Son cerca de $9 mil millones los que ha ingresado a sus arcas la Fundación CEMA Chile, tras la liquidación de una parte de los más de 230 inmuebles que el Estado le entregó en forma gratuita durante la dictadura. Tal como reveló CIPER (ver reportaje),  en la práctica, CEMA ha operado durante décadas como un rentable negocio inmobiliario para la familia Pinochet gracias a las propiedades -repartidas de norte a sur- que recibió la fundación que preside Lucía Hiriart a perpetuidad.

Pero el flujo de dineros del Estado hacia la fundación de la viuda de Pinochet ha continuado en democracia y en la última década. Porque a la venta de una parte del millonario patrimonio inmobiliario que recibió del Estado, CEMA ha sumado otras vías de ingresos financieros. Una “caja chica” con dineros allegados por distintos municipios y entidades públicas destinados supuestamente al funcionamiento de las sucursales de la fundación en el país.

La indagación de CIPER detectó que desde el 2004, CEMA ha recibido $682 millones (US$1 millón, al valor actual) en donaciones, realizadas principalmente por municipalidades. Además de los $291 millones entregados por la Municipalidad de Viña del Mar, y visados –según dio a conocer Contacto (Canal13) – por su alcaldesa Virginia Reginato (UDI), CIPER encontró aportes provenientes de otros 88 municipios.

Según un registro del Ministerio de Hacienda (Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades) que contiene la lista de los principales donantes de CEMA, Viña del Mar es secundada por dos comunas de la Región Metropolitana: Vitacura y Providencia, con $40 millones y $28 millones, respectivamente. En cuarto lugar, figura el municipio de Santa Bárbara (Octava Región), con aportes  que en total suman $23 millones (ver todos los aportes de municipios a CEMA).

En la nómina recopilada por CIPER, destacan varios hechos. El primero de ellos es que no solo municipios entregaron dineros a CEMA. Existen cuatro transferencias que totalizan  $11,2 millones realizadas por el Gobierno Regional del Maule (Gore VII Región) a la sede de CEMA en Linares.  Desde el Gobierno Regional señalaron  a CIPER que estos aportes fueron entregados durante la administración de Sebastián Piñera, por el entonces intendente Rodrigo Galilea, como parte de los fondos de cultura que entrega el organismo a distintas instituciones.

Otras 100 transferencias por un total de $4,9 millones provienen de la Tesorería General de la República, dinero que benefició a dos sedes de CEMA ubicadas en Iquique y Coihaique. Desde la Tesorería informaron a CIPER que esos dineros corresponden a subsidios amparados en la Ley 20.255 de bonificación a la contratación de mano de obra en zonas extremas.

También aparece una única transferencia de $2,8 millones hecha por la Subsecretaría de Hacienda a CEMA en la Región Metropolitana. Versiones recogidas por CIPER apuntan a que se trata de dineros entregados en 2012 para la implementación de una sucursal de CEMA en Quilpué (ver fichas). En ese momento, el subsecretario de Hacienda era el ex diputado Julio Dittborn (UDI).

Otro de los aportes llamativos es la donación de $5,4 millones que salió de las arcas de la Municipalidad de Taltal (Región de Antofagasta), dinero que nunca llegó a la sede de esa localidad. Los recursos, parcelados en 20 transferencias, ingresaron directamente a la caja del que fuera el cuartel general de CEMA Chile en Santiago hasta 2013, ubicado en Avenida Bilbao 1145 (Providencia).

Los aportes de municipios y entidades públicas han ido a parar a diez sedes regionales de CEMA, las que cuentan con sus propios ruts y patrimonio. Tal como reveló CIPER en febrero pasado, la fundación de Lucía Hiriart cuenta con al menos 186 filiales en Chile (ver reportaje).

La venta de las propiedades entregadas por el Estado a CEMA Chile forma parte de una de las aristas abiertas en el marco de la investigación judicial del llamado Caso Riggs, en el que se indaga sobre el origen del millonario patrimonio de Pinochet y su familia, parte del cual se ocultaba en cuentas y sociedades fuera de Chile. A fines de mayo, la defensa de Lucía Hiriart apeló a la sentencia de primera instancia dictada a mediados de 2015 por el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Antonio Valderrama (hoy ministro de la Corte Suprema), y pidió la restitución de 24 propiedades a nombre de Augusto Pinochet, tres automóviles de lujo y casi US$ 5 millones.

EL MANTEL MÁS LARGO

El 17 de enero de 2015, el concejo municipal de Quilpué (Región de Valparaíso), aprobó un aporte para la sede comunal de CEMA. Fueron $2,2 millones destinados a pagar “gastos operacionales, sueldos de secretaria, gastos de oficina y útiles de aseo, luz, agua, teléfono y gas”, según consta en el acta de concejo (ver documento). No era la primera donación a CEMA que hacía la comuna liderada por el alcalde Mauricio Viñambres (PS). Según el registro de Hacienda, desde ese municipio se han realizado 35 transferencias a esa fundación por un total de $21,3 millones.

Los fines de las donaciones son diversos. El 23 de octubre de 2013, por ejemplo, el concejo de la Municipalidad de Mulchén (Región del Biobío), liderada por Jorge Rivas (DC), aprobó una donación a la sede de CEMA en esa localidad por $500 mil. El objetivo: “financiar el término de la confección del mantel más largo de Mulchén”. Ese mismo año, CEMA le vendió un terreno a ese municipio en $1,5 millón. La paradoja es que el predio había sido cedido en 1985 por la propia alcaldía a la fundación.  En total, la comuna de la Octava Región realizó con distintos fines siete transferencias a CEMA por un total de $3 millones (ver documento).

El 12 de marzo de 2015, la Municipalidad de Tiltil decidió otorgarle $300 mil a CEMA destinados a la compra de “dos máquinas de coser” para la realización de un taller de costura en la comuna. En junio de 2014, en tanto, el concejo municipal de Curicó aprobó una donación de $1,2 millón a CEMA, dinero que la fundación destinaría “a la capacitación de 22 centros de madre de la comuna, beneficiando a un total de 296 socias”. Casi un año después, el 25 de mayo de 2015, el concejo volvió a dar luz verde a una donación por $2 millones a la fundación de Lucía Hiriart, “destinados a cubrir los gastos de materiales y cancelación de monitoras”. En los registros cotejados por CIPER, aparecen 14 transferencias desde ese municipio por un monto de $11,2 millones.

El 7 de enero de este año, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, propuso ante el consejo comunal la aprobación de una subvención de $26 millones para la fundación con la que Lucía Hiriart controla un patrimonio que hasta hoy no ha sido posible cuantificar.  Tal como reveló Contacto, el municipio viñamarino ha instruido transferencias por $291 millones a CEMA. Se pactó que esta última donación, aprobada por el concejo en enero pasado, se realizara en 12 cuotas a objeto de financiar más de 30 ítems, desde la compra de hornos, calculadoras y combustible, hasta la mantención de vehículos y arriendo de oficinas administrativas. A ellos se agregan costos fijos relativos al pago de luz, agua, gas, teléfono e internet.

Requinoa, en la Sexta Región, es otra de las comunas que ha favorecido a CEMA. La municipalidad ha realizado 21 traspasos a la fundación por un total de $12,7 millones. En la sesión de concejo municipal del 20 de enero de 2010, presidido por el alcalde Antonio Silva (IND), se autorizó una donación por $1,2 millón para la institución sin fines de lucro. Lo curioso es que inicialmente se había pactado un monto distinto: $800 mil. Pero en esa sesión del consejo del 20 de enero, tomó la palabra el concejal Sergio Cabezas. En el acta quedó registrada su intervención: “En consideración al excelente trabajo que realiza CEMA Chile, (el concejal) sugiere rebajar de los gremios $250 mil a cada uno y aumentar a CEMA y Cruz Roja”.

Y así se hizo. Para recaudar los aumentos propuestos por Cabezas, se redujo el monto de las donaciones a Coaniquem (bajó de $700 mil a $500 mil) y a la Asociación de Funcionarios de la Salud, entre otros. CEMA recibió $400 mil adicionales ($1,2 millón en total), mientras que la Cruz Roja solo $100 mil (ver documento).

Aunque el monto entregado no parece relevante, la Municipalidad de San Vicente (Sexta Región), tiene un récord: ser el más constante en la entrega de donaciones. Ha realizado 97 aportes, por goteo, los que suman $4 millones. Desde el municipio señalaron que esas donaciones se ejecutaron durante la pasada administración de Virginia Troncoso (UDI), alcaldesa que además entregó a CEMA una propiedad en comodato. Aclararon que la actual administración le puso término a los aportes y al préstamo del inmueble.

DIVISIONES REGIONALES

Al igual que el Ejército, CEMA Chile ha mantenido una estructura basada en divisiones regionales, las que cuentan con su propia directiva, pero siempre subordinadas a lo que dicte el aparato central. Así, cada una de las organizaciones sale a tocar las puertas de municipios y otras entidades públicas en busca de financiamiento.

En esta investigación se detectaron 10 divisiones regionales de CEMA (con diez ruts distintos) que han sido objeto de ayudas económicas.

En la Región Metropolitana, los aportes de fondos se han realizado al cuartel general de la Fundación CEMA Chile, ubicado hasta 2013 en Francisco Bilbao 1145. Ese año, el inmueble fue vendido a la Inmobiliaria Delabase II en $625 millones. La propiedad había sido entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales en 1985 a la fundación espejo de CEMA: Apoyo Social (FAS), creada por Lucía Hiriart, una de sus hermanas, y sus hijas Lucía, Verónica y Jaqueline Pinochet. Actualmente, ambas fundaciones tienen como sede central una casa en Bilbao 1049.

Desde el 2004, la sede central de CEMA ha recibido donaciones de 18 municipios por un total de $123 millones. Las comunas que más dinero han entregado son Vitacura ($39 millones), Providencia ($27 millones), Lo Barnechea ($16 millones) y Puente Alto ($10 millones). En esta región, CEMA posee a lo menos 27 bienes raíces y ha vendido más de 40 desde el retorno de la democracia.

En la Quinta Región, los aportes para la sucursal de CEMA suman $340 millones, proveniente de las arcas de nueve municipios de la zona, entre los que destacan: Viña del Mar con $291 millones, Quilpué ($21 millones), Villa Alemana ($12 millones) y San Esteban ($5,5 millones). En esta región, CEMA Chile llegó a tener 20 propiedades: 12 aún están a su nombre y nueve fueron vendidas.

Más al sur, la sede regional de la fundación en el Biobío –ubicada en Veteranos del ’79 N° 430, Concepción– recibió aportes de 17 municipios por un total de $92 millones. Las comunas de Santa Bárbara ($22,9 millones), Coihueco ($13,6 millones) y Tomé ($10,2 millones) son las que más dinero aportaron a la institución. En esta región, CEMA mantiene 18 propiedades inscritas a su nombre y ha vendido cerca de 23 bienes raíces. Según la encuesta CASEN 2011, un 21,5% de la población de la región del Biobío se mantiene por debajo de la línea de la pobreza, cuando la media nacional es 14,4%.

Otra partida de dinero del Estado lo recibió la unidad de CEMA en el Maule (Séptima Región), la que registra aportes de 15 comunas. Pero la institución que preside la viuda de Pinochet no solo ha recaudado dineros de distintas arcas municipales. En esta región, los aportes suman $58 millones, de los cuales $11,2 millones corresponden a transferencias decididas por el GORE.

En las regiones de La Araucanía y Los Ríos, las donaciones son más modestas. Mientras que la sede de CEMA de la IX Región recibió aportes por $15,7 millones de siete municipios, la de la XIV Región obtuvo $10 millones provenientes de cinco comunas.

El juez del Distrito Este de la Corte de Nueva York Raymond. J. Dearie aceptó la solicitud de CIPER de liberar la transcripción de la audiencia en que el 23 de noviembre de 2015 el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, se declaró culpable de haber conspirado para cometer delitos de crimen organizado (racketeering conspiracy) y de haber sido parte de una conspiración para realizar fraude con transacciones bancarias (wire fraud) en perjuicio de la FIFA, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Jadue admitió explícitamente haber recibido sobornos para adjudicar la transmisión televisiva de los principales torneos de fútbol de América y arriesga hasta 20 años de prisión en Estados Unidos, aunque por haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía es probable que la sentencia sea mucho más leve.

La transcripción de la audiencia tiene 36 páginas en Inglés, pero el juez Dearie accedió también a liberar un documento anexo (identificado como exhibit 3) que contiene la confesión de Jadue en Español. En esa declaración de una carilla y media, Jadue confiesa haber recibido sobornos de empresas para obtener los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana y la Copa América, incluyendo la Copa América Centenario que comienza este 3 de junio en Estados Unidos.

Respecto al primer cargo, de crimen organizado, Jadue reconoció lo siguiente:

“Comenzando aproximadamente en 2012, yo acordé con ejecutivos de marketing deportivo y oficiales de fútbol afiliados a FIFA y Conmebol varios esquemas involucrando el pago y recibo de sobornos en conexión con Ia venta de derechos de los medios de comunicación y marketing de torneos de fútbol.

“En particular, yo y otros oficiales de fútbol recibimos sobornos de las compañías de marketing de deportes, las cuales pagaron los sobornos para obtener, mantener y renovar los derechos de televisión en los torneos de Ia Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América y Copa América Centenario”.

En cuanto al segundo delito, de fraude con transacciones bancarias, Jadue confesó:

“Desde aproximadamente 2012 a 2015, yo, a sabiendas e intencionalmente de acuerdo con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, acordé participar en un esquema de defraudar a FIFA, Conmebol y Concacaf de su derecho a servicios honestos al aceptar sobornos. Yo y otros oficiales de fútbol mantuvimos posiciones de autoridad y confianza dentro de estas organizaciones de fútbol. A pesar de esto, compañías de marketing deportivo nos hicieron pagos de soborno para obtener y mantener los derechos de marketing en el torneo de Copa América, incluyendo una edición del torneo programada a ser jugada en los Estados Unidos en 2016. Para llevar a cabo el esquema, yo, junto con otros oficiales de fútbol y ejecutivos de marketing deportivo, utilizamos instalaciones de transferencia e instituciones financieras localizadas en Estados Unidos, entre otros países, para hacer y recibir los pagos de soborno”.

Raymond J. Dearie (Fuente: New York Law Journal)

Jadue no mencionó en su confesión a las compañías que pagaron los sobornos, pero la investigación de la Fiscalía de EE.UU. reveló que se trató de la empresa  Datisa, que opera con el nombre de fantasía de WeMatch. El ex presidente de la ANFP tampoco identificó a los otros dirigentes deportivos que participaron del fraude ni dio a conocer el monto de la coima que recibió. Sin embargo, en noviembre de 2015 el ex presidente de la ANFP aceptó que la Fiscalía le incautara hasta US$2,2 millones, equivalente al soborno recibido. Parte de ese dinero se obtuvo desde la cuenta R201414K1 del Banco UBS a nombre de la sociedad Lisburn Strategies Inc., domiciliada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas (ver reportaje de CIPER:  Acuerdo de Jadue con Fiscalía incluye incautación de hasta US$ 2,2 millones y cuenta en banco UBS).

La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos similares en contra de los más altos dirigentes de la Conmebol y la Concacaf. No obstante, en su confesión  Jadue enfatizó que los co-conspiradores no revelaron a los comités ejecutivos de esas instituciones, así como tampoco al comité de la FIFA, los sobornos que recibían.

Sergio Jadue –que hoy se encuentra domiciliado en Miami- deberá presentarse nuevamente ante el juez Dearie a las 10 de la mañana del próximo 17 de junio en una audiencia en que se dictará sentencia o se controlará el avance del caso. Ese mismo día, no lejos de la Corte de Nueva York, en el Metlife Stadium del vecino estado de New Jersey, se jugará una llave de los cuartos de final de la Copa América Centenario, por cuyos derechos de transmisión Jadue cobró una coima.

ESTADOS UNIDOS CONTRA SERGIO JADUE

El 20 de abril pasado, CIPER presentó una solicitud formal al juez Dearie para que liberara la transcripción de la audiencia en que Jadue se declaró culpable y cuyo contenido había sido declarado confidencial. Se comunicó también la petición a la Fiscalía y al abogado de Jadue en Estados Unidos, William Brodsky,del bufete Fox, Hovan & Camerini. El 2 de mayo ambas partes accedieron a dar a conocer una versión editada –en la que se tarjan textos que aún requieren reserva– de la transcripción. No fue hasta este miércoles 1 de junio que el juez Dearie resolvió acoger la solicitud de CIPER y dar a conocer el documento.

La transcripción tiene cerca de seis de las 36 páginas completamente tarjadas y el relato de la audiencia no permite deducir de qué se habló en los momentos que se mantienen en secreto. De todos modos el documento reproduce en detalle todo lo que pasó en el resto de la audiencia, que duró una hora.

Además del abogado Brodsky, Jadue estuvo acompañado por su defensor chileno, José Pablo Forteza, del estudio Insunza. Brodsky explicó al juez que también asistía el abogado argentino Santiago Sáenz Valiente, quien estaba pasando un tiempo en su bufete para aprender los procedimientos judiciales estadounidenses.

Durante la audiencia, según describen los documentos liberados, el juez Dearie hizo gala de su sentido del humor en un par de momentos, como cuando le explicó a Jadue que los dos delitos por los que estaba acusado implicaban conspiraciones.

–¿Cuál es, señor, según su entendimiento, la naturaleza de una conspiración? ¿Qué es una conspiración? –preguntó Dearie.

–Es llegar a un acuerdo con varias otras personas para cometer un crimen –respondió Jadue, con la ayuda de un traductor.

–Dos A+ hoy, eso es –replicó el juez utilizando la nomenclatura de notas escolares que equivale a un 7. –Está en lo correcto. Quiero enfatizar que el crimen es el acuerdo.

Gran parte del tiempo de la audiencia el juez Dearie lo dedicó a explicar pedagógicamente a Jadue la naturaleza de los delitos por los que estaba por declararse culpable y en asegurarse de que entendía cada una de las implicancias que tendría asumir esa responsabilidad. Antes de comenzar, le preguntó por su salud física, emocional y mental, si estaba bajo algún tipo de medicación, si alguna vez había tenido problemas con el alcohol o las drogas, y si era capaz de concentrarse en lo que le estaba diciendo.

Luego, le explicó en detalle que al aceptar los cargos renunciaba al derecho de ser juzgado por un Gran Jurado –lo que obligaría a la parte acusatoria a probar los delitos– escenario en el que eventualmente podría ser declarado “no culpable” aún si hubiera cometido los delitos. Al renunciar a ese derecho, él como juez procedería como si dicho jurado hubiera presentado una acusación en su contra para llevarlo a juicio, pero tal juicio no se llevaría a cabo.

A continuación se produjo un largo diálogo entre las partes que fue censurado en la transcripción, tras lo cual el juez dijo que aunque normalmente leía los cargos, en esa ocasión se trataba de 17 páginas, por lo que pidió a la asistente del fiscal de distrito, Kristin Mace, que los resumiera. Fue después de que la abogada describiera los cargos de conspiración para el crimen organizado y conspiración para el fraude bancario que se produjo el diálogo en que el juez Dearie le preguntó a Jadue si sabía lo que era conspirar.

Pese a que la audiencia se produjo luego de que Jadue llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se supone que se negoció la condena que ésta pedirá el próximo 17 de junio, el juez Dearie se preocupó de que quedara claro que él es quien determina la sentencia. Y que en este caso la ley estipula que la pena máxima es de 20 años, con hasta 3 años libertad vigilada después. Además, arriesga una multa de hasta US$ 250 mil, o el doble de las ganancias que obtuvo al cometer los delitos (US$4,4 millones). Si va a la cárcel, es virtualmente inevitable que después sea expulsado de Estados Unidos, advirtió el juez.

Luego de escuchar el detalle de las penas que arriesgaba, Jadue pidió un minuto para hablar con su abogado, tras lo cual la transcripción tiene dos páginas tarjadas.

Hacia al final de la audiencia, el juez le preguntó a Jadue si se declaraba culpable de cada uno de los cargos, a lo que éste asintió. Aseguró, además, que nadie lo había presionado para que lo hiciera ni le había prometido nada que no se hubiera dicho en la audiencia.

“Dígame, ¿qué es lo que hizo?”, le preguntó el juez a Jadue. Entonces el ex presidente de la ANFP relató el detalle de los delitos que aceptaba haber cometido, tal como está transcrito al comienzo de esta nota (ver documento con la confesión completa y la transcripción de la audiencia). El juez Dearie aceptó su declaración de culpabilidad.

LA ERA NEGRA DE JADUE EN LA ANFP

Sólo habían pasado seis días desde su caótica salida de Chile cuando Sergio Jadue se enfrentó al juez Dearie. Atrás quedaba el mito de la era de excelencia dirigencial, respaldada por su éxito económico, contratos millonarios y gloria deportiva con la conquista de la primera Copa América en la historia de Chile. Se iniciaba una de las épocas más oscuras del fútbol nacional. Su caída destapó una caja de Pandora que expuso todas las malas prácticas con las que la administración Jadue actuó: préstamos millonarios a los clubes por sobre lo permitido, contratos exorbitantes y desventajosos para la ANFP.

Los contratos del ex entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, se transformaron en la arista más dolorosa para la hinchada y la ANFP, pues terminaron con su salida de “La Roja”. Llegaron a ser más de seis las modificaciones del vínculo laboral que beneficiaron al argentino. Entre ellas, un anexo de contrato para prestar servicios al Instituto Nacional del Fútbol (INAF) para revisar la malla curricular y realizar charlas. No existe informe que avale que el trabajo se haya realizado. Es más, el rector del INAF, Martín Mihovilovic, dijo a CIPER que sólo se trató de un informe oral. Hoy existe una querella interpuesta por la ANFP por este tema (ver reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas‘”).

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

Incluso, la ANFP debió rectificar declaraciones tributarias del entrenador por la fórmula de pago que se tenía establecía. En concreto, la mitad del sueldo que recibía el cuerpo técnico se pagaba como “derechos de imagen” a sus sociedades constituidas en Islas Vírgenes: Alta Lake Investing (Sampaoli), Greenboro Investors (Becaccece) y James Bay Investors (Desio). Una fórmula que los ayudó a evadir impuestos, pero que luego regularizaron con un contrato de trabajo y un pago rectificatorio al Servicio de Impuestos Internos (SII) (vea reportaje de CIPER “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal“).

Parte de las malas prácticas de la era Jadue fueron expuestas por un informe de la consultora Deloitte, cuyo resumen ejecutivo fue dado a conocer el 25 de mayo pasado, aunque el documento íntegro sólo será entregado al fiscal Carlos Gajardo, quien indaga eventuales delitos cometidos durante la gestión de Jadue en la ANFP. Deloitte detalló desórdenes contables en la corporación, dineros entregados al portador, millones de pesos sin rendir, tarjetas de crédito para uso personal de la familia de Jadue y servicios contratados con precios inflados, entre otras irregularidades. Un verdadero despilfarro de dinero que los llevó a contratar un avión privado durante el Mundial de Brasil, en el cual incluso se realizó un viaje con un solo pasajero: Nibaldo Jaque, entonces secretario general de la ANFP (vea reportaje de CIPER “El avión privado que arrendó Jadue y que le costó a la ANFP $138 millones”).

Pero antes de que se destaparan las irregularidades en Chile, el ex presidente de la ANFP cayó en las manos de la fiscal estadounidense Loretta Lynch, quien destapó la red de corrupción del fútbol internacional más grande desde el bullado caso de Joao Havelange. Su investigación tiene en vilo a quienes fueron las principales autoridades de la Conmebol por haber pactado pagos por unos US$100 millones en coimas a cambio de derechos televisivos y comerciales. Uno de ellos es Jadue, quien ante las evidencias llegó al acuerdo con la Fiscalía que lo tuvo en noviembre ante el juez Dearie.

Sergio Jadue estuvo involucrado en la negociación de los contratos realizados por la Conmebol. Así lo relató en el Consejo de Presidentes del 18 de diciembre de 2012 (ver acta), cuando presentó el contrato de la selección chilena con MegaSports, jactándose de su experiencia de negociación de contratos en el ámbito internacional:

“Quiero señalar que yo presidí la comisión de negociación con FOX en la Conmebol para la venta de los derechos de la Copa Libertadores, contrato el cual terminaba el año 2018 y FOX hizo una oferta para subir 10 millones de dólares al año desde ahora hasta el 2022 solamente para crecimiento de cuatro años”, dijo el calerano (vea reportaje de CIPER “FOX: los nexos con la red de sobornos del fútbol de la principal interesada en el CDF”).

El 14 de junio Chile tiene agendado su último partido de la primera fase de la Copa América Centenario. Enfrentará a Panamá en Filadelfia. Tres días después, el 17 de junio, Sergio Jadue se presentará nuevamente frente al juez Dearie, en Nueva York, audiencia en la que es posible que escuche la sentencia por sus crímenes.

“Este es un día sumamente importante para el fútbol y bastante esperado para gran parte del país”. Así presentó el actual mandamás del fútbol chileno, Arturo Salah, el resumen ejecutivo de la auditoría forense realizada por Deloitte. Un informe destinado a transparentar las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Pero que, al mismo tiempo, abrió un flanco que la directiva del fútbol prefiere no ahondar: el perdonazo a la gigantesca deuda tributaria de la asociación que gestionó su defenestrado ex presidente, Sergio Jadue, y que benefició a los dirigentes de todos los clubes que hoy pretenden mostrar al calerano como único culpable de los turbios manejos del fútbol.

Cuando Jadue tomó el timón de la ANFP, el Servicio de Impuestos Internos (SII) le exigía pagos, por diversas contingencias tributarias, que sumaban $43.709 millones. Pero al final solo se cancelaron $2.455 millones, lo que representa poco más de un 5% del monto original. En la auditoría forense que Salah presentó a la prensa el miércoles 25 de mayo pasado no hay mención alguna a los $41.254 millones que la ANFP se ahorró en impuestos adeudados, más las multas e intereses, que le cobraba el SII.

Solo en las últimas páginas del dossier que Salah entregó a los periodistas aparecía, de manera tangencial, una pequeña hebra que podía relevar esta generosa rebaja que hizo el SII a los empresarios del fútbol. Esa pista era un gasto objetado de $218 millones que había sido pagado por la directiva de Jadue al bufete de abogados tributaristas Aste, Jaramillo y Celaya (AJC).

La objeción a este desembolso provocó un duro enfrentamiento público entre Deloitte, la consultora que hizo la auditoría forense, y AJC, dos firmas que disputan el mercado de asesorías tributarias para grandes contribuyentes (ver recuadro).

CIPER siguió el rastro de este pago objetado y constató que AJC trabajó para la ANFP desde 2011 hasta fines de 2015 (incluso cuando Jadue ya se había entregado a la justicia de Estados Unidos). En ese periodo el bufete resolvió diversos problemas que la asociación arrastraba con el SII, algunos desde fines del siglo pasado. CIPER tuvo a la vista documentos que confirman que AJC consiguió reliquidaciones y condonaciones que evitaron el ingreso a las arcas fiscales de más de $41 mil millones que debía cancelar la ANFP.

Esta mega-rebaja tributaria le permitió a Sergio Jadue levantar el embargo que en 2011 el SII impuso a los flujos del Canal del Fútbol (CDF) y, posteriormente, a los terrenos que la ANFP posee en Quilín. Además, gracias al perdonazo Jadue pudo contar con fondos para repartir más de $23 mil millones a las sociedades anónimas que administran los clubes, las que tampoco pagaron impuestos pues se acogieron a una franquicia tributaria que obliga a invertir estos recursos exclusivamente en el fútbol infantil y juvenil. Una obligación cuyo cumplimiento sigue en duda (ver reportaje de CIPER).

Desde 1999 la ANFP mantenía un conflicto con el SII debido a que la asociación hacía uso de una antigua exención tributaria destinada a organizaciones que promueven el deporte sin fines de lucro. En opinión de Impuestos Internos, la ANFP ya no podía acceder a este beneficio porque dejó de estar compuesta por clubes sin fines de lucro y ahora sus integrantes son sociedades anónimas. Sólo por este motivo, la ANFP llegó a adeudar $38.987 millones en 2010. CIPER revisó la documentación que acredita que, mediante reliquidaciones y condonaciones, la asociación pagó sólo $1.712 millones, equivalentes a un 4% del monto que le cobraban inicialmente.

La asesoría tributaria objetada en la auditoría forense también resolvió una disputa por impuestos impagos que enfrentó a la ANFP con VTR, y que involucraba el pago de $4.722 millones. Además, regularizó otros problemas tributarios complejos, como los impuestos impagos por el contrato del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Jorge Sampaoli, que simulaba ser un contrato por derechos de imagen, pero que encubría el pago de remuneraciones (ver reportaje CIPER).

DEUDA ORIGINAL Y FLUJO DEL CDF

El principal problema de la ANFP con el Fisco no nació con la administración Jadue. La ANFP acumulaba impuestos impagos por un total de $38.987 millones, correspondientes a impagos por transacciones y utilidades, desde el período tributario de 1999 hasta 2010. La disputa se originó porque la asociación se consideraba amparada por la Ley 8.834 de 1947, que deja exenta de tributos a las entidades deportivas sin fines de lucro, derecho que no era reconocido por el SII. Para solucionar este entuerto se contrató al bufete AJC. La asesoría determinó que la ANFP dejó de ser beneficiada con esa exención en 2005, cuando la ley dio origen a las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP). Los consultores sugirieron reconocer la deuda solo a contar de ese año, pero renegociar con el SII.

En el acuerdo logrado con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII se estableció que la ANFP no debe pagar impuestos por los dineros que le entrega el CDF (sobre $32 mil millones anuales). Esto, porque los profesionales de AJC convencieron al SII de que el CDF y los clubes son los que deben pagar tributos por esos dineros, ya que la ANFP actúa sólo como mandataria de ellos: recibe los fondos desde el CDF y se los traspasa a los equipos.

Tras un largo proceso de negociación con el SII, la ANFP concretó el acuerdo. Esto la benefició con una potente reliquidación de la deuda: de los $38.987 millones originales pasó a una deuda de $6.453 millones, pero además obtuvo una condonación del 90% de los intereses y multas. De esta manera llegó a cifra definitiva que terminó pagando: $1.440 millones.

Adicionalmente, los asesores de la ANFP lograron convencer al SII de que los dineros que recibe del CDF tienen que ser considerados como “gastos”, debido a que solo los recibe y luego traspasa a los clubes, por lo que no le corresponde tributar por esos flujos. Esta nueva lectura de los impuestos que deben pagar los dineros del CDF disminuyó en $600 millones la carga impositiva de la ANFP entre 2011 y 2014.

VTR Y DERECHOS TELEVISIVOS

Antes de la puesta en marcha del CDF la transmisión del fútbol chileno se comercializaba al mejor postor por cifras mucho menores a las que se manejan hoy. En diciembre de 1994 la ANFP, presidida por Ricardo Abumohor, le entregó a Cable Express los derechos del campeonato nacional. En la negociación se decidió no gravar con IVA los pagos, pero quedó estipulado en el contrato que si el SII exigía cancelar ese impuesto, Cable Express se haría cargo.

Y así sucedió. En noviembre de 1999 el SII contactó a la ANFP para exigir el pago del IVA por la venta de derechos televisivos. La ANFP se hizo la desentendida durante años, hasta noviembre de 2011, cuando la Tesorería General de la República embargó los flujos del CDF para saldar la deuda, más intereses y multas: $4.722 millones en total.

Para entonces los clubes de Primera A y Primera B se sustentaban principalmente gracias a los dineros del CDF, por lo que el embargo era un problema mayúsculo para la entonces naciente administración de Sergio Jadue. Frente a la emergencia, la ANFP puso en acción a sus asesores tributarios: consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín (ver reportaje CIPER).

Una vez aceptada la propuesta de reemplazo de embargo, los abogados comenzaron las negociaciones con VTR (sucesora de Cable Express) para que pagara la deuda, pero la empresa lo fue aplazando. La demora se debía a que VTR esperaba conseguir una condonación de intereses y multas, pero esas tratativas se congelaron en 2012 tras conocerse la controversial “mega-condonación” concedida por el SII a Johnson’s.

Ante esta situación, los abogados de la ANFP iniciaron un juicio ejecutivo para que VTR reconociera la deuda. La situación se agravó cuando la Tesorería volvió a pedir el embargo de los flujos del CDF el 5 de octubre de 2012. Pero eso nunca se ejecutó. Y si bien VTR desconoció la deuda en el juicio ejecutivo, el 17 de octubre le pagó al Fisco $1.360 millones, correspondientes a la reliquidación de la deuda, más una condonación.

(Esta nota fue actualizada el 16/6/2016)

Entre las miles de páginas que acumulan los expedientes de las investigaciones del financiamiento ilegal de la política llevado a cabo por los controladores de Soquimich (SQM), hay un intercambio de correos electrónicos que desnuda la realidad de María Elena, un pequeño campamento minero de la Segunda Región. El único municipio del país que pertenece a una empresa privada: Soquimich. Entre los correos electrónicos incautados a esa compañía queda en evidencia que los tentáculos del financiamiento irregular de la minera alcanzan también al alcalde de la comuna, el socialista Jorge Godoy Bolvarán.

“Jorge Godoy debe $4,2 millones en bonos por la enfermedad de su señora, la cual estuvo hospitalizada en la Clínica La Portada durante 14 días. Nos ha solicitado pagar en cuotas”, informaba en julio de 2010 Daniel Jiménez, vicepresidente de Exploración de SQM, a Patricio de Solminihac, actual gerente general de la empresa, quien entonces se desempeñaba como subgerente. El problema era que la isapre del alcalde no aceptaba pagos en cuotas, por lo que se planteó la alternativa de hacerle un préstamo a Jorge Godoy.

Alcalde Jorge Godoy Bolvarán

A De Solminihac no le gustó la idea. Así se desprende de la respuesta que le envió a Daniel Jiménez: “Prefiero que veas el plan de pago directo con la isapre, en este caso en especial para no entrar con SQM en préstamos con un funcionario”. Es decir, el ejecutivo prefirió que la empresa saldara directamente la deuda de la esposa del alcalde antes que prestarle dinero.

El problema había sido planteado originalmente por el propio Godoy al entonces gerente general de la compañía, Patricio Contesse, hoy formalizado por delitos tributarios y quien próximamente será imputado del delito de soborno junto al ex senador Pablo Longueira.

Del intercambio de correos electrónicos se concluye que no solo la empresa le instaló un teléfono en su casa al alcalde de María Elena, sino que, además, SQM le pagaría también la cuenta. Al parecer, el alcalde gastó más de lo presupuestado, razón por la cual se habría decidido proceder al cobro del consumo. Así se lo planteó Daniel Jiménez en un correo electrónico dirigido a De Solminihac: “Hace unos tres meses (el alcalde) nos pidió que instaláramos un teléfono en su chalet (personal). La cuenta del mes pasado fue de $300.000, la cual estamos cobrando”.  En su respuesta, el entonces subgerente general de la minera propuso una solución intermedia: “Pongamos un tope razonable al teléfono privado de su chalet y le cobramos la diferencia”. No se explicita cuánto es lo “razonable”.

El análisis de estos correos electrónicos está incluido en un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la PDI a solicitud del fiscal Pablo Gómez. El foco del estudio está puesto en la tramitación del royalty, pues se indaga el eventual cohecho del ex senador Pablo Longueira, quien recibió de parte del entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, el borrador de un artículo sobre el impuesto específico a la minería, el que luego quedó plasmado en la ley (ver reportajes Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse y Estos son los dos contratos que firmó Pablo Longueira y que le otorgaron el beneficio tributario a SQM).

Un par de meses antes del intercambio de emails sobre las deudas del  alcalde Jorge Godoy, el edil había creado la Asociación de Municipios Mineros, de la cual se convirtió en su primer presidente. Su postura sobre el impuesto específico a la minería preocupaba a SQM y es por eso que al buscar en los miles de correos electrónicos incautados la palabra “royalty”, los funcionarios de la PDI se encontraron con los emails relativos al alcalde de María Elena.

“Un tema, que no sé si plantearlo (en la reunión con el alcalde Godoy), y que me imagino que P. Contesse se lo planteó, es su planteamiento como presidente de municipios mineros frente al royalty. Avísame si quieres que se lo plantee y eventualmente discutámoslo”, le escribió Jiménez a De Solminihac, quien respondió con un escueto: “Yo creo que debes comentarlo”.

Vista de la Plaza de Armas de María Elena

No hay un mayor desarrollo sobre  la preocupación de fondo de los ejecutivos de SQM con la postura de Jorge Godoy. Lo que sí está claro es que un par de meses más tarde, cuando el gobierno envió el proyecto de ley que modificaba el impuesto específico a la minería, el alcalde Godoy fue invitado a exponer a la Comisión de Hacienda del Senado en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Mineros. Allí dijo representar a 120 municipios y llamó a los parlamentarios a rechazar el proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto para financiar la reconstrucción después del terremoto.

Reformular la tributación y dirigir sus ganancias hacia las comunas mineras, fue la opinión que expuso Jorge Godoy en la comisión del Senado. El alcalde de María Elena precisó en esa ocasión que el cambio no debía hacerse con la celeridad que exigía la reconstrucción, sino que a través de una política tributaria minera a nivel país.

CIPER intentó sin éxito conversar con el alcalde Godoy para conocer su versión, pero en reiteradas ocasiones el edil dijo estar ocupado comprometiéndose a devolver el llamado, lo que nunca hizo. Cuando finalmente logramos comunicarnos, cortó el teléfono tras escuchar la primera pregunta.

EL DUEÑO DEL PUEBLO

“En el fondo el alcalde, por decirlo de alguna manera, no puede cambiar ni las ampolletas, porque todo lo que hay ahí es de la compañía (SQM), no es del municipio”. La descripción la hizo hace algunos años el entonces Seremi de Vivienda de la Segunda Región, Gonzalo Godoy, para graficar la situación que vive el municipio de María Elena. Su origen minero y el boom privatizador de la dictadura explican el sinsentido de una comuna alojada al interior del terreno de una empresa.

Enclavada en la pampa, a 220 kilómetros al noreste de Antofagasta, María Elena nació en 1926, en pleno boom del salitre, como un campamento minero en los terrenos que la compañía Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation le compró al Fisco en 1924. De hecho, se dice que fue bautizado así en honor a Mary Ellen Comdon, esposa del primer administrador de la planta, Elías Cappelens. Tras una fusión, la empresa pasó a manos de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, la que en 1968 junto a la estatal Corfo formó la Sociedad Química y Minera de Chile: Soquimich. Duró poco como empresa mixta, pues en 1971 fue estatizada por el Presidente Salvador Allende y dejada al alero de Corfo.

El resto de la historia es más conocida. En 1982 Augusto Pinochet la incluyó dentro de su proceso privatizador y fue así como la minera terminó hacia finales de esa década en manos de su yerno Julio César Ponce Lerou, quien la controla hasta hoy. En 1979, cuando Soquimich aún era propiedad fiscal, se creó el municipio de María Elena. Tras la privatización, la comuna quedó dentro de los enormes dominios de Ponce Lerou.

Desde entonces la municipalidad vive en un extraño limbo donde aún lo público se encuentra en terrenos privados. “Es un tema complejo, al principio fue difícil, pero con el paso de los años se convirtió más bien en una relación de amistad. Ambos (municipio y SQM) se necesitan”, resume Nelson Avendaño (UDI), quien hace 24 años es concejal de María Elena. Su colega en el concejo, Jacqueline Godoy (RN), quien es profesora, explica que por ejemplo, el edificio de la escuela es municipal, pero está sobre un terreno de SQM, y que hay muchas cosas que no se pueden hacer en la comuna porque no hay terreno fiscal.

El también concejal Jorge Ramírez (PS) afirma que “todo se rige a través de la empresa, la municipalidad para trabajar tiene el comodato de una o dos calles principales y las plazas, pero el resto es de la empresa, así es que no se pueden hacer grandes inversiones en este campamento”. Además de concejal, Ramírez es dirigente sindical de SQM, aunque desde 1992, a raíz de un juicio laboral, dice no trabajar realmente en la minera, porque la empresa no le asigna tareas. Como Ramírez es reelegido por su sindicato, el fuero impide su despido.

Según consta en su declaración de intereses, otro de los concejales de la Municipalidad de María Elena, Carlos Ardiles (UDI), también trabaja en SQM, con lo cual ya son dos de los seis integrantes del concejo municipal los que reciben un salario de la empresa minera.

Es SQM la que provee de electricidad y agua a los habitantes del pueblo, y la que se hace cargo del alcantarillado. Los trabajadores de la empresa reciben gratis sus viviendas y tienen una cuota de agua y luz sin cobro. El resto de la población debe pagar sus cuentas a SQM y en su gran mayoría también le pagan a la minera el arriendo de sus casas, pues casi todas son de propiedad de la compañía.

La relación de dependencia entre el municipio y SQM genera no pocas tensiones. De hecho, en el intercambio de correos electrónicos entre los ejecutivos de SQM se dice que el Departamento de Educación de la Municipalidad de María Elena tenía en ese momento una deuda de $34 millones por concepto de luz y agua con la empresa, y que estaban presionando al alcalde para que pagara.

Municipalidad de Maria Elena

En un reciente dictamen en que se analizó la responsabilidad del municipio de María Elena en el aseo de las calles, la Contraloría concluyó que la “localidad de María Elena se encuentra asentada sobre terrenos de propiedad privada, pertenecientes a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, y por consiguiente, las calles de esa localidad no constituyen bienes nacionales de uso público”. El aseo de las calles es, por lo tanto, también responsabilidad de SQM.

El único servicio que no es provisto por la minera es la telefonía, aunque dicen que son pocos los privilegiados –como el alcalde– que cuentan con una línea fija.

Como el Estado no puede invertir en terrenos privados, cada vez que se planea una obra pública se debe negociar con SQM para que entregue la superficie en comodato por más de 20 años. Una fórmula que al parecer no acomoda demasiado a la empresa ya que a comienzos de esta década se abrió a traspasar terrenos al fisco. En agosto de 2012 el Consejo Regional de Antofagasta analizó el tema y fue allí donde el ex seremi Gonzalo Godoy planteó las dificultades de esa relación poniendo como ejemplo que hasta para cambiar una ampolleta hubiera que consultar a SQM.

En esa misma reunión, Gonzalo Godoy anunció que la empresa había oficializado su intención de “regularizar” la situación de María Elena, lo que significaría “que el campamento deje de ser campamento minero de propiedad de la empresa y pase a ser un enclave urbano”.

El ex seremi afirmó que hasta ese momento habían tenido que “torcer la oreja” a las normas para poder financiar obras, porque la ley les impide invertir en terrenos privados. “Durante y posterior al terremoto de Tocopilla, María Elena sufrió muchos daños y se hicieron una serie de proyectos ahí, algunos se pudieron concretar y otros quedaron ahí no más, porque no logramos buscar la forma de poder invertir en ese lugar”, explicó.

Su sucesor en la Seremía del Minvu en la Segunda Región, Mauricio Zamorano, explicó a CIPER que el plan de transformar a María Elena en un “enclave urbano” sigue vigente y que la empresa está interesada en ceder los terrenos. Y ello, porque la propiedad de María Elena le generaría a SQM más gastos que beneficios, por lo que deshacerse de ella le permitiría concentrarse en su negocio minero.

“Hay una voluntad de ir cediendo todos lo que no dice relación directamente con la explotación de la faena minera”, aseguró Mauricio Zamorano. Por ahora, se trabaja en el primer plan regulador comunal, un paso clave para poder hacer planificación territorial.

A pocos días que se conozca el proyecto de ley que materializará la reforma a la educación superior prometida por el gobierno, la discusión se ha centrado en asuntos como el nivel de complejidad que se les exigirá a las instituciones, pero casi nadie se pronuncia sobre una de las mayores preocupaciones que hoy aqueja tanto a rectores de planteles públicos como a dueños de instituciones privadas: el real reparto de los fondos públicos que las financia.

Solo en 2015 el Fisco aportó por distintas vías más de un billón y medio de pesos ($1.543.751.523.000) a las instituciones de educación superior chilenas: universidades privadas y estatales, además de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). El millonario aporte estatal se materializó por dos vías de financiamiento: becas y créditos a los estudiantes (voucher) y financiamiento directo a las instituciones (aporte basal).

Esa cifra ha sido desmenuzada por la Contraloría, la que desde 2011 elabora sendos informes anuales que dan cuenta del dinero que aporta el Estado a las instituciones de educación superior. CIPER revisó, analizó y cruzó los datos para mostrar la magnitud de las cifras, las que permiten entender cómo el dinero fiscal a las universidades, IP y CFT es un pilar fundamental del sistema. Cifras que las instituciones privadas no estarán dispuestas a abandonar y que hoy constituye la clave para entender el debate que ha generado el proyecto de reforma a la educación superior que el gobierno presentará al Congreso.

Todo indica por ahora, que la reforma que buscará regular el lucro en la educación superior y dotar de mayor calidad a los planteles, no realizará un cambio radical a estos aportes. Tampoco cambiará el porcentaje de recursos que reciben las universidades privadas creadas después de 1981, y que desde hace varios años están bajo la lupa pública por las acusaciones de lucro ilegal que pesa sobre varias de ellas (ver especial de CIPER: “El negocio de la educación en Chile”).

Aunque resulte extraño, en el debate sobre el financiamiento de la educación superior el monto real de los dineros fiscales que llegan a las instituciones privadas no se subraya a pesar de su magnitud. Solo en 2014 ocho universidades privadas (Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás, Autónoma, de Las Américas, Mayor, Diego Portales y Tecnológica de Chile Inacap), tres institutos profesionales (DUOC UC, AIEP e Inacap) y dos centros de formación técnica (Inacap y Santo Tomás), recibieron cada una de ellas más recursos fiscales que ocho de las 16 universidades estatales: UTEM, de La Serena, Arturo Prat, de Antofagasta, UMCE, de Los Lagos, de Magallanes y de Atacama.

En el informe de la Contraloría correspondiente a 2015, se detallan los aportes fiscales a cada uno de los tipos de instituciones durante ese año. Considerando todos los planteles: estatales, públicos y privados, el quinto lugar de los que percibieron más aportes estatales es ocupado por la Universidad Andrés Bello, la que ese año recibió más de $58 mil millones, el 3,8% del total de dineros garantizados por el Estado al sistema, casi lo mismo que ese año recibió la Universidad de Santiago, Usach (ver listado con las 30 instituciones que más recursos recibieron). Y aunque la UNAB es la privada que recibió más recursos, no es un caso aislado.

En 2014 las universidades privadas no tradicionales (creadas después de la reforma de 1981) percibieron el 23,6% de los dineros aportados por el Fisco a la educación superior. Los institutos profesionales, también privados, se hicieron con otro 11,9% de los recursos, mientras los CFT se quedaron con otro 5,4%: ambos por ley están autorizados a retirar utilidades. En total, 39,9% del dinero entregado por el Estado fue a parar a instituciones privadas, las que hasta ahora no tienen una regulación ni financiera ni de calidad que satisfaga los parámetros mínimos de garantía para las familias chilenas (ver tabla a continuación).

Elaboración: Contraloría General de la República – 2014

En 2015 la situación no fue distinta: el 24,7% del dinero del Estado destinado a educación superior fue para las universidades privadas que no integran el Consejo de Rectores (Cruch), 10,8% para los IP y 4,3% para los CFT. En total, 39,8% de los recursos públicos beneficiaron a planteles privados (ver cifras detalladas en tabla a continuación).

Elaboración: Contraloría General de la República -2015

Incluso, si se desagregan los datos y se considera solo el dinero fiscal entregado vía voucher (becas y créditos a estudiantes), el sistema privado supera en recursos recibidos a las instituciones tradicionales del Cruch: 55,64% del total, frente al 23,69% de las universidades estatales y al 20,54% de las universidades privadas tradicionales.

El informe de la Contraloría consideró recursos provenientes del Mineduc a través de aportes directos o de programas como Conicyt y Junaeb, dineros que el Estado destina a la educación desde otros ministerios y también recursos de los gobiernos regionales. Es decir, cualquier tipo de aporte estatal a las arcas universitarias, incluyendo becas y créditos como el CAE.

Frente a la magnitud de los recursos que el Estado le entrega a las diversas instituciones privadas de educación superior, la preocupación central es saber cómo la reforma del Mineduc le pondrá atajo al negocio desregulado que afecta a 896.455 estudiantes. Esa es la matrícula total de las instituciones privadas y representa el 72,7% del universo de la educación superior. La incógnita es si finalmente la reforma incorporara reglamentos y entes de fiscalización efectivos que permitan garantizar el fin del lucro y la correcta utilización de recursos públicos.

La indagación de CIPER indica que el proyecto de ley que ingresará en pocos días al Congreso será claro en señalar que si alguna institución decide no ceñirse a la nueva regulación, no podrá recibir ningún recurso público, incluyendo el Crédito con Aval del estado (CAE). Perder los fondos entregados por este crédito sería una tragedia para buena parte de las universidades privadas creadas post 1981, aquellas que hasta han duplicado su matrícula – y sus ingresos- gracias a los dineros que el CAE le asegura a sus estudiantes.

El proyecto de ley acomodará el nuevo sistema de gratuidad universitaria (destinado a los cinco primeros deciles de la población) en el esquema de financiamiento público de la educación superior: el que incluye becas y créditos para los estudiantes y aportes basales a algunas instituciones.

El CAE se mantendría vigente, y la mayoría de los recursos seguirían entregándose vía voucher, es decir, a los estudiantes que cumplan ciertos requisitos, para que ellos puedan optar por el plantel superior que más les acomode. El diseño escogido por el Mineduc ya ha comenzado a sacar ronchas. Un rector de una universidad estatal confidenció a CIPER que el proyecto podría “terminar por consolidar un modelo de mercado para la educación”.

La reforma establecerá que cualquier institución educativa que desee recibir aportes estatales, deberá ceñirse a la regulación incluida en la ley: no lucro, acreditación obligatoria, y admisión, aranceles y matrículas regulados. El proyecto de ley definirá como aporte estatal a todas las becas, créditos y fondos especiales que salen de las arcas fiscales, incluyendo el CAE.

CAE: EL PRINCIPAL APORTE A LAS PRIVADAS

Desde que el Crédito con Aval del Estado entró en vigencia en 2006, varias universidades privadas no tradicionales pudieron iniciar una agresiva expansión de matrículas. El nuevo crédito fue la llave que le abrió la puerta de la educación superior a quienes antes no podían acceder al sistema, ya fuera porque no tenían los recursos económicos o porque no superaban los filtros académicos para hacerlo. De hecho, quien fuera el impulsor de la idea, el ex ministro Sergio Bitar (PPD) ha defendido su creación arrimándose al argumento que el CAE permitió democratizar y masificar el acceso a la universidad (hace unas semanas aseguró en La Tercera que es “uno de los mejores créditos del mundo”).

Los críticos del CAE retrucan que la explosiva alza de matrículas solo beneficio a la educación privada, permitiendo que instituciones sin regulación se expandieran sin control. Fueron las manifestaciones estudiantiles de 2011 las primeras en sacar al pizarrón a estas instituciones y a la legislación que las hizo crecer, al mostrar el negocio y el lucro que realizaban a pesar de que a las universidades la ley les prohíbe el retiro de utilidades.

Basta mirar las cifras de cuatro de las universidades privadas más grandes, las que además formaron parte de la investigación de la Fiscalía por lucro: la Universidad Autónoma en 2006, cuando entró en vigencia el CAE, registraba 8.580 estudiantes, mientras que hoy su matrícula llega a 20 mil alumnos. La UNAB subió en el mismo periodo de 22 mil a más de 47 mil matriculados. La Universidad San Sebastián creció de 10 mil a 27 mil estudiantes. Mientras que la Santo Tomás subió de 14 mil a 29 mil.

El CAE se ha transformado en el principal vehículo utilizado por el Fisco para aportar suculentas transferencias de dinero a las universidades privadas. Los 28 planteles privados que recibieron dineros vía CAE en 2015 sumaron $273 mil millones, el 65,6% del total de fondos repartidos por este crédito a la educación superior.

Solo en 2015, y según datos de la Contraloría, la Universidad Andrés Bello recibió $40 mil millones por esa vía, mientras las universidades Santo Tomás y San Sebastián recibieron $33 mil y $32 mil millones, respectivamente. El cuarto plantel en recibir más recursos por CAE entre las privadas fue la Universidad Autónoma, con $26,7 mil millones, y más atrás la Universidad Mayor con $20 mil millones.

El CAE se ha convertido así en el principal sostén de dineros públicos de las universidades privadas, una opción que al Fisco le ha salido carísima. Desde que el crédito comenzó a implementarse en 2006, el Estado ha desembolsado cientos de miles de millones de pesos para recomprar carteras de deudas a los bancos, que son quienes entregan el dinero a los estudiantes para que puedan estudiar. En las proyecciones iniciales en 2006 se contemplaron cerca de $10 mil millones anuales para cumplir con la “recarga” prometida a los bancos durante la tramitación de la ley, pero esa recarga terminó costándole al fisco $610 mil millones en 2016. El 35% del presupuesto total destinado a la educación superior.

Según un estudio de la Fundación Sol, desde que se implementó el CAE el Estado ha destinado $2,7 billones a comprar activos financieros (CAE) a los bancos. La mayor parte de los créditos que el Fisco ha comprado a la banca corresponden a deudas adquiridas por estudiantes de universidades privadas fuera del Cruch: Autónoma, De Las Américas, San Sebastián y Mayor ocupan los primeros cuatro lugares con más del 59% de sus CAE recomprados por el Estado.

El Crédito con Aval del Estado fue incluido por la Contraloría como un aporte fiscal “por considerar que constituye una contingencia que debe ser revelada pues en la medida que el alumno abandone los estudios o una vez egresado no cumpla con su pago, se constituye en una obligación cierta para el Estado”, señala el informe 2015.

El mismo informe da cuenta de que mientras el presupuesto público destinado al CAE va al alza (crecimiento de 75,8% entre 2011 y 2015), el dinero que se destina al Fondo Solidario (que se asigna exclusivamente a estudiantes de universidades del Cruch) descendió en el mismo periodo un  35,3% (de $110 mil a $71 mil millones).

El financiamiento vía voucher (becas y créditos a estudiantes que incluye el CAE) es el principal aporte del Estado a las universidades privadas. La Contraloría concluyó en su estudio que en 2014 el 94,8% de los dineros garantizados por el Fisco a las instituciones privadas creadas después de 1981 se otorgaron vía voucher, mientras que el restante 5,2% fue directo a los planteles, a través de fondos basales por desempeño e innovación.

Las conclusiones del informe 2014 de Contraloría revisado por CIPER da cuenta de cómo el Estado ha optado crecientemente por financiar la demanda (estudiantes) por sobre la oferta (instituciones), incluyendo en este punto los aportes realizados a todo el sistema. En 1990 un 74% de los recursos se entregaban directamente a las instituciones y el otro 26% a los estudiantes. 26 años después, la tortilla se dio vuelta: 71,7% a estudiantes y 28,3% a instituciones.

Al desmenuzar ese promedio, emerge un dato relevante: la importancia de la política de los voucher para las instituciones privadas. Y ello, porque tanto las universidades estatales como las privadas del Cruch reciben en proporciones ajustadas financiamiento público vía voucher y fondos basales, y solo las instituciones privadas no tradicionales (universidades creadas post 1981, IP y CFT) registran aportes casi exclusivamente de los voucher. Es decir, las becas y los créditos garantizados por el Fisco a los alumnos son el corazón del aporte público a los privados, dinero al que casi ninguna institución está dispuesta a renunciar a pesar de las regulaciones a las que estos vendrían asociados en la reforma que se tramitará en el Congreso (ver gráfico a continuación).

Elaboración: Contraloría General de la República -2015

LOS MILES DE MILLONES DE LAS BECAS

No solo los dineros del CAE son preciados por las instituciones privadas (universidades, IP y CFT). En 2015 el Estado les aportó otros jugosos recursos a través de becas. En total el Estado destinó en este ítem $230,9 mil millones: $92 mil millones a través de la Beca Nuevo Mileno; $69,4 mil millones por la Beca Juan Gómez Millas; $17,9 mil millones por excelencia académica; $4,5 mil millones por la Beca Vocación de Profesor; $3,8 mil millones por la reubicación de ex alumnos de la Universidad del Mar; $2,7 mil millones por Becas Valech; $2,5 mil millones por Beca para hijos de profesores; otros $3,6 mil millones por “articulación”; $920 millones por nivelación académica y otros $33,6 mil millones que la Contraloría agrupa como “otras becas” (ver detalle de los aportes).

Destacan entre estos aportes públicos que van a parar a las instituciones privadas, las becas Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio, las que entregan en conjunto $161 mil millones a las privadas, y solo $4,6 mil millones a las universidades del Cruch.

De los fondos repartidos por la Beca Juan Gómez Millas en 2015, el 72,3% fue a las universidades privadas, y si se le suma el 19,38% que recibieron los IP y el 6,54% que acumularon los CFT por este concepto, resulta que el 98,2% de los dineros de esta beca fue en 2015 al sistema privado. La repartición de la Beca Nuevo Milenio no es muy distinta. La mayor parte de los recursos lo concentra los IP con 60,7% del total asignado, y los CFT con 35,01%. Las universidades privadas solo registran el 0,2% de esos dineros ($199 millones). Así, un 95% de los fondos de esta beca fueron en 2015 también al sistema privado.

La Beca Juan Gómez Millas está destinada a egresados de la educación media que presenten un rendimiento académico “destacado” (500 puntos ponderados en la PSU) y que pertenezcan al 70% más vulnerable de la población. Cubre hasta $1,1 millón del arancel anual de la carrera. Su símil Nuevo Milenio está destinado a quienes se matriculen en una carrera técnica, impartida por cualquier institución, y que estén dentro del 70% más pobre del país y cuya nota promedio en la enseñanza media sea superior a 5.

Si se suman todas las becas de arancel, las instituciones privadas acumulan el 40% del total asignado. El informe 2015 de Contraloría resalta que solo el IP AIEP (propiedad de Laureate, dueña además de la UNAB, la Universidad de Las Américas y de Viña del Mar) recibe más recursos que 15 de las 16 universidades estatales, algo parecido a lo que ocurre con el CFT Inacap, que percibió en 2015 más dinero de becas públicas que 14 de las estatales.

Otros recursos públicos relevantes son los asociados a las becas de mantención de la Junaeb. En este ítem también las instituciones privadas obtienen más aportes que las públicas. En 2014 las universidades privadas no tradicionales se hicieron con $28 mil millones, los IP con $32 mil millones y los CFT con $17 mil millones. Si se suman todos los dineros recibidos, las instituciones privadas recaudaron el 62% del total de dineros aportados por la Junaeb ese año. Las universidades estatales se quedaron con $26 mil millones y las privadas del Cruch con $21 mil millones (ver detalle).

En 2015 hubo cambios en esas cifras, debido a que la beca más onerosa de las entregadas por la Junaeb (Beca de Alimentación para la Educación Superior, BAES) dejó de considerarse en forma separada y pasó a formar parte de las cifras totales de “otras becas”, que incluyen las de Conicyt (postgrado) y otras relacionadas con catástrofes en Arica y Valparaíso. Las instituciones privadas sumaron $33,6 mil millones en este ítem, de un total de $89 mil millones repartidos por el Estado durante 2015.

La diferencia a favor de las universidades privadas de los dineros que el Estado entrega vía voucher (becas y créditos) se ha ido incrementando respecto de lo que reciben las instituciones del Cruch. El informe 2015 de la Contraloría así lo detalla: “En el año 2015 los recursos destinados a los alumnos fueron en su mayoría para las Universidades Privadas (M$ 362.384.960 de un total de M$ 1.059.768.364), recibiendo un 10,5% más que las UE (estatales) y un 13,6% más que las UPCRUCH (privadas del Cruch). Durante el año 2014, este mismo indicador llegó a un 7,2% y 10,1%, respectivamente”.

Si se consideran solo los dineros fiscales que se reparten vía voucher, o subsidio a la demanda, la Universidad Andrés Bello fue la que recibió en 2015 la mayor cantidad de recursos: $56 mil millones (5,3% del total), frente a los $53,2 mil millones percibidos por esta vía por la Universidad de Chile (5% del total) (ver tabla completa).

LA VOZ DEL SISTEMA PRIVADO

El miércoles 22 de junio se lanzó en el Campus Bellavista de la Universidad San Sebastián el libro Políticas para el desarrollo universitario: principios y evidencias, cuyos autores son el rector de esa institución, Hugo Lavados, y el director de la carrera de Ingeniería del plantel, Ramón Berríos. Además de Lavados, presentaron el libro Pilar Armanet (rectora de la Universidad de Las Américas, presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, una de las ideólogas del CAE, ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc durante el gobierno de Ricardo Lagos y vocera de gobierno durante el primer mandato de Michelle Bachelet), y el ex ministro de Educación de Sebastián Piñera y actual director del CEP, Harald Beyer.

Hugo Lavados

Tanto Lavados (DC) como Armanet (PPD) han hecho una pública defensa de las universidades privadas y se han transformado en los voceros de las instituciones particulares. Comparten visión ideológica al respecto con Beyer, quien como director del Centro de Estudios Públicos (CEP) ha sido un estandarte de las visiones liberales en educación. Durante el lanzamiento del libro la discusión giró en torno a la futura reforma a la educación superior.

Desde el panel se emitieron frases referidas a la actual discusión en torno a la reforma tildándola de “autoritaria”, “ideológica”, “elitista” y “miope”. Se dijo que “se quiere volver a la panacea idealista de los ‘60” y que “se discute de espaldas a la realidad”. Armanet fue tajante: “No hay espacio legislativo para sacar el proyecto en este gobierno”. Sobre la gratuidad, señaló: “Los estudiantes de nuestras universidades han ido entendiendo que la gratuidad es una discusión de elites, yo siempre lo digo `habrá gratuidad, pero no será para mi´”.

Consultada por CIPER sobre su postura frente a la reforma y las regulaciones que esta pretende instalar como condición para la entrega de recursos públicos, Pilar Armanet señaló que antes de cualquier opinión se debe conocer el proyecto del gobierno:

-Creo que ha llegado el momento de conocer los instrumentos para poder discutir ya no sobre sueños, ideologías o nostalgias, y poder discutir de verdad. Porque esta es una discusión técnica.

Ante la decisión que deberá asumir la Universidad de Las Américas cuando se conozca el proyecto del Mineduc, la rectora Armanet dejó la cancha abierta:

-Desde el punto de vista del financiamiento para nosotros no es tan complicado. El problema está en otras exigencias que hoy no han sido suficientemente clarificadas. Es decir, ¿cuántos años de acreditación?, ¿qué vamos a entender por lucro? Y en función de eso nos adaptaremos. Vamos a tomar una decisión cuando sepamos el camino que tenemos.

Al ser consultado por CIPER el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, éste puso en duda que funcione la regulación que planea el Mineduc para el sistema:

-La regulación de aranceles puede ser un deseo, pero en la práctica va a ser casi imposible. Se ha visto, la gratuidad llevó regulación de aranceles y ya tenemos casos de instituciones que han tenido que disminuir su planta y que están crujiendo en términos financieros. Hay que hacer un ejercicio de realismo de qué es lo que va a pasar.

Sobre la disposición de la Universidad San Sebastián para integrarse al sistema regulado y seguir recibiendo fondos públicos, insistió en que la regulación de aranceles es para ellos un obstáculo:

-Con las condiciones que se plantearon para el 2016 nos dejan en una situación extremadamente negativa respecto de la disminución de recursos. Eso va a depender del mix de cupos, de la situación de distintas carreras y de si cambia o no el arancel regulado que fija el ministerio.

Pilar Armanet

La Corporación de Universidades Privadas (CUP, que agrupa a 17 universidades como Las Américas, San Sebastián, Santo Tomás, Central, Autónoma, Miguel de Cervantes, Pedro de Valdivia y SEK, entre otras) ha estado activa en la discusión. A fines de abril publicó una minuta criticando los avances del proyecto de reforma que les presentó en ese minuto el gobierno. En el texto fijan su postura respecto de la entrega de recursos públicos: “Pensamos que no debe haber barreras para recibir fondos públicos, especialmente a los destinados a los estudiantes, si la institución receptora está acreditada. La acreditación también debería habilitar la postulación a fondos competitivos, que se asignen según el mérito y las capacidades instaladas de las instituciones. Estando acreditadas, las condiciones deberían ser las mismas para todas las universidades”.

La crítica al proyecto de las entidades agrupadas en la CUP es radical. Tildan a la futura Superintendencia de Educación Superior (la que según el diseño del Mineduc estará encargada de fiscalizarlas) de “omnipotente y burocratizante” y acusan que sus facultades serán “excesivas”.

En el mismo documento reclaman que el Mineduc no valore el aporte que han hecho las universidades privadas al país y que no se consideren medidas para consolidarlas: “Son las universidades privadas las que en forma determinante han colaborado con el desarrollo nacional, al otorgar posibilidades de estudios a amplios segmentos sociales que estaban excluidos de ingresar a una educación superior elitista y excluyente”.

Añaden que los avances que se han conocido del proyecto apuntan a una estatización del sistema: “No es aceptable, en términos generales, las funciones y atribuciones que el proyecto asigna a los distintos entes rectores, pues convierten al sistema de educación superior en un sistema altamente controlado por el Estado, al punto que atenta contra principios fundamentales de la vida universitaria y su indispensable autonomía académica, administrativa y financiera y la diversidad de los proyectos educacionales”.

El futuro de la reforma laboral ha quedado en manos de la Corte Suprema. Específicamente de su Cuarta Sala, que tramita las contiendas laborales. Y esa no es una buena noticia para los círculos empresariales. Desde hace dos años, esa sala viene mostrando una ostensible inclinación a acoger los argumentos de los sindicatos. Eso permite suponer que todo lo que ha quedado pendiente o indefinido en la reforma será zanjado por una magistratura más proclive a reconocer y profundizar los derechos laborales. En síntesis, los parlamentarios de derecha que presentaron la reforma al Tribunal Constitucional (TC) para convertirla en un león sin dientes, podrían haberse dado un tiro en el pie. Algo que sólo podrá comprobarse analizando los fallos que de ahora en adelante caigan en manos de los ministros supremos.

CIPER revisó el texto de la reforma laboral, analizó los fallos más relevantes de la Cuarta Sala de la Corte Suprema y consultó con académicos y especialistas en derecho laboral. La conclusión es que la única certeza que existe tras el paso de la reforma por el TC es que serán los tribunales los encargados de llenar los vacíos normativos inéditos en materia de derecho laboral.

El requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de oposición si bien tuvo éxito en poner fin a la titularidad sindical, dejó como daño colateral la desregulación de los grupos negociadores. Para salvar el vacío, el gobierno intentó convencer a la derecha de aprobar una reforma constitucional que le diera preeminencia a los sindicatos por sobre los grupos negociadores, para luego normar el funcionamiento de estos últimos.

“El TC dejó a los sindicatos y los grupos en igualdad y eso es la cueca en pelotas”, confidenciaba un alto funcionario de gobierno, advirtiendo que la incertidumbre era tal que los grupos negociadores incluso podrían convertirse en un arma contra las empresas. Pero pese al mensaje enviado al empresariado y a la oposición, el Ejecutivo no logró el apoyo político para el quorum que exigía aprobar esa reforma.

La tarde del viernes 17 de junio, en los patios de La Moneda, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, junto a los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, anunciaban que sólo se tramitaría el veto. Es decir, no habrá regulación para los grupos negociadores. 

GRUPOS SIN LEY

La composición actual del Tribunal Constitucional no auguraba un buen desenlace para el gobierno, pero no estaba en los cálculos la forma radical con que el organismo cercenaría la titularidad sindical, una de las promesas de campaña de la Presidenta Bachelet. Este concepto buscaba garantizar que los sindicatos fueran los principales actores de la negociación colectiva, relegando a un segundo plano a los grupos negociadores, que sólo podrían pactar colectivamente cuando no existieran sindicatos.

Los grupos negociadores fueron por años la bestia negra de los sindicatos. Institucionalizados en 1979 en el Plan Laboral de José Piñera, estaban destinados a ser organizaciones que coexistieran con los sindicados en las empresas. “Se reconocía por ley que los grupos podían negociar, pero no se decía cómo podían negociar ni su quorum, de manera que se entendía que había más facilidad negociadora en los grupos que en los sindicatos”, explica Diego López, abogado del estudio Rojas García y López. Eso se prestaba para manipulaciones: “El empleador sacaba un contrato y hacía que los trabajadores se pusieran en filita a firmar. Esa era la negociación, sin ninguna formalidad”, describe Joaquín Silva, abogado de Consultora Laboral.

Valentina Doniez, investigadora de la Fundación Sol, explica por qué estos grupos resultan tan funcionales al sector patronal: “La característica de los grupos negociadores es que son no confrontacionales, entonces pueden recibir lo que les ofrece la empresa, pero no tienen capacidad de exigir”.

Los grupos negociadores solían ser promovidos por los empleadores como una forma de competir deslealmente con el sindicato, quitándole fuerza y socios. Si bien no desaparecieron con la reforma laboral de 2001, se les puso reglas que restringieron su marco de acción: se les exigía quorum, elegir una comisión negociadora, presentar un proyecto, votarlo, ministros de fe, etc. Es lo que se llamó una negociación semi-reglada. Además, se hizo más fácil identificar y perseguir cuando eran utilizados por los empleadores como una herramienta antisindical.

Así sucedió por ejemplo en 2011, luego de que la Red Salud UC fomentara la creación de un grupo negociador de unas 150 personas en paralelo al sindicato, que tenía 1.500 socios. El grupo recibió apoyo y financiamiento de la empresa, además de beneficios especiales. Por eso, la Red Salud UC fue condenada en primera instancia por prácticas antisindicales, aunque antes de que la Corte de Apelaciones se pronunciara llegó a un acuerdo extrajudicial con el sindicato.

El sindicato del Banco Bice tuvo menos suerte, pues el grupo negociador apoyado por la empresa terminó convirtiéndose en otro sindicato, lo que le quitó socios a la organización original.

“La empresa primero promueve la existencia de grupos negociadores, derechamente les dice ‘ustedes formen este grupo y yo les doy todas las facilidades, les doy pasajes para que recorran el país y llegamos a un acuerdo´. Se forma, negocia y muere. Lo que les interesa a los patrones es mantenerlos, porque con eso hacen el paralelo con las organizaciones sindicales. Así, se transforman en una organización sindical de hecho, sin tener ninguna obligación, sin directiva sindical, nada”, explica Joaquín Silva, quien fue abogado en los casos de Red Salud UC y Banco Bice.

El abogado y académico de la UDP José Luis Ugarte le baja el perfil al problema y recalca que, tras la reforma laboral del 2001, los grupos negociadores dejaron de ser tan importantes como sí lo fueron en los ´90. Esta pérdida de relevancia es reconocida por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Sin embargo, ella explica que de todas maneras son un riesgo para las organizaciones sindicales, pues, en general, los grupos negociadores se organizan en empresas donde ya hay un sindicato.

Según la última Encuesta Laboral (Encla 2014, elaborada por la Dirección del Trabajo), más del 80% de los instrumentos colectivos son negociados por sindicatos, por lo que menos del 20% corresponde a grupos negociadores. Pero, tal como apunta Bárbara Figueroa, la Encla concluye que “los grupos negociadores proceden mayoritariamente no ya de empresas sin sindicato, como sería razonable suponer, sino, por el contrario, de empresas con sindicato”.

Al establecer la titularidad sindical, la reforma laboral reducía el reconocimiento de los grupos negociadores exclusivamente a aquellas empresas en que no había sindicato. Era una forma de fortalecer la organización sindical –en línea con los convenios de la OIT– que fue rechazada por el Tribunal Constitucional (TC), el que interpretó literalmente el artículo 19 N° 16 de la Constitución (“la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores”). La entidad estimó que el derecho a negociar no es privativo de un tipo de organización específica, como el sindicato, sino que es de cada uno de los trabajadores y, por lo tanto, no se puede prohibir a los empleados negociar a través de grupos.

El mayor problema para dar continuidad a la reforma después del recorte que le hizo el TC se debe a que, al rechazar la titularidad sindical, el tribunal también declaró inconstitucionales una serie de artículos del proyecto, entre ellos el que regulaba cómo deben operar los grupos negociadores (artículo 315). Así, desaparecieron de la ley las normas que fijaban el quórum de los grupos negociadores, la existencia de una comisión negociadora elegida ante un inspector del Trabajo y que les permitían hacer exigencias al empleador.

El mismo fallo, en el voto disidente de los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández y Nelson Pozo, muestra la contradicción de la resolución de mayoría que eliminó el artículo 315 y otros que se referían a los grupos negociadores: “La sentencia apoya paradójicamente una organización inexistente: los grupos negociadores ya desaparecieron”.

Los primeros en destacar públicamente esta contradicción fueron los abogados José Luis Ugarte y Daniela Marzi, quienes en una columna publicada por The Clinic hicieron ver que tras el fallo del TC el gobierno tenía la solución en sus manos: los grupos negociadores quedaron fuera de la legalidad al no tener regulación y, por lo tanto, habría titularidad sindical de hecho.

Esta interpretación tomó fuerza con el correr de los días, sobre todo luego de que el gobierno renunciara a su idea de presentar una reforma constitucional y anunciara que sólo tramitaría el veto. Pero nadie espera que los grupos negociadores desaparezcan por arte de magia. Lo que viene ahora es un largo camino en los tribunales de justicia, para el que los abogados laboralistas ya preparan estrategias.

ESCENARIOS JUDICIALES

“Habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede o no hacer”, adelantó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, cuando anunció que se seguiría el camino del veto presidencial. Lo cierto, retruca el abogado Diego López, es que lo que habrá es una profundización de la judicialización, porque aún antes del fallo del TC se sabía que la reforma laboral tiene varios temas que “en el fondo invitan a que sean los jueces los que definan el sentido y alcance de las normas”.

Estos puntos poco definidos y que quedarán entregados a la interpretación de los jueces son precisamente algunos de los que más se disputaron en el Congreso, pues podrían ser utilizados por los empleadores para burlar la prohibición del reemplazo en huelga. Entre estos puntos se cuentan las adecuaciones necesarias que puede hacer una empresa para mover a sus trabajadores a otros puestos de trabajo en caso de huelga o los servicios mínimos que puede mantener en funcionamiento. En el fondo, se dejó el campo abierto para que la justicia resuelva aquellos asuntos que los políticos no fueron capaces de definir con precisión. Según precisa López, “el costo no es de judicialización, porque la judicialización ya estaba, sino que es una incertidumbre que genera menos claridad sobre lo que va a pasar”.

La total incertidumbre es respecto a la forma en que leerán los tribunales la falta de normas que regulen las negociaciones fuera del sindicato. En palabras de un ministro de corte con experiencia en temas laborales, lo que puede esperarse es una gran dispersión de casos, en que se sucedan fallos contradictorios. La doctrina tardará años en asentarse, advierte.

Es probable que la primera señal la dé la Inspección del Trabajo, pues debería visar los instrumentos colectivos suscritos por los grupos negociadores. El abogado José Ugarte es de la tesis de que la Inspección del Trabajo no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos que no están en la legislación vigente. Diego López, en cambio, cree que el organismo podría emitir un dictamen que advierta cuál será su postura en estos casos y considera posible que determine que no puede pronunciarse sobre algo que no existe. Como sea, ese será, probablemente, el primer paso que los grupos negociadores darán antes de recurrir a la justicia.

José Luis Ugarte plantea que en tribunales se abrirán dos grandes escenarios y que “hay que ver qué tesis interpretativa domina”. Una alternativa es que por no estar en el Código del Trabajo, se asuma que los grupos negociadores simplemente dejaron de existir. “No es disparatado sostener eso jurídicamente”, asegura. Pero agrega que una segunda posibilidad es que requieran ser reconocidos caso a caso por los tribunales. “En mi opinión ambas alternativas son un poco el inicio de la muerte de los grupos negociadores, porque ir caso a caso es un camino incierto”, dice Ugarte. Un camino que pocos tomarían.

Desde la vereda de los asesores empresariales, los abogados se han mostrado optimistas de que lo que imperará es la continuación de lo que señala la normativa vigente hasta ahora en materia de negociación semi-reglada. Según El Mercurio, el ex director del Trabajo y abogado de empresas Marcelo Albornoz (DC) dijo, en un análisis para la bancada de su partido, que “subsiste la norma actual que reconoce a los grupos negociadores como parte de un contrato colectivo”. Aún más allá fue el asesor de la Sofofa, Luis Lizama, quien sostuvo en La Tercera que si se aplica de buena fe el criterio del Tribunal Constitucional, la DT y los jueces “debieran entender que el grupo negociador es un actor que podría negociar colectivamente y en condiciones idénticas a las que tiene un sindicato”. Eso implica no sólo el derecho a huelga, sino también al fuero, un privilegio hasta hoy reservado a los sindicatos.

En opinión de Diego López, la judicialización supone que las empresas serán los principales actores en recurrir a la justicia en busca de reconocimiento de los grupos negociadores. Por su naturaleza, estos grupos no existen más que para negociar en un momento y no cuentan con el presupuesto y la organización necesaria para contratar abogados e iniciar acciones legales. Además, cree poco probable que espontáneamente trabajadores no organizados busquen recurrir a una figura que ni siquiera estará en la ley. Si se dieran casos en que las empresas busquen validar los grupos, José Luis Ugarte cree que los jueces deberían rechazarlos: “Si el interés en el grupo es del empleador, que de alguna manera armó el grupo, yo si fuera juez diría que eso no es un espacio de representación de los trabajadores”.

En una segunda fase, es esperable que sean los sindicatos los que recurran a la justicia para impugnar la validez de los grupos. “Si le va bien a la primera ola de judicialización de los grupos, que será presentada por las empresas, inmediatamente va a venir una segunda ola de los  sindicatos a cuestionar: ‘¿De dónde sacó usted que los grupos pueden negociar o que ese es el quorum? Usted inventó la ley, esa regla no está en la ley’”, prevé López.

Otra motivación para que un sindicato lleve el tema de los grupos a tribunales podría ser el intentar incorporar a una negociación a un trabajador que tiene un instrumento colectivo vigente. La actual legislación establece que si alguien es parte de un grupo negociador y el contrato aún es válido, no puede ser parte de otra negociación. Pero después del fallo del TC esa norma desaparece. “Se puede alegar que el instrumento colectivo suscrito no es válido o, que siendo válido, no puede producir el efecto de impedir negociar colectivamente al trabajador por el sindicato”, dice Juan Vergara, asesor sindical que es parte de ProSindical.cl, quien agrega que “lo que va a haber es un cuestionamiento a la validez o a la eficacia de los instrumentos suscritos por grupos negociadores”.

-Creo que vamos a volver a lo que había antes del 2001 y la judicialización va a ser excesiva, incluso los sindicatos lo van a judicializar todo -resume el abogado Joaquín Silva.

Ugarte no descarta que haya situaciones en que sea razonable que los tribunales reconozcan a los grupos negociadores como entes válidos para representar los derechos de los trabajadores, lo que ratifica la tesis del “caso a caso”.

Un ejemplo de lo anterior podría producirse debido a un cambio introducido en el Senado que aumentó el quorum que deben tener los sindicatos de las pequeñas y medianas empresas. Si bien ese sector tiene un bajo nivel de sindicalización, según cálculos de la Fundación Sol serán 1,4 millones los trabajadores que hoy tienen derecho a formar un sindicato y no podrán hacerlo con la nueva normativa. En esos casos, los grupos negociadores, que ya no tienen quorum, podrían ser una alternativa para negociar colectivamente.

LAS VELITAS A LA CUARTA SALA

Cuando se habla de judicialización las esperanzas de quienes confían en que se ratifique el derecho a la libertad sindical están puestas en la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Hasta mediados de 2014, esa sala, que resuelve los asuntos laborales, era considerada como “pro empresa”, pero desde la salida de su ex presidente, el ministro Patricio Valdés –ex gerente general de la Sofofa–, sus fallos han sido consistentemente “pro trabajador”. El problema de dejar en manos de la justicia algo tan relevante es que en un par de años la conformación de la sala podría cambiar y con ello darse un nuevo giro en materia laboral.

En lo inmediato, se estima que la que verá las primeras causas relativas a la reforma laboral será una sala integrada por los ministros Carlos Cerda, Sergio Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Ricardo Blanco, entre otros, quienes han dictado fallos relevantes en materia de libertad sindical.

Carlos Cerda

Además de hablar por sus fallos, en julio del año pasado los ministros Muñoz y Cerda expresaron fuertes críticas a la realidad laboral del país durante un seminario de la Corte Suprema. Muñoz, entonces presidente del máximo tribunal, dijo que “a pesar de ser la huelga un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, la regulación chilena limita su ejercicio solo al proceso de negociación colectiva reglado; permite, además, el reemplazo de trabajadores en huelga y favorece la desvinculación individual de estos”.

El ministro Cerda no se quedó atrás y respecto a la tramitación de la Reforma Laboral señaló que “los capitalistas están agrupados por actividad, pesca, minería, construcción, agricultura, a través de cúpulas empresariales de alcance nacional, que les permiten tener una voz para que la consecuencia pueda ser mucho más eficaz que lo que ocurre con el trabajador en una reforma que pretende reivindicarle parte de su poder. Dicen que la reforma va destinada a darles poder a unos dirigentes sindicales, que en el fondo lo que van a hacer es entorpecer la productividad y el crecimiento económico”. Y agregó: “yo estoy aquí para defender al trabajador en materia laboral, porque el derecho laboral es tutelar de la parte más débil, es un derecho de fuero y eso no lo callo” (ver nota de El Mostrador).

A juicio de José Luis Ugarte, la defensa de esos derechos es la tarea de los tribunales de justicia y por lo tanto la interpretación que se ha hecho del giro de la Cuarta Sala es una caricatura. “En mi opinión lo que hace es aplicar los principios del derecho del trabajo, que son los principio de protección del trabajador. No es que sea una sala ideológica, sino que aplica los principios de la disciplina, lo que pasa es que antes hubo durante seis años una sala laboral que era un absurdo y negaba los principios que son de los libros. A cualquiera que estudia Derecho le enseñan eso”, dice Ugarte.

Para Diego López, lo que ocurre en la Cuarta Sala no es un “veranito de San Juan”, porque se han dictado sentencias sólidas y bien argumentadas, que han creado una jurisprudencia consistente: “Son fallos ambiciosos. Lo que pretenden es sentar las bases doctrinarias para tomar decisiones. La mayoría de ellos se refieren a principios que estaban como olvidados: el principio del acceso eficaz a la protección, el principio pro operario, el reconocimiento de que la libertad sindical es un derecho cardinal de nuestro ordenamiento jurídico. Declaraciones que se echaban en falta hace cinco o 10 años. No es sólo que cambie la doctrina, sino que se está haciendo de una manera vigorosa”.

Para Juan Vergara, el comportamiento de la Cuarta Sala “permite abrigar esperanza de que se traduzca en un mayor reconocimiento de los instrumentos colectivos suscritos por sindicatos que los que suscriben eventualmente los grupos negociadores. Ha tenido un desarrollo constante de todo lo que implica libertad sindical, incluyendo el derecho a huelga como derecho fundamental que es de especial cuidado y protección”.

Y aunque en el ordenamiento jurídico chileno los fallos no sientan precedentes que obliguen a otros tribunales, varios de los abogados consultados coinciden en que los dictámenes de la Cuarta Sala de la Corte Suprema han ido permeando a las cortes de apelaciones y a los tribunales de primera instancia. No es solo por doctrina, dice Joaquín Silva, sino que se trata de un sistema jerárquico en que los jueces de instancias inferiores tienen el incentivo de fallar alineados con los superiores que van a evaluar su desempeño.

Uno de los primeros cambios que hizo notar la nueva conformación de la Cuarta Sala tiene que ver con un asunto de amplio efecto para los trabajadores. Mientras la presidió Patricio Valdés, la sala sentenció reiteradamente que el cálculo de las indemnizaciones por término de contrato debe realizarse con el monto de la última remuneración, excluyendo las asignaciones de colación y movilización. Según un estudio de la Corte Suprema, sólo entre 2011 y 2012 se acogieron 24 recursos adoptando esa doctrina (16 de ellos con el voto de Valdés). A partir de 2014 eso empezó a cambiar y hoy está asentado que para calcular la indemnización deben sumarse los bonos de transporte y movilización.

Otras sentencias se han replicado en menos oportunidades, pero han significado un cambio radical de doctrina hacia el respeto de la libertad sindical. En diciembre de 2014 un fallo redactado por el ministro Carlos Cerda ratificó una sentencia de la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinó que durante una huelga las empresas no pueden reemplazar a los trabajadores con personal interno (esto es lo que en la reforma se denominó adecuación interna). El caso específico estaba referido a la empresa Promolinks –subcontratista de Movistar–, la que fue multada por prácticas antisindicales.

El fallo reconoció la “plena reafirmación de la huelga como principio básico del catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, y como prerrogativa irrenunciable del derecho laboral”. Se adelantó a lo que entonces era reconocido por la normativa vigente. De hecho, tres semanas más tarde, cuando se envió el proyecto de Reforma Laboral, en su mensaje especificaba que la eliminación del reemplazo de trabajadores era “consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema”. Hay quienes sostienen que el fallo reconoce mayores derechos a los trabajadores en huelga que el texto que fue despachado finalmente por el Congreso.

Esta doctrina se ha mantenido hasta hoy. El 1 de junio recién pasado, la Cuarta Sala rechazó un recurso interpuesto por la empresa de transportes de valores Brinks, dictaminando que el reemplazo interno de trabajadores “constituye una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no hay diferentes interpretaciones”.

Sergio Muñoz

Cinco días más tarde, la sala dictó otra sentencia, redactada por el juez Sergio Muñoz, que determinó que si una persona es objeto de vulneración de sus derechos fundamentales –por ejemplo, acoso– puede demandar a su empleador y al mismo tiempo autodespedirse. Eso evita que para recibir una indemnización la persona tenga que optar entre seguir viendo vulnerados sus derechos o alejarse de quien los vulnera. Este caso se refería a Empresa de Servicios Educacionales Aurora Irene Villablanca Gómez E.I.R.L., una escuela de lenguaje.

Pero sin duda uno de los fallos más relevantes de la Cuarta Sala se dio a conocer en marzo pasado, cuando ratificó una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinó que el derecho a huelga no solo puede ejercerse durante la negociación colectiva, sino también fuera de esta. El tribunal de alzada había sentenciado que “ha sido superada la tesis que sustentaba que la huelga era una ‘etapa indeseable’ de la negociación colectiva; por lo mismo, tampoco puede sostenerse que cualquier huelga que se realice fuera de la negociación colectiva sea ilícita o contraria al derecho”. La sentencia es referida a la empresa ActionLine –subcontratista de Claro–, cuyos empleados realizaron una huelga de brazos caídos para reclamar por bonos y horas extras impagos.

Los fallos de la Cuarta Sala de la Corte Suprema también han cambiado la doctrina respecto a las relaciones laborales en el sector público. En abril de 2015, dictaminó que una funcionaria que trabajó durante cuatro años a honorarios en la Municipalidad de Santiago tenía derecho a indemnización pues existía una relación laboral.

Meses más tarde, en diciembre, la misma sala hizo noticia al reconocer que los funcionarios públicos tienen el derecho de presentar recursos de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, algo hasta entonces reservado para trabajadores del sector privado.

VUELTA AL TC

El miércoles 22 el Congreso despachó el veto enviado por la Presidenta Bachelet. En él se eliminan tres pactos de adaptabilidad (que flexibilizan las jornadas y turnos), pues en la redacción original de la reforma éstos pactos sólo podían ser negociados por el sindicato, lo que quedó descartado con el fin de la titularidad. También se saca del proyecto la exigencia de que haya un quorum para negociar, con lo cual la ley queda como está actualmente, en que sólo se pide quorum para formar el sindicato.

Tribunal Constitucional

El texto fue enviado al TC para control de constitucionalidad y la oposición, particularmente el senador Andrés Allamand (RN), advirtió que recurrirá “a todas las instancias administrativas y jurisdiccionales” para reclamar. A su juicio, el resultado de la reforma es “una aberración jurídica” y el gobierno incurre en desacato por no obedecer lo dictaminado por el TC al no legislar tras el fallo.

Más allá del destino que puedan tener los reclamos de la oposición, no es descartable que una vez que la ley sea promulgada haya quienes vuelvan al TC para intentar que en casos particulares se reconozcan a los grupos negociadores los mismos derechos que a los sindicatos. El problema, explica un abogado constitucionalista, es que hoy no hay normas que regulen a los grupos negociadores, por lo que es difícil de prever qué artículo el TC podría declarar inaplicable.

Cada vez que uno de los casi dos millones de clientes que Aguas Andinas tiene en Santiago paga su cuenta mensual, está entregando $323 para que la empresa cuente con el dinero destinado a reponer las cañerías y  así asegurar la continuidad del suministro a los consumidores. Pese a ello, en la madrugada del 9 de junio un río de agua potable se abrió paso bajo la avenida Providencia y trastocó de un golpe la vida de gran parte de los habitantes de la ciudad.

La sospecha que quedó flotando fue que la sanitaria española (controlada por Aguas de Barcelona) no cumplía adecuadamente con las medidas comprometidas con el Estado para prevenir el deterioro de las matrices y restituirlas antes de una rotura. Y ello, a pesar de que anualmente Aguas Andinas recibe de sus clientes US$10 millones para ese fin, según los cálculos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) entregó a CIPER.

Lo inaudito es que no existe certeza sobre el uso de esos dineros, como se desprende de las palabras de la ex titular de la SISS, Magaly Espinosa, quien afirmó que no se puede fiscalizar lo que hay bajo tierra. A ello se suma lo que la actual autoridad de la SISS reconoció a CIPER: legalmente no puede obligar a las sanitarias a reponer una determinada cantidad de matrices.

Santiaguinos sin metro en Providencia

El 9 de junio el agua socavó parte del pavimento de Providencia y penetró a la línea 1 del Metro, que debió suspender desde las primeras horas de ese jueves los viajes entre las estaciones de Los Héroes y Los Leones, afectando a 300 mil usuarios. La mayoría llegó atrasada a su trabajo luego de bregar con indignación por obtener un medio de transporte o simplemente caminar. Enormes embotellamientos de tránsito se registraron entre el barrio alto y el centro de la ciudad, que incluso demoraron las salidas de los vuelos desde el Aeropuerto Merino Benítez, porque tripulaciones y pasajeros no pudieron llegar a tiempo.

Un completo caos cuyos costos materiales aun no terminan de calcularse. Y con un agravante: la Municipalidad de Providencia advirtió a la empresa el 28 de abril -42 días antes- que se había detectado una filtración de agua en el mismo sector donde finalmente se produjo la rotura de la matriz de fierro fundido.

Durante 42 días la sanitaria no fue capaz de identificar el punto de rotura. Aun así los daños morales o extra contractuales –como los atrasos y la alteración que sufrieron los habitantes de Santiago- difícilmente podrán ser indemnizados mientras no se modifique la actual legislación, dijo a CIPER el abogado de la organización de consumidores Conadecus, Mario Bravo Rivera (ver recuadro).

Autoridades gubernamentales expresaron a CIPER su molestia por la “poca diligencia” de la Superintendencia de Servicios Sanitarios frente a la alerta previa de filtraciones en Providencia. Más que molestia es la que existe, ya que en la SISS aseguraron que recibieron la denuncia el 12 de mayo –dos semanas después de que la municipalidad detectara la filtración- y que de inmediato oficiaron a la empresa sanitaria. A los errores de Aguas Andinas hay que agregar que no dieron aviso oportuno del colapso al Centro de Alerta Temprana (CAT) de la ONEMI.

La falla del ducto, que nace en los estanques de avenida Antonio Varas, y sus efectos, que todavía se prolongan por las obras de repavimentación de Providencia, son una alerta roja sobre el precario mantenimiento preventivo de las redes de agua potable que le corresponde efectuar a Aguas Andinas, la escasa reposición de cañerías y la débil fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esa entidad estatal tiene la responsabilidad de vigilar que las concesionarias cumplan sus compromisos de inversión, la misma que los clientes pagan de sus bolsillos al estar incluidos en la cuenta mensual.

Lo ocurrido también es una advertencia sobre el modelo desregulador que se impuso en el sector sanitario para favorecer las privatizaciones de las antiguas empresas estatales, el que opera sobre la base del “autocontrol” de las mismas compañías.

En 2014, Aguas Andinas apenas repuso el 0,22% de su red de cañerías, por debajo del promedio nacional de las sanitarias, y tuvo una pérdida de agua potable calculada en 30,5% de su producción, la mayor parte atribuible a roturas en sus estanques y ductos de distribución. La empresa respondió a CIPER que las inversiones en reposición que ha realizado le permiten exhibir una tasa de roturade 7,9 casos cada 100 kilómetros de red, “similar a la de países desarrollados de la OCDE”.

Sin embargo, ya en 2014 la entonces superintendenta de la SISS, Magaly Espinosa Sarría, admitió a CIPER que las persistentes altas utilidades de las principales sanitarias indican que esas empresas están convirtiendo en ganancias el dinero destinado a reposición. Solo desde 2010 a 2015 Aguas Andinas obtuvo utilidades por $701.705 millones.

Una comisión de la Cámara de Diputados, que investigó el desempeño de la SISS ante los numerosos reclamos y fallas de servicio de la sanitaria Aguas del Valle, concluyó recientemente que esa superintendencia no ha cumplido debidamente su misión ni se ocupó de hacer un análisis crítico del sector, contentándose con aplicar la legislación. Ella tiene su base en el Decreto Ley N° 70, firmado por Augusto Pinochet en 1988. Esas normas posteriormente fueron profundizadas en la Ley 19.549, dictada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y en cuya elaboración y tramitación le cupo un papel clave al actual presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, entonces subsecretario de Obras Públicas.

SOSPECHAS SOBRE LAS SANITARIAS

Los trabajadores de las propias sanitarias aseguran que estas empresas incumplen la tarea de reponer matrices y cañerías, porque les sale más barato esperar a que se rompan o fallen. Hugo Maturana, presidente de la Federación de Sindicatos de las Empresas Sanitarias (Fenatraos), dijo a The Clinic: “No se han ido renovando los acueductos de forma oportuna. Como son reparaciones de alto costo, las empresas las dejan no más, a ver si aguantan”.

El dirigente también acusó a la SISS por no fiscalizar la renovación de las redes en forma oportuna y criticó que las inversiones de las sanitarias se incluyan en la tarifa –mediante alzas en los precios- y que no salgan de las ganancias de las empresas. “Es absurdo, además de ser clientes cautivos tenemos que darles (a las sanitarias) seguridad en las utilidades”, dijo (ver entrevista en The Clinic). 

Hugo Maturana

Las sospechas de Maturana ya habían sido confirmadas por los funcionarios de la SISS en noviembre de 2015, cuando la directiva que los agrupa (Anfussa) concurrió a declarar ante la Comisión Especial Investigadora del rol de la SISS y de ECONSSA respecto de los problemas generados por la empresa Aguas del Valle. En esa ocasión, la presidenta del gremio, Jacqueline Torres, remarcó entre los principales problemas del sector sanitario la “escasa reposición de redes de agua potable” y el “detrimento progresivo de la calidad del servicio” (ver sesión 7ª. de la Comisión Especial). 

En 2015, cuando se acercaba el fin de su desempeño como superintendenta de Servicios Sanitarios tras nueve años en el cargo, Magaly Espinosa dejó por escrito los temas que a su juicio requieren un mejoramiento del marco regulatorio de las sanitarias. Entre ellos, señaló “los bajos niveles en inversión de reposición de infraestructura” y la falta de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de fijación de tarifas (ver presentación del Informe de Gestión del Sector Sanitario 2014). 

Consultada en 2014 por CIPER sobre una explicación para las altas utilidades que arrojaban año a año las empresas sanitarias Aguas Andinas y ESVAL (Región de Valparaíso), Espinosa respondió:

-Yo haría un análisis de su calidad de servicio y cómo está su nivel de reposición de la infraestructura, porque eso a mí me indica que la empresa está recibiendo toda la cuota de reposición y si la está manteniendo como utilidad. Y si las utilidades se mantienen siempre altas es que no se está reinvirtiendo a los niveles que el modelo espera que se reinvierta (ver reportaje de CIPER). 

Las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara Baja –presidida por el diputado Miguel Alvarado (PPD)- fueron más categóricas. Después de escuchar a autoridades, trabajadores y organizaciones ciudadanas, llegó al convencimiento de que a las sanitarias les conviene económicamente esperar a que las cañerías colapsen y solo después reponerlas “lo que hace inviable una acción verdaderamente preventiva de las empresas sanitarias” (ver Conclusiones del informe de la Comisión Especial). 

CIPER consultó a Aguas Andinas por la inversión realizada año a año, desde 2010 a 2015, en reposición de cañerías y matrices. La respuesta, por escrito, no entregó los detalles solicitados. La empresa aseguró que en 2015 invirtió US$185 millones y que el 21% de ese monto “se destinó a la distribución de agua potable” (que incorpora renovación, mantención y otros). Ello equivale a US$39 millones, pero la sanitaria no informó cuánto destinó solo a reposición de la red.

Eso sí, Aguas Andinas enfatizó que “esas inversiones más la gestión operativa que realiza la compañía en su red de agua potable han permitido lograr una tasa de 7,9 roturas por cada 100 kilómetros, entre las más bajas de la industria local y muy similar a la que presentan países desarrollados de la OCDE”. Las estadísticas de la SISS indican que esa tasa correspondió en 2014 a 941 roturas. 

POSIBLE AGRAVANTE

“Es claro que los hechos ocurridos (en Providencia) son de exclusiva responsabilidad de la empresa Aguas Andinas”, afirmó por escrito la jefatura de la SISS a CIPER (en esos mismos días, el economista Ronaldo Bruna fue nombrado superintendente por la Presidenta Bachelet en reemplazo de Magaly Espinosa). La SISS agregó que “si no ha habido una adecuada reposición y ocurre un hecho que afecta la calidad de servicio, dicho evento es evidentemente un agravante a los procesos de sanción que se levanten en contra de una sanitaria por estas situaciones”.

La SISS ordenó una fiscalización especial por la rotura para determinar las causas de la falla, identificar las responsabilidades y establecer si se cometieron infracciones susceptibles de ser sancionadas. Y aunque se anunció que la sanitaria podría recibir una multa máxima de $548 millones, autoridades consultadas por CIPER lo dudan, ya que pese a la rotura de la matriz no hubo suspensión del suministro de agua potable para los consumidores.

El ducto de fierro fundido de 1,10 metro de diámetro que colapsó puede tener una vida útil de hasta 80 años, lo que depende del material, las condiciones de instalación, la presión a la que está sometida, la calidad del suelo y del agua. Según la SISS, no se consideraba su reposición por parte de Aguas Andinas.

Ejecutivos de Aguas Andinas consultados por CIPER, respondieron por escrito que para definir las redes que deben reponerse se califican los sectores en función del número de “roturas no programadas” ocurridas en el último año, una fórmula definida por la SISS.

LA PLATA QUE PONEN LOS CLIENTES

En el último proceso que estableció las tarifas de Aguas Andinas para el quinquenio 2015-2020, la SISS y la sanitaria acordaron que el costo total de largo plazo para producir agua potable y recolectar y tratar las aguas servidas alcanza a $311.117 millones anuales, ingresos que están incorporados en las cuentas que pagan los clientes de la sanitaria mes a mes. De ese monto, informó la SISS a CIPER, “el 2,5% corresponde a reposición de redes y conducciones de distribución de agua potable”, lo que equivale a $7.778 millones.

Por eso, si se considera una cuenta tipo mensual de 15 metros cúbicos de consumo en período de no punta de $12.965, aproximadamente $323 corresponden a reposición de cañerías. Aguas Andinas tiene 1.768.892 clientes (hogares y empresas) por lo que anualmente recibe dentro de la tarifa al menos $6.856 millones para restituir redes (US$ 10,2 millones al año).

En su Informe de Gestión 2014, la SISS calculó que ese año Aguas Andinas repuso 26,7 kilómetros de cañerías de agua potable, solo el 0,22% de su red que tiene una longitud de 11.971 km. Ese porcentaje de restitución de cañerías fue inferior en 2014 al promedio de reposición de las concesionarias del país, que alcanzó el 0,4% de las redes. Sanitarias de gran tamaño -como ESSBIO y ESVAL- superaron en 2014 a Aguas Andinas, reponiendo el 0,71% y el 0,51% de sus cañerías respectivamente (ver Informe de Gestión 2014). 

Según la tabla de Vidas Útiles Técnicas, incluida en el estudio de la SISS para establecer la tarifa a cobrar por Aguas Andinas, las tuberías y obras civiles de conducción de agua potable tienen una vida útil de 50 años, por lo que se deduce que, en promedio, la empresa tendría que reponer el 2% de su red (240 km) cada año para en medio siglo lograr la restitución total.

Adicionalmente, el agua potable no facturada es otro indicador de filtraciones y roturas de las cañerías. Aunque la tasa de roturas de Aguas Andinas es baja (7,9 por cada 100 km) ya que la SISS considera que menos de 20 colapsos por cada 100 km indica “que las redes cuentan con altos estándares de integridad en sus tuberías”, la sanitaria capitalina registra que en 2014 el 30,5% del agua potable que produjo no fue facturada. Un poco menos que el promedio nacional no facturado por las empresas concesionarias (33,65%); y muy por sobre Aguas Manquehue que no cobra solamente el 9,8% de su agua potable (ver Informe de Gestión de la SISS). 

El cálculo de la SISS es que el 74% del agua que no es cobrada “corresponde a pérdidas físicas y se genera por roturas de cañerías”. En este caso, Aguas Andinas no facturó en 2014 nada menos que 130 millones de metros cúbicos de agua por daños en su red. Para la SISS, una empresa eficiente debería tener un máximo de 15% de agua potable no facturada. Aguas Andinas duplica persistentemente ese límite, aunque lo redujo levemente desde 2009 cuando marcaba un 31,9% de agua no facturada.

SUPERINTENDENCIA EN DEUDA

La ex superintendenta Magaly Espinosa –hoy asesora del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- reconoció las dificultades para fiscalizar el cumplimiento de las sanitarias en la reposición de cañerías. “Las redes están bajo tierra y no podemos vigilar cómo están sino hasta que se produce la falla. Es complejo controlar y generar sistemas de fiscalización que garanticen eso”, dijo a la revista peruana Proyecta a comienzos de 2016.

Magaly Espinosa

Bajo el mandato de Espinosa, la SISS ya había sido duramente cuestionada en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, la que luego de escuchar a la superintendenta y a los principales directivos de la entidad reprochó “la falta de rigurosidad de la superintendenta saliente y su equipo directivo, quien ha expresado a esta Comisión no disponer del marco regulatorio adecuado ni de los presupuestos que requiere este sector”.

Espinosa había explicado a los diputados que la medición de calidad del servicio de las sanitarias se basa en el “autocontrol” de las empresas, a través de la información que entregan a la SISS, datos que se comprueban con análisis y fiscalizaciones de la superintendencia, especialmente en cuanto a las normas de calidad del agua potable. La diputada Yasna Provoste (DC) le respondió que la SISS “ha mantenido un sistema tarifario poco participativo y no ha existido para las empresas una exigencia categórica de reinversión de utilidades en renovación de redes”.

Incluso los trabajadores de la superintendencia fueron categóricos al exponer las debilidades de la fiscalización ante los parlamentarios. “Lo más grave que hemos visto es la nula participación que tiene la ciudadanía en los procesos tarifarios”, dijo la presidenta del gremio Jacqueline Torres. Y enfatizó que más de la mitad de los reclamos contra las sanitarias son respondidos en contra de los clientes “porque la legislación no permite hacer algo que favorezca al usuario”.

La SISS aseguró a CIPER que las multas aplicadas a las sanitarias por roturas de cañería aumentaron de apenas nueve en 2012, cuando se registraron 9.400 roturas en todas las sanitarias, a 34 multas en 2015, año que registró 8.200 roturas (ver gráfico SISS a continuación).

Pero insólitamente el modelo concesionario heredado de Pinochet y reforzado por la Concertación, impide a la SISS fijar a las sanitarias el nivel de reposición de las redes. Son las propias empresas las que diagnostican el estado de su infraestructura y, a partir de ello, definen cuánto reponer. Una cifra que queda comprometida en su programa de inversiones cada cinco años. Desde la SISS se explicó a CIPER que sus funcionarios pueden hacer observaciones a los autodiagnósticos de las sanitarias “pero no está dentro de sus atribuciones el determinar los niveles de reposición que cada empresa compromete”. La SISS solamente puede fiscalizar el cumplimiento de las inversiones comprometidas y aplicar multas en caso de que no se respeten.

CIPER consultó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios si hay normas técnicas para la reposición de las matrices, como la que colapsó estrepitosamente en Providencia. La respuesta fue que el Instituto Nacional de Normalización no ha establecido un estándar en el caso de la reposición de cañerías de agua potable ni por vida útil ni por tipo de material.

Las debilidades del modelo fiscalizador de la Superintendencia de Servicios Sanitarios podrían corregirse si el gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que en su conclusión propone oficiar a la Presidenta Bachelet para solicitarle que presente un proyecto que modifique la Ley 18.902 que creó la SISS. Y detalla que, entre otras materias, se fortalezcan los derechos de las personas ante las empresas sanitarias, se modernicen los procedimientos de fiscalización y se fije la obligatoriedad de las empresas de ejecutar las inversiones que requieren para otorgar un servicio de calidad “considerando que el ente regulador (SISS) no ha sido lo suficientemente proactivo en la promoción de las reformas necesarias”.

La frase más repetida por los representantes del Ministerio de Educación (Mineduc) cuando se les pregunta fuera de micrófono por la reforma a la educación superior, es que no cuentan con la fuerza política necesaria para impulsar modificaciones más radicales en el sistema. Ese es también el principal argumento que entregan ante las voces críticas de estudiantes y rectores que cuestionan la reforma por considerar que consolida un sistema de mercado en la educación superior.

Esa falta de fuerza política explicaría que en el proyecto del gobierno se mantenga el Crédito con Aval del Estado (CAE), el financiamiento público a instituciones sospechosas de lucrar y también una regulación tímida que deja espacio para que algunos de los actuales controladores de universidades puedan seguir haciendo negocios con sus planteles.

Durante la elaboración de la reforma por parte de los equipos técnicos del Mineduc y del Ministerio de Hacienda, hubo cambios clave. Por ejemplo, en un comienzo iba a estar prohibida cualquier relación entre las universidades y las sociedades comerciales ligadas a sus socios, incluyendo a sus familias. Pero en el proyecto que el gobierno presentó el lunes, eso se matizó.

Ministra de Educación, Adriana Delpiano, y subsecretaria del ramo, Valentina Quiroga.

La reforma busca que las sociedades comerciales abandonen el control de las corporaciones universitarias, de las que ahora sólo podrán participar entidades sin fines de lucro, personas naturales o corporaciones de derecho público.

Si quieren seguir siendo socios, los actuales controladores estarán obligados a hacer una reingeniería societaria. Podrán participar de las instituciones educacionales a través de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Estas nuevas organizaciones podrán funcionar como entidades intermedias entre las instituciones de educación superior y los actuales controladores. Dichas entidades intermedias podrán tener socios que sí tengan fines comerciales, y esos socios estarán autorizados a concretar negocios con las universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) a los que están ligados. Si son los dueños de las instalaciones, podrán seguir arrendándolas para su funcionamiento. También estarán autorizados a prestar servicios a través de estas sociedades indirectamente relacionadas.

Como detrás de estas entidades intermedias habría una sociedad comercial (las que de acuerdo al proyecto no pueden tener participación directa ni indirecta en el control de los planteles), las nuevas entidades no podrán ejercer el control de las universidades, IP o CFT. Eso implica que –al menos en teoría– no podrán manejar las decisiones que tomen los órganos superiores de las casas de estudio.

Ahora los negocios los harán bajo un marco regulatorio que busca resguardar que las transacciones que se efectúen sean a precios de mercado, y que estas se realicen por la prestación de servicios que efectivamente necesiten los planteles de educación superior.

EL ARTÍCULO QUE PERMITE NEGOCIOS

En lo formal, la reforma prohíbe que fundadores, asociados y miembros de la institución tengan negocios relacionados con esta. Lo mismo sus controladores, integrantes del directorio o consejo superior, rectores, familiares de cualquiera de estas personas y sociedades en las que sean dueños directos o posean más del 10% del capital. Aunque el proyecto define qué se entiende por persona relacionada, también señala que la nueva Superintendencia de Educación Superior podrá establecer “mediante una norma de carácter general” que personas naturales o jurídicas son relacionadas si sus vínculos permiten “presumir que sus operaciones con la institución originan un conflicto te interés”.

El artículo 134 del proyecto de ley establece: “Las instituciones de educación superior que estén organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones” con fundadores, asociados y miembros de la institución. Tampoco con controladores, integrantes del directorio, rectores, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y sociedades en las que estas mismas personas participen. Pero queda una ventana abierta.

El artículo siguiente, el 135, fija las condiciones bajo las cuales sí se podrán realizar contratos con sociedades o personas relacionadas que no sean las mencionadas anteriormente, lo que incluye a las sociedades que participan de las entidades sin fines de lucro que son miembros de las corporaciones. De acuerdo al proyecto, estos contratos “deberán contribuir al interés de la institución de educación superior y al cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de su celebración”.

Toma de las oficinas de Laureate

Eso sí, el proyecto establece márgenes. En teoría, las sociedades comerciales que se liguen indirectamente a los planteles no podrán controlar el directorio de esas instituciones, para resguardar que no tomen decisiones que perjudiquen a las universidades y que vayan en beneficio de sus negocios. Para diluir su participación, podrán invitar a unirse a la corporación a personas naturales, organismos gremiales y corporaciones de derecho público, como Corfo.

La reforma hace responsables a los directores de las decisiones que estos toman, tal como sucede en las sociedades anónimas. Con ello se busca regular el lucro y evitar que se cobren servicios a precios mayores que los de mercado o que sean innecesarios. La idea es que los márgenes de ganancia sean razonables y no perjudiquen en exceso a los planteles.

Un caso que se analizó durante el diseño del proyecto es el de las instituciones del Grupo Laureate: Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad de Viña del Mar y el instituto AIEP. Se estableció que si ese conglomerado lo desea podrá seguir ligado a las instituciones, pero a través de una entidad sin fines de lucro que participe en las corporaciones que administren las casas de estudio y sin tener el control en la toma de las decisiones. También podrá seguir como arrendador de los inmuebles que sus planteles ocupan.

En el papel, la reestructuración planteada funciona, pero en la realidad deberá enfrentarse a una institución que maneja una matrícula de más de 180 mil estudiantes y que ha hecho un fuerte lobby contra la reforma. No parece razonable que entregue fácilmente la propiedad y el control de un negocio altamente rentable.

Por ahora, sólo existe esa ventana para los actuales controladores mantengan al menos una tajada del negocio. Lo que está por verse es cuánto se resistirán quienes por años han obtenido jugosas ganancias con la educación superior a ceder el control sobre el negocio. O cuánto tardarán, si la ley logra despacharse en los términos actuales, en encontrar la trampa que les permita seguir obteniendo millonarias utilidades.

HISTORIAL DE LUCRO

En el Mineduc explican que el objetivo es “no asfixiar” a las universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica privados que hoy realizan negocios con su actividad. Uno de los grandes obstáculos con los que chocó la voluntad de una transformación más radical del sistema de educación superior es la gigantesca matrícula que poseen los planteles privados que han lucrado con la educación, a pesar de que en el caso de las universidades eso estaba prohibido por ley.

Las seis universidades privadas no tradicionales que tienen las matrículas más abultadas de su sector (Universidad Andrés Bello (UNAB), Universidad de Las Américas (UDLA), Universidad Santo Tomás (UST), Universidad San Sebastián (USS), Universidad Mayor y la Universidad Autónoma) han sido investigadas por lucro por la Fiscalía y sendas investigaciones periodísticas han revelado las técnicas que han utilizado para burlar la ley. Dos de esos mecanismos son el arriendo de edificios a los planteles que hoy controlan y la venta de servicios a las mismas instituciones. Con la reforma esos negocios podrán continuar, pero ahora de forma indirecta y regulados por la futura Superintendencia de Educación Superior.

Mientras se elaboraba el proyecto y en paralelo el gobierno realizaba mesas pre legislativas con actores involucrados en la discusión, se flexibilizó otro aspecto que significará dejar abierta una importante llave de recursos para las instituciones que opten por no incorporarse a la gratuidad: el CAE.

Universidad Santo Tomás

En un inicio todas las universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que quisieran recibir recursos públicos deberían someterse a un reglamento especial, uno que consideraba regulación de matrículas y aranceles. Esa regulación se aplicaría solo por el hecho de percibir recursos públicos y aunque las instituciones no ingresaran al sistema de gratuidad incluido en la reforma.

Pero ya no será así. En el proyecto se establece que las instituciones que no adscriban a la gratuidad podrán seguir recibiendo dineros de becas y del CAE sin someterse a restricciones ni de aranceles ni de matrículas. “No podíamos desfinanciar a esos planteles”, aseguró a CIPER una fuente del Mineduc.

La única nueva exigencia es para los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales –que en la actualidad pueden lucrar–, pues si quieren recibir recursos públicos deberán someterse a las nuevas reglas societarias, que los obligarían a transformarse en instituciones sin fines de lucro.

Perder los recursos del CAE sería una tragedia difícil de superar para las instituciones privadas y con alta matrícula, las que obtienen de ese crédito una fuente de recursos vital para su funcionamiento: entre 2006 y 2015 la Universidad Andrés Bello recibió $312 mil millones por el CAE, la Universidad Santo Tomás $282 mil millones y la Universidad San Sebastián otros $212 mil millones, solo por nombrar las tres que lideran el ranking de recursos vía Crédito con Aval del Estado.

Esa llave de recursos públicos que se deja abierta para quienes no ingresen a la gratuidad se explica por las mismas razones esgrimidas por quienes elaboraron el proyecto: no se podía desfinanciar a las instituciones de mayor matrícula y tampoco se podía asfixiarlas quitándoles el incentivo a sus dueños para administrar los planteles.

EL NEGOCIO DE LA VENTA DE SERVICIOS

Una de las rutas que han utilizado los controladores de universidades privadas para desviar fondos a sus negocios particulares ha sido la de las sociedades relacionadas: mientras las universidades suman matrículas, sus dueños se dedican en paralelo a crear sociedades que extraen fondos de esas mismas instituciones. Como hasta ahora no existe fiscalización efectiva a la contabilidad de los planteles, hay un manto oscuro sobre las condiciones en que se firman los contratos entre relacionados.

Han existido investigaciones del Ministerio de Educación, la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, y denuncias de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que han cuestionado el traspaso de fondos a las sociedades relacionadas por el perjuicio que significa para las finanzas de las universidades.

Una de las primeras alertas la emitió la Comisión Nacional de Acreditación en 2012. La CNA envió un informe al Ministerio de Educación denunciando irregularidades financieras en la Uniacc y en la Universidad Santo Tomás (UST), que consistían en préstamos blandos a sociedades relacionadas.

La Uniacc le traspasó al Instituto Superior de Artes y Ciencias (Isacc), una de sus sociedades relacionadas, $5,5 mil millones, lo que coincidió con la disminución del patrimonio del plantel en solo un año de $8 mil millones a $3,9 mil millones. La CNA consideró que había un daño patrimonial y envió los antecedentes al Mineduc, que abrió una indagatoria, la que fue sobreseída a fines de 2013.

La otra universidad denunciada por la CNA en 2012, la UST (controlada por el Grupo Hurtado Vicuña y por Linzor Capital), presentaba entonces excedentes de caja que le permitían a sus controladores realizar inversiones en el mercado financiero. Esto se sumaba a que había realizado préstamos a una empresa relacionada: Sociedad Inmobiliaria Rádices. Según indagó CIPER, esos préstamos ascendieron a $13 mil millones.

El Ministerio de Educación también abrió una investigación contra la Universidad Santo Tomás debido a estos antecedentes. Pero esa indagatoria tampoco tuvo resultados y fue cerrada durante la anterior administración. Pocos meses después, volvió a existir una denuncia. En diciembre de 2014, la CNA reiteró que existían relaciones financieras con la Inmobiliaria Rádices que eran perjudiciales para la UST. Un mes después, el Mineduc anunció que había reabierto la investigación contra el plantel, la que se mantiene en curso.

Otro grupo de universidades que han sido investigadas por las relaciones comerciales que mantienen con las sociedades de sus controladores, son las pertenecientes al Grupo Laureate (principal inversor privado en educación superior con fines de lucro en el mundo): Universidad Andrés Bello (UNAB), Universidad de Las Américas (UDLA) y Universidad de Viña del Mar (UVM). Todas mantienen contratos de prestación de servicios con sociedades de Laureate, lo que ha significado una millonaria ganancia para el controlador. Las tres instituciones remesaron en 2010 $13,2 mil millones a su controlador a través de estos contratos, una cifra que en 2013 creció a $19,4 mil millones.

Solo la UNAB traspasó entre 2010 y 2013 casi $34 mil millones a Laureate a través de cuatro contratos firmados con sociedades relacionadas. Una auditoría de cumplimiento tributario encargada en 2014 por autoridades administrativas del plantel, y que fue dada a conocer por CIPER, señaló que no existía evidencia de la utilidad que los servicios prestado por sociedades Laureate tenían para el plantel. Ese informe también indicó que los dineros remesados por la UNAB al exterior no estaban pagando los impuestos correspondientes, ya que se sacan utilizando la exención tributaria que existe para la actividad educacional.

Ricardo Escobar y Jorge Bofill

El abogado Jorge Bofill y el ex director del SII Ricardo Escobar –quienes trabajan para Laureate–, respondieron a esta denuncia reconociendo en La Tercera que el negocio de ese grupo es la venta de servicios a las universidades que controla. “La ley permite que una persona jurídica relacionada con la universidad le preste servicios. Tiene una rentabilidad según su volumen. Los números son grandes por la cantidad de alumnos: 150 mil”, argumentó Ricardo Escobar para justificar los cuantiosos traspasos realizados al grupo controlador.

Las tres universidades de Laureate (UNAB, UDLA y UVM) están dentro de la investigación de la Fiscalía por eventual lucro en la educación superior. Aunque esa indagatoria está formalmente abierta, el fiscal Carlos Gajardo (a cargo de la causa) señaló que aunque detectó traspasos de dinero a los controladores de las instituciones, no existe norma que penalice el lucro, por lo que está de manos atadas.

El proyecto de ley que ingresó al Congreso esta semana tampoco establece figuras penales específicas que castiguen el lucro. En cambio, fija multas a quienes desvíen recursos de la institución. La superintendencia podrá obligarlos a devolver el monto desviado más una multa de un 50%. De no hacerlo, se exponen a condenas de tipo penal, por apropiación indebida. Además, la institución podrá ser sancionada con multas de hasta 10.000 UTM ($450 millones aproximadamente), ya que el desvío de recursos se considerará una falta gravísima. La superintendencia podrá también invocar la ley de administrador provisional e iniciar un proceso que puede terminar en el fin del reconocimiento oficial de la institución.

El artículo 126 del proyecto de reforma señala que “las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según sea el caso, en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan”.

ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS

El mecanismo más usual utilizado por los grupos controladores de instituciones de educación superior para esquivar la prohibición de retirar excedentes de la actividad universitaria ha sido el negocio inmobiliario. Esta operación consiste en que quien controla un plantel posee también a través de inmobiliarias relacionadas los terrenos e inmuebles donde funciona esa universidad. El negocio funciona arrendando esas instalaciones a la casa de estudios cobrando un sobreprecio que le permite extraer una tajada de los ingresos de la institución.

Un informe de la PDI fechado en octubre de 2014, y que forma parte del expediente judicial de la investigación a la Universidad Autónoma, describió con claridad el modelo de negocios que opera bajo el manto del arriendo de edificios, poniendo el acento en la incompatibilidad de intereses que esta actividad conlleva: “(…)Ya que por una parte administran y/o dirigen una corporación de derecho privado sin fines de lucro y por el otro componen, administran y/o dirigen entidades que persiguen, precisamente, este fin”.

Universidad Autónoma

A fines de 2013 dos inmobiliarias que le arriendan edificios a la Universidad Autónoma –El Llano y Autónoma–, repartieron excedentes entre sus socios: miembros de la familia Ribera Neumann, la que a su vez controla la universidad. Solo la inmobiliaria El Llano recibió $2.100 millones entre 2011 y 2012. CIPER revisó los contratos firmados entre el plantel y algunas de sus inmobiliarias relacionadas y encontró otro mecanismo para extraer recursos a través del negocio inmobiliario.

La dueña del edificio que la Universidad Autónoma posee en la comuna de San Miguel es la Inmobiliaria Autónoma El Llano, la que en 2005 firmó un contrato leaseback con el Banco BBVA por ese edificio, el que le significó una inyección de recursos frescos por $1.450 millones. Un contrato leaseback permite que un banco compre temporalmente un bien a su dueño original, mientras este se compromete a pagar una cuota mensual a ese banco durante un plazo determinado, lo que le permite seguir utilizándolo. La última cuota pactada da la opción de recompra del inmueble.

El contrato leaseback firmado por Autónoma El Llano con el BBVA fue pagado por la universidad, ya que la inmobiliaria se lo sub arrendó al plantel. Mientras al banco le cobraba a la inmobiliaria cuotas mensuales que oscilaron entre los $13 millones y los $15 millones mensuales, el sub arriendo le costaba a la UA $18,5 millones en un comienzo, y $40 millones mensuales desde marzo de 2008. Negocio redondo. Mientras la inmobiliaria utiliza el edificio para obtener liquidez de un banco, la universidad se hace cargo de pagar el compromiso financiero, dejando además un margen de ganancia para los controladores.

Pero los ejemplos de cómo se hace negocio arrendando edificios entre partes relacionadas son múltiples. Cuando explotó el desastre de la Universidad del Mar, CIPER sacó a flote el modelo de negocio que sus controladores habían impulsado para expandirse por todo el país. Los cuatro controladores del plantel: Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga fueron encontrando socios inversionistas locales que les permitieron abrir sedes de la universidad en todo Chile.

Por ejemplo, en Iquique se asociaron con miembros de la familia Vicuña Marín y con José Daniel Greenhill, con quienes construyeron las sociedades Comercial y Servicios Vizú e Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa. A través de ellas construyeron la sede de Iquique e iniciaron el negocio arrendándole ese edificio a la universidad. El modelo de negocio incluía la administración de los planteles regionales por los inversores. Fue así que entre 2006 y 2011 el rector regional fue Greenhill.

El rector nacional de la universidad, Héctor Zuñiga, y el rector local, José Daniel Greenhill, participaban en la propiedad de esas sociedades relacionadas, por lo que no hubo oposición del plantel cuando la arrendadora decidió elevar el precio del arriendo mensual de la sede de 1.000 UF a 1.700 UF. Los negociadores de esa transacción estaban sentados en ambos lados de la mesa. Ese modelo se replicó en otras sedes de la Universidad del Mar (ver reportaje de CIPER “Las pruebas de cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar I”).

Los propietarios de otra casa universitaria también han usufructuado de esta modalidad para extraer utilidades. Es el caso de la familia Romo Merbilháa, que hasta 2013 fue propietaria de la Universidad Gabriela Mistral (UGM). En un reportaje de CIPER se dio cuenta de cómo los edificios utilizados por el plantel eran propiedad de sociedades de la familia controladora: Servicios Generales Limitada y Administradora de Establecimientos Educacionales Gabmi. Sus trece inmuebles estaban avaluados en 2012 en $4.215 millones. Todos se los arrendaba a la UGM.

Hasta ahora nadie sabe con exactitud el margen de ganancia que le deja a los controladores el negocio del arriendo de edificios a sus universidades. La reforma a la educación superior recién ingresada al Congreso busca entregar facultades a la nueva Superintendencia de Educación Superior para revisar los contratos firmados por las universidades con sus sociedades relacionadas de modo que se paguen precios de mercado. La idea del proyecto es que esos negocios se regulen y salgan de las sombras en que actualmente operan.

Pasada la medianoche de este martes 12 de julio, VTR le bajará el switch a los canales Vía X, Vía X HD, Zona Latina y ARTV. Las cuatro señales de la productora TVI, propiedad del empresario Luis Venegas, sufrirán el apagón definitivo que las borrará de la programación del principal operador de TV cable del país, a menos que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decida darles oxígeno en el último minuto. El pasado miércoles 6 el abogado de TVI, Rodrigo Gil, jugó la única carta que le queda para obligar a VTR a mantener los canales en su parrilla: una demanda en el TDLC (vea la demanda). Su acusación se funda en que VTR, al poner fin a su contrato con la empresa de Venegas, habría transgredido una restricción que le impuso ese mismo tribunal en 2004, cuando se fusionó con Metrópolis.

Gil pidió además una precautoria para evitar el apagón, la que, de acogerse, mantendría a TVI conectada a un respirador mecánico al menos mientras dure el juicio.  Pero el viernes 8 el TDLC respondió que considera insuficientes los antecedentes que se adjuntaron a la solicitud de la medida cautelar (vea la respuesta del tribunal). El duro revés empujó a los abogados de Venegas a una frenética carrera para presentar nuevos documentos y pedir una reconsideración. TVI está en la UTI.

Felipe Irarrázabal

Aunque la suerte que pueda correr la petición de la precautoria aún no está sellada, la demanda de TVI contra VTR ya está en curso. Pero la causa del abogado Gil llega hasta los ministros del TDLC con un punto en contra: una resolución del fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, fechada el 26 de mayo pasado, que tuvo el efecto de una tempranera puñalada para la estrategia judicial que la empresa de Venegas planificaba desplegar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La resolución de Irarrázabal se originó por la denuncia que TVI presentó ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) después de que VTR le comunicó el fin unilateral del contrato que las amarraba. En su denuncia, TVI pidió que se iniciara una investigación contra VTR por “abuso de posición dominante”, lo que finalmente Irarrázabal desestimó. Una decisión esperada por la mayoría de los especialistas en libre competencia, debido a que VTR sólo ostenta un 33% del mercado de la TV pagada y los canales de TVI son también distribuidos por otros cable operadores menores, lo que hacía difícil sostener la tesis del abuso por posición privilegiada.

Pero en su resolución el fiscal también se pronunció sobre un aspecto que no le había sido requerido por los denunciantes. Al final de su escrito, Irarrázabal agregó un párrafo que tituló “comentario adicional”, en el que desestimó que VTR haya incumplido una restricción que el TDLC le impuso en 2004 y que es, precisamente, el corazón del litigio que ese tribunal debe zanjar ahora (vea la resolución).

El abogado Gil estima que con esta resolución el fiscal “cruzó la línea de lo prudente”. En primer término, dice, porque en su escrito Irarrázabal incluyó un punto que a su juicio es “falso”. Se refiere al “considerando Nº 4” de la resolución, donde se asegura que TVI cuestionó cada una de las razones que VTR expuso ante la fiscalía para justificar el fin del contrato: “Esto es falso, porque nosotros nunca presentamos ningún documento a la FNE que tratara de controvertir las razones de VTR, nunca supimos de las razones que VTR entregó a la fiscalía, nos enteramos de ellas cuando vimos la resolución del fiscal. O sea, es físicamente imposible, no hay documento que pruebe que las controvertimos, cuestionamos o respondimos”.

En segundo lugar, TVI sostiene que el “comentario adicional” que incluyó el fiscal y que desestima que VTR haya transgredido la restricción que le impuso el TDLC, es erróneo y no aborda el aspecto central que está en juego, por lo que su único efecto práctico fue “blindar” al cable operador en la causa que ahora se abre en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Cuando en 2004 ese tribunal aceptó la fusión entre VTR y Metrópolis,  puso condiciones. Entre otras restricciones, le prohibió que negara “injustificadamente” la compra de servicios a los programadores  (vendedores de señales) o que les ofreciera precios fuera de mercado. Es esta restricción la que TVI afirma que fue incumplida, porque asegura que VTR le puso fin a su contrato sin manifestar justificación.

Programa “El Interruptor” del canal Via X

En su comentario, el fiscal Irarrázabal determinó que no hay incumplimiento de esta restricción, porque VTR no está obligada a cumplir con la condición de “must carry” (llevar a todos los programadores en su parrilla) ni con la de “duty to deal” (obligación de  contratación). Pero la defensa de TVI alega que en este caso lo que está en discusión no es la supuesta obligación de “subir” a una empresa a la parrilla, sino la forma en que se “bajó” a una con la que ya hay un contrato, por lo que el fiscal no apuntó a lo esencial: si VTR justificó o no su decisión de poner fin anticipado al contrato.

El aterrizaje del round entre VTR y TVI en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es la quinta escala de un conflicto que partió en diciembre pasado y que ya ha dejado huella en cuatro sedes: el 22º Juzgado Civil, la FNE, el Sernac y un juicio arbitral en curso. Pero, a diferencia de las estaciones anteriores,  esta vez los antecedentes que acompañan su ingreso al TDLC pondrán indirectamente bajo el microscopio la actuación del fiscal nacional económico.

El cuestionamiento llega justo en el momento de mayor empoderamiento  de Irarrázabal, tras lograr la aprobación de la nueva ley para fortalecer la libre competencia, que otorga mayor poder al fiscal nacional económico. Entre otras cosas, le entrega a la FNE exclusividad para iniciar acciones penales contra quienes vulneren la normativa, similar a la titularidad que tiene el SII para querellarse por delitos tributarios.

ABOGADO DE JOHN MALONE

En abril de 2010, cuando Felipe Irarrázabal Philippi asumió la Fiscalía Nacional Económica, un reportaje de CIPER destacó que recién pasaría su prueba de fuego cuando a su escritorio llegaran causas que afectaran a los clientes que defendió como abogado especializado en libre competencia (vea el reportaje “Los complicados conflictos de interés que enfrenta el nuevo fiscal nacional económico”).

Las normas que rigen a la administración pública obligan a los funcionarios a abstenerse en casos que involucran a personas o entidades  a las que han prestado servicios profesionales en los últimos dos años. En concordancia con aquello, el fiscal se abstuvo de participar en investigaciones que en sus primeros años al mando de la institución afectaron a algunos de sus ex clientes, como sucedió con Cencosud y John Malone, el controlador de VTR. Superada la barrera legal de los dos años, este es el primer caso de alta connotación pública en el que el fiscal ha debido tomar decisiones respecto a un ex cliente, John Malone, que sigue siendo el hombre fuerte de VTR.

John Malone (Foto: prensario.net)

Respecto de Cencosud (matriz de Jumbo y Santa Isabel), el fiscal se inhabilitó cuando figuró en la investigación iniciada en 2011 por la colusión de supermercados. Aunque la resolución en la que formalizó su abstención no menciona razones específicas, el entonces ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, informó que Irarrázabal había hecho asesorías jurídicas a algunas de las empresas investigadas. Además, su hermano es gerente general corporativo de los supermercados Tottus, del Grupo Falabella.

En 2010 ya había sucedido algo similar con Malone. El 100% de la propiedad de VTR es de Liberty Global, conglomerado que controla John Malone, un agresivo inversionista al que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, llamó “el Darth Vader del cable”. Malone es presidente de Liberty Global y, según información proporcionada por VTR Chile, maneja el 24,9% del poder de voto en ese directorio.

En 2008 la FNE acusó Malone de haber infringido una de las restricciones impuestas a los controladores de VTR por su fusión con Metrópolis: la que les prohibía adquirir participación en el rubro de la TV satelital o vía microondas. El inversionista había comprado acciones de la compañía de TV satelital Directv, por lo que en diciembre de 2011 el TDLC lo sancionó con una multa de 4 mil UTA (unos $1.873 millones al valor de esos días). En ese proceso lo defendió Irarrázabal, quien en abril de 2010 abandonó su representación para convertirse en fiscal y de inmediato se inhabilitó en ese caso. Dos años después, Malone suscribió una conciliación con la FNE y nunca pagó la millonaria multa. La Corte Suprema aprobó ese acuerdo. Con Irarrázabal inhabilitado, quien negoció el “perdonazo” fue su subalterno Jaime Barahona (vea la sentencia de la Corte Suprema).

CIPER solicitó una entrevista con el fiscal Irarrázabal para consultarle sobre los fundamentos de su reciente resolución favorable a VTR y un eventual conflicto de interés entre este caso y los servicios que prestó a John Malone. A través del Departamento de Relaciones Institucionales de la FNE, el fiscal respondió que no concedería la entrevista, que los fundamentos de su decisión se basan en una “minuta de archivo” publicada en la web de la entidad (vea ese documento) y que no estaba inhabilitado para actuar en este caso, de acuerdo a las leyes que regulan esta materia.

La defensa de TVI dejó constancia de sus críticas a Irarrázabal en la demanda que presentó ante el TDLC, donde calificó su actuación de “exceso manifiesto”. Y agregó que “dado que el actual fiscal nacional había sido el abogado de John Malone ante este mismo H. Tribunal, esta parte asumía que se abstendría de conocer este asunto. Ello no ocurrió y por el contrario dictó una resolución que esta parte no comparte por variadas razones”.

Programa “Arte en Acción” del canal ARTV

Un punto clave para el futuro del juicio en el TDLC es que el fiscal ya dejó por escrito su parecer acerca de que VTR sí tenía justificación para poner fin al contrato, un antecedente que puede resultar lapidario para TVI. La apreciación del fiscal se basó en la mencionada “minuta de archivo”, preparada por la Unidad de Abusos Unilaterales de la FNE, la que tuvo a la vista documentos e informes técnicos aportados por VTR cuyas conclusiones fueron consideradas por Irarrázabal como “razones objetivas que justificarían su decisión de poner fin al contrato”. Estos estudios encargados por VTR apuntan a una baja sostenida de rating y pérdida de calidad de los canales de TVI desde 2010 en adelante, además de aumentos en los costos de programación que pondrían fuera de mercado los precios que cobra la empresa de Venegas.

Esas “razones objetivas” son cuestionadas por la defensa de TVI, que alega que la FNE no le dio la oportunidad de retrucar las acusaciones de VTR. De hecho, nunca las conoció. Pero ante el TDLC, TVI reclama que el contrato con VTR data de 2013 y que medido desde esa fecha el desempeño de sus canales es positivo.

En su resolución de mayo, el fiscal Irarrázabal también acogió la versión de VTR respecto de que este no tuvo la intención de cortar de raíz el contrato y que ofreció a TVI mantener en la parrilla sus dos señales que le parecían más atractivas (Vía X HD y ARTV). La queja de Rodrigo Gil es que, a diferencia del tratamiento que el fiscal dio a los argumentos expuestos por VTR, en su resolución solo mencionó los de TVI de manera tangencial en el controversial “considerando Nº 4”, presentándolos equívocamente como una respuesta a VTR.

LA “CONDICIÓN QUINTA”

Especialistas en libre competencia, que pidieron la reserva de sus nombres admitieron que el alegato de TVI ante el TDLC, basado en el supuesto incumplimiento de la restricción impuesta en 2004 a VTR, podría tener asidero. “Es, al menos, una materia controversial y defendible ante el tribunal”, señaló un abogado conocedor del rubro.

La limitación a la que se hace referencia está contenida en la “condición quinta” de la Resolución Nº 1 de 2004 del TDLC, que aprobó la fusión de VTR y Metrópolis (vea esa resolución, página 51). La unión de ambas compañías le entregó a VTR casi el 80% del mercado de la TV de pago. A pesar de esta alta concentración, la operación se autorizó porque introduciría competencia a Telefónica –un gigante que entonces corría solo­–  en los rubros de banda ancha y telefonía. Pero para evitar que VTR abusara de su privilegiada posición en el mercado de TV cable, la “condición quinta” le prohibió “negar injustificadamente la compra” a programadores que venden señales o producciones de televisión pagada u ofrecerles “un precio que no tenga relación con las condiciones de competencia del mercado”.

El 3 de diciembre pasado VTR envió a Luis Venegas la carta que puso fin al contrato. En apenas un párrafo, la carta comunicaba “nuestra voluntad de poner término al contrato (…) de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de su cláusula 4.1” (vea la carta). Dicho párrafo estipula que “cualquiera de las partes podrá ponerle término al mismo contrato mediante aviso por carta certificada a la otra parte con 60 días de anticipación a la fecha del término anticipado”. Luego, establece que previo a la fecha de término las partes evaluarán “la mutua conveniencia” de mantener vigente el contrato bajo nuevos términos y condiciones.

Del tenor literal de este párrafo se entiende que la entrega de la carta es el acto que pone fin al contrato y, al no contener esa comunicación una razón o explicación, la defensa de Venegas estima que la decisión de no seguir comprando los servicios de TVI es injustificada e incumple, por lo mismo, la “condición quinta”.

La defensa de VTR ha desestimado esta interpretación de TVI. Y tiene un precedente a su favor. En el 22º Juzgado Civil, donde se discutió una medida prejudicial precautoria solicitada por TVI para detener el apagón de sus señales, VTR convenció al juez de que la carta enviada el 3 de diciembre no fue el corte definitivo del contrato, sino solo el aviso de que se le pondrá fin en 60 días, si es que en ese mismo lapso no se llegaba a un acuerdo para mantener el vínculo comercial bajo nuevos términos. Por lo tanto, el proceso de término, alega VTR, dejó un espacio en el que se explicitaron ante la contraparte las razones que justificarían el quiebre.

En las distintas instancias donde le ha correspondido defenderse, VTR ha documentado la existencia de comunicaciones previas y posteriores a la carta del 3 de diciembre, en las que se expuso a Luis Venegas la disconformidad con el desempeño de sus señales, por lo que a juicio del cable operador no puede alegar que la medida es injustificada. CIPER tuvo acceso a documentos que prueban que en septiembre de 2014 ejecutivos de VTR expusieron a Venegas la necesidad de introducir mejoras en sus canales. No obstante, la defensa de TVI indica que el contrato contiene condiciones precisas que debían cumplirse si VTR estimaba necesario comunicar un deterioro en la calidad, variedad y atractivo de sus canales, procedimiento que a juicio de la empresa de Venegas no se cumplió.

Luis Venegas

“VTR no puede argumentar ante el TDLC que la razón por la cual quiere ponerle término a la transmisión es una baja en la audiencia, calidad o variedad de los canales, porque el contrato contenía una regulación especial para estos casos: la cláusula 1.3, que señala que en caso de baja de audiencia, calidad o aceptación, VTR tendría que haber seguido un procedimiento muy regulado, con informes de terceros independientes designados de común acuerdo, para acreditar esa supuesta baja. Y, aún en ese caso, debería haberle dado a TVI un período de 90 días para tomar medidas. Nada de eso se hizo”, sostiene Rodrigo Gil.

TVI también ha señalado que VTR le ofreció dar continuidad a las cuatro señales, pero solo pagando por  dos de ellas: Vía X HD y ARTV. Esto significa que los canales Vía X y Zona Latina –aquellos por los que TVI cobra más caro a VTR– se transmitirían a “precio cero”, lo que es considerado por la empresa de Venegas un nuevo incumplimiento de la “condición quinta”, que prohíbe a VTR ofrecer precios fuera de mercado. En su defensa, VTR ha señalado que jamás ha ofrecido a TVI transmitir sus señales a precio cero y que solo propuso seguir con los canales Vía X HD y ARTV porque son los que tienen mejor desempeño, pero que se encontró con la negativa de Venegas. A juicio de VTR, Venegas está forzando una “venta atada” de todos sus canales,  lo que está prohibido.

La “condición quinta” fue estipulada por el TDLC cuando VTR ostentaba cerca del 80% del mercado de la TV de pago, pero ahora su participación bordea el 33%, por lo que algunos especialistas estiman que VTR debió haber pedido al tribunal que levantara esa restricción hace ya varios años, precisamente para evitar un conflicto como este. Pero la condición está vigente y VTR debe cumplirla, por lo que está en manos del TDLC ponderar si el corte del contrato se justificó o no. En todo caso, cuenta con el as que le proporcionó el fiscal Irarrázabal con su “comentario adicional” que ya desestimó el incumplimiento de esta restricción.

Ante el nuevo frente abierto por TVI en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, VTR emitió una declaración, la que fue citada en la edición del diario Pulso del lunes 11: “Somos una empresa rigurosa en el cumplimento de la legalidad y respetuosa de las instituciones. Hasta ahora todas las instancias formales, judiciales y de libre competencia, han confirmado que hemos actuado bien. En esta reciente demanda, el tribunal rechazó el mismo día la solicitud de TVI de suspender su reemplazo. También lo hizo el juez arbitral de la causa y la justicia civil”.

Más allá de lo que finalmente dictamine el TDLC, lo que está claro es que la sobrevivencia de TVI depende de la continuidad de su contrato con VTR. Aunque sus canales son distribuidos por otros cable operadores, VTR le genera un ingreso de casi $180 millones mensuales que resultan cruciales para sostener la empresa.

Información proporcionada a CIPER por VTR indica que el corte de las señales está programado para la madrugada de este miércoles 13. Ante la inminencia del apagón, la condición de TVI es crítica. Aún cuando este juicio o el arbitraje que están en curso le resulten favorables, sobrevivir hasta el término de ambos procesos promete ser una larga marcha por el desierto.

N. de la R.: Entre los años 2012 y 2013 CIPER mantuvo un convenio con el canal Via X de TVI para difundir sus investigaciones en el programa Cadena Nacional.

Un enjambre de periodistas rodeó al diputado Iván Fuentes en el Congreso el pasado martes 12 de julio. Solo dos días antes Informe Especialde TVN había revelado que el parlamentario por Aysén recibió dinero de empresas pesqueras, desatando un tsunami mediático que arrasó con Fuentes, hasta ese momento posicionado como un líder social de extracción humilde y ajeno al contubernio político (vea el reportaje de Informe Especial). El diputado admitió ante la prensa que recibió aportes de pesqueras en tres momentos: cuando aún era dirigente sindical de los pescadores artesanales, durante su precampaña al parlamento y, por último, cuando ya estaba en plena carrera electoral. De los tres episodios, solo reconoció que fue un “error” haber aceptado los primeros fondos, cuando era sindicalista. Del resto, se declaró libre de culpa.

Lo que Iván Fuentes se guardó ante los periodistas es que cuando era líder sindical de los pescadores de Aysén y recibió por primera vez dinero del sector industrial, él jugó un rol clave para introducir en la Ley de Pesca un párrafo cuyo efecto fue mejorar el negocio de la industria que entonces le pagaba los viajes. La misma que después, cuando la ley ya había sido promulgada, apuntaló las finanzas de su campaña a la Cámara de Diputados.

Ivan Fuentes durante la entrevista a “Informe Especial”

En esa conferencia de prensa del martes 12, los reporteros apuntaron a conseguir un mea culpa en cámara, empujando al parlamentario hasta el borde de las lágrimas cuando le consultaron cómo estaba viviendo todo esto su familia y si pediría disculpas a los trabajadores que le dieron su voto (vea el video de esa conferencia de prensa). En esa puesta en escena, las distinciones que hizo Fuentes entre los diversos aportes que le han dado las pesqueras pasaron prácticamente inadvertidas. En sus declaraciones intentó sacudirse la responsabilidad por los fondos que recibió cuando ya estaba en carrera a la Cámara de Diputados: dijo que no supo de dónde venían, porque se hicieron como “aportes reservados” o los gestionó el senador Patricio Walker (DC) sin informarle la fuente. Pero, sobre el dinero que aceptó cuando era sindicalista, hizo un inesperado acto de contrición:

–Cuando yo era dirigente social, sí, ahí entró una plata que no corresponde y eso es lo que reconozco, eso es lo que me tiene con mucho dolor. Pero no podía hacer otra cosa, ¿cómo iba a llegar aquí? ¿Cómo iba a decir lo que he dicho? ¿Cómo ustedes iban a ser testigos del mensaje de la periferia que he traído? (…) Fue un error haber recibido lucas para viajar, pero yo tenía que venir –dijo.

Así, el diputado Fuentes reconoció en público que sí recibió dinero de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES). Esos fondos, dijo, los ocupó para viajar a Santiago y Valparaíso en 2012 –después de la gran protesta regional de Aysén que lo lanzó al estrellato político– para participar en la discusión de la Ley de Pesca que promovía el hoy formalizado ex ministro de Economía Pablo Longueira (UDI).

En ese “mensaje de la periferia” que trajo en 2012, Fuentes incluyó una demanda que finalmente fue acogida en la ley. Uno de los efectos más notorio de ese cambio legal ha sido el aumento de la cuota anual de merluza austral –el recurso marino más importante de Aysén– que pueden capturar las pesqueras controladas por Friosur, una compañía de la familia Del Río, históricamente vinculada a la DC. Esta empresa es parte de FIPES, la organización gremial que le financiaba los viajes a Fuentes y que sólo integran otras dos pesqueras, que hoy también están ligadas a Friosur. Además, el presidente de FIPES es Carlos Vial, directivo de Friosur.

Carlos Vial

El incremento del volumen de pesca de Friosur se debe a un inciso que el grupo sindical de Iván Fuentes pugnó por introducir en la ley, que permite a los pescadores artesanales de Aysén ceder el 100% de su cuota de pesca al sector industrial. Y la única industria procesadora y comercializadora de merluza austral que opera en la región es Friosur, la que gracias a esta reforma ahora puede comprar su cuota a los pescadores antes de que estos entren al agua. Algo así como pagar por “pescado en verde”, mediante una mera transacción de títulos.

Esta modalidad casi bursátil para transar la merluza austral ha provocado la aparición de cientos de “pescadores de papel” o “pescadores de orilla”: personas a las que el Estado les reconoce su derecho a capturar una cierta cantidad de merluza porque integran un sindicato artesanal, pero que en los hechos ya no pescan, pues prefieren vender su cuota. Esta fórmula de negocios es más beneficiosa para Friosur, porque los “pescadores de papel”, al privilegiar el pago en efectivo sin desgastarse en esfuerzos laborales, venden más barato que aquellos que realmente capturan y desembarcan la merluza.

Honorino Angulo, quien participó en la discusión de la Ley de Pesca como presidente de la Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Puerto Aysén, indica que actualmente los “pescadores de orilla” están cediendo su cuota a las pesqueras industriales a cambio de $650 por kilo de merluza, mientras que los pescadores que efectivamente capturan y desembarcan su pesca están vendiendo a $1.200 por kilo.

Las estadísticas que maneja Sernapesca, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las cuotas de captura, indican que entre 2012 y 2014 la cuota total de merluza austral asignada a los pescadores artesanales de Aysén bajó de 3.656 a 2.310 toneladas. En paralelo, junto con la puesta en marcha de la nueva Ley de Pesca en 2013, ha ido aumentando porcentualmente la cesión de cuota de los pescadores artesanales: en 2012 cedieron cerca del 30% de su cuota total; al año siguiente el traspaso subió a 75% y en 2014, aunque las estadísticas oficiales hasta ahora solo registran el primer semestre de ese año, la cesión se empinaba cerca del 50% (vea las cifras regionales de Sernapesca).

DE ZALDÍVAR A WALKER

El argumento que se ha esgrimido para autorizar la cesión de cuotas de pesca es que se trata de una modalidad que permite al pescador administrar de mejor manera su patrimonio si requiere liquidez ante un imprevisto o protegerse de fluctuaciones que lleven a la baja sus productos. No obstante, en la discusión legislativa esta fórmula siempre se manejó con precaución, precisamente por la posibilidad de generar un mercado de “corretaje” de cuotas y un contingente de “pescadores de orilla”. Por eso, la norma general pone límites: los artesanales no pueden ceder más del 50% de la cuota total que se les asigne para un periodo de tres años corridos.

El inciso por el que pujó Fuentes elimina estos límites para los pescadores del sur austral, por lo que les permite comercializar el 100% de su cuota en cualquier periodo:“La limitación del inciso anterior no regirá respecto de la pesquería de meluza austral y congrio dorado en las regiones X, XI y XII”.

Funcionarios de Sernapesca que conocieron como se fue gestando en Aysén el negocio de la cesión de cuotas señalan que su principal impulsor ha sido Rodrigo Azócar, asesor del Consejo de los Fiordos y Archipelagos de Aysen (Corfapa), la organización sindical que integró Iván Fuentes. Azócar se hizo conocido en la región de la mano del fallecido Adolfo Zaldívar, quien fue senador de la DC por esa zona entre 1994 y 2010.

Felipe Sandoval

El peso de Azócar en el sector pesquero de Aysén se afianzó en la década pasada, cuando su empresa Aysén Consultores (Aycón) se benefició con el traspaso al sector privado del servicio de pesaje y control de los desembarques artesanales, política que se adoptó cuando Felipe Sandoval (DC, hoy presidente de SalmonChile) era subsecretario de Pesca del gobierno de Ricardo Lagos.

–Cuando estaba Sandoval nos dijeron que teníamos que pagarle a una consultora que nos iba a pesar el pescado y darnos un código. Le pagábamos como $150 pesos por kilo por ponernos un sello. Era la consultora de Azócar. Nadie nos dijo que podíamos escoger la consultora y creíamos que tenía que ser con la de él nomás. En septiembre de 2004 hicimos una protesta de 13 días para liberarnos de Azócar. Al final hicimos nuestra propia consultora, Ecomar –cuenta el sindicalista Honorino Angulo.

Sobre ese episodio, el senador por Aysén Antonio Horvath (ind. ex RN) recordó: “Iván Fuentes creó la Corfapa y ahí jugó un rol clave Rodrigo Azócar con el concepto del RAE o Régimen Artesanal de Extracción. A través del RAE se entregaron cuotas a los pescadores artesanales. Azócar creó los códigos de barra para identificar a cada sindicato y a cada pescador y lo que le correspondía del total de la captura”.

Fue Azócar, dicen funcionarios de Sernapesca que lo conocieron de cerca, quien comenzó a transar cuotas alrededor de 2010: “Al final del año veíamos que había un remanente de la cuota artesanal que no se había ocupado por distintas razones: pescadores con problemas para financiar la operación, porque su embarcación no estaba al día, en fin. Azócar empezó a comercializar esa cuota que quedaba en el aire. El perfeccionamiento de ese negocio es el artículo de la ley que deja sin límites los traspasos, que fue donde participó Iván Fuentes”.

Azócar ha sido un hombre de confianza para Fuentes. Así quedó en evidencia en la conferencia de prensa del martes 12, cuando el diputado dijo que el dinero que pagaba sus viajes como sindicalista era proveído por la consultora que entonces asesoraba a la Corfapa. Aunque no la mencionó, esa consultora es la de Azócar. Solo con posterioridad, sostuvo Fuentes, él se enteró de que los recursos que le aportaba la consultora provenían de FIPES.

FIPES, FRIOSUR, SUR AUSTRAL Y GRIMAR

Según la información que puede ser consultada en la página web de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), tres son las empresas que componen esa organización: Friosur, Emdepes y Pesca Chile. Además de integrar la misma entidad gremial, las tres pesqueras tienen otra cosa en común: en todas tiene participación el grupo Del Río.

El presidente del directorio de Friosur es José Luis del Río Goudie y le acompañan en el directorio Carlos Vial Izquierdo, Claudio Pumarino Bontempi y Juan José del Río Silva. Dos de esos nombres se han repetido en el directorio de Emdepes, según una publicación del Diario Oficial del 11 de julio de 2003. En esas fechas, Emdepes, controlada por la japonesa Nippon Suisan América Latina (Nissui), decidió aumentar de seis a siete los miembros de su directorio, instancia que quedó integrada por José Luis del Río Goudie y Carlos Vial Izquierdo.

La última referencia al directorio de Emdepes que figura en el Diario Oficial es del 27 de febrero de 2009, cuando disminuyeron de siete a tres los miembros de su directorio: Kotaro Yoshikawa, Toru Shionoya y Santiago Montt Vicuña, abogado que hasta abril de 2016 aparecía representando a Friosur ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Nissui también se ha asociado con Deris S.A. –la matriz pesquera y acuícola del Grupo Inder, holding de inversiones de la familia Del Río– en Pesquera Friosur, Friosur VII, Friosur VIII, Friosur IX y Friosur X.Además, según el Diario Oficial, Pesquera Friosur y Nissui son socias en otras tres empresas: Pesquera Unionsur y Pesquera Más Afuera y Desarrollo Oceánico.

Ivan Fuentes con el senador Patricio Walker

Pesca Chile pertenecía inicialmente a los españoles de Pescanova, pero fue declarada en quiebra en mayo de 2013. Según el Diario Financiero, Deris S.A. compró los activos destinados a la captura de la merluza de Pesca Chile el 6 de diciembre de 2014 por US$ 37 millones. Profesionales que participaron en el proceso de liquidación indicaron a CIPER que el Grupo Del Río acordó pagar otros US$ 8 millones por las cuotas de pesca de 2015 y 2016 asignadas a Pesca Chile, siempre que efectivamente pudiese acceder a esas capturas.

Para Honorino Angulo, Iván Fuentes fue el “rostro amable” de una cadena que le rinde frutos a tres actores principales: Friosur, Azócar y la DC local. “Aquí (en Aysén) a nadie le extraña que el (senador Patricio) Walker reconozca que él se consiguió plata con una pesquera. Allá (en Santiago) a lo mejor se sorprenden de que un senador DC tenga tanta confianza con una empresa pesquera, pero acá no. Esta es una trenza que partió con Adolfo Zaldívar y sigue igual”.

Ya en 2004, cuando el senador Adolfo Zaldívar se integró a la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, organizaciones de pescadores artesanales lo rechazaron por sus vínculos con pesqueras del Grupo Angelini y acusaron que en el lobby para su nominación había participado Rodrigo Azócar.

Angulo sostiene que actualmente si un pescador quiere traspasar su cuota al sector industrial, debe entenderse con Azócar. “Si uno va directamente a Friosur te dicen que su poder de compra lo tiene Azócar, así que uno tiene que negociar con él”.

En las estadísticas de Sernapesca, Friosur no aparece comprando cuotas de pesca artesanal. En todos los registros oficiales, de 2012 a 2015, solo dos pesqueras industriales figuran recibiendo traspasos: Sur Austral y Grimar. Ambas son parte del holding pesquero Friosur (ver historia de Friosur).

Friosur ha sido por años prácticamente el comprador exclusivo de la merluza austral en Aysén. Tiene la única planta de procesamiento en la región. Su posición dominante en el mercado solo se ha visto amagada ahora que la ley también permite el traspaso de cuotas no solo de pescadores artesanales a industriales, sino también entre artesanales. Eso ha hecho que organizaciones de pescadores de la X Región compren cuota a sus pares de Aysén, lo que empujó el precio desde los $350 por kilo que se pagaban cuando Friosur corría sola hasta el valor actual de $650 por kilo.

CIPER se contactó con Friosur, Fipes y Rodrigo Azócar, para consultarles por el traspaso de cuotas y el rol de Iván Fuentes para impulsar los cambios legales que favorecieron ese negocio. Friosur no respondió. El presidente de FIPES, Carlos Vial, se excusó porque estaba fuera de Chile y sugirió contactar a la gerente general de la entidad gremial, Valeria Carvajal. Esta última, respondió que “por ahora no haremos mayores comentarios sobre el asunto”. Azócar contestó la llamada, pero dijo que no podía atender las consultas en ese momento porque estaba de viaje en Calbuco y señaló que el lunes 18 podía recibir a CIPER porque viajaría a Santiago. No volvió a contestar.

PESCADORES EN LAS SALMONERAS

La autorización de la venta del total de las cuotas de pesca terminó siendo un “balazo en el pie” para los pescadores artesanales de Aysén. Eso es lo que concluyen ahora parlamentarios que en su momento votaron favorablemente la actual Ley de Pesca y que aseguran estar dispuestos a modificarla cuando el gobierno se decida a enviar un proyecto.

El permiso para transar el 100% de las cuotas en el sur austral teóricamente debía proteger a los artesanales, dijeron a CIPER en el Congreso, ya que las condiciones de pesca en esa zona son más complejas para ellos que en el resto del país: clima hostil permanente, agotamiento de recursos y mercado restringido. Los partidarios de la transacción total argumentaron que en esas condiciones adversas no siempre el pescador puede completar su cuota, ante lo cual la posibilidad de venderla era una opción para no perderla y asegurarse un ingreso.

–Pero esto terminó en “pescadores de orilla”, que no salen a pescar; inhibió el desarrollo de la pesca artesanal y generó un mercado de comercialización de cuotas que se presta para abusos –opinó el diputado por Aysén David Sandoval (UDI). El problema, dice, es que el poder comprador de cuotas está restringido a FIPES y a veces a empresas de la X Región: “Indudablemente, eso genera una situación de captura de los industriales de Aysén hacia los artesanales”.

El diputado Cristián Campos (PPD), integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara, sostiene que ahora le llueven las críticas a Iván Fuentes por los dineros que recibió de empresas pesqueras, pero asegura que “no se puede desconocer que él logró que los pescadores artesanales y sus necesidades fueran visibles para el país”.

Antonio Horvath

El senador por Aysén Antonio Horvath fue uno de los parlamentarios que participó activamente en las negociaciones de Ley de Pesca, integró la Comisión de Pesca de la Cámara Alta cuando se tramitó la norma y presidió la comisión mixta que finalmente aprobó el texto. Él confirma que Iván Fuentes fue uno de los dirigentes sindicales que impulsó la política que permite vender la cuota completa sin pescar:

–Creo que no lo hizo de mala fe, porque hubo periodos en que perdían plata si salían a pescar. Esta excepción (de límite de venta de cuotas) es para las regiones de Aysén, Los Lagos y Magallanes. La pidieron los artesanales de esas regiones. Fuentes entre ellos, pero no solamente él. Esto ha llevado a que disminuyan los pescadores reales. Entonces hay pescadores que se dedican a prestar servicio a la acuicultura, al turismo, que hacen otras cosas, pero mantienen vigente su cuota –señala Horvath.

De acuerdo con el Informe Sectorial 2015 de Sernapesca de Aysén, el año pasado se registraron 612 embarcaciones artesanales inscritas, de las cuales 162 habían actualizado sus certificados de matrícula y navegabilidad, mientras que 122 se encontraban en causal de caducidad por no haber acreditado operaciones en los últimos tres años.

El dirigente Honorino Angulo corrobora que muchos de sus antiguos colegas dejaron la pesca, vendieron la cuota y se emplearon en las salmoneras:

–Tenían la plata de la cuota y el sueldo de la salmonera. Pero con la crisis de los salmones vino la cesantía. Y ahora los veo trabajando en el PMU (Programa de Mejoramiento Urbano), haciendo alcantarillas, arreglando caminos. Quieren volver a la pesca, porque ven que estamos vendiendo a $1.100 o $1.200 el kilo, pero no pueden, porque no tienen cuota. Y tampoco tienen embarcación, porque la mayoría ya están con los papeles caducados.

El sistema de venta de cuotas se ha “perfeccionado” de tal forma, que incluso se estarían haciendo ventas a futuro. Aunque las autoridades aún no definen el volumen de la cuota para 2017, ya habría operadores ofreciendo dinero por ella. Ahora se hace informalmente, porque no hay seguridad sobre el volumen y la propiedad de las cuotas en los próximos años. Por eso, en la zona se habla de un incipiente lobby para regularizar un mercado de ventas a futuro, de modo de dar certeza jurídica a estas transacciones.

CIPER solicitó una entrevista con el diputado Iván Fuentes, por medio de los encargados de prensa de la bancada DC, a la que pertenece, pero no obtuvo respuesta.

—Nunca en la historia de la humanidad la concentración de la riqueza había llegado al nivel que tenemos hoy —dijo a CIPER el cientista político Jeffrey Winters, PhD en Yale, “professor” de la universidad estadounidense Northwestern. Hace un par de décadas que Winters estudia la historia de los más ricos, desde las oligarquías guerreras de la Antigua Grecia hasta los multimillonarios que hoy lideran el ranking de la revista Forbes. El fruto de ese trabajo es el libro Oligarquía (Cambridge University Press, 2011), que examina las estrategias de las grandes fortunas para defender sus bienes y los problemas que su éxito está causando al mundo moderno.

—Hoy 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de los habitantes del planeta (unos 3.600 millones de personas. ver informe Ofxam en inglés). En el caso de Estados Unidos, los 20 más ricos tienen una fortuna equivalente a lo que poseen la mitad de los norteamericanos (unos 160 millones de personas). Esta concentración no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, un senador del imperio romano, que estaba en la cima de la escala social, era 10 mil veces más rico que una persona promedio. Pero en Estados Unidos los 500 más ricos tienen cada uno 16 mil veces más que un americano promedio. Ni siquiera en épocas en que había esclavos, la riqueza estaba tan concentrada como hoy —detalló Winters.

Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)

Un estudio del economista chileno de la universidad de Maryland Ramón López examinó en 2011 los ingresos de los chilenos más ricos y ofreció un panorama similar al que entrega Winters para Estados Unidos. Cada uno de los cinco hombres más ricos que había en ese momento (Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera) ganaba lo mismo que un millón de personas. Tomados en conjunto, estos “5 grandes”, como los llamaba el estudio, tenían un ingreso equivalente al 30% de la población chilena (ver estudio en ingles). López dijo a CIPER que la desigualdad estaba en su peor momento, al menos desde la dictadura (ver entrevista).

Usando datos tributarios, Michel Jorratt, ex director del Servicio de Impuestos Internos y Tasha Faifield, académica de London School of Economics, llegaron en 2015 a un cuadro más moderado que el de López, pero igualmente extremo (ver estudio en inglés). Estimaron que en Chile el 1 % más rico se apropia de un monto que oscila entre 19% y 33% de los ingresos del país. Esto hace que, considerando a la veintena de naciones donde hay datos tributarios disponibles, Chile esté entre los cinco con mayor concentración de la riqueza. Más que Estados Unidos, de hecho.

Durante las últimas décadas, el debate público en América y Europa le ha dado la espalda al aumento de la concentración, siguiendo las convicciones económicas dominantes que dictan que lo importante es el crecimiento económico. Robert Lucas, profesor de la universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía 1995, resume bien esa mirada: “Entre las tendencias dañinas para una economía bien fundada, la más seductora y en mi opinión la más venenosa, es la de poner el foco en la distribución”, escribió en 2003 (ver Revolución industrial: pasado y futuro., en inglés).

Winters sostiene, sin embargo, que al darle la espalda a la concentración, lo que en realidad se ha hecho es ignorar el poder político que esta genera. Advierte que a medida que la concentración crece, ese poder se vuelve más difícil de domar.

Un reciente libro editado por los economistas Mariana Mazzucato y Michael Jacobs (Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth, Wiley-Blackwell, 2016) da un retrato actual de la velocidad con que crece la concentración. En las últimas décadas, dicen los autores, aunque las economías occidentales han tenido un fuerte crecimiento, la mayoría de los hogares no ha aumentado sus ingresos. Un caso paradigmático es el de Estados Unidos: Ente 1990 y 2014, aunque el PIB del país aumentó en un 78%, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los U$ 53.000. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional (del 10% al 20%). Ese aumento ha alcanzado cimas realmente sorprendentes: en los primeros tres años después de la crisis financiera de 2008 ¡el 91%! del aumento en el ingreso fue para el 1% más rico de la población. Hoy, en ese país “el 70% de la riqueza es poseída por el 10% de la población”, afirman. Lo mismo ocurre en el Reino Unido (vea la introducción del libro, en Inglés)

Winters sostiene que la voracidad que muestra el 1% más rico del mundo es consecuencia de la aparición, a comienzos del siglo XX, de un poderoso actor: la industria de la defensa de la riqueza. En su libro la describe como “un ejército de profesionales altamente preparados y bien remunerados —las abejas trabajadoras de las clases medias y medias altas— que piensan no solo en cómo hacer más ricos a sus empleadores, sino en cómo imponer políticamente las ideas que los benefician”.

Esa industria, dice Winters, surgió en Europa y América como consecuencia de las alzas tributarías con que los países buscaron financiar tanto los gastos de las dos guerras mundiales como la reconstrucción posterior.  Desde entones su principal especialidad es asesorar a los más ricos para neutralizar la amenaza redistributiva del Estado, lo que consiguen fundamentalmente a través de dos vías: desde centros de pensamiento “como el Cato Institute, la Heritage Foundation y una extensa red de instituciones conservadoras que difunden insistentemente que la redistribución es económicamente dañina y éticamente injusta”, explica Winters; y desde bufetes tributarios en los que abogados y contadores diseñan complejas redes legales que permite a los más ricos ocultar sus ingresos y bienes de la mirada de la autoridad.

Winters dice que los inéditos niveles de desigualdad actuales evidencian que la industria ha sido increíblemente exitosa. Pero el éxito está llevando a muchos países a una crisis inédita. No solo porque la concentración genera complejos escenarios económicos (con amplios grupos que no mejoran mientras los ricos disparan sus ingresos), sino porque ha provocado una creciente desconfianza en la democracia como sistema que puede realmente representar el interés de las mayorías. Winters piensa que el fuerte apoyo que tiene Donad Trump en la actual elección presidencial de Estados Unidos es, en una parte, resultado del descontento de las clases medias con una democracia que no es capaz de defender el aporte que ellos hacen al crecimiento.

Lo mismo cree Winters que pasó en Gran Bretaña cuando hace casi un mes la mayoría decidió dejar la Unión Europea, votando por el Brexit, opción en la que confluyeron adultos mayores, nacionalistas, xenófobos, conservadores y un 30% de los votantes de la izquierda laborista. “Hay rabia contra la tendencia hacia la extrema riqueza, y esa rabia comenzó a dar sus frutos”, dice Winters a CIPER.

Por ello cree que desechar a todos los votantes del Brexit o de Trump como si fuera solo gente ignorante es un error. Explica: “La gente está luchando por llegar a fin de mes y ve cada vez menos esperanza en el horizonte. Su dolor y la rabia son reales. Las instituciones y la autoridad democrática están fracasando y la cuestión es ¿quién va a llenar los espacios políticos e ideológicos que han quedado vacíos?”

“En tiempos de desesperación lo más fácil para los aventureros políticos es vender odio y división. Y la historia nos ha mostrado que esa estrategia da rienda suelta y moviliza fuerzas sociales aterradoras”, afirma Winters.

ESFORZADO, TALENTOSO, SÚPER RICO

La economía neoclásica, como se ha dicho, no le da mucha importancia a la desigualdad. Además de calificarla de tema venenoso, como hace Robert Lucas, se argumenta que la pobreza se debe a la baja productividad de los pobres y que es la alta productividad de la elite la que explica su riqueza. Así, en sistemas que se consideran de libre mercado, los pobres tienden a ser sospechosos de su pobreza (en unaencuesta del CEP en 2015, el 40% de los chilenos atribuyó la pobreza a la flojera).

Los súper ricos, en tanto, aparecen como los justos ganadores, como argumenta el economista de la Universidad de Harvard Gregory Mankiw en un artículo de 2013, En defensa del uno por ciento: “el grupo más rico ha hecho una contribución significativa a la economía y en consecuencia se ha llevado una parte importante de las ganancias”, escribe. En las últimas décadas, las ganancias que ellos se llevan, explica Mankiw, se habrían incrementado gracias a la revolución tecnológica que habría permitido que “un pequeño grupo de altamente educados y excepcionalmente talentosos individuos” obtengan “ingresos que no eran posibles una generación atrás”.

Mankiw escribe pensando en Steve Jobs y en los millonarios que han cambiado el mundo desde Silicon Valley. Claramente no es el caso chileno. Aunque la publicidad intenta asociar a nuestros ricos con innovación, la verdad es que las empresas chilenas son las que menos invierten en investigación en la OECD, lo que explica que el 60% de nuestras exportaciones son commodities.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)

Una explicación de la desigualdad más adaptada a la realidad chilena es la que ofrece el cientista político Ben Ross Schneider (ver entrevista). Para él es determinante el hecho de que la mayoría de las más importantes empresas nacionales se dedique a la explotación de materias primas o de sectores regulados. Argumenta que eso lleva a que la economía genere pocos puestos de alta especialización (los cuales terminan en manos de la elite y las clases medias altas) y una gran cantidad de empleos para los que se requiere poco o ningún estudio, a los que acceden las clases medias y bajas. La renta simplemente se distribuye siguiendo ese patrón, por lo que si la ambición es reducir la desigualdad, Chile tiene que aprender a hacer cosas valiosas y complejas que generen otro tipo de empleos. (Ver entrevistas a Mariana Mazzucato y Ha-Joon Chang)

Pero si eso es tan determinante, ¿por qué países más productivos y con industrias muy sofisticadas como Estados Unidos o el Reino Unido, confluyen con nosotros en el mismo problema de la desigualdad de ingresos?

A simple vista la historia está incompleta. Parece estar operando otro mecanismo que tiene la habilidad de adaptarse a los distintos tipos de política industrial y conseguir que los beneficios lleguen siempre a pocas manos. El actor que propone Winters para completar la historia es un ejército de profesionales, fundamentalmente abogados y contadores, capaces intervenir en el sistema tributario hacer que lo que se gana no termine en las arcas fiscales.

Un ejemplo muestra que el origen de la desigualdad se entiende mejor cuando se agrega el elemento tributario. Es la exitosa historia de los hermanos ingleses William y Edmund Vestey, una de las mayores fortunas de comienzos de siglo XX. Según cuenta el periodista Nicholas Shaxson autor de “Las Islas del Tesoro” (Fondo de Cultura Económica, 2014) los Vestey fueron los primeros en construir lo que hoy conocemos como una corporación global. Su negocio era la carne, la cual compraban en Argentina y Brasil y vendían en todo el mundo. Shaxson relata que consiguieron un control monopólico de ese mercado, lo que les permitía deshacerse de los competidores y manejar los precios. Pero el secreto de su fortuna no estaba solo en su novedosa forma “global” de producir. “Ellos vivían bajo la máxima de que no es lo que tu ganas lo que te hace rico sino lo que logras conservar”, escribe Shaxson. Esa frase no quiere resaltar que llevaran una vida austera. Se refiere al diseño de estrategias tributarias para proteger la riqueza del cobro de impuestos.

Los Vestely, explica Shaxson, están entre los primeros en diseñar estrategias para usar a su favor las distintas normas tributarias de los países en los que operaban, de modo de llevar las utilidades de sus empresas a regiones donde podían pagar el menor impuesto posible. Así sus empresas no tributaban en Argentina o Brasil donde producían la carne, ni en los países donde la vendían. Y ellos tampoco pagaban en el Reino Unido donde vivían pues, gracias a diseños tributarios, no tenían nada a su nombre. En la hora cero del comercio global los Vestley marcan un camino que Shaxson describe así: “estrujar a los pequeños productores (los granjeros argentinos y brasileños) y a los consumidores (sus compradores en todo el mundo) gracias a su control monopólico” y luego conservar lo ganado a través de “ahogar a las autoridades tributarias desplegando ejércitos de abogados y contadores para llevar los beneficios lejos de los países en los que producían y lejos también de los países en los que vendían, y colocarlos en países intermediarios”. Esos países son los que hoy conocemos como paraísos tributarios.

Los Vestley fueron pioneros en otra práctica. Hoy, para presionar contra las alzas de impuestos o distintos tipos de políticas de fiscalización, los más ricos amenazan con irse de sus países (ver entrevista a Nicolás Ibáñez). Los Vestley concretaron esa amenaza. Cuando en la Primea Guerra Mundial miles de jóvenes ingleses partieron a morir a las trincheras europeas (sólo en la batalla de Le Somme, de la que se acaban de conmemorar 100 años, murieron un millón de soldados alemanes, franceses y británicos), los Vestley partieron a Estados Unidos para escapar al aumento de impuestos con el que el Reino Unido buscaba sostener la guerra. Shaxson cuenta que el abogado tributarista que atendió a los Vestley en EE.UU. les dijo “¿qué le pasa a su gente? Ustedes son los terceros ingleses que atiendo esta semana por el mismo asunto”.

Para ponerse a salvo de los impuestos, los más ricos necesitan países con políticas amigables al inversionista. El primero realmente amigable apareció y prosperó también durante las guerras mundiales: Suiza. Según explica el  economista  Gabriel Zucman en su libro La riqueza oculta de las naciones (University of Chicago Press, 2015), este es el primer país en ofrecer seguridad, bajas tasas tributarias y anonimato, los seductores argumentos de la naciente industria de defensa contra la redistribución. Es el primer lugar donde es posible conservar el máximo de lo que se produce e hizo posible que, para fines de la Segunda Guerra Mundial, las estrategias de los Vestley para escapar a la redistribución fueran una constante entre los más ricos del mundo.

Zucman explica que un cambio en la naturaleza de la riqueza fue fundamental para la expansión de Suiza y de otros paraísos tributarios. A diferencia de la riqueza basada en la tierra que dominó hasta el siglo XIX y que estaba ligada a un propietario conocido, la riqueza producida por la Revolución Industrial y el sistema financiero es anónima. Del mismo modo que el cheque se puede pagar al que lo tenga, las acciones que hacen a alguien el dueño de una compañía o los bonos que le dan derecho a utilidades también son al portador. Eso vuelve crucial la seguridad de los documentos (Suiza ofrecía eso pues fue declarado perpetuamente neutral desde 1815); pero también contiene una posibilidad de anonimato. Suiza, dice Zucman, fue pionera en brindar el servicio de administración de los negocios de sus clientes, recolectando los dividendos e intereses generados por estos papeles. Este servicio se abrochó con una guinda: el que depositaba su riqueza en Suiza, la hacía desaparecer de la vista de las autoridades tributarias de los otros países, sin riesgos de ser sorprendido, pues bancos suizos no se comunicaban con ninguna autoridad internacional.

Para este economista lo que en esencia comenzó a ofrecer la banca suiza fue “la posibilidad de cometer fraude fiscal”. Y la oferta fue muy bien recibida por los ricos europeos y americanos. Los datos más recientes indican que la riqueza extranjera depositada en Suiza es de U$ 2,3 billones, el nivel más alto en la historia de este paraíso tributario.

Hernán Büchi

El investigador nota que para disfrazar el negocio del fraude, la banca ha difundido mitos sobre su origen y sobre lo que sus clientes buscan en su sistema. Se argumenta, por ejemplo, que sus clientes escapan de la inestabilidad y la opresión de sus países, ideas parecidas a la “incerteza jurídica” que argumentó el ex ministro Hernán Büchi cuando cambió Chile por Suiza (ver entrevista). Zucman muestra, por el contrario, que la mayor parte de los depósitos (U$ 1,3 billones) vienen de Alemania, Francia, Reino Unido y USA y otros países que difícilmente pueden ser calificados de opresores, al menos no con los ricos. Lejos de estar protegiendo a oprimidos, Zucman dice que Suiza daña a otras naciones. A sus vecinos Alemania, Francia e Italia, el perjuicio económico que les causa es equivalente a imponerle a Suiza una barrera comercial del 30%, estima el economista.

Tampoco es cierto, dice Zucman, otro mito según el cual los millonarios llegan a Suiza por las firmeza de su moneda y las oportunidades de negocios. El mercado suizo no es capaz de absorber los millones que están en sus bancos. De hecho el gobierno castiga con interés negativo a los no residentes que invierten su dinero en Suiza.

Para Zucman el único gran motivo para estar ahí es para escapar de los impuestos. Y hoy Suiza es el refugio de la riqueza que los franceses generan con manufacturas y los árabes con petróleo y los norteamericanos con tecnología y los narcos con producción de coca y los chilenos con riqueza producida fundamentalmente a través de materias primas (ver reportaje).

Su éxito ha hecho aparecer muchos otros paraísos tributarios. Pero Zucman dice que no hay competencia entre ellos sino complementariedad. Bancos suizos actúan a través de filiales en Cayman o Luxemburgo. Bancos ingleses como el HSBC operan bajo el paraguas legal suizo. Se estructura así una red con un poder enorme. El economista Thomas Piketty, autor el best seller “El Capital en el siglo XXI” que lleva años advirtiendo sobre la concentración de la riqueza (ver entrevista) escribe en el prologo del libro de Zucman que con su opacidad financiera los paraísos tributarios son hoy “una de las fuerzas directrices claves detrás del aumento de la desigualdad de riqueza y también una de las mayores amenaza para la sociedad democrática”.

El NEGOCIO DE LA CONFUSION Y LA CREATIVIDAD

Como Shaxson y Zucman, Jefferey Winters también constata que desde comienzos del siglo XX la industria de la defensa de la riqueza no ha parado de expandirse. Una tendencia que detecta es que parte de su negocio está en complejizar la legislación tributaria. Por ejemplo, dice, el código tributario norteamericano que tenía 500 páginas en 1940, pasó a tener 71.000 en 2010, transformándose en una maraña que el presidente Barack Obama definió como “un sistema tributario roto, escrito por muy bien conectados lobistas en nombre de los intereses de los adinerados”.

Winters dice que son las empresas de lobby las que promueven esa inflación legislativa que busca, “insertar normas favorables a los más ricos, cortar secciones que causan problemas y bloquear amenazas en el horizonte” escribe. El efecto del lobby esta medido por un estudio de 2008 (Lobbying and Taxes): en Estados Unidos, cuando una compañía aumenta su gasto en lobby en un 1% al año, reduce su nivel de impuestos entre 0,5% y 1,6% al año siguiente.

Como es claro, la creciente complejidad genera también incertidumbre respecto de qué interpretación sería la dominante en un determinado caso. Eso también es aprovechado por la industria. Puesto que ninguna autoridad tiene una visión completa de la normativa, los mismos bufetes, en su rol de expertos en el tema, se erigen como los poseedores de las interpretaciones más adecuadas. Winters explica que el arma más importante con que cuentan son “cartas de opinión tributaria” (“Tax opinión letter”). Consiste en una opinión jurídica emitida por una firma tributaria que avala una forma de entender la ley tributaria afirmando que la autoridad no tendría motivos para objetar una determinada operación y si lo hiciera, la corte se opondría. Dado que el contribuyente ha consultado a un especialista, su responsabilidad penal en una operación eventualmente cuestionada, desaparece. El bufete se hace cargo. Por supuesto esta carta, este as bajo la manga literalmente, tiene precios prohibitivos.

La interpretación es una clave de la industria en todo el mundo. En principio esto no es extraño pues las leyes jamás tienen una sola forma de aplicarse. Pero la industria, dice Winters, ha desarrollado formas de extremar las interpretaciones, de llevarlas más allá de cualquiera de los fines que se discutieron al crear la ley.

Doreen McBarnet, profesora emérito del centro de estudios Socio-Legales de la universidad de Oxford, ha estudiado a fondo este problema. Acuñó el concepto de “cumplimiento creativo” para explicar por qué es tan común que en el área tributaria los legisladores traten de producir un resultado, pero las leyes consistentemente operen de un modo distinto. La explicación más extendida es que eso ocurre por fallas o vacíos en la ley que los contribuyentes asuntos encuentran y aprovechan. En Chile ese argumento se oye con frecuencia para hacer una diferencia entre un acto ilegal (la evasión) y un acto que no vulnera la ley, que a lo mejor es cuestionable moralmente, pero no es ilegal: la elusión. Esta última sería entera responsabilidad de los legisladores.

Doreen McBarnet

Tras examinar decenas de casos en que la ley fue interpretada de un modo que perjudica las arcas fiscales, McBarnet concluye que la elusión no depende tanto de problemas en la ley sino de interpretaciones que se construyen para escapar a su influjo. La elusión, dice la investigadora, es esencialmente el resultado de una acción deliberada, llevada adelante por equipos de abogados y contadores, que activamente escanean la ley “y construyen formas alternativas de leerla”. Este “cumplimiento creativo” implica entonces la intención deliberada de la industria de cumplir con la letra de la ley pero vulnerar su espíritu. Es decir, cumplirla en una forma tal que sus clientes tienen todos los beneficios de no obedecerla pero la autoridad no puede perseguirlos por ello.

A punta de interpretaciones, dice Winters, los sistemas tributarios del mundo aceptan hoy “asuntos de cuestionable legalidad” y arrojan con frecuencia resultados que desconciertan y que a la vez que son perfectamente legales. Por ejemplo, que en Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo, el inversionista Warren Buffett, pague menos impuestos que su secretaria. O que en Chile, Eliodoro Matte (el mismo de los 5 grandes) se las ingenie para no pagar impuesto a la herencia por un terreno de US$ 100 millones; o que grandes empresas como Jumbo (de Horst Paulmann, otro de los cinco) paguen menos patentes que un quiosco; o que el ex presidente Sebastián Piñera (otro de los cinco) pudiera vender las acciones de su principal empresa, Lan Chile, sin pagar impuestos por la ganancia de capital.

Dado que se trata actos dentro de la ley, las autoridades poco pueden hacer. Los costos los paga la credibilidad del sistema. Para el filósofo del derecho Joseph Raz aunque la ley permite muchas interpretaciones, si el efecto de la ley “está constantemente disociado de lo que el legislador pretendía eso tiene consecuencias políticas significativas”. Por ejemplo, preguntarse quién realmente hace las leyes, ¿los legisladores por los que vota la gente o la industria de la defensa de la riqueza?

Winters muestra que, tal como describe McBarnet, la industria no “encuentra” fallas en la ley sino que las provoca. En 2002, tras la quiebra fraudulenta de Enron, la más grande empresa de energía de Estados Unidos, que hizo desaparecer a la auditora Arthur Andersen, el Senado inició una investigación sobre las principales empresas auditoras. Al indagar en el trabajo de KPMG el Senado determinó que varios de los agresivos esquemas tributarios que en ese momento ofrecía la firma no habían sido solicitados por clientes. Por el contrario, había sido KMPG la que desarrolló esos mecanismos y luego “los marketeó vigorosamente a numerosos y en algunos casos cientos de potenciales compradores”. En ese momento KMPG ofrecía en el mercado, según reconoció, cerca de 500 distintos “productos tributarios”. Sobre la industria en general el informe advirtió que aunque su rol era dar información exacta a los inversionistas sobre los bienes y flujos de las empresas, estaban haciendo algo muy distinto: “respetables firmas profesionales están gastando recursos substanciales, formando alianzas y desarrollando infraestructura para diseñar, marketear e implementar cientos de complejos refugios fiscales, algunos de los cuales son abiertamente ilegales y le niegan al país miles de millones de dólares en impuestos a la renta” (ver informe en inglés).

En su libro Winters destaca que el servicio que KMPG ofrecía era el de generación de falsas deudas, de modo de hacer desaparecer las utilidades de sus clientes. Eso permitió a 350 clientes ahorrar U$ 8 millones cada uno. Al ser descubiertos KMPG ofreció el último servicio: se responsabilizó por haber creado estos sistemas y haberlos promovido sus clientes como legales. El “rico ignorante” es un personaje que a veces es creíble para los tribunales. Pero no siempre, como ha quedado en evidencia con la condena de Leo Messi en España.

Pese a las normas que se impusieron en Estados Unidos buscando que las auditoras fueran garantes de la realidad de las operaciones de las empresas, hay evidencias de que el sistema no se ha reformado. Así lo muestran las investigaciones hechas en el parlamento inglés por las elusiones tributarias de Apple y de Google. Respecto del rol de las auditoras en estos casos, los legisladores británicos dijeron en 2014: “las grandes firmas contadoras han tenido un rol substancial en ayudar a sus clientes en eludir los impuestos y son crecientemente parte del problema tributario y no de la solución (reporte disponible en inglés).

En Chile la reforma tributaria impulsada por el actual gobierno ha tratado de dar una respuesta a este punto incluyendo una batería de normas anti elusión cuyo promotor es en gran medida el abogado Francisco Saffie, doctor en derecho de la Universidad Edimburgo (ver especial). Para el abogado, el eje de estas normas es que “antes de la Reforma se creía que los contribuyentes podían desarrollar conductas para eludir el pago del impuesto, lo que es equivalente a decir que el pago de impuestos era optativo. Estas normas, por el contrario, tienen por función hacer cumplir la ley tributaria”.

Este cambio ha sido duramente resistido por la industria, con argumentos que apuntan a que las normas están técnicamente mal hechas y no se entienden. Saffie replica que el problema no es que no se entiendan sino que la industria no quiere aceptar el cambio: “todavía hay quienes se oponen a la visión que está detrás de la norma antielusión y lo hacen porque lo que buscan es tener una norma más liviana que les permita, a través del derecho civil y comercial, espacios para adecuar la carga tributaria (ver entrevista en Pulso).

LA DEBILIDAD DE LA DEMOCRACIA EXPUESTA

En su trabajo académico Winters se refiere a los súper ricos como oligarquía, siguiendo la definición aristotélica: “donde quiera que los hombres gobiernen movidos por su riqueza, sean estos pocos o muchos, esa es una oligarquía”.

Le parece que esa expresión es más exacta que el concepto de elite, pues se enfoca en lo que estima es el tema central hoy: el dinero.

La riqueza material, dice Winters, es poder. La riqueza genera la necesidad de defenderla y brinda los medios para hacerlo. Tiene además una fortaleza particular. El que funda su poder en la riqueza puede ser inmune a la democracia y a la participación ciudadana.

Winter explica que la democracia es muy buena para distribuir poder simbólico (por ejemplo, derecho a votar, a expresarse libremente). Y por ello la democracia es un gran antídoto contra elites de burócratas o dirigentes políticos o contra dictaduras. Si el tirano sigue ahí, si el poder no se dispersa, no se puede hablar de democracia y el conflicto sigue pendiente.

Pero con la riqueza material ocurre algo distinto. Para distribuirla, la democracia requiere llevar adelante reformas específicas (por ejemplo una reforma a la ley tributaria). Si no lo consigue, sique siendo una democracia, solo que con mala distribución. Esto lleva a Winters a decir que para la oligarquía actual, la democracia solo representa una amenaza potencial: la aplicación de políticas redistributivas. Pero si esa amenaza es neutralizada, oligarquía y democracia pueden convivir y fundirse.

—Chile, al igual que Estados Unidos, es en parte democracia y en parte oligarquía —dijo Winters a CIPER. La gente vota, puede expresar su opinión, escribe libros como el de Winters y artículos como este, y nadie es perseguido por eso. Y sin embargo la concentración de la riqueza se mantiene o crece.

Winters repara en que el hecho de poder neutralizar a la democracia tuvo otro efecto interesante en como los más ricos relacionan con el poder. Observa que las antiguas oligarquías guerreras defendían su riqueza a través de la violencia y participaban directamente en la política, como los senadores romanos, pues esas eran sus únicas formas de defender y acrecentar su riqueza. En cambio los súper ricos que dominan en Estados Unidos y Latinoamérica, y a los que Winter llama “oligarquías civiles”, no rigen directamente. Aunque inicialmente desconfiaron de las democracias modernas, se adaptaron muy bien a esos sistemas y dejaron en manos del Estado la defensa de sus propiedades. Es lo que conocemos como Estado de derecho.

Winters advierte que si el Estado falla en defender los derechos de propiedad, “el regreso a las armas y a dirigir directamente los gobierno no solo es posible sino que ha ocurrido repetidamente en la historia”. Cita como ejemplo el caso de Brasil durante la administración de Luiz Inacio “Lula” da Silva y de Paraguay bajo Fernando Lugo: “cuando los oligarcas del campo comenzaron a ser amenazados por invasiones de terrenos primero apelaron al Estado para defender sus derechos de propiedad. Cuando eso falló, se rearmaron y formaron milicias que se coordinaron con las fuerzas policiales”.  Winters cita también el caso de Chile bajo  el gobierno de Salvador Allende, donde la derecha se armó para enfrentar las expropiaciones de campos y empresas. Aristóteles lo tenía claro desde el año 300 antes de Cristo: amenazar la propiedad de la oligarquía es peligroso y desestabilizador. “La regulación de la propiedad es el punto central de todo. El asunto sobre el que todas las revoluciones estallan”, decía el filósofo ateniense.

TRUMP, BREXIT Y LA OLIGARQUIA

Esa convivencia entre oligarquía y democracia, dice Winters, ha sido percibida por los votantes de las clases medias y populares sobre todo donde la desigualdad parece sin control. Un ejemplo de ello es la actual elección presidencial norteamericana, en la que se ha usado insistentemente la palabra oligarquía, un concepto que estaba marginado del debate público de ese país. De hecho el derrotado candidato demócrata Berni Sanders la transformó con mucho éxito en el villano contra el que llamó a los norteamericanos a reaccionar.

En internet circulan varias de sus arengas que resultaron my convincentes para el votante joven. En julio de 2015 Sanders dijo, por ejemplo: “Democracia es una persona un voto y poder discutir a fondo los asuntos que nos afectan. Oligarquía, en cambio, es un grupo de billonarios comprando elecciones mientras grandes corporaciones mediáticas determinan qué podemos ver, oír y leer” (ver video). En otra ocasión Sanders apuntó directamente contra algunos de los más importantes financistas de la política norteamericana, los hermanos Charles y David Koch (de Industrias Koch) a quienes acusó de gastar cerca de U$ 900 millones para conseguir que resultaran electos políticos que recortan el presupuesto de la seguridad social, la educación y los programas medioambientales. Sobre ellos Sanders dijo: “Cuando tienes una sola familia —y esto es América y no un pequeño país del tercer mundo—, que gasta más dinero que el Partido Demócrata o que el Partido Republicano, esto, amigo mío no es una democracia. Esto es una oligarquía. El sistema está roto y tenemos que cambiarlo”.

Aunque Sanders no fue preciso en sus dichos respecto de los Koch, fue muy eficaz en instalar la idea de que la democracia no estaba reflejando la voluntad de las mayorías y que los ricos la distorsionaban a su favor. A esa percepción colaboró el candidato republicano Donald Trump, quien calza perfecto con lo que Sanders calificaría como oligarca. Trump habló descarnadamente de las donaciones que él mismo hizo a lo largo de su vida empresarial. “Cuando tú les das, ellos hacen cualquier cosa que tú quieras que hagan”, le dijo al Wall Street Journal.

Donald Trump

Durante el debate entre los candidatos republicanos organizado por la cadena Fox, Trump ahondó en el tema: “Yo era un hombre de negocios y les daba a todos. Cuando me llamaban yo daba. ¿Y sabes qué? Cuando necesitaba algo de ellos, dos años después, tres años después, ellos estaban ahí para mí” (ver a partir del minuto 2.30). Trump dijo que también le había dado dinero a la candidata demócrata Hillary Clinton (la información pública registra US$ 5.000 repartidos en varias campañas senatoriales entre 2001 y 2006) y lo justificó en el hecho de que él era un hombre de negocios. Cuando le preguntaron qué consiguió a cambio, respondió: “Yo le dije, quiero que vayas a mi boda. Y sabe, ella no tenía elección porque yo le di. Le di a su fundación”. Y concluyó, igual que Sanders, que “el sistema está roto”.

Winters dijo a CIPER que es la primera vez en las elecciones presidenciales norteamericanas que el poder del dinero queda tan expuesto y concita tanto rechazo. Para Winters, el respaldo que tuvo Sanders como el que sigue teniendo Trump es, en gran medida, una reacción al rechazo que provoca la oligarquía y a la sensación de impotencia.

Entre los seguidores de Trump hay una masa que le grita “construye el muro, construye el muro” y que respalda su discurso racista hacia todo lo latinoamericano. Pero Winters argumenta que esos grupos no son los que lo han puesto a tiro de ser presidente. También se han plegado a él “muchas personas de las clases trabajadoras que creen que para detener a la oligarquía se necesita un oligarca”, explica Winters. Así como algunos votantes piensan que eligiendo a un rico de presidente el país se hará más rico, Trump explota la idea de que dado que sabe cómo funciona ese mundo, también sabe cómo corregirlo. “El ha dicho: yo soy un oligarca y no me gusta lo que los oligarcas hacemos. Yo di dinero a Clinton y esperé favores”, explica Winters. Agrega que el respaldo que consiguió Bernie Sanders también respondería al mismo hastío, aunque sus votantes se sientan en el extremo opuesto a Trump.

—Para mí no hay dudas de que fenómenos como Sanders, Trump o el Brexit tienen su origen en la concentración de la riqueza extrema —dijo Winters a CIPER—. La reacción contra la oligarquía desde la izquierda populista es Bernie Sanders que desafía a las grandes corporaciones e instituciones financieras. La versión derecha populista es Brexit y Trump, donde la ira y el sufrimiento populares se canalizan no sólo contra esas instituciones, sino también hacia el racismo, el tribalismo, la exclusión y el odio.

Aunque en Estados Unidos todas las fuerzas que se oponen con espanto a Trump se han reunido en torno a Hillary Clinton (pese a las distancia que tiene con ella, Sanders anunció que votaría por Clinton), Winters no cree que ella represente solución alguna. Winters dice que ella probablemente ganará la elección, pero eso se debe únicamente a que Trump es “estúpido, ególatra y peligroso”. Si no fuera por eso, “su discurso anti oligarquía arrastraría a los votantes de Sanders”.

—Hillary Clinton es por lejos la candidata más representativa del establishment norteamericano. Ella viene de la elite y no ve un gran problema en la relación del poder político con la concentración de la riqueza. Ella acepta las donaciones millonarias (a diferencia de Sanders, que se negó a recibir las donaciones de los oligarcas). Ella acepta también los rescates financieros que dio el gobierno a Goldman Sachs y a Wall Street en la crisis financiera de 2008 que esos mismos fondos comenzaron. Ella es incapaz de pensar desde fuera del establishment. Lo cierto es que los americanos están enfrentando a dos realmente feas opciones y están muy descontentos.

Nigel Farage

La mirada de Winters coincide con la lectura que se va imponiendo sobre el Brexit en el Reino Unido, opción que obtuvo 17 millones de votos. En las elecciones de hace un año los nacionalistas, hasta hace poco liderados por Nigel Farage (UKIP), consiguieron solo 4 millones. ¿Es posible que el nacionalismo se haya triplicado en tan poco tiempo? Pocos lo creen. Andrew Marr, editor político de la BBC, abrió su programa post Brexit cuestionando esa idea. Habló en cambio de la fractura nacional que el referéndum mostró: la diferencia entre la votación de los jóvenes que querían mayoritariamente quedarse en Europa y los adultos mayores que fueron seducidos por la promesa de tener su país de vuelta, de tomar el control de su nación.

Pero Marr centró el foco en otra diferencia: la votación de los grandes centros urbanos ligados a las finanzas y a las universidades, que masivamente votaron por quedarse; y las zonas donde alguna vez hubo importante desarrollo minero, industrial y agrícola, y que ahora, empobrecidas y viviendo de subsidios, votaron por irse. “Durante los últimos 50 años hemos visto desaparecer la industria pesada que hacía cosas para la exportación británica y ha cedido al industria bancaria y de servicios que han absorbido algunos de los puestos de trabajos perdidos. Pero lo cierto es que bajo los últimos gobiernos nos hemos transformado en una nación-centro comercial. Londres alcanzó la cima como centro global pero al mismo tiempo lugares como el Wales industrial se hicieron cada vez más pobres”. Para Marr el Brexit es “la rebelión de los disminuidos contra los ganadores, de los ignorados contra los que le dan forma a los tiempos modernos”.

El sentido común indica que los disminuidos e ignorados debería engrosar las filas de la izquierda inglesa. Pero al igual que ocurre con Clinton, esa opción no convoca, salvo para evitar un desastre mayor. Y en Gran Bretaña ni siquiera pudo hacer eso: un 30% de la votación laborista tradicional votó por irse, codo a codo con los nacionalistas.

La nueva primera Ministra británica Teresa May, ha intentado llenar ese vacío y en su primer discurso ha usado palabras que se habrían esperado de un líder de izquierda: “Estamos aquí no para escuchar al poderoso sino a ti. Nuestra prioridad no es el rico, sino tú. No vamos a afianzar las ventajas de los pocos afortunados. Vamos a hacer a Gran Bretaña un país que trabajó no para los pocos privilegiados sino para todos los trabajadores”.

No dijo oligarquía. Pero no era necesario.

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Wolfgang Streeck, ex director del Instituto Max Planck para el estudio de las sociedades y Anthony Atkinson, professor de la London School of Economics y Fellow of Nuffield College de la universidad de Oxford, que busca ampliar el debate actual sobre la concentración de la riqueza y su impacto en la economía y en la democracia.

 Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán

Sergio Ortega parece estar empeñado en incendiar la pradera en el PPD. El ex jefe de Administración y Finanzas de ese partido prestó declaración por segunda vez en la investigación por los aportes ilegales de Soquimich (SQM) a las arcas del PPD y puso frente a las balas a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, justo al inicio de su campaña a la reelección. Cuando ella presidía el PPD, dijo Ortega a los fiscales, autorizó la fórmula para canalizar el dinero desde la minera. En su primera declaración, Ortega ya había remecido hasta los cimientos de la colectividad al testificar que tras el irregular mecanismo para obtener fondos estaba la mano del senador Guido Girardi, el cacique más poderoso del partido. No sonaba descabellado, porque fue un histórico colaborador de Girardi quien ejecutó la triangulación: el ambientalista Patricio Rodrigo.

Mientras el partido en pleno intenta proteger a Carolina Tohá –quien niega haber sabido de los aportes de SQM– para conjurar el riesgo de perder la alcaldía más importante del país, la Fiscalía sigue intentando aclarar responsabilidades entre los jerarcas del PPD. Lo que ya está acreditado en la investigación –y que en principio se intentó ocultar– es que los $57 millones que se traspasaron al PPD desde la minera del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, se canalizaron a través de una entidad dirigida por Patricio Rodrigo: la Corporación Chile Ambiente.

Fue Rodrigo, como director ejecutivo de la corporación, quien en agosto de 2011 firmó el convenio con SQM Salar que puso en marcha la triangulación de dinero que ha salpicado a la alcaldesa Tohá y al senador Girardi (ver recuadro con los detalles del caso).

Marcelo Castillo, Guido Girardi y Patricio Rodrigo

Si bien en un comienzo Patricio Rodrigo se esmeró en probar ante la Fiscalía que su único compromiso con SQM era dictar charlas y que éstas se habían realizado, los avances de la investigación pronto demostraron que el convenio escondía una operación para financiar al PPD, del que Rodrigo fue militante desde su fundación hasta 2012. Patricio Rodrigo integra el círculo íntimo del senador Girardi, de quien es un estrecho amigo desde los años 80 y con quien trabajó por más de una década. Juntos crearon la Comisión de Medio Ambiente del PPD.

Ingeniero agrónomo, Rodrigo es reconocido como uno de los integrantes del tridente que históricamente ha acompañado a Guido Girardi en los temas ambientales. Los otros dos son los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto. Además de ser los asesores predilectos del senador en los temas “verdes”, el trío también ha ido cruzado sus historias como protagonistas de conflictos de alto impacto en el mundo ambiental, como los controversiales proyectos HidroAysén y Pascua Lama.

“No tengo nada que ocultar”, asegura Patricio Rodrigo en la casona de calle Las Abejas, en La Reina, donde funciona Chile Ambiente y que es también la sede de la Fundación Chile 21, cuyo programa de Medio Ambiente él mismo dirige. Rodrigo insiste en que prefiere contar todo, a pesar de que sus asesores legales le han recomendado no hablar. Su abogado es Marcelo Castillo, actual presidente de Chile Ambiente y quien lideró la batalla legal contra HidroAysén cuando Patricio Rodrigo era el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia.

No es la primera vez que Patricio Rodrigo está en el ojo del huracán. Tras su exitosa gestión dirigiendo la campaña contra HidroAysén,  fue cuestionado por haber aceptado estudiar el impacto ambiental de Pascua Lama como parte de un convenio firmado por la minera Barrick con un grupo de comunidades diaguitas. Ese acuerdo fue negociado por el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto, el tercer asesor histórico de Girardi, quien también integró el equipo contra HidroAysén. Soto fue acusado de pactar con Barrick para viabilizar el megaproyecto minero en perjuicio de algunos de sus representados.

La evaluación ambiental que hizo Rodrigo en Pascua Lama, dicen sus detractores, habría sido parte de la puesta en escena para sellar el acuerdo que permitió a Soto cobrar una generosa suma por sus servicios. Han pasado dos años y las críticas no amainan, al punto que Soto enfrenta una denuncia por prevaricación.

LA TRENZA AMBIENTALISTA DEL PPD

Un temprano interés por los temas medioambientales es el que cruza la relación entre Patricio Rodrigo, Guido Girardi y Marcelo Castillo. Cuando estudiaba Medicina en la Universidad de Chile, el actual senador por Santiago Poniente fundó el colectivo Pehuén, uno de los primeros movimientos político-ecologistas de los ‘80 que se sumó a uno de los conglomerados opositores a la dictadura llamado Bloque Socialista. Según cuenta un dirigente de la época, Castillo era militante del Mapu –que también integraba el Bloque Socialista– y estudió Derecho en la Universidad Católica, pero sus intereses coincidían con los de Girardi, lo que los acercó.

Con los años, Castillo se especializó en Derecho Ambiental, se unió al PPD –fue presidente de su Comisión de Medio Ambiente, que aún integra– y ayudó a Girardi a formar la Bancada Verde de la Cámara de Diputados. “Ha sido mi asesor en materia ambiental desde que era estudiante. Fue el asesor más importante de la Bancada Verde durante mucho tiempo”, decía Girardi en 2002.

También en los ‘80 se encontraron por primera vez Girardi y el ingeniero agrónomo de la UC Patricio Rodrigo. Juntos participaron en la formación del PPD, tras lo cual Rodrigo sería el encargado del programa ambiental de Patricio Aylwin.

Marcelo Castillo (Fuente: somosmelipilla.cl)

Con el regreso de la democracia, el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Luis Alvarado, fichó al ingeniero agrónomo como jefe de Planificación y Presupuesto de esa cartera. En ese momento el país no tenía institucionalidad ambiental y desde Bienes Nacionales se trabajó en el desarrollo de una política sobre el tema. Rodrigo cuenta que se llevó a Girardi a trabajar con él en materias ambientales, un capítulo fugaz y desconocido, que el actual senador ni siquiera menciona en su currículum político-profesional.

Aunque Patricio Rodrigo se mantuvo en ese puesto durante todo el gobierno de Aylwin, dejó una mancha en su ficha de funcionario público. Cuando asumió la sucesora del ministro Alvarado, la actual jefa de la cartera de Educación, Adriana Delpiano, se encontró con un sumario de Contraloría contra Patricio Rodrigo por mal manejo de recursos públicos. La conclusión era lapidaria: el funcionario debía ser destituido (ver decreto que lo destituyó).

El director ejecutivo de Chile Ambiente le baja el perfil al episodio y asegura que “no se perdió ni un peso, no hubo dolo, fue un error administrativo”. Lo que pasó, relata, es que firmó un convenio con la Unicef para un programa de educación ambiental, pero nunca se hizo el decreto que formalizaba el acuerdo y permitía el desembolso de recursos. La sanción de Contraloría incluía la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, pero transcurrido ese periodo Rodrigo volvió el 2000 al aparato estatal como jefe de gabinete de la entonces directora de la Conama, Adriana Hoffman.

Ya entonces el apellido Rodrigo era sinónimo de Girardi, recuerda un funcionario de la época. Hoffman era una activista ambiental sin historia partidaria o experiencia gubernamental, por lo que Patricio Rodrigo era visto como su “brazo político”, además de un brazo del “girardismo”.

Sólo estuvo un año en Conama, tras lo cual se convirtió en asesor de Guido Girardi, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, hasta que en 2014 pasó a asesorar al comité de senadores del PPD, labor que terminó en marzo de 2015, justo cuando estalló el caso SQM.

Aún estaba en Bienes Nacionales cuando participó en la fundación de la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, el nombre completo de Chile Ambiente. Lo hizo junto al doctor Hernán Sandoval, quien presidió la corporación hasta mediados del año pasado, cuando fue reemplazado por Marcelo Castillo. Si bien versiones de prensa señalan que Sandoval se retiró molesto por el involucramiento en la investigación por las platas políticas, Rodrigo asegura que el médico sabía de los aportes de SQM para el PPD y que se fue porque cumplió una etapa y estaba muy ocupado en su rol de decano de la Universidad de las Américas.

La corporación opera como una consultora ambiental y ha desarrollado decenas de proyectos desde su creación. “Chile Ambiente ha contribuido a incorporar, en su historia, sobre 800 mil hectáreas a la conservación oficial de ecosistemas terrestres”, recalca Rodrigo. Entre sus proyectos más conocidos están los planes para el desarrollo del parque Pumalín de Douglas Tompkins (2000-2004), del Parque Tantauco de Sebastián Piñera (2005-2007) y del proyecto de Conservación Las Margaritas (2011), de Andrónico Luksic.

Pero no sólo ha sobrevivido gracias a proyectos “verdes” para millonarios. El Estado también ha sido un buen cliente para Chile Ambiente. A través de licitaciones realizadas en la plataforma Mercado Público se ha adjudicado contratos por más de $500 millones en la última década. El grueso corresponde al primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando obtuvo proyectos por $415 millones, principalmente de la Conama y la Conadi.

PATAGONIA SIN PPD

Fue Carlos Cuevas, entonces presidente de la Fundación Pumalín y mano derecha de Douglas Tompkins, quien en 2007 fichó a Patricio Rodrigo para hacer una consultoría sobre la forma de enfrentar el megaproyecto HidroAysén, que contemplaba la construcción de centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Rodrigo ya había trabajado para Tompkins en Pumalín y muchos lo veían como una de las personas que habían sido clave para acercar al empresario ecologistas al mundo político y superar la rivalidad que marcó su relación con la administración Frei. En ese proceso jugaron también un rol importante Hernán Sandoval, íntimo amigo del entonces Presidente Ricardo Lagos, y otros PPD como Girardi y Sergio Bitar (ver video de Girardi, Rodrigo y Castillo homenajeando a Tompkins tras su muerte en 2015).

Rodrigo dice que tras entregar su propuesta, que derivó en la creación del Consejo de Defensa de la Patagonia, las organizaciones que participaban del movimiento decidieron en su ausencia que él era el único que podía dirigir la campaña. Otras versiones señalan que Tompkins lo ungió en el puesto. En lo que todos coinciden, incluyendo a Rodrigo, es en que su rol en Patagonia sin Represas significó un cambio en su carrera. Si bien siempre había estado ligado a la ecología desde la consultoría, a partir de entonces se convirtió en activista.

Campaña “Patagonia sin represas”

Su participación incluía a Chile Ambiente, corporación que fue receptora de cuantiosos fondos desde Estados Unidos, los que habrían sido conseguidos por Tompkins. Como el Consejo de Defensa de la Patagonia no tenía personalidad jurídica, las distintas ONG que la conformaban manejaban sus propios fondos, los que eran utilizados para financiar la millonaria campaña que posicionó el rechazo a HidroAysén en todo el país.

Los documentos de la Foundation for Deep Ecology, que presidía Tompkins en Estados Unidos., registran transferencias por US$200 mil para Chile Ambiente en 2007 a través del a Tides Foundation, especializada en intermediar donaciones para organizaciones sin fines de lucro. En los años siguientes no se precisa el destinatario final, pero los reportes de Tides dan cuenta de que entre 2007 y 2009 se transfirieron US$ 740 mil a Chile Ambiente para financiar la defensa de la Patagonia.

En la estrategia liderada por Rodrigo fueron actores importantes sus viejos compañeros del PPD. La judicialización del proyecto fue una de las vías por las que se buscó revertir la autorización ambiental. Patricio Rodrigo llegó a decir que se presentarían hasta 200 querellas para detener HidroAysén. No estuvieron ni cerca, pero sí se dio una batalla legal en varios frentes, aunque sin éxito en tribunales. En el equipo legal que coordinaba la abogada Macarena Soler (también jefa legal de Pumalín) una pieza clave era Marcelo Castillo, quien según Rodrigo además jugó un rol relevante en la “articulación política” de la campaña. En un comienzo también participó Lorenzo Soto, pero a medio camino se retiró por “diferencias profundas” con el resto del equipo, según cuenta un ex integrante de la campaña.

Castillo, en cambio, encajó bien y se mostró comprometido, dice la misma persona, pese a que su perfil no calza con el de abogado ambientalista, sino que es simplemente un experto en derecho ambiental. Eso explica que no tenga conflicto en defender causas que pueden ser calificadas como “verdes” y al mismo tiempo representar a grandes empresas en proyectos de alto impacto en el medio ambiente, como Agrosuper en Freirina o empresas salmoneras. Ha sido también abogado de KDM, cliente por el que se vio envuelto en una polémica a comienzos de la década pasada, cuando se le sindicó como redactor de la acusación constitucional contra el entonces intendente Marcelo Trivelli para favorecer a KDM en medio de lo que fue una verdadera “guerra por la basura” de Santiago.

En Patagonia sin Represas, varios de los recursos patrocinados por Marcelo Castillo incluían como recurrente a Guido Girardi y otros parlamentarios, como Antonio Horvath o Enrique Accorsi. “Siempre el Guido fue un aliado estratégico. Nos abría las puertas del Senado cuando no éramos nadie. Por la amistad que teníamos y por la consecuencia de defender causas ambientales. Ahora mucha gente se ha quedado con el asesinato de imagen mediático que ha sufrido él, producto de que es un personero que va de punta cuando trata de ladrones de cuello y corbata a las AFP y a las Isapres. Porque dice las cosas por su nombre”, afirma Rodrigo.

Pero hubo una batalla en la que Girardi separó aguas de Castillo y Rodrigo: la campaña personalizada contra Daniel Fernández por su rol como vicepresidente ejecutivo del proyecto HidroAysén. Luego de una historia común dentro del PPD –Fernández también fue uno de los fundadores de la Comisión de Medio Ambiente del partido–, la eléctrica puso a Fernández en la trinchera opuesta de Rodrigo y Castillo. Girardi, amigo personal de los tres, se mantuvo al margen, pues estaba en desacuerdo con la ofensiva.

En julio de 2011, Marcelo Castillo interpuso una querella criminal contra Daniel Fernández, acusándolo de presentación de pruebas falsas y de perjurio en un caso por derechos de agua que se ventiló en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y luego en octubre, el mismo Castillo hizo una presentación al Tribunal Supremo del PPD –por sí mismo y en representación de Patricio Rodrigo y otros militantes– pidiendo la expulsión de Fernández. Argumentó, entre otras cosas, que el partido tenía un voto político en que se oponía a HidroAysén. Le fue mal. En abril de 2012 el Tribunal Supremo decidió no sancionar a Daniel Fernández.

El periodo de enfrentamiento con Fernández coincide con el momento en que Patricio Rodrigo aceptó que Chile Ambiente intermediara fondos de SQM para el PPD. Esa gestión demuestra que hasta entonces estaba completamente comprometido como militante, dice: “Si había que asumir algún riesgo de imagen, yo estaba dispuesto porque en el fondo mis convicciones y mis principios políticos me hacían favorable a ese apoyo”. Pero en menos de un año su relación con el partido giró: “Me sentí casi expulsado cuando el Tribunal Supremo falló a favor de Fernández en una controversia interna porque teníamos la cabeza de Hidroaysén y la cabeza de Patagonia sin Represas conviviendo en el mismo territorio político”. Entonces renunció a su militancia de 22 años. Castillo, en cambio, se quedó.

AVANZAR TRANSANDO

En julio de 2014, tras siete años como secretario ejecutivo, el Consejo de Defensa de la Patagonia informó que un mes antes Patricio Rodrigo había puesto su cargo a disposición. Lo que gatilló el anuncio fue la noticia de que el ingeniero agrónomo había asumido un nuevo rol como parte de un acuerdo entre la minera canadiense Barrick, titular del proyecto Pascua Lama en Atacama, y un grupo de comunidades diaguitas. A través de una declaración pública las organizaciones opositoras a HidroAysén querían dejar claro que no tenían nada que ver con la nueva consultoría de Rodrigo y hacían saber “su claro cuestionamiento al proyecto Pascua Lama”.

Cuando Rodrigo apareció en escena, la polémica en el valle del Huasco ya estaba desatada. El protagonista era el abogado Lorenzo Soto, el mismo que ha asesorado a Girardi desde que estudiaba derecho “en casi todos los proyectos, desde los ambientales hasta los recursos contra la comida chatarra”, según contó el propio senador en 2013.

Los intereses de Girardi como parlamentario y Soto como abogado suelen estar alineados. Así sucedió en 2010 con la oposición a la termoeléctrica Barrancones. Como se aprecia al inicio de un video grabado en esa época (vea ese registro), Lorenzo Soto, quien entonces era asesor de Girardi y defensor de los detractores de Barrancones, ingresa a la sala del Senado donde el parlamentario PPD realizará la conferencia de prensa junto al diputado Enrique Accorsi. Los acompaña en la testera Patricio Rodrigo, quien en ese momento era secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas y al mismo tiempo asesor de Girardi. Un par de años más tarde, Girardi y Rodrigo, esta vez junto al diputado Alberto Robles (PRSD), hacían una conferencia de prensa contra el proyecto de la termoeléctrica Castilla, donde parte de los opositores también estaban representado por Soto.

Lorenzo Soto

Lorenzo Soto es un personaje cuestionado por un sector del mundo ambientalista. “Soto transa para obtener jugosas indemnizaciones, hay un problema ético ahí”, critica un abogado ecologista, que estima que los bienes ambientales son de todos y no son negociables.

En concreto, a Soto se le acusa de ofrecer gratis sus servicios a las comunidades afectadas por proyectos con alto impacto ambiental y agudizar el conflicto a través de efectivas acciones judiciales, lo que obliga a negociar a las empresas. De esa forma, obtiene una suculenta comisión de los acuerdos económicos. El caso emblemático es el de Barrick, pero antes lo había hecho en la central Bocamina de Endesa, en Coronel, litigio en que representó a los pescadores y al senador Alejandro Navarro. Soto logró paralizar esa planta en tribunales y consiguió que Endesa indemnizara a los pescadores. Según una nota de Radio BíoBío, habría cobrado entre US$4 y US$5 millones tras el arreglo, lo que habría molestado a algunos de sus representados.

Soto se ha defendido de estas críticas: “Hay una serie de estereotipos que apuntan a considerar que exigir compensaciones significa venderse a las empresas. Lo que significa es conseguir reparaciones equivalentes al daño que no se puede evitar”, dijo a El Mercurio. Su colega Marcelo Castillo también ha salido en su defensa: “Es muy frontal, domina las complejidades de esta institucionalidad y trabaja de manera acuciosa, lo que es perfectamente legítimo. Lo mismo que cobrar por sus servicios profesionales”.

Uno de los principales detractores del rol de Soto es Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien critica que “Girardi aparece permanente detrás como uno de los patrocinadores de esta gente (…). A Soto lo conocemos de años porque ha venido interviniendo en distintos procesos”. En el caso de la termoeléctrica Castilla, acusa Cuenca, fue Girardi el que presentó a Soto a los dirigentes de las comunidades locales.

En el round con Castilla, Soto terminó representando a un grupo de pescadores e intentó que desistieran de sus recursos legales. El convenio que había negociado con la eléctrica tenía cláusulas leoninas, en que hasta los descendientes de los pescadores tenían prohibición de realizar cualquier acción contra la empresa (ver borrador del acuerdo). En esa ocasión la conciliación con la empresa fue promovida por el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, pero fracasó ante la negativa de otras comunidades locales. Finalmente, de todas maneras el máximo tribunal terminó rechazando el estudio ambiental que permitía la construcción de la central, algo que no hubiera sucedido en caso de haberse sellado el acuerdo que promovía Soto.

En 2012 el abogado se enfrascó en la batalla contra Barrick por Pascua Lama. Diversas comunidades diaguitas firmaron un mandato para que las representara junto a su histórico socio, el abogado Alex Quevedo. También suscribieron contratos que les encargan gestiones judiciales y extrajudiciales para reclamar contra Barrick por la legalidad de los actos que se “impongan sobre sus bienes y/o actividades”, “impugnar la autorizaciones que otorgue la autoridad pública para la ejecución de los proyecto”, “obtener indemnizaciones por los perjuicios que sufra el cliente con ocasión de la instalación y funcionamiento de los proyectos”, así como “negociar con las empresas o con la autoridad, las compensaciones que se acuerden” (ver contrato).

Cualquier acuerdo, señalaba el contrato, debía contar con el consentimiento del cliente. El documento establece honorarios de 30% “de la indemnización, resultas o negocio de cualquier origen y que por cualquier causa sea pagada o generada a favor del cliente”. En un contrato de ese tipo, en que sin compensaciones los abogados no reciben honorarios, hay un claro incentivo para negociar con la empresa.

Para entonces el conflicto de Pascua Lama ya llevaba años. Uno de los primeros en rechazar el proyecto fue Girardi, que como diputado pidió comisiones investigadoras y presentó en 2006 un proyecto de protección de glaciares –amenazados por la minera–, basado en un estudio del propio Lorenzo Soto. Ese mismo año Marcelo Castillo había entrado a escena al presentar la primera demanda para paralizar el proyecto minero, en representación de un agricultor.

Pero para la historia quedará que Lorenzo Soto fue quien consiguió que la justicia detuviera la construcción. Una versión que es relativizada por sus detractores, pues antes del fallo hubo una paralización decretada por Sernageomin y un desastre ambiental en que la propia minera se autodenunció. Pero las gestiones de Soto fueron efectivas para detener al gigante minero y al abogado se lo caracterizaba en los medios como el terror de las grandes empresas.

En mayo de 2014 Soto llegó a un acuerdo con Barrick en representación de 15 comunidades diaguitas a través de la firma de un “memorandum de entendimiento” (ver documento). El pacto buscaba allanar el camino para desarrollar el proyecto “de manera sustentable” con la venia de los diaguitas. Y si bien no se exige a las comunidades desistir de acciones legales, son varios los actores que creen que en la práctica sí implicó una renuncia. Argumentan que poco después de la firma se realizaron los alegatos en la Corte Suprema por un recurso de casación presentado por Barrick debido a una sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lorenzo Soto fue uno de los reclamantes iniciales, pero no se presentó a alegar ante la Suprema.

Pascua Lama

El memorandum desató el inmediato rechazo de otras organizaciones locales, que protestaron a través de un comunicado: “Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica Los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla, quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios”.

La tensión aumentaría en los días siguientes, cuando Lucio Cuenca de OLCA abordó un vuelo de Copiapó a Santiago y se encontró con Soto, quien viajaba acompañado de Patricio Rodrigo. Se puso a hacer averiguaciones y descubrió que Rodrigo lideraría el equipo técnico que validaría el memorándum. Ardió Troya.

Rodrigo salió a defenderse, diciendo que Barrick no le pagaba, que todo estaba por definirse y que sería una “labor a realizar con la Universidad de Chile”. Esto fue desmentido por la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios, que aclaró que Rodrigo era un profesor ad-honorem con dos horas semanales y que desconocían qué actividades podría estar realizando con Barrick a título personal.

“El decano (de la Facultad de Agronomía, Roberto Neira) no actuó profesionalmente con altura de miras, sino que cedió a las presiones de grupos marginales que están por una vía no institucional de cambio social en Chile”, acusa hoy Rodrigo, quien asegura que todo estaba conversado con la universidad, al punto que sus abogados estaban revisando los contratos.

Finalmente, hizo el trabajo por su cuenta, no a través de Chile Ambiente, sino de Rodrigo y Asociados, empresa en la que participa su hija. Su mandante, insiste, no era ni Lorenzo Soto ni Barrick, sino que las comunidades diaguitas que le pidieron que realizara los estudios ambientales. La lógica del acuerdo era que la empresa minera financiara el trabajo de un consultor independiente –Patricio Rodrigo– para que hiciera un due dilligence del estudio ambiental de Pascua Lama y les entregara información para entender el impacto del proyecto.

El memorándum contemplaba un “fondo de ejecución”: US$ 2,3 millones que Barrick entregaría para financiar los estudios y la evaluación técnica del proyecto (profesionales, talleres, equipamiento y traslados, entre otros ítems) (ver documento). Ese monto incluía los servicios prestados por Patricio Rodrigo –diez meses de trabajo, con un equipo de 30 profesionales que trabajaron 12 mil horas, detalla–, labor por la que cobró unos US$600 mil. No hay registro de qué pasó con el US$ 1,7 millón restante del fondo, el que sería administrado por las comunidades y que, según se explicitaba, no tenía carácter indemnizatorio.

Según Rodrigo, su equipo detectó “errores gravísimos” en el proyecto y “eso le pega una subida de costos gigantescos”. Eso, junto a la baja de precio de los metales habría, según el consultor, gatillado que la empresa cancelara el proyecto. Sin embargo, este 14 de julio Barrick anunció que estaba estudiando la forma de retomar las obras por partes.

La tarea de Rodrigo y su equipo terminó a mediados de 2015 (aquí se puede ver un video del proceso). El cronograma establecía que las comunidades debían decidir si seguían con una segunda etapa de mesa de diálogo para luego firmar un acuerdo de cooperación, pero según Rodrigo todo quedó en nada: “Yo podría haber continuado con ellos, pero se produjo todo este enredo de SQM que enturbió el proceso. Entonces, Soto fue uno de los que se opuso a que yo siguiera y el proceso se les derrumbó, porque no hubo quien condujera socialmente… Y hoy ellos ya no son abogados de las comunidades”.

LITIGIOS PENDIENTES

Una de las grandes dudas es cuánto cobraron los abogados Soto y Quevedo por el acuerdo con las comunidades diaguitas. En mayo de 2014 se firmaron anexos de contrato, en que los abogados renunciaban unilateralmente a parte de los honorarios fijados inicialmente, bajando de 30% a un 20% “contra resultado”. Es exactamente lo mismo que hicieron cuando representaron a los pescadores de Coronel.

El memorandum menciona que Barrick pagaría la asesoría jurídica de las comunidades, pero el monto se establecería en un anexo que nunca se hizo público. Lo mismo sucede con el monto que se entregaría a las comunidades para poder cumplir los objetivos del acuerdo. Los opositores acusan que quienes firmaron el memorandum recibieron beneficios económicos por parte de Barrick.

La polémica generada por ese entendimiento está lejos de amainar. Sintiéndose traicionados, en noviembre de 2015, miembros de algunas comunidades diaguitas que habían contratado a Lorenzo Soto y Alex Quevedo los denunciaron por fraude y prevaricación, por actuar contra los intereses de sus mandantes, con lo cual la Fiscalía de Vallenar inició una investigación desformalizada. Dicen haber sido engañados y que nunca firmaron para apoyar el memorandum de acuerdo con Barrick.

Dicho memorándum establecía que éste debía ser ratificado por las comunidades dentro de los 30 días siguientes, para lo cual se organizaron asambleas en que sus socios debían votar. Sin embargo, los denunciantes reclaman que no fueron informados del detalle del convenio ni lo que éste implicaba, sino que les dijeron que significaría recursos económicos para las comunidades.

Una de las denunciantes, Susana Campillay, dice que sin ser parte de la comunidad, asistió a la asamblea en reemplazo de su padre, que estaba enfermo, y firmó una lista de asistencia con el nombre de éste:

“Asistí porque me interesaba escuchar lo que hablaban los abogados (Soto y el mediador Alonso Barros), nunca había venido ningún abogado a nuestra localidad. Habló el mediador, dijo que Barrick estaba a los pies de las comunidades, estaban arrepentidos. Venían a proponer un memorándum que era un intercambio de información, en que Barrick se ponía a disposición de las comunidades para que los investigaran y vieran qué hacían ellos en la mina. Inmediatamente, me paré y dije que no estaba de acuerdo, porque me parecía poco lógico, si no había que investigar. Los habían parado porque tenían más de 20 multas, se habían denunciado. El daño ya estaba bastante avanzado. Los glaciares nunca más los vamos a recuperar”.

Protesta contra proyecto Pascua Lama (Fuente: veoverde.com)

Susana Campillay cuenta que su sobrina, Diana Zepeda Campillay, aparece firmando en la misma lista, pese a que en ese momento estaba estudiando en Antofagasta. Con esos dos nombres se lograron las 25 firmas que se necesitaban para aprobar el memorándum en la comunidad.

Hasta ahora son 14 las personas de distintas comunidades que se han sumado a la denuncia criminal. Algunos alegan que en sus comunidades no se hicieron asambleas y que fueron a sus casas a pedirles que firmaran.

Reclaman, además, que no saben qué han hecho los dirigentes de las comunidades con los fondos entregados por Barrick. Solange Bordones, quien debía administrar el dinero, no reveló en su declaración a cuánto ascendieron los recursos que recibió, pero dijo que todo estaba en la página web www.diaguitasdelhuasco.org, la que no se encuentra disponible. Sostuvo que no fue Barrick la que pagó a los abogados, sino que la empresa puso el dinero a disposición de las comunidades. Descartó que los honorarios ascendieran a $182 millones, como acusaban los denunciantes, pero tampoco aclaró cuál era el monto.

En su declaración ante la fiscalía, fechada en marzo de 2016, el abogado Lorenzo Soto acusa que las denuncias son “completas y maliciosamente falsas”, además de “difamatorias”. Desde el punto de vista legal, alega que él representa a las comunidades y asociaciones diaguitas, y que sólo éstas podrían acusarlo de prevaricación, pero no las personas naturales que las integran. Además, argumenta que el encargo era “obtener los mayores beneficios o resultados posibles en favor de mis clientes frente a la ejecución del proyecto Pascua Lama”.

Pero la del memorandum no es la única controversia pendiente. Se espera también una resolución de la Contraloría respecto a un contrato por $30 millones adjudicado en octubre de 2014 entre la Subsecretaría de Medio Ambiente y Chile Ambiente. Dicho convenio no tiene que ver directamente con Pascua Lama, sino con un estudio relativo a la futura norma secundaria del agua del río Huasco. Se asignó a través de un concurso publicado en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, en el que Chile Ambiente fue el único oferente.

Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Agua del Guasco Alto, cuenta que reclamaron a los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que Chile Ambiente tenía un conflicto de interés, pues prestaba una asesoría al convenio de Barrick con las comunidades y el estudio que se le encargó tiene que ver con la norma del agua del río que Pascua Lama contaminaría. Los funcionarios les explicaron, dice San Juan, que quien realizaría el estudio no sería Patricio Rodrigo, sino Pablo Morales, pero dicho profesional también fue parte del equipo que trabajó en el estudio sobre Pascua Lama. Por eso, presentaron la denuncia ante la Contraloría (ver documento).

Rodrigo dice que no estaba al tanto de la denuncia, aunque sabía que había quejas porque los reclamantes habían interrumpido los talleres “para meter bulla, tener algún protagonismo y algún espacio donde puedan vociferar”. En todo caso, él no ve ningún conflicto de interés y cuenta que el trabajo ya está entregado: “Como estábamos apoyando el tema de los diaguitas, me pareció interesante fortalecer el trabajo en la zona respecto al tema de los servicios ecosistémicos y la percepción que la comunidad en general tiene de ellos. Pero yo no participé ni en la convocatoria del proyecto ni en su ejecución, sólo firmé el contrato como representante de Chile Ambiente”.

CIPER intentó entrevistar a los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto para este reportaje. Mientras el primero no contestó los llamados, el segundo dijo que no estaba interesado en hablar.

La ruta del dinero: de SQM al PPD

Ya en mayo de 2015 el ex tesorero del PPD, Luis Matte, reconoció que había gestionado el contrato con SQM, aunque aseguró que el grueso del dinero era para financiar la campaña Patagonia sin Represas, que lideraba Patricio Rodrigo. Según dijo entonces Matte a La Tercera, sólo el 10% se destinaba a gastos operativos del partido.

Pasarían diez meses para que el ex jefe de Administración y Finanzas del PPD, Sergio Ortega, quien aún figura como funcionario del partido, reconociera abiertamente ante la PDI que las platas eran para la colectividad. Matte le había pedido que colaborara en el proceso administrativo de llevar las facturas de Chile Ambiente y retirar los pagos de SQM. “Esta pseudo obligatoriedad que teníamos con Chile Ambiente surgió como una instrucción superior de la directiva del partido, con el propósito de brindarle ayuda a don Guido Girardi, un senador connotado y miembro de Chile Ambiente”, declaró Ortega a la PDI, poniendo una bomba en el corazón del PPD.

El estruendo sería aún mayor con la segunda declaración de Ortega, esta vez como imputado, la que tuvo lugar en junio pasado. Parte de su testimonio fue dado a conocer este 27 de julio por 24horas.cl: Ortega dijo que durante la gestión de Carolina Tohá aumentaron los gastos del PPD y que “ella estaba en conocimiento de la fórmula de financiamiento” que usó el partido para solventarlos.

Los fiscales le exhibieron un correo electrónico de agosto de 2011 en que Matte le escribió: “Sergio quedo OK por mí y Carolina, sácale la firma a P. Rodrigo“. Sobre ese e-mail, Ortega declaró: “Este correo tuvo por finalidad informarme que el acuerdo convenio SQM con Chile Ambiente había sido revisado, tanto por él como por Carolina Tohá, instruyéndole que me contactara con Patricio Rodrigo para obtener su firma final. Este correo confirma que toda decisión previamente era tomada por la mesa directiva”.

Samuel Donoso y Patricio Contesse

Este jueves 28 de julio el noticiario de Mega sumó un nuevo ingrediente a la crisis: tras obtener los documentos contables del PPD, constataron que aún antes de los pagos hechos a Chile Ambiente el partido registraba aportes de SQM. De hecho, en enero de 2011 en los libros del PPD aparece identificado un “aporte afiliado” por parte de SQM, como si fuera un militante del partido. Los documentos contables fueron enviados al Servel con la firma de Carolina Tohá.

Tohá ha dicho que no sabía nada. En su directiva el secretario general era Samuel Donoso, vinculado al girardismo y actual abogado del gerente general de SQM, Patricio Contesse, quien ha mantenido silencio. En cuanto a Guido Girardi –a quien el diputado Pepe Auth motejó como el “socio controlador” del PPD–, en ese momento ocupaba la primera vicepresidencia del partido y también ha negado tener conocimiento de los pagos de SQM.

Girardi, a diferencia de lo que declaró inicialmente Ortega, no es miembro de Chile Ambiente, pero sí es muy cercano a Patricio Rodrigo. “Soy muy amigo del Guido hace 30 años. Salíamos con los niños a veranear juntos. Si yo estoy involucrado en algo, involucran a Guido y vice versa muchas veces, pero en esto doy fe: Guido no tenía idea de esto, no sabía”, insiste Rodrigo.

No era la primera vez que Girardi era mencionado en la investigación a SQM por el financiamiento ilegal de la política. En la auditoría que la minera encargó al bufete estadounidense Shearman & Sterling se cita un correo de agosto de 2012 en el que Contesse autoriza al abogado de la empresa, Enrique Olivares, a llamar los políticos que han recibido contribuciones de SQM para aclarar con ellos cualquier problema que hubieran  tenido. La secretaria de Contesse le envía luego a Olivares los números de los senadores Fulvio Rossi (PS), Hernán Larraín (UDI) y Guido Girardi. En un correo fechado al día siguiente, el abogado confirma que habló con Rossi y Girardi.

El informe encargado por SQM concluye que no hay evidencia de que los individuos mencionados –los tres senadores y una lista de candidatos municipales enviada por Rossi– hayan recibido financiamiento ilegal. En el entorno del senador PPD dijeron en enero a La Tercera que éste no pidió dinero a SQM y que no conoce al abogado Olivares. Hasta ahora Girardi no ha sido citado a la Fiscalía.

El único dirigente PPD que ha reconocido haber pedido dinero a SQM es el ex tesorero Matte y pese a los avances de la investigación, aún quedan muchas dudas. La primera huella de las gestiones está en los registros del Servicio Electoral (Servel), donde el 30 de junio de 2011 el PPD inscribió a Chile Ambiente como su instituto de formación política (ver documento). Esta figura fue creada en 2003 para que las llamadas “instituciones formadoras” de los partidos pudieran recibir donaciones con beneficios tributarios. Hasta que el PPD inscribió a Chile Ambiente, nadie la había usado. Pero ni Chile Ambiente era un instituto formador ni SQM donó el dinero, sino que simuló la prestación de un servicio.

Patricio Rodrigo reconoce que en realidad a Contesse no le interesaban sus charlas medioambientales. De hecho en varias de ellas aprovechó a hacer campaña para Patagonia sin represas, es decir, SQM ayudó a financiar la campaña contra HidroAysén. “Qué bueno que haya sido así también. Plata de los ricos a financiar causas ambientales que afectan a comunidades”, reflexiona hoy.

Pero la noticia no cayó tan bien a sus ex compañeros de campaña. “No consideramos una práctica aceptable recibir financiamiento de grandes empresas alineadas con el modelo extractivista”, señaló a través de un comunicado el Consejo de Defensa de la Patagonia en mayo, recalcando que no sabían del rol de Chile Ambiente como instituto del PPD. Rodrigo reclama que él no tenía por qué informar nada y que tampoco tiene reparos con SQM como fuente de financiamiento: “Yo ofrecí colaboración (al PPD), me entregaron dos empresas y bienvenida sea esa colaboración. Uno no puede estar distinguiendo estos son los buenos y estos son los malos”.

La otra empresa que entregó financiamiento a través de Chile Ambiente es la eléctrica Coyanco, ligada a al ex presidente de la CPC Juan Claro y a Gerens, y dueña de una central de pasada en el río Maipo. A diferencia de SQM, Coyanco sí realizó la transferencia –de $30 millones– a través de una donación certificada por el Servel. Los correos electrónicos que tiene la fiscalía dan cuenta de que Matte le propuso esa alternativa a SQM, pero la empresa optó por el convenio. El documento comprometía a Chile Ambiente a realizar capacitaciones y entregar un informe sobre “la formación y capacitación de dirigentes políticos y sociales en gestión ambiental”. El objetivo era tan ajeno a los intereses de la minera que el abogado que debía firmar el documento envió un email preguntando: “¿qué relación tiene esto con las actividades de SQM?”.

Evidentemente el convenio no tenía nada que ver con SQM. De acuerdo a las transferencias detalladas por Rodrigo ante los fiscales, hizo diez cheques por $38 millones al PPD. Seis de estos cheques, por un total de $26,2 millones, eran al portador, es decir, podían ser cobrados por cualquiera. La diferencia con el dineros pagado por SQM –$19 millones– se quedó en Chile Ambiente, por concepto de overhead y por el pago de las charlas realizadas por Rodrigo. Esto, porque además de captar financiamiento para el PPD, el convenio buscaba aliviar las cuentas de la corporación ambiental.

La PDI buscó a cada uno de las contrapartes que Rodrigo tuvo para realizar las charlas para chequear que éstas efectivamente se hubieran realizado. De las que fueron confirmadas hay una sobre Hidroaysén, realizada al sindicato de Enap. Otra se hizo en el Senado y su contraparte era la comisión Desafíos del Futuro, que creó Girardi. También dice haber hecho una charla para la Fundación Progresa, ligada al PRO, pero la presidenta de la fundación, Patricia Morales, quien competirá contra Tohá por la alcaldía de Santiago, no quiso declarar ante la PDI.

“Las personas con quienes yo coordinaba las charlas no sabían quién me pagaba. Yo creo que las personas con quienes yo pactaba las charlas pensaban que las financiaba Douglas Tompkins, o bien el Estado”, declaró Rodrigo.

Carolina Tohá y Guido Girardi

Dos de las charlas fueron realizadas en Chile 21. CIPER consultó a María de los Ángeles Fernández, quien era directora ejecutiva de la fundación durante la época investigada. Si bien confirmó que las charlas se realizaron, se mostró sorprendida de que Rodrigo las haya incluido como parte del convenio con SQM, pues éstas formaban parte de sus labores como director del programa de Medio Ambiente de Chile 21, por el cual recibía un sueldo. “Las charlas no tenía que ver con SQM”, dice Fernández.

Rodrigo retruca que esas charlas eran ”extraprogramáticas y eran parte del contexto de contribuir a la conciencia ambiental y a la conciencia social”. En cualquier caso, añade, el convenio con SQM hablaba de charlas, sin mencionar cuántas, por lo que “bastaban con dos charlas para respaldar el contrato”.

Pero además de las formalidades de cumplimiento del convenio, hay otra arista que está siendo investigada por la Fiscalía: para justificar los pagos al PPD, Chile Ambiente recibió facturas de la Corporación Innovación y Democracia, en un proceso que tiene varios visos de irregularidades. Hasta ahora hay acusaciones cruzadas respecto de quién tenía el talonario de facturas de esa organización, que había dejado de funcionar hacía una década y que no registró facturas ni realizó declaraciones ante el SII. Sin embargo, entre julio de 2011 y mayo de 2012 emitió facturas por $58,6 millones.

“Yo no me percaté de que eso era un error, una irregularidad, y que por lo tanto se iba a producir todo este entuerto en que estamos metidos”, explica ahora Rodrigo, quien a través de Marcelo Castillo presentó una denuncia contra la Corporación Innovación y Democracia por haberle entregado facturas supuestamente falsas. Dentro del PPD hay quienes leen esta denuncia como un enfrentamiento entre Girardi y Bitar, pues Innovación y Democracia está vinculada a este último.

Los inicios de la cuestionada corporación están ligados al corazón del PPD. Fue creada en 1998 y su lista socios formadores incluye al actual ministro de Energía, Máximo Pacheco (hoy no milita en el partido); la titular de Educación, Adriana Delpiano; la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá; los diputados Pepe Auth y Juan Luis Castro; la senadora Adriana Muñoz; el empresario Blas Tomic y Samuel Donoso, quien fue su director ejecutivo, entre otros. Al formarse, la corporación recibió en comodato una casa ubicada en la esquina de las calles Concha y Toro y Erasmo Escala, donde funcionaba el PPD, de parte de Inmobiliaria Pehuenche. Los representantes de esa sociedad eran Sergio Bitar y Gustavo Silva, quien además figura como presidente de la corporación.

En 2002 fue rebautizada como Corporación para la Innovación Política y más tarde pasaría a llamarse informalmente Corporación Aire Libre, un think tank públicamente ligado a los ex ministros Sergio Bitar e Ingrid Antonijevic. Según diversas declaraciones recogidas por la PDI, la corporación quedó inactiva hace al menos una década.

Carmen Valenzuela Beltrán tenía 23 años cuando falleció en el servicio de urgencia de la Clínica Alemana. Hija de un médico de Puerto Varas, su familia siempre ha insistido en que su muerte se debió a una negligencia médica. Dos años y medio después de su deceso, la Fiscalía dio un primer paso que sintoniza con la denuncia de los Valenzuela Beltrán: dos doctores de la Clínica Alemana fueron formalizados por su eventual responsabilidad en la muerte de la joven universitaria. El pasado 12 de julio, el urgenciólogo Álvaro Mardones Rodríguez y el neurólogo Pablo Lavados Germain se presentaron ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, donde la fiscal Karin Naranjo los formalizó por cuasi delito de homicidio.

Mardones y Lavados estuvieron a cargo de tratar a Carmen Valenzuela cuando en la noche del viernes 6 de diciembre de 2013 la joven –quien tenía antecedentes de hidrocefalia– llegó al servicio de urgencia de la Clínica Alemana. En la tarde del día siguiente, Carmen falleció. Su familia se querelló contra los médicos en mayo de 2014 por lo que consideran una grave negligencia médica. Además, su abogado, Sebastián Sánchez, acusa a la clínica de obstruir la investigación, pues asegura que la institución no ha entregado todos los antecedentes solicitados por el querellante y la Fiscalía. El profesional también sostiene que la clínica ha utilizado testimonios y evidencias de manera parcial en sus informes de auditoría interna para eludir sus eventuales responsabilidades en la muerte de Carmen.

El caso de la estudiante de Historia de la Universidad Finis Terrae conmovió a la opinión pública después de que su padre, el ginecólogo Juan Pablo Valenzuela, lo diera a conocer en febrero de 2014 a través de una carta publicada por CIPER en su sección “Opinión del Lector” (vea la carta). El doctor Valenzuela relataba en detalle la secuencia de hechos que, según él y sus abogados, demostrarían la negligencia con que actuaron Mardones y Lavados al atender a su hija.

Carmen Valenzuela

Carmen llegó al servicio de urgencia a las 22:05 del viernes 6 de diciembre de 2013. Tenía un fuerte dolor de cabeza, náuseas y dificultad para hablar. Sus hermanos, Josefina e Ignacio, la habían encontrado esa noche convulsionando en su cama, gritando de dolor. Carmen nació con hidrocefalia, una enfermedad que causa una anormal acumulación de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, presionando el cerebro contra el cráneo y dañando el tejido cerebral. A una semana de nacida, le pusieron una válvula que ayudaba a drenar el exceso de líquido. Cualquier falla de esa válvula, según indica la querella de la familia (ver querella), provocaba precisamente los mismos síntomas que Carmen tuvo esa noche.

El doctor Valenzuela recuerda que, desde Puerto Varas, instruyó a sus hijos para que trasladaran a Carmen hasta la Clínica Alemana, debido a que es un centro de referencia neurológico y neuroquirúrgico, al que se derivan pacientes de otras clínicas y hospitales que no cuentan con los recursos humanos y materiales para atender casos complejos que requieren de esta especialidad. De inmediato llamó a la clínica –antes de las 22:00– para avisar de la inminente llegada de su hija, informar sus síntomas y alertar sobre la posible causa de éstos: una falla en la válvula.

El padre de Carmen habló con la doctora Valeria Medina, quien estaba de turno en la clínica, y ella lo puso al teléfono con el neurólogo Pablo Lavados, para que le explicara en detalle la situación de la joven. Juan Pablo Valenzuela recuerda que a ambos colegas les comunicó los antecedentes médicos de Carmen y, encarecidamente, les pidió que se aseguraran de que un neurólogo la atendiera lo antes posible. El doctor Lavados, señala Valenzuela, se comprometió a esto último.

A las 22:25, el urgenciólogo Álvaro Mardones, a quien la doctora Medina había puesto al tanto respecto de la llamada del padre de Carmen, escribió en la ficha médica de la joven que ingresó sin fiebre, con dolor de cabeza y compromiso del estado general. Anotó también la sigla “HI”, que, según un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI que analizó la ficha, significa “ataque de histeria”. Mardones indicó, además, una posible meningoencefalitis, una inflamación de las meninges y el cerebro. En concordancia con su sospecha de que se trataba de un “ataque de histeria”, Mardones le recetó un tranquilizante oral, y para el dolor de cabeza, un analgésico. También encargó un examen de sangre y una radiografía de tórax, para descartar una infección.

Según la versión que proporciona el abogado de la familia Valenzuela, el doctor Mardones ignoró completamente no solo la información que el padre de Carmen había entregado por teléfono, sino también la que proporcionaron su hermana –estudiante de medicina– y su abuela –enfermera–, que la acompañaron a la urgencia. En esta primera revisión el urgenciólogo no pidió nada relacionado con una posible falla de la válvula ni solicitó una interconsulta con un neurólogo.

Cerca de la medianoche Carmen entró en un coma del que no salió más. Le hicieron una punción lumbar (en busca de una posible infección), dos doppler transcraneales (un examen que evalúa la resistencia del flujo sanguíneo cerebral), un escáner cerebral y una neurocirugía. Nada de eso sirvió. Carmen murió a las 17:40 del sábado 7 de diciembre.

La familia volvió a encontrarse con ambos médicos al mediodía del pasado 12 de julio en la audiencia de formalización. En ella la fiscal Naranjo y el abogado querellante pidieron las medidas cautelares de firma bimensual y prohibición de acercarse a la víctima, pero la jueza Carolina Araya Hernández rechazó ambas, por considerarlas innecesarias debido a la colaboración de ambos imputados en el proceso.

FISCALÍA EXPONE ERRORES Y OMISIONES

“El fallecimiento podría haber sido evitado si se hubiese realizado oportunamente el diagnóstico de hipertensión endocraneana por disfunción del sistema derivativo (que fue la causa de muerte de Carmen, según su certificado de defunción) y el tratamiento consistente en intervención quirúrgica inmediata para evaluar el retiro del catéter antiguo (la válvula) y la instalación de uno nuevo”, expuso la fiscal Karin Naranjo durante la formalización.

En los casi cuarenta minutos que duró la audiencia, Naranjo presentó las evidencias que tanto la Fiscalía como la parte querellante consideran que prueban la omisión de ambos médicos al momento de diagnosticar y tratar a Carmen la noche del 6 de diciembre. En lo que no hay coincidencia entre la fiscal y el abogado querellante es en el delito que se imputa a Lavados y Mardones. El Ministerio Público pidió formalizarlos por cuasi delito de homicidio, lo que implica que no hubo dolo y la pena máxima sería de tres años. Por su parte, el abogado Sebastián Sánchez insiste en que la figura correcta era homicidio por omisión, con lo cual la pena oscilaría entre 5 y 10 años de prisión.

En su exposición, la fiscal dijo que el doctor Álvaro Mardones no consideró adecuadamente los síntomas neurológicos que presentaba Carmen, ni los antecedentes que sus familiares entregaron –por teléfono y personalmente– y que le habrían permitido inferir, como médico especializado en urgencias, que la válvula de la joven estaba fallando. Además, Naranjo explicó que Mardones no pidió los exámenes necesarios para confirmar o descartar la hipótesis diagnóstica del padre de Carmen, lo que retardó la evaluación por el neurólogo de turno, Pablo Lavados.

La fiscal Naranjo explicó que mientras el doctor Mardones pedía exámenes no relacionados con la falla de la válvula, transcurrió un tiempo crítico en el que Carmen tuvo un mayor compromiso de conciencia y un paro cardiorrespiratorio que hizo que tuvieran que reanimarla. Finalmente, la fiscal concluyó que un “error en el diagnóstico y tratamiento de la víctima provocó un retardo en el diagnóstico y tratamiento definitivo correcto, que hubiese salvado la vida de Carmen Valenzuela”.

Pablo Lavados (Fuente: Canal 13)

Sobre Lavados, la representante del Ministerio Público expuso que no dio una atención neurológica oportuna, como se lo pidió Juan Pablo Valenzuela por teléfono antes de que Carmen llegara a la urgencia, cuando, según recordó la fiscal, le indicó el grave estado en que se encontraba su hija y le entregó “antecedentes claros en relación a la dolencia que la aquejaba”. “Luego de evaluarla”, continuó Naranjo, el doctor Lavados “no consideró debidamente los síntomas que presentaba la víctima, los antecedentes aportados por sus familiares y los exámenes imagenológicos que tuvo a su disposición, errando en el diagnóstico”.

Además, el Ministerio Público expuso que Lavados hizo una interpretación errónea de los exámenes imagenológicos, descartando una hidrocefalia, pero no un edema cerebral (una acumulación de líquido en el cerebro). Finalmente, la fiscal señaló que el neurólogo se equivocó en el diagnóstico y prescribió un tratamiento para una meningoencefalitis, una enfermedad infecciosa, lo que “retardó el diagnóstico y tratamiento definitivo que podrían haber salvado la vida de la víctima debido a que el tratamiento correcto hubiera indicado intervención quirúrgica a su ingreso a la clínica”.

La fiscal terminó su presentación exponiendo que “las acciones y omisiones señaladas corresponden a la infracción de la práctica médica habitual respecto de ambos imputados, existiendo una relación directa entre éstas y la muerte de la víctima”.

En la audiencia, la defensa de Pablo Lavados estuvo a cargo de José Rojas y Gonzalo Torre. En tanto, el representante de Álvaro Mardones fue el abogado Juan Carlos Bello, de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico (FALMED). Ambas defensas explicaron ante el tribunal que los imputados actuaron de acuerdo a la práctica médica, haciendo todo lo que estaba en sus manos para salvar la vida de Carmen, pero no ahondaron en ese tema, debido a que se enfocaron en evitar las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía y el abogado de la familia Valenzuela.

En entrevista con CIPER, el defensor del doctor Lavados, José Rojas, aseguró que la querella “tiene bastante poco fundamento. El doctor Lavados siempre se adhirió a todos los protocolos y a un actuar conforme a la praxis médica”. Rojas dijo además que la información recibida esa noche por los médicos de parte de la familia de la joven fue incompleta, y que la falta de seguimiento del estado de la válvula de Carmen también fue un punto determinante:

–Cuando murió Carmen, la válvula estaba calcificada. Era una válvula neonatal, que tenía una persona de 20 años, entonces claramente ya no estaba funcionando bien y se debería haber cambiado hace un tiempo. Nunca hubo un neurocirujano, que es quien tiene que revisar esos exámenes, que haya revisado eso y haya dado un diagnóstico del tema. Eso lo sabemos ahora, después de esto que pasó. En la investigación hay antecedentes de controles de Carmen hasta el año 2008, pero no encontramos antecedentes posteriores a eso además de un escáner hecho en noviembre de 2013.

El abogado Sebastián Sánchez desestima la argumentación del defensor de Lavados y dice que se basa en una declaración del doctor Patricio Loayza, el médico que trató a Carmen desde su nacimiento, contenida en la investigación interna que hizo la contraloría de la Clínica Alemana. “(Loayza) nos dijo que no había dicho que había que cambiarle la válvula”, refuta Sánchez. CIPER contactó al doctor Loayza, quien confirmó que la válvula sólo debía cambiarse en caso de que presentara problemas y que de hecho es lo primero que debió hacerse cuando Carmen ingresó a la clínica.

Al abogado de la familia le llama la atención que la defensa de los imputados no le dé la misma importancia a la versión del neurólogo Ignacio González, el médico que pidió el escáner que Carmen se hizo en noviembre de 2013 –un mes antes de su fallecimiento– y que también revisó la válvula, determinando que no era necesario cambiarla.

CIPER intentó hablar con la defensa del doctor Álvaro Mardones, pero en FALMED se excusaron: “Somos una fundación del Colegio Médico, por lo que preferimos no comentar un conflicto entre médicos que es materia de investigación”.

SOLICITUDES A LA CLÍNICA

Para la parte querellante un factor importante en el desarrollo de la investigación ha sido la participación de la Clínica Alemana. El centro asistencial desarrolló una investigación interna, realizada por su contralor, el doctor Eduardo Villalón, que concluyó que no había responsabilidad del personal de la clínica. A juicio de la familia Valenzuela, esa investigación no ayuda a dilucidar qué sucedió la noche en que Carmen fue atendida por Mardones y Lavados. El abogado Sánchez sostiene que ese informe interno solo tuvo por objetivo defender a los médicos, pero, además, acusa que la clínica ha entorpecido la investigación del Ministerio Público al demorar o negar la entrega de antecedentes solicitados por la fiscal y el querellante.

El 21 de abril de 2015 el abogado de la familia solicitó a la Fiscalía que oficiara a la Clínica Alemana para pedir dos cosas: copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del servicio de urgencia (para saber en qué ocupaban su tiempos los doctores cuando no estaban en el box de Carmen) y el nivel de prioridad asignado, según el protocolo interno, a los otros pacientes que el doctor Pablo Lavados atendió esa noche (para determinar la gravedad y el tiempo que debía ocupar en ellos). En otro escrito, la defensa de los Valenzuela también pidió copia de la ficha clínica completa, tanto en su versión digital como en papel (para determinar si las decisiones de los médicos se adoptaron de manera oportuna y en concordancia con la versión de los hechos que ellos han entregado).

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, a través de una orden emitida por la Fiscalía el 22 de abril de 2015, pidió a la clínica las grabaciones de las cámaras y el nivel de prioridad asignado a los pacientes atendidos esa noche. El centro médico no respondió, según quedó consignado en un informe de la BH fechado el 18 de febrero de 2016 (vea ese informe). El 29 de abril el abogado Sánchez insistió ante la Fiscalía para que solicitara esos antecedentes, incluyendo ahora la petición de la ficha médica íntegra de Carmen y las declaraciones originales que dieron lugar al informe de auditoría de la Clínica Alemana. El profesional asegura que esa segunda solicitud tampoco tuvo respuesta.

José Rojas (Fuente: Torre y Cia.)

Un mes más tarde, el 20 de mayo, la fiscal Karin Naranjo pidió nuevamente la información mediante el oficio N° 266/KNH. El 9 de junio el doctor Eduardo Villalón, médico auditor de la Clínica Alemana, respondió a la fiscal. Sobre las cámaras de seguridad, Villalón dijo que “no existen copias de los videos indicados”. Esto contradice la versión de la defensa de Lavados. El abogado del neurólogo, José Rojas, asegura tener copia de los videos y de una tabla que indica qué pasa en cada momento de las imágenes, los que según él fueron entregados por la clínica a la Fiscalía a principios de 2015.

La familia de Carmen, por su parte, dice que si la defensa de Lavados tiene en su poder las copias de esos videos, entonces la respuesta que dio la Clínica Alemana al oficio de la Fiscalía no se ajusta a la verdad y podría constituir una obstrucción a la justicia. Además, sostiene que a diferencia del abogado de Lavados, ellos han tenido acceso al video de una sola cámara, que es la que muestra el pasillo y la puerta del box de Carmen, por lo que únicamente pueden ver las entradas y salidas de los médicos y de la joven, pero no determinar qué hacían los doctores cuando no la estaban atendiendo.

En cuanto a la petición del nivel de prioridad asignada a los pacientes que atendió Lavados esa noche, la respuesta de la Clínica Alemana fue que “no existe un protocolo interno aplicable a los pacientes que refiere, por lo que el nivel de prioridad corresponde determinarla a los médicos que atendieron a los pacientes”. Pero el abogado Sebastián Sánchez asegura que sí existe ese protocolo, por lo que a su juicio, esta respuesta del centro asistencial también entorpecería la indagatoria de la Fiscalía. De hecho, ese protocolo fue analizado por la BH de la PDI (ver protocolo).

Sobre la ficha médica de Carmen, la Fiscalía solicitó las versiones electrónica y manuscrita de la hospitalización que desembocó en el deceso de la joven, así como fichas de antiguas atenciones que recibió en la misma clínica entre 1990 y 1997. A esto, Villalón respondió que la Fiscalía debía pedirlo con la autorización de un juez, porque así lo estipula la Ley N° 20.584, de Derechos y Deberes de los Pacientes.

El abogado querellante indicó a CIPER que el informe interno elaborado por el doctor Villalón y entregado por la Clínica Alemana a la Fiscalía contiene declaraciones que “aparecen sacadas de contexto, omiten información sumamente relevante y tergiversan dichos”. Como ejemplo, cita lo ocurrido con el doctor Patricio Loayza, quien en el informe aparece señalando que la válvula de Carmen debió ser cambiada y que, consultado por los querellantes, negó haber dicho eso. Por lo mismo, el abogado Sánchez pidió las declaraciones originales, sin edición, contenidas en el informe de la clínica.

CIPER se contactó con la Clínica Alemana para solicitar una entrevista, pero su oficina de relaciones públicas respondió que no harán declaraciones porque hay una investigación de la Fiscalía en curso.

Está formalizado por el llamado “Caso Basura”, pero eso no impidió que el alcalde de Maipú, Christian Vittori, optara por el camino menos transparente a la hora de definir quién se hará cargo de los desechos de la comuna que produce más residuos domiciliarios del país. Un día antes de que venciera el contrato vigente, el viernes 29 de julio Vittori simplemente avisó al concejo municipal que había decidido enviar la basura de Maipú al relleno Santiago Poniente y que para ello no necesitaba la aprobación de los concejales.  De oficio y sin licitación, el alcalde optó por adscribir a un convenio que le costará a la comuna $2.200 millones al año.

Para justificar legalmente la decisión, Vittori desempolvó la relación de la comuna con la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres), de la que Maipú es uno de sus 21 municipios socios. Tras el cierre forzado de los vertederos de Lepanto y Lo Errázuriz, Emeres licitó la disposición de la basura de sus socios en 2001, adjudicando los contratos a Santiago Poniente y Santa Marta. Más de 15 años después, Christian Vittori desempolvó está licitación para amarrar a Maipú al relleno Santiago Poniente.  Emeres había dejado de ser un protagonista de las frecuentes polémicas de los desechos de la capital y muchos creían que había desaparecido, pero la jugada que hizo Vittori demuestra que sigue operando. Y tiene nuevos proyectos (ver recuadro).

En el último concejo municipal, el director jurídico de Maipú, Cristián Mella, explicó que como la municipalidad es socia de Emeres y ésta tiene contrato con Proactiva (la empresa que opera Santiago Poniente), sumarse a ese acuerdo no equivale a entregar un servicio municipal a un tercero. Aseguró además que, como Maipú es parte de Emeres, la aprobación de los convenios de esa empresa con sus distintos contratistas no requiere el visto bueno del concejo, sino sólo del alcalde. La normativa general establece que el concejo municipal debe aprobar todos los contratos sobre 500 UTM y, según la lectura de Mella, esta sería una excepción. Pero, pese a que la basura comenzaría a ser enviada a Santiago Poniente el martes 2 de agosto, apenas cuatro días después de esa sesión del concejo, Mella anunció que pedirían a Contraloría que ratificara la decisión.

Jaime Cataldo (Fuente: seminariorelagres.org)

La decisión de Vittori de recurrir al contrato de Emeres fue tomada a última hora y aún no tiene explicación clara. Hasta el 1 de agosto Maipú tenía vigente un contrato con KDM por la utilización del relleno Loma Los Colorados. Si hubiera querido hacer una licitación para reemplazarlo, debería haberlo planificado con meses de anticipación. Sin embargo nada se hizo. Recién el 6 de julio –menos de un mes antes del fin del contrato con KDM– la administradora municipal (s) de Maipú, Alejandra Bustamante, envió una carta a Emeres preguntando por las tarifas de sus convenios con los rellenos y la capacidad disponible, entre otros detalles (ver carta de Bustamante a Emeres).

El 12 de julio el gerente general de Emeres, Jaime Cataldo, respondió la misiva, explicando el marco legal en que operan los convenios. Citando un dictamen de Contraloría de 1997, explicó que las municipalidades socias de Emeres no están obligadas a licitar ni “el lugar que utilizarán como vertedero” ni las condiciones. Y aunque Cataldo sostuvo que no hay norma que obligue a que los concejos aprueben los convenidos concesionados por Emeres, también le advirtió que “atendida la volatilidad de la jurisprudencia de la Contraloría en el último tiempo, puede ser razonable que se someta a aprobación del concejo municipal” (ver carta de Emeres a Bustamante).

Consultado por CIPER, Cataldo explicó que no hay precedente de otra comuna que haya dejado de operar con Emeres y luego haya vuelto a hacerlo.”Nosotros sugerimos que preferíamos que lo pasaran a concejo municipal, pero no tengo una norma jurídica como empresa que diga que cuando vuelva un municipio tiene que nuevamente ser aprobado por el concejo municipal”, dijo Cataldo.

Si bien contar con la aprobación del concejo parece a todas luces razonable, el de Maipú es un caso particular: cuatro concejales y el alcalde están formalizados por supuestos actos de corrupción en las anteriores licitaciones por recolección y disposición final de la basura.

La fiscalía acusa al concejal Marcelo Torres (RN) de haber recibido millonarios pagos de la empresa KDM para repartirlos entre los concejales Carlos Jara (PPD) y Carol Bortnick (PPD), el actual alcalde Christian Vittori (ex DC) y el ex concejal Carlos Richter (RN). Esto, con el objetivo de asegurar que KDM fuera la empresa elegida para recibir la basura de Maipú durante cinco años, por más de $10 mil millones. Dentro de las pruebas que sustentan la teoría de la Fiscalía existe un audio que registra una reunión entre Torres y ejecutivos de KDM, en que el concejal les ofrece una vía para sacar de la competencia a su principal rival, Proactiva, la empresa que ahora fue elegida por Vittori para recibir los residuos de Maipú. Por su parte, al concejal Antonio Neme (UDI) se le imputa haber recibido dinero de Proactiva.

Los concejales Ariel Ramos (PC) y Mauricio Ovalle (DC) cuestionaron a Vittori por no haber licitado la disposición de la basura en búsqueda de un mejor precio y por decidir a última hora, sin darles la posibilidad de objetar su determinación. Cuando Ovalle pidió conocer los plazos del convenio con Emeres, Vittori sólo contestó que si la próxima administración que asuma en diciembre quiere licitar, puede hacerlo.

Sobre eso tampoco hay certeza. El gerente de Emeres dijo a CIPER que el contrato con Santiago Poniente vence en 2020 y respecto a la salida de los municipios que disponen ahí la basura, sostuvo que los estatutos tienen “una ambigüedad que vamos a tener que resolver”. Hay un precedente: cuando en 2002 Maipú decidió enviar sus residuos a Loma Los Colorados, Emeres demandó al municipio por incumplimiento de contrato, pero llegaron a un acuerdo extrajudicial. Cataldo dijo a CIPER que la política de Emeres es que los municipios se queden hasta el final de los contratos, por lo que anunció que iría  al concejo de Maipú a solicitar eso.

De acuerdo a la presentación hecha en el último concejo, al enviar sus desechos a Proactiva la Municipalidad de Maipú pagaría $2.244 millones al año, en vez de los $2.627 que costaría ampliar el contrato con KDM.  Un ahorro de $383 millones al año.  Lo que Vittori no dijo es que es una incógnita el precio que habrían ofrecido las tres empresas con rellenos disponibles en Santiago –Proactiva, KDM y Santa Marta– si es que se hubiera hecho una licitación competitiva.

OTRA DECISIÓN POLÉMICA

La disposición de la basura en Santiago Poniente no fue la única decisión polémica y de última hora que tomó Vittori el viernes 29. Ese día también sometió a votación del concejo –en esto sí tuvo que preguntar– la extensión por un año de los contratos de recolección de basura.  Consiguió que esto se aprobara con seis votos favorables, dos en contra y dos abstenciones. De los ediles investigados por el “Caso Basura”, dos votaron a favor (Vittori y Carlos Jara) y dos se abstuvieron (Antonio Neme y Carol Bortnick), según informó La Tercera.

Concejo Municipal de Maipú

La extensión de contrato sin licitación es particularmente polémica porque beneficia a dos empresas, Dimensión y Demarco (del Grupo Urbaser-Danner, al igual que KDM), que se adjudicaron los contratos en el proceso que está en el origen de la investigación del Ministerio Público por la basura. Tal como informó CIPER en ese momento, la licitación de 2010 desde un inicio presentó indicios de irregularidades.

En esa oportunidad, Dimensión hizo la oferta más barata y cinco concejales se negaron en reiteradas votaciones a asignarle el contrato. Finalmente, el entonces alcalde Alberto Undurraga (DC) debió hacer cambios y terminó entregándose la recolección a Dimensión y Demarco en zonas distintas de la comuna, con un costo extra de casi $1.000 millones. Los cinco concejales que trabaron las licitaciones –Marcelo Torres (RN), Carlos Richter (RN), Christian Vittori (DC), Carol Bortnick (PPD) y Carlos Jara (PPD)– están formalizados hoy en el “Caso Basura”.

Según publicó La Tercera, uno de los argumentos de Vittori para extender ese cuestionado contrato por un año fue que “la ampliación del actual servicio es más económica que una nueva licitación”. Una afirmación difícil de sostener sin conocer nuevas ofertas. En la presentación en power point (ver documento) del municipio se afirmó que si se licitara, deberían incorporarse nuevos servicios, como recolección de residuos reciclables, además de una nueva flota, pero no se cuantifica el costo de aquello.

La extensión se realizará en las condiciones actuales, lo que en un año significa unos $1.700 millones para Demarco y unos $1.900 millones para Dimensión. Sin embargo, las utilidades de ambos por el mismo servicio podrían aumentar durante el mismo periodo, pues en el concejo no se trató un punto clave: con el cambio de relleno debería haber un ahorro de costos importante, pues la planta de transferencia de KDM con la que se licitó originalmente estaba en Quilicura y ahora la basura se dispondrá en Santiago Poniente, que queda en Maipú, con lo que la distancia que debe recorrer cada camión se acorta en unos 12 kilómetros en promedio.

PROBLEMAS HISTÓRICOS DE MAIPÚ CON EMERES Y SANTIAGO PONIENTE

La decisión de Vittori de sumarse nuevamente al contrato de Emeres y enviar los residuos al relleno de Santiago Poniente es llamativa, además, porque la Municipalidad de Maipú tiene una historia problemática con ambos.

Los roces de Maipú con Emeres comenzaron en 2002, cuando el entonces alcalde Roberto Sepúlveda (UDI) decidió no enviar los residuos a Santiago Poniente y dejar de pagar las cuotas que le correspondían al municipio como socio de Emeres. La empresa no se quedó de brazos cruzados: demandó a Maipú por incumplimiento de contrato y por boletas impagas, correspondientes al cierre de los vertederos de Lepanto y Lo Errázuriz. En 2010, Emeres –entonces en quiebra– le propuso a Maipú pagar $154 millones en vez de los $600 millones en que valorizaba la deuda. La salida extrajudicial fue aprobada por el concejo.

Cuando Sepúlveda optó por no enviar los desechos a Santiago Poniente la medida parecía coherente,  pues había una fuerte oposición entre los vecinos de Maipú a que se instalara un relleno sanitario en la comuna. Pero el camino alternativo que siguió Sepúlveda es visto hoy como el inicio de la relación impropia entre Maipú y KDM: en vez de licitar el servicio o consultar al concejo, el alcalde se sumó al contrato que otros 22 municipios tenían con KDM para depositar la basura en Loma Los Colorados.  Ese acuerdo incluía una cláusula de renovación automática que los amarraba hasta 2027.

Relleno sanitario Santiago Poniente (Fuente: wikimapia.org)

Cuando Undurraga, quien sucedió a Sepúlveda en la alcaldía, anunció en 2010 que no se renovaría el contrato (que de todas maneras se adjudicó KDM en la licitación del año siguiente), en Maipú las sospechas de que había pagos irregulares de KDM  a los concejales ya eran un secreto a voces. Hasta en youtube circulaba una grabación de una conversación entre el concejal Torres y el gerente de KDM Fernando León en que hablaban de buscar el cierre de Santiago Poniente.

Los problemas entre Maipú y Proactiva también tienen una antigüedad de al menos tres lustros. El relleno que Proactiva (entonces Coinca) instaló en Maipú obtuvo su autorización ambiental en 2001. Desde un comienzo tuvo la oposición del municipio por el impacto que tendría para los vecinos tanto la disposición de la basura como la masiva circulación de camiones. Los problemas persistieron cuando el relleno comenzó a operar, pues nunca cumplió con todas las exigencias de su Resolución de Calificación Ambiental. Un punto crítico era la construcción de un camino alternativo para la circulación de camiones, de modo de que no utilizaran la ruta de Rinconada. Proactiva no lo construía, pero además la municipalidad ponía trabas administrativas.

Aunque finalmente la Municipalidad de Maipú otorgó las servidumbres que se necesitaban para la habilitación de la nueva vía, Proactiva inició diversas gestiones para fijar el camino de Rinconada como acceso definitivo al relleno, argumentando que no podían expropiar para construir una nueva ruta.  En 2013 presentó un nuevo estudio de impacto ambiental que busca regularizar el uso del camino Rinconada. Si bien fue aprobado, Proactiva estima que se le impusieron exigencias “de manera ilegal”, como el desarrollo de un Estudio de Ingeniería Definitivo para un circuito vial de 12 kilómetros, la construcción de ciclovías, veredas y de un puente peatonal, entre otras. En enero pasado la empresa presentó un reclamo ante el Segundo Tribunal Ambiental, del que aún no hay fallo.

EMERES NO ESTABA MUERTA

En 1986, gracias a  la autorización del ministro del Interior, Ricardo García Rodríguez, 14 municipios metropolitanos formaron la empresa Emeres con el objetivo de administrar  los lugares destinados a la disposición final de su basura, además del “tratamiento, comercialización e industrialización de esos productos” (vea el acta de constitución). Estas 14 municipalidades -Maipú, Santiago, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Estación Central, Macul, Peñalolén, San Ramón, La Pintana, La Cisterna, La Florida, San Miguel y La Granja – ya se habían asociado unos años antes para administrar el vertedero Lo Errázuriz, que fue construido en 1984 en medio de una población de Estación Central. Un conflictivo, pero lucrativo negocio para los municipios.

Sede de Emeres en La Cisterna (Fuente: emeres.cl)

El gas que producía la basura en Lo Errázuriz se filtraba y amenazaba a los vecinos que vivían a su alrededor, pero también le reportaba ganancias a los ediles. En su edición de junio de 1986, la revista Mensaje detalla los alcances del negocio: “Las 14 municipalidades -dueñas del vertedero-  lo venden a Gasco (…) Lo que no se sabe es cuánto significa en ingresos para las municipalidades. De los egresos sí  se sabe que pagan casi $200 por tonelada de basura a la empresa encargada de construir el relleno sanitario: Ruiz y Cía., que opera bajo la sigla Starco” (actualmente propiedad de KDM). Según publicó La Tercera en octubre de 1986, alrededor de 3.500 toneladas de basura se depositaban en el vertedero diariamente.

En medio de esa polémica, los 14 alcaldes formaron Emeres y a través de ella operaron Lo Errázuriz hasta 1995 cuando cumplió su vida útil. Luego de eso, arrendaron el vertedero de Lepanto, en San Bernardo, para disponer la basura de los municipios socios, el que también estuvo rodeado de cuestionamientos. A comienzos de este siglo, y ante la inminente clausura de Lepanto, Emeres convocó a una licitación internacional para construir dos rellenos sanitarios en la zona sur de la capital, los que funcionan hasta hoy: Santiago Poniente (Proactiva) y Santa Marta (Consorcio Santa Marta).

Las dos empresas seleccionadas quedaron a cargo de pagar los terrenos, construir y administrar los rellenos, mientras que Emeres se comprometía a disponer la basura de sus 14 socios en alguno de los dos. Tras la clausura de Lepanto, en 2002, y la apresurada apertura de los rellenos recién construidos, la Intendencia Metropolitana ordenó enviar la basura de un grupo de municipios socios al relleno de KDM, en TilTil, ya que los otros no estaban en condiciones de recibir lo prometido.

Entre 2006 y 2010, tras acumular años de deudas, Emeres entró en un proceso de quiebra, pero el terreno del ex vertedero Lo Errázuriz la salvó. Lo vendió por cerca de $1.700 millones al Gobierno Regional Metropolitano, que construiría un parque en su lugar. Las deudas fueron saldadas y la administración volvió a manos de los alcaldes, quienes comenzaron a preparar un nuevo plan estratégico para la empresa, asesorados por la Universidad de Santiago.

Además de los contratos iniciales con Proactiva y Santa Marta, que duran hasta 2020 y 2022, respectivamente, Emeres mantiene convenios con al menos nueve empresas más para disponer distintos tipos de residuos -escombros, baterías, desechos de establecimientos de salud, entre otros- y está en busca de financiamiento para tres grandes proyectos: una planta de tratamiento de residuos secos reciclables, un centro de acopio y comercialización de desechos voluminosos y una planta de biogás con residuos de ferias libres. Actualmente, Emeres cuenta con 21 municipios socios, su directorio está presidido por Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín, y  Raúl Donckaster, alcalde de La Reina, como vicepresidente. Como directores, Claudina Núñez, alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda; Sadi Melo, de El Bosque, y Santiago Rebolledo, de La Cisterna.

Del ventanal quedaban astillas. De los notebooks, pantallas y proyectoras no había rastro. “Fue un saqueo”, recuerda Sergio Catalano Munizaga al describir el robo que sufrió su negocio de venta y reparación de productos computacionales en Copiapó el 26 de mayo de 2015. Interpuso una denuncia en Carabineros y pagó los equipos robados a sus clientes, pero nada logró recuperar y se quedó sin capital para reabrir el local.

No fue la única sorpresa desagradable para el técnico informático. Un año después, en mayo de 2016, se enteró de que su denuncia había sido inexplicablemente modificada (“recalificada”, según el lenguaje jurídico) en la Fiscalía de Copiapó, pasando de robo –específicamente “robo en lugar no habitado”– a daños, un delito con menor castigo en la legislación penal. El ilícito nunca fue investigado por el Ministerio Público, que resolvió archivarlo, y ni siquiera llegó a los tribunales de justicia, consumándose la impunidad para los delincuentes.

Maipú 410, Copiapó. En el segundo piso estaba el local de Catalano.

La recalificación es un recurso válido de los fiscales, siempre que se ajuste a los hechos denunciados y se cumplan determinados procedimientos. Un ex directivo del Ministerio Público expresó a CIPER su preocupación por el irregular uso de este recurso en los robos en viviendas y afirmó que ello ocurre no solo en la Fiscalía de Atacama. El efecto, señaló, es que las víctimas de menos recursos económicos son abandonadas por el Estado, que no investiga los robos en sus casas. En cambio, las víctimas pudientes pueden contratar abogado, presentar querella y solicitar peritajes, por lo que en algunos casos se logra capturar a los responsables.

CIPER pidió a la Fiscalía Nacional estadísticas de recalificaciones, pero la respuesta fue que no existe una base de datos que las registre. En la Fiscalía de Atacama se habla de hasta 300 casos similares al de Catalano, recalificados irregularmente, aunque oficialmente se reconocen poco más de 20.

El sistema de persecución penal en Chile parte de la base de que no hay suficientes recursos para investigar las denuncias de delitos menores (hasta 541 días de reclusión) y aquellos que carezcan de antecedentes para ubicar a los responsables, ya que la probabilidad de atraparlos es bajísima. Este tipo de denuncias pasan a las Unidades de Tramitación de Causas Menos Complejas (UTCMC) y de allí al archivo provisional, el cementerio de las causas sin solucionar, cumpliendo mínimos trámites como notificar a la víctima, que tendrá que conformarse.

Pero los robos no violentos en lugar habitado legalmente son considerados “crímenes” y aunque los autores sean desconocidos, obligadamente deben cumplirse más exigencias, como citar a la víctima y dar una orden de investigar a la policía. Si no hay resultados, el caso se puede enviar al archivo, pero con previa revisión de la Fiscalía Regional. En cambio, mediante la recalificación irregular de un robo a un delito menor, como ha ocurrido en Atacama, se saltan todas esas exigencias. No hay que esperar revisiones para archivar esos robos y se cumple –pero torcidamente– con la política del Ministerio Público de no acumular causas (ver instructivo N°. 790 de la Fiscalía Nacional).

INVESTIGACIONES EN CURSO

La indignación que le provocó la falta de interés de la fiscalía en su caso llevó a Sergio Catalano a presentar una denuncia en el Tribunal de Garantía de Copiapó contra quienes resulten responsables de la recalificación del robo a daños. En junio pasado acusó a la Fiscalía Local de Copiapó, que encabeza el fiscal Gabriel Meza Peña, de haber cometido el delito de “falsificación ideológica de instrumento público”.

Catalano no se conformó con esa denuncia y también interpuso una reclamación administrativa por la recalificación de su robo ante el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien la remitió a la Fiscalía Regional de Atacama, entidad que es dirigida por el fiscal regional Héctor Mella Farías, a las puertas de terminar su periodo.

La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel, confirmó a CIPER la existencia de un sumario administrativo en la Fiscalía Regional de Atacama por recalificaciones de delitos de robos no violentos a hurtos, daños y allanamiento de morada. Dado que el sumario está en curso se excusó de entregar antecedentes específicos, pero admitió que las recalificaciones habrían sido improcedentes.

El caso de Catalano es la punta del iceberg de numerosos robos cometidos en casas particulares y comercios de la capital de la Tercera Región en los años 2014 y 2015, los que fueron recalificados a delitos de baja penalidad, como violación de morada, daños menores o hurto simple. Marta Herrera calculó esos casos en poco más de 20 y la Fiscalía de Atacama se abstuvo de entregar cifras argumentando la existencia de un sumario (ver recuadro).

Sin embargo, la presidenta de los funcionarios de la Fiscalía de Atacama, Miriam Cruz, dijo a CIPER que las modificaciones habrían afectado a entre 200 y 300 denuncias y que por ello se encuentra sumariada la fiscal María Espinoza Portilla, ex jefa de la Unidad de Tramitación de Causas Menos Complejas (UTCMC) de la Fiscalía de Copiapó, según le informaron sus asociados.

La unidad a cargo de Espinoza recibía el 80% de todas las denuncias de Copiapó. El sistema en la fiscalía operaba de la siguiente manera: una vez al día llegaban desde Carabineros y la PDI las denuncias presentadas por víctimas de delitos. Un funcionario se encargaba de la primera revisión y distribuía las denuncias, por tipo de delito, a los fiscales especializados o a la UTCMC. Esta última recibía los delitos menores y también los robos que no tenían sospechoso identificado.

Personas que conocieron lo ocurrido en Atacama dijeron a CIPER que Espinoza no fue la única responsable de la recalificación irregular, pues sus superiores la presionaban insistentemente para que la UTCMC cerrara la mayor cantidad de casos que recibía, ya que un indicador de buena gestión en las fiscalías es que no se acumulen por largo tiempo causas con pocas probabilidades de éxito. Incumplir la instrucción podía incidir en una baja calificación individual, antecedente clave a la hora de postular a ascensos.

Héctor Mella, Fiscal Regional

Una de las herramientas que se utilizó en la UTCMC de Copiapó para cerrar denuncias fue recalificar robos no violentos. Para ello, cuenta una persona que conoce el funcionamiento interno de la fiscalía, María Espinoza pegaba un papel en cada carpeta instruyendo la modificación. Luego las carpetas se entregaban a las funcionarias de la unidad, que procedían a realizar el trámite en el sistema computacional. Tiempo después los casos eran archivados.

Durante 2015 la Fiscalía de Atacama recibió 23.822 denuncias de todo tipo de delitos, de las cuales 12.097 no tuvieron un imputado conocido y en su mayoría pasaron a la UTCMC. En el mismo periodo, al archivo provisional se fueron 9.642 causas y otras 5.311 tampoco se investigaron por decisiones judiciales que aplicaron el principio de oportunidad, la declaración de incompetencia o la decisión de no perseverar. En el caso de los robos no violentos (incluyen robos en lugar habitado y no habitado) de las 4.244 causas que se cerraron, 3.520 partieron al archivo.

Marta Herrera descartó que las recalificaciones tuvieran una finalidad económica, como obtener el bono institucional anual que se paga a los fiscales si el Ministerio Público cumple las metas de gestión comprometidas con el Ministerio de Hacienda. Aseguró que el único efecto era disminuir los llamados “tiempos de vigencia” de las causas.

En junio de 2016, la jueza Ema Tapia, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, puso el dedo en la llaga al retirarse del Poder Judicial. En una entrevista publicada por el diario El Mercurio dijo que “no puede ser que los fiscales pasen un robo con violencia como un hurto con lesiones para que el individuo reconozca culpabilidad y así cumplir sus metas de gestión”. La crítica de la magistrada recibió una inmediata respuesta de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, cuya dirigencia aseguró que una recalificación como la descrita por Ema Tapia “no es, ni de cerca, una constante”.

Sin embargo, los casos revelados en la Tercera Región indican que al menos en Copiapó habría existido una práctica sistemática de recalificación de delitos en perjuicio de numerosas víctimas, las que nunca fueron informadas de que sus denuncias de robo habían sido modificadas y posteriormente pasaron a engrosar el archivo de la impunidad.

RECALIFICACIÓN RECALIFICADA

“Parece que los delincuentes no arriesgan nada”, es el lamento de Sergio Catalano, quien ha sufrido cuatro robos, siendo el segundo el 26 de mayo de 2015, en su negocio de calle Maipú 450, pleno centro de Copiapó. “Los ladrones venden muy rápido lo que robaron, pero las fiscalías y las policías son muy lentas. A mí no me llamaron y después cambiaron el robo por daños e hicieron lo que quisieron”, se quejó.

En su reclamación administrativa dirigida al Fiscal Nacional con fecha 6 de junio de 2016, Catalano expuso que concurrió en mayo de 2016 a la Fiscalía de Copiapó para consultar sobre la investigación del robo “y me vi sorprendido toda vez que se me informó que mi denuncia había sido archivada y, además, se encontraba con el rótulo de delito de daños, lo que objetivamente no corresponde”. Seguidamente, se quejó de la nula investigación de su caso: “Nunca se hicieron indagaciones, nunca fui requerido por la Fiscalía Regional de Atacama, lo que me parece muy falto de seriedad y totalmente irregular”. Incluso fue al Tribunal de Garantía de Copiapó donde asegura que comprobó personalmente que su denuncia nunca fue informada al juzgado (ver reclamación).

La víctima solicitó al fiscal Jorge Abbott que ordenara investigar el delito que le afectó y también las irregularidades administrativas cometidas en la Fiscalía de Atacama “castigando las ineficiencias de los profesionales y funcionarios que tienen la obligación de indagar los hechos penales denunciados”. Paralelamente, en su denuncia ante el Tribunal de Garantía, realizada el 4 de junio, Catalano acusó que se cometió una “adulteración de instrumentos públicos respecto de lo originalmente denunciado mientras el fiscal jefe de Copiapó era don Gabriel Meza y el fiscal regional don Héctor Mella”, por lo que su denuncia fue dirigida contra quienes resulten responsables del delito de falsificación ideológica de instrumento público (ver denuncia).

El 7 de junio de 2016 el juez Gianni Pozzi ordenó notificar al fiscal regional de la presentación realizada por Sergio Catalano. A partir de ese mismo día su caso aparece en el sistema informático del Poder Judicial como “robo en lugar no habitado”, a cargo del fiscal Gabriel Meza. Es decir, tras la denuncia, el caso fue recalificado nuevamente. Catalano contó a CIPER que en julio recibió una carta firmada por el fiscal regional, Héctor Mella, en la que le informa que se revisó la situación de su caso.

De todos modos las estadísticas para estos delitos no son alentadoras. Más de 206 mil víctimas de robos no violentos con autores desconocidos tuvieron el mismo destino el año 2015: el archivo provisional de sus denuncias por falta de antecedentes. Según las cifras del Ministerio Público, el 97,4% de los robos y los robos no violentos sin imputado conocido terminaron impunes.

HURTO POR ROBO

Las víctimas que nunca se enteraron de la recalificación ni reclamaron ante el Ministerio Público no corrieron la misma suerte que Catalano, cuya indagación se reabrió. CIPER tuvo acceso a 26 documentos de la Fiscalía de Copiapó en los que consta el parte policial del robo y la calificación aplicada al delito en la UTCMC.

Alexandra Estay regresó a su casa el 1 de junio de 2014 y encontró las puertas forzadas. El parte policial hace una descripción de los hechos que coincide claramente con el delito de robo en lugar habitado: “se pudo percatar que uno o más individuos desconocidos, premunidos de algún objeto contundente habrían forzado ambas puertas para posterior dirigirse hasta la habitación de su hija donde sustrajeron las especies que más abajo se detallan, para posterior de cometer el ilícito huir del lugar en dirección desconocida. Especies sustraídas: 01 Play Station II marca Sony. 01 Play Station III marca Sony. 01 Nintendo modelo WII. 01 Nintendo portátil modelo 3DS. 01 Tablet marca Vision. 01 MP4 marca Sony. 01 mochila marca Nike. Avalúo. La denunciante avaluó las especies en $718.000. Testigo del hecho: no mantiene. Sospechas: no mantiene en determinadas personas. La denunciante queda a la espera de citación de ese Ministerio Púbico. Domingo Madariaga sargento 2do. de Carabineros, suboficial de guardia. Miguel Lizama, capitán de Carabineros, subcomisario”.

A la denuncia se le asignó la causa RUC 1400537075-3 en la Fiscalía de Copiapó, indicando en el documento: “Fiscal asignado: Archivo TCMC. Fecha y hora de asignación: 3 de junio de 2014 12:39 PM. Nombre del delito: Hurto simple por un valor de 4 a 40 UTM. Violación de morada. Artículo 144. Estado del caso: Terminado. Fecha Término o Suspensión: 24 julio 2015. Aprobación Fiscalía Regional: No”.

El Código Penal establece que la pena para la violación de morada es de reclusión menor en su grado mínimo (61 días a 301 días de reclusión) o multa de 6 a 10 UTM. El hurto simple de bienes avaluados entre 4 y 40 UTM se castiga con reclusión desde 541 días a 3 años, más multa de 6 a 10 UTM. En cambio el robo en lugar habitado parte de 5 años y 1 día de prisión hasta 10 años.

Consultada por CIPER, Alexandra Estay aseguró que nunca supo del cambio de delito: “La PDI vino a sacar fotos como un mes y medio después de la denuncia. Me citaron al juzgado el año pasado, no recuerdo en qué fecha, pero no me presenté. Yo tampoco me acerqué a la Fiscalía. Lo dejamos ahí, porque con mi marido pensamos que ya había pasado mucho tiempo. Encuentro nada que ver que hayan cambiado (el delito) porque a mí me rompieron la puerta, entraron a mi casa y robaron”.

En el caso de la víctima Marcel Zanz, los delincuentes entraron a su casa escalando una reja y se llevaron dos bicicletas marca Trek, un esmeril, una sierra circular y una caja de herramientas, todo avaluado en $1 millón. El delito también quedó como violación de morada y hurto. Zanz dijo a CIPER que lamentaba no haber insistido porque “después quedé cesante y necesitaba esas cosas para trabajar”.

Recordó que lo llamaron de la PDI: “Había que cerrar el caso, porque las especies no se encontraron. Me dijeron que iba a quedar archivado pero nunca me avisaron del cambio en la tipificación. Ni siquiera sé bien lo que significa, me imagino que le dan menos importancia. Al final estuve de acuerdo en que lo dejaran hasta ahí, porque no podían hacer nada. Pero tengo un vecino que es de la PDI y al tiempo me dice que él supo quién se había metido a mi casa. La verdad es que hay algunas cosas que sorprenden, pero ya qué le vamos a hacer”.

FISCALíA NACIONAL: NO SE JUSTIFICABA LA RECALIFICACIÓN

“En la Fiscalía Nacional esto nos parece muy delicado”, dijo a CIPER la directora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, al ser consultada sobre las recalificaciones en Atacama. “El fiscal nacional se reunió con el fiscal regional (Atacama) y le pidió antecedentes de estos hechos y que se inicie una investigación administrativa, la que no está completamente afinada y tiene que pasar por una última revisión del fiscal nacional”, añadió, ya que la o las personas sancionadas presentaron una apelación.

Marta Herrera, Directora de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Aunque Herrera señaló que no puede referirse a los antecedentes de la investigación administrativa, expresó que las recalificaciones de robos a delitos menores eran improcedentes. “El tema es si los antecedentes en estas causas  realmente justificaban esa recalificación y al parecerlo que tenemos es que en estas causas no se justificaba esa recalificación. No correspondían a los hechos”, afirmó.

Para Marta Herrera lo ocurrido en Atacama es un caso aislado, pero que llama a la Fiscalía Nacional a poner atención. “Nos damos cuenta que hay una parte que se nos está escapando y que tiene que ver con delitos menores. Los mecanismos de control (internos) no son infinitos, por lo que hay que priorizar y se dejan fuera de ese control a los delitos menores. Perotenemos un hecho que muestra que hay ciertos delitos que están pasando como menores, no debiendo serlo. Eso nos llama a tener un foco ahí y trabajar con los fiscales regionales en cómo vamos a abordar ese tema, porque es algo que no puede pasar”.

–¿Es admisible que el fiscal regional de Atacama no supiera que ocurrían recalificaciones irregulares?

–Son casos (los delitos menores) que no pasan a la revisión de los fiscales regionales. Están radicados en las unidades TCMC. Los fiscales jefes no reportan a los fiscales regionales todos los casos que ingresan a esa unidad. Cosa distinta es que un fiscal regional podría hacer una revisión aleatoria de los casos que ingresan.

–¿Qué reparación pueden esperar las víctimas que fueron afectadas?

–Se puede hacer todo porque las causas se pueden reabrir, recalificar a lo que corresponda jurídicamente, realizar diligencias. No podemos garantizar resultados, pero sí que se modifiquen las cosas como en derecho corresponde, aunque no signifique ninguna reparación para las víctimas. Podemos llegar a tener que su caso, que terminó archivado como hurto con daños, termine archivado como robo con fuerza en lugar habitado, pero corregiremos nuestros procedimientos.

EL FISCAL QUE DECEPCIONÓ A LOS 33 MINEROS

El fiscal regional de Atacama Héctor Mella –quien no pudo contestar el llamado de CIPER por encontrarse afónico, según sus asesores– respondió las consultas vía correo electrónico. Mella cumple este año su segundo periodo a la cabeza de la Fiscalía Regional de Atacama, en total ocho años, y por norma no puede optar a un tercer periodo. Ingresó al Ministerio Público en 2001, como fiscal adjunto en Caldera. Antes de esa fecha ejerció en el desaparecido Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace, hoy Senda), en la Seremi de Justicia y la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama.

CIPER solicitó a la Fiscalía Regional de Atacama la cifra de robos recalificados en 2014 y 2015, así como los sumarios iniciados. Sin embargo, la información no fue proporcionada. “Esta situación es materia de un sumario administrativo que no se encuentra aún concluido”, fue la respuesta ante la consulta dirigida al fiscal Mella.

Además, se aseguró que “ninguna” autoridad instruyó recalificar los delitos: “La recalificación es una materia que depende del fiscal asignado a la causa y que se toma sobre la base de los antecedentes jurídicos e investigativos. Aclaramos que desde la Fiscalía Regional y jefatura de la Fiscalía Local de Copiapó, no existe ni ha existido instrucción alguna para llevar adelante recalificación de delitos de manera masiva ni con miras al cumplimiento de metas”.

El de los 33 mineros atrapados durante 70 días en la mina San José ha sido el caso de mayor impacto que le ha correspondido investigar a la Fiscalía de Atacama. En 2013, luego de tres años de indagaciones, Mella Farías informó que no se configuraron antecedentes inculpatorios suficientes contra los dueños de la empresa minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y el Servicio Nacional de Geología  Minería(Sernagoemin), responsable de fiscalizar a esa compañía.

Mario Sepúlveda

La decisión de no perseverar fue un balde de agua fría para los trabajadores, uno de cuyos líderes –Mario Sepúlveda, “Súper Mario”– dijo al conocer la medida que “me hubiese gustado que se les quitara la licencia. Uno de nosotros tendría que estar muerto para tener justicia”. Incluso el ex ministro de Minería cuando ocurrió la tragedia, Laurence Golborne, expresó su disconformidad con la decisión del fiscal regional pues la minera no había cumplido con la obligación de tener una segunda salida del pique. El más duro con Mella fue el senador Alejandro García-Huidobro: “No se hizo una investigación seria”. El caso concluyó en 2015 cuando el Tribunal de Garantía de Caldera dictó el sobreseimiento definitivo de la causa por prescripción, a solicitud de la defensa de los dueños de la mina.

En su cuenta pública sobre la gestión de la Fiscalía Regional de Atacama durante 2015, el fiscal Mella informó que del total de casos terminados por distintos delitos (32.526), el 51,2% correspondió a una “salida judicial” –lo que es mejor valorado como gestión–, sea esta una sentencia, un acuerdo reparatorio, un sobreseimiento, una suspensión del procedimiento o la facultad de no investigar, autorizada por el Tribunal de Garantía.

En el restante 48,8% de los casos terminados se aplicó una “salida no judicial”, siendo la decisión de archivar las denuncias la más utilizada por la fiscalía, con el 31,5% de los casos. Mella destacó que las denuncias archivadas disminuyeron 3% respecto de 2014 “situándonos dentro de las dos fiscalías regionales con menor número de causas que se archivan a nivel nacional”. También hizo hincapié en la disminución de 12% de las denuncias por delitos de mayor connotación socialen Atacama durante 2015, en especial los hurtos, que bajaron22,9% respecto del año anterior.

Aunque las denuncias archivadas fueron menores que en la mayoría de las otras regiones, las estadísticas del Ministerio Público indican que ese año Atacama tuvo la mayor proporción de “facultades para no investigar” del país, utilizada en el 14,77% del total de casos terminados. El  promedio nacional de esta salida judicial durante 2015 fue solamente el 9,53% de los casos.

En cuanto a aquellos casos en que no hubo imputado conocido del delito, la Fiscalía de Atacama usó con más intensidad la facultad de no investigar: el 22,04% de los casos, siendo la más alta de todo el país en 2015. Respecto de los casos archivados (salida no judicial) cuando no hubo imputado conocido, el archivo se aplicó en el 63,76% de las denuncias.

La millonaria multa que Latam (ex Lan) aceptó cancelar a fines de julio en Estados Unidos prometía cerrar un capítulo negro que la aerolínea arrastra hace diez años, cuando realizó pagos para poder consolidar su entrada al mercado argentino que han sido cuestionados. Pero el tema estuvo lejos de cerrarse. Una denuncia en Argentina puso ahora el foco en el ex Presidente Sebastián Piñera, quien al momento de los pagos era accionista y director de Lan, y de paso reactivó la investigación que se lleva a cabo en Chile por los mismos hechos (ver recuadro).

Sebastián Piñera

Ante el revuelo público, Latam se apuró y el martes 9 de agosto emitió un comunicado en que “señala enfáticamente” que Piñera y otros directores “no tienen ninguna participación y ninguna autoridad ha hecho planteamiento alguno de esta naturaleza”. Además, asegura que tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en Inglés) como la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo que fiscaliza el mercado de valores en ese país, “concluyeron que no hubo infracción a la normativa que prohíbe el pago de cohecho a autoridades con el objetivo de obtener una ventaja comercial. En este sentido, la compañía descarta absolutamente haber realizado algún pago a un funcionario público argentino”.

La declaración de Latam llama la atención por dos cosas. Por un lado, una de las condiciones de la salida a la que accedió el gobierno estadounidense compromete a la empresa a no emitir comunicados o declaraciones respecto a la investigación sin que el DOJ revise el contenido del texto. Esta exigencia no habría sido respetada por la aerolínea.

“La compañía está de acuerdo en que si ella o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas emite un comunicado de prensa o realiza cualquier conferencia de prensa en relación a este acuerdo, la compañía deberá primero consultar con la Oficina (la Sección Fraude de la División Criminal del DOJ) para determinar (a) si el texto de la propuesta comunicado o declaración a la prensa son verdaderos y precisos respecto a los asuntos entre la Oficina y la compañía; y (b) si la Oficina tiene alguna objeción en que se dé a conocer”, dice el acuerdo suscrito por Latam en Estados Unidos.

CIPER consultó a la Gerencia de Comunicaciones Externas de Latam si el DOJ había visado la declaración y la respuesta fue que “ésta hace mención a contenidos de la declaración pública del pasado 25 de julio, que fueron autorizados por el DOJ”. Sin embargo, al comparar ambos comunicados es claro que los contenidos son diferentes y que el primero –que tuvo la venia del DOJ– es menos específico y ni siquiera menciona la palabra cohecho o niega el pago a un funcionario público (ver declaración del 25 de julio y declaración del 9 de agosto).

Por otra parte, ambas declaraciones omiten un aspecto central de la trama: aunque los cargos formulados acusan fallas de control interno y la inclusión de datos falsos en los registros contables de la empresa, Latam reconoció explícitamente en el acuerdo judicial que firmó con el DOJ haber hecho pagos a dirigentes sindicales de la compañía en Argentina, los que en ese documento fueron calificados como sobornos. Quien recibió dichos pagos como intermediario fue un asesor de la Secretaría de Transporte argentina. Dicho asesor actualmente está con arresto domiciliario por haber sido testaferro del entonces secretario de Transporte para recibir coimas de una empresa española.

El director ejecutivo del Rock Center for Corporate Governance de la Universidad de Stanford, Evan Epstein, explica que el acuerdo entre Latam y el DOJ se dio en el marco de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés) de Estados Unidos, que sanciona la corrupción y el soborno a funcionarios públicos en otros países. El experto considera que si la declaración pública de Latam no contó con el visto bueno del DOJ se trataría de una acción “poco prudente” y podría estar incumpliendo el acuerdo con el organismo.

Es difícil prever si esa falta de prudencia tendrá consecuencias, pero no es descartable que el DOJ no apruebe los términos y exija, por ejemplo, que Latam emita un nuevo comunicado rectificando el anterior.

Dicho acuerdo con el DOJ evitó a Latam ir a juicio en Estados Unidos. A cambio aceptó pagar US$12,75 millones de multa penal. Además, negoció con la SEC pagarle el equivalente a los US$6,74 millones que obtuvo gracias a su cuestionada actuación en Argentina, más US$2,7 millones en intereses. Un total de US$ 22,2 millones.

HISTORIA DEL MILLONARIO PAGO

Lan llegó a acuerdos tanto con el Departamento de Justicia como con la SEC. El primero tuvo un marco judicial, bajo la jurisdicción del Distrito del Sur de Florida. Ahí se ratificó el llamado “Deferred prosecution agreement”, en que el DOJ presentó los cargos pero postergó por tres años la acusación. Las partes firmaron un acuerdo en que la empresa reconoce los hechos que se le imputan, paga una multa y se compromete a desarrollar un plan para mejorar sus prácticas internas. Si se respetan los términos del acuerdo, los cargos serán levantados después de tres años.

El primer adjunto del documento judicial es la llamada “Declaración de hechos” (Statement of facts), en que se detallan todos los datos relevantes para el DOJ. Al firmar, la empresa admite que el contenido de la declaración es verdadero y correcto, e incluso acepta que aún cuando la autoridad decidiera seguir con la acusación judicial, Lan no va a contradecir los hechos contenidos en la declaración (ver documento).

Manuel Vázquez (Fuente: infobae.com)

El documento no identifica a las personas mencionadas en la acusación y sólo describe sus funciones. Se sabe, por la investigación judicial que hubo en Argentina, que quien representó a la empresa en las negociaciones para hacer los pagos irregulares fue Ernesto Ramírez, ex ejecutivo de Lan Cargo y ex vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Lan, quien hoy es gerente en una filial de la aerolínea en Estados Unidos llamada Connecta Corporation.

Su contraparte sólo es identificada como “consultor” en el documento, pero se trata del español Manuel Vazquez, quien es descrito como “asesor de la Secretaría de Transporte de Argentina durante el periodo relevante. Fue designado en ese puesto en virtud de una resolución no publicada”. El acuerdo al que en paralelo llegó Lan con la SEC entrega otro dato relevante sobre el consultor: fue contratado el 31 de diciembre de 2005 como un asesor “ad-honorem” del gabinete y renunció el 2 de julio de 2009 (ver documento). En ese mismo periodo Ricardo Jaime dirigía la Secretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio de Vido.

Todos estos datos contenidos en la “Declaración de hechos”, aunque no mencionan nombres, le bastaron a Evan Epstein para calificar al consultor que recibió el dinero como “funcionario público extranjero argentino”. Así lo hizo en una columna que escribió sobre este tema y que publicó el pasado 1 de agosto el Centro de Gobierno Corporativo de la Pontifica Universidad Católica (vea esa columna). Según explica Epstein, la aplicación de la ley FCPA implica que haya un funcionario público extranjero involucrado, pues es una ley que busca combatir el cohecho de empresas estadounidenses o con vínculos con Estados Unidos (las acciones de Lan se transaba en la bolsa de Nueva York) en otros países.

De hecho, en el comunicado que difundió el lunes 25 de julio la propia DOJ calificó al receptor de los pagos hechos por Lan como un “asesor de la Secretaría de Transportes” (ver comunicado).

En opinión de un penalista local que ha estudiado la ley FCPA, Vazquez puede ser considerado funcionario público porque según muchas legislaciones “lo que determina el carácter público es la función y no es relevante si se trata de una función que se ejerce de planta, contrata, honorario o incluso si se desempeña ad honorem”.

La “Declaración de hechos” del DOJ describe el aterrizaje de Lan en Argentina a mediados de la década pasada y especifica que entre 2004 y 2005 mantuvo discusiones con funcionarios de la Secretaría de Transporte para poder ingresar a ese mercado. Finalmente, fue autorizada a comprar la aerolínea local Aero 2000 y el gobierno cambió las normas internas para que Lan pudiera ser el accionista controlador a pesar de ser inversionista extranjero. Las autoridades le permitieron operar nuevas rutas y cobrar precios más altos por sus pasajes. A cambio, Lan debía contratar personal de otras dos aerolíneas que ya no operaban: Lafsa y Southern Winds.

Los problemas con los nuevos empleados se fueron agudizando en torno a sus contratos colectivos, que establecían que sólo realizarían una función muy específica. Los sindicatos amenazaban con exigir la aplicación de esta regla, lo que encarecería los costos laborales de la aerolínea.

Para terminar con las demandas sindicales, Lan pagó a un tercero –el asesor gubernamental y “consultor” Manuel Vazquez– más de US$ 1 millón. El documento del DOJ, que Lan acepta como verdadero, califica el acto como soborno: “En septiembre y octubre de 2006, Lan negoció y ejecutó un acuerdo de consultoría ficticio por US$ 1,15 millón para canalizar sobornos a dirigentes sindicales. Como resultado de estos pagos corruptos, los sindicatos de Lan accedieron a no aplicar la regla de función única por un determinado número de años y aceptaron incrementos de salarios substancialmente menores que los que habían demandado”.

Para esconder el pago, Vazquez redactó un acuerdo de consultoría falso, según el cual debía hacer un estudio sobre rutas aéreas y un análisis legal para la empresa, los que nunca se realizaron. Un párrafo clave del documento del DOJ, cuya veracidad es ratificada por Lan, da cuenta de que un alto funcionario gubernamental argentino estuvo al tanto de la negociación del acuerdo: “El 2 de octubre de 2006, el consultor envió por email al ejecutivo de Lan Cargo el borrador del acuerdo, copiando a un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Transporte. Entre otras responsabilidades, el alto funcionario estuvo involucrado en las negociaciones de Lan con sus sindicatos”.

En ese borrador no figura Vazquez, sino su empresa Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA), la misma que había utilizado para recibir coimas para el secretario de Transporte, Ricardo Jaime (ver el borrador del contrato de consultoría publicado en 2011 por The Clinic).

El texto del DOJ especifica que un ejecutivo de Lan Cargo (Ramírez) llegó al acuerdo con el falso consultor y éste fue aprobado por un ejecutivo de Lan “a pesar de que ambos sabían que la descripción en el acuerdo de los servicios que la compañía del consultor proveería era falsa. Ambos entendían que el verdadero propósito del borrador del acuerdo era usar al consultor para interceder en nombre de Lan ante los dirigentes de los sindicatos argentinos. El ejecutivo de Lan Cargo sabía y pretendía que el consultor usara parte del dinero que recibió, según el borrador del acuerdo, para sobornar a los dirigentes sindicales para que aceptaran términos más favorables para Lan. El ejecutivo de Lan también sabía que el consultor podría entregar parte del dinero a los dirigentes sindicales”.

Ignacio Cueto

Según la SEC, fue el CEO de Lan, Ignacio Cueto, quien aceptó el trato y no habría informado a otros ejecutivos de la compañía de que los servicios eran ficticios. En febrero pasado, Cueto se convirtió en el primer chileno en ser sancionado bajo la ley FCPA, tras llegar a un acuerdo con la SEC que incluyó el pago de una multa por US$75 mil por estos mismos hechos (ver documento).

De acuerdo a los documentos del DOJ y la SEC, el pago de los US$1,15 millón se realizó entre octubre de 2006 y enero de 2007. Lan realizó las transferencias a través de una cuenta en el Citibank de Atlantic Inversion Investments LLC (AAI), una de sus subsidiarias, que está registrada en el Estado de Delaware (considerado un paraíso fiscal por el nivel de secretismo con que opera y donde hay más sociedades registradas que habitantes). El dinero se recibió en una cuenta del banco Wachovia en Roanoke, Estado de Virginia, a nombre del “consultor” Vazquez y su esposa. En noviembre de 2006, AAI transfirió otros US$58 mil a una sociedad propiedad de la esposa y el hijo de Vazquez, y que está domiciliada en Costa Rica.

La investigación de las autoridades estadounidenses no sigue la ruta del dinero tras la transferencia a Vazquez, por lo que no se sabe cuánto se pagó a los dirigentes sindicales ni si otras personas recibieron parte del millonario monto desembolsado por Lan.

En Argentina las sospechas apuntan a que el ex secretario de Transporte de la era Kirchner, Ricardo Jaime, pudo haber recibido parte del dinero pagado por Lan. Esa tesis fue sugerida en el libro “El ReKaudador… Ricardo Jaime la cara de la corrupción en la era kirchnerista”, del periodista argentino Omar Lavieri. En septiembre de 2011 The Clinic publicó un extracto del libro, texto que reveló las coimas del ex secretario de Transporte que llevaron a Jaime a la cárcel.

Sobre los pagos de Lan a Vazquez, el libro de Lavieri revela que las transferencias se realizaron días después de que la aerolínea recibiera su autorización definitiva por parte del gobierno argentino, en septiembre de 2006. Además, se detallan las numerosas audiencias de Ricardo Jaime con ejecutivos de Lan, entre ellas una de julio de 2006, del secretario de Transporte con Ernesto Ramírez, Sebastián Piñera e Ignacio Cueto.

LOS PRONTUARIOS DEL “CONSULTOR” DE LAN Y SU JEFE

En mayo de 2003, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, nombró a Ricardo Jaime como Secretario de Transporte de la Nación, cargo que mantuvo hasta julio de 2009. Su asesor de estrecha confianza durante esos años fue Manuel Vázquez, abogado español y reconocido lobbista. Ambos fueron protagonistas de un bullado caso de corrupción con maquinaria ferroviaria.

De acuerdo a un reportaje publicado por La Nación de Argentina, el proceso tiene su origen en febrero de 2005, cuando el gobierno trasandino firmó un Acuerdo de Cooperación en Materia Ferroviaria con España y Portugal. Gracias a este trato, desde 2005 hasta 2010, alrededor de 600 vagones y locomotoras fueron importados a Argentina, dice el diario, citando un informe de la Auditoría General de la Nación de ese país. La maquinaria estaba en pésimas condiciones y hoy, en su gran mayoría, se encuentra apilada en depósitos ferroviarios como chatarra. El pago del gobierno argentino por estas compras, según el fallo judicial divulgado por La Nación, superó los 100 millones de euros.

Ricardo Jaime

Además del deplorable estado de los trenes, explica el artículo, dichas compras escondieron millonarios pagos por “comisiones” a la empresa Controles y Auditorías Especiales (CAESA), manejada por el asesor Manuel Vázquez. Se trata de la misma empresa que recibió los pagos de LAN y que hoy está bajo la lupa de la justicia a ambos lados de la cordillera.

Estos y otros hechos ocurridos durante la administración de Jaime han motivado la apertura de numerosas causas contra él y contra Vázquez por enriquecimiento ilícito, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, entre otros delitos. La fiscalía argentina sostiene que el patrimonio del ex secretario kirchnerista al dejar su cargo incluía un yate, un jet privado, más de 15 vehículos y varias propiedades en Argentina y Brasil, según informó La Nación.

En abril de este año, en la causa por el fraude ferroviario, la justicia ordenó la prisión preventiva para ambos por “peligro de fuga”. Jaime se entregó voluntariamente y Vázquez fue apresado por Gendarmería mientras se escondía en un clóset de su casa, según La Nación.

A fines de 2015, Jaime había sido condenado a seis años de prisión por su responsabilidad administrativa en la “Tragedia de Once”, el accidente ferroviario  que cobró la vida de 51 personas en febrero de 2012. Unos meses antes ya había recibido otra condena a un año y medio de cárcel por haber cobrado coimas a las empresas ferroviarias que debía controlar y en 2014 fue sentenciado por intentar robar evidencia durante un allanamiento en su casa.

Según Infobae, Ricardo Jaime se transformó en el primer funcionario kirchnerista preso por delitos de corrupción y será el primero en declarar como imputado ante un fiscal extranjero, cuando el persecutor chileno Andrés Montes viaje a Argentina para interrogarlo. Actualmente, Jaime se mantiene en prisión preventiva en el penal de Ezeiza y Manuel Vázquez cumple arresto domiciliario total.

Europa sintetiza hoy muchas de las esperanzas, tragedias y contradicciones del mundo moderno. Basta mirar sus fronteras donde millones de familias sirias, afganas, iraquíes y libias esperan en campos de refugiados o mueren en el Mediterráneo intentando entrar a la que consideran la tierra de la seguridad. Los europeos han cerrado la frontera. Se sienten inseguros de su propio futuro y eso reduce la empatía y enfría el corazón. Hace casi dos meses los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (el famoso Brexit) con el voto de 17 millones entre los que había desde nacionalistas xenófobos a simples trabajadores (usuales adherentes de la izquierda) hastiados del triunfo del mundo financiero y la decadencia industrial. Muchos creen que si se repitiera esa votación en cualquier país de Europa, los resultados no serían distintos pues en gran parte de ese continente las clases medias y populares se sienten acorraladas entre una elite cada vez más rica y las masas de inmigrantes cuyos países han sido destruidos.

La riqueza tienen un gran peso en esta tragedia, subraya el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, director hasta el año pasado del prestigioso Instituto Max Planck para los Estudios de la Sociedad: “Los oligarcas de esos países que han sido devastados viven hace tiempo en Londres o en Nueva York. Y obviamente tienen buenas amistades con aquellos que invaden sus países y destruyen sus estados y sociedades”, dijo Streeck en un cuestionario que respondió para CIPER.

Son las clases medias y los pobres los que se ahogan en el Mediterráneo, o resisten con sus hijos atrapados en ciudades como Aleppo.

Debajo de conflictos que desde Chile tendemos a ver sólo como problemas de nacionalidades o religión, rezuma el viejo tema que, según Streeck, sigue siendo central para entender el mundo moderno: la acumulación de la riqueza.

La miseria que hay en zonas de América Latina, África o el Medio Oriente no puede ser curada a través de la emigración hacia Europa

¿Qué puede hacer Europa con esos millones de desplazados que no son muy distintos a usted que lee o a mí que escribo? Sólo el año pasado Alemania recibió un millón de inmigrantes cuando Ángela Merkel decidió abrir la ruta a través de los Balcanes. Pero este año Merkel promovió un acuerdo europeo para que los cuatro millones que siguen esperando entrar sean llevados a campos de refugiados en Turquía, lo que fue denunciado por Médicos sin Fronteras como una política inhumana.

Otros países europeos han hecho cosas más controvertidas. El gobierno danés aprobó una ley para incautar a los refugiados bienes por más de US$1.500  y según informa CNN publicó anuncios en diarios de El Líbano, donde hay un millón de refugiados sirios, advirtiendo que no eran bienvenidos.

El caso danés es interesante, pues el ex candidato estadounidense, el demócrata Bernie Sanders, lo enarboló en su campaña como el modelo de organización social que debía seguir Estados Unidos. Sanders se hizo eco de las investigaciones del economista Miles Corak, quien en 2013 se preguntó si EE.UU., pese a que llevó la concentración de la riqueza a niveles inéditos en la historia de la humanidad (ver entrevista a Jeffrey Winters), seguía siendo la tierra de las oportunidades, el lugar en donde independiente de su origen social una persona podía prosperar trabajando duro. Corak mostró que el hijo del pobre estadounidense tiende a seguir siendo pobre y que el hijo del rico se mantiene en la riqueza (lo que no es muy distinto a Chile según los economistas Javier Núñez y Cristina Risco: con una probabilidad del 56% el hijo del rico seguirá perteneciendo al 10 % más rico de la población mientras que en Europa esa persistencia intergeneracional de la riqueza se reduce al 2%).

Donald Trump

Coincidiendo con las investigaciones de la OECD, Corak concluyó que para vivir el “sueño americano” de surgir a punta de esfuerzo había que irse a Dinamarca. Allí, donde los impuestos están entre los más altos del mundo, la equidad en la partida del hijo de un ingeniero y el de un taxista permite que el esfuerzo individual haga una diferencia.

Pero las familias que esperan con angustia en las fronteras de Europa una oportunidad para trabajar duro, enfrentan algo que el estudio de Corak no dice: el sueño danés es sólo para los daneses. O para los europeos y los ricos del mundo.

Hay una contradicción evidente en esto. El Estado de Bienestar está basado en el concepto de justicia social, que les reconoce a las personas derecho a cierto estándar de vida sólo por su condición de seres humanos. La fuerza moral de esta idea se cae a pedazos cuando es incapaz de proteger a niños, pues gran parte de esta discusión de la desigualdad se trata de eso: del destino de los niños ricos y pobres; del niño sirio Alan Kurdi muerto en una playa turca; del niño Omar Daqneesh rescatado de un bombardeo en Aleppo, cuyo rosto cubierto de sangre y polvo nos pregunta qué estamos haciendo; o de los cerca de 10 mil niños que han llegado a Europa solos, de los que no se sabe nada y que según la policía pueden haber caído en redes de abuso sexual.

Los estados de bienestar de Europa, cuyo discurso es proteger a las personas, ¿no pueden dar a la crisis de los refugiados una respuesta distinta a la de Donald Trump, quien prometió levantar un muro para defender a EE.UU. de la inmigración latinoamericana? ¿Cuál es la posición de la izquierda europea?, no la de Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, quien se plegó irresponsablemente a la guerra contra Irak convocada por George Bush (como lo ha mostrado el informe Chilcot), sino de la izquierda que defiende la justicia social.

La pregunta hoy, incluso en países tradicionales de capitalismo democrático, es cuánto tiempo será posible aislar la economía de la intervención democrática sin tener que recurrir a métodos del estilo Pinochet

Streeck, uno de los más respetados intelectuales de esa izquierda europea, no está por abrir las fronteras. Al menos mientras esa no sea una decisión democrática de los europeos. Y hoy claramente no lo es. Así lo explicó a CIPER:

-En el corto plazo la respuesta europea a la crisis debe ser ayudar a los sirios y a otras personas que están sufriendo, proveyendo infraestructura a los campos de refugiados en Turquía y Jordania y donde sea, incluyendo escuelas, hospitales y re-asentando a los más vulnerables en Europa occidental, por ejemplo, a las familias con niños pequeños o personas que tienen enfermedades. Pero la inmigración regular hacia los mercados de trabajo europeos debe ser examinada por separado, y debe ser regulada de manera que las condiciones de trabajo dignas y salarios dignos se puedan garantizar para todos, viejos y nuevos residentes, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde eso está garantizado para los primeros. Luego de eso necesitamos prepararnos para ayudar a los sirios, iraquíes y afganos y otros a reconstruir sus países una vez que la guerra termine y las fuerzas de ocupación se hayan ido.

Para subrayar la diferencia entre esta postura y la de Donald Trump, Streeck precisa que el rechazo a los inmigrantes que vocea el candidato estadounidense es, en realidad, engañoso. “Tengo la impresión de que la economía americana no podría existir sin inmigración de trabajadores de baja calificación provenientes de América Latina”, dijo a CIPER.  Y agregó que si líderes como Trump demonizan a esos inmigrantes no es porque no los quieran, sino “porque eso les permite a las empresas contar con trabajadores incapaces de reclamar derechos sociales, usar los servicios sociales u organizarse en sindicatos”. Por ello, Streeck cree que si Trump gana las elecciones no hará nada en contra de la inmigración.

La situación en Europa –afirma Streeck- es distinta:

-Muchos países tienen salarios mínimos y extendidos estados de bienestar y no pueden, por muchos motivos, aceptar una doble situación del mercado de los trabajadores en la que los derechos sociales de los inmigrantes no sean reconocidos.

Angela Merkel

Dado lo anterior, si Europa no limita el número de inmigrantes, pone una presión enorme sobre su Estado de Bienestar (que, como se verá luego, está ya malherido) y sobre las remuneraciones de sus clases medias y pobres. Son estos grupos los que se han comenzado a oponer a la inmigración. Su reacción, dice Streeck, “ha sido demonizada” por empleadores y dirigentes políticos, “como un nuevo despertar del nacionalismo”. Pero Streeck no ve en esa reacción nacionalismo, como tampoco ve humanitarismo en muchos empleadores y políticos que argumentan a favor de abrir las fronteras.

Para el sociólogo alemán muchos empresarios simplemente quieren que más inmigración “ayude a que los salarios bajen y así prevenir lo que llaman ‘cuellos de botella’ que es cuando la falta de mano de obra empuja las remuneraciones hacia arriba”.

Y sobre la decisión de Merkel de 2015 de abrir las fronteras, Streeck dice: “Dudo que sea beneficioso para Siria, África Occidental o Pakistán si nosotros descremamos sus economías y absorbemos a todos sus trabajadores capacitados, a sus científicos y emprendedores. Mi corazonada es que detrás de la política de refugiados alemana hay un vampirístico deseo de absorber los trabajadores calificados de los países que sufren todavía guerra y pobreza. Esto no puede ser en el interés de esos países”.

-Durante siglos Europa ha explotado los recursos de Asia, África y Latinoamérica. ¿No cabe esperar que Europa se haga cargo más activamente en los problemas de pobreza y de refugiados?

La miseria que hay en zonas de América Latina, África o el Medio Oriente no puede ser curada a través de la emigración hacia Europa. No soy filósofo así que no puedo decir si hay una obligación moral que constriña a los países occidentales a simplemente abrir sus fronteras. Como cientista y economista político puedo decir que, aunque uno puede razonablemente argumentar a favor de esa obligación, las mayorías políticas en Europa no la van a aceptar y se rebelarán, como ya lo están haciendo. Entonces, hay que encontrar otras maneras. Hay que destacar, por ejemplo, que los Estados Unidos, cuyas tropas están presentes en casi todos los lugares donde hay problemas, no han aceptado todavía a un solo refugiado de Siria. Ni siquiera dejan entrar a los intérpretes afganos que usaron para interrogar a los talibanes sospechosos, a pesar de que ellos son obviamente los primeros en ser asesinados cuando las tropas se vayan. Esos ciudadanos afganos ahora se presentan en las fronteras alemanas como refugiados. ¿Están obligados los europeos a dejarlos entrar? Tenga en cuenta también que Alemania y otros países europeos han fracasado hasta ahora en hacerles ver a sus aliados estadounidenses que sus intervenciones militares sin sentido son la mayor fuente de personas que abandonan sus países de origen en el Oriente Medio. Cuando haya paz ahí, habrá una inversión significativa, el comercio mejorará y esos países podrán empezar a desarrollarse de nuevo.

MATANDO AL ESTADO DE BIENESTAR

Pese a sus contradicciones, Europa sigue siendo la inspiración de muchas de las reformas que algunos quisieran aplicar en Chile. Desde la educación finlandesa (pública, gratuita, sin selección de alumnos, ni competencia entre colegios y de alta calidad), hasta el sistema de salud inglés que garantiza atención sin costo a todos sus ciudadanos, o las ya citadas pensiones danesas. Muchas políticas europeas desafían las convicciones económicas que han gobernado Chile desde la dictadura. Las marchas estudiantiles de 2011 por la educación universitaria gratuita y las actuales manifestaciones en contra del sistema de AFP se alimentan de esa fuente.

Votar es muy importante. Pero debe tener consecuencias. Si un Estado no tiene otra opción que seguir las instrucciones de sus acreedores, no hace diferencia quién es elegido ni cómo

Wolfgang Streeck cree que esas políticas son cada vez más difíciles de sostener y piensa que los chilenos debemos asumir que ya no podremos construir un Estado de Bienestar como el que disfrutaron los europeos en los último 50 años.

-Dado que el Estado de Bienestar está retrocediendo en el centro, ¿cómo podría emerger de nuevo en la periferia? -dijo Streeck a CIPER.

En un reciente artículo Streeck argumenta que parte de ese retroceso tiene que ver con cómo se construyó la Unión Europea (UE): “En vez de proteger a los ciudadanos del huracán que han provocado los mercados (especialmente en la crisis financiera de 2008), se transformó en un poderoso motor de liberalización al servicio de una profunda reestructuración de la vida social”. Y puntualiza que fueron los británicos los que durante el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher “bloquearon el desarrollo de la UE como un estado supranacional de protección” y que en estos años padecieron lo que habían alimentado: su país se transformó en dos naciones, “una de ganadores que usan el mundo  de la globalización como una extensión de su jardín, y la de los perdedores, expulsados del acceso a los bienes comunes”.

Lo mismo –dice Streeck- ha ocurrido en muchas partes de Europa, y en vez de estar los latinoamericanos avanzando hacia ese modelo, es Europa la que retrocede; son sus instituciones públicas las que se debilitan y se vuelven impotentes para regular los mercados y proteger a sus ciudadanos (“Hay sociedades capitalistas altamente desarrolladas que presentan similitudes preocupantes con los llamados países del Tercer Mundo”, dijo en una entrevista reciente).

Bernie Sanders

Europa, en la práctica, parece encaminarse hacia una democracia a la estadounidense, modelo que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos sintetizó cuando en 2007 le preguntaron qué candidato presidencial apoyaba: “Tenemos la fortuna, gracias a la globalización, de que las decisiones políticas han sido largamente reemplazadas por las fuerzas del mercado global. Dejando el tema de la seguridad de lado, es difícil que algún candidato haga una diferencia. El mundo es gobernado por las fuerzas de mercado”.

Streeck afirma que los que se oponen a esa limitación de la soberanía nacional y buscan reponer el poder que alguna vez tuvo la democracia sobre los mercados –por ejemplo, el ex candidato presidencial Bernie Sanders, el movimiento “Podemos” en España, el laborismo de Jeremy Corbyn en Inglaterra, o Syriza en Grecia- “son combatidos con dientes y uñas. Los bancos centrales y las organizaciones internacionales como la Unión Europea están todavía pensando cómo suprimir o esterilizar estos movimientos”, dijo Streeck a CIPER.

En su último libro Comprando Tiempo: la crisis retrasada del capitalismo democrático (Verso, 2014), Streeck analiza cómo las democracias capitalistas europeas llegaron al punto en el que “la democracia representativa ya no representa nada” según afirma el sociólogo francés Christian Laval .

En esencia, Streeck sostiene que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora las democracias europeas han enfrentado cuatro crisis importantes. De las tres primeras supieron salir manteniendo “la apariencia de que el capitalismo podía seguir proveyendo crecimiento material para todos”. De la última crisis (2008), Streeck no ve solución clara. De hecho, cree que la crisis sólo la ha pospuesto, y que las naciones desarrolladas están comprando tiempo.

NO MAS SINDICATOS

La historia económica que reconstruye Streeck en su libro  se enfoca en la tensión que existe entre trabajadores y capitalistas por la distribución de la riqueza. Y muestra como, década tras década, los que viven de su trabajo van perdiendo poder frente al 1%  más rico. Más allá de lo discutible que pueden ser las interpretaciones que hace Streeck, su reconstrucción tiene la virtud de que vincula importantes fenómenos sociales (como reducciones tributarias, decadencia de los sindicatos y endeudamiento de las personas)  que usualmente tienden a considerarse por separado.

Sostiene que tras la Segunda Guerra Mundial emergieron en Europa democracias que lograron establecer paz entre trabajadores y capitalistas a través de equilibrar los mercados con políticas de protección. Estos estados intervenían en la economía para generar crecimiento y corregir las consecuencias sociales de éste. Se financiaban principalmente con impuestos sobre los más ricos, lo que también tuvo el efecto de hacer que la desigualdad de ingresos no fuera tan alta.

Siguiendo la terminología del economista Joseph Schumpeter, Streeck denomina a este tipo de democracias Estado Recaudador (Tax State).

A fines de los ’60 el crecimiento económico de estos estados empezó a tambalear y la presión de trabajadores y sectores medios por más prosperidad -dice Streeck- amenazó a estas democracias con la primera gran crisis de legitimidad. Esa crisis logró ser aplazada de un modo inesperado: con inflación. “El truco fue posponer el emergente conflicto entre los recursos que recibía el capital y el trabajo introduciendo recursos adicionales, aunque estos existieran solo en el papel moneda y no en la realidad”, escribe Streeck en su libro.

La solución de hacer aparecer que la torta era más grande, a través de imprimir más billetes, duró poco tiempo pues las tasas de inflación se dispararon en todo el mundo: mientras el Reino Unido superaba el 20% anual a mediados de los ‘70, Estados Unidos se acercaba casi al 15% al comenzar la década de los 80. Dice Streeck que la reacción de los capitalistas fue entonces volcarse hacia el neoliberalismo; romper con el Estado de Bienestar que había permitido su crecimiento y la paz social hasta entonces y empujar organizadamente hacia la liberalización del capitalismo y la expansión de sus mercados en el ámbito local e internacional. Es entonces que el equilibrio entre las fuerzas del trabajo y el capital comenzó a inclinarse a favor de los segundos.

En el plano político este proyecto se hizo posible con el ascenso al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y de Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990), ambos llevaron adelante un programa neoliberal caracterizado por la rebaja tributaria y la reducción de la intervención pública en la economía. Esa política fue exitosa en controlar la inflación, pero generó tasas crecientes de desempleo (en EE.UU. llegó al 20 % a comienzos de los ‘80) y volvió a encender la tensión entre trabajadores y capitalistas.

Streeck escribe que Reagan y Thatcher usaron entonces el poder del Estado para “disciplinar a las organizaciones de trabajadores”, las cuales hasta ese momento (siguiendo las ideas del economista John Maynard Keynes) se consideraban claves para redistribuir  la riqueza, producir demanda agregada y crecimiento económico. Streeck menciona dos momentos cruciales. El primero es la huelga de los controladores aéreos estadounidenses de 1981. A las 48 horas de iniciada la huelga, Reagan despidió a todos los controladores y los reemplazó permanentemente. Joseph Mccartin, profesor de historia de la universidad de Georgetown, resalta que hasta esa huelga los sindicatos estadounidenses eran una fuerza política importante y que su rápida derrota mandó un potente mensaje a todo el país sobre la inseguridad de los trabajos y sobre el nulo rol que le asignaba a los sindicatos el emergente modelo neoliberal.

Creo que no hay correcciones de mercado posibles sin sindicatos, entendidos como organizaciones autónomas, capaces de negociar igual a igual con los empleadores en defensa de los intereses de sus miembros

El segundo episodio es la huelga de los mineros del carbón en el Reino Unido. Se inició en 1984 cuando Thatcher anunció el despido de 20 mil trabajadores de las minas que manejaba el Estado y 120 mil mineros británicos paralizaron sus actividades. Lo que a Reagan le tomó menos de una semana a Thatcher le tomó un año. Finalmente no solo terminó despidiendo a más de 90 mil trabajadores y privatizando las minas que eran rentables, sino que fijó en el debate público una imagen de los sindicatos que sigue resonando hoy: los llamó el “enemigo interno”. En un discurso ante los miembros de su partido, Thatcher dijo: “Tuvimos que enfrentar a un enemigo externo en las Falklands”, pero en el caso del carbón “la lucha fue contra un enemigo interno mucho más difícil de vencer y más amenazante contra la libertad” (Ver “El enemigo interno” de Seulmas Milne).

Desde entonces la fuerza sindical comenzó a decaer en todo el mundo. Incluso fueron dejados de lado por la academia, como remarca Streeck en una entrevista de 2011. En la primera edición del manual de Economía Política de Smelser y Swedberg, dice Streeck: “No había una sola mención a los sindicatos en todo el libro… y es imposible entender el debilitamiento social de la economía de la post guerra sin tener en cuenta qué posibilidad hay de negociar colectivamente o de que las organizaciones sociales intervengan en los mercados de acuerdo a sus objetivos políticos”. (Para las siguientes ediciones de ese manual le pidieron a Streeck que escribiera de los sindicatos).

La desaparición de ese concepto tiene ejemplos recientes en Chile: hace menos de un mes el Tribunal Constitucional borró la palabra sindicato de la reforma laboral que, en los discursos, pretendía mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores.

Para Streeck la eliminación de los sindicatos ha sido muy dañina para la democracia:

-Creo que no es posible hacer correcciones a los mercados sin sindicatos, entendidos como organizaciones autónomas, capaces de negociar de igual a igual con los empleadores en defensa de los intereses de sus miembros. La declinación de los sindicatos en las últimas dos o tres décadas ha implicado la declinación de la democracia-dijo a CIPER.

Streeck resaltó, además, otra correlación: “Hay que destacar que la declinación de los sindicatos ha ocurrido también de la mano de la declinación del crecimiento económico, lo opuesto de lo que los neoliberales habrían esperado”.

Las cifras del Banco Mundial le dan plausibilidad a su observación. Mientras en la década del 60 y 70 –cuando los sindicatos eran fuertes- la economía del mundo creció a un ritmo de 3%, desde 1980 hasta 2010 (periodo en que el neoliberalismo venció a los sindicatos) la economía creció 1,4% al año.

ENDEUDAR AL ESTADO

Mientras el poder de las organizaciones laborales menguaba, otro fenómeno desbalanceó aún más el escenario a favor de los dueños del capital. El cientista político Jeffrey Winters lo analiza en detalle en su libro Oligarquía: es la aparición -a mediados de los ‘50- de una industria de la defensa de la riqueza, integrada por profesionales de clase media altamente preparados que diseñan estrategias jurídicas para que los más ricos logren pagar menos impuestos y argumentos políticos  para que las medidas que los benefician parezcan beneficiosas para todos. Esa industria -dijo Winters a CIPER- empujó y justificó la expansión de los paraísos tributarios que han permitido que las elites de todo el mundo reduzcan al máximo su contribución a las sociedades en las que hacen sus negocios y prosperan.

Jeffrey Winters (Fuente: www.jfcc.info)

Para Streeck, la drástica reducción en la recaudación tributaria tuvo un efecto central en el “Estado Recaudador”. Debió comenzar a endeudarse con el sistema financiero internacional para seguir financiando su operación y la protección social (la cual se hizo más necesaria debido el aumento del desempleo). Las democracias capitalistas europeas pasaron así de ser Recaudadoras a Deudoras. Y a partir de ese momento, dice Streeck, dejaron de estar enfocadas en los intereses de sus ciudadanos para buscar satisfacer las necesidades de los inversionistas que les prestan y que hacen las inversiones que los estados ya no tienen dinero para hacer.

Esos inversionistas son esencialmente buscadores de utilidad, pero tienen un ojo puesto en el riesgo. Y el riesgo, cuando se financia la deuda de un país o se invierte en él, es la posibilidad de que por la vía de la democracia  los gobiernos cambien las reglas y la tasa de utilidad se reduzca. Los estados se vuelven así -dice Streeck- custodios de reglas y condiciones que sean amistosas con los inversionistas. Los reclamos de las personas se vuelven populistas, poco serios, peligrosos.

Streeck menciona en su libro a Calpers y PIMCO, dos grandes fondos especializados en el mercado de los bonos públicos (es través de la emisión de bonos que los gobiernos recolectan un porcentaje del dinero que necesitan para financiarse). Los ministros de Hacienda se juntan con los gerentes de estos fondos para recibir “asesoraría sobre una correcta política fiscal” donde “lo correcto” es aquello que permite a estos fondos hacer inversiones de largo plazo. Para evitar que las democracias, a través de las burocracias estatales, tomen medidas que amenacen las rentas de esos fondos, Streeck dice que las políticas neoliberales crearon instituciones independientes (como los bancos centrales) inmunes a los resultados electorales, “transfiriendo las decisiones económicas a comités de expertos” y dando garantía a los dueños del capital de que la democracia “no intervendrá en la economía”.

ENDEUDAR A LAS FAMILIAS

La solución del endeudamiento público volvió a posponer la crisis del sistema. Pero a mediados de los ‘90 las deudas públicas llegaron a tal nivel (especialmente en EE.UU.) que los inversores comenzaron a preocuparse de la real capacidad de los países de devolver los préstamos. La solución fue comenzar a desmantelar el Estado de Bienestar, lo que fue llevado adelante en Estados Unidos por el demócrata Bill Clinton y en el Reino Unido por el nuevo laborismo de Tony Blair. Así, dice Streeck, mientras la derecha recortó los impuestos, lo que recortaron los demócratas y la izquierda inglesa fueron los programas sociales.

Esos recortes en el Estado de Bienestar generaron un vacío de protección pública potencialmente explosivo. Dice Streeck que este vacío se resolvió otra vez recurriendo a la ilusión de riqueza: se facilitó el acceso al crédito a las familias.

Desde Ronald Reagan en adelante se había promovido en Estados Unidos y luego en Europa una creciente desregulación financiera, y eso hizo posible que en los ‘90 se masificara el endeudamiento de las personas. En el corto plazo, opina Streeck, esto permitió a las familias seguir obteniendo salud, educación y otros bienes públicos que estaban siendo recortados.

Es interesante destacar que el modelo de suplir con deuda lo que el Estado no provee es la esencia en Chile de políticas como el Crédito con Aval del Estado (CAE), mecanismo con el cual el Presidente Ricardo Lagos buscó que los más pobres pudieran estudiar en la universidad facilitándoles mecanismos para endeudarse con el sistema financiero. En parte por la mala calidad de la educación que se ofrecía, por las altas tasas de interés que cobraban los bancos y porque los trabajos para los estudiantes que se formaban no existían (ver entrevista a Ben Ross Schneider), esa estrategia terminó generando al primer gran cuestionamiento al modelo de desarrollo chileno desde el fin de la dictadura.

A nivel internacional el modelo del endeudamiento de las familias estalló en la crisis financiera de 2008, provocada porque los bancos hicieron grandes negocios ofreciendo créditos hipotecarios a personas que no podían pagar y luego se vendieron unos a otros esos grupos de deudores. Los estados debieron salir al rescate de sus sistemas financieros.

A partir de esta reconstrucción de la historia económica desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, Streeck argumenta que tanto la inflación, como el endeudamiento público y el privado fueron métodos a los que se recurrió para generar la ilusión de que el sistema generaba crecimiento y prosperidad para todos, cuando en realidad los dueños del capital recibían una cantidad cada vez mayor de la riqueza que se producía.

Sobre esa base Streeck argumenta que no es el Estado de Bienestar el que ha quebrado a los países. La actual crisis de las finanzas públicas, afirma, “no es el resultado de un exceso de democracia redistributiva sino de una baja general en los niveles de tributación” y también “del endeudamiento en que incurrieron los estados para salvar al sistema financiero”. Fue el mercado operando sin regulaciones ni contrapesos políticos lo que trajo a Europa hasta este punto.

No solo el Estado de Bienestar ha sido horadado. Streeck cree que el capitalismo se ha puesto en una posición en que puede autodestruirse, pues ya no puede proveer crecimiento para todos y, a la vez, permitir la alta acumulación de los dueños del capital. En un artículo de 2014 (“¿Cómo terminará el capitalismo?”) afirma que “el avance capitalista ha destruido ya prácticamente todas las agencias que pudieran estabilizarlo a base de limitarlo”. Para Streeck este sistema es como un reactor nuclear que necesita refrigeración. Necesita fuerzas compensatorias que contengan la acumulación sin freno a través de controles y equilibrios sociales. Esas fuerzas ya no existen y “el capitalismo puede auto-debilitarse por un exceso de éxito”, dice.

En este escenario de completo dominio de los mercados, Streeck estima que se han incubado tres grandes problemas de largo plazo para los cuales no hay aún una solución clara: la reducción de las tasas de crecimiento que han venido cayendo desde los ‘80; el incremento de la concentración de la riqueza y un aumento de la deuda pública (en “¿Cómo terminará el capitalismo?” presenta gráficos que ilustran estas variaciones).

En su opinión, en el pasado las democracias sortearon las crisis de legitimidad y mantuvieron la paz entre trabajadores y capitalistas creando la ilusión de crecimiento a través de la inflación, del endeudamiento público y de los hogares. Hoy enfrentan un callejón que parece sin salida: no hay a quién mas endeudar. ¿Cómo generar crecimiento ilusorio o real que siga posponiendo el conflicto social?

Estados Unidos ni siquiera ha dado refugio a los intérpretes afganos que usaron para interrogar a los talibanes sospechosos, a pesar de que ellos son obviamente los primeros en ser asesinados cuando las tropas se vayan

Wolfgang Streeck es pesimista. Cree que estos tres problemas se potencian entre ellos: “Cada vez hay más evidencia de que la desigualdad creciente puede ser una de las causas del declive del crecimiento” y que “el bajo crecimiento, a su vez, fortalece la desigualdad al intensificar el problema de la distribución”. Y argumenta que el endeudamiento con el que se buscó “compensar a los asalariados y a los consumidores por la creciente desigualdad provocada por el estancamiento de los salarios y los recortes de los servicios públicos”, ha llegado a un límite pues no logró reactivar el crecimiento. “¿Puede continuar indefinidamente lo que parece ser un círculo vicioso de tendencias dañinas? ¿Existen fuerzas contrarias que puedan romperlo y qué ocurrirá si estas no se materializan, tal como ha sucedido durante casi cuatro décadas?”, se pregunta en  su artículo “¿Cómo terminará el Capitalismo?”.

Contra la idea extendida de que el capitalismo llega a puntos críticos y luego alcanza un nuevo equilibro, Streeck percibe un declive gradual, aplazado pero inexorable. Y si  las tasas de crecimiento siguen cayendo en Europa y el sistema “no es capaz de producir ni siquiera una ilusión de crecimiento sostenible, llegará el momento en que el camino del capitalismo y la democracia se separen”. Esto es, que las democracias de estos países terminen siendo completamente neutralizadas para que los mercados puedan operar sin restricciones de derechos ni obligaciones con la sociedad.

Streeck dijo a CIPER:

-El capitalismo contemporáneo en los llamados países avanzados parece requerir de un Estado que discipline y por lo tanto que no se vuelva un Estado Social. Y los estados han entendido que ellos deben disciplinarse a sí mismos sino serán abandonados por el capital móvil. Esto es lo que está detrás del actual vaciamiento de las instituciones democráticas, incluso en los países tradicionales de “capitalismo democrático”. La pregunta hoy es cuánto tiempo será posible aislar la economía de la intervención democrática sin tener que recurrir a métodos del estilo Pinochet.

CRECIMIENTO DE QUIÉN

Wolfgang Streeck

Sobre el futuro, en una entrevista reciente Streeck argumentó: “Mi hipótesis es que atravesaremos un largo periodo de transición, en el que no sabemos hacia dónde vamos. Es un mundo de incertidumbre, desorden, desorientación, en el que todo tipo de cosas pueden pasar en cualquier momento. Nadie sabe cómo salir del problema, solo vemos que crece”.

En esa incertidumbre, que eventualmente puede terminar en métodos estilo Pinochet, sugiere que es necesario fortalecer la democracia. Pero, ¿cuáles son las características que una democracia debe tener? La pregunta es interesante para un país como Chile que durante mucho tiempo ha asociado democracia con votar y que este año ha discutido sobre la estructura y los contenidos de una nueva Constitución.

-¿Tiene en mente un modelo de lo que la Constitución debe decir o representar para defender la democracia?
Votar es muy importante. Pero debe tener consecuencias. Si un Estado no tiene otra opción que seguir las instrucciones de sus acreedores y la voluntad de los inversionistas extranjeros, no hace diferencia quién es elegido ni cómo. La democracia debe tener un efecto. Y cuando ese efecto es real y no una apariencia, involucra la soberanía, interna y también externa. Dada la magnitud de los problemas de hoy no pongo mucha fe en el tema constitucional. En cambio, lo que me parece esencial es movilizar a las personas y la libertad de movilizarse; también la libertad de prensa, incluyendo la existencia de una prensa independiente, alternativa en la prensa escrita y en los medios digitales. Y no menos importante libertad académica para enseñar e investigar. Estos son recursos para movilizar y contra movilizar mucho más importantes que, digamos, si hay una segunda cámara parlamentaria o no.

-En su libro usted destaca la necesidad de instituciones democráticas que limiten los mercados. Los economistas neoliberales argumentan que limitar los mercados implica limitar el crecimiento. Para mantener el sistema democrático, ¿cree que hay que aceptar que el crecimiento va a reducirse?
La pregunta es siempre “crecimiento de qué” y “para quién”. El crecimiento en los países de la OECD ha estado declinando por varias décadas, mientras que las utilidades se han incrementado, especialmente en finanzas, con la consecuencia de un explosivo crecimiento en la desigualdad. El crecimiento económico no necesariamente significa que los beneficios escurran a toda la sociedad y sino escurre el crecimiento no es necesariamente algo deseable. El crecimiento puede caer de todos modos. Recuerde a los celebrados BRICS (Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica) los cuales, con la excepción de China, son considerados hoy casos perdidos.

-En su reciente libro Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?, el economista Anthony Atkinson afirma que reducir la desigualdad es un objetivo que los países deben perseguir aunque el costo sea reducir el crecimiento. Sostiene que “una torta mejor repartida” es preferible a una más grande distribuida con los niveles actuales de desigualdad. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que renunciar a niveles de crecimiento es políticamente posible en países como Chile que aún no alcanzan el desarrollo?
Estoy de acuerdo con Atkinson, especialmente porque un crecimiento inequitativo puede no ser sustentable social y políticamente. Pero, ¿se puede basar una política de equidad social a expensas de crecimiento o de la promesa de crecimiento? No sin gran apoyo “desde abajo”, y aún así esto puede ser difícil. Respecto de Chile yo no sé mucho de su situación. En otros países uno puede tener dudas si las clases medias realmente necesitan más autos alemanes, ropa interior francesa, series de televisión americanas o pilas de poleras baratas de Tailandia. Pero este es un punto discutible ya que la clase media casi siempre tendrá suficiente influencia política para conseguir por sí mismos lo que desean.

-En su libro El Estado emprendedor, Mariana Mazzucato argumenta que para que los países crezcan el Estado debe involucrarse en el desarrollo de las industrias nacionales para producir economías innovadoras. Aunque eso suena bien desde la macroeconomía, en términos de los equilibrios políticos el acuerdo Estado-Empresa puede ser una pesadilla para los ciudadanos. ¿Cómo evalúa usted las políticas industriales que consideran a los países como equipos productivos?
Probablemente es cierto que las políticas industriales pueden desarrollar empresas y sectores, y contribuir a la prosperidad económica. Pero eso no es nada nuevo y la pregunta es por qué eso no ha detenido la marcha hacia el neoliberalismo. Sin tener en cuenta los intereses económicos y el poder, esos libros son fantasías tecnocráticas que hacen a las personas olvidar el mundo real. La idea de los países como equipos productivos es un lenguaje de propaganda para los consultores de negocios, ansiosos de disfrutar su momento de fama antes de que sean rápidamente olvidados. El capitalismo es sobre acumulación de capital, no entre los países, sino entre los capitalistas.

* Esta entrevista es parte de una serie de diálogos con investigadores como Jeffrey Winters, professor de la universidad estadounidense Northwestern y Anthony Atkinson, professor de la London School of Economics y Fellow of Nuffield College de la universidad de Oxford, que busca ampliar el debate actual sobre la concentración de la riqueza y su impacto en la economía y en la democracia.

Un simple documento en formato Word selló la actual situación judicial del ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira. Ese archivo le fue enviado por correo electrónico por el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, y contenía una propuesta para modificar un artículo de la Ley de Royalty. Lo que siguió le significó al primero ser formalizado por cohecho y al segundo por soborno. Longueira hizo llegar el artículo al gobierno y terminó, casi tal cual, en el proyecto que se envió y aprobó en el Congreso, permitiéndole a SQM acceder a la invariabilidad tributaria hasta el año 2025. Pero la ruta que siguió ese artículo es más larga y, hasta ahora, desconocida.

Una serie de peritajes de la PDI a las casillas de correos de altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera permiten reconstruir esa ruta. Esa secuencia de correos, que muestra las huellas del lobby que se hizo para favorecer a SQM, complica aún más la situación judicial de Pablo Longueira. El entonces senador no sólo reenvió el documento que recibió de Contesse, sino que monitoreó directamente que fuera incluido en el proyecto final que redactó el Ejecutivo.

Longueira también está acusado de recibir pagos de SQM a través de una red de boleteros y de sus fundaciones (ver reportaje Fundaciones de Longueira: la mayor caja receptora de los dineros de SQM).

Laurence Golborne

El primer correo electrónico relativo al royalty fue enviado el 5 de agosto de 2010 a las 12:09 por el ministro de Minería, Laurence Golborne. Llevaba como asunto “Royalty” e iba dirigido al fiscal de ese ministerio, Franco Devillaine, solicitándole “urgente los párrafos del texto de nuestro proyecto que permite a empresas chilenas acogerse”. Media hora después, Devillaine le envió al ministro una copia del proyecto de ley que se había presentado en mayo para financiar la reconstrucción después del terremoto y del que sólo se había rechazado el articulado referente al royalty. En esos días el gobierno preparaba una nueva versión para incrementar el impuesto específico a la minería.

Los emails no registran qué conversaron esa tarde el ministro y su fiscal, pero a las 16:29 Devillaine le envió un correo al senador Longueira: “Estimado senador, junto con saludarle, y a expreso requerimiento del señor ministro de Minería, adjunto y remito a usted archivo con texto del artículo quinto transitorio del Proyecto de Ley de Reconstrucción. El mismo se refiere a la posibilidad de extender los efectos de las normas sobre invariabilidad a los proyectos conexos para el caso de las empresas chilenas”.

Once minutos después de recibir el correo de Devillaine, Longueira remitió esa información a Patricio Contesse. Y antes de la medianoche de ese mismo 5 de agosto, el senador tenía en su casilla de correo Hotmail la respuesta: “Estimado Pablo te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla”. Adjunto iba el documento que los tiene hoy a ambos formalizados. Junto con explicar que el artículo del gobierno era malo porque dejaba fuera de la invariabilidad tributaria a SQM, incluía una nueva redacción que abría la puerta a la minera no metálica (ver reportaje Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse).

La rapidez de la respuesta de Contesse hacía parecer que el equipo legal de la minera no metálica había trabajado a toda máquina para redactar un nuevo artículo. Nuevos antecedentes dan cuenta de que, cuando Contesse recibió el email de Longueira, la empresa ya tenía lista una propuesta que permitía a SQM acogerse a la invariabilidad tributaria.

La clave la dio en abril pasado el vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de SQM, Ricardo Ramos, en una declaración ante el Ministerio Público. El ejecutivo contó que en julio de 2010, Contesse entró a su oficina con un borrador del proyecto de ley de royalty minero. Tras analizarlo, Ramos fue al despacho de Contesse y le dio su opinión: “Me parecía que la ley no era equitativa porque no había un artículo transitorio que nos permitiera acceder a la invariabilidad. Eso se lo expliqué a Patricio Contesse y me encontró razón”.

Contesse volvió después a su oficina y le pidió a Ramos que junto al abogado Matías Astaburuaga, fiscal de la empresa, redactara un documento con su opinión, “el cual modificara el borrador y reflejara la equidad para empresas chilenas y extranjeras”. Con la ley de 2005 como modelo, adaptaron el artículo transitorio a las necesidades de 2010. Según Ramos, Astaburuaga le envió a Contesse su propuesta el 21 de julio. Es decir, el gerente general de SQM tenía dicho documento en sus manos dos semanas antes de recibir el email de Longueira.

La declaración de Ramos abre una gran incógnita: ¿de dónde sacó Contesse el borrador del proyecto a mediados de julio de 2010?

Lo que sí aclara Ramos es por qué SQM no se acogió a la invariabilidad tributaria cuando se creó el royalty en 2005. La ley establecía una tasa fija de 4% para quienes optaran por la invariabilidad, mientras que sin invariabilidad ésta oscilaba entre 0% y 5%. En la empresa apostaron a que con esa fórmula pagarían menos y decidieron no acogerse a la invariabilidad. Ramos reconoció ante la Fiscalía que esa decisión pudo ser errónea, pues el royalty operaba como crédito al impuesto a la renta. Cinco años más tarde quisieron enmendar ese error.

LA RUTA DEL ARTÍCULO CONTESSE EN EL GOBIERNO

Pablo Longueira se tomó unos días antes de hacer llegar la propuesta de Contesse a La Moneda. Tras hacer modificaciones menores a la explicación del gerente de SQM de por qué el borrador original no servía, el 11 de agosto el senador envió el llamado “artículo Contesse” al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, como si fuera una propuesta propia.

“Mándame por favor, a este mismo correo, el texto que tú redactes si le introduces cambio para verlo antes que lo mandes”, le pedía Longueira a Larroulet. Ese mismo día el ministro reenvió el correo a su par de Minería, Laurence Golborne.

Cristián Larroulet

Longueira presionaba por distintos frentes. El 16 de agosto envió el artículo de Contesse al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez: “De acuerdo a lo conversado te adjunto redacción del artículo quinto transitorio nuevo”.

El texto comenzó a ser compartido y debatido entre funcionarios de gobierno, que llegaron a llamarlo la “alternativa Longueira”.

El 17 de agosto, José Domingo Peñafiel, entonces asesor del Ministerio de Hacienda, le escribió un correo al fiscal de Minería, Franco Devillaine: “El senador Longueira pregunta si lo siguiente ya está incorporado en el proyecto. Yo entiendo que sí”, y le adjuntó el texto del artículo que había sido enviado originalmente por Contesse. Un equipo de la PDI, que por solicitud de la Fiscalía analizó los archivos y los emails mencionados, pudo determinar que ese documento fue creado en un computador marca Toshiba por el usuario Patricio Contesse, y que la última modificación fue realizada por el usuario p_longueira2.

Devillaine y Peñafiel intercambiaron dos correos más en los que comentaron que estaban cotejando la propuesta de Longueira con el texto oficial. Un día después, el 18 de agosto, Peñafiel volvió a escribir a Devillaine. En ese correo le mencionó que enviaba el proyecto “listo” y que solo faltaba cotejar “que lo que dice el senador Longueira” esté incorporado.

Ese mismo día Peñafiel le envió a Devillaine un segundo correo, pero ahora también con copia a la entonces jefa de gabinete de Laurence Golborne, Luz Granier: “Les mando el proyecto de royalty final. Solamente falta aclarar la aprehensión del senador Longueira”. Pocas horas después hay un nuevo email de Peñafiel: “Estimados, para su mayor comprensión, adjunto el artículo propuesto por el senador Longueira comparado con el texto del actual artículo 4º transitorio (ex 6). Ojalá podamos tener sus comentarios a la brevedad”.

Ninguno de los archivos adjuntos de los correos de ese día tenía incorporada la propuesta de Longueira, que era lo que debían cotejar y corregir. En otro email que Peñafiel reenvió esa misma tarde a Devillaine (con copia a Granier) el documento adjunto sí es el texto de Longueira y en él se lee: “Lo prometido. Como les comentara, yo tengo entendido que esto ya está en el proyecto, pero nunca es malo confirmar…”.

El subsecretario Rodrigo Álvarez había remitido la “propuesta Longueira” a la abogada Carolina Fuensalida, entonces coordinadora de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda.

Los reparos de Carolina Fuensalida le llegaron al subsecretario Álvarez el 19 de agosto a las 8:58: “Rodrigo, me parece que la redacción sugerida por Pablo Longueira para los proyectos que no correspondan a inversionistas extranjeros se aparta muchísimo del espíritu general subyacente en materia de invariabilidad, sin perjuicio que la complejidad de la redacción y las infinitas variaciones de régimen que contempla lo hace muy discriminatorio en relación a inversionistas extranjeros. Saludos. Carola”. En ese eslabón de la ruta, al artículo de Contesse se le hicieron pequeñas modificaciones, pero en lo sustancial siguió beneficiando directamente a SQM.

Pese a los cuestionamientos de Fuensalida, el artículo casi no cambió en los días siguientes. A las 13:31 del 24 de agosto, Fuensalida le envió un nuevo email a Álvarez: “Esta es la propuesta de Longueira con adecuaciones nuestras”, decía la abogada.

Un poco más temprano, ese mismo día, Rodrigo Álvarez había recibido un correo electrónico de Longueira: “Necesito que me mandes el documento que hablamos”. Al finalizar la tarde del 25 de agosto, el subsecretario le respondió que le enviaba “el artículo como está quedando para tu revisión”. Según el informe policial, el adjunto contenía el documento que Álvarez había recibido de Carolina Fuensalida.

Longueira no tardó en reportar las novedades a Contesse, a quien el 26 de agosto le informó que había recibido el texto de parte de Álvarez. El proyecto estaba en la recta final y así se lo comunicó a Contesse, quien es reservista del Ejército, en lenguaje marcial:

“Estamos en las horas decisivas.
Un abrazo mi General.
Del Coronel Longueira”.

Rodrigo Álvarez

Aún faltaban detalles. Al día siguiente, Carolina Fuensalida envió cuatro archivos distintos a Rodrigo Álvarez y a Franco Devillaine. Cada uno de ellos contenía una versión distinta del proyecto de Royalty. Dos factores los alteraban y diferenciaban: con y sin los fondos prometidos por el gobierno de Sebastián Piñera para regiones y municipios, y con y sin “alternativa Longueira”.

La “alternativa Longueira” fue la que quedó y ese mismo 27 de agosto el senador le dio el visto bueno final al proyecto del gobierno, y a las pequeñas modificaciones que se le realizaron al artículo redactado en SQM. A las 18:21 Longueira le respondió un correo a Rodrigo Álvarez y realizó una última petición: “Rodrigo, te llamé para decirte que el texto que me enviaste está OK. Si llegas a introducirle cambios a ese artículo avísame, y si puedes cuando tengas el texto definitivo de todo el proyecto mándamelo. Un abrazo, Pablo”.

El 1 de septiembre, apenas el proyecto de ley ingresó al Congreso, Longueira se lo mandó a Contesse. “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”, le respondió el gerente de SQM. La operación diseñada desde la minera había concluido con éxito.

DUDAS EN EL MINISTERIO DE MINERÍA

El “artículo Contesse” avanzó sin cambios durante el trámite legislativo y la ley se promulgó en octubre de 2010. Comenzaron entonces en SQM los preparativos para que la empresa pudiera acogerse al beneficio de la invariabilidad tributaria al que tenían derecho tras la intervención de Contesse y Longueira.

De los correos electrónicos periciados por la PDI se desprende que antes de presentar formalmente la solicitud, SQM hizo consultas al Ministerio de Economía que generaron nuevas dudas entre los funcionarios de gobierno. La principal era si la minera podía acceder a la invariabilidad tributaria si no era la dueña de cerca de 10.000 pertenencias mineras que explota en el Salar de Atacama y que son del Estado, representado por la Corfo.

El 22 de diciembre de 2010 el entonces abogado del Ministerio de Economía Mauricio Álvarez le mandó un correo electrónico a Franco Devillaine, fiscal del Ministerio de Minería: “Necesito saber la opinión del Ministerio de Minería sobre dos aspectos que me está consultando Soquimich para efecto de presentar dos solicitudes por el artículo 4º transitorio”. Se referíaal “artículo Contesse”.

“Me consultaron si podían incluir dentro de su proyecto minero a aquellas pertenencias que la empresa tiene en arrendamiento. En la Ley N° 20.469 (Royalty Minero) no se hace alusión expresa a la propiedad de las pertenencias, situación que sí acontecía en el artículo 5º transitorio de la Ley N° 20.026 (ley de 2005). ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Minería al respecto?”, preguntaba Álvarez en su correo.

La duda de Álvarez se explica porque el royalty que se creó en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, señalaba expresamente que las pertenencias mineras que se incluyeran en un proyecto beneficiado con la invariabilidad tributaria debían ser “propiedad” de la empresa. La ley de 2010 no menciona ese requisito.

La respuesta de Franco Devillaine llegó un día después: el 23 de diciembre de 2010. El fiscal de Minería se mostró contrario a permitirle a SQM incluir las pertenencias arrendadas en el contrato de invariabilidad: “La ley está estableciendo el mismo derecho que hiciera la Ley 20.026 (de 2005) respecto de los explotadores mineros chilenos que se encuentran afectos al “IEM” (Impuesto Específico a la Minería), de tal forma que las pertenencias han de ser aportadas bajo el mismo título razón por la cual el arrendamiento queda excluido”, señaló Devillaine. El fiscal del Ministerio de Minería acotó que esta era solo una opinión, ya que la facultad para suscribir ese tipo de contratos la tiene el Ministerio de Economía.

Patricio Contesse

Un ex funcionario que participó del análisis dentro del Ministerio de Minería dijo a CIPER que más que la propiedad de las pertenencias, lo que interesaba era asegurarse que de que SQM tuviera la explotación exclusiva y por un periodo que cubriera al menos la duración del contrato de invariabilidad. Según comentó a CIPER un ex asesor del Ministerio de Economía que estuvo al tanto de estas tratativas, se decidió acoger la solicitud de SQM luego de consultar a Sernageomin, entidad que dio su acuerdo.

La operación le permitió a la filial SQM Salar firmar el 26 de agosto de 2011 un contrato de invariabilidad tributaria hasta 2025. Para entonces Pablo Longueira ya era ministro de Economía y como tal debió suscribirlo en representación del Estado chileno (ver contrato).

Hubo una segunda petición de Soquimich, esta vez referida a su filial Nitratos. El objetivo era evitar el alto costo que significaba para la empresa acreditar cada una de las propiedades mineras que quería ingresar a su segundo contrato de invariabilidad (cerca de 10.000). En SQM argumentaron que cada uno de los certificados de vigencia de esas propiedades costaba $10 mil, lo que implicaba un desembolso de cerca de $100 millones.

Cuando el abogado de Economía Mauricio Álvarez le consultó su opinión al fiscal de Minería, Franco Devillaine, éste tampoco estuvo de acuerdo: “La propiedad de las pertenencias debe acreditarse mediante el instrumento idóneo, es decir que se acredite esa titularidad. Además no me parece que respecto a conexos se pida una cosa (y) respecto de inversionistas nuevos otra. Debemos mantener un mismo criterio”.

Pese a que Devillaine opinó que no había que dar a SQM mayores facilidades que al resto de los inversionistas, la solicitud de la minera también fue aceptada. En febrero de 2011, Álvarez le envió un email informando que para evitar demoras, se había optado por pedir a Sernageomin que chequeara en su registro si todas las pertenencias declaradas por SQM eran de su propiedad.

Finalmente, el 22 de diciembre de 2011 la empresa suscribió un segundo contrato de invariabilidad tributaria a través de SQM Nitratos. Esta vez la compañía estuvo representada por Patricio Contesse y el Estado por Pablo Longueira. El general y el coronel estamparon su firma. (ver contrato)

En una ceremonia emocionante y sombría en el lugar donde el régimen de Pinochet terminó con las vidas del ex canciller Orlando Letelier y su colega Ronni Moffitt, el gobierno de Estados Unidos entregó este viernes 23 de septiembre a la Presidenta Michelle Bachelet un informe especial de inteligencia de la CIA que concluyó que el general Augusto Pinochet ordenó ese “acto de terrorismo de Estado” en las calles de Washington, D.C. El atentado con un coche bomba, que tuvo lugar hace 40 años, mató a Letelier y a su colega de 25 años. Además de la Presidenta Bachelet y altos funcionarios de su gobierno, a la ceremonia asistieron los cuatro hijos de Letelier, así como también Hilda Karpen, la madre de 88 años de Ronni Moffit.

Michelle Bachelet durante la ceremonia en el lugar donde ocurrió el atentado a Orlando Letelier.

El informe de la CIA está fechado en mayo de 1987 y lleva el título “El rol de Pinochet en el asesinato de Letelier y su posterior encubrimiento”. El documento resume al menos media docena de reportes de inteligencia de la CIA elaborados a partir de 1978, los que concluyen que “Pinochet decidió encubrir el caso para esconder su involucramiento y, en última instancia, proteger su puesto en la presidencia” (ver documento).

Estas son algunas revelaciones del reporte sobre los intentos del general Pinochet de encubrir su papel en el crimen:

• En abril de 1978, Pinochet supo que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, “le había entregado a un amigo cercano un maletín con documentos muy sensibles que hacían responsable de los asesinatos al Presidente [Pinochet], con instrucciones de hacerlos público si algo le sucedía a Contreras”.
• En agosto de 1978, Pinochet se reunió personalmente con el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, “para asegurarse de que la Corte Suprema rechazaría las solicitudes de extradición de chilenos en respuesta a los procesamientos previstos en una corte de Estados Unidos”. Informantes de la CIA describieron la reunión con Bórquez, en la cual Pinochet dijo al juez que “le había prometido a los generales del Ejército que Contreras no sería extraditado debido al negativo impacto que tendría en la reputación del Ejército”. De acuerdo a la CIA, “el presidente de la Corte le prometió a Pinochet que haría todo lo posible para que la Corte cumpliera con su requerimiento”.
• A fines de 1979, Pinochet revisó personalmente un borrador del futuro fallo de la Corte Suprema que denegaba la solicitud de Estados Unidos de extraditar a los oficiales de la DINA Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios. De acuerdo a las fuentes de la CIA, Pinochet “insistió que debía ser endurecido para excluir cualquier posibilidad de que el caso de extradición pudiera ser reactivado. El lenguaje fue cambiado para cumplir con la orden de Pinochet”.
• La decisión de Armando Fernández Larios de entregarse a Estados Unidos en enero de 1987 y de endosarle la culpa a Pinochet generó una crisis de liderazgo dentro del Ejército chileno. La CIA reportó que a pesar de los esfuerzos de Pinochet de desacreditar a Fernández Larios, “muchos oficiales aún están seriamente preocupados por sus revelaciones y las implicancias negativas en la reputación de las fuerzas armadas. También creemos que lo reportado hasta ahora entrega sólo atisbos de qué tan seriamente ven este asunto y lo que están preparados a hacer al respecto”. Los analistas de la CIA creían “que Pinochet puede estar buscando protegerse a sí mismo a cualquier costo, posiblemente incluso eliminando a Contreras”.

Esta desclasificación especial probablemente renovará la atención sobre el estatus de Fernández Larios, quien actualmente vive en libertad en Florida. En 1987 llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, bajo el cual recibiría una condena de ocho años por su rol en el plan que terminó con la bomba instalada en el auto que transportaba a Orlando Letelier. Fue liberado después de solo cuatro meses en prisión.

CD con los archivos desclasificados.

En la ceremonia que tuvo lugar en la Massachusetts Avenue donde su padre fue asesinado, el senador Juan Pablo Letelier lanzó un fuerte llamado para que Fernández Larios sea extraditado a Chile, junto con el agente de la DINA que puso la bomba, Michael Townley. Chile busca la extradición de Townley por varios otros crímenes, incluyendo el del economista Carmelo Soria, así como también por el asesinato de Ronni Moffitt. “Es inaceptable e inexplicable”, dijo el senador Letelier, que nadie haya respondido por su muerte.

La divulgación del reporte de la CIA, junto a otros documentos menos dramáticos sobre Chile, completa un esfuerzo de dos fases hecho por la administración Obama para localizar y dar a conocer registros aún secretos sobre el rol del general Pinochet en el atentado del coche bomba. El Departamento de Justicia había identificado los registros de inteligencia como evidencia durante una investigación formal del FBI sobre Pinochet hace 16 años, luego de que el ex dictador fuera arrestado en Londres por crímenes de lesa humanidad. En enero de 2015, el gobierno de Bachelet solicitó que esos documentos fueran entregados a Chile.

En octubre pasado, el secretario de Estado, John Kerry, viajó a Santiago y entregó personalmente a Bachelet un CD con 282 documentos sobre Pinochet y el asesinato de Letelier y Moffitt. Entre ellos había un dramático memorándum del 6 de octubre de 1987, enviado al ex Presidente Ronald Reagan por el secretario de Estado George Shultz en el que se citaban las conclusiones de la CIA como parte de sus esfuerzos de convencerlo de cortar vínculos con Pinochet y presionar por el retorno de la democracia en Chile (ver documento).

“Nunca antes la CIA había elaborado y presentado conclusiones de que existen evidencias tan fuertes sobre su rol [de Pinochet] de liderazgo en este acto de terrorismo”, informó Schultz al Presidente. “No es claro si podemos o queremos considerar enjuiciar a Pinochet”, escribió el secretario de Estado a Reagan. “Sin embargo, este es un ejemplo flagrante del involucramiento directo de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, uno que es particularmente perturbador, tanto porque tuvo lugar en nuestra capital como porque desde entonces su gobierno es generalmente considerado como amistoso”, concluyó Schultz.

Cuando la Presidenta Bachelet se retiraba de la ceremonia en Washington junto al canciller Heraldo Muñoz y el embajador Juan Gabriel Valdés, funcionarios del Departamento de Estado les entregaron dos cajas de colores brillantes que contenían CDs. Un disco guardaba el reporte de la CIA, junto a otros registros de la Casa Blanca y el Departamento de Estado; el otro disco, de acuerdo a una nota diplomática que lo acompañaba, era para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Contenía los 23 mil documentos que son parte del proyecto especial de desclasificación sobre Chile llevado a cabo por la administración Clinton. “Aunque estos documentos han estado disponibles públicamente desde el año 2000“, decía la nota diplomática, “el Departamento de Estado entiende que el museo y los académicos chilenos se beneficiarán con una copia digital”.

La oficina de abogados defensores más grande del país, Defensa Jurídico Penal S.A. (DJP), entró en crisis financiera y debió renunciar anticipadamente –a contar de este 1 de octubre– a los contratos que mantenía con la Defensoría Penal Pública (DPP) para representar ante los tribunales a imputados y condenados que no cuenten con abogados privados. En julio pasado DJP dejó de pagar los sueldos y cotizaciones previsionales al medio centenar de abogados que tenía contratados. La Defensoría no informó públicamente la crisis mientras sostenía durante agosto y septiembre conversaciones con DJP y con los abogados afectados. Uno de ellos dijo a CIPER que la Defensoría de la Región Metropolitana Sur les pidió no demandar laboralmente a DJP si deseaban continuar trabajando bajo el alero de la Defensoría, lo que fue negado por la institución.

DJP es la misma empresa que a mediados de la década pasada protagonizó una de las primeras polémicas de la entonces naciente Reforma Penal. La sociedad fue constituida en 2004 por la Universidad Miguel de Cervantes (UMC) y los abogados Kleber Monlezun Cunliffe y Gonzalo Torre Griggs. Al año siguiente compitió en la licitación de 127 mil causas a defender en la Región Metropolitana, adjudicándose el 48% (ver artículo de El Mostrador). De inmediato surgieron críticas por supuestas influencias políticas en la licitación, ya que la UMC está ligada desde su origen a personalidades de la Democracia Cristiana. En esa época su rector era Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, y entre sus directivos estaba su actual rector, Gutenberg Martínez, ex diputado y líder del sector “Guatón” de la DC. Además, la reforma procesal penal se había preparado mientras era ministra de Justicia, Soledad Alvear, esposa de Martínez.

Gutenberg Martínez

Las acusaciones fueron rechazadas por la Defensoría y al poco andar, según informó a CIPER el rector Martínez, la universidad prefirió salir de la sociedad DJP para no verse involucrada en polémicas. El 25 de julio de 2007 la UMC firmó los documentos que la desligaron de DJP, señaló el mismo Martínez. En todo caso, DJP mantuvo sus oficinas en el mismo edificio que ocupa la universidad, en Mac Iver 370, y el representante legal de la sociedad, Gonzalo Torre, sigue siendo un miembro de la Junta Directiva de esa casa de estudios. Además, en 2010 el mismo Torre creó otra sociedad que presta servicios a la Defensoría, en la que participa la actual secretaria general de la universidad, Mercedes Aubá.

Chile es el único país donde el Estado mantiene un sistema mixto para defender a imputados y condenados, donde se mezclan abogados que son funcionarios públicos que integran la Defensoría Penal y defensores que pertenecen a oficinas privadas, todos financiados por el Estado. En el resto del mundo esta función la realizan únicamente abogados de entidades fiscales. En el sistema chileno, el 70% de los defensores pertenecen a empresas privadas y solamente 30% son de la Defensoría, dijo a CIPER el presidente de la Asociación de Defensores Públicos (ADP), Pablo Sanzana, quien considera que hay un desbalance que debiera ser corregido.

La crisis de la empresa DJP es la primera de una empresa licitada en los 13 años de existencia de la Defensoría, aseguró el asesor jurídico de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Juan Pablo Montes, zona en la que DJP tenía trabajando a la mayoría de sus abogados.

Tanto Montes como Sanzana desestimaron que el remezón de DJP constituya una señal de agotamiento del sistema mixto de asistencia legal a imputados y condenados, pero el dirigente gremial reconoció que una debilidad del sistema es la alta rotación de abogados privados. Las licitaciones duran tres años, al cabo de los cuales si la empresa no se adjudica una nueva propuesta, dejan de representar a imputados y condenados. Esto, dice Sanzana, provoca la pérdida de la experiencia y la capacitación realizada con fondos fiscales.

Para el año 2016, la Defensoría –que depende del Ministerio de Justicia– tenía presupuestado licitar defensas penales por un valor de $6.372 millones.

AUGE CAÍDA DE DJP

Como salida a la crisis de la empresa DJP, su representante legal, Gonzalo Torre, llegó a un acuerdo con la Defensoría para resciliar el contrato de defensas penales a contar del 1 de octubre de 2016. Así lo informó por escrito a CIPER el abogado Torre.

En cuanto a los abogados afectados, en su mayoría pasarán a ser contratados directamente por la Defensoría desde esa misma fecha –como privados, no como empleados públicos– hasta que se realice una nueva licitación por la defensas que tenía DJP. De este modo, aseguró el asesor jurídico Juan Pablo Montes, no se producirá un vacío en la atención a imputados y condenados, la que se mantuvo durante agosto y septiembre pese a que los abogados no recibían sueldos. “Hay que sacarse el sombrero ante ellos”, dijo.

La sociedad Defensa Jurídico Penal nació en 2004 para presentarse a las licitaciones que realiza la DPP. En su página web se la describe como “la oficina de abogados privados penales más grande de Chile” con sobre 45 profesionales y especialistas en criminología. Según Gonzalo Torre, la empresa ha defendido desde su nacimiento a más de 300 mil personas.

Un informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda indica que, entre 2003 y marzo de 2008, la Defensoría pagó a las empresas un promedio de $67 mil por cada causa licitada.

En sus mejores tiempos, DJP participó en la constitución de otras sociedades similares. En octubre de 2007, DJP –representada por Gonzalo Torre– constituyó, junto a otros seis socios, Abogados Defensa Jurídico Privada S.A., con $5 millones de capital. Esta sociedad no registra licitaciones de la Defensoría.

Gonzalo Torre, Gerente de DJP (Fuente: torreycia.cl)

En febrero de 2009, nuevamente representada por Gonzalo Torre, DJP constituyó la empresa Mediación Integral SpA, que luego modificó su nombre a Asesorías Jurídicas Integrales SpA, la que tampoco aparece con licitaciones en la Defensoría Penal Pública. Uno de los abogados de DJP a los que CIPER consultó, dijo que sus remuneraciones eran pagadas por una transferencia de la empresa Mediación Integral, aunque su contrato era con DJP.

Defensa Jurídico Penal registra 12 licitaciones adjudicadas por la DPP de 2012 a 2015 y además 14 contrataciones directas (sin licitación) en el mismo periodo.

Sin embargo, a contar de 2015 comienzan a sucederse señales de la crisis de DJP, como son las demandas ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago que interpusieron AFP, isapres y el Fondo de Cesantía por no pago de cotizaciones. En total, nueve demandas en 2015, que aumentaron a 28 en lo que va corrido de 2016, pese a que la Defensoría Penal aseguró a CIPER que había pagado a DJP los servicios hasta julio de 2016, inclusive.

Sobre las causas de la crisis, Gonzalo Torre describió escuetamente a CIPER que se originó porque “los ingresos son menores que los gastos”.

La versión que circula entre abogados de DJP, que pidieron reserva de su nombre y que reconocen no tener información oficial, es que la empresa habría tenido malos resultados con la sociedad Mediaciones Integrales SpA, asumiendo esos costos.

Gonzalo Torre aseguró a CIPER que DJP no se disolverá: “Seguirá prestando servicios de defensa jurídica y seguiremos participando en procesos de licitación”. Torre indicó que su empresa no tiene vínculo “ni siquiera académico con la Universidad Miguel de Cervantes” y refirió que sí tuvo convenios con la Universidad Diego Portales para pasantías de los alumnos de Derecho y actualmente tiene uno vigente con la Universidad de Talca.

Torre forma parte de otra empresa que tiene contratos con la Defensoría Penal Pública, llamada Defensa Judicial de Personas S.A., en la que, entre otros socios, figura la secretaria general de a U. Miguel de Cervantes, Mercedes Aubá, en representación de Inversiones TLA Limitada y de Iván Lavados Montes y Cía. Ltda. El objeto de la  sociedad creada en 2010 es el mismo que tiene DJP: “La prestación de asesoría jurídica profesional en general y en especial en materia de derecho penal y procesal penal, ya sea como querellante o defensor” y postular en los procesos de licitación de la Defensoría Penal Pública.

Defensa Judicial de Personas se ha adjudicado 12 licitaciones  entre 2010 y 2015. Y entre 2011 y 2012 figura con 210 órdenes de compra y contrataciones directas de la Defensoría.

¿FALLA DE CONTROLES?

A pesar de las señales de no pago de cotizaciones previsionales que venían desde 2015 y aumentaron en 2016, la Defensoría Penal solo intervino en agosto ante las quejas de los abogados a los que no se le pagaban sus sueldos.

Los contratos de licitación estipulan que una de las condiciones para que las empresas licitadas reciban los pagos mensuales de la Defensoría es estar al día en remuneraciones y cotizaciones, lo que dichas sociedades comprueban con el envío de copias de las liquidaciones de sueldos firmadas y de los comprobantes de pagos previsionales.

Pablo Sanzana

CIPER consultó al asesor jurídico Montes si habían fallado los controles y éste respondió que la Defensoría utiliza la información de Chilecompra, que saca del listado de proveedores a las empresas que caen en cesación de pagos.

Al parecer, ninguno de los controles operó eficientemente y esa es la duda que el presidente de la Asociación de Defensores, Pablo Sanzana, expresó a CIPER: “Entiendo que la Defensoría no libera los recursos mientras no presenten las liquidaciones firmadas por los abogados o acrediten el pago y también las cotizaciones previsionales”.

En todo caso, los seguros que DJP tomó para garantizar el cumplimiento de su trabajo permanecerán en manos de la Defensoría Penal Pública para la eventualidad de que un tribunal laboral resuelva que de ahí se paguen los sueldos y la previsión adeudados por la empresa, ya que existen demandas laborales entabladas, dijo el asesor Montes a CIPER.

LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Juan Pablo Montes describió que en agosto comenzaron a recibir información de los problemas de DJP y tomaron la decisión de conversar con la empresa para que transparentara su situación. A comienzos de septiembre hubo una reunión de abogados afectados con la Defensoría Regional Sur, a la que asistieron la directora regional, Viviana Castel, y el director administrativo de la repartición, Roberto Insunza.

Uno de los abogados presentes refirió a CIPER que los directivos de la Defensoría les anunciaron que para asegurar la continuidad de las defensas de imputados y condenados, y al mismo tiempo evitar que los profesionales quedaran cesantes al momento de caducar el contrato con DJP, les harían contratos directos a cada uno. Pero había condiciones: que no demandaran subsidiariamente a la Defensoría Penal Pública (por la ley de subcontrataciones) y tampoco a la empresa DJP. Si la demandaban, no serían contratados.

“Me sorprendió que defendieran a DJP y me pregunto qué razones tendría la Defensoría para eso. Tal vez no querían ver que este escándalo se ventilara en tribunales o puede ser por amistades políticas, ya que hay vínculos con la DC”, dijo el mismo abogado a CIPER.

Consultada por esta versión, la Defensoría Regional Sur argumentó que Viviana Castel, su directora, se encontraba en un seminario y no podía responder los requerimientos de CIPER. Oficialmente, desde la Defensoría Sur se dijo a CIPER que los abogados habían entendido mal lo que se les dijo en la reunión de comienzos de septiembre; que se les pidió que no demandaran a la Defensoría, porque ello implicaba legalmente que no podían ser contratados si estaban en litigio con el Fisco. Y que, respecto de DJP, solamente se les indicó que debían desvincularse laboralmente de esa empresa para poder firmar con la Defensoría.

Al menos cuatro abogados no aceptaron las condiciones y algunos ya demandaron laboralmente a DJP por lo adeudado.