expuso ante la Corte de Apelaciones que el senador recibió pagos de Corpesca que se extendieron desde marzo de 2009 a abril de 2013, por un total de $264 millones (cerca de $5,2 millones mensuales en promedio).

El alegato del Ministerio Público ante la Corte, centrado únicamente en Corpesca, asentó la percepción de que la investigación que dirige la fiscal Ximena Chong solo afectaría a la pesquera. Parecía que el resto de las empresas sindicadas como fuente de financiamiento ilegal para Orpis, librarían de la persecución penal. Pero no es así.

Ninguna de las siete sociedades que pagaron boletas a colaboradores de Jaime Orpis ha salido del radar de la Fiscalía. De hecho, en los mismos días en que se desarrollaban las audiencias del desafuero ante el tribunal de alzada, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) ultimaba un informe encomendado por la fiscal Chong que corroboró la existencia de boletas pagadas a asesores del senador en los registros contables de Entel, GTD Teleductos, Agrícola Tarapacá y Costanera.

Ese informe de la Bridec, inicialmente citado por The Clinic y La Segunda, llegó al escritorio de Ximena Chong el 19 de enero, sólo cinco días después de que la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el desafuero.

GTD TELEDUCTOS

Lo que orientó la investigación hacia nuevas empresas, más allá de SQM y Corpesca, fue el testimonio que Carolina Gazitúa Larenas prestó el 23 de julio de 2015. La ex asesora del senador Orpis ya había reconocido a fines de mayo que hizo boletas falsas para SQM y Corpesca a petición del parlamentario. Incluso, involucró en la emisión de las boletas a su marido, el entonces mayor de Carabineros Alexis Ramírez -quien se vio obligado al retiro-, y a su cuñado Marcelo Ramírez.

Ese testimonio de Carolina Gazitúa fue demoledor para Orpis, pues se trataba de una de sus colaboradoras de mayor confianza, al punto que, tal como ella lo reconoció, con el dinero de algunas de estas boletas efectuó pagos de cuentas personales del senador: contribuciones de bienes raíces, cuotas de préstamos, lavandería e, incluso, le transfirió dinero a un hijo de Orpis, al igual que a otro asesor del senador, el abogado Mario Zumelzu.

Cuando volvió a declarar a fines de julio, Carolina Gazitúa puso sobre el escritorio de la Fiscalía un dato que no estaba en el disco duro de los investigadores: también boleteó a petición de Orpis para el grupo GTD Teleductos. Por primera vez se asomaba a la carpeta investigativa una empresa distinta a Corpesca o SQM.

“Adicionalmente, señalo que extendí la boleta Nº 71 con fecha 19 de enero de 2010 a la empresa GTD Teleductos S.A. por la suma de $5 millones, señalo que corresponde también a una solicitud de Jaime Orpis. Ignoro de qué se trata GTD. No recuerdo más detalles. No presté ningún servicio a GTD y señalo que supongo que se trató también de aporte de campaña para Orpis”, declaró Carolina Gazitúa.

GTD Teleductos es la empresa de telecomunicaciones controlada por la familia de Juan Manuel Casanueva y, según datos publicados por revista Capital, factura anualmente unos US$300 millones.

Carolina Gazitúa volvió a testificar el 10 de agosto de 2015. Entonces afirmó que los $5 millones que cobró a GTD se los depositó, por instrucciones del mismo Orpis, a la empresa Presvisión Limitada.

Presvisión se constituyó en 2006 y según los registros del SII continúa activa, aunque su último timbraje de documentos tributarios se hizo en 2013. Según el archivo del Diario Oficial, sus actuales socios son Paula Phillips Maturana, Eugenio Searle  Vargas, Alejandro José Leay Cabrera y María Inés Cabrera Squella. Los dos últimos son un hijo y la ex cónyuge de Cristián Leay (se divorciaron en 2013), quien es miembro del directorio de TVN y uno de los más cercanos colaboradores de Pablo Longueira.

La esposa de Alejandro José Leay Cabrera es Trinidad Subercaseaux Alessandri, quien figura como emisora de boletas para SQM por $5 millones. Ella declaró que nunca prestó servicios para la minera y que el dinero se lo entregó a su suegro, Cristián Leay.

Uno de los socios de Presvisión, Eugenio Searle, señaló a CIPER que la empresa comercializaba anteojos y que entre sus clientes se contaban parlamentarios: “Nos fue tan mal que cerramos. Con las mismas lucas que entraban hacíamos malabarismo para hacer nuevas importaciones de anteojos. Incluso nos quedamos con stock que al final regalamos. Lo que recuerdo es que se vendieron anteojos a diputados. Él (Jaime Orpis) u otros, porque les vendimos a varios, nos compraron anteojos y nosotros recibimos la plata como en cualquier negocio”.

Searle dijo que la empresa no tenía relación con el ex diputado Leay, a pesar de que el Diario Oficial indica que su hijo y su ex cónyuge tienen el 50% de la sociedad. A través de Searle, CIPER intentó contactar a Alejandro Leay Cabrera pero no obtuvo respuesta.

ORDEN A LA BRIDEC

Después de que fue mencionada por Carolina Gazitúa, la compañía GTD Teleductos volvió a aparecer en la carpeta de Ximena Chong el 17 de noviembre. Ese día la fiscal despachó la orden a la Bridec para que concurriera a las oficinas de esa empresa y de otras tres (Entel, Agrícola Tarapacá y Costanera) con la misión de corroborar si en sus contabilidades se registraban boletas de personas vinculadas a Jaime Orpis, establecer quiénes habían autorizado esas contrataciones, si había constancia de la ejecución de los trabajos o si las empresas habían rectificado esas boletas ante el SII.

El abogado que representa a GTD, Jaime Larraechea, dijo a CIPER que sus clientes entregaron la información solicitada por la Bridec, pero que la diligencia fue acotada a establecer la existencia de la boleta Nº 71 emitida por Carolina Gazitúa. Respecto de si GTD acreditó la ejecución del trabajo pagado a la asesora del senador Orpis, Larraechea dijo que la Bridec no les solicitó respuesta sobre aquello. Aunque la instrucción de la fiscal Chong a la PDI incluía consultar por las personas que autorizaron la contratación de Gazitúa y determinar si había constancia de la ejecución de su trabajo, el abogado sostuvo que nada de eso fue requerido:

-Ninguna de esas precisiones se nos solicitaron. Yo leí, porque tengo acceso a la carpeta, el requerimiento de la fiscal, pero la diligencia práctica, el llamado y el contacto con la gente de la Bridec, fue bastante más acotado que eso, en el sentido de que pidieron menos.

La diligencia realizada en GTD no es la única en que la Bridec no cumplió totalmente con la orden de la fiscal. Respecto de Entel, Agrícola Tarapacá y Costanera, la PDI tampoco consignó en su informe si estas empresas tienen respaldo de los supuestos trabajos que pagaron ni si rectificaron ante el SII. Solo en Entel la policía consiguió establecer quién figura como responsable del pago de las boletas cuestionadas: Richard Büchi Buc y Felipe Ureta Prieto.

ENTEL Y QUIBORAX

Solo un par de semanas después de la declaración en que Carolina Gazitúa mencionó a GTD, otras dos empresas aterrizaron en la carpeta de la Fiscalía: Entel y Quiborax. El 4 de agosto de 2015 la arquitecta Lorena Lara Saldías declaró que tres de sus boletas electrónicas, una destinada a Quiborax (por $3,3 millones) y dos emitidas a Entel (cada una por $5,5 millones), eran falsas, pues ella nunca había prestado esos servicios. Según señaló, su clave del SII la compartía con su esposo -de quien se estaba separando cuando concurrió a declarar- y también con su suegra, Viviana Quiroz, quien es asesora de Jaime Orpis. Su esposo y su suegra, dijo Lorena Lara, manejaron la emisión de sus boletas.

La señal de que la fiscal Chong no le soltaría la mano a esta pista fue precisamente la instrucción que impartió a la Bridec el 17 de noviembre. Apenas 24 horas después de que despachó ese instructivo, Entel informó a la Fiscalía que el conocido penalista Hugo Rivera asumiría su representación.

Contactado por CIPER, Rivera dijo que no se referiría a un proceso en curso. La escueta respuesta formal de Entel a las consultas de CIPER fue proporcionada por la agencia de comunicaciones Extend: “Los antecedentes que teníamos como empresa fueron aportados a la investigación correspondiente”.

En el informe que entregó la Bridec a la Fiscalía se consigna que el pago de las boletas emitidas por Lorena Lara a Entel contaron con el visto bueno del entonces gerente de Finanzas, Felipe Ureta Prieto, y del ex gerente general, Richar Büchi Buc, quien hoy forma parte del directorio de la empresa. Esto indicaría que el pago se hizo desde el centro de costos de la gerencia general, es decir, con fondos asignados a la máxima instancia ejecutiva de la compañía.

Richard Büchi (Fuente: Memoria ENTEL 2014)

Los funcionarios de la PDI tomaron declaración al asesor jurídico de Entel, Carlos Maturana Miquel, quien señaló que efectivamente se encontraron en los registros contables las dos boletas pagadas en 2009 a Lorena Lara y que no hay respaldo de esos trabajos, por lo que se rectificaron ante el SII. En su informe, la Bridec sugiere a la Fiscalía que se cite a declarar a Richard Büchi y a Felipe Ureta.

El que ya declaró ante la Fiscalía es Allan Fosk Kaplun, gerente de Administración y Finanzas de la empresa de su familia: Quiborax. La minera pagó dos boletas vinculadas a Jaime Orpis. La primera, emitida por Carolina Gazitúa en mayo de 2009, por $5,5 millones. La segunda, de Lorena Lara, emitida en agosto del mismo año por $3,3 millones.

Carolina Gazitúa declaró que Allan Fosk puso como condición, para pagar su boleta por $5,5 millones, que le entregaran un informe que pudiera servir como comprobante de que realmente se había hecho un trabajo. Por esa razón, dijo Gazitúa, Fosk le pasó un informe que había hecho la consultora Econsult para Quiborax y ella redactó un texto con observaciones a esa asesoría. Para justificar la segunda boleta de $3,3 millones, emitida por la arquitecta Lorena Lara, Fosk solicitó que la profesional hiciera comentarios a los planos de un casino para el personal de la empresa que estaba en construcción.

En su declaración, fechada el 21 de agosto de 2015, Fosk admitió que Orpis le pidió ayuda financiera para su campaña y que acordaron la cifra de $8 millones, que es el monto que suman las pagos líquidos de las boletas de Lorena Lara y Carolina Gazitúa. También informó que no había sido citado al SII y anunció que la empresa rectificaría su declaración de impuestos por estas boletas.

ARIZTÍA Y COSTANERA

Fue la ex asesora de Jaime Orpis, Bárbara Molina Ellies, quien informó a la Fiscalía que había emitido boletas, a petición del senador, a las empresas Agrícola Tarapacá y Costanera:

“En 2009 Jaime (Orpis) me señala que necesitaba un par de boletas para financiamiento de la campaña y yo accedí sin preguntarle nada. Blenda (la secretaria del senador) me envió los datos en el correo (…). Yo confiaba en Jaime, para mí era una de las personas más honesta y proba que yo conocía. Cuando fui citada a la Fiscalía acompañé boletas emitidas a la Sociedad Agrícola Tarapacá y a Costanera”, sostuvo Bárbara Molina cuando declaró el 16 de noviembre pasado.

La abogada Bárbara Molina emitió su boleta Nº 32 a Agrícola Tarapacá por $2,2 millones y la Nº 30 a Costanera Sociedad Anónima Comercial e Industrial por otros $2 millones.

Agrícola Tarapacá es parte de Empresas Ariztía, un holding que opera en los rubros agrícola y avícola, fundado por la familia de Manuel Ariztía Ruiz. El grupo ya estaba en la mira del Ministerio Público porque otra de sus sociedades -Desarrollos y Servicios Melipilla- pagó boletas a colaboradores del senador Iván Moreira (UDI).

El gerente de Marketing de Empresas Ariztía, Luis Eduardo Nieto, señaló a CIPER que la compañía no va a entregar información. En su informe, la Bridec consignó que los antecedentes sobre la boleta de Bárbara Molina fueron aportados, vía correo electrónico, por el jefe de Finanzas de Empresas Ariztía, Jaime Pérez Arriagada, el 5 de enero de 2016.

Los datos registrados en la contabilidad de la sociedad Costanera sobre la boleta Nº 30 de Bárbara Molina fueron aportados a la Bridec por el gerente general de la empresa, Alfonso Swett Opazo, el 29 de diciembre de 2015. Los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) indican que la compañía es controlada por la familia de Alfonso Swett Saavedra, quien preside el directorio de Costanera e integra el consejo general de la Sofofa.

Alfonso Swett Saavedra (Fuente: Memoria Costanera SACI 2014)

Costanera mantiene inversiones en la industria del retail (comercializa 32 marcas de ropa y accesorios), en el sector agrícola (producción de aceite de oliva y berries), en el negocio inmobiliario (Marbella Chile) y participa en Elecmetal (empresa del Grupo Claro).

CIPER preguntó al gerente Alfonso Swett Opazo por qué se contrató a Bárbara Molina, si existen comprobantes de que ese trabajo se hizo o si la boleta fue rectificada en el SII. La respuesta la entregó el gerente de Finanzas y Asuntos Legales de Costanera, Felipe Sepúlveda, quien no aclaró las dudas: “En relación a la investigación de la materia consultada, a la fecha hemos hecho llegar toda la documentación requerida a quienes nos la han solicitado. Siendo necesario precisar que Costanera S.A.C.I., ni ninguno de sus empleados o ex empleados, jamás han tenido o han tomado contacto con el senador Jaime Orpis”.

El informe de la Bridec sugiere que la Fiscalía cite a declarar al gerente Alfonso Swett Opazo.

INVERSIONES SANTA MACARENA

El esposo de Carolina Gazitúa es Alexis Ramírez Quiroz, quien ostentaba el grado de mayor de Carabineros cuando extendió boletas falsas para financiar las actividades del senador Orpis. Además de aparecer como emisor de boletas destinadas a Corpesca y SQM,  también figura con una para Inversiones Santa Macarena Limitada.

“Hay una boleta más, la última boleta, Nº 23 del 10 de mayo de 2013, a Inversiones Santa Macarena Limitada, por un valor neto según recuerdo de $1,8 millón (…). No conozco a esta empresa. No presté servicio alguno para esta empresa (…). No conozco a Jorge Cox ni a Macarena Gil”, declaró Alexis Ramírez en la Fiscalía el 30 de julio de 2015.

El matrimonio conformado por Jorge Tomás Cox Raby y Macarena Gil Weinstein constituyó la sociedad Inversiones Santa Macarena el 25 de julio de 2000.En 2008, Inversiones Santa Macarena se asoció con el mismo Jorge Cox Raby y formó TradingDow Advisors. En la web de TDA Advisors, una empresa de asesorías financieras e inmobiliarias, Jorge Cox figura como socio fundador.

Cox dijo a CIPER que no estaba al tanto de este tema, que no han sido citados a declarar y que ni la Fiscalía ni el SII les han pedido información. Respecto de si su sociedad ha hecho alguna rectificación a su declaración de impuestos, dijo que no sabía y que debía consultar con su contador.

“Estamos en las horas decisivas.
Un abrazo mi General.
Del Coronel Longueira”.

El mensaje salió desde la casilla Hotmail del entonces senador Pablo Longueira (UDI) a las 14:20 del 26 de agosto de 2010. Su destinatario, el “general”, era Patricio Contesse, gerente general de Soquimich (SQM), quien solo 21 días antes le había hecho llegar a Longueira la propuesta de un artículo que le permitiría a la minera no metálica acceder a la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto de ley que modificaría el royalty, además de pagar tasas más bajas hasta 2017. Longueira, a su vez, había hecho llegar el artículo enviado por Contesse al gobierno como si él fuera el autor. Efectivamente estaban en las “horas decisivas”, porque solo cinco días más tarde, el 31 de agosto, el Ejecutivo envió al Congreso el texto legal tal cual lo planearon el “coronel” y el “general”.

Gracias a la ayuda de Longueira, exactamente un año después, el 26 de agosto de 2011, SQM formalizó su acceso al beneficio tributario a través de la suscripción de un contrato con el Estado. Y según pudo confirmar CIPER a través de las escrituras notariales, quien firmó como contraparte fue justamente Pablo Longueira, ahora convertido en ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera.

Pablo Longueira

Es poco probable que al momento de canalizar hacia el gobierno el llamado “artículo Contesse”, Longueira haya planificado que sería él quien firmaría –esta vez como ministro– el contrato con SQM, pero esa circunstancia no planeada se enmarca en otra que no es casual: antes, durante y después de su gestión ministerial, personas y sociedades vinculadas a Longueira recibieron pagos de SQM por servicios que la propia empresa no pudo acreditar que hayan sido prestados. Cálculos de un estudio encargado por la misma compañía arrojan que esos pagos pueden sumar hasta $730 millones durante el periodo 2009-2015 (ver reportaje).

Este lunes 28 el fiscal Pablo Gómez pidió la formalización de Pablo Longueira por el delito de cohecho y la de Patricio Contesse por soborno.  El doble rol de Longueira, como facilitador del beneficio al que accedió SQM y autoridad que oficializó ese beneficio a través del contrato respectivo, podría dificultar aún más su situación legal ya que el ex ministro también será formalizado por delitos tributarios asociados a la emisión de boletas por servicios no prestados. Según la acusación de la Fiscalía, esas boletas ocultaban pagos ilícitos.

TODOS LOS CAMINOS PASAN POR LONGUEIRA

Tal como reveló CIPER el 7 de marzo, los correos electrónicos que están en manos del Ministerio Público han revelado parte de la trama oculta detrás de la elaboración del proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto específico a la minería –más conocido como royalty– para financiar parte de la reconstrucción del país después del terremoto de 2010. Y esa trama se inicia el 5 de agosto de 2010, cuando Longueira recibió del fiscal del Ministerio de Minería, Franco Devillaine, un borrador del artículo del proyecto de ley que se refería a las empresas chilenas. Solo once minutos después, el entonces senador le reenvió el documento al gerente general de SQM.

A la medianoche de ese mismo 5 de agosto, Patricio Contesse le respondió a Longueira que el proyecto del gobierno era “una burla” y le envió adjunto otra redacción del artículo. Ello, porque el proyecto original solo contemplaba extender el beneficio de la invariabilidad tributaria a las empresas que ya habían suscrito un contrato con el Estado cuando se dictó la primera ley de royalty, en 2005. Un requisito que dejaba fuera a SQM. Para sortear ese obstáculo, Contesse le envió a Longueira una nueva versión del artículo, la que recibió del fiscal de SQM, Matías Astaburuaga. La investigación de la Fiscalía deberá determinar a qué abogado le encargó SQM la redacción de ese artículo.

Gracias a las gestiones de Longueira, el artículo que finalmente se envió al Congreso y que aprobaron los parlamentarios es prácticamente el mismo que el que se redactó en SQM (ver Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse).

Según informó después The Clinic, Longueira hizo llegar el 11 de agosto de 2010, la versión del artículo entregada por Contesse al entonces ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, omitiendo solo la autoría de SQM. Ese mismo día el ministro Larroulet se lo envió al ministro de Minería, Laurence Golborne. Debido a esta cadena de mensajes, en las últimas semanas han sido citados a declarar ante el Ministerio Público tanto Larroulet como sus ex colegas de gabinete Felipe Larraín (Hacienda) y Laurence Golborne. También declaró el ex Presidente Sebastián Piñera, quien se ofreció como testigo y defendió la validez de la ley. Lo que busca la Fiscalía es determinar la ruta exacta que siguió el “artículo Contesse” para convertirse en ley, lo que incluye su tramitación en el Congreso. Es por ello que el jueves 24 el fiscal Pablo Gómez tomó declaración al senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien participó en la negociación del royalty.

Patricio Contesse

Lo concreto es que en aquellos días de 2010 tanto el senador como el gerente general de SQM supieron pronto del éxito de sus gestiones ante el gobierno. En el correo electrónico que encabeza esta nota, enviado el 26 de agosto, el “coronel” de la UDI le informa al “general” Contesse –el mote se debe a que el gerente general de SQM hizo el curso de oficiales de reserva del Ejército– que ya había recibido el texto de parte de “Rodrigo” (probablemente se refería al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez). La versión definitiva se la envió Longueira a Contesse el 1 de septiembre, cuando el proyecto ingresó al Congreso, ante lo cual el gerente respondió: “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”.

Para concretar el beneficio contemplado en el cambio legal era necesario que SQM firmara un convenio con el Estado. Y pese a que la ley se publicó en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2010, no fue hasta agosto del año siguiente que la minera suscribió el primero de los dos contratos en que el ministro Pablo Longueira firmó como contraparte.

LOS BENEFICIOS DE LOS CONTRATOS QUE FIRMÓ LONGUEIRA

La nueva ley de royalty establecía que para acogerse a la invariabilidad tributaria las empresas mineras debían firmar un contrato con el Ministerio de Economía. CIPER pidió a través de la Ley de Transparencia las copias de los dos contratos suscritos por SQM y confirmó que ambos llevan la firma del ministro Pablo Longueira.

En el primero de ellos, fechado el 26 de agosto de 2011 y protocolizado en la notaría de Ricardo San Martín, las partes son el Estado de Chile y SQM Salar. El proyecto que se acoge al artículo cuarto transitorio de la Ley 20.469 se denomina “Proyecto Minero Salar”, el que según la empresa comenzó a explotarse antes de la entrada en vigencia de la ley, tal como lo exige la normativa. Por el Estado firmó el entonces ministro Pablo Longueira y por la empresa lo hicieron Patricio de Solminhiac y Ricardo Ramos, entonces subgerente general y gerente de Finanzas de SQM respectivamente (ver contrato).

En el Archivo Judicial se encuentra el documento que describe el proyecto de SQM Salar y que acompaña el contrato con el Estado. Se explica que las faenas comenzaron en 1993, cuando SQM firmó el primer contrato de arrendamiento con la estatal Corfo, dueña de las pertenencias mineras del Salar de Atacama (ver reportaje El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou). El proyecto, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, contempla una faena de 907 mil hectáreas desde donde se extraen salmueras y luego de un proceso industrial se obtienen sales con contenido de potasio, sulfato de potasio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de litio, carbonato de litio y sus derivados, y ácido bórico. A septiembre de 2010, el patrimonio del proyecto era de US$660 millones y a esa fecha los ingresos por ventas de mineral ascendían a los US$449 millones.

Cuatro meses después de que Longueira firmara el contrato con SQM Salar, el 22 de diciembre de 2011, el Estado suscribió un segundo contrato, esta vez con SQM Nitratos. Al final del documento se leen las firmas de Longueira como ministro de Economía y de Patricio Contesse como gerente general de SQM, junto a su gerente de Finanzas Ricardo Ramos (ver contrato). En un documento adjunto, se detalla el proyecto de SQM Nitratos: la explotación y venta de mineral de caliche, el que es luego procesado por otras empresas que obtienen sales de nitrato, nitrato de sodio, sulfato de sodio y yodo, entre otros derivados. Las faenas, que se ubican en las regiones Primera y Segunda, son Pedro de Valdivia (recientemente cerrada), María Elena, Pampa Blanca y Nueva Victoria. En total, Nitratos tiene derecho a explotar el equivalente a 2,1 millones de hectáreas y el patrimonio del proyecto ascendía a US$65 millones a septiembre de 2010. Los ingresos a esa fecha eran de US$80 millones.

Fiscal Pablo Gómez

Los convenios detallan los beneficios que SQM obtendrá a partir de la invariabilidad y que son los mismos que están contenidos en el llamado “artículo Contesse”. En primer lugar, se establece que aunque los contratos fueron firmados en 2011, los cambios comenzarán a regir a partir de 2010 y que durante los primeros tres años calendario (2010-2012) se aplicará el impuesto específico definido en la Ley de Rentas, que para ese periodo operó según una tabla que variaba entre 5% y 14%, dependiendo de los márgenes operacionales de cada empresa.

La idea del Ejecutivo era subir los impuestos en ese trienio para que la administración Piñera aumentara su recaudación a fin de financiar la reconstrucción. Como originalmente el proyecto estaba pensado en subir los impuestos a empresas que tenían contratos de invariabilidad tributaria vigente, entre 2013 y 2017 se volvió a una tasa de 5% y se extendió el periodo de invariabilidad desde 2018 hasta 2025, con una nueva tasa que oscila entre 5% y 14%, dependiendo de los márgenes de cada empresa. Como SQM no tenía contratos previos, si se hubiera aplicado el borrador original del gobierno, habría tenido que pagar a partir de 2010 esa tasa de entre 5% y 14%. Pero, además,no habría gozado del beneficio de la invariabilidad, por lo que el impuesto que habría debido pagar podía subir. En resumen, pura ganancia.

Los contratos especifican también el alcance de la invariabilidad tributaria de que gozan hasta 2025 los proyectos de SQM Salar y SQM Nitratos: no se les aplicarán eventuales alzas al impuesto específico; no se verán afectadas por nuevos impuestos mineros, como cánones o regalías (royalties); tampoco deberán pagar más si aumentan las patentes de exploración o explotación.

LOS PAGOS DE LONGUEIRA

SQM encargó un informe al estudio estadounidense Shearman & Sterling con el objeto de evaluar una eventual responsabilidad de la empresa bajo las normas de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que castiga la corrupción de las compañías que hacen negocios en Estados Unidos. Si bien el informe señala que no se encontraron evidencias de actos que vulneren esa ley, en su evaluación de riesgo de soborno determinó que Pablo Longueira está “vinculado a más de 20 proveedores sospechosos que recibieron más de $730,5 millones de SQM durante el periodo septiembre de 2009-marzo 2015”.

CIPER analizó luego los pagos recibidos por Longueira y las personas naturales o jurídicas ligadas a él de parte de otras empresas, que han sido rectificados o que están bajo investigación por el Ministerio Público. El monto supera los $900 millones (ver reportaje Los pagos bajo investigación a Longueira y su red de boleteros suman más de $900 millones).

No sólo se trata de pagos a personas cercanas a Longueira, sino que existen desembolsos hechos directamente a una sociedad de la que es propietario junto a su esposa: Asesorías e Inversiones LB S.A. Esos pagos, que fueron rectificados por SQM por no encontrarse evidencia de que correspondieran a servicios efectivamente prestados, comenzaron cuando Longueira ya había dejado la primera línea de la política: entre enero y agosto de 2015 la minera le pagó $5 millones mensuales a la sociedad de Longueira.

En los periodos anteriores, mientras fue senador, ministro y candidato presidencial, el rol más complejo lo tiene su asesora Carmen Luz “Titi” Valdivielso. En los expedientes de Impuestos Internos (SII) y de la Fiscalía existen varios testimonios que la señalan como responsable de gestionar los pagos de quienes emitían boletas para distintas empresas, entre ellas SQM. Particularmente gráfico es el testimonio de los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez, quienes relataron que junto a numerosos estudiantes de Derecho en la Universidad Finis Terrae boleteaban por instrucciones de Valdivielso y después le entregaban el dinero al junior de las fundaciones de Longueira.

Los correos electrónicos que analiza el Ministerio Público dan cuenta de que Valdivielso gestionaba directamente los pagos de SQM. Por ejemplo, el 18 de noviembre de 2010 –poco después de la promulgación de la ley de royalty minero– Valdivielso utiliza la cuenta de correos pablosenador@longueira.cl para preguntarle a la secretaria de Patricio Contesse, Katherine Bischof, si estaba listo el vale vista de la boleta de Ana Carolina Palacios. Valdivielso es cuñada de Palacios, quien reconoció ante el SII que nunca prestó servicios a SQM. La empresa le pagó $45 millones entre junio de 2009 y septiembre de 2012, cuando Longueira ya era ministro.

En todo caso, los mayores montos desembolsados por SQM fueron aquellos donados a dos de las fundaciones de Longueira: Chile Justo y Fundación Web, actualmente bajo investigación. Mientras la primera recibió $75 millones, a la segunda se donaron $350 millones.

Este artículo fue actualizado el 30 de marzo de 2016

La formalización del empresario Roberto Carrasco en el caso Penta, efectuada este miércoles 30, traía una sorpresa. Entre los ilícitos que le imputó el Ministerio Público se incluyó uno que desafía la estrategia de silencio que ha mantenido el Servicio de Impuestos Internos (SII) en gran parte de las investigaciones que involucran financiamiento político ilegal. La arista menos conocida por la que se acusa a Carrasco es la triangulación que hizo, a través de sus empresas, para pagar bonos a ejecutivos del holding Banmédica sin pagar impuestos. Aunque la Fiscalía ha acreditado que este es el fraude tributario más importante detectado en la investigación al Grupo Penta, el SII no se ha querellado contra los responsables. La ausencia de acciones legales del SII ha paralizado buena parte de las investigaciones relacionadas con aportes ilegales a la política. Pero en este caso, el Ministerio Público operó a pesar del silencio del SII.

Los antecedentes que acusan a Carrasco y al ex gerente general del holding Banmédica, Carlos Kubick, se hicieron públicos hace un año, cuando este último renunció a su cargo reconociendo su participación y responsabilidad en el fraude al Fisco.

Las cifras son contundentes, $2.500 millones pagados a través de esta fórmula ilegal a Kubick y a otros dos ejecutivos de Banmédica: Pedro Navarrete (gerente general de la Clínica Santa María) y Fernando Mathews (gerente general de isapre Vida Tres), entre 2008 y 2013. Para ello, utilizaban una de las empresas de Roberto Carrasco, Asesorías VSA, como puente para triangular los recursos y evitar el pago de impuestos.

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía durante la formalización de Carrasco, se utilizaron 27 facturas falsas para cancelar los bonos. El mecanismo era el siguiente: Asesorías VSA emitía una factura a alguna de las dos sociedades del grupo Banmédica involucradas, Saden y Centro de Servicios Compartidos Banmédica. Estas pagaban las facturas a VSA, la que finalmente transfería los fondos a los ejecutivos comprometidos, registrándolo en su contabilidad como “cuentas por cobrar”.

Laurence Golborne

Con este ardid las empresas involucradas rebajaron su carga tributaria y los ejecutivos beneficiados se ahorraron el pago al impuesto de segunda categoría. El perjuicio fiscal por esta práctica llegó a $817 millones, un monto muy superior al daño causado por las otras aristas por las que fue formalizado Carrasco: contratos forwards irregulares con el Grupo Penta, boletas falsas para reducir su propia carga tributaria y facturas falsas emitidas a diez grandes empresas para allegar recursos a las campañas políticas del ex ministro Laurence Golborne.

A pesar que la investigación logró acreditar el millonario fraude realizado por Banmédica, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no ha presentado denuncia o querella en contra de Carrasco por su participación en esta triangulación de dineros. En el SII manejan estos antecedentes, al menos, hace siete meses. El 24 de agosto de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, remitió a Impuestos Internos el oficio 629, donde adjuntó la declaración de Roberto Carrasco del 6 de agosto pasado (donde reconoce su participación) y el oficio que la propia Banmédica hizo llegar al Ministerio Público, en el que admite los mismos hechos. Hasta ahora, el SII ha guardado silencio respecto de estos antecedentes.

El cuánto sea capaz de avanzar la Fiscalía en esta arista de la investigación, sin denuncia o querella del SII, será un verdadero globo sonda respecto de la capacidad del Ministerio Público para formalizar otras indagatorias que están pendientes sin contar con el respaldo de Impuestos Internos.

En su declaración ante los fiscales del 6 de agosto de 2015, Carrasco fue explícito al reconocer la triangulación para evadir el pago de impuestos:

“A partir del año 2007 o 2008 mi jefe Carlos Kubick Castro, que era el gerente general de Banmédica S.A., me pidió que investigara la posibilidad de disminuir la carga tributaria del pago de los bonos y yo hice algunas averiguaciones, consulté la opinión de algunos asesores, pero ninguna prosperó. Luego surgió hacer la facturación a través de un tercero y que el tercero depositara a los ejecutivos. Finalmente yo accedo a que utilicemos una compañía que yo administraba, de nombre VSA”.

Hasta 2009 Roberto Carrasco se desempeñó como contralor de Banmédica, cargo que ostentaba desde mediados de los ‘90. Esa carrera dentro del holding le permitió tejer una estrecha cercanía con Carlos Kubick, entonces gerente general. De hecho, un reportaje de la revista Qué Pasa de marzo de 2015 reveló que los hijos de Kubick habían sido socios de Carrasco en su empresa Siglo Outsourcing, a través de la sociedad Inversiones Palo Santo.

La cercanía de Carrasco y Kubick se refleja también en el directorio de Transacciones Electrónicas S.A., empresa reformulada en 2008 y que cuenta con un capital de $1.500 millones. Allí, Kubick aparece como uno de los cuatro directores titulares, mientras que Carrasco figura como su director suplente.

LA EVASIÓN, PASO A PASO

La declaración de Carrasco frente a la Fiscalía en agosto pasado fue clave. Entonces el ingeniero detalló la intrincada fórmula que involucró a sus sociedades personales en la evasión del pago de impuestos:

“Carlos Kubick me daba el monto de los bonos que se iban a pagar. Yo le sumaba el impuesto a la renta que VSA iba a tener que pagar, que varió en esos períodos entre el 15% y el 20% de impuesto de primera categoría. Luego yo hacía una factura por ese valor a favor de Centro de Servicios Compartidos Banmédica (CSC Banmédica) con quienes teníamos otros servicios reales. Se recibía ese pago en la cuenta corriente de VSA mediante un cheque y luego yo pasaba ese dinero a una cuenta de otra sociedad mía llamada Inca de Oro I, en el Banco BCI. Y luego depositaba en las cuentas corrientes personales de los ejecutivos (…) en la contabilidad de Inca de Oro se registraba esta salida de dinero como un préstamo a favor de estas personas, lo que no era real”.

Las primeras facturas falsas utilizadas por Banmédica para el pago de bonos a sus ejecutivos se emitieron el 31 de marzo de 2008, cuando Asesorías VSA le entregó tres documentos a Saden, una de las sociedades del holding Banmédica. El primero era por $230 millones, el segundo por $20 millones y el tercero por $67 millones. En septiembre de ese año VSA emitió dos facturas más a Saden por otros $10 millones. En total, $327 millones en el estreno de la fórmula de defraudación.

Una cifra similar se registró en 2009, cuando VSA emitió una sola factura a Saden por $199 millones y otras cuatro a CSC Banmédica por $118 millones. En 2013 el ritmo de pagos llegó a su peak. Ese año se cancelaron desde el holding de salud $485 millones a la empresa de Carrasco para que esta los desviara a las cuentas corrientes de los tres ejecutivos. Durante los seis años que se mantuvo esa forma de operar, se cancelaron $2.499 millones. (Revise aquí el detalle de las facturas falsas utilizadas).

El perjuicio fiscal reconocido por la misma Banmédica ascendió a $817 millones. Esa cifra fue pagada en abril de 2015 por la empresa al SII, además del pago de reajustes, multas e intereses. En total, la empresa desembolsó $1.283 millones para reparar el daño.

Carlos Kubick

Esos pagos al SII registrados en abril formaron parte de una serie de movimientos de Banmédica que en menos de dos meses buscaron sanear su situación tributaria y judicial. El 12 de marzo la revista Qué Pasa publicó un reportaje donde ex empleados de Siglo, la empresa de outsourcing de Roberto Carrasco, denunciaron irregularidades en la relación de esa compañía con Banmédica.

Alertado, el comité de directores del holding se reunió el 16 de marzo de 2015 para tratar el asunto. A la cita llegaron Antonio Tuset, Alfredo Moreno, Cristián Arnolds y Carlos Kubick. El acta de esa reunión consigna que “los miembros del comité manifestaron que no se les había informado acerca del rol y actividades que desempeñan” las dos sociedades del holding involucradas: Saden y CSC Banmédica. Ese asunto iba a ser resuelto con una auditoría externa que acordaron solicitar. Ya avanzada la junta, Carlos Kubick entregó los antecedentes respecto de los pagos irregulares a él y a otros dos ejecutivos:

“El Sr. Kubick pidió la palabra para informar al comité de directores que –en el marco de la auditoría acordada y para efectos de contar con todos los antecedentes del caso- debía informar en esta oportunidad de una situación inédita que él había mantenido en reserva y en total ignorancia del directorio y de sus miembros”, señala el acta de esa reunión. Luego se detalla el mecanismo irregular para el pago de bonos, el que Kubick reconoció haber ideado.

Dos semanas después, el 31 de marzo, se convocó a una sesión extraordinaria del directorio. Allí, Kubick aseguró que los otros dos ejecutivos beneficiados (Fernando Mathews y Pedro Navarrete) no estaban enterados del ilícito. Un día después, el 1 de abril, Kubick presentó su renuncia. Durante esa semana la empresa envió dos hechos esenciales a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dando a conocer la salida de su gerente general y alertando que se había encargado una auditoría externa para conocer el alcance de la irregularidad. El 7 de abril Banmédica decidió rectificar los pagos de sus empresas Saden y CSC Banmédica.

TODO EL PODER DE BANMÉDICA

Contrario a lo que la mayor parte de la gente cree, Banmédica no es solo una isapre. Se trata de un poderoso holding de negocios de la salud. Se constituyó en 1988 y actualmente es controlado por un pacto en el que participan el Grupo Penta (con un 28,74% de las acciones) y el Grupo Fernández León, a través de Inversiones Santa Valeria (también con el 28,74%).

El holding es dueño de las isapres Banmédica, Vida Tres y Vida Tres Internacional. Posee además varias clínicas: Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bio. También son suyos los centros de salud Vidaintegra y el servicio de traslado de pacientes y atención domiciliaria Help. En el exterior posee inversiones en Perú y Colombia: Colmédica Medicina Prepagada, Aliansalud, Clínica del Country, Empremédica, Laboratorios ROE y Clínica San Felipe. Su firma aparece también en inmobiliarias y en la Fundación Banmédica.

Empresas Banmédica registraba un patrimonio, al 2014, de $195 mil millones, mientras que sus utilidades entre los años 2008 y 2014 llegaron a $295 mil millones. A diciembre de 2014, las isapres del holding concentraron la mayor cantidad de cotizantes del sistema (24% de participación de mercado), mientras que según su memoria 2014 las clínicas del grupo poseían el 35% de las camas disponibles en el sector privado.

Dentro del extenso entramado societario del holding Banmédica, la investigación del Ministerio Público ha puesto su lupa sobre las dos sociedades que participaron del mecanismo ideado por Carlos Kubick para eludir el pago de impuestos: Saden y CSC Banmédica. Ambas tienen orígenes diferentes.

Saden fue creada por el dentista Jorge Oliva Te-Kloot y el contador Jorge Domingo Oliva Armijo el 8 de septiembre de 1992, con $30 millones de capital, para prestar servicios odontológicos y médicos en Santiago. En el año 2000 agregaron a su campo de acción la inversión inmobiliaria y financiera. Sus socios iniciales desaparecieron cuando Saden se incorporó al holding de Empresas Banmédica.

En octubre de 2006 ya eran Kubick y Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle quienes representaban a Saden cuando constituyeron otras tres sociedades: Servicios Médicos Vespucio (en sociedad con la Clínica Vespucio) y Servicios Médicos Ciudad del Mar (en sociedad con Clínica Ciudad del Mar, de Viña del Mar). La última creación de Saden, en octubre de 2006, fue Servicios Médicos del Bío Bío, con sede en Talcahuano.

A diferencia de lo ocurrido con Saden, CSC Banmédica fue parte desde un inicio del holding. La sociedad Centro de Estudios Compartidos Banmédica fue creada el 21 de enero de 2009 por Carlos Kubick Castro, en representación de Banmédica (999 acciones) y el ingeniero comercial Javier Eguiguren Tagle, representando a otra filial del holding: Inmobiliaria Magapoq (1 acción). Su objetivo fue prestar servicios gerenciales en finanzas, administración y otros rubros relacionados en forma exclusiva a las empresas del grupo.

CARRASCO Y LOS BONOS DE PENTA

El empresario Roberto Carrasco no solo es protagonista en la investigación por los bonos irregulares a ejecutivos de Banmédica. Su nombre aterrizó en la carpeta de los fiscales porque firmó contratos forwards irregulares con empresas Penta para eludir los impuestos por los bonos que se pagaban a los ejecutivos del holding.

El primero que mencionó ante el Ministerio Público que los millonarios bonos de altos ejecutivos del Grupo Penta se pagaban de manera irregular fue Hugo Bravo López, el ex hombre de confianza de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Pero sólo cuando Délano y Lavín renunciaron a su derecho a guardar silencio y declararon el 5 y 6 de enero de 2015, la Fiscalía obtuvo las primeras evidencias sólidas de la existencia de contratos forward fraudulentos firmados por Carrasco.

En esos primeros días de 2015, Délano y Lavín admitieron apenas una mínima parte del fraude con los forwards: sólo cuatro contratos de ese tipo firmados con la empresa VSA, filial de Grupo Siglo, controlado por Roberto Carrasco. Pero esa calculada confesión de los dueños de Penta  terminó tirando de una hebra que demostró que el monto y extensión del fraude tributario del holding era muchísimo más importante que su rol en el financiamiento político ilegal y que se extendía hasta Banmédica.

Dos semanas después, el 22 de enero de 2015, el ex gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro Sanguinetti, admitió que el holding había utilizado forwards para pagar bonos a sus ejecutivos sin cancelar los impuestos. Días más tarde, el 30 de enero, Hugo Bravo no sólo confirmó que se habían usado los forward para burlar el pago de impuestos, sino que situó el origen del ilícito en el área de salud del holding: el primero que se benefició con esta fórmula, declaró, fue el jefe de las empresas de salud de Penta, Héctor Concha, quien evitó el pago de impuestos por las utilidades que le rindieron sus acciones de Banmédica. Esa operación, dijo Bravo, la diseñó Roberto Carrasco, ex contralor de Banmédica y dueño del Grupo Siglo, dedicado a las asesorías tributarias.

En la misma declaración del 30 de enero de 2015, Bravo dijo que también se firmaron forwards con CB Consultorías y Proyectos, una empresa de Manuel Cruzat.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

A la semana siguiente, el 6 de febrero, la Fiscalía recibió los primeros documentos sobre el fraude con los forwards. Los aportó el abogado Jorge Bofill, representante de los ejecutivos de Penta Manuel Antonio Tocornal y Marcos Comparini. Eran 14 copias de contratos forward suscritos por sus clientes con empresas del Grupo Cruzat entre 2008 y 2012.

El 12 de febrero, el ex ejecutivo de CB Consultorías, Iván Rojas, entregó documentación que probaba que fueron 102 los forwards que su empresa hizo con el Grupo Penta. La mayoría para beneficiar a los ejecutivos de ese holding, pero uno de ellos también favoreció a Bancorp, la sociedad del ex Presidente Piñera.

Poco antes, el 11 de febrero, ya había declarado por primera vez Roberto Carrasco, quien aseguró que había hecho contratos forward fraudulentos sólo con empresas y ejecutivos de Penta.

Ocho meses después, en agosto de 2015, Carrasco se quebró y contó todo. Hasta ese minuto, su rol en el fraude se remitía a solo cinco contratos forward. Pero la Fiscalía había accedido a la contabilidad de su empresa VSA y ante la posibilidad cierta de enfrentar la prisión preventiva, prefirió colaborar: primero admitió que se prestó para triangular los pagos a los ejecutivos de Banmédica y luego reconoció que canalizó aportes ilegales a campañas de Laurence Golborne provenientes de múltiples empresas (vea los reportajes “La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política” y “Los secretos de la ‘lista de Carrasco’: nuevos pagos a campaña de Bachelet y candidatos UDI”). Ahí se inició la cuenta regresiva para la formalización que ahora llevará al ex ministro y a los ex ejecutivos de Banmédica a los tribunales.

“Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente y pueden esperar que se tomen acciones hacia el final del día”. Esa era la respuesta que Transparencia Internacional (TI) daba el lunes 4 de abril a los chilenos que, a través de las redes sociales, pedían explicaciones luego de que CIPER revelara esa mañana que el abogado Gonzalo Delaveau, presidente del capítulo local de esa ONG, Chile Transparente, aparecía entre los chilenos vinculados a sociedades en paraísos fiscales gestionadas por el bufete panameño Mossack Fonseca (ver reportaje de CIPER).

Antes del final del día el abogado Delaveau había renunciado a su cargo, el que de todos modos le correspondía dejar próximamente. En entrevistas radiales, el abogado Delaveau insistió en que no había nada opaco ni oculto en su actuar. Y fue en la tarde del mismo lunes, en entrevista con radio Cooperativa, que el abogado afirmó haber presentado él mismo su renuncia ese mediodía. Sin embargo, uno de los directores de Chile Transparente aseguró a CIPER que en realidad fue el directorio el que en su reunión de las 17:30 le pidió que renunciara. Y se entiende, se adelantaron así a consecuencias más graves que ponían en riesgo el capítulo chileno de Transparencia Internacional.

La secuencia de hechos indica que casi simultáneamente a que el directorio de Chile Transparente le pidiera la renuncia a Gonzalo Delaveau, en la sede del organismo se recibió el correo electrónico que les envió el presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, preguntando si ya se había solucionado el problema de Delaveau, pues de lo contrario entendería que el capítulo chileno no estaba en condiciones de representar a TI.

José Ugaz

El martes 5 de abril, en un comunicado firmado por el mismo Ugaz, Transparencia Internacional informó que había alcanzado a iniciar el proceso de suspensión de Chile Transparente, el que fue paralizado con la renuncia de Gonzalo Delaveau. En ese comunicado, Ugaz explicó: “Aunque Delaveau no está acusado de actividades ilegales y puede ser capaz de explicar sus actividades, para nosotros ese no es el punto. No todas las compañías secretas son ilegales, pero muchas son usadas para esconder flujos de dinero y para apoyar actos de corrupción”.

Transparencia Internacional fue una de las primeras organizaciones en reaccionar a “The Panama Papers”, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lanzada este 3 de abril con la participación de más de 370 periodistas de todo el mundo –entre ellos CIPER- que tuvieron acceso a documentos de una de las empresas más grandes en la creación de sociedades en paraísos fiscales, Mossack Fonseca.

“La investigación The Panama Papers desenmascara el lado oscuro del sistema financiero global donde bancos, abogados y profesionales de las finanzas crean compañías secretas para esconder dineros ilícitos. Esto debe terminar. Los líderes mundiales deben unirse y prohibir estas compañías secretas que alimentan la gran corrupción y permiten al corrupto beneficiarse de riquezas obtenidas de mala manera”, dijo José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Y agregó que quienes ayudan a las empresas a mantenerse ocultas deben ser sancionados.

LOS REPORTES DE MOSSACK FONSECA

El abogado Delaveau es director de la minera canadiense Andes Copper, dueña en Chile del proyecto Vizcachitas. La empresa está vinculada a al menos cinco sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de Bahamas, en las que Mossack Fonseca es agente y que en Chile están representadas por Delaveau: Turnbrook Corporation, DK Corporation, Heatlhey International Inc., Turnbrook Mining Ltd. y Vizcachitas Ltd.

“Estas estructuras pueden no gustar, pero son perfectamente legales”, dijo el abogado en radio Duna antes de dejar su cargo, argumentando que se habían utilizado paraísos fiscales para evitar la doble tributación, algo que ya no era necesario. Manifestó sorpresa por los vínculos que se han revelado de Mossack Fonseca con personajes y hechos corruptos, pues siempre la consideró una empresa seria. “Puedo parecer inocente, pero me sorprende muchísimo, uno trabajaba con ellos porque eran responsables, hacían los due dilligences, etc”, afirmó.

Lo cierto es que no siempre fue así. Por ejemplo, Turnbrook Corporation fue creada en 2006 y recién tres años más tarde Mossack Fonseca comenzó a pedirle a Delaveau los documentos relativos a la sociedad domiciliada en Bahamas. De acuerdo a los registros del bufete a los que tuvo acceso CIPER, el 4 de mayo de 2009 el departamento de Compliance de Mossack Fonseca le escribió informando que no tenían documentación relativa a Turnbrook ni a Cape Horn Group Limited, y que las nuevas normas de lavado de activos les exigían tener los documentos de due dilligence (debida diligencia) de todos sus clientes.

Ambas sociedades eran administradas por Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, estudio jurídico del que en ese año 2009 era socio Delaveau. Los socios principales del estudio eran en ese momento los abogados Roberto Guerrero, Carlos Olivos, el entonces senador Jovino Novoa (se desvinculó en medio del caso Penta-SQM, por el que fue luego condenado) y el ex canciller de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz. Mossack Fonseca  les pedía enviar copia del pasaporte de los socios de la empresa, carta de referencia bancaria, carta de referencia profesional, además de firmar un contrato. Como Delaveau no respondía, le insistieron dos semanas más tarde, a lo que el abogado replicó:

“La verdad es que aunque entendemos sus requerimientos, no estamos acostumbrados a entregar el tipo de información solicitado por cuanto somos un reconocido estudio de abogados. Es por ello que hemos solicitado la información requerida a los dueños de las respectivas sociedades”.

Pero los verdaderos dueños de las sociedades tardaron en responder y los ejecutivos de Mossack Fonseca le insistieron a Delaveau una y otra vez por email y por teléfono que necesitaban tener los papeles de los clientes. En agosto, tres meses después del requerimiento original, el abogado chileno respondió que los socios se estaban reorganizando, y en noviembre, que en una semana resolverían el tema de las participaciones accionarias. En mayo, cuando ya había pasado un año de la solicitud de Mossack Fonseca, Delaveau se excusó diciendo que aún no recibía los documentos de los clientes. Hasta ese momento, para Mossack Fonseca el cliente era Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz y desconocía quiénes era los verdaderos dueños de las sociedades.

Recién el 9 de julio Delaveau contestó algo concreto. Describió la ingeniería societaria que pensaban hacer sus clientes en los paraísos fiscales: la dueña de Turnbrook era Gemma Properties Group Ltd., una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (BVI), que a su vez era propiedad de los clientes de Delaveau. Harían un canje de acciones para que Turnbrook fuera dueña del 100% de las acciones de Gemma y los actuales accionistas de Gemma quedaran como propietarios de Turnbrook. “Los nuevos accionistas de Turnbrook serán, esencialmente, varias sociedades de BVI (Islas Vírgenes Británicas) las cuales, a su vez, son controladas por inversionistas chilenos”, describe Delaveau en un correo electrónico.

Luego la fórmula cambió, pero con el mismo objetivo. Una minuta de la junta de accionista de Turnbrook, firmada por los directores Eduardo Covarrubias Noé, Pedro Covarrubias Noé, Roberto Palumbo Ossa (abogado tributarista, ex dirigente RN) y el secretario Francisco Covarrubias Noé, da cuenta del cambio societario en que la firma de Bahamas tomó el control de Gemma, de las Islas Vírgenes. Los misteriosos accionistas eran: Devon Bay Group Ltd, Conrad Developers Inc, Genline Consulting Group Corp., Tomás Alberto Goldenberg Montt, Juan Pablo Goldenberg Montt y Eugenia Goldenberg Montt.

EXPERIENCIA EN SOCIEDADES OFFSHORE

El reporte con que Mossack Fonseca registra los contactos con sus clientes fija la primera reunión con Roberto Guerrero -de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz-, en marzo de 2003. En los registros filtrados se menciona que, en ese momento, el bufete chileno ya manejaba entre 10 y 20 sociedades domiciliadas mayoritariamente en Uruguay, Panamá e Islas Caymán. Sobre la reunión que sostuvo con Guerrero en Chile, la ejecutiva de Mossack Fonseca Betty Motta relató:

“Roberto Guerrero es muy cordial, de muy buena presencia, ama los libros antiguos, la buena comida y restoranes… Se le entregó la carta de apertura. Uruguay, Panamá y Caimán son las jurisdicciones que más utilizan. Actualmente mantienen entre 10 y 20 compañías activas. Se le explicó nuestra política de due dilligence. Se le presentaron todas nuestras jurisdicciones, fundaciones privadas; pagos on line y servicios de investigación de casos. También se le presentaron los servicios Athenaeun (administración y apertura de cuenta bancaria). Se comprometió a presentar los servicios de nuestra firma a sus socios. Estimo que tenemos cien por ciento de probabilidades de hacer negocios con esta firma, conocen el negocio y nuestros precios parecen muy atractivos. Comentario personal: el señor Guerrero recomienda excelentes lugares para encontrar libros antiguos y varios restoranes en Santiago. Tiene un departamento en Buenos Aires y le gustan sus restoranes”.

En 2008 figura el primer encuentro de un representante del bufete panameño con Gonzalo Delaveau. A esa reunión, Delaveau asiste acompañado de Jimena Bronfman, la abogada que sería jefa jurídica del Ministerio de Minería durante la administración de Sebastián Piñera y que hoy está formalizada por falsificación de instrumento público en la fallida licitación del litio. Según el reporte panameño, las principales preguntas que los chilenos mencionaron recibir de sus clientes estaban referidas a estructuras tributarias. El representante de Mossack Fonseca, Amauri Batista, escribió:

“Conversamos sobre planificación tributaria debido a que la señora Bronfman es una especialista y preguntaron si podíamos ayudar en casos que requieran complementar con planificación tributaria offshore… Conversamos brevemente sobre nuestros nuevos servicios, otras jurisdicciones como Nevada y el Reino Unido, y trust y fundaciones. Le dejamos nuestra brochure y un lápiz HK para ellos”.

En 2011, en una nueva reunión de Gonzalo Delaveau con dos representantes de Mossack Fonseca, Carmen García (chilena) y María Luján Gonzales, el problema de los due dilligence volvió a emerger:

“(Delaveau) dijo que el servicio había sido bueno, pero que tuvo muchísimos problemas para completar el due diligence, tanto así, que finalmente se inscribió él mismo como cliente, ya que los otros abogados de la oficina, especialmente el Sr. Guerrero, se habían negado a recolectar todos los papeles que pedían de Panamá”, señala el reporte.

Gonzalo Delaveau

En 2012, cuando Delaveau dejó el estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, se “llevó” a su nuevo estudio -Aninat Schwencke & Cia.- a los cinco clientes de los cuales Mossack Fonseca era agente. El traspaso generó desorden en los pagos y con la excepción de Vizcachitas, las otras cuatro sociedades estaban morosas y figuraban como “struck off” (dadas de baja). Desde Panamá se contactaron con su representante en Chile, Juan Cristóbal Recart, quien quedó en hablar con Delaveau, “un viejo amigo”.  Tras conversar con él, en mayo de 2013, Recart respondió que todas las sociedades estaban vigentes y con “activos de mucho valor en Chile”, que se habían pagado los honorarios y que era necesario revertir el status y activarlas.

Pero las empresas de Mossack Fonseca no son las únicas sociedades en paraísos fiscales con las que ha trabajado Delaveau. En julio del año pasado, CIPER publicó un reportaje sobre los negocios de Cecilia Bolocco, los que incluyen una sociedad en las Islas Vírgenes llamada Development & Investment Ltd. Ésta era representada en las juntas de accionistas por Delaveau, aunque él dijo no recordarla (ver reportaje).

En la base de datos del Diario Oficial hay también otros registros de negocios de Delaveau como abogado con sociedades en paraísos fiscales en distintos periodos. En 1996, por ejemplo, era socio de Regional Mining International Inc(BVI) en Inversiones Mineras Regional Mining Chile Limitada; en 1998 era socio de Western Pacific Carrizal Alto Corp (BVI) en Minera Western Pacific Carrizal Alto Limitada; en 2001 representaba a Amtec.net(Islas Caymán);en 2008 representaba a Mecapat International LLC (Delaware) y a Hodge Financial Inc (BVI); y en 2009 era socio  de Varney Finance Corp (BVI) en Varney Finance Chile Limitada, por mencionar algunas.

La investigación del financiamiento ilegal de la política vuelve a tocar al ex presidente Eduardo Frei y a la Democracia Cristiana. Al expediente que lleva la Fiscalía por la boletas falsas pagadas por Soquimich (SQM), se sumaron los antecedentes de una nueva rectificación de impuestos realizada por la minera que controla Julio Ponce Lerou. En esta rectificación, la compañía incluyó facturas pagadas a dos sociedades en las que tiene participación Francisco Frei Ruiz Tagle, hermano del ex mandatario DC, quien actualmente ejerce como miembro del directorio de TVN. El monto total cancelado a las sociedades de Francisco Frei y que fue rectificado por SQM se eleva a poco más de $58 millones.

Francisco Frei es el segundo miembro del directorio de Televisión Nacional que se ve involucrado en el financiamiento político ilegal. El primero fue el ex diputado Cristián Leay (UDI), uno de los más cercanos colaboradores del ex ministro Pablo Longueira (UDI), cuya formalización por cohecho y delitos tributarios se concretará el 1 de junio. Leay apareció en la investigación cuando su nuera, Trinidad Subercaseaux, declaró que hizo boletas para SQM sin efectuar trabajo alguno para la minera y que el dinero lo entregó a su suegro. La indagatoria a SQM acumula antecedentes sobre al menos ocho personas relacionadas con Leay o con el Centro de Estudios de la Nueva Minería, sociedad creada por el ex diputado, todos las cuales emitieron boletas que son investigadas. Estos documentos suman un monto de $98,5 millones (vea el reportaje de CIPER: “Platas negras de SQM: el pulpo que puso sus tentáculos en todos los sectores políticos”).

Francisco Frei Ruiz-Tagle

Tras la reciente renuncia del senador Jorge Pizarro a la presidencia de la DC -debido a los cuestionamientos que enfrenta por los pagos que recibieron sus hijos por supuestas “asesorías verbales”a SQM-, los nuevos antecedentes sobre la rectificación de la minera complican aún más a la Democracia Cristiana. Esto, porque no solo figuran los pagos a Francisco Frei, sino porque volvió a aparecer la contadora y ex militante de ese partido, Clara Bensan, quien colaboró en la administración de las finanzas de la fallida campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009.

Bensan fue la primera en mencionar la candidatura del ex presidente Frei ante los fiscales. Se abrió así una hebra que incorporó a la investigación otras cuatro declaraciones judiciales -de Giorgio Martelli, Salvador Said, Javier Said y Claudio Canales- que ampliaron los antecedentes sobre aportes irregulares a la campaña de Frei en 2009 (ver recuadro).

La rectificatoria de SQM, ingresada al Servicio de Impuestos Intermos (SII) el 12 de agosto de 2015  y que recién ahora se conoce, incluyó pagos a Publicidad Los Andes, sociedad de Bensan, por un total de $43 millones. Hasta ahora solo se conocían las facturas que Bensan había hecho con su empresa Asesorías en Gestión Integral (Agesin) para ocultar aportes políticos ilegales.

LAS SOCIEDADES DE FRANCISCO FREI

Francisco Frei ha sido secretario nacional de la directiva DC y goza de la total confianza de su hermano Eduardo, al punto que cuando éste último asumió la Presidencia de la República le encargó la administración de sus negocios. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Francisco Frei es propietario de Almadena, una conocida empresa de bodegaje. Fue consejero nacional de la DC hasta 2010 y se sumó al directorio de TVN en 2012, el que integrará hasta 2020.

En la rectificación tributaria hecha por SQM que ahora se conoce aparecen pagos a dos sociedades de Francisco Frei: Inversiones San Nicolás y Marítima de Exportaciones.

Inversiones San Nicolás fue constituida en 1987 por Francisco Frei y su esposa, Ana María Parada Quesada. El domicilio de la sociedad es el mismo que ocupan las oficinas de Almadena: Moneda 812, oficina 705. Almadena es presidida por Ana María Parada y su gerente general es Francisco Frei. La sociedad Inversiones San Nicolás facturó $12,7 millones que fueron rectificados por SQM.

Cristián Leay

Marítima de Exportación fue constituida en 1991. Inicialmente, sus socios fueron Francisco Frei y Rodolfo Mebus Mesa, pero ahora la sociedad es controlada por el matrimonio Frei-Parada a través de Inversiones San Nicolás. La rectificación de SQM incluye $45,2 millones que la minera pagó a Marítima de Exportación, sociedad que desde enero de este año cambió su razón social a Servicios de Envasado y Bodegaje.

Respecto de Publicidad Los Andes, la sociedad de la contadora Clara Bensan, figura con una factura que fue incluida en la rectificación de SQM. Es el documento Nº 000177, de fecha 3 de noviembre de 2009, por $43 millones. El servicio que supuestamente se había prestado a la minera era “campaña publicitaria productos agrícolas”. La sociedad figura en los registros del SII con término de giro en 2014.

Con la inclusión de Publicidad Los Andes en esta nueva rectificatoria, el total pagado a empresas de Clara Bensan por SQM durante la campaña presidencial de 2009 se eleva, hasta el momento, a $135 millones.

La última vez que Eduardo Frei se refirió a las investigaciones sobre eventuales aportes ilegales a su campaña fue el 31 de marzo pasado. Entonces dijo: “Si hay alguna investigación, que me lo digan (…). Yo estoy tranquilo (…). Siempre estamos dispuestos a colaborar con la justicia”.

OTRA SOCIEDAD LIGADA A LA DC

La rectificación ingresada por SQM ante el SII el 12 de agosto de 2015 incluyó otra sociedad vinculada al mundo demócrata cristiano. Se trata del Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A. (Celac) la que aparece recibiendo $35 millones irregulares desde la minera.

Constituida el 8 de junio de 2011 por María Oriana Yalena Chávez Escobar (ex esposa del lobista DC Carlos Tudela) y por Magdalena Sofía Salazar Sánchez (hija del dirigente de la falange Miguel Salazar), tiene como objeto “la realización de todo tipo de estudios, asesorías y/o consultorías profesionales y/o comerciales de cualquier naturaleza, a personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras y en cualquier campo profesional, comercial o industrial”. El capital inicial fue de $4 millones, pagado en partes iguales por las fundadoras.

A pesar de que el Diario Oficial no registra cambios en la propiedad de Celac, el padre de Magdalena Salazar, Miguel Salazar, indica en su bio en Radio Cooperativa (donde es columnista) que es el creador de esta sociedad. Salazar posee vínculos directos con Eduardo Frei, ya que se desempeñó como su jefe de gabinete durante los seis años en que este estuvo al mando de La Moneda.

En los últimos años Salazar ha ejercido como asesor del diputado Roberto León (DC), quien es indagado por la Fiscalía debido a que su hijo figura con $123,7 millones en honorarios rectificados por SQM. En mayo de 2015 La Tercera publicó que la indagatoria por las platas políticas había detectado pagos directos desde la empresa minera a Miguel Salazar. Entre noviembre de 2014 y enero de 2015 habría recibido $6,7 millones.

Una investigación de CIPER reveló que Celac es una de las principales empresas que reciben dineros por asesorar a los diputados. Entre 2012 y 2013 recibió de la bancada DC en el Congreso $130,7 millones (ver reportaje “Asesorías parlamentarias sin control: diputados gastan $6.000 millones en dos años”). La misma sociedad ha continuado recibiendo pagos del diputado León por asesorías. Según el registro público de la Cámara de Diputados en 2014 el parlamentario le pagó $26,1 millones.

LA HEBRA DE BENSAN COMPLICA A FREI

El 12 de febrero pasado el abogado de Clara Bensan, Pablo Araya, hizo llegar a la Fiscalía una serie de documentos que amplían el abanico de pagos irregulares recibidos por la contadora. Hasta ese momento, Bensan solo había reconocido aportes ilegales a la campaña de Frei desde SQM, Inversiones Caburga e Inversiones Newport a través de su empresa Agesin. Entre los archivos que ingresó a la carpeta investigativa el abogado Araya se encuentra la factura rectificada desde SQM por $43 millones a Publicidad Los Andes. Pero también hizo entrega de copias de los libros de compras, ventas, honorarios y diario de empresa de Agesin. Allí aparecieron varias sorpresas.

El mismo día que la empresa de Bensan emitió una factura falsa por $12 millones a Inversiones Caburga (del Grupo Said), el 9 de diciembre de 2009, aparece recibiendo otro pago por la misma cantidad desde Comercial Los Lagos, empresa de los hermanos Ramón, Jorge y Antonio Eblen Kadis. Esa misma empresa aparece pagando $8 millones a Inmobiliaria El Boldo, propiedad del contendor de Frei en las elecciones de 2009, Sebastián Piñera, como publicó en septiembre de 2015 El Mostrador.

Imaginacción, la consultora de propiedad de Enrique Correa, también apareció en la contabilidad de Agesin. Los libros de la empresa de Clara Bensan registran tres pagos hechos por Imaginacción por un total de $20,8 millones entre julio y agosto de 2010. Imaginacción está siendo investigada por la Fiscalía por esos pagos y también por los $10 millones que le canceló a Claudio Canales, quien admitió que nunca le prestó servicios a la consultora de Correa, sino al PPD (Canales elaboró una página web para ese partido).

Enrique Correa

Según la declaración judicial que entregó el pasado 17 de febrero David Flores (PPD), Clara Bensan jugó un rol relevante en la mantención financiera de las campañas de la Concertación desde 2005 en adelante. Flores les relató a los fiscales que la contadora se hizo cargo del pago de radiotaxis utilizados por dos secretarias durante la fallida campaña presidencial de Frei, y que lo mismo ocurrió con Verónica Baeza, quien era la persona encargada de gestionar las ventas de arte durante la campaña. Flores agregó en su declaración que la contadora lo ayudó además a pagar servicios que se usaron durante la campaña de Carolina Tohá para presidir el PPD en 2010.

Clara Bensan, en su declaración del 17 de abril de 2015, fue la primera que mencionó la campaña de Eduardo Frei en 2009 a los fiscales. Les dijo que ese año trabajó en actividades electorales, que le rendía cuentas a Giorgio Martelli y que los recibos de los depósitos los entregaba a Francisca Contreras, representante de la candidatura de Frei ante el Servel. Bensan detalló cómo disfrazaban los aportes ilegales con boletas y facturas por trabajos ficticios.

La contadora, que en ese entonces era militante de la DC, admitió que la campaña de Frei no sólo recibió dinero de SQM por esta vía ilegal, también reconoció aportes de Inversiones Caburga e Inversiones Newport, ambas de la familia Said, cuyos negocios incluyen el Banco BBVA, Embotelladora Andina y Parque Arauco.

Salvador Said Somavía declaró como imputado el 11 de agosto y admitió que Inversiones Caburga hizo un aporte de $20 millones a la campaña de Eduardo Frei, pagos que luego rectificó ante el SII. Su primo, Javier Said Handal, había declarado en junio como representante de Inversiones Newport, y dijo que a solicitud de Inversiones Caburga decidieron entregar $12 millones a la campaña de Frei. Además, Newport pagó $8 millones al abogado Alfredo Ugarte, quien también integraba el comité de finanzas de Frei.

El 22 de enero de 2014 el Servicio Electoral (Servel) objetó el pago de $170 millones que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami realizó a la sociedad Cono Sur Research SpA al finalizar la campaña presidencial de 2013. En la resolución número 0268, el Servel planteó que el monto pagado era “excesivo considerando el valor de mercado por servicios similares, siendo dable agregar que en la misma cuenta se han rendido otros desembolsos por el mismo concepto“. La factura entregada por Cono Sur al comando de ME-O señala que los pagos se justificaron por servicios de “asesoría y consultoría, análisis y diseño de marketing”.

Aunque el comando de ME-O rectificó su rendición de gastos e hizo llegar al Servel un contrato de prestación de servicios con la sociedad Cono Sur, esa relación ha generado controversia en las últimas semanas, luego de que La Tercera revelara nuevos antecedentes sobre el jet privado que Enríquez-Ominami utilizó durante su última campaña presidencial. ME-O viajó primero a Brasil junto a ejecutivos de la empresa OAS –hoy en quiebra y acusada de corrupción política– y luego utilizó en Chile el mismo avión, propiedad de la empresa brasileña Taxi Aéreo Piracicaba, durante tres meses. El entorno del ex candidato ha utilizado el pago a Cono Sur para justificar el financiamiento del jet.

La versión oficial sostenida hoy por el Partido Progresista (PRO) y por el mismo ME-O es que los $170 millones que desembolsaron a Cono Sur fueron utilizados para pagar los servicios de Duda Mendonça, el publicista político brasileño que se encargó del marketing de la última campaña. El PRO ha reiterado que ese pago incluyó el diseño de la campaña y también el arriendo del avión entre julio y noviembre de 2013.

El vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, declaró a Radio Bio Bio el 14 de marzo pasado que “el avión fue parte del paquete que ofreció la agencia brasileña que vino a Chile a hacerse cargo de las principales tomas, imágenes”. Y aunque señaló que todo se explicó transparentemente en la rectificación que después aceptó el Servel, el presidente del consejo directivo del organismo, Patricio Santa María, replicó que “mal podríamos haber aprobado algo que no se nos declara”.

La explicación del PRO es que las leyes chilenas no permiten gastar en servicios provistos por extranjeros, por lo que decidieron usar una sociedad chilena para mediar con Mendonça. Sin embargo, CIPER revisó el contrato firmado entre el comando de ME-O y Cono Sur, el que excluía un servicio de ese tipo. Aunque el contrato fue firmado por su jefe de campaña y representante legal de la empresa, Cristian Warner, la sociedad había creada por un estrecho colaborador desconocido hasta ahora: Sergio Novoa.

UN CONTRATO DE 12 CLÁUSULAS

El 14 de febrero de 2014, Carlos Muñoz Valle, entonces administrador electoral de la campaña de Enríquez-Ominami, respondió la objeción del Servel sobre el abultado pago a Cono Sur. Para ello adjuntó a su respuesta el contrato celebrado entre el comando de ME-O y la sociedad chilena que sirvió de intermediaria para contratar al publicista brasileño Duda Mendonça.

El documento, al que CIPER tuvo acceso, fue firmado el 19 de agosto de 2013 por el entonces candidato Enríquez-Ominami y Cristian Warner, en representación de Cono Sur. Sin embargo, no fue protocolizado en la notaría de Pedro Reveco hasta el 14 de febrero de 2014, el mismo día en que Muñoz Valle lo entregó al Servel.

En contrato se establece que el pago ascenderá a $170 millones y se aclara, en su cláusula sexta, que “el presente contrato excluye cualquier otra iniciativa que aquí no se contemple ni declare”. Este punto es clave, ya que según la versión oficial del entorno de ME-O, el trato con Cono Sur incluye el pago por el avión que se utilizó en la campaña de 2013. Sin embargo, en el contrato no hay referencia a gastos de transporte del candidato o su equipo.

Lo que sí se detalla son los servicios de asesoría que justificarían el millonario pago. La cláusula segunda explica que éstos se enmarcan en “asesoría y consultoría en análisis, diagnóstico, establecimiento de objetivos, estudio y diseño de estrategias y plan de acción de marketing para la candidatura presidencial de don Marco Enríquez-Ominami Gumucio en las elecciones presidenciales del año 2013”.

La cláusula octava establece que el contrato comenzaría a regir el lunes 19 de agosto de 2013. La fecha coincide con el inicio legal del periodo de campaña. Pero para entonces el comando del PRO ya tenía todo listo. Tres días antes, el viernes 16 de agosto, ME-O estrenaba las nuevas gráficas de su campaña frente a la prensa. Lo hacía acompañado por Duda Mendonça, quien en ese momento tenía finiquitado buena parte del trabajo (elaboración del marketing de campaña), aunque el contrato recién entraría en régimen el lunes siguiente. Para entonces, ME-O ya llevaba casi un mes usando el avión. 

Además de no mencionar en ninguna de sus diez páginas la utilización de un avión como contraprestación de servicio, el contrato entre ME-O y Cono Sur deja claro que la sociedad será la responsable ante cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y tributarias de sus trabajadores o dependientes.

También se agrega una cláusula de confidencialidad, la décima: “Las partes asumen expresamente en este acto, por medio de sus representantes, la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información que se derive del presente contrato y a la cual tengan acceso durante toda su vigencia. Esta obligación subsistirá aun después de finalizada la relación contractual. Cualquiera de las partes que vulnere lo señalado precedentemente, será exclusiva responsable de todos los daños y perjuicios que para la otra se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación”. El contrato está firmado por el representante legal de Cono Sur, Cristián Warner, y por el entonces candidato Marco Enríquez-Ominami.

En el detalle de las etapas de trabajo, se contempla que en el item “relaciones públicas” se realizará la “coordinación y gestión comunicacional entre asesores extranjeros y comando presidencial en Chile. Gestión de estadías, viajes, etc“. Si bien eso podría justificar el pago de los viajes de Mendonça, no incluye el transporte del candidato por todo Chile  (revise aquí el contrato íntegro).

Tanto La Tercera como T13 han calculado que el costo de tener un jet privado a disposición total durante casi cuatro meses sobrepasa por mucho los $170 millones que según la versión del PRO pagaron al brasileño Duda Mendonça por, entre otras cosas, disponer del avión para las giras de campaña. Estimaciones de operadores de servicios aéreos estiman en, al menos, medio millón de dólares el costo real de este servicio.

EL CREADOR DE CONO SUR

Hasta ahora quien ha aparecido como dueño de Cono Sur es Cristián Warner, el jefe de campaña de ME-O. Pero quien constituyó Cono Sur Research SpA el 8 de junio de 2012 en la Notaría de Patricio Zaldívar no fue Warner. La información publicada en el Diario Oficial señala que la sociedad por acciones tenía al nacer como único propietario a Sergio Andrés Novoa León de la Barra. El capital suscrito ascendió a $1,5 millón. Ese mismo día, Cristián Warner Villagrán se convirtió en el representante legal de Cono Sur.

Sergio Novoa

Tanto Novoa como Warner han formado parte del círculo más estrecho de ME-O. Ambos estuvieron a su lado tras la campaña presidencial de 2009, cuando el candidato alcanzó más del 20% de los votos y decidió formar el Partido Progresista. Pero Novoa y Warner se conocían desde mucho antes. Fuentes del PRO señalan que fueron compañeros de generación en el Colegio de los Sagrados Corazones de los Padres Franceses de Viña del Mar.

La creación de Cono Sur se produjo mientras Warner era el secretario general del PRO y a pocos meses de que Novoa se transformara en el administrador electoral general de la campaña municipal de ese partido, en 2012. Ese rol en las municipales tuvo costos para Sergio Novoa.

El 31 de enero de 2013 la entonces directora (s) del Servel, Elizabeth Cabrera, determinó iniciar un proceso administrativo sancionatorio en contra de Novoa por su responsabilidad en la no presentación de las rendiciones de cuenta de 130 candidatos a alcaldes y concejales del PRO en esas elecciones municipales.

Ese proceso se extendió durante buena parte de 2013, y en él Novoa León de la Barra derivó las responsabilidades por la no rendición de cuentas a cada uno de los administradores electorales de los candidatos para que fueran sancionados (revise aquí el informe emanado por el Servel con el proceso sancionatorio).

El actual vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, comentó a CIPER que la campaña municipal de 2012 fue la primera experiencia partidaria en una elección, en la que presentaron más de 1.000 candidatos a alcaldes y concejales. “Por supuesto que cometimos desprolijidades, pero nadie se hizo millonario”, enfatizó.

Según el perfil de LinkedIn de Sergio Novoa, entre abril de 2012 y abril de 2013 –incluyendo el periodo en que estuvo al frente de la campaña municipal del PRO–, trabajó en Inversiones e inmobiliaria CWP Limitada, propiedad de María Ignacia Caruz, José Francisco Puelma, María Manuela Caruz y su amigo Cristián Warner. Novoa es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso y en su curriculum figuran trabajos para Saam S.A. (que presta servicios a empresas navieras) y Forma S.A. (logística para montaje de ferias y exposiciones).

En el PRO aseguran que Sergio Novoa llegó a trabajar en su órbita porque era amigo de Cristián Warner y lo ayudaba en labores administrativas. Descartan que Novoa haya militado en el partido y puntualizan que recibía un sueldo por su labor. Dicen que en 2012 fue nombrado como administrador electoral cuando Warner era secretario general de la tienda, pero que solo continuó ligado a ellos hasta octubre de 2012, ya que su labor no fue bien evaluada. Agregan que tanto Warner como Novoa volvieron a colaborar en la campaña presidencial de 2013, pero solo a cargo de gestionar la franja televisiva junto al publicista Duda Mendonça, ya sin ninguna vinculación partidaria.

Un reportaje de El Mercurio fechado el 12 de julio de 2015 dio cuenta de que las reuniones decisivas del PRO se realizan en inmuebles que aparecen como los domicilios legales de sociedades como Cono Sur o Cristián Warner Comunicaciones. Según esa publicación, las instalaciones ubicadas en Avenida Antonio Varas y en la calle Juan Antonio Ríos 58 se han realizado las citas relevantes del partido.

LOS CUESTIONADOS INFORMES DE WARNER

Pocos meses antes de firmar como el representante legal de Cono Sur, Cristián Warner había constituido la sociedad Tanto Te Importa SpA, la que tiene como objeto la fundación, establecimiento, desarrollo, explotación y comercialización de medios de comunicación. El capital con el que fundó esta sociedad es de $106 millones, aunque en el momento de constituirla pagó solo $3 millones.

Una tercera sociedad de Cristián Warner es clave en los cuestionamientos que ha debido enfrentar ME-O durante el último año: Cristián Warner Comunicaciones, constituida en 2007, emitió 34 facturas a SQM Salar entre 2011 y 2013 por un total de $362 millones, los que fueron rectificados por la minera por no ser necesarios para producir renta. Luego se rectificarían otros $29 millones (ver recuadro).

Cristián Warner

Ante el SII, Warner declaró que realizó una asesoría comunicacional a SQM y que le entregaba directamente los informes al gerente general de la empresa, Patricio Contesse. Éstos se referían a análisis de coyuntura, clipping (recortes de prensa) y desresearch, que definió como “tener acceso a información para poder trabajar a partir de ella”. Sin embargo, los antecedentes recabados por el Ministerio Público ponen en duda esa versión.

El expediente judicial del caso SQM contiene el testimonio de Andrei Roberto Acosta Zambra, dueño de la empresa Nexchannel, quien declaró ante la Policía de Investigaciones que tiene un contrato con la sociedad Cono Sur para darle acceso a la base de datos que se dedica a gestionar y que contiene archivos de prensa de 2008 en adelante. El contrato entre Cono Sur y Nexchannel fue firmado el 3 de enero de 2014, cuando los pagos desde SQM Salar ya habían cesado.

Los detectives le mostraron los informes que Cristián Warner entregó a SQM Salar como justificación para los $362 millones recibidos. En ese momento Acosta Zambra los revisó y señaló que “analizando los mismos de forma simple y aleatoria, corresponden a copias de las transcripciones que News Executive Channel entrega en su sistema informático y corresponden a noticias de prensa escrita de medios metropolitanos conocidos (…) a mi parecer tales informes por año, solo son resúmenes de prensa, ordenados por mes y bajo ciertos criterios noticiosos como minería, litio, la empresa SQM, entre otros”.

Además, la secretaria de Contesse, Katherine Bischof, declaró que Warner nunca se reunió con su jefe. Quién sí se juntó varias veces con Contesse fue Enríquez-Ominami. En los correos intercambiados entre Bischof y Warner, éste le pide agendar una reunión para ME-O, se habla del pago de un proyecto de Enríquez-Ominami y Warner agradece la ayuda Contesse de parte del ex candidato. Tras revisar los emails, Bischof dijo a los fiscales que éstos “se refieren a pagos que se realizaron a Cristian Warner y que pudieran estar relacionados con Marco Enríquez-Ominami”.

En septiembre pasado, el SII se querelló porque “revisada la documentación aportada por el señor Warner, ha podido constatarse que el contenido de los informes no coincide con lo señalado por este, toda vez que únicamente incluyen resúmenes de hechos noticiosos publicados por medios de circulación nacional (…) sin realizar ningún análisis de los mismos”.

Además de los pagos cuestionados de SQM, Cristián Warner Comunicaciones registra otros $30 millones desde Celulosa Arauco, la empresa del Grupo Angelini que le pagó esa cifra en abril de 2012.

LAS SOSPECHAS SOBRE EL AVIÓN

El 22 de julio de 2013 Marco Enríquez-Ominami y su jefe de campaña, Cristián Warner, viajaron de Santiago a Sao Paulo junto a dos ejecutivos de la plana mayor de la constructora OAS: Augusto César Ferreira e Uzèda (director internacional) y Augusto Cesar de Souza Fonseca (director de Operaciones para el Cono Sur). Volaron en un jet alquilado por OAS. El candidato del Partido Progresista volvió a Santiago dos días más tarde en el mismo avión, pero ya no con los ejecutivos de la constructora. La aeronave se quedó en Chile y Marco Enríquez-Ominami la utilizó durante toda la campaña, pero no detalló ese gasto en su rendición ante el Servicio Electoral.

Ante las sospechas de que el jet pudo ser proporcionado por OAS, Camilo Lagos, estrecho asesor de ME-O y vicepresidente del PRO, dijo después a La Tercera que el avión era parte del paquete de servicios del publicista brasileño contratado para la campaña, Duda Mendonça. Según el mismo diario, Mendonça llegó a ME-O recomendado por el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao, a quien el chileno se acercó gracias a los nexos de su padre adoptivo, Carlos Ominami, con el asesor internacional del gobierno brasileño, Marco Aurelio García, uno de los dirigentes que no ha sido golpeado por los escándalos de corrupción del PT. En conversación con CIPER, el ex senador Ominami dijo que sí tiene una relación de amistad con García, a quien identificó como un dirigente del PT con un perfil más intelectual que político, pero aseguró que no tiene ninguna relación con aportes o financiamientos para la campaña de su hijo.

Duda Mendonça se habría distanciado del PT luego de que se cuestionaran millonarios pagos que recibió de la campaña de Lula da Silva y colaborara con la justicia. Este domingo 10 de abril un reportaje difundido por T13 contactó a Mendonça, quien no confirmó la versión que han dado en el entorno de ME-O pero tampoco entregó detalles del contrato. Por el contrario, un colaborador del publicista, cuya identidad se mantuvo en reserva, señaló que el avión no estaba en el paquete de servicios que prestaron a la campaña de Enríquez-Ominami.

OAS es una empresa que gozaba de fuertes vínculos con el PT y cuatro meses después del viaje de MEO a Sao Paulo, un jet similar trajo a Chile al ex presidente Lula da Silva. Los pinchazos de la policía brasileña a las conversaciones telefónicas entre el presidente de OAS, José Adelmário Pinheiro, y el representante internacional de la misma compañía, Augusto César Ferreira, permitieron saber que la constructora se ofreció a pagar el avión que trajo a Lula a Chile.

Lula estuvo en Santiago el 27 y 28 de noviembre de 2013. En ese viaje, el ex mandatario brasileño participó en un desayuno organizado por la  Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), entonces presidida por Andrés Santa Cruz. El líder histórico del PT asistió acompañado por José Adelmário Pinheiro, quien fue detenido en Brasil en diciembre pasado por el proceso anticorrupción que sacude al oficialismo.

N. de la R: Este reportaje fue actualizado el 14 de abril de 2016.

“Hice una pelotudez superlativa”, reconoce el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, cuando se le pregunta por la carta que el 17 de marzo pasado envió a los 549 funcionarios de la institución. La misiva llevaba el sello del CDE y el de la empresa Inmune, contratada para buscar formas de reducir el ausentismo laboral. El texto generó alarma entre los funcionarios por dos razones: lo leyeron como una amenaza y pronto descubrieron que Piña había estado vinculado a la propiedad de Inmune.

Piña debió convocar a todos los funcionarios al primer piso del edificio de calle Agustinas para intentar calmar los ánimos, explicándoles que la iniciativa no buscaba perseguirlos y que el proyecto con Inmune se congelaría mientras trabajaban en buscar un acuerdo con las asociaciones gremiales. Y aunque los funcionarios fueron receptivos a las explicaciones, el tema no está cerrado. “Seguimos en estado de alerta”, dice el abogado Estanislao Dufey, secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios del CDE.

Jorge Nazer

Lo que más les preocupa es el riesgo de que se haya entregado información personal de los funcionarios a Inmune, que según su página web se dedica a “promover el buen uso de las licencias médicas y ayudar a reducir el fraude en el sistema de salud”. El mismo sitio tiene un su portada un formulario para denunciar anónimamente el uso de licencias fraudulentas y la empresa es conocida por representar judicialmente a las isapres para perseguir a los médicos acusados de emitir permisos cuestionados.

La polémica carta que Piña envió a los funcionarios parecía ir en esa línea, destacando que en el último año el 6,78% de las licencias en el CDE habían sido otorgadas por doctores que han sido denunciados por la Superintendencia de Seguridad Social, “lo que probablemente por desconocimiento de nuestros funcionarios, puede levantar suspicacias injustificadas sobre sus licencias médicas” (ver carta). En palabras de un abogado del CDE, parecía estarse imputando delitos a los funcionarios de una institución repleta de penalistas. Para la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados del CDE, Luppy Aguirre, la carta parecía una “velada amenaza de que tenían identificados a los funcionarios”.

Ese mensaje es justamente el que el Grupo Alto, holding del que es parte Inmune, mandaba a sus hogares a quienes creían haber identificado como autores de robo hormiga de los supermercados. Alto fue creado en 2003 por el abogado Jorge Nazer, junto a su amigo Juan Ignacio Piña, hoy presidente del CDE. Es por eso que Piña, quien dice haber vendido sus acciones de Alto en 2013, se inhabilitó al momento de suscribir el contrato con Inmune, que fue firmado por la consejera Clara Szczaranski. Eso tranquilizó a los funcionarios, quienes revisaron la licitación realizada a través de Chile Compra y confirmaron que Piña no había participado en el proceso (ver contrato).

Inmune fue creada en diciembre de 2007 por Asesorías e Inversiones Puerto Varas S.A., propiedad de Nazer, y Alto S.A., donde participaba también Piña. Tuvo varios nombres: nació como Servicios Alto Tecnología Limitada, luego pasó a Alto Control Salud Limitada y finalmente en 2014 fue rebautizada como Servicios y Asesorías Inmune Limitada.

Nazer es actualmente el presidente del Grupo Alto y sigue siendo socio de Piña en Inmobiliaria e Inversiones Alto, empresa que según el presidente del CDE no está ligada de ninguna forma a la estructura del grupo y se dedica sólo al negocio inmobiliario. Arrienda oficinas en el edificio ubicado en Miraflores 130. En 2012, por ejemplo, Piña y Nazer firmaron un contrato de alquiler con la Superintendencia de Servicios Sanitarios por todo el piso 10. Entre los pisos 11 y 13 funciona el Grupo Alto.

EL MIEDO A INMUNE

El precedente que preocupa a los funcionarios del CDE es la consultoría que en 2015 Inmune realizó al Poder Judicial. El resultado del estudio fue publicado en enero El Mercurio, que destacó que el 5,94% de las licencias había sido emitida por “médicos fraudulentos”. Según informó en febrero Radio Biobío, a partir del informe de Inmune una funcionaria del Poder Judicial fue suspendida y cuatro médicos fueron sancionados.

En la nota de El Mercurio aparecía entrevistado el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien utilizaba la información de Inmune para defender las alzas de las isapres y la inconsistencia del Poder Judicial, que acoge los recursos que anulan esas alzas: “Este trabajo refleja las inconsistencias de los fallos de los jueces. Se incrementa el uso de licencias médicas en el propio Poder Judicial, pero no reconocen los aumentos de costos en licencias médicas que justifican las alzas de precio de los planes“.

Los funcionarios del CDE critican que los resultados de esa consultoría se haya “filtrado” a la prensa y creen que las declaraciones de Caviedes dan cuenta del mal uso que las isapres pueden hacer de esa información, si es que Inmune se las da a conocer. La empresa ha representado legalmente al menos a Banmédica y Colmena en las querellas contra médicos sancionados por la Superintendencia de Salud.

El abogado Estanislao Dufey critica la motivación del contrato, que a su juicio parte de la desconfianza hacia los funcionarios, asumiendo que están usando licencias “truchas” y que se necesita una empresa externa que ayude a controlar. Duda, además, de los resultados que ha mostrado hasta ahora Inmune, y ejemplifica con dos unidades del CDE que aparecían con un excesivo número de licencias, sin reparar en que había dos personas con cáncer, una de las cuales murió esta semana. La Asociación de Funcionarios está preparando su propio informe técnico, que pone el acento en que el ausentismo es provocado por un trabajo altamente estresante.

Piña coincide con ese diagnóstico y explica que en los últimos años en el consejo ha aumentado la carga laboral, sin que haya sido posible ampliar la planta. Es por eso que busca convencer a los funcionarios de que es necesario tener un diagnóstico preciso del problema, para persuadir al Ministerio de Hacienda de que la gente se está enfermando y se necesitan más recursos para hacer crecer la dotación.

El presidente del CDE explica que la necesidad de hacer un estudio nació después de que Hacienda les comunicara que eran el tercer servicio con peor recuperación de licencias médicas a las isapres y tras constatar que entre 2014 y 2015 el ausentismo laboral había aumentado en un 23%. La licitación que ganó Inmune, indica Piña, se enmarca en un proyecto de modernización institucional, con fuerte énfasis en recursos humanos, financiada por el BID.

A la licitación, hecha a través de Mercado Público, se presentaron cuatro empresas. Inmune tuvo el puntaje más alto y su oferta era igual al máximo del presupuesto permitido: $18 millones. Ya se canceló el 80% ($14,4 millones) pues, según dicen en el CDE, se cumplieron las dos primeras etapas del contrato: un informe de diagnóstico de ausentismo en la institución y estrategias de gestión y de intervención, y de comunicación. Es en el contexto de esta segunda etapa comunicacional que se envió la polémica carta. La última fase, que está congelada por las conversaciones con los gremios, debiera consistir en capacitaciones, charlas y talleres.

Piña reconoce que las inquietudes de los funcionarios son “razonables”, pero cree que es necesario seguir trabajando para disminuir el ausentismo: “Lo más fácil sería rescindir el contrato, dejar de hacer ruido, no hay ningún problema. Pero yo estoy aquí para hacer la pega. Las dos asociaciones entendieron que es un problema del que tenemos que hacernos cargo”.

-El kick off (la partida) fue fatal y ahora lo que tengo que hacer cada dos minutos es tratar de recomponer eso. Estoy dedicado en este minuto a devolverle la tranquilidad a la gente respecto a la información que se entrega, de los doctores que entregan las licencias, etc. Aquí el partido que estamos jugando es otro. Es súper forme que se me haya ensuciado el partido por un puntapié inicial absolutamente fatal. Pero qué voy a hacer, ahora tengo que hacerme cargo nomás, y tengo que arreglar el asunto-, concluye Piña.

Cuando se piensa en una empresa innovadora, el nombre de Apple viene de inmediato a la mente. Economistas y expertos en marketing nos dicen que ese tipo de compañías son el resultado de la genialidad de un grupo de ingenieros y del coraje de financistas que se arriesgaron en algo que era apenas un sueño. En esta historia de éxito el Estado no tiene ni siquiera un papel secundario; solo aparece al final: en el impopular rol de cobrador de impuestos. La moraleja es que si los países quieren generar ese tipo de empresas lo mejor es que el Estado se mantenga al margen.

La verdadera historia de Apple es más compleja y ha sido la economista Mariana Mazzucato quien la ha sacado a la luz. Mazzucato, “RM Phillips Professor” en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex y autora del superventas El Estado Emprendedor (Anthem, 2013), se encuentra en Chile invitada por la CEPAL para dictar la cátedra Raúl Prebisch, honor que han tenido académicos de la talla de Joseph Stiglitz  y Dani Ridrik.

En esencia, Mazzucato afirma que las innovaciones que permitieron crear el exitoso Ipad fueron desarrolladas por investigaciones de la industria de la defensa y de la exploración espacial estadounidense. Y todas esas investigaciones fueron financiadas con recursos públicos: desde las que permitieron crear Internet y el GPS, hasta las pantallas táctiles, incluyendo el asistente por voz SIRI. Mazzucato explica, de hecho, que Apple invirtió menos en Investigación y desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas porque usó lo que el financiamiento público había creado.

-Steve Jobs y su equipo pusieron todo ese conocimiento en un formato cool. Y por supuesto que el diseño que le dieron es fundamental para el éxito comercial del Ipad. El problema es que la historia que se cuenta sobre el éxito de Apple olvida el rol público -dijo Mazzucato a CIPER.

En contrapunto con las idea neoliberales que han dominado el pensamiento económico en la últimas décadas, Mazzucato sostiene que el Estado no es útil solo para corregir las imperfecciones de los mercados, sino que ha sido esencial en la creación de nuevos mercados.

Afectar las políticas tributarias a través del lobby es la peor forma de corrupción, pues el resultado continúa por mucho tiempo, sin que nadie se dé cuenta y todo se presenta como parte de una política de crecimiento

Mazzucato le ha dedicado tiempo a entender por qué el aporte del Estado ha sido borrado de la historia de la innovación y qué efectos tiene ese olvido. Lo que ha encontrado al revisar el caso de Apple, es similar a lo que observa en la industria farmacéutica. Allí se afirma que los altos precios de los medicamentos son la justa retribución por los riesgos de los inversionistas para la difícil tarea de mover las fronteras del conocimiento, pero la verdad es que sólo en Estados Unidos esa industria recibe un aporte público anual de U$31 mil millones para investigación básica en farmacia y biotecnología. Lo mismo ocurre en el sector de la Defensa y en el desarrollo de la nanotecnología. Esto lleva a Mazzucato a afirmar que, aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”.

La economista destaca dos consecuencias de borrar al Estado de la historia de la  innovación. La primera es política. Permite presentar al mercado como la fuerza innovadora y asociar al Estado con la inercia, sosteniendo que es demasiado burocrático para ser el motor dinámico que la economía necesita. Ese ha sido durante décadas el discurso de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que han recomendado a los países pobres y de nivel medio achicar y acorralar al Estado para alcanzar el desarrollo.

Para el economista de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, el dominio de ese discurso ha implicado hacer que los países más pobres desperdicien recursos. Chang aborda el tema en su libro Malos Samaritanos, título que alude justamente a los que aconsejan a las naciones pobres crecer sin Estado. Chang sostiene que es la presencia activa del Estado la que explica el desarrollo de países como Japón, Corea, Finlandia (en los dos primeros, el Estado incluso definió qué debían exportar las empresas durante décadas). Pero el Estado proactivo también guió el desarrollo de Estados Unidos, el Reino Unido y de la mayor parte de las naciones que hoy prosperan. Al presentarlo como un lastre para el crecimiento, lo que hacen los países ricos es “patear la escalera” que les permitió desarrollarse, impidiendo que otros suban por ella (“Patear lejos la escalera del desarrollo” es el titulo de otro de los libros de Chang).

Citando al historiador económico noruego Erik Reinert, Chang recomienda que los países pobres hagan lo que los países ricos efectivamente hicieron, no lo que dicen que hicieron.

Pero para Mazzucato el contar mal la historia de cómo se genera la innovación tiene también un efecto económico-ético: facilita a las compañías apropiarse de las utilidades que generan los conocimientos que fueron financiados con recursos públicos:

Ha-Joon Chang

-El hecho de que los economistas no mencionemos el rol del Estado en el proceso de creación de mercados, implica que no solo entendemos mal cómo se lleva adelante la innovación, sino que alimentamos la desigualdad, permitiendo a las firmas recibir mucha más recompensa de la que les corresponde si tomamos en cuenta lo que pusieron en el proceso. Dado que la creación de valor es colectiva y el riesgo se reparte a lo largo de varios actores, la distribución de los beneficios debería reflejar eso -dijo a CIPER.

Para Mazzucato, lo que no se debe olvidar es que el sector privado no innova desde la nada: lo que hace es “surfear en una ola gigante de tecnología desarrollada con recursos públicos”, escribe en su libro.

Por eso, cuando en 2013 Apple repartió US$100 mil millones en dividendos para sus accionistas, Mazzucato argumentó que dada la relevancia que tenía el Estado en su tecnología, los contribuyentes estadounidenses poseían un derecho superior sobre esos ingresos que los accionistas.

Apple ha sido experta en privatizar al máximo esos rendimientos, desarrollando esquemas de elusión tributaria para pagar poquísimos impuestos, lo que ha sido investigado por las cortes a ambos lados del Atlántico y también por el Senado norteamericano.

En estas prácticas de elusión, Mazzucato ve la forma más dañina que adopta la corrupción:

-En el Reino Unido, por ejemplo, se aprobó una norma tributaria llamada “Patent box”, que fue propuesta por el lobby de la farmacéutica GlaxoSmithKline, aparentemente para promover la innovación. Pero lo que hace esta política es llevar millones a los paraísos tributarios sin afectar la innovación para nada. Y la consiguieron a través del lobby. Pienso que afectar las políticas tributarias a través del lobby es la peor forma de corrupción, porque nadie votó por GlaxoSmithKline, no es parte de un proceso democrático. Hoy hay muchos escándalos en Latinoamérica pero me parece que la mayoría de los casos son cosas bastante obvias que todos conocen. Las prácticas más perversas son aquellas de las que nadie se da cuenta porque continúan por mucho tiempo y se presentan como parte de una política de crecimiento -explica

Mazzucato no pretende que Apple desaparezca, pero sostiene que para que las economías funcionen hay que aprender a domar a esas corporaciones. Y la forma de hacerlo –dice- no es a través de beneficios tributarios (como el citado “patent box”) sino “a través de acuerdos simbióticos”. Da un ejemplo:

-A comienzos de los años 20 el gobierno de Estados Unidos permitió a la empresa AT&T mantener el monopolio del sistema telefónico siempre que reinvirtiera sus beneficios en investigación: ese fue el origen de Bell Labs, que jugó un rol clave en la revolución de las comunicaciones. Del mismo modo podríamos pedirle a las grandes farmacéuticas de hoy, que se benefician de miles de millones de dólares del sector público, que reinvirtieran sus utilidades en innovación y no como hacen ahora, que gastan más en la compra de acciones (sobre todo en comprar sus propias acciones) que en I+D. Otras estrategias podrían ser que las agencias públicas que invierten en las etapas tempranas de las compañías pudieran retener royalties o acciones por un tiempo, tal como lo hacen los capitales de riesgo.

¿Y El APPLE DE LA URSS?

Las ideas claves de Mazzucato se pueden deducir del caso de Apple. Y un punto central es que al rescatar al Estado del olvido, la economista no busca que reemplace a las empresas, sino que se produzca una simbiosis entre ambos actores. Para la economista, el Estado no es suficiente y el mismo caso Apple lo demuestra. Si es cierto que la tecnología que usa Apple es el resultado de la inversión pública norteamericana para ganar la carrera espacial y armamentista, ¿por qué la economía de la URSS no fue capaz también de producir una variedad similar de bienes?

En Chile, para reforzar la idea de que lo privado es bueno y moderno y lo estatal es malo y anticuado, se dice que lo producido en los países de la órbita socialista era de mala calidad. Eso, sin embargo, no explica el hecho de que la URSS logró poner al primer astronauta en el espacio y desarrollar una compleja y poderosa industria bélica equivalente a la estadounidense, capaz de construir portaviones, jets de combate y misiles nucleares. El punto, entonces, no es que ese país careciera de tecnología muy avanzada, sino por qué esos conocimientos no se expandieron al resto de la sociedad.

La respuesta de Mazzucato está en la existencia de empresas. Si bien la ex URSS muestra (otra vez) que el aparato público es el que tiene la fuerza para mover las fronteras del conocimiento, también remarca que para que ese conocimiento se transforme en crecimiento económico se requiere de una extensa y activa red que haga esa tarea:

-Una de las lecciones más importantes del derrumbe de ex URSS es que los beneficios de los avances tecnológicos que consiguió no se distribuyeron a lo largo de la economía. Por ejemplo, en los ´80 Japón tenía menos investigación y desarrollo (I+D) que la Unión Soviética, pero se enfocaba en muchas más áreas y tenía una red de organizaciones públicas y privadas que podían difundir los nuevos conocimientos a través de la economía -explica.

Un segundo asunto clave que se desprende de la historia de Apple, es que gran parte del avance tecnológico que explota esa empresa se generó de una forma particular: no porque Estados Unidos hubiera específicamente querido incentivar la fabricación de celulares o computadores personales. Lo que ese país se propuso fue algo realmente ambicioso: llegar a la Luna. Y para conseguir esa meta muchos sectores económicos tuvieron que proveer soluciones técnicas, es decir innovar. Mazzucato deduce de eso que un rol clave del Estado está en establecer misiones, determinar problemas globales para cuya solución sea necesario que muchos sectores se involucren, se modernicen, crezcan:

-El desafío espacial implicó el desarrollo de una docena de distintos sectores que tuvieron que aportar soluciones para hacer ese logro posible y que se revitalizaron en ese proceso. Del mismo modo, el desafío del cambio climático requiere que muchos sectores se revitalicen y desarrollen nuevos métodos de producción y distribución. Pero ellos no lo van a hacer por su cuenta. Para eso está la política: para hacer que pasen cosas que no habrían pasado de otro modo -afirma.

Así como el desarrollo de la energía solar, el problema de la escasez de agua, las enfermedades, hay un centenar de asuntos que los Estados podrían asumir como misiones y que en el intento de buscar mover las fronteras del conocimiento podrían generar el crecimiento de distintas áreas de la economía.

Mazzucato cita un ejemplo actual: el boom que vive la industria del acero de Alemania en oposición a la crítica situación de la industria inglesa. Argumenta que Alemania reinventó su industria enfocándose en el reciclado del acero más que en la producción. Pero lo interesante, puntualiza, es que “este enfoque se derivó de la inversión del Estado en energías renovables. Es decir, es la búsqueda de tecnologías limpias lo que llevó a replantearse la forma de producir acero y ha introducido cambios en muchas otras industrias. Esto muestra cómo la misión asumida por el Estado de realizar investigación de energías renovables, puede activar otros sectores”.

POR FAVOR, ALIMENTE A LOS ANIMALES

Esta forma de promover la innovación y la productividad está en las antípodas de lo que en Chile se considera una estrategia apropiada. Desde la dictadura en adelante la única injerencia pública aceptada (en el área de la producción) es la provisión de las condiciones básicas (seguridad policial, infraestructura, estabilidad macroeconómica para que haya financiamiento, etc.) para que las empresas sean las protagonistas del desarrollo. Cada paso más allá, se dice, introduce distorsiones en el mercado, lo hace más ineficiente e improductivo.

El economista Luigi Zingales, autor del libro Salvando al capitalismo de los capitalistas, resume las bondades de esta “falta de política pública” recordando el letrero que se instala en los parques nacionales: “No alimente a los animales salvajes”. La razón de ese letrero, dice Zingales, es que si los turistas los alimentan, se vuelven flojos y pierden su capacidad de alimentarse por sí mismos. “Lo mismo debiera establecerse para las empresas” explicó Zingales: “Lo digo no porque no me gusten las empresas, sino porque me gustan, pero no quiero que sean subsidiadas ni favorecidas por el gobierno, porque de esa forma se hace a los empresarios flojos e incapaces de competir en el mercado mundial”.

En Chile, una gran cantidad de pequeñas empresas se crea cada año. Y se hacen políticas para que cada día surjan mas, sobre todo tecnológicas. Pero según los datos del Ministerio de Economía más del 60% de las empresas que hay actualmente son de tamaño “micro”, y cerca de la mitad de ellas deja de existir antes de los tres años. La teoría no se preocupa de eso pues así es la destrucción creadora descrita por Schumpeter: las más competitivas e innovadoras sobrevivirán y de ese proceso saldrá la nueva Apple y el nuevo Steve Jobs.

El desafío del cambio climático requiere que muchos sectores se revitalicen y desarrollen nuevos métodos de producción y distribución. Pero ellos (las empresas privadas) no lo van a hacer por su cuenta. Para eso está la política: para hacer que pasen cosas que no habrían pasado de otro modo

Lamentablemente, según escribe Mazzucato, esas expectativas no se ajustan a la evidencia internacional. Las empresas pequeñas escasamente invierten en I+D, no tienen recursos para hacerlo y usualmente son menos eficientes e innovadoras. De hecho, apunta Mazzucato, la innovación no se genera en países con muchas pequeñas empresas como Chile;  sino en países con un nutrido grupo de medianas y grandes firmas y pocas firmas pequeñas. Es decir, para que haya innovación, una parte de las microempresas que mueren cada año en Chile debiera crecer hasta un tamaño medio.

Por ello la economista cree que el esfuerzo público no se debe dirigir a impulsar la aparición de más emprendimientos, sino que a generar un “ecosistema” que les permita crecer a las que ya se han formado. En el caso estadounidense, dice, el ecosistema tecnológico se nutrió y creció con la investigación financiada por el gobierno, ya sea porque las firmas accedieron directamente a los fondos de investigación (como Apple, Compaq o Intel) o porque supieron comercializar la tecnología que el Estado había pagado (como Apple y Google).

Contradiciendo a Zingales, la economista Mazzucato dijo a CIPER que ese ecosistema debe proveer a las empresas de un “paciente y estratégico financiamiento de largo plazo que permita a las pequeñas compañías emprender, innovar y tener tiempo para comercializarse”.

Es decir, para Mazzucato el Estado no puede reducirse a proveer el mínimo:

-Yo planteo una alianza entre el Estado y el sector privado. Pero para que la alianza sea  provechosa, hay que tener una mejor idea de qué es lo que el Estado puede aportar. Si se limita a crear las condiciones básicas, la alianza no producirá lo que la economía necesita para crecer e innovar. En ese sentido, mi propuesta de que el Estado actúe movido por “misiones” busca enfatizar que el problema de la innovación y el crecimiento no se resuelve actuando sobre áreas específicas de la economía, sino abordando grandes problemas cuya solución obliga a dinamizar a muchos sectores. Para lograr eso, el rol del sector público no puede ser sólo subsidiar, sino directamente invertir en áreas que necesitan mucho capital y son riesgosas y donde el sector privado no está dispuesto a invertir.

Respecto de esto último, la economista recuerda que a diferencia de lo que se suele repetir, Silicon Valley no se levantó con capital de riesgo sino que este llegó luego de que el negocio se echó a andar y ya no era tan riesgoso.

-El mundo está lleno de financiamiento impaciente que inhibe el crecimiento de las empresas –afirma.

La propuesta de Mazzucato no es sencilla de materializar en Chile. No solo porque choca con la extendida convicción de que el Estado no debe interferir en la producción de bienes, sino porque cuando hablamos de mover las fronteras del conocimiento, la posibilidad de fracaso es alta y es necesario generar una cultura pública que soporte el fracaso y persista. Por ejemplo, si el gobierno se involucra en la “misión” de desarrollar energía solar, ¿cuánto tiempo puede estar ese proyecto perdiendo dinero? ¿Cuántos fracasos puede soportar el sistema, la oposición política o la prensa antes de hablar de desfalco?

Ha-Joon Chang en su libro Malos Samaritanos da el ejemplo de Toyota, cuya historia puede dejar más claro el coraje y la actitud que requieren la innovación. En 1933, cuando Toyota era solo una industria textil, comenzó a recibir grandes cantidades de recursos públicos para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y en los que se supervigiló estrictamente los planes y las metas de esta transformación. Cuando finalmente en 1958 colocaron el primer auto en el mercado norteamericano, fue un fracaso y debieron retirarlo. Hoy sabemos el final exitoso de esa historia, pero en ese momento la opción era renunciar y tirar a la basura los millones invertidos o persistir y correr el riesgo de seguir perdiendo.

Emprender aventuras de esa naturaleza requiere una mirada compartida del desarrollo que no es fácil de lograr. Se necesita, pareciera, un cierto desarrollo social para emprender esa marcha a un desarrollo económico. En ese sentido, Mazzucato argumenta que para materializar una alianza entre Estado y privados, es necesario desarrollar una forma de evaluar los resultados que supere la evaluación de fracaso que hace el mundo financiero. También es necesario crear organizaciones públicas que exploren y tomen riesgos; e invertir en el sector público de modo de “dotarlo de capacidad de hacer”, remplazando las políticas de tercerización que lo desmontan. Finalmente, como el fracaso es una posibilidad real “es necesaria una mejor distribución de los riesgos y de los premios cuando hay éxito”.

Aunque los problemas no son menores, Mariana Mazzucato cree que este tipo de políticas tiene un futuro promisorio:

-En el pasado, el desafío principal fue el desarrollo de complejos militares aeronáuticos. En el futuro estos desafíos estarán más relacionados con energía, salud y con desafíos socio-tecnológicos. Tenemos cientos de problemas cruciales que resolver y en los que el Estado y los privados pueden trabajar juntos en el marco de una misión -dijo Mazzucato a CIPER.

* Esta entrevista es parte de una serie sobre desarrollo y productividad con investigadores como Ben Ross Schneider (MIT) y Ha-Joon Chang (Universidad de Cambridge) que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y que vías hay para enfrentar ese problema.

En 1973 sus manos grandes y su rictus irónico se hicieron muy familiares para la gran mayoría de chilenos. Ya sea desde el Congreso, desde su sitial de senador por Talca, Linares y Maule; o desde algún acto del partido democratacristiano, del cual era presidente, Patricio Aylwin aparecía todos los días en las radios, los diarios o en las pantallas de televisión. Concitó odios y admiración. Fue uno de los protagonistas más importantes del drama que vivió nuestro país en 1973.

Seis veces presidente de su partido, le tocó redactar y negociar el Estatuto de Garantías que la Democracia Cristiana pactara con la Unidad Popular en 1970, luego participaría en un diálogo que fracasó y más tarde asumió la responsabilidad de “explicar”, como él mismo lo dice, el golpe de Estado ante sus aliados en el mundo y en Chile.

El año 1976 abandonó la presidencia de la DC, “cansado y agotado” de estrellarse contra un muro. “Pude haber tenido un estándar de vida bastante distinto del que tengo si me hubiera dedicado a ganar plata. Pude haber sido un brillante profesor de Derecho, pero dejé mi cátedra y cerré mi estudio cuando fui elegido senador. He luchado con los medios que sé luchar. Si me piden que coloque bombas o que tome una metralleta, eso no lo sé hacer”.

Sus últimas palabras son casi un murmullo.

Salvador Allende y Patricio Aylwin

No resulta fácil hablar con el Patricio Aylwin de 1973, tampoco con el de 1974 y 1975. Las heridas están abiertas, las dudas y las interrogantes que seguramente muy pocas veces compartirá, subyacen en la conversación. Difícil es para toda una generación de nuestros dirigentes reconocer errores. Hay veces que en esta profesión uno se siente violando intimidad y dolor. Esta es una de ellas.

-Usted formó parte de la comisión que redactó y negoció el Estatuto de Garantías que pactó su partido con la Unidad Popular en 1970. ¿Realmente creyó que Salvador Allende tenía posibilidades de gobernar de forma normal?
-Pensaba que había que distinguir las posiciones ultras de sectores del Partido Socialista, las tendencias a mi juicio totalitarias del PC y separarlas de la tradición democrática del Presidente Allende y de la formación democrática de otros sectores que, aunque minoritarios, lo acompañaban, como era el radicalismo y una parte del Partido Socialista. Siendo un gobierno minoritario, tendría que optar por someterse a las reglas del juego democrático.

-¿Tuvo temor de que la UP quisiera romper con el sistema democrático?
-Creía en la buena fe de Salvador Allende y sigo creyendo. Tenía y tengo mucha desconfianza del PC, porque no obstante las buenas intenciones de sus planteamientos, el PC chileno tiene una trayectoria prosovietica que lo marca y lo hace desconfiable.

-¿No le parece extraño que fueran precisamente los comunistas los que propiciaron un “compromiso histórico con la DC”?
-Nunca confié en ese “acuerdo histórico”. Recordemos que Luis Corvalán declaró que “con Tomic ni a misa”. Yo sabía que el PC aceptaría ese acuerdo en cuanto lo beneficiara, pero no para acompañarnos en un proceso de profundización del proceso democrático del país. Teníamos razón en nuestras desconfianzas y en creer en la viabilidad de un gobierno socialista, siempre y cuando a Salvador Allende lo hubieran dejado hacer.

-¿Quiénes? ¿Estados Unidos?
-Fundamentalmente si lo hubiera dejado su partido. Antes de hablar de Estados Unidos hay que decir que la responsabilidad fundamental estuvo en Chile. Al día siguiente de asumir Salvador Allende, Luis Corvalán y Carlos Altamirano aseveraron que se había conquistado el gobierno pero no el poder, y que el objetivo era conquistar el poder total. El poder total a mi juicio es incompatible con la democracia.

-¿Cuál cree usted que fue el grado de importancia que tuvo la intervención norteamericana en Chile?

Richard Nixon

-La elección de Allende hizo perder los estribos a Nixon, y el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad y la CIA hicieron todo lo posible para impedir el ascenso de Allende a la presidencia. Ese es un hecho histórico y conocido. Pero creo que de parte del gobierno chileno hubo algunos errores que le dieron ocasión a Estados Unidos para poner en práctica sus malos deseos.

-En sus memorias, el embajador norteamericano en Chile en ese período, Nathaniel Davis, dice: “Se autorizó el gasto de US$250 mil para Frei y su equipo de confianza”.
-Le puedo decir lo siguiente: cuando en 1974 se dieron a conocer los informes de la Comisión Church sobre la inversión encubierta en Chile, los presidentes de la DC de esa época nos reunimos y emitimos una declaración conjunta. Benjamín Prado, Narciso Irureta, Renán Fuentealba y yo dijimos que ninguno de nosotros supimos jamás de entregas de dinero norteamericanas y menos de la CIA al PDC. Frei tampoco recibió jamás esos dineros. El mismo embajador Davis dice que la mayor parte de esas ayudas no tenían fines de desestabilización, sino que servían para mantener en funcionamiento a los partidos de oposición en un régimen que pretendía acaparar el poder total. También dice que la mayor parte de los dirigentes no supieron de la llegada de esos dineros.

-¿Afirmaría usted que el paro de los camioneros no fue sustentado con esos dineros?
-Esa es otra cosa. El PDC no impulsó ese paro. Si llegó esa plata, a alguna parte fue. No puedo poner en duda que la plata llegó, porque el mismo señor Davis lo dice. Habla de un total de seis millones 900 mil dólares, de los cuales un millón 900 mil los recibió El Mercurio, según los datos que da el señor Davis. Del resto, en definitiva quedaban como 580 mil dólares que habría recibido el PDC. Esas son las únicas platas de las cuales yo puedo opinar y puedo decir que por mi mano no pasaron y no supe de ningún democratacristiano que las recibiera. Creo que esos dineros pueden haber llegado en forma indirecta. Nosotros teníamos dos radios y recibían publicidad. Es probable que empresas, organismos o agencias que existían hayan recibido aportes –por ese conducto–  en nombre de instituciones, amigos o partidos amigos. En esos casos uno no se puede poner a preguntar cuál es el origen del dinero.

LOS SOCIALISTAS Y EL DIÁLOGO

-Usted asumió la presidencia del PDC en abril de 1973, cuando la suerte de este país ya está echada…
-Si así lo hubiera creído, no asumo la responsabilidad. No me hago cargo de un muerto. Yo pensaba salvar la democracia de mi país y el sistema institucional con todos sus defectos. Mi lema fue no dejarle pasar una al gobierno. ¿Por qué? Sostenía que la directiva que me había precedido, encabezada por mi amigo Renán Fuentealba, era muy dura en el lenguaje con el gobierno de la UP, pero en el hecho, esa firmeza en la palabra se diluía al dejarnos envolver en negociaciones que no terminaban nunca. Los sectores más ultras se aprovechaban para seguir avanzando en la tesis: “Avanzar sin transar”. Altamirano en su libro sostiene que siempre se opuso a toda negociación con el PDC.

-Pero Carlos Altamirano no era la Unidad Popular.

Carlos Altamirano

-Allende en definitiva no tuvo ñeque para imponerse sobre el señor Altamirano. El error histórico que cometió fue ayudar a desbancar a Aniceto Rodríguez y elegir a Carlos Altamirano como secretario general de su partido. Creo que las conversaciones que tuvimos fracasaron a fines de julio de 1973 porque el PS dijo: ¡No!

-¿Qué le dirá a Carlos Altamirano el día que se reencuentren?
-Somos civilizados. Además, él está de vuelta, ha evolucionado y se ha dado cuenta de los errores que cometió. No entiendo de otra manera su actual posición de respaldo a la línea del PS de Núñez y a su no identificación con el PS de Almeyda.

-¿Cuál es la diferencia?
-El PS de Núñez está en una línea razonable para volver a reconstruir la democracia en Chile. El PS de Almeyda, al querer reconstruir el eje socialista comunista, está siendo un estorbo para recuperar la democracia.

-Usted fue un protagonista importante del diálogo entre su partido y la Unidad Popular que fracasó en 1973…
-No es para contarlo en una entrevista. Estoy escribiendo un libro sobre el particular. Cuando se hizo el llamado al diálogo, yo pronuncié un discurso en el Senado como presidente de mi partido refiriéndome a la materia. Dije que Chile estaba al borde de un quiebre de su sistema democrático y que lo más grave era que los chilenos habían perdido la confianza en la democracia. Dije que la DC, el patrimonio que podía exhibir era su lealtad histórica al orden democrático constitucional y que nos jugaríamos aunque fuera contra todos por salvar el sistema. Que yo estaba dispuesto a conversar y aceptaba cualquier llamado al diálogo. Pocos días después se produjo el llamado del Presidente Allende en un discurso que pronunció en la UNCTAD a mediodía. En la tarde llegó a verme al Senado Gabriel Valdés, que en ese entonces era funcionario internacional, y me dijo: “Vengo de almorzar con el Presidente Allende y me ha dicho que dar este paso ha sido terriblemente duro para él, porque le significaba el rompimiento con su partido. El PS no acepta el diálogo al cual él ha llamado. Te lo advierto para que tú no pongas dificultades”. De inmediato tomé el teléfono y llamé a La Moneda. Hablé con Frida Modak y le dije: “Dígale al presidente  que he sido informado de su llamado al diálogo, que cuente conmigo y que me diga cuándo nos podemos reunir. Yo estoy listo a partir del viernes (era un miércoles), pues necesito pedir autorización a mi partido”. El edecán del presidente me comunicó que el día lunes se iniciarían las conversaciones. Cuando ese lunes llegamos con Osvaldo Olguín a La Moneda nos recibió el presidente Allende, acompañado de Carlos Briones y Clodomiro Almeyda. Cuando reanudamos las conversaciones a las 10 de la noche, Allende estaba acompañado por Humberto Mardones. Almeyda ya no estaba. Para mí era un signo de que el obstáculo que el PS le puso al presidente Allende por la idea de negociar se tradujo en la decisión, la tarde del lunes, de dar un no categórico al diálogo.

-¿No había contactos entre la DC y las Fuerzas Armadas en esos momentos?
-Yo personalmente y el partido oficialmente nunca tuvimos contacto con las Fuerzas Armadas.

-¿Juan de Dios Carmona lo hizo entonces a título personal?
-El los tuvo, pero yo sólo tuve contactos oficiales. La directiva de mi partido, por ahí por el 12 de agosto, se reunió con el general Prats, el almirante Montero y el general Ruiz Danyau, en la  casa del general Prats, para analizar la situación que vivía el país. Cuando el Presidente Allende formó su último gabinete, yo fui personalmente a hablar con el almirante Montero para ofrecerle la colaboración del PDC y el almirante Montero invitó a Sergio Molina para conversar sobre aspectos del manejo de la situación económica. Cuando el diálogo fracasó y nos reunimos por última vez con el Presidente Allende.

-¿Fue en esa oportunidad cuando Allende le habría dicho: “Tóquenme, pues esta es carne de estatua”?
-No, no fue en esa oportunidad. Se lo voy a explicar. El diálogo fracasó el 1 de agosto. El cardenal Silva Henríquez me llamó el 15 de agosto, para decirme que quería invitarnos a Allende y a mí a comer a su casa. Esa reunión se concretó el 17 de agosto. Allí le pedí a Allende resolver el problema de las áreas de la economía. Allende me planteó que si yo decía que era capaz de ponerme de acuerdo con Carlos Briones en una fórmula para resolver el asunto, él le diría a Briones que se entendiera conmigo. Le pedí además que resolviera el problema de los mineros despedidos y el asunto de la papelera.

-¿Qué acordaron en esa reunión?
-Llegamos a acuerdo en una serie de cosas. Nombrar una comisión con un señor Pey, designado por Allende y Sergio Molina, para que ellos acordaran, previo estudio de la situación de la papelera, el reajuste de sus precios. Sobre los mineros, Carlos Briones resolvería el problema de la reincorporación y además se reuniría conmigo para tratar el problema de las áreas de la economía. Al día siguiente nos juntamos con Carlos Briones en mi despacho del Senado. Tuvimos varias reuniones y redactamos los textos atingentes. En definitiva, él no logró obtener respaldo de los partidos de la UP. Como nos podían sorprender en esas conversaciones y eso crearía dificultades, decidimos nombrar representantes. Él designó a Iván Auger y yo a José Florencio Guzmán. Ellos siguieron reuniéndose. El sábado 8 de septiembre, en un matrimonio, Guzmán se me acercó y me dijo que la noche anterior había tenido una larga conversación con Auger, que éste venía de conversar con Allende y lo había encontrado muy abatido y preocupado. Y en esa conversación le habría dicho: “Iván, esta es carne de estatua”, golpeándose la pierna. Así fue como escuché esa frase.

-¿Pensó que esa frase se haría realidad en el corto tiempo?
-Allende me merece mucho respeto, pero no cabe duda que él tenía cierta dosis de autosuficiencia, admiración por él mismo, cierta vanidad personal. La frase me pareció muy propia de él. 

ALIANZAS DE AYER Y DE HOY

-¿Cuáles fueron a su juicio los principales obstáculos que usted encontró para que el diálogo fructificara?
-El país vivía una sicosis. En el seno de la UP se especulaba todo los días con el Golpe, en la oposición con el autogolpe, y frente a eso la posición de las Fuerzas Armadas era un misterio. Personalmente creí, hasta el 11 de septiembre, que el general Pinochet era un hombre de absoluta confianza de Salvador Allende.

-Pero había otros generales, como Bonilla y Sergio Arellano Stark, que no ocultaban sus simpatías con el PDC y tampoco su tendencia golpista.
-Exactamente, sabíamos eso, pero a mi Bonilla nunca me dijo que estuviera dispuesto a dar un Golpe de Estado. Yo no se lo oí. No me cabía duda de que al interior del Ejército y en la derecha había sectores golpistas. La derecha quería el Golpe.

-¿Cómo se explica entonces que usted aceptara una alianza política con la derecha?
-Yo fui forzado por la UP. Fue una situación que se nos impuso. Solos nos habrían hecho pebre y le habríamos dado el gusto a la UP de que obtuvieran el poder total.

- Hoy día algunos sectores de su partido podrían utilizar el mismo argumento para fundamentar una determinada política de alianza. ¿Por qué no aceptar unirse con sectores de pensamiento diferente si así se evita que lo hagan pebre?
-Yo lucho por el restablecimiento de la democracia, creo que la unidad con quienes patrocinan procedimientos de rebelión popular impracticables y que le dan argumentos al señor Pinochet para quedarse indefinidamente, no ayudan.

-Sin embargo, usted hizo alianza en el año 1973 con sectores derechistas que provocaron atentados terroristas que volaban oleoductos, hacían barricadas y…
-Yo no hice ninguna alianza en 1973. La CODE (Confederación Democrática, opositora a la UP) nació en julio de 1972. Fue un acuerdo suscrito por Renán Fuentealba y en ese momento ni se habían volado oleoductos ni ninguna de esas cosas. Tampoco entró jamás al CODE Patria y Libertad.

-También existía el Comando Rolando Matus, que dependía del Partido Nacional.
-Yo no sé de quién haya sido ese comando, pero esos hechos son posteriores. Yo fui a negociar con el Presidente Allende en medio de las críticas del Partido Nacional, que no quería que la DC se entendiera con Allende.

-¿Participó usted en alguna reunión preparatoria del Golpe?
-Absoluta y categóricamente: ¡No!

LA DC Y EL 11 DE SEPTIEMBRE

-¿No se arrepiente hoy día de haber asumido el 11 de septiembre una posición de apoyo al Golpe?
-Le soy muy franco. Hoy no diría algunas de las cosas que dije entonces. El 12 de septiembre, la directiva de mi partido sacó una declaración en la que dijimos que lamentábamos lo ocurrido, pero lo explicábamos como fruto de la situación a la que había llegado el país. Dijimos también que confiábamos que las Fuerzas Armadas, por su tradición institucional -cosa en la que realmente creíamos entonces- actuarían por el sólo lapso que las circunstancias lo requieran. Esperábamos también que no hubiera persecuciones injustas.

-El día 13 de septiembre de 1973, trece destacadas personalidades de su partido firmaron otra declaración condenando el Golpe.

Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva

-Hubo dos opiniones en ese momento. Yo sigo manteniendo la que tuve entonces. La responsabilidad fundamental de lo que ocurrió la tiene la UP. Nosotros hicimos un documento que circuló entre las bases, donde condenamos los atropellos a los derechos humanos. Se lo hicimos llegar al ministro del Interior, el general Bonilla. En enero de 1974 le mandamos una carta al general Pinochet, que por supuesto no tuvo respuesta.

-En una declaración formulada a la revista Cosas usted dijo que hasta el año 1976 habían autorizado a militantes democratacristianos para ocupar cargos en el régimen.
-Es efectivo.

-A principios de 1976, la iglesia Católica había denunciado ante los tribunales de justicia 445 casos de detenidos-desaparecidos. Son los peores años de la represión. ¿No se arrepiente de haber autorizado a militantes de su partido a participar de la acción criminal de este régimen?
- … La verdad es que su pregunta me impacta. Realmente la información que uno tenía en esa época sobre estos hechos era bastante rudimentaria. Personalmente no tenía información sobre todos los casos que después conocimos. No entendimos esa presencia en labores subalternas como un aval a la política de represión.

-¿Tenía realmente esperanzas de que el poder en manos de la Fuerzas Armadas fuera un hecho transitorio?
-Nunca he perdido las esperanzas. Hice una apuesta que este gobierno no duraba menos de dos años, pero tampoco más de seis. Ese juicio mío era compartido por el cardenal Silva Henríquez, con el cual había conversado. Nos equivocamos los dos.

UNA MAYORÍA DE COBARDES

-Si usted fuera miembro de la directiva de la DC hoy día, ¿propiciaría la inscripción de su partido?
-Esa es una de las grandes decisiones que tenemos que tomar. Personalmente, admitiendo que el asunto es muy dudoso, voy a defender al interior de mi partido que nos inscribamos.

-En agosto de 1984, en una entrevista que le hizo Raquel Correa, usted afirmó: “Soy un decidido partidario de que el PDC no entre en el juego de la Ley de Partidos Políticos. Si la mayoría de partidos no la acoge, la ley será formal, sin vigencia, lo que demostrará la orfandad del régimen”.
-Estamos en abril de 1987 y el cuadro ha cambiado bastante. En esa época creía que estábamos al borde de un quiebre del régimen. Creía que 1985 iba a ser el año decisivo. Había un proceso nacional de repudio al régimen. En estos años he cambiado de parecer. No es cierto que se pueda provocar el aislamiento del régimen. Se inscribe Renovación Nacional, el Partido Nacional, la Social Democracia anuncia que se inscribirá. Ya hay un espectro, una parte del cuadro. Si estamos luchando por elecciones libres, hay que tener el instrumento para ir a ellas y uno de esos instrumentos es el partido político que presente la alternativa. Quedarnos afuera es atarse las manos y actuar exclusivamente en el campo de la protesta. La experiencia de los dos últimos años ha demostrado que con todo el valor moral que tiene, la protesta no es un instrumento eficaz para terminar con el actual régimen. Usted me dirá que voy retrocediendo de barricada en barricada y es probable, pero no se puede negar que contra todo lo que esperábamos el régimen ha salido bastante más firme de lo que creíamos.

-¿Por el apoyo que concita o por la debilidad de una oposición que no sabe ponerse de acuerdo?
-Probablemente por lo último. Este régimen ha logrado mantenerse porque tiene el apoyo monolítico de las Fuerzas Armadas, el apoyo del poder económico…

-¿Y el Poder Judicial?
-Sí, también ha sido un apoyo.

-Su padre fue presidente de la Corte Suprema. ¿Qué siente cuando ve actuar al Poder Judicial como en el caso Letelier, por ejemplo?
-Siento mucha pena, indignación también. No soy de los que he callado esta opinión. El régimen se mantiene también porque la oposición no ha sido capaz de configurar una alternativa clara para el país.

-¿Cómo explica usted que ayer, en la época de la Unidad Popular, propiciara la movilización como un instrumento de lucha y hoy día la desestime?
-Porque el gobierno de la UP era democrático y esta es una dictadura.

-¿Piensa usted que la gente sabe pelear en democracia, pero no sabe hacerlo en dictadura?

Clodomiro Almeyda

-Los chilenos no sabíamos lo que era pelear en dictadura. No está claro que hayamos aprendido. Hay motivos para estar desilusionados de este país en general. Nosotros creíamos que los chilenos eran valientes; la verdad es que los hechos han demostrado que algunos chilenos eran valientes, pero que la enorme mayoría es bastante cobarde.

-¿Qué sucedió con el grupo que usted, Clodomiro Almeyda y otros, conformaban en la universidad?
-En ese grupo estaba Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda, Felipe Herrera, Carlos Andrade. En febrero de 1945 tuvimos una reunión de 10 días en el fundo de Clodomiro Almeyda. Todos los días nos reuníamos a conversar. Nos habíamos propuesto cambiar este país. La discusión era si entrábamos a la Falange o al Partido Socialista. Al final resolví y les dije: “Yo, porque soy cristiano, debo entrar a la Falange; ustedes que tienen una formación más bien marxista deben entrar al Partido Socialista”.

-Ustedes compartían ideales y todos han jugado papeles protagónicos en la historia de este país, ¿no se siente fracasado?
-Lo he sostenido y además está impreso. Una vez en un discurso dije: “Cuando tenía 20 años y mi generación tenía 20 años, en este país había mucha injusticia, mucha desigualdad, pero había libertad”. Nosotros estábamos orgullosos de la democracia chilena. Los hombres de aquella época nos propusimos, unos en el marco de las ideas socialcristianas, otros en el marco de las ideas socialistas, otros radicales, superar esa injusticia, transformar este país, construir un nuevo Chile justo, humano, solidario, sobre la base de conservar la libertad. Al cabo de 50 años, hoy día hay más injusticia y no tenemos libertad. Somos una generación fracasada.

La Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) no tiene en su poder ningún documento que obligue legalmente a Jorge Sampaoli a devolver los $730 millones (US$1 millón, al valor de enero de 2016) que le pagaron junto con su indemnización y que supuestamente el entrenador reintegrará cuando encuentre un nuevo trabajo. El reembolso de este dinero, que corresponde a más de la mitad del total que recibió al poner fin a su relación laboral con la asociación, pende únicamente de la buena fe del director técnico. La única carta que tiene la ANFP en su mano es que en el finiquito firmado por ambas partes se menciona un acuerdo para que Sampaoli reintegre el dinero. Pero, según confirmó a CIPER un alto dirigente de la asociación, ese documento no constituye garantía alguna para forzar la devolución.

Ejecutivos que tuvieron acceso a los pagos que hizo la ANFP a Sampaoli mientras este se desempeñó como DT de la selección, confirmaron a CIPER que la cifra de su finiquito sobrepasa al menos en $793 millones lo que efectivamente le correspondía como indemnización legal.

Los mismos ejecutivos corroboraron que hasta mayo de 2015 la mitad del sueldo del entrenador se pagó como “derechos de imagen”. Y confirmaron que se hizo así para rebajar impuestos. Los pagos los hizo la ANFP a una sociedad que Sampaoli constituyó en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Ese dinero se depositaba cada mes en una cuenta de una sucursal del banco suizo UBS en Estados Unidos. Estos pagos eran tramitados, en representación de Sampaoli y de sus colaboradores (Sebastián Becaccece y Jorge Desio), por el abogado Álvaro Rosenblut, socio del bufete Albagli Zaliasnik.

Arturo Salah

El acuerdo que puso fin a la gestión de Sampaoli en la Roja fue suscrito el 19 de enero pasado por el entrenador y el presidente del fútbol profesional, Arturo Salah, y significó un pago para el entrenador de $1.342 millones. Así lo acreditó la semana pasada un artículo de The Clinic que difundió copias de los tres cheques que suman ese monto y que fueron entregados por la ANFP al director técnico. La versión oficial de la asociación para explicar esa cifra indicó que el argentino había renunciado a la totalidad de sus premios por el título de la Copa América, que sumaban unos US$2,8 millones.

Los dineros pagados a Sampaoli, según la declaración que publicó en enero el propio sitio web de la ANFP, incluyeron “indemnizaciones legales, que comprenden vacaciones, remuneración por los días de enero y premios que se le adeudaban por los últimos partidos clasificatorios”. Pero estos ítems solo suman $612 millones, por lo que aún no se explica a título de qué la ANFP le entregó los restantes $730 millones (un millón de dólares, según el cambio de la época), como una suerte de “crédito” sin interés, bajo el compromiso incierto de que el entrenador debe restituirlos cuando encuentre un nuevo empleo.

Ejecutivos que conocieron las cuentas entre la ANFP y Sampaoli, señalaron a CIPER que el último sueldo mensual que recibió el director técnico fue de US$158.333 líquido. Efectivamente, esa es la cifra contenida en el aumento de sueldo que Sergio Jadue pactó con Sampaoli en mayo de 2015 y que estaba vigente a la fecha en que se firmó el finiquito. Al cambio del 19 de enero de este año, ese monto en dólares equivalía a $115 millones mensuales (cerca de $120 millones bruto).

Al desvincularse de la asociación, el director técnico debió recibir una indemnización de tres sueldos por sus tres años de servicio en la selección chilena ($360 millones), un sueldo por vacaciones pendientes y el pago correspondiente a los 18 días que trabajó en enero ($69 millones). Esto da un total de $549 millones. Sin embargo, la ANFP le entregó $793 millones adicionales, los que se desglosarían en $63 millones por saldos de premios pendientes de partidos clasificatorios y los ya mencionados $730 millones correspondientes a una suerte de “préstamo” hasta que encuentre un nuevo trabajo.

La sospecha que circula entre los dirigentes del fútbol, es que los $730 millones adicionales encubren el pago de una parte de los premios de la Copa América. La ANFP ha defendido este acuerdo señalando que fue beneficioso para el fútbol nacional, pero sin entregar detalles que avalen esa afirmación.

En una entrevista concedida a El Mercurio de este domingo 24 de abril, Arturo Salah nuevamente le hizo una finta a este tema: “Lo que firmamos fue un arreglo conveniente para la ANFP por el riesgo patrimonial que había”, dijo Salah, evitando entrar en detalles. De esta forma, se alineó con lo que ya había declarado el vicepresidente de la ANFP, Andrés Fazio, quien señaló que esa asociación podía perder hasta US$10 millones si llevaba a juicio a Sampaoli, aunque nunca se ha explicado la razón de tan nefasto pronóstico legal.

Una declaración que la ANFP envió en respuesta a las consultas de CIPER, por medio de su agencia de comunicaciones, tampoco despeja estas incógnitas: “La negociación final con Sampaoli resguardó los intereses de la ANFP, disminuyendo los riesgos que representaba pagar un monto mucho mayor a raíz de los complejos contratos firmados anteriormente (entre el DT y la asociación)”. Esta respuesta insiste en que hay un “mutuo acuerdo” entre Sampaoli y la ANFP que obligaría al ex entrenador a devolver el millón de dólares cuando firme un nuevo contrato, pero no se hace cargo de la consulta de fondo respecto de la existencia de documentos que establezcan una garantía para asegurar ese reembolso.

LA RUTA DEL DINERO

Para manejar su dinero, Jorge Sampaoli resultó ser tan obsesivo como lo es para analizar el fútbol y siempre se preocupó de manejar sus remuneraciones directamente con el ex presidente de la ANFP, el defenestrado Sergio Jadue. En los tres años que el argentino dirigió la Roja consiguió modificar en siete ocasiones el contrato para reajustar sus ingresos. No obstante, hay un documento que firmó Jorge Sampaoli con el ex mandamás de la ANFP que no se ha hecho público y al que CIPER tuvo acceso. Se trata de un “precontrato de trabajo” firmado el 21 de noviembre de 2012 por Jadue y el cuerpo técnico, y que demuestra que el monto originalmente pactado como sueldo fue dividido después en dos contratos diferentes, con el objeto de rebajar el pago de los impuestos.

Sergio Jadue

En el precontrato (vea acá ese documento) los tres integrantes del cuerpo técnico aparecen como personas naturales y se establece un pago total por remuneraciones de US$900 mil líquidos anuales y otros US$900 mil por los derechos de imagen. Nada de eso se hizo. Se optó por suscribir dos contratos distintos: uno laboral y otro por derechos de imagen. Sólo en el primero, Sampaoli y sus ayudantes figuran como personas naturales. En el segundo aparecen sus sociedades constituidas en Islas Vírgenes: Alta Lake Investing (Sampaoli), Greenboro Investors (Becaccece) y James Bay Investors (Desio).

Los pagos efectuados a las sociedades constituidas por los miembros del cuerpo técnico en un paraíso fiscal, fueron revelados por CIPER en diciembre pasado (vea el reportaje “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal”). Luego, The Clinic expuso íntegramente el contrato entre la ANFP y estas sociedades.

Para cobrar los montos comprometidos en este contrato por derechos de imagen, que encubría el pago del 50% de las remuneraciones del cuerpo técnico para evitar el pago impuestos, Sampaoli contó con los servicios del abogado Álvaro Rosenblut.  En los últimos días hábiles de cada mes, Rosenblut enviaba a la ANFP un correo electrónico con una factura para cobrar la “comercialización y licencia de derechos de imagen” de cada uno de los miembros del cuerpo técnico (vea las facturas de las tres sociedades).

En los correos, que CIPER tuvo a la vista, Rosenblut indicaba cómo realizar el pago y pedía que, una vez efectuada la transferencia, se le notificara a través de un e-mail,en el que debía incluirse “el código de rastreo y número de la nota de depósito”. CIPER intentó comunicarse durante tres días seguidos con el abogado Rosenblut, dejando cada vez mensajes en su oficina, pero no obtuvo respuesta.

Los pagos solicitados por Rosenblut se hacían a nombre de la sociedad de Sampaoli constituida en Islas Vírgenes, pero el dinero se depositaba en una cuenta de la sucursal del banco suizo UBS ubicada en la ciudad estadounidense de Stamford. Así lo indican los datos contenidos en los formularios enviados por Rosenblut a la ANFP para hacer las transferencias.

El UBS es el mismo banco donde Sergio Jadue tenía los US$2,2 millones que recibió en coimas por los derechos televisivos y comerciales de las copas América, América Centenario, Libertadores y Sudamericana (vea el reportaje de CIPER “Acuerdo de Jadue con Fiscalía incluye incautación de hasta US$ 2,2 millones y cuenta en banco UBS”).

El sistema de pagos dirigidos a las sociedades creadas en Islas Vírgenes funcionó hasta mayo de 2015. En esos días, una asesoría tributaria contratada por la ANFP indicó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podía sancionar gravemente este vínculo contractual, ya que disfrazaba el pago de remuneraciones y premios como “derechos de imagen”, rebajando el pago de impuestos de manera indebida (vea el reportaje de CIPER “La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII”).

Por esta razón, a contar de mayo del año pasado, se finiquitó el contrato con estas sociedades offshore y se unificaron todas las remuneraciones en un solo contrato laboral. En esta normalización, Sampaoli aprovechó de negociar otro aumento de sueldo, el que además incluyó un nuevo reajuste a partir de diciembre de 2015. Así se llegó a la cifra de US$158.333 líquidos mensuales que el entrenador cobraba al momento de su finiquito.

Aunque el nuevo directorio de la ANFP que encabeza Arturo Salah ha manifestado su sorpresa por el déficit de $ 9 mil millones que dejó la gestión de Sergio Jadue, lo cierto es que al menos desde agosto de 2015 todos los dirigentes del fútbol estaban en conocimiento de esas cifras. Ese mes se expusieron, primero ante el directorio y luego frente al Consejo de Presidentes, las cuentas de la corporación, donde ya se proyectaba que a diciembre de 2015 el déficit sería de $4 mil millones. Eso, sin contar los premios de la Copa América para los jugadores, que sumaban otros $5 mil millones. Además, todavía estaba pendiente el pago de más de $4 mil millones por los premios para el cuerpo técnico por el título del torneo continental, monto que finalmente no se pagó.

CIPER tuvo a la vista el informe de las finanzas de la ANFP que se presentó al directorio y al Consejo de Presidentes en agosto de 2015. Allí están incluidas las cuentas hasta el 31 de julio y su proyección hasta diciembre de ese año. En el detalle que explicó el millonario déficit que ya afectaba a la ANFP, se informó que cerca de $1.300 millones se debían al aumento de sueldo para el cuerpo técnico pactado en mayo de 2015.

En el informe que fue leído a los dirigentes de todos los clubes se señalaba expresamente que uno de los factores que gatillaron el déficit fue el “incremento de sueldo del cuerpo técnico de la selección absoluta” por $960 millones. También se informó que esto traía aparejado un incremento de $400 millones en los impuestos que debían pagarse por los reajustes de las remuneraciones de Sampaoli y sus colaboradores.

Sebastián Beccacece, Jorge Desio y Jorge Sampaoli

Finalmente, el déficit también fue acrecentado por US$500 mil ($350 millones) que la ANFP debió pagar al SII a fines del año pasado. Con ese monto se rectificaron los impuestos impagos de las remuneraciones del cuerpo técnico que habían sido encubiertas como “derechos de imagen” y pagadas a las sociedades offshore de Sampaoli y sus ayudantes.

De esta forma, de los $9 mil millones de déficit que declara la ANFP, unos $1.700 millones corresponden a dineros relacionados con pagos para Sampaoli y su cuerpo técnico: $960 millones de aumento de sueldo en 2015, $400 millones en impuestos asociados a ese incremento de remuneraciones y $350 millones por la rectificación tributaria del contrato irregular por “derechos de imagen”.

Tras revisar el informe financiero expuesto al Consejo de Presidentes en agosto de 2015, tampoco se explica el asombro que han manifestado los actuales dirigentes por la contratación de abogados estadounidenses para representar a Sergio Jadue y a la ANFP en el juicio por los sobornos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En la misma presentación se expuso a todos los dirigentes de los clubes que parte del déficit se debía al pago de $149 millones para estos abogados (vea el reportaje de CIPER “La asesoría jurídica que contrató Jadue con platas de la ANFP para su defensa en EE.UU.”).

Diez millones de dólares han pagado en dos años los santiaguinos a la empresa Aguas Andinas por las obras que supuestamente debían evitar un corte del suministro de agua potable si crecía la turbiedad del río Maipo. Pero ese dinero -que se comenzó a cobrar en la boleta mensual a partir de marzo de 2014, y por tiempo indefinido- no sirvió para impedir que casi cuatro millones de personas de 29 comunas de la Región Metropolitana quedaran sin agua entre el sábado 16 y la madrugada del lunes 18 de abril.

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, quien encabeza el Comité de Emergencia cuando se produce algún desastre en la región, dijo a CIPER: “Es evidente que las inversiones que se han hecho son insuficientes para garantizar la seguridad de Santiago en materia de agua potable con un cambio climático que no es una amenaza, sino una realidad. Si yo tuviera atribuciones, lo que  exigiría es un plan de mitigación ahora”.

Las obras de Aguas Andinas que no dieron abasto consisten en siete pozos subterráneos, estanques para 225 millones de litros de agua y un ducto para llevar otros 3.500 litros por segundo a la planta Las Vizcachas, donde la sanitaria produce el agua potable. Las obras fueron acordadas por Aguas Andinas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) después del corte de agua potable de mayo de 2008, cuando las lluvias en la alta cordillera enturbiaron el río Maipo y triplicaron el caudal normal, llegando a 427 m3/seg. (en ese mes el caudal normalmente fluctúa entre 50 y 100 m3/seg.).

Solo seis años después de rubricado el acuerdo, en marzo de 2014, estuvo terminada la Fase 1 del nuevo plan que garantizaría el suministro de agua frente a este tipo de emergencias en la Región Metropolitana. Desde ese mismo mes, la SISS –entidad estatal que regula a las empresas monopólicas del sector sanitario- autorizó un alza de 1,06% de la tarifa que paga cada cliente, destinada a financiar los US$70 millones que invirtió en ella Aguas Andinas. Como la reposición de las instalaciones cuando terminen su vida útil también la pagan los clientes, el superintendente de la SISS, Gabriel Zamorano, reconoció a CIPER que ese incremento de la tarifa se seguirá cobrando indefinidamente.

Para una familia que consume 15 metros cúbicos de agua potable al mes el cobro significa actualmente un alza de $129 mensual. En total, Aguas Andinas percibe por este concepto aproximadamente $3.300 millones al año, según cifras que la SISS entregó a CIPER.

Pero ese no es el único cambio de tarifa. En 2019 los habitantes de las 50 comunas a las que abastece Aguas Andinas en la Región Metropolitana verán aumentar nuevamente las cuentas para pagar más instalaciones que aseguren la llegada del agua potable. Aunque esas obras –en las que se invertirán US$ 90 millones- ni siquiera han comenzado. Un representante de Aguas Andinas dijo a CIPER que estarán operativas en la fecha pactada, momento a partir del cual se aplicará un alza de 1,12%, ya acordada con la SISS, que se sumará a la vigente de 1,06%.

En total, un extra de 2,18% en las cuentas (equivalente a $18 por cada mil litros de agua consumidos) para garantizar el suministro en caso de que llueva, como lo hizo en abril de 2016. Ello, porque con las nuevas obras aumentarán las reservas líquidas de Aguas Andinas, las que alcanzarán para producir agua potable durante 32 horas, contra las actuales 13 horas, según los datos del Informe Tarifario 2015-2020 de la SISS.

Que las familias paguen de su bolsillo no solo el agua que consumen, sino también la seguridad  del abastecimiento, es fruto del Decreto Ley 70, dictado en 1988, en las postrimerías de la dictadura, y que fue reforzado en democracia por la Ley 19.549, aprobada por el Congreso en 1998. Esa normativa es la que impide que sea la empresa sanitaria concesionaria la que financie esas obras con sus propias utilidades: Aguas Andinas obtuvo $701.705 millones desde 2010 a 2015 (US$1.063 millones al valor actual).

Ese marco jurídico estableció una fórmula para tarificar los servicios sanitarios, la que permite incluir en la boleta mensual todos los gastos indispensables para suministrar el servicio, y a la vez, garantiza una utilidad mínima de 7% sobre el capital a las sanitarias (ver reportajes CIPER: “El negocio del agua: ley que rige hace 26 años asegura millonarias utilidades a sanitarias” y “El negocio del agua: los vacíos de la ley que disparan las millonarias ganancias de Aguas Andinas”).

Fernando Balcells, director de la Fundación Chile Ciudadano y hasta comienzos de año vicepresidente del Consejo Social de la SISS, criticó a Aguas Andinas y a la superintendencia por “el modo de financiar las inversiones a través de los usuarios y ojalá sin que éstos lo noten”. Las obras –dijo a CIPER- “debieran anticiparse a los cambios climáticos”, que ya gatillaron tres cortes masivos de agua potable: mayo de 2008, febrero de 2013 y abril de 2016.

Por los casos anteriores, Balcells opina que el último corte de suministro no puede calificarse como de fuerza mayor: “Lo que pasó estaba previsto; no hubo sorpresa. Hubo negligencia”. Las responsabilidades en lo ocurrido es lo que deberá resolver la investigación que realiza la SISS, la que según explicó el superintendente Gabriel Zamorano determinará si era inevitable que Aguas Andinas suspendiera la captación de aguas del Maipo, si operaron debidamente las obras que se habían construido en 2014 y si podría haber sido menos extenso el corte del suministro.

Río Maipo

En otro estudio –que no tiene plazo definido- también se abordará el Proyecto Alto Maipo. Tanto el intendente Orrego como la SISS dijeron a CIPER que no han recibido ninguna denuncia concreta sobre un escurrimiento de material hacia el río desde las faenas que realiza la empresa AES Gener en la construcción de la hidroeléctrica. Pero Balcells, la Conadecus y la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo sospechan que sí aportaron turbiedad al río.

El superintendente Zamorano reiteró a CIPER que por instrucción del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, iniciarán el estudio sobre el comportamiento de la Cuenca del Maipo:

-Esa investigación va por un carril paralelo a la investigación de la SISS al desempeño de Aguas Andinas en la emergencia. No cabe duda que el uso de suelo de una cuenca influye en la protección de las fuentes de agua potable y obviamente Alto Maipo es uno de los elementos que está en esa cuenca.

LAS MEDICIONES DE AGUAS ANDINAS

El jueves 14 de abril, la SISS instruyó a las empresas sanitarias que operan entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío adoptar “medidas operacionales y de infraestructura para mantener y asegurar la continuidad y calidad de los servicios de agua potable ante eventuales efectos del frente de mal tiempo pronosticado”.

El ahora vicepresidente de Aguas Andinas, Felipe Larraín –quien era presidente de la compañía durante la emergencia- explicó a CIPER por qué el corte de suministro había sido inevitable según la empresa. Recordó que en abril llovió en la Cuenca del Maipo a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando lo normal es que sobre los 2.500 metros solamente caiga nieve. Según los antecedentes de Aguas Andinas, la cuencatiene una superficie de 5.900 km2. En esta ocasión, aseguró Larraín, las precipitaciones abarcaron 3.200 km2, en circunstancias que lo habitual es que cubran 1.200 km2. De modo que, según el vicepresidente Larraín, toda esa agua fue a dar finalmente al río, cuyo caudal creció hasta 1.229 metros cúbicos por segundo.

Planta de Aguas Andinas, Las Vizcachas.

La lluvia sobre las montañas generó arrastre de piedras y derrumbes en las laderas, que multiplicaron la turbiedad del río Maipo, la que de acuerdo a las mediciones que realizó Aguas Andinas, alcanzó un máximo de 79 mil Unidades de Turbiedad (UNT) y 24 mil UNT en promedio.

La UNT resulta de medir la transparencia de un líquido ante la luz. Mientras más sedimentos en suspensión contenga, el valor de la turbiedad será mayor. La norma chilena obliga a que el agua potable tenga un máximo de 2 UNT. En Estados Unidos es de 1 UNT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que es peligroso beberla sobre 5 UNT.

El superintendente de la SISS dijo a CIPER que la turbiedad habitual del Maipo es entre 100 y 200 UNT. Esa agua se considera “cruda” y es tratada en las plantas de producción de agua potable de Las Vizcachas y La Florida, hasta convertirla en potable.

Pero las plantas están diseñadas para recibir el líquido hasta un límite de turbiedad, pues de lo contrario se llenan de barro que debe ser limpiado para volver a operar. “La planta (Vizcachas) podría tratar de 5 mil a 10 mil UNT en una condición más restringida. Sobre eso no es aconsejable ingresar el agua a las plantas. En esta oportunidad hubo un peak de 70 mil UNT y un periodo en que estuvieron las turbiedades en 30 mil y no bajaron”, indicó Gabriel Zamorano, quien dio la razón a Aguas Andinas: “Es más, si ingresara agua a la planta podría generar un daño y en vez de estar parada algunas horas estaría detenida una semana completa. Entonces, la decisión técnica que hay que tomar es que ya no se capta agua”.

CIPER solicitó a la SISS las mediciones detalladas de caudal y turbiedad del Maipo durante el frente de mal tiempo, pero la superintendencia se abstuvo de proporcionarlas hasta que concluya la investigación que inició sobre el corte del suministro.

LAS OBRAS QUE NO DIERON ABASTO

Para atender a las 50 comunas que comprende la concesión, Aguas Andinas debe producir en promedio 16.000 litros de agua potable por segundo (16 m3/seg.), que en verano suben hasta 20 m3/seg. Justamente para seguir produciendo agua potable, aunque no se pueda captar del caudal del Maipo en la toma que existe cerca de Las Vertientes, fue que Aguas Andinas construyó las obras por las cuales ya está cobrando a sus clientes.

Las instalaciones se diseñaron para enfrentar un “evento de turbiedad similar al histórico de mayo de 2008”, dice el Informe de tarificación de la SISS. Con ello se esperaba aumentar a 13 horas la capacidad de producir agua potable sin recibir líquido del río, tiempo que antes alcanzaba apenas a 3,3 horas. Consistieron en la construcción de 14 estanques para almacenar 225 mil m3 de agua no potable (cruda), más siete nuevos pozos subterráneos en La Pintana que iban a aportar 300 litros de agua por segundo. Esto es lo que se consideró para el alza de tarifa de 1,06% según el documento de la SISS. Adicionalmente, la empresa tendió una tubería de 5 km para unir el embalse El Yeso con el acueducto Laguna Negra, que corre paralelo al Maipo. De ese modo, 3,5 m3/seg. de agua de baja turbiedad pueden ser llevados desde El Yeso hasta la planta Las Vizcachas.

Desde Aguas Andinas se informó a CIPER que “las obras estuvieron operativas a fines de 2013 y han permitido enfrentar eventos de altas turbiedades sin comprometer el suministro de Santiago”. Pero no detallaron los “eventos de altas turbiedades” que enfrentaron.

Pero en enero de 2013 se comprobó que las nuevas obras eran insuficientes. “No estaban construidas, pero aun cuando lo hubieran estado, igual habría habido corte de agua potable”, dijo el superintendente Zamorano a CIPER. En todo caso, Zamorano apuntó que durante la reciente emergencia, Las Vizcachas siempre recibió agua por el acueducto y se mezcló con líquido más turbio para producir entre 6 y 10 m3/seg. de agua potable. Por eso es que algunas comunas tuvieron suministro.

¿TRANQUE O ESTANQUES?

Después del corte de 2013 -que duró tres días en algunos barrios pues la planta Las Vizcachas estuvo sin producir durante 18 horas- la SISS pidió a Aguas Andinas un nuevo plan de obras: la “Fase 2”. Según el superintendente Zamorano “corresponde a un tranque con capacidad para almacenar 1,5 millón de m3, comprometido para marzo de 2019. Ahí se tendrá 32 horas de autonomía respecto de lo que esté pasando en el río, lo que permitirá resistir sin cortes, como el de 2013 y el de ahora”.

Pero para Aguas Andinas no es un tranque, sino son seis estanques de hormigón, con capacidad para almacenar el 1,5 millón de m3 y una planta elevadora, todo en un predio de 72 hectáreas. La inversión será de US$90 millones, según la respuesta que la empresa dio a CIPER.

Consultada la compañía del por qué la obra será distinta al “tranque” que describe la SISS, desde Aguas Andinas se respondió que “inicialmente se pensó en esa posibilidad. Finalmente se llegó a una solución más operativa, menos intrusiva en el medio natural, segura, que son los seis estanques”.

En Aguas Andinas reconocieron a CIPER que en un comienzo la obra se proyectó para estar lista en 2017 en la medida en que se cumplieran condiciones como la expropiación del terreno y el proceso de evaluación ambiental, “cuyos plazos no dependen de nosotros”. Pero la expropiación se prolongó y hubo que revisar los plazos en conjunto con la SISS. Según se informó, los estaques estarán funcionando en 2019 “y se avanza de acuerdo a lo programado”.

Los cierto es que las obras aun no se inician en el predio ya expropiado en Pirque. Y tampoco Aguas Andinas ha ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA),el Estudio de Impacto Ambiental, trámite que se realizará en julio, según aseguraron en Aguas Andinas. Lo único que la sanitaria ya inició es el proceso de participación ciudadana.

-Pienso que Aguas Andinas va a cumplir el plazo y si no la empresa se expone a sanciones importantes –afirmó a CIPER el superintendente Zamorano.

SOLUCIONES DESECHADAS

Visto el avance de las obras, de lo que no hay duda es que si antes de 2019 se producen lluvias en la alta cordillera, similares a las de abril, inevitablemente volverán a secarse las cañerías de Santiago. Por esa razón, el intendente Orrego ya comunicó a la SISS su inquietud:

-Le hemos representado a la superintendencia nuestra preocupación porque nos damos cuenta que después de este último fenómeno, las inversiones que se han realizado no son suficientes, y si bien son de público conocimiento las situaciones excepcionales en que ocurre este corte, después de 2013 no es algo que alguien podía no sospechar”.

Claudio Orrego

Para Claudio Orrego llegó la hora de realizar inversiones que él llama “estructurales” y pide una actitud estatal más fuerte: “No sé si la solución es el tranque. Lo que resulta evidente es que lo hecho es insuficiente. Como autoridad es con lo que yo me quedo”.

Fernando Balcells, de Chile Ciudadano, opina que las obras de aseguramiento del agua debieron estar concebidas para saltarse el río en casos de turbiedad extrema: “No creo que las piscinas de acopio basten”.

Pero tanto la SISS como Aguas Andinas han desechado la solución de una tubería que sea capaz de llevar suficiente agua -16 m3/seg.- desde el embalse El Yeso hasta Las Vizcachas.

-Nos tiene que animar la prudencia porque todas estas inversiones tienen un impacto tarifario y no se trata de hacer obras que finalmente no van a operar y cargar eso a las personas y permitir a la empresa que rente sobre esas inversiones que no se justifican. La solución del tranque es más eficiente. La ciudad deLima lo tiene y ha andado bien –afirmó el superintendente Gabriel Zamorano.

En Aguas Andinas dijeron a CIPER que “el embalse El Yeso es una fuente vulnerable a la sequía, como quedó demostrado en los últimos años. Por lo tanto, concentrar toda la seguridad en una sola fuente no parece razonable”.

Para la SISS tampoco es una solución mejorar la planta Las Vizcachas:

-No es razonable caminar por ahí. Vizcachas tiene sus años, pero sus procesos son los mismos que se aplican en el mundo. Uno podría estrujar el lodo y sacarle el agua, pero a qué precio. Si la empresa viene con una súper tecnología que es carísima, yo en la tarifa (que pagan los clientes) le voy a aceptar un tranque, porque la normativa es que se tarifiquen solamente los costos indispensables para el servicio –afirma el superintendente Zamorano.

El ingeniero Humberto Peña, director de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica y ex director general de Aguas del MOP, dice que el problema mayor es que existe poca información sobre los fenómenos de sedimentación de los ríos chilenos producto del cambio climático, por lo que aun no es posible predecir su comportamiento:

-La turbiedad da saltos tan grandes que si hacemos una planta que pueda tratar 20 mil UNT, igual puede quedar detenida porque la turbiedad llega a 100 mil UNT. Si alguien hace un análisis cuidadoso podría concluir que la planta no es lo relevante, sino la capacidad de agua almacenada. Las preguntas que me haría es si necesito ampliar el abastecimiento de agua de pozos subterráneos y si es más eficiente construir un embalse de 5 millones de m3.

Gabriel Zamorano

CIPER preguntó al superintendente Zamorano si ya se están estudiando nuevos proyectos para dar seguridad de abastecimiento más allá de los futuros estanques de Pirque:

-En este momento no hay otras obras en el análisis. Tengo la impresión de que con las planificadas perfectamente pudimos haber pasado este último evento.

-¿Y qué ocurrirá si la alta turbiedad dura más de 32 horas?, consultó CIPER a Aguas Andinas.

La respuesta desde la empresa es que “no existen obras ni sistemas infalibles. Las obras Fase I y II cubren todos los eventos de turbiedad registrados a la fecha y se diseñan para cubrir eventos de una determinada intensidad y duración acordadas con la autoridad”.

En otras palabras, si la emergencia supera las 32 horas, es posible que se corte el agua potable.

El bajo crecimiento económico y la desconfianza hacia la elite política y empresarial dominan hoy el debate en Chile. El martes 19 de abril, prácticamente a la misma hora, se expusieron en Santiago dos formas muy distintas de encarar estos problemas. La prensa económica no reparó en esta curiosa coincidencia porque solo cubrió uno de los eventos.

En la CEPAL la economista Mariana Mazzucato, autora del superventas El Estado Emprendedor, ofreció una conferencia en la que rescató al Estado en su rol de motor de la innovación. Contra las ideas dominantes que lo pintan como arcaico e inútil, Mazzucato mostró que buena parte del éxito comercial de Apple, de la farmacéutica GlaxoSmithKline o de Google, tienen su origen en una cuantiosa inversión pública en investigación y no, como se cree, en el espíritu de aventura de algunos inversionistas. El capital de riesgo, afirmó, llegó a esos negocios cuando el riesgo ya había pasado.

Mariana Mazzucato

Para tener crecimiento sostenido -argumentó Mazzucato- es clave que el Estado asuma financieramente grandes “misiones” (al estilo del desafío norteamericano de llevar un hombre a la Luna), pues muchos sectores económicos se activan al intentar dar solución a los problemas que esas misiones plantean. Mazzucato dijo a CIPER que, si en este modelo no se reconoce el aporte del Estado, “no solo entendemos mal cómo ocurre la innovación, sino que alimentamos la desigualdad, permitiendo a las firmas recibir mucha más recompensa de la que les corresponde si tomamos en cuenta lo que pusieron en el proceso”.

En paralelo, los empresarios convocados por ICARE exponían en el Hotel Haytt su visión y propuestas para reactivar la economía, cuyo lento crecimiento el Banco Central proyecta entre 1,25% y 2,25% para este año. Expusieron: Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, organismo que llegó con 109 propuestas; el economista Joseph Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, que aportó  21 propuestas. Y la Presidenta Michelle Bachelet, cuyo gobierno hizo otras 22 propuestas.

En esa reunión, las ideas de Mazzucato habrían sonado extrañas, pues el Estado solo fue mencionado como culpable de poner trabas burocráticas al crecimiento. De hecho, de  las 152 propuestas, la mayoría de las que aluden al Estado buscan cambiar normas laborales o financieras y bajar impuestos, es decir, achicar y redirigir la burocracia para que la inversión privada vuelva a ser el motor de la economía. El abogado Juan Carlos Eichholz, uno de los expositores, anotó que varias de esas propuestas llevaban años sobre la mesa. Dijo que no se concretaban por la existencia de grupos de poder dentro del Estado, por ejemplo, los funcionarios públicos del Registro Civil o los notarios.

La débil formación de la fuerza de trabajo también fue mencionada en ICARE como responsable del bajo crecimiento. Desde hace tiempo hay acuerdo en ese punto (ver informe del BID de 2001), y eso ha justificado un sinnúmero de políticas educativas, como el Crédito con Aval del Estado (CAE) o la actual política de gratuidad universitaria. Sin embargo, eso no ha sido suficiente: un tercio de la fuerza laboral es analfabeta funcional, recordó Joseph Ramos, por lo que no sólo nos toma más tiempo producir sino que hay muchas cosas que simplemente no podemos hacer.

Probablemente, porque estaba la Presidenta presente, no se mencionó con la intensidad usual la otra gran causa que los empresarios esgrimen para el bajo crecimiento: la incertidumbre que habrían creado entre los inversionistas las reformas estructurales del gobierno, especialmente la tributaria y la laboral.

En su discurso, la Presidenta celebró los puntos de acuerdo de los paquetes de propuestas, entre ellos, la simplificación de trámites para facilitar el emprendimiento; fomentar el vínculo entre empresas y universidades para generar respuestas innovadoras a los problemas productivos; y hacer coincidir la educación de los colegios e institutos con las necesidades productivas. Bachelet  llamó a los empresarios a una convergencia: “ya no meros diagnósticos y análisis, sino pasar a la acción”.

Como la posibilidad de éxito de cualquier acción depende no solo de la calidad de datos que se consideren, sino también de la información y de los actores que deja fuera el análisis, hay que decir que en el encuentro de ICARE lo que se omitió fue lo que estaba más presente: la empresa y sus decisiones productivas, la forma de pensar de sus dueños tanto en los negocios como en la sociedad. Se habló del impacto de grupos de poder dentro del Estado, pero no de cómo se ve afectada la productividad cuando las empresas tienen una posición dominante en el mercado y ejercen control de los precios a través de acuerdos con la competencia. Una violación a las reglas del mercado que se investiga respecto de los pollos, los supermercados, el papel tissue, etc.

Se habló de la burocracia como freno, pero no se analizó nuestra dependencia de la explotación de materias primas, ni se discutió cómo abrir sectores nuevos y qué rol le cabe al Estado en esa apertura.

El análisis que hacen importantes investigadores internacionales -que se presenta a continuación- indica que no mirar a las empresas hace comprender mal las causas del problema productivo y genera respuestas incompletas. Un asunto que se vuelve capital cuando la Presidenta anuncia que ya no es tiempo de más análisis sino de actuar.

LA CULTURA DE LA ELITE

Hace pocos meses, Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard, dijo a CIPER que Chile sabe muy poco para ser desarrollado: “El problema es que el precio del cobre cayó y la economía chilena no tiene otra cosa que la empuje. Y las cosas que no son cobre son los mismos arándanos que están vendiendo hace 30 años”. Para Hausmann, si casi no crecemos no es principalmente por las reformas que está haciendo el actual gobierno -como han argumentado el ex Presidente Sebastián Piñera o el economista Sebastián Edwards-, sino por nuestra incapacidad de crear nuevos negocios y actualizar los viejos para que sigan siendo rentables.

Ricardo Hausmann

En contra de nuestra obsesión por el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de cuán cerca estamos del desarrollo (nuestro PIB per cápita es de US$15.000 y nos faltan US$7.000 para alcanzar a Portugal), Hausmann argumenta que esa cifra es sólo el reflejo de lo que de verdad nos separa de los países prósperos: la variedad y complejidad de los productos que sabemos hacer. Los números de nuestras exportaciones le dan la razón: el 65% son materias primas, y de ellas, el 80% es cobre. Más grave: la mitad de ese cobre se exporta sin refinar, es decir, vendemos una arena negra 30% cobre, 70% escoria (ver columna de Felipe Correa en CIPER)

Cuestionando la convicción chilena de que mejorando la educación mejoraremos nuestra productividad, Hausmann argumenta que lo que saben hacer los países, lo saben en sus empresas, no en sus escuelas o universidades. Es decir, el desarrollo no pasa –no solo- por mejores mallas curriculares o mejores profesores, sino por lo que ocurre y no ocurre al interior de las empresas: qué producir, cuánta tecnología ponen en ello, cómo se organiza el trabajo, etc. Y afirma que, en muchos casos, son las empresas que quieren producir algo las que forman a sus trabajadores.

Desde un punto de vista productivo preguntarse por qué Chile no es Finlandia, equivale a preguntarse por qué la Papelera (empresa estrella del Grupo Matte) no es Nokia, como afirmó en 2006 el rector de de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez en revista Capital. El ejemplo es certero porque la finlandesa Nokia partió siendo una empresa forestal como la Papelera, pero tras una fuerte y constante inversión llegó a dominar el mercado de los celulares.

Esta dependencia de las materias primas, que en Chile no se discute, es para varios investigadores un freno central para el crecimiento. Ha-Joon Chang, economista de la Universidad de Cambridge, describe la debilidad de este tipo de desarrollo en su libro Malos samaritanos (2007 RH business books). Dedicarse a explotar bienes primarios, explica, puede ser buen negocio durante un tiempo, como lo fue para Argentina que llegó a ser el quinto país más rico del mundo a comienzos del Siglo XX gracias al trigo y la carne. El problema está en el largo plazo. Primero, porque la productividad de los commodities crece más lento que la de las manufacturas y es fácil quedarse atrás (usted puede inventar una forma de ensamblar un refrigerador en la mitad del tiempo que su competidor, pero difícilmente logrará que en un mismo terreno quepan mas vides para producir más vino).

Segundo, dice Chang, porque el crecimiento de los países está basado fundamentalmente en las habilidades que tienen sus empresas y trabajadores para organizarse en tareas complejas y transformar sus formas de producir. Un país que depende de la mano de obra barata o de la explotación de materias primas no desarrolla esas habilidades y queda a merced de que lo que produce hoy sea reemplazado por la tecnología de países más hábiles.

Ha-Joon Chang

En ese sentido, para Hausmann, el elemento que impide a Chile dar un salto hacia nuevas industrias está en la cultura de nuestra elite, la cual carece del know how para producir cosas nuevas, pero además, no usa las herramientas de que dispone para revertir esa situación. Hausmann lo ejemplifica con el uso que las empresas hacen del Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Desde 1986 el FUT les permite a las firmas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten sus utilidades, lo que ha hecho que se acumulen cerca de US$200 mil millones, la mayor parte de ellos en la última década. Sin embargo, en el mismo periodo la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D) ha sido poco más del 30% del gasto nacional: alrededor de US$300 millones por año.

-Me sorprende lo bajísima que es la inversión en investigación y desarrollo de las empresas chilenas, a pesar de contar con este tratamiento fiscal especial que es el FUT -dijo Hausmann a CIPER.

EL CAPITALISMO JERÁRQUICO

Durante la última década, Ben Ross Schneider, cientista político del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha investigado por qué a pesar de la riqueza que se ha acumulado en algunos sectores, seguimos sabiendo tan poco.

Parte de las respuestas que ha encontrado están contenidas en su libro Capitalismo Jerárquico en Latinoamérica (2013, Cambridge University Press) y en un trabajo más reciente: Diseñando política industrial en Latinoamérica(2015, Palgrave). Para Schneider, la poca variedad de productos que producen los latinoamericanos –y la poca tecnología que agregan a los procesos- está vinculada a la existencia de grandes conglomerados familiares que dominan la economía.

Schneider repara en que pese a su relativo tamaño pequeño, “Chile tiene un desproporcionado número de grandes firmas”. Algunas están especializadas, como Lan; pero la mayoría tiene presencia en tres o cuatro sectores básicos, como los grupos Matte (forestal, minería, energía, banca), Angelini (forestal, minería, pesca, combustibles) o Luksic (minería, energía, bebidas, banca). Schneider los llama “grupos diversificados”.

Para Schneider, los grandes conglomerados no son necesariamente negativos. Al contrario, la experiencia internacional le indica que, en la tarea de buscar nuevas áreas de desarrollo que permitan diversificar la producción de los países, ellos son buenos partners “debido a que conocen el espacio productivo y fácilmente pueden identificar un sector interesante al que moverse”.

Sin embargo, los grupos latinoamericanos operan de otra manera. Primero, invierten muy poco en investigación: mientras Corea invierte el 3% de su PGB en Investigación y Desarrollo (I+D), Chile destina sólo el 0,4%. Y mientras en Corea la mayor parte de ese gasto lo hacen las empresas, en Chile solo aportan poco más del 30%. Es decir, el empuje para lograr un salto tecnológico es débil “y lo hace mayoritariamente el Estado”, enfatiza Schneider.

Además, su poder sobre la sociedad es tan grande que tienden a transformarse en monopolios u oligopolios en los sectores que dominan, lo que significa que tienen capacidad de controlar los precios en el mercado. Debido a eso, afirma Schneider, aunque nuestra economía se llama “de mercado”, muchas decisiones cruciales no se toman en el mercado, sino al interior de los “grupos diversificados” y de acuerdo a sus intereses.

Esto constituye un tipo de capitalismo muy distinto al que hay en Estados Unidos o el Sudeste Asiático. Schneider lo ha bautizado como “capitalismo jerárquico” y dice que Chile es el caso clásico. Dado que estas grandes empresas están controladas por unas pocas familias, el académico del MIT piensa que este “capitalismo familiar”, como también llama al modelo chileno, “difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado”.

Ben Ross Schneider (Fuente: berkeley.edu)

Estas empresas y también las multinacionales instaladas aquí –afirma Schneider-, “deciden qué se exporta, qué tipo de capacitación se requiere”, y también “cómo se organiza el acceso al capital, a la tecnología y los mercados”. Refiriéndose a la colusión de precios que se ha detectado en Chile, Schneider afirmó a CIPER: “Dado que el capitalismo jerárquico tiende a concentrar mucho poder en pocas corporaciones, puede producir carteles. Lo que hoy estamos viendo no me sorprende en realidad”.

En ese contexto, la posibilidad de corrupción se acrecienta debido a que muchos conglomerados se benefician de sectores regulados por el Estado. Las regulaciones, remarca Schneider, son técnicamente complejas y tanto los ciudadanos como los medios de comunicación y los políticos carecen de la experticia y del interés para estar atentos a ellas. Se produce así lo que el cientista político Pepper D. Culpepper llama “la política silenciosa”, donde al amparo de la complejidad, las empresas obtienen grandes ventajas. De hecho, en los sectores regulados, la única gran amenaza es el cambio en las normas, por lo que los grupos dedican tiempo e ingresos a esta política silenciosa, explica Schneider.

Un punto muy relevante es que el control que tienen estas grandes compañías sobre los precios les permite acumular mucho efectivo, el que usan para expandirse a otras regiones o para saltar a otras actividades económicas. Schneider ejemplifica el impacto de esta práctica en la empresa mexicana Cemex (Cemento y Concreto), que controla alrededor de dos tercios del mercado de su país. La falta de competencia hace que los consumidores mexicanos paguen el doble por el cemento que los consumidores norteamericanos. Eso le permite a Cemex acumular mucho efectivo el cual usa para expandirse agresivamente a otros mercados, arrinconando a la competencia, explica Schneider en su libro sobre el capitalismo jerárquico. Y agrega que el control que tienen estas firmas sobre precios y mercados les hace la vida más fácil y reducen su esfuerzo por mejorar su productividad.

Aplicando este razonamiento a los casos de colusión de precios que se han investigado en Chile, es válido preguntarse si esa es la razón de por qué los “grupos diversificados” chilenos son prósperos y se mantienen atados a las materias primas. En su libro, Schneider aborda ese punto preguntándose por qué la Papelera no aprovechó el boom de las materias primas para transformarse en Nokia. El Grupo Matte –escribe Schneider- es poco especializado, con una gama de inversiones poco innovadoras. Para ese tipo de grupos, explica, “las alzas en los precios de las materias primas se vuelven una tentación irresistible para invertir más en commodities y reforzar su estrategia de desarrollo”.

EQUILIBRIO DE MALAS HABILIDADES

Pero la estrategia de desarrollo que es buena para los grandes conglomerados, no es necesariamente buena para todo el país. En opinión de Schneider, uno de los problemas más complejos que caracterizan al “capitalismo jerárquico” y que limitan la posibilidad de los países de ser productivos, es lo que llama la trampa de las “bajas habilidades”.

En primer lugar, dice, están las grandes empresas que podrían hacer investigación y desarrollar bienes con valor agregado, pero prefieren dedicarse a la explotación de materias primas. Dada esa elección, ofrecen pocos puestos para trabajadores especializados y muchos empleos para los que se requiere poco o ningún estudio y muy mal pagados. Debido a que los escasos buenos puestos de trabajo tienden a quedar en manos de las clases medias y altas (los economistas Javier Núñez y Roberto Gutiérrez mostraron en 2004 que el apellido pesa más que el rendimiento académico en el ingreso de un profesional chileno), los estudiantes pobres y de sectores medios bajos (la mayoría) corren un mayor riesgo al invertir dinero y tiempo en una formación más compleja. Ese riesgo lleva a que menos jóvenes se decidan a especializarse, por lo que la formación de la fuerza de trabajo mejora lentamente.

En este punto el ciclo se reinicia pues si alguien quiere hacer negocios fuera del rubro de los commodities no encontrará el capital humano necesario. Resultado: las nuevas inversiones se siguen dirigiendo hacia las materias primas y los trabajos continúan siendo malos y mal pagados.

Esta perspectiva permite dar otra mirada a los problemas que ha tenido Chile al buscar impulsar la productividad concentrándose sólo en reformas educativas. Por ejemplo: la crisis del CAE que en 2011 sacó a las calles a miles de jóvenes. Fuertemente endeudados en la educación superior, el 40% de los egresados no conseguía salarios suficientes como para cancelar sus deudas. Las explicaciones más frecuentes apuntaron a las altas tasas de interés del CAE (varios artículos de CIPER examinaron el negocio que hacían los bancos) y a la mala calidad de la formación de muchas instituciones, la que no permitía a los estudiantes acceder a los buenos empleos (como argumentaron Sergio Urzúa y Arturo Fontaine).

El análisis de Schneider sugiere, en cambio, que el problema central puede estar en que el “capitalismo jerárquico”“no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no los pueda producir por sí mismo”. Es decir, el problema no se debería (o no solamente) a que los jóvenes estén más o menos endeudados, mejor o peor preparados, sino que los trabajos para los que estudian no existen o son muy escasos.

“Hay una brecha entre lo que están estudiando los jóvenes y los trabajos que el sistema puede generar”, remarca Schneider. Dado que esa brecha no se ha cerrado, es razonable preguntarse por el destino que tendrá la enorme inversión en formación en capital humano que está haciendo Chile a través de la educación gratuita universitaria, o de programas como Becas Chile. ¿En qué van a trabajar todos estos jóvenes mejor preparados si, como dice Schneider, el modelo chileno probablemente “no pueda producir por sí mismo” mejores empleos?

Más aún, dado que Michelle Bachelet dijo en ICARE que un gran punto de acuerdo es adecuar la formación de los colegios e institutos a las necesidades de la empresa, ¿qué van a enseñar las escuelas si las empresas no se mueven hacia actividades más complejas?

La trampa de la baja capacitación se agrava con la rotación en los empleos que caracteriza al mercado laboral latinoamericano. Schneider resalta que el promedio de permanencia en un empleo en el continente, es de tres años, en contra de los 7,4 años en los “tigres asiáticos”. La economista Kirsten Sehnbruch aporta cifras peores: el 35% de los trabajadores chilenos cambia de empleo cada siete meses. Y saltan, en general, a una actividad distinta. No es mucha la especialización que se puede lograr así.

Todo esto lleva a considerar desde otra perspectiva el problema de la formación de la fuerza laboral que traba la productividad. No es sólo un problema con el que se encuentran las empresas, sino que ellas también han ayudado a generarlo.

Aunque Schneider reconoce que Latinoamérica ha cerrado algunas brechas macroeconómicas con el mundo desarrollado, y Chile ha sido bastante exitoso en ese plano, cree que el “capitalismo jerárquico” no puede por sí solo llevar a las empresas fuera de la “trampa de las bajas habilidades”. Por el contrario, Schneider explica que el boom de los commodities ha hecho que el modelo jerárquico se consolide sobre todo en el ámbito de las instituciones: grandes y poderosos conglomerados; un Estado replegado y débil; y una fuerza laboral atomizada, atada a malos empleos.

Por ello sugiere que llamar a países como Chile “emergentes” o “en desarrollo” da una falsa idea de que vamos cambiando hacia un modelo más productivo y equitativo cuando los datos que él observa indican que nuestro modelo está estabilizado. Schneider cree que para producir un cambio se requiere una política industrial: la intervención de los gobiernos para favorecer el desarrollo de actividades productivas más complejas que la explotación de materias primas.

-Es necesario algún grado de intervención política para moverse hacia un desarrollo más acelerado y equitativo -insiste.

Las dificultades que implica aumentar la productividad en Chile se aprecian mejor si se considera lo que los economistas llaman “la trampa del ingreso medio”. La mayoría de los países que han caído en esa “trampa” ha salido de la pobreza haciendo algo bien: por ejemplo, explotando materias primas y aprovechando la competitividad que les da la pobreza, es decir, el bajo costo de la mano de obra. Pero a medida que el país crece y las personas mejoran su nivel de vida, el costo sube. Entonces, el país cae en la trampa del ingreso medio: no puede competir con los bajos costos de las naciones más pobres, pero tampoco ha logrado producir bienes complejos para desafiar a los más desarrollados.

Kirsten Sehnbruch (Fuente: berkeley.edu)

Es decir, la productividad se ha gastado en el esfuerzo de moverse al status de clase media, dice Schneider en un reciente artículo en coautoría con Richard Doner (The Middle-Income Trap: More Politics than Economics). Dado que ni la teoría más salvaje propone mantener a la mayoría en la pobreza, la única vía de recuperar la productividad es dar un salto en qué se produce y cómo se produce. Un salto hacia la complejidad que para Schneider requiere de una política industrial.

Dar ese salto es extremadamente difícil. Los números son elocuentes. Un estudio del Banco Mundial indica que de los 101 países que eran de Ingreso medio en 1960, solo 13 se habían graduado como desarrollados en 2008.

El problema –estima Ben Schneider- está en que ese salto requiere de un enorme esfuerzo institucional. Según muestra la experiencia internacional, los países de ingreso medio gastan gran parte de su capital político en el esfuerzo de llegar a esa posición; y cuando necesitan dar el salto final, sus  instituciones se han debilitado.  Aunque Chile ha superado la barrera del ingreso medio (entre US$2.000 y US$11.000 per cápita) los problemas descritos parecen coincidir con las dificultades que enfrentamos hoy, como se verá a continuación.

EL ESTADO EN EL CORAZON DEL IPAD

“La política industrial está de vuelta. Muchos países la aplican y son capitalistas”, dijo a CIPER, Ben Ross Schneider. Hasta mediados de los ‘90, la idea de que el Estado tuviera una participación activa en la producción, parecía haber quedado enterrada en la historia. Algunos hechos la resucitaron. Primero, que contrariando las recomendaciones neoliberales, algunas naciones pobres de Asia (Corea entre ellas) alcanzaron la cima del desarrollo con un Estado tan proactivo que determinaba incluso qué debían producir las empresas exportadoras. Segundo, la crisis mundial de 2008, donde el Estado debió salir al rescate de mercados que invirtieron miles de millones de dólares en bonos basura, hizo repensar las bondades del mercado sin control.

En estos últimos años, además, estudios centrados en entender cómo se produce la innovación han mostrado el positivo efecto del rol del Estado. Así, la importancia de la inversión pública ha ido apareciendo en los lugares más insospechados. Por ejemplo, en un Ipad, como ha mostrado Mazzucato.

Las estrategias que describe Mariana Mazzucato, pero sobre todo las que llevaron al desarrollo a Corea, son un tipo de política industrial que Schneider explica así: implican dirección estatal en los objetivos, apoyo financiero, medición constante de metas y, en muchos aspectos, coerción. Este último factor se omite cuando se cita a Corea y Finlandia como modelos a seguir. En su libro Capitalismo Jerárquico, Schneider argumenta que “una profunda consideración de las políticas industriales exitosas en el Siglo XX difícilmente puede ignorar esta característica coercitiva”. El ejemplo extremo es la marcha forzada de Corea al desarrollo, donde el dictador Park Chung Hee solía humillar en público a los dueños de las industrias coreanas que no cumplían con las metas.

Esta política está en el extremo opuesto de lo que en Chile se hace y se debate y que Schneider llama “política industrial pasiva”: generar un marco para el crecimiento pero no intervenir en lo que las empresas deben hacer. El citado FUT es un buen ejemplo. La idea original era que el Estado renunciara temporalmente a una porción de los impuestos de una empresa a cambio de que esta los reinvirtiera. Pero dado que la ley no especifica un tipo de inversión, la señal de la autoridad es que resulta indiferente para el interés público si ese dinero se dirige a inversión tecnológica, a materias primas o a la especulación con el precio del dólar. Libres para decidir, las compañías encontraron más conveniente destinar más del 50% de esos ingresos a sociedades financieras y no a inversión productiva, según un estudio del ex director de Impuestos Internos, Michel Jorratt, situación que no cambió con la reciente reforma.

Hacer política industrial no es fácil, pues se trata de domar al mercado y además dirigirlo hacia un destino productivo. Schneider puntualiza que lo que llevó a que la política industrial se dejara de lado a fines del Siglo XX es que los estados carecen de información suficiente como para diseñar intervenciones adecuadas. Por eso su resurrección ha pasado por implementar sistemas de información más intensos, continuos y complejos entre Estado y empresas. En su libro Cuando los pequeños Estados dan grandes saltos (2012, Cornell University Press), el cientista político Darius Ornston, argumenta que para tener éxito tecnológico países como Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Corea recurrieron a formas muy dinámicas de corporativismo, que incluyen acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobiernos.

Otra dificultad mayor es que un modelo como el coreano implica que el Estado elige a los ganadores. Samsung fue financiada y apoyada por fondos fiscales coreanos así como Toyota fue respaldada durante 20 años con inversión pública japonesa. En ambos casos los gobiernos eligieron a esas empresas y no a otras. Esa discrecionalidad, que puede tener razones técnicas, genera inevitable recelo.

En esta nota se ha preguntado por qué la Papelera no se transforma en Nokia, ¿pero sería aceptable que la Papelera, acusada de acordar con su competencia el precio del papel tissue durante 10 años, recibiera una fuerte inversión pública para transformarse en Nokia?

En su último libro, Schneider analiza un modelo que puede desplegarse tanto activa como pasivamente, dependiendo de las condiciones políticas de cada país: los consejos públicos-privados. En Argentina ese tipo de consejo fue crucial para desarrollar la industria vitivinícola en Mendoza. En Chile se hizo un intento con el Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad (CNIC), pero no prosperó. Creado durante el primer gobierno de Bachelet (2006), este organismo recibió el 3% del “royalty minero” con la tarea de desarrollar un plan y una estructura institucional para hacer inversiones en desarrollo tecnológico.

Schneider opina que el CNIC tuvo cierto éxito inicial determinando sectores en los que hacer innovaciones y colocando algunos recursos. Sin embargo, “el gobierno de Piñera, opuesto a una política industrial vertical, suspendió las actividades del CNIC y traspasó los recursos a educación”.

Lo ocurrido con el CNIC muestra que las políticas industriales requieren un liderazgo que las impulse y también de acuerdos nacionales. Las mejores políticas –afirma Schneider- no pueden progresar mucho si no están alineadas con los intereses y visiones de otras instituciones (Poder Legislativo) o con las organizaciones de los grupos de poder (partidos, asociaciones empresariales y redes). Más aún, dada la posición privilegiada que tienen las grandes empresas en muchos sistemas políticos latinoamericanos, al intentar fijar una política global los gobiernos deben tomar muy en cuenta las preferencias y capacidades de estas empresas.

Presidenta Michelle Bachelet

En un escenario donde las personas desconfían de las relaciones entre políticos y empresarios aplicar estas políticas es muy difícil. Aludiendo a ese problema. Bachelet dijo en ICARE: “No es tiempo para sospechas, es tiempo para el encuentro de los compatriotas. Quienes siembran desconfianza no solo le niegan a Chile lo que más necesita, sino que cosecharán mas desconfianza aún”.

En su análisis, Schneider también opina que la confianza es clave. Pero al mismo nivel ubica otro requisito: que los actores cambien su forma de actuar. Schneider argumenta, por ejemplo, que la credibilidad de los consejos públicos privados depende de que los acuerdos sean respetados por todos. Si una empresa se salta los acuerdos y obtiene beneficios para sí misma (como SQM que logró una norma tributaria de la que se benefició solo ella), la credibilidad del consejo se desploma.

La sugerencia de Schneider sobre este punto es: el prestigio de las políticas industriales depende de que se altere la forma en que el poder económico normalmente garantiza resultados favorables para sí mismo. Esto es, que cambie la forma en que se financian las campañas políticas y se usa el lobby para influir en la política económica.

-En el contexto de los casos de corrupción que se han descubierto en Chile en los últimos años, ¿es posible pensar en hacer una política industrial? ¿No será necesario que la justicia limpie primero?

-Históricamente la política industrial, incluso la que ha sido muy exitosa, como en Corea y Japón, ha estado acompañada por mucha corrupción. El punto importante es que la corrupción no se instale en el área de la política industrial. Y eso es posible de conseguir: incluso en el caso del escándalo de Lava Jato en Petrobras, otras partes de Petrobras han promovido el desarrollo local. El punto es que, al mismo tiempo que una parte del gobierno lleve adelante una política industrial en serio, otras partes sean competentes persiguiendo la colusión y la corrupción.

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Mariana Mazzucato, “RM Phillips Professor” en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex  (ver entrevista en CIPER) y Ha-Joon Chang (Universidad de Cambridge) que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y que vías hay para enfrentar ese problema.

La revolución será digitalizada

La desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos. Nos afecta a todos de manera mundial. A pesar de los numerosos discursos, análisis estadísticos, unas escasas protestas y documentales ocasionales, el debate sobre su repentina aceleración se ha multiplicado por años con políticos, estudiosos y activistas por igual, quienes luchan indefensos para detener este crecimiento constante. Aún quedan las incógnitas: ¿por qué? y ¿por qué ahora?

Los Panama Papers ofrecen una convincente respuesta a estas preguntas: corrupción masiva generalizada. Y no es coincidencia que la respuesta provenga de un bufete de abogados. Más que solo un engranaje en la máquina de la “gestión de riquezas”, Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y torcer leyes a nivel mundial para favorecer los intereses de criminales por décadas.

Ramón Fonseca y Jürgen Mossack nos quieren hacer creer que las “sociedades pantalla” de su negocio, a veces llamadas “vehículos con propósitos especiales”, son como autos. Pero los empresarios de autos usados no redactan leyes. Y el único “propósito especial” de los autos que producían era el fraude a gran escala.

Las “sociedades pantalla” son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los Panama Papers muestran sin la más mínima sombra de dudas que aunque estas empresas fantasma no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo un amplio repertorio de graves crímenes que van más allá de la evasión de impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes, tendrían que responder por su participación en estos crímenes, de los cuáles solo algunos han salido a la luz por el momento. Tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozca.

Mientras tanto, se ha dado inicio a un nuevo debate global, lo cual es alentador. A diferencia de la retórica política de antaño, que cuidadosamente omitió cualquier sugerencia de malos actos por parte de la élite, este debate se concentra directamente en lo importante.

Tengo varias reflexiones con respecto a eso.

Que conste, no trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista, y nunca lo he hecho. Mi perspectiva es meramente propia, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no por propósitos políticos, sino simplemente porque ellos no tardaron en darse cuenta del nivel de injusticias que los archivos describen.

La narrativa de los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse. Pero no debemos perder de vista otro factor importante: el bufete, sus fundadores y empleados, sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial, repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos de mala fe deliberados. En los casos más recientes que ya conocemos, Mossack personalmente levantó falsos testimonios ante la corte federal en Nevada, y también se sabe que su equipo de técnicos intentó encubrir las mentiras (vea el reportaje de CIPER “La agente chilena de Mossack Fonseca que operaba en Las Vegas”). Todos deben ser juzgados sin ningún trato especial.

Al final, miles de enjuiciamientos podrían provenir de los Panama Papers si tan solo quienes hacen cumplir la ley pudieran acceder y evaluar los documentos en cuestión. El ICIJ y sus medios asociados han declarado firmemente que no los entregarán a las autoridades policiales. Sin embargo, estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en lo que pueda.

Dicho esto, he presenciado como uno tras otro, a denunciantes y activistas en los Estados Unidos y Europa, les han destruido sus vidas por las circunstancias en las que se encuentran luego de revelar evidentes actos de mala fe. Edward Snowden se encuentra varado en Moscú, exiliado por la decisión del gobierno de Obama de enjuiciarlo bajo la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), merece una bienvenida heroica y un reconocimiento considerable, no el destierro. Bradley Birkenfeld recibió millones por su aporte informativo sobre el banco suizo UBS y, de todas formas, fue castigado con una pena de cárcel por el Departamento de Justicia. Antoine Deltour se encuentra en juicio por proveer información a periodistas sobre cómo Luxemburgo  ayudo a grandes multinacionales a evadir impuestos, robando miles de millones en ingresos fiscales a sus países vecinos. Y existen muchos otros ejemplos.

Los informantes que exponen actos de mala fe incuestionables, ya sean personas internas o externas,  merecen inmunidad de represalias del gobierno. Fin de la discusión. Hasta que los gobiernos no dispongan de leyes que protejan a los denunciantes, los organismos de seguridad simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de la constante cobertura mediática mundial para consultar los documentos.

Por el momento, hago un llamado a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones, a tomar acción rápida no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos. En la Unión Europea, estos registros deben ser de acceso libre en cada estado miembro, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios finales. El Reino Unido puede estar orgulloso de sus iniciativas domésticas por ahora, pero aún tiene la responsabilidad vital de detener el ocultismo financiero en varias islas de sus territorios, que son, sin lugar a duda, la piedra angular de la corrupción institucional a nivel mundial. Y Estados Unidos claramente no puede confiar más en sus 50 estados para tomar decisiones concretas sobre su propia información empresarial. Desde hace mucho tiempo, el Congreso de ese país debió tomar las riendas y exigir transparencia por medio de estándares de divulgación y acceso público.

Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, pero otra es realmente implementarla. Se sabe que en Estados Unidos los representantes electos pasan la mayoría de su tiempo recaudando fondos. La evasión de impuestos no se puede solucionar mientras los funcionarios electos recauden dinero en sus élites, las cuales tienen los incentivos más grandes para evadir impuestos, a diferencia del resto de la población. Estas dudosas prácticas políticas generan un círculo vicioso entre autoridades políticas y financistas. La reforma al fracasado sistema de financiamiento de la política estadounidense no puede esperar.

Por supuesto, esos son apenas unos de los tantos problemas que deben solucionarse. El Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha mantenido un curioso silencio sobre el papel de su país en permitir la meca del fraude financiero: las Islas Cook. En Gran Bretaña, los conservadores han sido desvergonzados sobre ocultar sus propias prácticas que involucran a empresas trasnacionales, mientras que Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acaba de anunciar su renuncia para migrar a un trabajo en el banco HSBC (vea el reportaje publicado por CIPER sobre los SwissLeaks). Y así el conocido rechinar de la puerta giratoria de Estados Unidos hace eco en medio de un silencio global de miles de beneficiarios finales de “sociedades pantalla” que pronto serán descubiertos y que, probablemente, rezan para que el reemplazante de Shasky sea igual de débil que ella en la ejecución de las normas. En el rostro de la cobardía política es tentador rendirse ante la derrota, discutir que el estado actual se mantiene fundamentalmente inalterado, mientras que los Panama Papers son, sin más, un síntoma evidente de la fábrica moral decaída y progresivamente enferma de nuestra sociedad

Pero la problemática está finalmente sobre la mesa y no es sorpresa que ese cambio tome tiempo.  Por 50 años, ramas ejecutivas, legislativas y judiciales alrededor del mundo, han fallado completamente en abordar la metástasis de los paraísos fiscales en la superficie de la Tierra. Incluso en la actualidad, Panamá declara que quiere ser conocida por más que estos papeles, pero su gobierno ha examinado convenientemente tan solo uno de los casos de su embrollo trasnacional.

Bancos, reguladores financieros y autoridades fiscales, han fallado. Se han tomado decisiones que han favorecido a los ricos, mientras se concentran en controlar a los ciudadanos de clase media y clase baja.

Las cortes ineficientes y desesperadamente retrógradas han fallado. Los jueces han adquirido por mucho tiempo los argumentos de los ricos, cuyos abogados—y no solo Mossack Fonseca—han sido bien entrenados en honrar los escritos legales, mientras que a la vez hacen todo en su poder para profanar su espíritu.

Los medios de comunicación han fallado. Muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas de sus propios perfiles anteriores, multimillonarios parecen haber tomado las riendas de los periódicos como pasatiempo, poniendo límites a la cobertura de temas serios sobre la riqueza y la falta de fondos para serias investigaciones periodísticas. El impacto es real: además de Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de que se diga lo contrario, varios medios de comunicación líderes tuvieron a editores revisando documentos de los Panama Papers. Eligieron no darles cobertura. La triste verdad es que entre las organizaciones capaces y prominentes de medios en el mundo, no hubo una sola interesada en cubrir la historia. Ni siquiera Wikileaks contestó su línea directa de manera repetida.

Pero sobre todo, la profesión jurídica ha fallado. La gobernanza democrática depende de los individuos responsables del sistema que entienden y defienden la ley, no quienes la entienden y se provechan de ellas. En promedio, los abogados se han vuelto tan profundamente corruptos que es imperativo aplicar cambios significativos en la profesión, más allá de propuestas dóciles que ya están sobre la mesa.  Para comenzar, el término “ética jurídica”, sobre la cual se basan códigos de conducta y licencias, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajó en un vacío —a pesar de sus multas repetitivas y violaciones reglamentarias documentadas—, encontró aliados y clientes en los bufetes más grandes en prácticamente cada país. Si la economía quebradiza de la industria no fuera ya evidencia suficiente, ahora no hay manera de negar que a los abogados no debe permitírseles regularse entre ellos. Simplemente, no funciona. Aquellos capaces de pagar más, siempre pueden encontrar un abogado que sirva sus fines, ya sea que ese abogado sea parte de Mossack Fonseca o de otro bufete que no conocemos. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad?

El impacto colectivo de estos fallos ha sido una completa erosión de los estándares éticos, finalmente dirigiéndose a un sistema que todavía llamamos capitalismo, pero que es equivalente a la esclavitud económica. En el sistema —nuestro sistema— los esclavos no están conscientes de su estado y de sus dueños, quienes existen en un mundo aparte donde los grilletes intangibles se ocultan cuidadosamente entre montones de inalcanzables jergas jurídicas. La terrorífica magnitud del detrimento del mundo debería despertarnos a todos. Pero cuando se necesita a un informante para encender la alarma, es causa de una preocupación mayor. Demuestra que los cheques y saldos de la democracia han fallado, que la crisis es sistemática y que la inestabilidad severa podría estar a la vuelta de la esquina. Este es el momento de la verdadera acción y se inicia formulando preguntas.

Los historiadores pueden relatar con facilidad cómo problemas de impuestos y desequilibrios de poder han llevado a revoluciones en el pasado. Entonces, fuerzas militares eran necesarias para calmar a las masas, mientras que en la actualidad, la restricción al acceso de información es similar o igual de efectiva. Pero vivimos en tiempos de almacenamiento digital gratis e ilimitado y conexiones rápidas a Internet que trascienden las fronteras nacionales. No se necesita mucho más para conectar los puntos: de principio a fin, la concepción de distribución de medios globales; la próxima revolución será digitalizada.

O, tal vez, ya inició.

En noviembre de 2005, oficiales de Aduanas en el puerto holandés de Rotterdam recibieron una información: un cargamento de espárragos de Perú podría contener algo más que vegetales.

Una semana después, 60 paletas de espárragos blancos delgados llegaron al puerto en tres contenedores. El 80% de las latas contenía espárragos. El resto contenía cocaína, más de una tonelada y media.

Las autoridades holandesas y peruanas dijeron que un hombre conocido en Perú como “El Holandés” – Ment Dijkhuizen Cáceres – estaba detrás del tráfico de drogas a escala industrial. Investigadores hallaron que él y su abogado, Eduardo Gallardo Arciniega, usaron una serie de compañías offshore para lavar el dinero.

Cargamento decomisado de espárragos y cocaína

Dijkhuizen y Gallardo registraron al menos cuatro de esas compañías de fachada con Mossack Fonseca como agente registrado, la firma con base en Panamá que se ha hecho mundialmente conocida por crear compañías offshore difíciles de rastrear para políticos, inversores adinerados y, en muchos casos, conocidos criminales.

Dijkhuizen es uno de los “malhechores” de Mossack Fonseca –criminales y convictos que se han beneficiado de los servicios proveídos por la firma que está en el centro del escándalo de los “Papeles de Panamá”.

Los archivos internos de Mossack Fonseca incluyen compañías vinculadas a al menos 36 estadounidenses que han sido acusados o condenados por fraude y otros serios delitos financieros. Los archivos de la firma también incluyen a 33 personas y compañías en la lista negra del Departamento del Tesoro de EE.UU., debido a la evidencia de que han estado envueltos en negocios con capos mexicanos de la droga u organizaciones terroristas como Hizbulá.

Mossack Fonseca dijo a ICIJ y a otros medios asociados, que “no impulsa o promueve actos ilegales”.

Señaló, además, que confía en intermediarios a los que se refiere como sus “clientes” -banqueros, abogados y otras figuras que alimentan sus negocios-, para que se aseguren de que la gente que consigue compañías offshore por medio de la firma no esté involucrada en actividades criminales. La firma dijo que también tiene procedimientos de verificación diseñados para identificar a clientes sospechosos “en la medida de lo razonablemente posible”.

En casos en que las compañías formadas por Mossack Fonseca acabaron en manos de criminales, un portavoz señaló que firma ha “condenado enfáticamente la situación” y tomado acciones para lidiar con el problema.

El bufete panameño se negó a contestar preguntas sobre compañías offshore vinculadas a Dijkhuizen y cinco otras figuras notorias cuyos casos se exploran en este artículo, incluyendo a una narcotraficante conocida como la “Reina del Sur”, un estafador estadounidense que estableció una caridad falsa en el nombre de un santo católico y un supuesto mafioso conocido en el hampa ruso como el “Jefe de Jefes”.

COMPORTAMIENTO FINO Y EDUCADO

Nombre: Ment Floor Dijkhuizen Cáceres
Nacionalidad: Peruano
Fama: Narcotraficante
Lugar: Perú y Holanda
Alias: El Holandés

“El Holandés”

La operación de cocaína de Ment Dijkhuizen había estado bajo escrutinio por años, mucho antes de su arresto. Sandra Barrios Villacorta, secretaria de una figura clave de la organización de Dijkhuizen que había sido arrestada, fue asesinada mientras llevaba a su hija a la escuela. La policía sospechaba que ella “sabía demasiado”, de acuerdo al diario La República.

Tras descubrir en 2006 que Dijkhuizen había sido el blanco de un enorme arresto por drogas, Jürgen Mossack, co-fundador de Mossack Fonseca, expresó sorpresa por el hecho de que su firma había aceptado a un hombre como ese como cliente. “¿Hay cuentas bancarias?”, escribió Mossack. “¿Somos signatarios?… Me pregunto qué tipo de verificación se hace a los clientes en Perú”.

Mónica Ycaza, representante de Mossack Fonseca en Perú, respondió que no había forma de saberlo. El abogado de Dijkhuizen, Eduardo Gallardo, quien negoció la creación de las compañías, era “una persona de comportamiento fino y educado, lo que no nos dio causa para dudar de él”, dijo Ycaza. 

LA REINA DE LAS DROGAS

Nombre: Marllory Dadiana Chacón Rossell
Nacionalidad: Guatemalteca
Fama: Traficante de drogas, lavado de dinero
Lugares: Guatemala, Honduras, Panamá, México, Estados Unidos
Alias: Reina del Sur

En enero de 2012, las autoridades de EE.UU. identificaron a Mallory Dadiana Chacón Rossell como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica”. Agentes del Tesoro de EE.UU. la acusaron de enviar miles de kilos de cocaína desde Guatemala a los Estados Unidos y lavar miles de millones de dólares cada mes.

No es usual que una mujer obtenga el estatus de jefa de las drogas, por ello la prensa guatemalteca la nombró “la Reina del Sur”.

“La Reina del Sur”

En la cumbre del reinado de Chacón Rossell, ella y su familia vivían en la opulencia en Ciudad de Guatemala, codeándose con políticos y la alta sociedad, y vacacionando en Europa. Para la segunda mitad de sus años 30, ya era madre de cinco hijos y la jefa de un imperio que incluía hoteles, una lotería nacional, una firma de construcción y una tienda de ropas de alta costura. Agentes de EE.UU. identificaron 24 negocios conectados a ella.

Mossack Fonseca tuvo un rol en su reinado, según indican los archivos internos de la firma.

En 2008, la firma ayudó a establecer Brodway Commerce Inc. donde Chacón Rossell figuraba como directora y presidenta. Mossack Fonseca también asistió a la compañía a crear cuentas con el Banco Banvivienda de Panamá y el Banco Reformador de Guatemala. Para octubre de 2009, la cuenta en el Banco Reformador tenía US$12 millones, según los registros.

En 2015, Chacón Rossell hizo un trato con el Departamento de Justicia de EE.UU., consiguiendo una reducción de sentencia a cambio de su cooperación con las autoridades estadounidenses. Su verdadero castigo es un secreto y un juez ordenó que su caso sea sellado por cinco años.

OPERACIÓN BALLENA BLANCA

Nombre: Fernando del Valle
Nacionalidad: Chileno
Fama: Lavado de Dinero
Lugar: España

Fernando del Valle

En 2005, las autoridades españolas arrestaron a 50 personas en la Operación Ballena Blanca, en lo que fue considerado uno de los mayores episodios de lavado de dinero en la historia de España. En el centro de la supuesta operación de lavado de US$300 millones, dijeron los fiscales, estaba el abogado chileno Fernando del Valle, quien estableció compañías que ayudaron a narcotraficantes, mafiosos, contrabandistas de armas y proxenetas a meter dinero sucio en bienes raíces.

En 2007, dos años después de que fuera arrestado en el caso Ballena Blanca, Del Valle logró que Mossack Fonseca reactivara una compañía que había formado en 1979, llamada Nitel Values SA.

Mossack Fonseca no supo del arresto de Del Valle hasta 2009, cuando éste pidió crear una compañía nueva para un cliente alemán. Cerca de un mes después, Mossack Fonseca renunció a ser agente registrado de Nitel Values.

En 2011, una corte española sentenció a Del Valle a más de seis años en prisión por lavado de dinero y fraude de impuestos.

LISTA DE QUEHACERES

Nombre: Martin Frankel
Nacionalidad: Estadounidense
Fama: Estafador
Lugar: Estados Unidos

En febrero del 2000, las autoridades de EE.UU. acudieron a Mossack Fonseca por medio del fiscal general de las Islas Vírgenes Británicas, exigiendo información sobre dos compañías offshore propiedad del conocido criminal financiero Martin Frankel. Había sido por mucho tiempo cliente de la firma, incluso cuando se embolsó más de US$200 millones de compañías de seguros en cinco estados, llevándose parte del dinero consigo cuando fue descubierto.

Martin Frankel

Frankel también estableció una fundación caritativa falsa, que lleva el nombra de un santo católico y que prometía juntar dinero para los pobres pero en realidad financiaba su lujoso estilo de vida, que incluía mansiones, costosos autos, guardaespaldas y una serie de novias.

Cuando Frankel huyó de EEUU en 1999, dijeron las autoridades, dejó una carta astrológica que respondía a la pregunta “¿Iré a prisión?” y una lista de quehaceres que incluía “lavar dinero”. Cuando las autoridades finalmente alcanzaron a Frankel en Hamburgo, Alemania, hallaron 547 diamantes y nueve pasaportes falsos.

Mossack Fonseca tardó varios meses en responder al pedido oficial de documentos en 2000. En ese período, cerró compañías vinculadas a Frankel y buscó salirse de su asociación con él. En 2002, Frankel se declaró culpable de 20 cargos de fraude electrónico y cargos de fraude de valores y conspiración de crimen organizado. 

ARMAS Y DINERO

Nombre: John Knight
Nacionalidad: Británico
Fama: Traficante de armas
Lugar: Reino Unido

En noviembre de 2004, John Knight admitió que había negociado con Sudán para proveerle tanques, lanzacohetes, armas de artillería y aviones soviéticos, mientras se cometía genocidio en Darfur.

Knight ya era famoso en Gran Bretaña. En 1991, un reportero del Daily Mirror trabajó encubierto y armó un trato para comprarle fusiles Kalashnikov. Cuando el diario The Scotsman preguntó a Knight en 2004 por qué vendía armas al régimen sudanés, Knight señaló a Adolf Hitler, diciendo “la gente le suministraba cosas. Él fue el mayor tirano de todos”.

A través de un intermediario en Chipre, Knight compró en 2005 a Mossack Fonseca una compañía de Islas Vírgenes Británicas llamada Endeavour Resources Limited. Usó la sociedad offshore para traficar armas en el Medio Oriente, de acuerdo al gobierno británico.

En 2007, las autoridades aduaneras británicas allanaron la casa de US$3 millones de Knight en las afueras de Londres, buscando evidencia de que había estado comerciando armas con Irán. Hallaron documentos triturados que, cuando fueron reconstruidos, mostraron que Knight cubrió sus planes de compra de 130 armas automáticas a Irán para venderlas a Kuwait por medio de Endeavour Resources. Fue sentenciado a cuatro años de prisión por esto.

Mossack Fonseca renunció a ser agente registrado de Endeavour Resources, pero sigue siendo agente de Business Systems Consultant Ltd., una compañía de las Bahamas citada como directora de Endeavour Resources.

JEFE DE JEFES

Nombre: Semion Mogilevich
Nacionalidad: Ucraniano
Fama: Llamado “el mafioso más peligroso del mundo”
Lugar: Moscú
Alias: el Jefe de Jefes; Don Cerebro; Sr. Bigski; Seva

En 2009, el FBI incluyó a Semion Mogilevich en su lista de los 10 fugitivos más buscados, llamándolo un “estafador de nivel mundial y un despiadado criminal” que estaba “envuelto en tráfico de armas, asesinatos por contrato, extorsión, narcotráfico y prostitución a escala internacional”. Conocido como el Jefe de Jefes, el método de preferencia de este corpulento fumador ucraniano de neutralizar a sus enemigos era el coche bomba, reportó The Guardian.

Mogilevich se inició en el crimen organizado robando a otros judíos soviéticos que migraban a Israel, de acuerdo a The Independent. Se habría establecido en Hungría e Israel.

Una acusación hecha por las autoridades de EE.UU. en 2003 señalaba a Mogilevich como el hombre detrás del fraude de YBM Magnex International, una compañía de Pennsylvania que despojó a sus inversores de alrededor de US$150 millones.

Semion Mogilevich

Mogilevich tenía varias conexiones estrechas con compañías registradas por Mossack Fonseca, aunque ninguna parece haber estado a su nombre. En 2001, la oficina del fiscal general de las Bahamas escribió a Mossack Fonseca pidiendo información sobre Rosebud Consultants Inc., una compañía registrada por la firma en Nassau. Los funcionarios de las Bahamas actuaban en respuesta a un pedido de las autoridades de EE.UU. que investigaban lo que aseguraban eran pagos hechos a Mogilevich a través de Rosebud y su abogado Adrian Churchward en conexión con el escándalo de YBM Magnex. Los archivos internos de Mossack Fonseca no muestran vínculos entre Churchward y Rosebud, pero el pedido investigativo decía que fiscales de EE.UU. creían que Churchward estaba “asociado” a Rosebud y que la compañía desviaba US$20.000 por mes como “honorarios de consultor” a Mogilevich.

Churchward también era director de Trinity Films Inc. junto con Galina V. Grigoryeva, quien estuvo casada con Mogilevich, y luego con Churchward. Mossack Fonseca registró esa compañía en las Bahamas, en marzo de 1996.

Churchward ahora escribe thrillers, incluyendo Moscow Bound, sobre la atormentada esposa de un oligarca ruso y un abogado en fuga por un crimen que no cometieron. Tras la publicación de los primeros artículos de los Papeles de Panamá, Churchward criticó duramente a la industria offshore, diciendo en Twitter que los ricos y poderosos tienen “un firme agarre de su corrupción”.

“Nada cambiará”, añadió. “La élite global y sus sirvientes políticos no son pavos que están a punto de votar por Navidad”.

Al solicitársele comentarios sobre su conexión con compañías de Mossack Fonseca, Churchward dijo en un email: “Mis abogados me dijeron que si el Sr. Mogilevich va a juicio yo podría ser llamado por los fiscales o por la defensa para dar testimonio como testigo y, por lo tanto, no debería comentar sobre ningún aspecto de alguna supuesta relación con el Sr. Mogilevich”.

Otra conexión de Mogilevich en los Papeles de Panamá es Igor Fisherman, un estadounidense nacido en Ucrania, acusado por EE.UU. junto a Mogilevich en el caso YBM Magnex. La esposa de Fisherman, Olga Zhunzhurova, tenía poder legal sobre Hastan Finance SA, una compañía comprada en las Seychelles, un paraíso fiscal en el Océano Índico, a través de un intermediario en Suiza.

El FBI dijo en 2009 que Mogilevich vivía en Moscú. En 2015, la agencia lo sacó de su lista de “Diez Más Buscados”, señalando que “la extensa atención nacional e internacional que se le dedicó no generó información que ayude a su aprehensión”.

No se pudo dar con Mogilevich para que comente sobre este artículo. En un artículo de 1999, el New York Times lo citó diciendo: “No soy un líder o participante activo en ningún grupo criminal”. Cuando la BBC le preguntó sobre el caso YBM Magnex en 1999, dijo: “Bueno, si hallaron delitos, depende de ellos probarlo”.

Frankel, Knight y Dijkhuizen tampoco pudieron ser contactados. En un email, Del Valle dijo que no podía hacer comentarios. El abogado de Chacón Rossell dijo que su cliente también rechazaba hacerlo.

*Traducción diario ABC Color de Paraguay

Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, luego de que fuera formalizado por soborno y delitos tributarios durante una audiencia que comenzó el martes 24 de mayo y terminó el miércoles 25, pasado el mediodía. También se presentaron los cargos contra el senador Jaime Orpis, a quien la Fiscalía acusa de cohecho, fraude al Fisco y fraude tributario, por haber recibido $233 millones de Corpesca cuando Mujica era gerente.

El ejecutivo debió dejar el cargo en mayo de 2013, luego de que CIPER revelara que había realizado pagos irregulares a la entonces diputada Marta Isasi en el marco de la votación de la Ley de Pesca (ver reportaje). En esa ocasión, Mujica admitió que Corpesca había pagado asesorías a un colaborador de Isasi y que había hecho aportes a otros candidatos que no identificó, por lo que se convirtió en blanco de las pesquisas del Ministerio Público (escuche ese audio). Mujica parecía haber pagado un alto costo profesional, porque se vio obligado a renunciar tras casi tres décadas vinculado a la plana ejecutiva del Grupo Angelini.

La verdad es que Mujica nunca quedó a la deriva. Sólo se cambió de piso en el edificio institucional del Grupo Angelini, donde se le proporcionó un “paracaídas dorado”: siguió siendo un ejecutivo de confianza del conglomerado y en agosto del año pasado fue contratado como gerente general de otra empresa del mismo grupo.

Roberto Angelini

En su declaración del 10 de diciembre pasado, Roberto Angelini Rossi, presidente de Corpesca y de sus empresas matrices, señaló ante la Fiscalía: “Hoy no tengo ninguna relación con él (Mujica). Francisco cometió estos errores de público conocimiento (…). Se le pagaron a Francisco Mujica todas las indemnizaciones que por contrato correspondía. Con él la compañía no ha tenido ningún vínculo posterior. Cuando se retiró de Corpesca, sí permaneció unos meses más como director de Astilleros Arica, hasta que la empresa pasó a manos de Corpesca. Hoy no tenemos con Francisco Mujica ninguna relación”.

El 5 de enero de este año, transcurrido casi un mes de su declaración, Roberto Angelini remitió a la Fiscalía dos documentos que corrigen sus anteriores afirmaciones. El primero es un certificado que indica que Mujica fue director de Astilleros Arica no sólo “unos meses más” después de su desvinculación de Corpesca, sino que se mantuvo en ese cargo durante 22 meses, hasta marzo de 2015, cuando la pesquera compró el astillero, que ya estaba en manos de la matriz de Angelini (Antarchile). El segundo, es la copia del contrato de trabajo con el que Mujica asumió en agosto del año pasado como gerente general de Agrícola Trani, sociedad domiciliada en El Golf 150, el edificio desde donde opera el Grupo Angelini.

En la fecha que Roberto Angelini se desdijo de no tener “ninguna relación” con Francisco Mujica, la indagatoria del Ministerio Público ya contaba con antecedentes de que la desvinculación era más aparente que real. De hecho, cuando los funcionarios de la PDI recibieron la orden de citar a Mujica para prestar testimonio, finalmente lo encontraron en El Golf 150: allí donde se ubica el edificio institucional del Grupo Angelini.

El contrato con Agrícola Trani, de duración indefinida, le asignó a Francisco Mujica un sueldo base mensual de $9,6 millones, además de una gratificación legal anual equivalente a tres sueldos base. A eso se agrega que, cuando Mujica dejó la gerencia de Corpesca, según lo que declaró a los fiscales, recibió una indemnización legal: “Fueron 300 y tantos millones de pesos”, dijo.

Agricola Trani se constituyó recién el 23 de junio de 2015 como una sociedad por acciones, cuyo único accionista era Inversiones Trentino, una sociedad creada hace una década por Inversiones Angelini y Compañía. La escritura señala que el objeto social de Trani es la “explotación agrícola y forestal”, así como cualquier negocio ligado a la actividad agroforestal. Poco más de un mes después de su creación, el 4 de agosto de 2015, Trani fichó a Mujica como su gerente general.

Durante la audiencia de este miércoles 25, la defensa de Mujica mencionó que su cliente ya no trabajaba en Corpesca y que se dedicaba a negocios agrícolas. CIPER consultó a su abogado, Jorge Bofill, si seguía siendo gerente general de Agrícola Trani, a lo que respondió: “No me parece relevante. Él está cuestionado por su gestión en Corpesca y no en otra empresa. No tengo idea si el contrato sigue vigente”.

Jorge Bofill, Francisco Mujica y Jaime Orpis

Uno de los abogados querellantes coincidió con Bofill en que el asunto no era importante en esta etapa, pero remarcó que podría convertirse en una pieza clave en una próxima audiencia, si la Fiscalía pide la formalización de Corpesca como persona jurídica. Según la indagatoria de CIPER, esa solicitud será hecha por el Ministerio Público en los próximos días. Una presentación que se ve reforzada por la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en enero pasado por la responsabilidad de la pesquera en el delito de soborno.

En ese escenario, el que Francisco Mujica, responsable de los pagos a Orpis e Isasi, siga vinculado estrechamente al Grupo Angelini podría jugar en contra de la empresa. Y si se acredita su responsabilidad, la pesquera arriesga multas y la prohibición de hacer contratos con el Estado, entre otras sanciones.

Roberto Angelini, al declarar en la Fiscalía, dijo que conocía a Mujica desde la universidad. Y el mismo Mujica, en su declaración del 3 de agosto pasado, señaló que había comenzado a trabajar para las pesqueras del Grupo Angelini en 1986. Una férrea relación de confianza que no pudo ser quebrada ni siquiera por una investigación del Ministerio Público por soborno.

Hay algo en la vida de Ha-Joon Chang que probablemente muchos chilenos quisieran experimentar. No es el hecho de que sea un economista súper ventas, capaz de explicar en forma simple lo que muchos de sus colegas no pueden; ni tampoco, que enseña en la Universidad de Cambridge, donde Darwin, Newton, Russell, Keynes, Maxwell, Dirac y tantos otros incubaron muchas de las ideas que han dado forma al mundo moderno.

Lo realmente envidiable está en que es coreano y tiene la experiencia de ver cómo su país dejó la pobreza en solo una generación. Su infancia transcurrió en una Corea aún devastada por la guerra y al cumplir 40 años (2003), ya era ciudadano de una de las naciones más prósperas del planeta.

En su libro Malos Samaritanos (RHbooks, 2007) recuerda que a comienzos de 2000 visitó en Seúl una exposición de fotos de Corea de los años de su infancia, cuando nada permitía pensar que había caminos para salir de la pobreza. Entonces era un lujo tener baño al interior de la casa, los colegios amontonaban 90 niños por sala y la economía se basaba en la pesca y en la fabricación de pelucas y textiles baratos. Durante los años 60 uno de los ingresos más importantes del país fue el pago que recibía de Estados Unidos por el envió de tropas a la guerra de Vietnam.

Mientras Chang observaba esas postales de su pasado oyó a un par de veinteañeras comentar: “¿Cómo puede eso ser Corea? ¡Parece Vietnam!”.

Lo que a Chang le era tan familiar, se había vuelto irreconocible para la generación siguiente. La gran cantidad de dinero disponible en la vida de esas jóvenes (y los bienes y oportunidades que éste permite) eran la explicación más evidente para esa distancia generacional. En términos del PIB per cápita, Corea saltó de US$82 en 1960 a US$15.000 en 2003 (en el mismo periodo Chile pasó de US$550 a US$4.000). Chang estima que en esos 40 años el poder de compra de los coreanos creció 14 veces, un salto que al Reino Unido le tomó dos siglos (desde el inicio de la revolución industrial a nuestros días), mientras que a Estados Unidos le demandó un siglo y medio. Ese descomunal crecimiento es conocido como el “milagro coreano”.

Pero la cantidad de dinero no es lo único por lo que esas jóvenes no reconocían a su nación en esas fotos. Había otro elemento, que para Chang constituye una moraleja central del caso coreano y lo diferencia de países como Chile, que habiendo partido antes se han quedado atrás. El país de las fotos solo sabía pescar y pelear. Las jóvenes que miraban esas fotos, en cambio, eran parte de una generación que podía construir barcos, celulares, computadores y autos. En una generación Corea había logrado transformar su estructura productiva, haciendo aparecer empresas innovadoras como Samsung, KIA, LG o Hyundai. El aumento del PIB era solo la consecuencia de ese proceso, el verdadero milagro.

Ha Joon Chang

En su libro Economía para el 99 por ciento de la población (Debate, 2015), Chang ahonda en estas ideas. Para mostrar lo engañoso que es mirar solo el aumento del dinero, explica que entre 1995 y 2010 el país cuyo PIB más creció en el mundo fue Guinea Ecuatorial, en el centro de África: 18,6% al año, el doble de lo que ha crecido China en las últimas dos décadas. ¿Por qué no se habla del milagro de Guinea? Simplemente porque su crecimiento se debió al descubrimiento de petróleo. “Nada en su economía cambió. Guinea ni siquiera tiene tecnología para extraer su propio petróleo”, argumenta Chang. Peor aún, dado que su elevado PIB “no se consiguió como resultado de que sus ciudadanos mejoraran su habilidad de producir”, cuando el petróleo se acabe o el precio caiga “volverá a ser uno de los países más pobres del mundo”.

Chang menciona que eso fue exactamente lo que le ocurrió a Chile a comienzos del Siglo XX, cuando la desarrollada industria alemana logró producir salitre sintético y nuestra economía se derrumbó. Recientemente el economista Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, advirtió que podemos estar repitiendo esa historia. Nuestro crecimiento, dijo Hausmann, ha estado sostenido por el alto precio del cobre y ahora que el precio baja, no hay nada que lo sostenga. Así como Guinea no puede extraer su propio petróleo, Hausmann ha subrayado que son empresas extranjeras las que controlan nuestra minería, a pesar de que hace más de cien años que dependemos de ese negocio (ver entrevista en CIPER).Otros investigadores han destacado, además, que no somos capaces de refinar nuestro cobre.

Para Ha-Joon Chang es un error creer que un PIB alto implica un “desarrollo económico”. Sostiene que esto último se logra solo cuando aumentan las habilidades productivas de las personas: cuando mejora su capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores y logran transformar el sistema productivo.

Para conseguir eso no da lo mismo qué producen los países. Aunque una industria de pescado puede ser tan rentable como una industria electrónica, la primera requiere y promueve menos habilidades productivas y organizativas que la última. Según Chang, la evidencia internacional muestra que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización y, especialmente, a través del desarrollo del sector manufacturero, el verdadero centro de “aprendizaje del capitalismo”.

En Chile, sin embargo, el análisis del gobierno y los empresarios no identifica como algo particularmente malo el que Chile siga ligado a la producción de materias primas. El tema casi no es mencionado en la batería de propuestas para mejorar la productividad que se discuten, en parte porque se ha asentado la idea de que lo que conviene es aprovechar las ventajas comparativas de Chile (lo que naturalmente tenemos: cobre, frutas, mano de obra barata), pues “llevar una fruta con embalaje adecuado a Europa, cuidando la cadena de frío, puede generar tanta agregación de valor como exportar un refrigerador”, según explicó la ex directora de ProChile Alicia Frohmann en 2006.

Tanto empresarios como gobierno creen que es urgente mejorar la productividad, entendida como hacer más cosas con menos insumos. Y el problema de productividad se atribuye a que nuestra fuerza de trabajo está mal preparada y a la excesiva burocracia estatal para generar nuevos emprendimientos. Un diagnóstico que justifica, en parte, la fuerte inversión en educación superior (gratuidad universitaria y programas de generación de capital humano avanzado como Becas Chile). Y también explica que la mayoría de las propuestas para aumentar la productividad que discuten gobierno y empresarios apunten a la eliminación de trámites.

Ha-JoonChang cree que el énfasis en la educación está errado. Porque aunque el conocimiento es esencial para innovar, lo que logra cambiar la estructura productiva de un país no es el conocimiento individual, sino el conocimiento colectivo: “Ahí está la gran diferencia entre un país rico y un país pobre”, dice.

Para ilustrar esto cuenta que cuando llegó al Reino Unido a hacer su doctorado se sorprendió con la mala formación de muchos trabajadores del sector servicios. “Entraba a una tienda, compraba tres cosas de 1,15 libras y para cobrarme usaban la calculadora. Me preguntaba: ¿cómo es posible que un país con gente así sea tres veces más rico que Corea? Luego entendí que justamente ahí estaba la clave. Lo relevante no es el conocimiento individual. De hecho, en términos individuales, las personas en países pobres tienden a ser mucho más listas porque necesitan sobrevivir. Lo que hace al Reino Unido más próspero es que colectivamente es más inteligente. Es decir, detrás de toda la gente mal preparada hay una enorme infraestructura, tecnología, organizaciones privadas, regulaciones públicas adecuadas, una red organizada productivamente mucho mejor que en otros países. A eso llamo “conocimiento colectivo”.

Sobre la estrategia chilena comenta:

-Indudablemente para desarrollase se necesita educar bien a las personas. Pero es una fantasía creer que las personas mejor educadas van a crear sus propios trabajos. Esa fantasía se alimenta de la creencia de que Sillicon Valley fue hecho por gente muy bien preparada, como Steve Jobs. Pero Sillicon Valley no se creó así: ahora sabemos que buena parte de eso es resultado de la inversión en la industria militar norteamericana (ver entrevista a Mariana Mazzucato).

Sobre la gratuidad universitaria: “Si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde las personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que han hecho se va a perder”.

Por eso, Chang argumenta que es un error pensar que con muchos profesionales y técnicos Chile se va a transformar en Alemania o Estados Unidos: “Lo que hace diferente a Chile de esos países no es solo la cantidad de doctorados sino que Estados Unidos tiene a la Boeing y Alemania a la Volkswagen; y cada una de esas empresas está ligada a una red de firmas medianas y de proveedores pequeños”. Esa compleja red de relaciones entre empresas, donde participa el Estado en diferentes proyectos, permite que el conocimiento productivo eche raíces en la sociedad.

Un país donde el conocimiento NO está enraizado es Filipinas. Allí, dice Chang, se han instalado importantes compañías internacionales que exportan tecnología de punta; pero no expanden la tecnología a las empresas locales, no están integradas con el resto de la economía: solo usan la mano de obra barata del país. “Los filipinos no organizaron su industria tecnología, no internalizan la tecnología que producen y, en el momento en que esas empresas se vayan, los filipinos volverán a la agricultura”, explica.

Un país donde el conocimiento sí está enraizado es Alemania: después de la devastación tras la Segunda Guerra, seguía siendo considerado un país desarrollado, mientras que Perú y Chile no. ¿Por qué? Porque pese a la destrucción, los alemanes tenían conocimientos y formas de producir que les permitieron salir adelante muy pronto.

-Usted puede producir cientos de PhD en ciencia, en ingeniería, o en economía, pero ellos podrán hacer poco si no están reunidos, organizados en emprendimientos colectivos y trabajando juntos para crear desarrollo económico. Porque en la economía moderna el desarrollo de las habilidades productivas mayoritariamente ocurre adentro de las empresas antes que a nivel individual. Y si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde estas personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que ustedes han hecho se va a perder -dijo Chang a CIPER.

POBRES: FLOJOS O TONTOS

Para Ha-Joon Chang el error que comete la política pública chilena se explica en parte porque, siguiendo las ideas neoliberales, descarga toda la responsabilidad del desarrollo en los individuos. El análisis dominante sobre nuestra baja productividad responsabiliza esencialmente a los trabajadores mal preparados. Por debajo de ese argumento oficial, emerge cada tanto una acusación moral: la flojera. A veces se dice directamente (como lo registró la encuesta CEP en 2015, donde el 40% de los chilenos atribuyó la pobreza a la flojera). Otras, se sugiere en discursos bien intencionados del tipo “no hay excusas para que te vaya mal” (ver entrevista a Matías del Río).

Dado que el peso se pone en el individuo, dice Chang, el sistema hace creer a las personas que todo depende de ellos y que si no triunfan es porque “o son flojos o son tontos”. Ese discurso se usa en contra de naciones enteras cuando se quedan atrás. Se culpa a su cultura: dilapidadores, poco serios, bananeros. Chang contra argumenta: “Los alemanes culpan a los griegos de su situación alegando que son flojos pero quieren vivir como alemanes. Sin embargo, de acuerdo a las cifras de la OCDE, los griegos trabajan 30% más que los alemanes y 40% más que los holandeses (oficialmente los más flojos de Europa). La misma opinión tienen los norteamericanos de los mexicanos aunque estos últimos son los que más trabajan en la OECD. ¡Los mexicanos trabajan más que mis compatriotas de Corea!”, dijo Chang en una conferencia reciente.

Para el académico el problema no es -como se hace creer- un asunto de la ética del trabajo, sino de cuán productivo es ese trabajo. Y esa productividad, dice, rara vez es responsabilidad de las personas, sino que depende esencialmente del equipamiento, de la forma en que están organizadas las empresas y operan las instituciones. “Si el país no puede proveer eso, la gente trabajará muy duro sin que su trabajo rinda”, dijo a CIPER. Y agregó: “Si a alguien hay que culpar en México o Grecia es a las personas ricas y poderosas de esos países que, teniendo control sobre los determinantes de la productividad, han hecho poco para proveerlos en la cantidad necesaria”.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)

En este punto Chang coincide con lo expresado por el cientista político del MIT Ben Ross Schneider, quien explicó a CIPER que la baja formación de los trabajadores no es un problema con el que las empresas se encuentran, sino que, en buena medida, ellas mismas lo producen. Y ello, porque se concentran en la explotación de materias primas, las cuales ofrecen pocos buenos trabajos (quedan en manos de una elite, como mostró el economista de Yale, Seth D. Zimmerman) y muchos puestos de trabajo mal pagados y de mala calidad.

Dado que esa es la realidad del mercado laboral chileno, los jóvenes pobres que invierten en educarse no encuentran empleos acorde a su preparación y, como advierte Chang, la inversión que han hecho se pierde. Schneider argumenta que ese fracaso desincentivará a la siguiente generación a formarse mejor con lo que el problema de las habilidades persiste. El académico del MIT es tajante: el sistema capitalista chileno (al que por su concentración llama “jerárquico” o “familiar”) no tiene capacidad por sí solo de salir de esa trampa de bajas habilidades.

A pesar de lo injusto del análisis, el que se insista en situar la responsabilidad en la espalda del individuo, es para Chang una estrategia política: “Al hacer que las personas se culpen y se sientan avergonzadas de su situación, estas pierden fuerzas y argumentos para cambiar el sistema”. Si en cambio -agrega- tuvieran conciencia de que su situación depende mucho de cómo está organizada la producción, “la gente se preguntaría ‘qué pasa, por qué trabajamos tan duro y eso no rinde’. Y empujarían a las autoridades a hacer cambios en el sistema”.

Pero, ¿qué cambios cree Chang que se deben empujar? La respuesta tiene que ver, al menos en parte, con cómo Corea logró generar ese conocimiento colectivo partiendo desde tan abajo.

MARCHA FORZADA AL DESARROLLO

Durante décadas economistas y sociólogos han buscado aprender y reproducir las claves de la prosperidad coreana.

En los ‘80 estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial argumentaron que el “milagro” se debía a las políticas de libre mercado que esas mismas instituciones fomentaban, en especial a la reducción de la interferencia del gobierno en la economía y a la eliminación de las barreras arancelarias. Robert Wade, sociólogo de la London School of Economics, afirma en su libro Gobernando al Mercado (Princeton University Press, 1990), que esta interpretación reforzó las convicciones anti Estado de estos organismos y los hizo justificar el imponer políticas neoliberales a los países que no querían aplicarlas.

Fue así que se conoció en Chile el “milagro coreano”. En los ‘90 el slogan “Chile, jaguar latinoamericano”, reforzó la impresión de que nuestro modelo era el mismo que habían seguido ellos y, por lo tanto, llegar a la misma meta era sólo cuestión de tiempo.

En la última reunión de ICARE en abril pasado, gobierno y empresarios analizaron algunos de los problemas de la baja productividad chilena (ver entrevista), y el ejemplo de los tigres asiáticos sirvió para ilustrar otro tipo de moraleja económica.

El economista Joseph Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, mostró el gráfico que aparece aquí arriba en el que se compara la velocidad de crecimiento de diez naciones desarrolladas entre 1750 y hoy. El Reino Unido (UK) es el primero en iniciar su desarrollo a mediados del Siglo XVIII, gracias a la revolución industrial. Creciendo en promedio 1,5 % anual, UK demoró dos siglos en llegar al elevado PIB per cápita que hoy tiene. Luego comenzó a crecer Estados Unidos, a un 2% anual en promedio; Francia y Alemania a un 2,5%; hasta llegar a China que durante los últimos 20 años ha crecido a un 8% anual.

Ramos resaltó el hecho de que mientras más tarde comienzan los países su desarrollo, más rápido crecen. Eso se explica -afirmó- por lo que los norteamericanos llaman “catch up”, esto es, la copia inteligente de tecnología. “Los norteamericanos crecieron más rápido que los ingleses porque no tuvieron que inventar la máquina a vapor sino que la compraron y la incorporaron a su producción”, explicó Ramos. Del mismo modo actuaron japoneses, coreanos y chinos: aprovecharon la tecnología existente desarrollada por franceses, alemanes y noruegos. Parten su desarrollo usando la tecnología más avanzada.

Esta “copia inteligente” -argumentó Ramos- es el motivo por el que la productividad chilena creció en los ´90. Por ejemplo, cuando se incorporó a la agricultura el riego por goteo inventado por los israelíes. O la introducción de tecnología para la exportación de vino que trajeron empresas españolas en los´80 y que permitió que Chile comenzara a exportarlos. Ramos recomendó volver a esa estrategia para recuperar la productividad perdida (ver a partir del minuto 5 para precisiones técnicas del gráfico).

Tanto los énfasis del FMI de los ´80 como los de Joseph Ramos apuntan a partes relevantes del “milagro coreano” y del desarrollo de las naciones más prósperas. Pero dejan fuera un aspecto sin el cual, en opinión de Chang, ni Corea ni ninguno de los otros países que aparecen en ese mismo gráfico se habrían desarrollado como lo hicieron: el rol del Estado. Al menos durante los primeros 30 años de su despegue, el gobierno coreano dirigió “agresivamente las actividades de las empresas privadas, ordenándoles hacer determinadas cosas y prohibiéndoles otras”, escribió Wade en Gobernando al Mercado, uno de los primeros textos que cuestiona la versión de que los tigres asiáticos son el resultado de políticas neoliberales.

Para el cientista político del MIT Ben Ross Schneider, esta fuerte presencia pública dirigiendo a los actores hacia metas colectivas que podían no coincidir con sus intereses particulares, no es exclusiva de Corea. “Una profunda consideración de las políticas industriales exitosas en el Siglo XX difícilmente puede ignorar esta característica coercitiva”, sostiene Schneider en su libro Capitalismo Jerárquico en Latinoamérica (Cambridge University Press, 2013) (ver entrevista).

En el “milagro coreano” la participación del Estado es tan central que la similitud con el “jaguar” chileno debe reducirse sólo al hecho de que ambos países despegaron económicamente bajo dictaduras (aunque la de ellos fue bastante menos cruenta y nuestro despegue fue bastante menos espectacular y menos largo. Ver gráfico). Mientras Pinochet entregó el escenario económico a empresas y replegó al Estado, la dictadura de Park Chung-Hee no confió en las empresas y no estuvo dispuesta a que, como resultado del libre juego de las fuerzas del mercado, el país siguiera siendo productor de pelucas y pescados. En consecuencia, alineó las fuerzas del mercado hacia una meta nacional: la creación de industria pesada, química y electrónica.

Muchas de las políticas coreanas se sintetizan en el esfuerzo que hizo ese gobierno para construir una moderna fundición de acero, pieza central de su plan de industrialización. Corea pidió recursos a Estados Unidos, Alemania, Francia y al Reino Unido, pero la idea estaba fuera de la lógica económica: era un país pobre, con mano de obra sin especialización y sin los recursos naturales necesarios. En el artículo “La peor proposición de negocios del mundo”, Chang recuerda que, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, “un país como Corea, con mucha mano de obra y poco capital, no debe hacer productos que consuman capital intensivamente, como el acero”, por lo que la recomendación era que desarrollara su industria pesquera.

Como se ha visto, ese argumento se usa en Chile para estimar que no es necesariamente malo que Chile dependa de los commodities.

Para hacer apetitoso el proyecto de la fundición de acero a los privados, el gobierno coreano ofreció subsidios, construcción gratuita de la infraestructura necesaria y rebajas tributarias, pero no hubo inversionistas interesados. Finalmente fue el propio Estado el que pago la planta, usando recursos de la indemnización que pagó Japón por haber hecho del país una colonia durante 35 años.

La refinería comenzó a operar en 1973 y para 1990 era una de las compañías de acero líderes del mundo. Fue privatizada en 2001 no porque operara mal sino porque, cuenta Chang, el ascenso de las políticas neoliberales -que también llegó a Corea- convenció al Estado de no dedicarse a esas cosas. En 2014 era la cuarta productora de acero del mundo.

Ese éxito se repite con distintos énfasis en muchas otras empresas asiáticas donde el Estado empuja la inversión privada en una dirección o la reemplaza cuando esta no aparece. Otro ejemplo es Toyota, que en 1933 era productora de textiles, hasta que comenzó a recibir grandes cantidades de recursos del Estado japonés para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y supervigiló estrictamente los planes y metas de esta transformación. Lo mismo ocurre en Singapur.

Chang argumenta que si uno lee solo The Economist parece que Singapur es el resultado del libre mercado. Pero no se dice que el 90% de la tierra es del gobierno, que el 85% de las casas son provistas por una corporación gubernamental y que el 22% de la riqueza es producida por empresas estatales, entre las que se incluye una línea aérea nacional.

¿Qué significa esto? ¿Qué los gobiernos tiene más intuición para los negocios que los privados? Por supuesto que no. De hecho, junto a esta lista de éxitos públicos se podría agregar otra igual o más larga de fracasos públicos. Pero entonces, ¿cómo hay que entender el éxito de los “tigres asiáticos”? Y en lo que respecta a Chile: ¿se puede crecer copiando solo la mitad privada del modelo? ¿Es posible que sea eficiente el catch up tecnológico sin la clara orientación con que estos países lo usaron?

Con el TPP los países ricos están pateando muy lejos la escalera que los llevó al desarrollo.

No hay respuesta única. Muchas entidades internacionales, luego de asumir que “las buenas políticas neoliberales” no explicaban el desarrollo de los tigres, comenzaron a preguntarse cómo es que se desarrollaron a pesar a sus malas políticas, ironiza Chang.

La duda se acrecienta cuando este economista muestra en su prolífica obra que el Estado ha estado presente como factor clave en el desarrollo de todos los países que hoy son prósperos, desde el Reino Unido y Estados Unidos (el más proteccionista del mundo en todo el Siglo XIX, dice Chang) hasta Finlandia, Noruega e Italia, que usaron las barreras arancelarias para proteger las industrias que querían desarrollar, crearon empresas públicas cuando las necesitaban y “se involucraron en dirigir el flujo del crédito bancario hacia las industrias estratégicas”, según escribe en Malos Samaritanos.

La duda se acrecienta cuando la economista Mariana Mazzucato explica que la tecnología que hace inteligente a los Ipad no es resultado de la investigación e inversión privada, sino del financiamiento público de Estados Unidos para desarrollar su industria bélica y la exploración espacial. Ese financiamiento se irrigó por todo Sillicon Valley, haciéndolo próspero e innovador. Mazzucato llega a afirmar que, aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”.

Mariana Mazzucato

Para abordar estas dudas, Mazzucato sugiere que el Estado no trata de levantar negocios específicos, ya que en todos estos ejemplos hace algo aún más complejo: movilizar todo un sector de la economía ya sea extendiendo el período de gloria de una industria o creando un nuevo sector tecnológico. Esas tareas son mucho más riesgosas y conllevan un alto número de fracasos. Dado que el capital de riesgo privado no entra en esas inversiones (como lo ilustra el caso de la fundición coreana), su tasa de acierto parece más alta.

Por eso mismo, repara Mazzucato, no hay capital de riesgo en el origen de Sillicon Valley, ni en el despegue de Corea. Y por eso Toyota no decidió por sí sola correr el riesgo del saltar de la textil al negocio automotriz, sino que fue un proyecto público. Para Mazzucato esto refuerza la idea de que el Estado tiene un rol central no solo en mover la frontera del conocimiento (es el gran generador de la innovación), sino en crear el medio ambiente económico necesario; el “conocimiento colectivo” necesario para que otras empresas surjan.

En ese sentido, Corea es para Ha-Joon Chang, el resultado de “una inteligente mezcla de incentivos de mercado y dirección pública”. Es decir, de un pluralismo metodológico que él denomina “planificación indicativa” como alternativa al libre comercio y a la planificación centralizada. Al presentar al Estado como un lastre -sostiene- lo que hacen los países ricos es “patear la escalera” que les permitió desarrollarse, impidiendo que otros suban por ella (Patear lejos la escalera del desarrollo, Anthem Press, 2003). A su vez, al promover solo el libre comercio (es decir, ausencia de monopolios, libre entrada y salida de empresas y mercancías, claros derechos de propiedad, etc.), lo que se promueve es el estancamiento.

La actitud correcta para un país que busca el desarrollo -dice Chang- es tener una caja de herramientas variadas donde no hay actores ni políticas que sean per se malas. Y eso no es un decir: para él incluso el acuerdo de precios entre empresas, como la colusión del papel tissue, los pollos y las farmacias y que han causado indignación en Chile, pueden ser buenas políticas para un país.

-En Corea esos acuerdos se hicieron muchas veces. También en Japón, Alemania y en muchos países que buscan desarrollar industrias. El punto es que, cuando esas industrias están creciendo, si enfrentan una guerra de precios o la competencia internacional, pueden colapsar con lo que todo el capital invertido se pierde. Por supuesto, esos acuerdos se hacen con objetivos sociales claros y con una amplia regulación y control estatal.

Es lo que sucedió con las aglomeraciones empresariales coreanas (chaebol), donde el Estado aseguraba cierto nivel de precio, protección del comercio internacional y financiamiento, a condición de que, dentro de un plazo, las empresas produjeran cierto tipo de bienes con mayor contenido tecnológico y demandando insumos a las empresas nacionales, presionando por el desparrame tecnológico y generando mayores y mejores empleos. La economista Alice Amsden (junto con Chang y Wade,) se refieren a esta política como de “zanahoria y látigo“: de apoyo a la empresa pero bajo criterios de desarrollo nacional impuestos desde el Estado.

-En Chile, los acuerdos de precios que hemos conocido parecen llevar a que las empresas se mantengan en el negocio de las materias primas.

-Claro. Mi punto es que las diferentes estrategias las puedes transformar en algo productivo. Si a una empresa se le ofrecen cinco años de estabilidad en los precios a cambio de que invierta en tecnología, eso puede terminar en algo positivo para el país.

Gabriel Palma

En ese sentido, Chang cree que nuestro crecimiento ha sido bajo durante mucho tiempo porque estamos chocando contra una pared hecha con los límites que el neoliberalismo impone. Piensa que Chile tiene que sacudirse de la mirada unidimensional y analizar más abiertamente sus problemas y posibilidades:

-Crecer solo al 3,5% durante el boom de los commodities, un boom que no ha tenido precedentes, muestra que ustedes no han conseguido dar un salto en el desarrollo. En la agricultura no han salido de los berries… Como dice Gabriel Palma, ustedes van incluso para atrás (ver columna). Mi impresión es que están chocando contra una pared que ha sido construida políticamente y si quieren ir más allá y crecer, tiene que superar las limitaciones que el neoliberalismo le pone a las políticas de desarrollo.

LO QUE HIZO COREA, PROHIBIDO EN CHILE

Superar esas barreras a Chang no le parece fácil, pues a través del Acuerdo Transpacífico (TPP) impulsado por Estados Unidos y que firmó Chile a comienzos de año (falta la ratificación del Congreso), nuestro país continúa limitando su batería de estrategias.

El chileno José Miguel Ahumada estudia su doctorado con Ha-Joon Chang como profesor guía. Su tema es justamente el efecto de los acuerdos internacionales firmados por Chile en las políticas industriales y pro-desarrollo (desde el TLC con Estados Unidos al TPP). Ahumada dice que estos acuerdos “vuelven ilegal prácticas que les permitieron a los países desarrollados llegar al sitial que tienen”. Y explica que el boom económico de Chile desde mediados de los ‘80 a mediados de los ‘90, estuvo vinculado a políticas públicas importantes, como “los controles de capitales, subsidios a las exportaciones (por ejemplo, el llamado reintegro simplificado) y fuertes inversiones públicas en sectores con potencial dinamismo”. Sin embargo, esas políticas se dejaron de lado a cambio de la promesa de acceder a nuevos mercados a través de estos tratados.

Se creía, explica Ahumada, que “al abrir más mercados iba a crecer la capacidad exportadora, lo que implicaría generar economías de escala y a su vez incentivar a las empresas a diversificar sus exportaciones. En teoría, estos acuerdos permitirían llegar a una segunda fase exportadora y pasar por ejemplo, de vender duraznos frescos a venderlos enlatados”.

Pero esa segunda fase se abortó a comienzos de 2000. Ahumada estima que fue crucial el hecho de que estos tratados redujeran la intervención pública. Por ejemplo, luego del TLC con Estados Unidos se ha hecho muy difícil controlar el flujo de capitales especulativos, algo fundamental para mantener el dólar en un nivel que permita exportar. Y agrega que si ahora quisiéramos enmendar el rumbo y aplicar las políticas industriales que usó Corea para su despegue, nos encontraríamos con que el TLC con Estados Unidos y las normas de la OMC las prohíben: “Por ejemplo, requerir contenido nacional a una inversión extranjera, exigirles transferencia tecnológica u obligar a las empresas internacionales la contratación de mano de obra nacional”. Y señala que el TPP y los acuerdos comerciales anteriores han sido buenos solo para los productores de materias primas:

-Las exportaciones no se han diversificado desde los ´90 mientras la productividad está en caída libre. Después de estos tratados, ¿quiénes exportan hoy? El 70% de lo que Chile vende afuera lo produce el 0,1% de las empresas. Y ese 0,1% esta desconectado de la matriz productiva nacional, como pasa en Filipinas. No hay un encadenamiento productivo, con Pymes integradas de modo que el beneficio de la exportación se irradie hacia otras empresas. Las empresas exportadoras son básicamente enclaves concentrados en materias primas. Y mientras ellas se benefician con estos tratados, las pequeñas y medianas empresas tienen que competir con las importaciones que entran sin barreras arancelarias. Ese es el alegato de las Pymes y la agricultura tradicional que no han sido considerados porque políticamente son muy débiles. Quienes han empujado estas negociaciones son las grandes empresas, los Matte, los Angelini, etc., pues estos tratados benefician el crecimiento rentista.

La conclusión de Chang es que con estos tratados “las naciones ricas patean aún más lejos la escalera que los llevó al desarrollo”.

A LOS QUE AMENAZAN CON IRSE

Hace un par de semanas Ha-Joon Chang firmó -junto a 300 destacados economistas de todo el mundo (entre ellos Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Mariana Mazzucato y Angus Deaton)- una carta dirigida a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido instándolos a presionar para terminar con los paraísos tributarios. La carta fue una reacción al escándalo internacional que provocaron los “Panamá Papers” . “Estos paraísos son criaturas que sirven a los grandes poderes y son absolutamente abusivos. Lo que vemos en los ‘Panamá Papers’ es que estos lugares son simplemente canales para una masiva ilegalidad y corrupción”, dijo Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia.

Si las personas tuvieran conciencia de que su situación depende mucho de cómo está organizada la producción del país “la gente se preguntaría ‘qué pasa, por qué trabajamos tan duro y eso no rinde’. Y empujarían a las autoridades a hacer cambios en el sistema”.

Ha-Joon Chang afirma que los usuarios de esos paraísos son free riders (personas que se aprovechan del esfuerzo de los demás): “Prosperan en un país, usando su infraestructura, su sistema judicial, su mano de obra, sus consumidores, pero se niegan a colaborar con el desarrollo de ese país”.

-El argumento de quienes usan esos paraísos fiscales suele ser que allí tienen seguridad jurídica y bajos impuestos. Usan esos reductos para decir que si en Chile les suben los impuestos, se van.
-Déjenlos irse entonces. No va a pasar nada. Primero, no todas las personas ricas son free riders; los que se queden van a pagar más impuestos y contribuir mejor a su sociedad. Pero no creo que se vayan muchos. Si los bajos impuestos fueran lo mejor, por qué no están con sus empresas en Jamaica, que tiene unas tazas de 5%; o en Albania, que tiene un impuesto corporativo de 10%. Yo creo que los países pueden decirles a esas personas, “si usted está involucrado en transacciones con paraísos tributarios, tiene que pagarnos más impuestos”. Y si se van, creo que es mejor tener menos dinero un tiempo pero contar con gente que esté dispuesta a colaborar y trabajar en democracia. Eso va a traer prosperidad.

-Usted boga por un sistema productivo donde Estado y empresas se vinculen y trabajen juntos, ¿no conduce eso a más corrupción?
-La corrupción está en todos los sistemas. Corea tiene mucha y es un asunto difícil de abordar. En mi país el sector defensa y la infraestructura han sido muy vulnerables. Pero se logró proteger a las manufacturas, de modo que los planes y metas se llevaran efectivamente adelante y se usaron adecuadamente los recursos. Hay que asumir que no se puede eliminar la corrupción. Lo que se puede hacer es proteger más las áreas que son importantes para la economía.

-¿Hay que pensar en algo así como una corrupción sustentable?
-Jajaja, en cierto sentido. Si mira la historia de los países desarrollados, descubre que fueron muy corruptos, mucho más de lo que hoy puede ser Chile, y a pesar de eso lograron desarrollarse. El punto es que por la amenaza de corrupción no puedes renunciar a hacer política industrial. Todo tiene riesgos, pero los países necesitan esas políticas para crecer.

Nota de la Redacción: En la conversación con Ha-Joon Chang participó José Miguel Ahumada. La redacción y edición de esta entrevista es entera responsabilidad de Juan Andrés Guzmán.

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Mariana Mazzucato, RM Phillips Professor en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex (ver entrevista en CIPER) y Ben Ross Schneider, Ford International Professor en Ciencia Política en el MIT (ver entrevista en CIPER), que busca ampliar el debate actual de por qué Chile crece poco y qué vías hay para enfrentar ese problema.