Asesorías e Inversiones Lima ocupa el cuarto lugar en el ránking de las sociedades que recibieron los pagos más altos de SQM que luego fueron rectificados por la misma minera ante Impuestos Internos (SII). La firma, que facturó $185 millones a SQM, es propiedad de la asesora en comunicación estratégica y lobista Cristina Bitar Maluk, quien fuera la generalísima de campaña de Joaquín Lavín (UDI). Si SQM rectificó estos desembolsos es porque no tiene certeza de que Asesorías e Inversiones Lima efectivamente prestó los servicios que se le pagaron y porque se trata de una empresa vinculada al mundo político, una mezcla explosiva en el contexto de la investigación por financiamiento político ilegal que afecta a la minera. Cristina Bitar no entregó al SII ninguna justificación para los pagos y si el organismo no inició acciones legales en su contra fue porque consideró que el eventual delito estaba prescrito.

Ahora CIPER tuvo acceso a dos datos nuevos que vinculan a Bitar al financiamiento irregular de la política: su empresa realizó al menos un pago a una de las integrantes de la red de boleteros de Pablo Longueira (UDI) y además rectificó casi $50 millones durante el periodo especial abierto por el SII en medio del escándalo del financiamiento político. Aunque Bitar no entregó una explicación que justifique estos hechos, ni a la Fiscalía ni a Impuestos Internos, se puede concluir que entre los años 2009 y 2010 su empresa no sólo recibió millonarios desembolsos de SQM, sino que también hizo pagos por servicios no prestados vinculados a Longueira y luego rectificó su situación tributaria correspondiente a ese periodo.

Joaquín Lavín

Cristina Bitar apareció por primera vez en el radar de los fiscales cuando la cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, Carolina de la Cerda, declaró haber depositado un cheque por $2,5 millones en su cuenta personal el 7 de agosto de 2009. Ese dinero provenía de las boletas falsas que De La Cerda había emitido a SQM. Cuando Bitar declaró ante el fiscal Carlos Gajardo el 20 de enero de 2015 reconoció este pago:

–Respecto del cheque de Carolina de la Cerda, me enteré de esto por la prensa hace algunos días, no lo recordaba. Solicité a mi banco información y he podido confirmar que el 7 de agosto de 2009 se depositó a mi cuenta corriente personal un cheque por $2.500.000, emitido por Carolina de la Cerda, a quien no conozco. Sí conocí a su hermana, con quien compartí en instancias sociales por ser la señora de Pablo Wagner, a quién conocía desde 2004, durante el periodo de campaña presidencial de Lavín.

En su declaración, Cristina Bitar agregó que cuando trabajó en la fallida campaña senatorial de Joaquín Lavín (UDI) en 2009 incurría en gastos que luego le eran reembolsados por Ernesto Silva Bafalluy (fallecido), quien estaba a cargo de los dineros de esa candidatura. El cheque de Carolina de la Cerda habría sido parte de los reembolsos que recibía por los gastos que hizo durante la campaña de Lavín.

Pero esa vinculación, que surgió cuando la investigación por el financiamiento de la política aún estaba centrada en Penta, fue solo un apronte para lo que vendría después. Cuando a comienzos de abril de 2015 SQM hizo la rectificación tributaria que sacó a la luz sus millonarios aportes a personas de todo el espectro político, en la lista también figuraba Asesorías e Inversiones Lima, sociedad de Cristina Bitar, con pagos por $185 millones.

Ahora CIPER tuvo acceso a nuevos antecedentes que indican que la sociedad de Bitar no sólo recibió dineros cuestionados, sino que también pagó dinero por servicios que no se hicieron, lo que se conoce como boletas ideológicamente falsas.

TESTIMONIO DE UNA BOLETERA

Hasta ahora Ana Carolina Palacios era identificada como una de las boleteras que aportaron a las fundaciones de Pablo Longueira. Palacios es cuñada de Carmen Luz Valdivielso (conocida como Titi), la histórica asesora de Longueira que organizó una red de colaboradores para emitir boletas falsas a distintas empresas.

Cuando el 3 de junio de 2015 Ana Carolina Palacios declaró ante la fiscal Carmen Gloria Segura, reconoció haber entregado a Titi Valdivielso su talonario de boletas para que ella las utilizara a discreción: “Y como yo sabía que trabajaba en fundaciones como Chile Justo y Fundación Web y Fundación Jaime Guzmán, no le pedí más detalles pero sí le dije que yo iba a declarar los impuestos así que ella se preocupara de pagar los impuestos de la retención, y ella me dijo que sí y yo le pedí que no me metiera en nada trucho y ella me dijo que era algo que se hacía habitualmente y que no era trucho”, señaló.

Carmen Luz Valdivielso, durante su formalización.

En total fueron ocho boletas falsas a SQM por $50 millones brutos. En la misma declaración judicial, Palacios reconoció no haber prestado ningún servicio que justificara esos pagos. También hubo otras empresas. En 2010 Valdivielso le habría solicitado, según el testimonio de Palacios, boletas para Cencosud ($7 millones) y para el Banco BCI ($8 millones). Ana Carolina Palacios también reconoció no haber realizado ningún trabajo para esas empresas.

Palacios volvió a declarar el 29 de octubre de 2015, esta vez ante el SII, y fue ahí donde involucró a Cristina Bitar. Los funcionarios del SII le preguntaron por las retenciones que aparecen en su registro vinculadas a Asesorías e Inversiones Lima, y su respuesta fue concluyente: “No conozco a esta empresa. Estas boletas son de lo mismo que se trata Soquimich, donde mi cuñada Carmen Luz Valdivielso Almarza en el año 2009 me pidió la emisión de algunas boletas, yo entendí que era para cobrar dinero que se destinaría a fundaciones de ayuda social, ya que ella trabaja en varias fundaciones, y yo le pase el talonario”.

Las boletas falsas que Ana Carolina Palacios emitió a Asesorías e Inversiones Lima totalizaron $2,1 millones durante el año tributario 2010. Un monto bajo, pero que se suma a un nuevo dato contenido en un informe del SII: la empresa de Bitar rectificó pagos correspondientes al mismo periodo.

Cuando a inicios de 2015 el escándalo de las platas políticas se extendió a SQM, el entonces director del SII, Michel Jorratt, abrió un periodo especial “para la auto denuncia y rectificación de declaraciones afectadas con operaciones que generaron ventajas fiscales indebidas” entre 2009 y 2015. Sin el maquillaje del lenguaje burocrático, la medida buscaba que quienes habían utilizado boletas o facturas ideológicamente falsas para esconder aportes políticos por fuera de la vía legal dieran un pie atrás y pagaran los impuestos y las multas correspondientes.

Dentro de ese periodo, el 17 de abril de 2015, Asesorías e Inversiones Lima presentó una solicitud de rectificación tributaria ante el SII por $49,8 millones correspondientes al año tributario 2010. El informe del SII al que accedió CIPER señala que la empresa utilizó las boletas falsas de Carolina Palacios para rebajar la base imponible del impuesto de primera categoría.

El informe del SII no profundiza en la rectificación de Asesoría e Inversiones Lima, por lo que hasta ahora se desconoce qué otros pagos se incluyeron en esa corrección tributaria y si la empresa de Bitar enmendó pagos realizados en otros años. Contactada por CIPER, Cristina Bitar no despejó las principales interrogantes, aunque envió una respuesta por escrito que confirma que su empresa realizó rectificaciones tributarias en el periodo especial convocado por el SII:

“Como muchos otros contribuyentes, Asesorías e Inversiones Lima Ltda. se acogió voluntariamente a un llamado realizado por el Servicio de Impuesto Internos a regularizar su situación tributaria, entregando todos los antecedentes y pagando los impuestos correspondientes. Asesorías e Inversiones Lima Ltda., utilizando un criterio estricto y conservador, cumplió oportunamente con este trámite y no cuenta con contingencias tributarias vigentes”.

SILENCIO SOBRE LOS MILLONES DE SQM

Fue entre agosto de 2009 y marzo de 2010 que la sociedad Asesorías e Inversiones Lima emitió siete facturas a SQM por un total de $185 millones. Las fechas coinciden con el periodo pre y post electoral de las senatoriales en que Joaquín Lavín perdió la carrera por la Quinta Costa, campaña en que lo asesoró Cristina Bitar.

Debido a estos antecedentes, el 14 de enero de este año la Fiscalía le encargó a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) que solicitara la entrega voluntaria de la documentación contable de la sociedad entre 2009 y 2014. Los detectives fueron a la casa de Cristina Bitar en Vitacura el 1 de febrero, ya que ella figura como representante legal de la sociedad, para solicitar los documentos, pero nadie respondió a su llamado. Esa fue la segunda vez que la PDI se apersonaba en el domicilio de Bitar, ya habían estado ahí a mediados de 2015 para citarla a declarar.

Luego de la segunda visita, a través de su abogado, Miguel Chaves, Bitar comunicó que se encontraba de vacaciones y que las personas a cargo de la documentación solicitada solo volverían a estar operativas en marzo, por lo que solicitó una prórroga hasta el 15 de ese mes, lo que fue concedido. Sin embargo, no hay registro de que la documentación se haya entregado a la fiscalía.

Cristina Bitar

Al Departamento de Delitos Tributarios que realizó la investigación en el SII, tampoco le hizo llegar su información contable, argumentando que ya la había entregado a la Dirección de Grandes Contribuyentes del mismo organismo. Cuando fue llamada a declarar por los pagos de SQM, en abril de 2015, Bitar simplemente no asistió. Ese mismo mes la Fiscalía la requirió para conocer su versión sobre los millones de SQM, pero esa vez Bitar guardó silencio.

El 12 de abril de 2016 el SII presentó una querella contra numerosos contribuyentes por haber facilitado boletas o facturas falsas a SQM. El escrito señala que Inversiones y Asesorías Lima “no logró acreditar satisfactoriamente la efectiva prestación de los servicios”. Y es que ni siquiera lo intentó. La misma querella afirma que la empresa “no aportó antecedente alguno” para intentar justificar el millonario pago desde la minera. Pese a ello, la sociedad de Bitar quedó excluida de la acción penal pues el SII estimó que por el tiempo transcurrido, la “responsabilidad penal se encontraba extinguida”.

Hasta el momento, Bitar no ha aclarado públicamente a qué corresponden los $185 millones que recibió de SQM en 2009, en pleno periodo electoral, ni en qué se utilizaron. Aunque hay indicios: además del reconocimiento que la misma Bitar hizo de haber recibido un cheque de Carolina de la Cerda para cubrir gastos en que ella había incurrido en la campaña, la declaración en Fiscalía de la secretaria de Joaquín Lavín confirmó que en esa campaña política se utilizaron fondos provenientes de SQM.

UNA MUJER PODEROSA

Cristina Bitar Maluk tiene ADN político. Es sobrina del ex ministro Sergio Bitar (PPD) y está casada con un primo de Joaquín Lavín (Juan Pablo Solís de Ovando Lavín). Esa cercanía la llevó a ser la generalísima de la campaña presidencial del gremialista en 2005 y luego sumarse a la senatorial de 2009 cuando Lavín intentó, sin éxito, convertirse en senador por Valparaíso.

El también gremialista Pablo Zalaquett (formalizado en el caso Penta) fue su socio cuando en 1996 decidieron fundar Captiva, la primera empresa de asesorías en que Bitar participó y que terminó vendiendo a mediados de la década del 2000 a la norteamericana Hill & Knowlton. Entre 2007 y 2009 lideró Independientes en Red, grupo de profesionales que funcionó como satélite de la Alianza por Chile, y que estaba pensado como un sustento técnico de las propuestas programáticas de la derecha.

Actualmente es socia y directora de Azerta (junto a Gonzalo Cordero y Felipe Edwards), una de las empresas de asesorías empresariales más poderosas de la plaza y que cuenta entre sus clientes a Cencosud, Ultramar, Transelec, Coca Cola y al Grupo Costanera.

Al menos dos son las sociedades comerciales que ha formado el recién nombrado ministro de Justicia, Jaime Campos Quiroga, con el abogado Francisco Zúñiga Urbina. Este último figura como asesor legal de la empresa Morpho, involucrada en las fallas computacionales que ha sufrido el Registro Civil y que podrían ser la causa del error en el domicilio electoral de casi medio millón de votantes. El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia, ahora dirigido por Campos, por lo que esa cartera debe determinar las responsabilidades en los errores del padrón electoral.

Francisco Zúñiga

En su primera jornada al mando de la cartera, Jaime Campos (radical y ex ministro de Agricultura en el gobierno de Ricardo Lagos) descartó un posible “conflicto de interés” para abordar el caso del Registro Civil. Ante la prensa, Campos dijo que no tiene “sociedades profesionales” con Zúñiga, por lo que tampoco tiene relación con la asesoría legal que éste presta a Morpho. Efectivamente, no hay registro de alguna “sociedad profesional” que integren Campos y Zúñiga, pero en el Diario Oficial sí aparecen al menos dos sociedades comerciales en las que ambos tienen participación.

Inmobiliaria Comercio e Inversiones Bicentenario Limitada y Minera Bicentenario S.A. son las dos sociedades comerciales en las que aparecen el ministro Campos y el abogado Zúñiga. La primera se formó en octubre de 2001, con un capital social de $235 millones, pero Campos ingresó a ella tres años después, en 2004. Al sumarse a la inmobiliaria lo hizo con un 15,3% del capital social. En ese momento, los otros socios eran el ya mencionado Francisco Zúñiga (con el 61,5%) y la Inmobiliaria e Inversiones y Comercio Las Vertientes de Los Domínicos Limitada, integrada por el abogado Enrique Donoso Silva (23,2%). Los tres –Campos, Zúñiga y Donoso– formaban parte de la oficina de abogados Zúñiga, Donoso, Marambio & Campos Abogados.

La Minera Bicentenario fue constituida el 10 de marzo de 2010. Y en ella se repiten los nombres de Campos, Zúñiga y Donoso. A ellos se sumaron los abogados Hernán Víctor Horacio Montealegre, Francisco Saavedra Galleguillos (quien se integró a la sociedad a través de Inversiones Soledad Limitada) y Héctor Marambio Astorga (quien lo hizo por medio de su sociedad Marambio y Compañía Limitada). Este último también fue parte del estudio jurídico con el ahora ministro y Zúñiga.

LA ACUSACIÓN DE MONCKEBERG

El jueves 20 de octubre, apenas se conoció el nombramiento de Campos, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) informó que el nuevo ministro era socio del abogado que representa a la empresa computacional Morpho, la que se ha adjudicado licitaciones en el Registro Civil para trabajar en el sistema informático de esa repartición. A juicio de Monckeberg, esto genera un “conflicto de interés”, toda vez que Campos será el responsable de aclarar si Morpho tuvo participación en eventuales fallas informáticas que podrían haber generado el irregular cambio de domicilio electoral de miles de ciudadanos. El mismo Campos, en declaraciones a la prensa, aseguró que sería implacable para establecer responsabilidades por los problemas del padrón electoral: “Rodarán cabezas”, dijo.

Enfrentado a la acusación de Monckeberg, el ministro Campos aseguró que no tiene “sociedades profesionales” con el abogado Zúñiga. Aunque su estudio jurídico se denomina Zúñiga, Donoso, Campos & Abogados Asociados, el ministro dijo que solo mantiene una “comunidad de techo” con Zúñiga. Y agregó: “Junto con otros colegas somos los dueños del inmueble donde está la oficina profesional de él y el despacho profesional mío, pero cada cual atiende sus propios clientes”.

Nicolás Monckeberg

Tal como lo señaló el ministro, el registro del Diario Oficial indica que la Inmobiliaria Bicentenario se formó para administrar las oficinas de Miraflores 383, que sirven de sede al estudio jurídico. Pero, la sociedad también tiene por objeto “el ejercicio del comercio en cualquiera de sus formas, la compra y venta de bienes muebles y mercaderías, materias primas o productos manufacturados, maquinaria, equipos y bienes de capital y herramientas para minería, industria y comercio”, entre otras actividades lucrativas.

La Minera Bicentenario, en tanto, se constituyó con un capital social de $100 millones y con el objeto de desarrollar “exploración y explotación de pertenencias mineras” y otras actividades relacionadas con ese rubro.

Tanto la Inmobiliaria Bicentenario como la minera del mismo nombre están vigentes, según los registros del Servicio de Impuestos Internos, y han emitido documentos tributarios durante 2016.

CIPER se comunicó con el ministro Campos para que aclarara si a través de estas sociedades ha realizado negocios con Zúñiga y, de ser así, si aquello podría generar un conflicto de interés. La misma gestión se hizo con Francisco Zúñiga, a quien se le dejó un mensaje en su oficina, pero el contacto no prosperó.

El ministro Campos atendió las consultas de CIPER. Señaló que con Zúñiga, a través de la Inmobiliaria Bicentenario, solo son dueños de las oficinas que comparten. También sostuvo que, aunque la sociedad se constituyó con variados objetivos comerciales, se ha limitado a la administración del inmueble: “Somos dueños de la oficina, del estudio, del inmueble, a través de la sociedad que se llama Bicentenario. Lo único que tiene esa sociedad es la propiedad de la oficina de Miraflores. Cuando uno constituye una sociedad le pone 500 mil objetivos, pero esa sociedad lo único que tiene es la oficina”.

Respecto de la Minera Bicentenario, el ministro Campos reconoció que tiene sociedad con Zúñiga en al menos tres mineras: “Yo con ‘Pancho Zúñiga’ estoy metido en dos o tres sociedades mineras, son sociedades anónimas cerradas y dueñas de pertenencias mineras, pero no las estamos explotando, estamos en etapas iniciales. Si las  explotara no estaría sentado acá. Para explotarlas se necesita mucho dinero”. Según señaló, los nombres de estas sociedades mineras son Caspiche, Seca y Bicentenario.

En relación a un posible conflicto de interés por sus negocios con Zúñiga, Campos reiteró que lo descarta: “No tengo nada que ver con Morpho y no creo que la investigación del ministerio (de Justicia) apunte a eso, porque nosotros estamos viendo el Registro Civil (…) Morpho es un cliente de ‘Pancho’ Zúñiga, yo no me meto con sus clientes. Yo estoy inhabilitado respecto de mis clientes”. No obstante, dijo que “si tengo que tomar una resolución y es conveniente que me inhabilite, tendré que ver si lo hago (…).  Si el día de mañana tengo que ejecutar un acto que se relacione con esta empresa Morpho, que según se ha dicho es cliente de mi comunero y de mi amigo ‘Pancho’ Zúñiga, ahí veré si estoy inhabilitado o no”.

El nuevo ministro de Justicia agregó: “Hay cinco ministros de la Corte Suprema con los que somos contemporáneos de la facultad en la Universidad de Concepción y si mañana tengo un problema con la Corte Suprema, ¿me voy a tener que inhabilitar? Si alguien piensa que es así, creo que solo una persona que venga de la quinta órbita de Júpiter puede asumir en el Ministerio de Justicia o si no vayan a buscar a un monje para que asuma”.

LOS NEXOS POLÍTICOS DEL ABOGADO DE MORPHO

Francisco Zúñiga Urbina es abogado de la Universidad de Chile y sus nexos con el mundo político son prolíficos. Vinculado al PS, integró el comando de la última campaña presidencial de Michelle Bachelet. En ese equipo se sumó a la comisión encargada de elaborar una propuesta para cambiar la Constitución. En 2014 asesoró al Ministerio de Hacienda durante la tramitación de la Reforma Tributaria.

Zúñiga también representó a la Nueva Mayoría ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en mayo pasado, en el proceso por los cuestionamientos a la inscripción de los candidatos oficialistas a las primarias para las elecciones municipales que se celebran este domingo 23. Antes, entre 2006 y 2009, fue abogado integrante del Tribunal Constitucional.

Junto con desarrollar estas actividades relacionadas con el sector público y el conglomerado oficialista, también se ha desempeñado para clientes del mundo privado. Asesoró a la Asociación de Bancos durante la tramitación del proyecto denominado Nuevo Sernac, en 2014. Entonces, una nota de El Mostrador señaló que Zúñiga fue contratado por la banca “a través del estudio ZDC y Abogados Asociados, del cual es socio junto al ex ministro de Agricultura, Jaime Campos”.

Chile no solo ostenta el récord de ser actualmente el país más desigual de la OCDE; su desigualdad ha sido candidata a medalla de oro desde mucho antes de ingresar a ese club internacional: por lo menos desde 1964. Es decir, la falta de equidad ha campeado en nuestro país con independencia de si gobernaba un DC, como Eduardo Frei  Montalva; un socialista, como Salvador Allende;  un dictador de tipo neoliberal, como Augusto Pinochet, o cualquiera de los cinco presidentes desde el retorno a la democracia hasta hoy. Solo en la última década un país de la OCDE nos ha disputado el primer lugar: Estados Unidos, una nación que, como dijo a CIPER el cientista político Jeffrey Winters, tiene una concentración de la riqueza superior a la que tenía el imperio romano. Entre los países latinoamericanos que tienen datos comparables, solo Colombia se nos acerca. Argentina y Uruguay son mucho más equitativos.

Por supuesto, ha habido variaciones en los niveles de desigualdad chilenos en el último medio siglo. El periodo de mayor equidad lo alcanzamos en la década 1964-1974, con los años 62, 68 y 74, como hitos;  el periodo de más desigualdad se produjo a partir de los 80. Luego, se redujo paulatinamente desde el retorno a la democracia (1989) hasta 2010, aunque sin llegar a los niveles de las décadas de los 60 y 70.

Estos datos provienen de la  investigación “Ingresos altos en Chile: una perspectiva histórica de la desigualdad en los ingresos personales (1962- 2014)” (“Top  incomes in Chile: a historic perspective  of personal‐income inequalities”), llevada adelante por un grupo de académicos que adelantaron algunos de sus resultados este jueves en la conferencia sobre la desigualdad, organizada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

El eje de este trabajo es el gráfico que aparece aquí abajo (figura 1) y que muchos investigadores del tema desigualdad  y también del área tributaria esperaban ver hace tiempo: la secuencia más larga que se ha logrado generar sobre cómo el 1% más rico se apropia de un alto porcentaje de los ingresos (nunca menos del 20%  en los últimos 25 años, cuando se ajusta el nivel de evasión como muestra la figura 2 que aparece más adelante).

Figura 1 - Participación en el ingreso en Chile del 1%, el 0,1% y el 0,01% (sin ajuste por evasión)

Los autores de este estudio son Facundo Alvaredo, Jorge Atria, Ignacio Flores, Ricardo Mayer y Claudia Sanhueza, todos economistas, salvo Atria, que es sociólogo.

En el grupo destaca Claudia Sanhueza y Facundo Alvaredo. La primera es directora del Magister de Políticas públicas de la U. Diego Portales, miembro de la llamada “Comisión Bravo” que analizó el sistema de AFP, experta en pobreza y que junto a Ricardo Mayer hizo en 2011 una de las primeras estimaciones sobre la concentración de la riqueza y la desigualdad usando datos de la encuesta de empleo de la U. de Chile; y Alvaredo ha publicado junto a Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y  Anthony Atkinson, autores claves en las investigaciones modernas sobre concentración y desigualdad. Estos últimos desarrollaron una metodología basada en datos tributarios que fue aplicada en la presente investigación, lo que permite que los resultados obtenidos para Chile puedan integrarse a la World Wealth Income Database, un proyecto mundial en el que desde hace 15 años unos 90 investigadores reconstruyen cómo ha evolucionado la desigualdad en el mundo en el largo plazo.

En un país acostumbrando a oír que es parte del club de los más desiguales del mundo, la mirada histórica que aporta esta investigación nos enfrenta al hecho de que la desigualdad extrema ha sido parte de la cultura chilena y está internalizada en la forma de relacionarnos al menos durante los últimos 50 años. A la vez, esta mirada de largo plazo complejiza las posibles explicaciones para este problema. Por ejemplo, usualmente se considera apropiado subir los impuestos para enfrentar la concentración, sin embargo, las variaciones que se registran en Chile no parecen obedecer a eso. Dice el estudio: “La coexistencia de tasas de impuestos constantes en el periodo de máxima variación de participación de los ingresos altos en la riqueza (1962-1980) sugiere que las tasas de impuestos no son el principal determinante de los niveles de ingreso que obtienen los más ricos.”

Pero, entonces, ¿qué explica este persistente alto nivel de desigualdad por sobre el resto de los países?

Claudia Sanhueza explicó a CIPER: “En este estudio medimos la desigualdad observando qué proporción del ingreso total se lleva el 1% más rico. La distancia que tiene  Chile respecto de otros países con datos comparables se relaciona con que los ingresos altos provienen, fundamentalmente, de ingresos empresariales y financieros, no de ingresos laborales. Esto muestra que los beneficios de las actividades productivas han estado favoreciendo principalmente a los propietarios de las empresas y no a los trabajadores. Esto, en un contexto en que los trabajadores no negocian colectivamente, tienen bajas tasas de sindicalización y con empresarios que no han desarrollado actividades productivas. Además, hay un tema de influencia política. Cuando los ingresos están concentrados como en Chile, es probable que a través del financiamiento a la política los ingresos altos influyan para que se generen políticas que los favorecen. Finalmente, también hay un tema en la concentración en varios mercados y falta de competencia, lo que se traduce en altas rentas económicas no debido a la generación de mayor valor agregado sino a rentas monopólicas”.

PROBLEMAS DE LA CASEN

La investigación también muestra que desde 2010 hasta 2014 la desigualdad ha vuelto a crecer en Chile, lo que contradice lo afirmado a partir de la encuesta Casen 2015, donde los datos sugirieron que la desigualdad estaba bajando levemente.

Esa no es la única contradicción que detectan entre el cuadro que muestra la Casen y los datos tributarios de Impuestos Internos. De hecho, al examinar en una perspectiva histórica esta encuesta que vienen haciéndose desde 1987 los autores detectaron que la Casen permanentemente  “ha subestimado a niveles irreales los ingresos más altos”, por lo que consideran que no es un buen instrumento para analizar la desigualdad.

Como ejemplo, el estudio resalta que en 2009, de acuerdo a las cifras tributarias, las 77 personas más ricas declararon un ingreso mensual de $100 millones, mientras que de acuerdo a la Casen de ese año los 77 más ricos registraron ingresos sólo por $10 millones. En palabras de los autores, la Casen puede decir con mucha precisión qué es lo que pasa en la mitad de la distribución de ingresos, pero dice poco sobre lo que ocurre entre los más ricos.

Esta debilidad de la Casen refuerza la opción tomada por el grupo de Alvaredo y otros de usar datos tributarios históricos elaborados por el Servicio de Impuestos Internos. En particular, consideran el Impuesto global complementario (que se aplica a las personas naturales por el total de sus rentas, ya sea que provengan de Chile o el extranjero).

Pero esos datos no han sido fáciles de obtener. De los casi tres años que ha llevado sacar adelante esta investigación, buena parte de ellos se fueron en reunir la información, que no se encontraba en un solo lugar ni estaban organizados de la misma manera (por ejemplo, el  SII  cambiaba cada cierto tiempo los tramos de ingreso que informaba).  Por ello, reunir  50 años de datos y hacer estimaciones a partir de ellos es uno de los grandes aportes de esta investigación.

Los autores reconocen que la información tributaria también tiene limitaciones: al tomar en cuenta lo que las personas declaran, es imposible limpiar completamente la distorsión producida por la elusión y evasión tributaria, fenómenos que llevan a subestimar los reales ingresos de los más ricos.  Para lidiar con este problema la investigación acudió al trabajo de Tasha Fairfield y Michel Jorrat (Top Income Shares, Business Profits, and Effective Tax Rates in Contemporary Chile), quienes accedieron a dos años de microdatos tributarios y, combinándolos con información de ingresos corporativos, pudieron hacer estimaciones bien fundadas sobre la evasión.

Fairfield y Jorrat afirman en su estudio: “Los dueños encuentran formas legales e ilegales de consumir las utilidades sin declarar dividendos y por lo tanto sin pagar el correspondiente impuesto individual: por ejemplo, vehículos de lujo para uso personal pueden ser registrados a nombre de la empresa (elusión) o la distribución de utilidades puede ser simplemente omitida de las declaraciones de impuestos (evasión). La evasión del impuesto a la renta se estima en 46%, y esencialmente está asociada a la distribución de utilidades y dividendos”. Las estimaciones de Fairfield y Jorrat sobre los niveles de evasión fueron usadas en la presente investigación.

En el caso chileno, las cifras tributarias presentaron otro problema: la desaparición de todas las bases de datos entre 1982 y 1989, periodo que coincide con el despegue económico de Chile. El estudio estima que en ese periodo ocurre el peak de desigualdad en los últimos 50 años. Sobre la desaparición de la información, el estudio afirma que  “no es muy sorprendente que ocurra en dictadura”.

Esa limitación de datos impidió también realizar estimaciones sobre los ingresos que posee el 0,1% de la población y el 0,01% y solo se pudo trabajar el 1% más rico.

El estudio determina que ese 1% obtuvo el 27% de los ingresos del país en 1990 y capturó el 23% en 2014.  Pese a la tendencia a la baja, esos porcentajes ubican a la elite chilena como la que durante más tiempo y con más éxito ha logrado apropiarse de la riqueza de su país, entre las elites de la OCDE y de Latinoamérica.

COMPARACIONES INTERNACIONALES

Al comparar a Chile con países latinoamericanos donde hay información disponible, el único que se nos acerca es Colombia cuya elite alcanzó a la chilena en 2010, apropiándose de cerca del 23% de los ingresos de su país. Con todo, los datos muestran que estamos mucho más arriba que Argentina o Uruguay. Un cuadro más completo se obtendrá cuando estén disponibles las cifras de países de alta desigualdad, como México y Brasil.

Figura 2 – Comparación internacional del 1% más rico (con ajustes por evasión) Latinoamérica 1990-2013

Figura 3 – Comparación internacional, top 1% de 19 miembros de la OCDE)

Chile también destaca al considerar 19 países miembros de la OCDE que tienen datos comparables. El 1% más rico de Chile aparece concentrando consistentemente al menos 10 puntos porcentuales más que el resto de las elites. “El único país que alcanza un nivel similar es Estados Unidos y solo desde mediados del 2000”, afirma el estudio.

El artículo se cierra analizando si se aplica a Chile la explicación que ha dado Thomas Picketty para el aumento exponencial de la concentración de la riqueza en los últimos 50 años en el mundo. Esto es, que las tasas de retorno del capital (que constituyen gran parte de los ingresos de la elite) son superiores a las tasas de retorno del trabajo (que constituyen gran parte de los ingresos del 99% de los ciudadanos del mundo). En Chile, sin embargo, faltan datos para corroborar si este fenómeno ocurre y explica la extrema desigualdad. De hecho, el estudio da cuenta de que los datos tributarios de las personas parecen no recoger a cabalidad los ingresos corporativos, por lo que a los autores les parece urgente comprender mejor, en el contexto chileno, cómo operan esos ingresos que se reportan como corporativos, pero que se usan con propósitos personales.

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz  junto al suizo Mark Pieth, experto en Derecho Penal, se lanzaron de frente contra los paraísos tributarios y su efecto nefasto en la economía mundial. En un estudio publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y reproducido por importantes medios del mundo, ambos expertos reclaman que la guerra contra el terrorismo muestra que Estados Unidos y Europa tienen herramientas legales y tecnológicas para poner freno a estos paraísos; y que si los gobiernos no las usan es por el enorme poder que tienen quienes se benefician de esas opacas estructuras financieras (ver estudio en inglés).

El estudio de Stiglitz y Pieth está basado en los hallazgos de la investigación periodística internacional -que encabezó el ICIJ y en la que participó CIPER- conocida como los “Panamá Papers”. Uno de sus argumentos es que la evidencia actual ha despejado cualquier duda sobre el negativo impacto que estas jurisdicciones tienen en la economía del mundo: sirven para lavar dinero (desde el que se origina en el narcotráfico al negocio de las armas); para que los ricos del mundo no paguen los impuestos que deben en los países donde generan sus utilidades; y por último, sirven para que la desigualdad crezca a niveles altísimos en todo el planeta.

Stiglitz y Pieth afirman: “En un mundo globalizado, si hay un bolsillo secreto, los fondos se van a dirigir hacia él. Esa es la razón por la que se necesita un sistema de transparencia global”.

Joseph Stiglitz

Tal vez lo más relevante del estudio es que ofrece una serie de propuestas concretas para terminar o al menos reducir el impacto de los paraísos tributarios. Entre ellas, sugiere que se declare ilegal para cualquier ciudadano o empresa tener una cuenta en un país o una jurisdicción que no coopere con el resto de las naciones; también convertir en ilegal ya sea para individuos o corporaciones ser accionistas, directores y/o fideicomisarios de una sociedad establecida en un paraíso tributario. Su propuesta también apunta a los bancos al proponer declarar ilegal a aquellos que tengan vínculos o interactúen de cualquier manera con otras instituciones financieras de países con jurisdicciones opacas.

Stiglitz y Pieth agregan: “El castigo para la violación de estas prohibiciones debe ser severo. Un banco u otras instituciones que violen estos principios deben perder sus permisos para operar; lo mismo para abogados que operen con esas jurisdicciones”. Y sobre las empresas que se transan en la bolsa y que no informan a las autoridades quiénes son sus reales beneficiarios (esconder quien es el dueño efectivo de una empresa o un bien es uno de los principales servicios de estos paraísos), proponen que deben perder la facultad de transar sus acciones en la bolsa.

El ataque contra los paraísos tributarios, según Stiglitz y Pieth, debe incluir tanto a las empresas como a los asesores, principalmente a los abogados, que diseñan los entramados jurídicos que permiten la elusión. A esa estructura global de consultoría y asesoría el cientista político Jeffrey Winters la bautizó “la industria de la defensa de la riqueza”.

El economista estadounidense y el criminólogo suizo afirman en su estudio: “Cualquier abogado, u otro actor legal que a sabiendas cree una corporación con el propósito primario de evadir o eludir impuestos o facilitar el lavado de dinero, debe ser objeto de una suspensión y en caso de reiteración de la conducta, objeto de revocación de su licencia”.

Ambos expertos recogen también una propuesta que hace el  economista Gabriel Zucman en su libro La riqueza oculta de las naciones (University of Chicago Press, 2015). Zucman sostiene un hecho obvio: que aunque las autoridades tributarias frecuentemente no saben quiénes son los propietarios de muchas compañías, o de muchos bienes, pues estos se pierden en un entramado de redes de sociedades, es evidente que esa información existe, que los bancos y, sobre todo, los paraísos tributarios la conocen. Lo necesario dice entonces Zucman, es obligar a estas instituciones y países a que esa información se dé a conocer.

En ese sentido, sugieren que cada país debe establecer un registro público que identifique a los directores y propietarios finales de todas las compañías,  fundaciones y fideicomisos que operan dentro de sus fronteras. Lo mismo debiera exigirse para las transacciones inmobiliarias: se tiene que conocer  siempre la identidad del verdadero propietario.

SUIZA Y SUS EFECTOS TRIBUTARIOS

El duro foco del último estudio de Joseph Stiglitz y Mark Pieth es similar a la crítica ya formulada a los paraísos fiscales, y especialmente a Suiza, de Zucman. En esa investigación de 2015, Zucman describe cómo Suiza se transformó en el principal paraíso tributario mundial  y calcula el daño económico que ese país ocasiona a los países vecinos. Zucman afirma que al ofrecer estrategias para que los ricos de Alemania, Francia e Italia oculten sus fortunas, Suiza genera pérdidas que equivalen a imponerle a ese país una barrera comercial del 30%.

Mark Pieth (Foto: playthegame.org)

Stiglitz y Pieth van más allá de los daños meramente económicos.  Y resaltan el hecho de que la investigación de los “Panama Papers” (que reveló el trabajo interno del bufete de abogados panameños Mossack  Fonseca) mostró que los paraísos tributarios son usados para todo tipo de “actividades nefastas, desde la evasión tributaria y la corrupción, hasta incluso la pornografía infantil”.

En ese sentido, el Premio Nobel y el académico de la Universidad de Basel (Suiza) apuntan a los banqueros y abogados que construyen las redes societarias que llevan dineros hacia esas jurisdicciones. Y afirman que si bien “ellos pueden mirarse a sí mismos como personas que sólo hacen negocios y ayudan a sus clientes”, en la práctica –por el efecto de sus operaciones y la cantidad de leyes que vulneran- “pueden ser vistos como cómplices en la comisión de estos crímenes”.

El estudio -titulado Overcoming the Shadow Economy (Superando a la economía sumergida)- es el resultado de la participación de Stiglitz y Pieth en un comité de expertos independientes que el propio Presidente de Panamá convocó  luego del escándalo mundial que provocó la publicación en más de 130 países de los archivos secretos del bufete Mossack Fonseca. El objetivo de ese comité era proponer reformas legales e institucionales para que Panamá “se vuelva un buen ciudadano global y luche contra la evasión fiscal”. En agosto pasado ambos expertos renunciaron a ese comité argumentando que los funcionarios panameños se rehusaron a garantizar que el comité de expertos tendría completa independencia para realizar su investigación. Luego de su renuncia, el economista y el experto anti-corrupción elaboraron este estudio.

“PANAMA PAPERS”: UN HITO

La pregunta obvia que Stiglitz y Pieth intentan responder en su estudio es por qué países, como Panamá, que hasta ahora se han beneficiado con esas prácticas, deberían cambiar.

Según muestran las cifras del Banco Mundial, Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento en el mundo: 7,2 % anual entre 2001 y 2013. Este crecimiento le ha permitido reducir la pobreza y establecer sistemas universales de educación y salud gratuita. A diferencia de lo que puede pensarse, Stiglitz y Pieth dicen que la opacidad  tributaria no es tan relevante en ese crecimiento. Lo clave ha sido que el país ha sabido explotar las ventajas del Canal de Panamá que lo ha transformado en un centro logístico para las operaciones comerciales de Estados Unidos y ha sabido diversificar sus negocios.

El estudio puntualiza  que Panamá carga con el pasado de ser un “estado narco”, que llegó a su máxima expresión en la década de los ‘80 cuando fue gobernado  por el dictador Manuel Antonio Noriega, condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por sus vínculos con el Cartel de Medellín. El escándalo de los “Panamá Papers” pareció revivir  ese oscuro pasado aunque solo un 20% de las empresas que aparecieron en esa investigación eran panameñas. Ambos expertos destacan que Panamá está en una situación bastante injusta, pues la repercusión mundial de los “Panamá Papers” le hizo perder competitividad en el mundo del secreto tributario, frente a otros territorios que siguen operando en la sombras. Varias de esas jurisdicciones están al interior de países desarrollados.

Del estudio se desprende que a Stiglitz y a Pieth les importa mucho buscar una solución razonable para los paraísos tributarios. Señalan que para ello es necesario que dentro del grupo de países y jurisdicciones que mantienen esas prácticas, aparezcan países líderes “que muestren modelos alternativos que les permitan seguir creciendo y desarrollarse”.

Dirigiéndose a las naciones en desarrollo que coquetean en sus normativas con la opacidad bancaria o financiera,  sugieren que “cada país debe seriamente considerar si quiere quedarse atrapado en una lucha sin fin por seguir el ritmo de los estándares internacionales o si quiere servir de modelo, estableciendo los estándares que eventualmente otros se verán forzados a emular”.

Si esas jurisdicciones –afirman Stiglitz y Pieth- no cooperan con la transparencia, no cambian sus políticas opacas, entonces Estados Unidos y Europa tienen la obligación de hacer que estos territorios cumplan con los estándares de transparencia internacional. Esto obliga a Estados Unidos y al Reino Unido a revisar sus propios “bolsillos secretos” y comenzar a tratarlos como los ve la opinión pública: “portadores de enfermedades contagiosas”.

El 30 de diciembre de 2014, Natalia Compagnon acudió a la Séptima Notaría de Santiago a firmar un contrato con la empresa de servicios financieros Tanner Leasing. Ese día materializó su decisión de arrendar -con opción de compra- cinco oficinas y seis estacionamientos en un recién inaugurado proyecto inmobiliario ubicado en la intersección de Tobalaba con Eliodoro Yáñez (Providencia).

Eran días auspiciosos para CAVAL. Sus socios, Natalia Compagnon y el relacionador público Mauricio Valero, estaban a punto de recibir los $9.500 millones que les debía reportar la jugosa operación de venta de tres terrenos ubicados en una estratégica zona de Machalí (Sexta Región). CAVAL había adquirido los predios solo un año antes en $6.500 millones gracias a un préstamo del Banco de Chile y luego de que Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos, se reunieran por casi una hora con el controlador de la entidad financiera, Andrónico Luksic.

Los negocios de CAVAL iban en alza. También el patrimonio inmobiliario de su socia Natalia Compagnon. Cuando la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet acudió a la notaría el penúltimo día de 2014 a firmar el contrato por las cinco oficinas de Tobalaba, no solo tenía a su haber los tres predios en Machalí. También un departamento en el quinto piso del Edificio Crucero de San Alfonso del Mar (Algarrobo, Quinta Región), avaluado en $150 millones, y 12 terrenos en la localidad de Los Choros, Cuarta Región, avaluados en $78 millones (ver reportaje de CIPER).

Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Natalia Compagnon no fue la única de su círculo que puso los ojos en ese nuevo y moderno edificio de Providencia. Los documentos del Conservador de Bienes Raíces que revisó CIPER indican que otros ejecutivos de CAVAL siguieron sus pasos: el gerente de Finanzas, la encargada de proyectos tecnológicos e innovación y la asesora inmobiliaria de la empresa compraron oficinas y estacionamientos en ese mismo inmueble con solo meses de diferencia.

“Una imagen impecable para proyectar tu empresa”, señala la página web del proyecto inmobiliario. A poco más de un mes de firmado el contrato entre Compagnon y Tanner Leasing a fines de 2014, CAVAL se desplomó. El 6 de febrero de 2015, revista Qué Pasa reveló los términos del millonario negocio especulativo de tierras de CAVAL en Machalí. La onda expansiva del escándalo pegó de lleno en La Moneda y en los niveles de aprobación del gobierno de Michelle Bachelet.

La operación inmobiliaria dio pie a una investigación de la Fiscalía de Rancagua que ya tiene a más de una decena de formalizados. Entre ellos figura Natalia Compagnon, por delitos tributarios, y su socio Mauricio Valero, por el mismo delito y por cohecho.

El contrato de arriendo con opción de compra que Compagnon firmó al cierre de 2014 por las oficinas de Tobalaba, le abrió hace pocos días un nuevo flanco judicial. El 4 de noviembre, Tanner Leasing la demandó por el no pago de rentas. La empresa de servicios financieros reclama el pago de más de $265 millones por concepto de atrasos y multas. La acción judicial también va dirigida contra CAVAL, como fiadora y codeudora solidaria de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, que es la sociedad que aparece como titular en el contrato y de la que Natalia Compagnon y su madre son las únicas accionistas.

Es precisamente la sociedad San Lucas la que ha estado en los últimos meses al centro de las diligencias del fiscal Sergio Moya. Una de las hebras que ha tomado peso en la investigación del persecutor de Rancagua apunta a esclarecer el destino de los dineros obtenidos por la esposa de Sebastián Dávalos en su calidad de socia de CAVAL.

Tal como reveló CIPER, a solo once meses de haber sido creada en febrero de 2012, CAVAL obtuvo ingresos por sobre los $1.500 millones (ver reportaje). Casi el 90% de esos montos provinieron de diversas asesorías que tienen una fuente: el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha, quien se querelló en junio de 2016 por presunta estafa. La querella no individualizó responsables, pero se presentó luego de que Vial Concha declarara antes los fiscales haberse sentido engañado por CAVAL y sus asesores.

San Lucas estaba en el mapa del fiscal de Rancagua luego de que se detectara un traspaso de $25 millones desde CAVAL a esta sociedad. Se investiga si ese trasvasije de dineros realizado en 2012 fue parte de una maniobra de ocultamiento de fondos, debido a que la sociedad inmobiliaria y de inversiones de Compagnon nunca habría tenido movimiento.

De acuerdo a los registros del Servicios de Impuestos Internos (SII), San Lucas inició actividades el 6 de septiembre de 2012. A la fecha, y según la información del SII, no registra timbraje de documentos, procedimiento que permite legalizar facturas, boletas, pagarés y libros contables, entre varios otros papeles que respaldan las distintas operaciones que llevan a cabo los contribuyentes en sus actividades económicas.

STUDIO OFFICE TOBALABA

En 2011, la empresa Desarrollos Inmobiliarios 2000 compró dos terrenos en Eliodoro Yáñez (Providencia) para construir allí un edificio de oficinas: una torre de diez pisos y cuatro subterráneos, con estacionamientos y bodegas, locales comerciales y dos salas de reuniones en el primer piso. A solo pasos de la estación de Metro Cristóbal Colón, el proyecto –bautizado como Studio Office Tobalaba– ofrecía conexión “con los núcleos residenciales, corporativos, financieros y comerciales más importantes de Chile”.

Al parecer, el anuncio de venta de Studio Office Tobalaba les pareció lo suficientemente atractivo a Compagnon y Valero. De uno de los correos intercambiados entre Sebastián Dávalos y una de las ejecutivas de CAVAL, se desprende que al menos desde agosto de 2014 entre los planes de Compagnon y Valero estaba la mudanza de las oficinas de CAVAL desde la calle Nevería en Las Condes a Eliodoro Yáñez en Providencia.

Edificio Studio Office Tobalaba (Fuente: www.studioffice.cl)

El 8 de agosto, Sol Herreros le escribió un email a Sebastián Dávalos advirtiéndole que la entrega de las oficinas de Eliodoro Yáñez estaba atrasada. Herreros es amiga de Sebastián Dávalos y era a él a quien le reportaba directamente de sus labores como encargada de proyectos tecnológicos e innovación, cuando éste se desempeñaba como gerente de Proyectos de CAVAL. En el correo electrónico le señaló:

­“Querido amigo, de acuerdo a lo conversado, le adjunto una copia de una de las escrituras de las propiedades de Eliodoro Yáñez, yo creo que hay una demora en la entrega de estas. Se supone que el ingreso municipal se haría a más tardar el 30 de abril de 2014 y se ingresó el 30 de mayo. Se supone que la entrega se hará en septiembre. Veamos si legalmente están cumpliendo con los plazos. Todas las escrituras de las oficinas de CAVAL, mías, la tuya y de la Nata (Natalia Compagnon) están bajo la misma situación”.

Este correo es una prueba para la Fiscalía de que Dávalos, que en ese momento encabezaba la Dirección Sociocultural de la Presidencia, seguía teniendo injerencia en las decisiones de CAVAL.

Para refrendar sus dichos sobre los plazos, en el correo electrónico enviado a Dávalos, Sol Herreros adjuntó una promesa de compraventa firmada por Desarrollos Inmobiliarios 2000 por la oficina N° 303 del edificio. Allí se lee que la inmobiliaria se compromete a terminar la construcción e ingresar la solicitud de recepción municipal a más tardar el 30 de abril.

No hay registro de que Dávalos haya respondido al correo de su amiga. Sí quedó huella de que Herreros le reenvió ese mismo correo a Natalia Compagnon un mes después, el 8 de octubre.

PATRIMONIO INMOBILIARIO

Tres meses después de que Herreros le reenviara el correo electrónico a la socia de CAVAL, Natalia Compagnon firmó el contrato con Tanner Leasing para el arriendo con opción de compra de cinco oficinas en el piso 7 del edificio Studio Office Tobalaba y seis estacionamientos. Ese 30 de diciembre, Compagnon acudió a la notaría en representación de la sociedad Inmobiliaria y de Inversiones San Lucas, constituida en agosto de 2012 y en la que también figura como socia minoritaria su madre, Margarita Soto Acevedo. Entre los objetos de San Lucas está “la adquisición, venta y enajenación a cualquier título de bienes muebles y raíces, corporales e incorporales, su explotación bajo la forma de compraventa, loteos, urbanizaciones, enajenaciones de cualquier especie, o arrendamiento y otros”.

Además de Natalia Compagnon, en el contrato figura como fiadora y codeudora solidaria la sociedad Exportadora y de Gestión CAVAL, para “garantizar a la arrendadora, el cumplimiento íntegro y oportuno de todas y cualquiera de las obligaciones que para ellos y para Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A., nacen del contrato de arrendamiento con opción de compra”.

Plano referencial de oficinas de Studio Office (Fuente: www.studioffice.cl)

El contrato selló el arriendo con opción de compra de las oficinas N° 707, 708, 709, 710 y 711 y de los estacionamientos N° 38, 39, 48, 58, 61 y 62. Por esos bienes raíces, Compagnon debió desembolsar UF 1.343 ($33 millones, al valor de esa época) al momento de la firma del acuerdo. Además, se comprometió a cancelar mensualmente 119 rentas de arrendamiento de UF 140 ($3,7 millones, al valor actual) y otras UF 3.358 ($88,2 millones, al valor actual) a pagarse 30 días después del pago de la última renta.

Al término de periodo del contrato y en caso de que la arrendataria quisiera ejercer la opción de compra de las oficinas con sus estacionamientos, se pactó una suma única de UF 140 ($3,5 millones), a pagarse 30 días después de cancelada la última renta (ver contrato).

Además de San Lucas, otros tres miembros de CAVAL compraron a título personal oficinas en la torre de Eliodoro Yáñez. La primera en hacerlo fue Sol Herreros el 30 de enero de 2015, a pocos días de que estallara el escándalo por la operación de especulación inmobiliaria de CAVAL en Machalí (6 de febrero). De acuerdo a registros revisados por CIPER en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Herreros adquirió la oficina N° 304 en UF 1.667 ($40,9 millones, al valor de la época). A Herreros le siguió María Luisa Valenzuela Illanes, prima de Mauricio Valero y quien trabajó como asesora inmobiliaria de CAVAL. El 19 de febrero de 2015 compró la oficina N° 404 y el estacionamiento N° 19, en UF 2.125 ($52 millones, al valor de la época).

Quien también compró en el mismo edificio fue el entonces gerente de Finanzas de CAVAL, Marcelo Carreño Salgado. Lo hizo el 30 de marzo, fecha en la que adquirió la oficina N° 405 y el estacionamiento N° 20 en UF 2.173 ($53,5 millones, al valor de la época).    

LÍOS JUDICIALES

El 4 de noviembre pasado, el abogado de la empresa de servicios financieros Tanner presentó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago una demanda de terminación inmediata de contrato por no pago de rentas contra Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, de su representante Natalia Compagnon, y de CAVAL, como codeudora y fiadora solidaria. Tanner alega que desde junio de este año, San Lucas se encuentra “en mora en el pago de la renta correspondiente a dicho mes, y de todas las que se han devengado desde entonces hasta la fecha de esta presentación” (ver demanda).

La empresa de servicios financieros, controlada en un 52,5% por el Grupo Massú a través de Inversiones Bancarias, exige el pago de $22,1 millones correspondientes a las rentas vencidas y de otros $243,3 millones por multas, además del pago de las costas del juicio.

CIPER intentó comunicarse con el gerente general de Tanner, pero desde la empresa señalaron –en un correo electrónico- que no se referirían al tema debido a que por políticas internas “no se efectúan declaraciones de ningún tipo respecto de hechos o circunstancias que actualmente se encuentren conociendo los tribunales de justicia”.

A la luz de los datos que aporta la demanda, de diciembre de 2014 a mayo de 2016, Compagnon alcanzó a desembolsar por el arriendo de las oficinas y estacionamientos del edificio de Eliodoro Yáñez $96 millones, correspondientes a la cuota inicial del leasing ($33 millones), más 17 meses de renta ($62,9 millones).

Testimonios recogidos por CIPER entre vecinos del edificio indican que durante ese tiempo las oficinas eran frecuentadas por Mauricio Valero, Natalia Compagnon y también por Sebastián Dávalos. Según esas versiones, era el propio Valero quien se encargaba de pagar los gastos comunes de los cinco inmuebles en poder de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, la sociedad de Natalia Compagnon.

Luego de la formalización de Valero y Compagnon en enero pasado, las visitas al Studio Office de Providencia de los directivos y gerentes de CAVAL se hicieron cada vez más espaciadas. A quien se le siguió viendo con cierta regularidad es al abogado de Natalia Compagnon, Antonio Garafulic, quien, según los mismos testimonios, ocupaba la oficina 708.

Antonio Garafulic y Natalia Compagnon

A Marcelo Carreño y Sol Herreros tampoco se les ve por el edificio. El hombre encargado de las platas de CAVAL vendió su oficina y el estacionamiento a solo tres meses de haberlos adquirido. Hizo un buen negocio. El 8 de julio de 2015, Carreño liquidó su propiedad en UF 2.500 (62,5 millones, al valor de la época), obteniendo una ganancia de casi $9 millones.

Sol Herreros también terminó con saldo positivo luego de vender su propiedad en agosto de este año. La oficina N° 304 del edificio de Tobalaba fue adquirida en UF 2.000 ($11,4 millones por sobre su precio original) por Irina Reyes Donoso.

Irina Reyes no era una desconocida para Dávalos y su círculo. En marzo de 2014, fue nombrada por la Presidenta Michelle Bachelet como directora ejecutiva de la Fundación Chilenter, una de las organizaciones sin fines de lucro que depende de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, entidad que por entonces estaba encabezada por su hijo, Sebastián Dávalos.

María Luisa Valenzuela, en tanto, hipotecó su propiedad –la oficina N°404– en favor del Banco Santander, luego de obtener un préstamo de esa entidad bancaria por UF 1.724 durante 2015.

La demanda de Tanner es el capítulo más reciente de una serie de líos judiciales que Natalia Compagnon ha enfrentado en los últimos meses. A principios de noviembre la empresa Bruno Fritsch también la demandó: un cheque por $410 mil girado por Compagnon a la automotora para el pago de la cuota de un vehículo fue protestado por falta de fondos.

El último revés judicial lo vivió hace menos de una semana, luego de que el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar de arraigo nacional en su contra. Natalia Compagnon tenía programado un viaje con su familia a Miami entre el 20 de diciembre y la primera semana de enero.

La jueza del tribunal rancagüino consideró que la salida de Chile de la socia de CAVAL ponía en peligro la investigación del Ministerio Público, cuyo término está fijado para el 29 de enero próximo.

Este 10 de diciembre la familia Pinochet conmemora el décimo aniversario de la muerte del ex dictador en un escenario complejo. Varias causas judiciales que pueden afectar su patrimonio llegan a la recta final. Los Pinochet Hiriart se han preparado para este momento, y se han preocupado de poner a resguardo sus bienes más importantes. Una de esas decisiones ha sido traspasar las propiedades de mayor valor a los nietos de Augusto Pinochet.

Su viuda, Lucía Hiriart, deberá responder en los próximos días ante un tribunal por los manejos oscuros del millonario patrimonio fiscal cedido a CEMA Chile. A ello se suma que el Caso Riggs entra en tierra derecha. La sentencia de primera instancia le entrega al Fisco los bienes que quedaron a nombre de Pinochet y también los que son de sociedades que el dictador abrió en paraísos tributarios. La apelación a ese fallo ya está en etapa de acuerdo después de seis meses de análisis en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Lucía Hiriart y Augusto Pinochet

Un tercer frente judicial acecha a la familia: la resolución de los juicios por los millonarios impuestos adeudados por Pinochet y tres de sus hijos.

En este complejo cuadro procesal, la familia ha hecho sigilosos movimientos para proteger su fortuna. En los últimos dos años, Lucía Hiriart y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline– realizaron una serie de operaciones en que “vendieron” bienes raíces a algunos de los nietos del ex dictador a precios muy por debajo de su valor comercial.

Con esta fórmula, los herederos directos se desprendieron de propiedades que podrían estar en riesgo de ser embargadas y de la amenaza de una demanda civil del Estado al momento en que se cierre el proceso por el enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet. Ese juicio se originó en 2004, cuando el Senado estadounidense reveló la existencia de sus cuentas secretas en el Banco Riggs.

UNA VIEJA COSTUMBRE

Augusto Pinochet acumuló una larga experiencia en operaciones inmobiliarias ficticias. Cuando aún era un simple teniente y necesitaba demostrar solvencia económica para que el Ejército lo autorizara a casarse con Lucía Hiriart, un amigo le transfirió una vivienda para que pudiera demostrar la propiedad de un bien raíz. Ese dato fue relatado por los periodistas Fernando Vega y Claudia Farfán en el libro La Familia, historia privada de los Pinochet.

Décadas después y ya como comandante en jefe del Ejército, retomaría el ímpetu en sentido contrario: crearía sociedades en paraísos fiscales para esconder el cuantioso patrimonio acumulado en sus 17 años como dictador.

Ahora sus herederos aplican las lecciones aprendidas para proteger aquello que no está embargado. Primero transfirieron a sus nietos el departamento que Lucía Hiriart compró en La Dehesa en 2014 -y en el que vive actualmente- y luego hicieron lo mismo con la parcela de Los Boldos, el lugar de descanso predilecto de Pinochet y en cuya capilla se depositaron sus cenizas.

Estas operaciones pueden ser leídas también como una forma de eludir el pago del impuesto a la herencia, que asciende hasta un 25% en el caso de los hijos y a un 45% cuando se trata de los nietos (ver tabla).

En la legalización de estas escrituras no aparece el abogado y asesor tributario histórico de Pinochet y su familia, Fernando Barros, quien además renunció en agosto pasado a la defensa de los juicios por impuestos adeudados que afectan tanto a Pinochet como a su hijo Marco Antonio. Barros puso así fin al fuerte vínculo con Pinochet, el que se fortaleció cuando el dictador fue detenido en Londres en 1998 y el abogado, que se encontraba en Europa gozando de un año sabático, asumió como su vocero legal. Detrás de las últimas operaciones inmobiliarias de la familia ahora figura el teniente coronel (r) y ex auditor militar Christian Plass, quien ha redactado las escrituras de compra-venta. Plass, master en Derecho Tributario, asumió también la defensa de Lucía y Marco Antonio Pinochet en los juicios tributarios.

LOS BOLDOS, DE MANO EN MANO

En las cercanías del balneario de las Rocas de Santo Domingo, la Hacienda Bucalemu del Ejército fue uno de los lugares favoritos de Augusto Pinochet mientras estuvo en el poder. Se supo de las gestiones que hizo para quedarse con la propiedad o al menos gozar de ella después de su retiro. No lo consiguió y terminó comprando una parcela de 51 hectáreas muy cerca de Bucalemu, la que bautizó como Los Boldos. Ahí los Pinochet construyeron tres casas. En el inmueble principal se instaló él con su mujer y mostró su apego a esa residencia al trasladar a ella su valiosa biblioteca (ver reportaje). En el gran paraje su viuda hizo levantar una capilla, donde depositaron las cenizas de Pinochet, después de su muerte en 2006.

Los Boldos corresponde a la parcela 9 de la ex Hacienda El Convento, la que Pinochet adquirió en enero de 1994 por $34 millones. Según documentos y testimonios que registra la investigación judicial, en las obras se utilizaron recursos del Ejército.

Un ex gásfiter de la Comandancia en Jefe relató que durante un año un vehículo de la institución lo llevaba a Los Boldos de lunes a viernes, junto a otros suboficiales que eran maestros y a un grupo de soldados, a trabajar en las obras. Cada semana Lucía Hiriart visitaba el avance de los trabajos. La propiedad quedó a su nombre, aunque como estaba casada en régimen de sociedad conyugal, pertenecía al patrimonio de la familia.

Parcela Los Boldos

Poco después tuvo lugar la primera venta ficticia: en diciembre de 1994 la gran parcela fue adquirida por Belview International, controlada por una sociedad de papel del mismo nombre creada en las Islas Vírgenes Británicas por el ex albacea de Pinochet, el abogado Óscar Aitken. En una de sus declaraciones en el juicio del Caso Riggs, Aitken explicó que Belview se creó “con fines declarados desde su inicio de carácter inmobiliario y con el propósito de facilitar la asignación hereditaria”. En palabras simples: para no pagar el gravoso impuesto a la herencia.

Por la compra de Los Boldos, Belview pagó $80 millones, $46 millones más de lo que Lucía Hiriart había desembolsado menos de un año antes. Además de mantener bajo reserva a los verdaderos propietarios del terreno, la operación sirvió para lavar parte del dinero que Pinochet mantenía oculto en cuentas en el extranjero.

En mayo de 1996, Belview concretó su objetivo principal, al vender nuevamente Los Boldos a Pinochet, su esposa y sus cinco hijos en partes iguales, sin que pareciera una transacción entre familiares diseñada para eludir el pago del impuesto a la herencia. Supuestamente se cancelaron $84 millones en cuatro cuotas. Por estas operaciones Lucía Hiriart estuvo procesada por evasión tributaria, figura que luego fue revocada por la Corte Suprema.

La detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 gatilló una nueva transferencia. Temeroso de que el juicio que en su contra había iniciado Baltasar Garzón terminara despojándolo de todo su patrimonio, el 23 de abril de 1999 el dictador y su esposa liquidaron su sociedad conyugal. La operación la hizo el abogado Ambrosio Rodríguez. En la división de los bienes, ella se quedó con los dos séptimos de Los Boldos que le correspondían al matrimonio. Los restantes cinco séptimos siguieron en manos de sus cinco hijos.

El valor de los dos séptimos –adjudicados a Lucía Hiriart– fue calculado en $27,4 millones. Esto significa que, a esa fecha, el precio de Los Boldos se estimó en $95,5 millones.

Dieciséis años más tarde un grupo de nietos del matrimonio Pinochet-Ugarte se comprometió a pagar en cuotas un total de apenas $61 millones por el mismo inmueble, ahora con cinco inmuebles y un extenso parque. El monto de la venta resulta a todas luces absurdo. Aunque es difícil precisar el valor real de la parcela, distintas estimaciones arrojan un precio de mercado mucho más alto.

CIPER consultó con un corredor de propiedades de la zona, quien señaló que las ventas más baratas que se realizan en el área oscilan entre $10 millones y $12 millones de pesos la hectárea. El corredor conoce el predio en cuestión y estima que el valor comercial de Los Boldos es mucho mayor, pues incluye cinco inmuebles (considerando la capilla), un parque y un bosque de eucaliptus maduro de alto valor forestal que cubre gran parte del terreno.

En 2005, cuando estaba a cargo de la causa, el ministro Carlos Cerda ordenó una tasación que calculó en $1.200 millones el valor comercial de Los Boldos, según publicó El Mercurio. Once años más tarde, CIPER le pidió a un reputado tasador que avaluara la propiedad. Lo hizo considerando los precios de venta más recientes en el sector. El resultado es impactante: Los Boldos podría venderse hoy en $13.000 millones.

La primera en “vender” fue Lucía Inés Pinochet Hiriart. El 17 de abril de 2015 traspasó a su hijo Hernán Augusto García Pinochet su parte de Los Boldos en $10 millones, de los cuales éste pagó $1 millón en efectivo y se comprometió a cancelar el resto en tres cuotas anuales de $3 millones. La escritura la hizo el abogado Christian Plass y se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio el 18 de junio del año pasado.

El 10 de junio de 2015, Marco Antonio Pinochet Hiriart llevó a cabo una operación similar: vendió a sus hijos Diego Antonio, María Josefina y Nicolás Antonio Pinochet Olave su porción de la parcela. Los tres jóvenes se identificaron como estudiantes universitarios. El precio fue fijado en $9 millones ($3 millones cada hijo), a pagar en cinco cuotas anuales. El vencimiento de la primera cuota se fijó casi un año más tarde de la firma de la escritura. Ésta fue ingresada al Conservador de San Antonio el 21 de septiembre de 2015.

El resto de la familia siguió la misma ruta. El 8 de octubre de 2015, ante el notario Alfredo Martin Illanes, la viuda de Pinochet María Lucía Hiriart Rodríguez, transfirió sus dos séptimos de la propiedad a cinco de sus nietos: uno por cada uno de sus hijos. Los beneficiados fueron Cristóbal Andrés Pinochet Molina, Lucas Ramón Noguera Pinochet, Francisca Lucía Ponce Pinochet, Hernán Augusto García Pinochet y Diego Antonio Pinochet Olave.

Augusto Pinochet y Lucia Hiriart

Luego de identificarse como “chilena, viuda, labores de casa”, Hiriart fijó en $15 millones el precio de venta de sus dos séptimos, un monto menor que al que vendieron los dos hijos que la antecedieron. Cada uno de los cinco nietos beneficiados se comprometió a pagar $3 millones: $1,5 millón al contado y la misma suma antes del 31 de diciembre de este año.

Augusto, Verónica y Jacqueline Pinochet Hiriart concurrieron a la misma notaría un día después que su madre, asesorados por el mismo abogado Plass. Mientras el primero se identificó como jubilado, las dos mujeres lo hicieron como dueñas de casa.

Augusto, el mayor de los hermanos, vendió su parte a solo uno de sus hijos, Cristóbal Andrés Pinochet Molina, por $9 millones, en seis cuotas anuales de $1,5 millón.

Verónica, en cambio, dividió la venta entre los cuatro hijos de su matrimonio con Julio Ponce Lerou: Daniela Verónica, Francisca Lucía, Julio César y Alejandro Augusto Ponce Pinochet. También les cobró $9 millones: $2,25 millones cada uno, en tres cuotas anuales.

Jacqueline, la menor de los Pinochet Hiriart, también vendió su séptimo de Los Boldos en $9 millones y con la misma forma de pago que fijó su hermana Verónica. Pero ella incluyó a solo cuatro de sus nueve hijos: Federico, Lucas Ramón e Iván Augusto Noguera Pinochet, y Lucía Verónica Amunátegui Pinochet.

EL OJO INMOBILIARIO DE DOÑA LUCÍA

Quizás el mejor negocio inmobiliario hecho por el matrimonio Pinochet Hiriart fue la compra de los terrenos de calle Los Flamencos, en La Dehesa. Allí vivieron tras dejar la casa del Ejército en Presidente Errázuriz, la que ocuparon desde 1974. Originalmente el terreno de La Dehesa estaba compuesto por cuatro paños por los que se pagó un total de $73 millones. Esa compra tuvo lugar solo dos meses antes de que el dictador dejara La Moneda.

La adquisición fue gestionada por Juan Romero, quien llegó a ser auditor general del Ejército. En el juicio por el Caso Riggs, Romero declaró que al menos por una parte del terreno se pagó un valor menor al de mercado. Así se explica en el fallo: “En lo que se refiere al terreno de propiedad del  recibió la instrucción del general Pinochet de pedir, en lo posible, la donación del sitio, pero no fue posible dado que el vendedor lo vendía en aproximadamente 6 o 7 UF el metro cuadrado, pero aceptó reducir el precio a 2 o 2,5 UF, por tratarse del general Pinochet”.

En Los Flamencos construyeron una gran casa, obra en la que también se habrían usado recursos fiscales. Según publicó El Mercurio, el ministro Carlos Cerda encontró el presupuesto para su construcción, el que estaba rotulado a nombre del “Ejército de Chile. Vicecomandancia en Jefe. Comando de Ingenieros del Ejército”. El valor: $60 millones. Bajo el mismo rótulo, otro documento presupuestaba en $5,7 millones la construcción de un gimnasio, un sauna y un vestidor para dicha residencia.

Lucía Hiriart

En 1999, al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, la propiedad se la adjudicó Lucía Hiriart por $214 millones. Pero por el enorme terreno (3.300 m²) y por el auge inmobiliario de La Dehesa, esa tasación estaba fuera del valor de mercado. Eso quedó en evidencia en 2014, cuando la viuda vendió la propiedad en $1.351 millones a la Inmobiliaria y Constructora El Canal, la que los pagó al contado.

La casa no estaba embargada, pero igual se pidió al ministro Manuel Valderrama la autorización para su venta. Ahí se construyó un condominio –“Casas Los Flamencos”– el que ahora oferta la misma inmobiliaria El Canal, con precios desde 24.900 UF ($655 millones).

Tras esa venta, el 5 de noviembre de 2014, Marco Antonio Pinochet compró para Lucía Hiriart un departamento también en La Dehesa. El inmueble (más una bodega y dos estacionamientos) está en el zócalo del edificio 12 del condominio ubicado en Avenida Valle del Monasterio 2298. El precio fue de 13.530 UF ($329 millones a esa fecha). Así, tras la venta de Los Flamencos y la compra del nuevo departamento, Lucía Hiriart se quedó con más de $1.000 millones de diferencia.

Menos de un año más tarde, el 10 de junio de 2015, Lucía Hiriart le “vendió” su nuevo departamento a cinco de sus nietos, pero conservó el usufrutuo de por vida. Esa operación está dentro del mismo esquema de elusión del pago del impuesto a la herencia. Los beneficiados fueron: Cristóbal Andrés Pinochet Molina (administrador), Lucas Ramón Noguera Pinochet (estudiante), Hernán Augusto García Pinochet (agricultor), Francisca Ponce Pinochet (relacionadora pública) y María Josefina Pinochet Olave (estudiante de Derecho).

Lucía Hiriart cobró $120 millones, en total, a sus cinco nietos. Es decir, $209 millones menos de lo que pagó por el departamento en una zona exclusiva de La Dehesa sólo meses antes. Además, les fijó una fórmula de pago en cuatro cuotas anuales de $6 millones.

LOS JUICIOS PENDIENTES

De acuerdo a la ley, Augusto Pinochet fue sobreseído penalmente tras su fallecimiento, lo que no significa su inocencia. Pero el Caso Riggs siguió avanzando, aunque a paso más que cansino. Recién en mayo de 2015 el ministro Manuel Antonio Valderrama dictó la sentencia cuya apelación está en acuerdo en la corte capitalina.

En el fallo de Valderrama se condenó por malversación de caudales públicos a seis de los militares que participaron del esquema que utilizó Pinochet para apropiarse de gastos reservados y ocultar su fortuna en el exterior. La sentencia también ordenó el comiso en favor del Fisco de las 24 propiedades embargadas que siguen a nombre de Pinochet o de sus sociedades en paraísos fiscales.

La investigación judicial del Caso Riggs calculó en $8.100 millones el perjuicio impositivo de las maniobras financieras de Pinochet para ocultar su fortuna, fijándose en $1.395 millones lo adeudado entre 1999 y 2005. La querella del SII está dirigida contra él, su esposa y su hijo Marco Antonio por declaraciones de impuestos incompletas. Todos fueron procesados, pero luego sobreseídos.

En su momento, el ministro Sergio Muñoz liberó parcialmente el embargo que pesaba sobre las cuentas de la familia para permitirles pagar las contribuciones de las propiedades embargadas. Una medida que también concedieron los otros dos ministros que han llevado este juicio (Carlos Cerda y Manuel Valderrama). A pesar de estos pagos parciales, las diferencias entre los Pinochet y el SII persistieron, por lo que aún existen procesos por cobros pendientes (impuestos, multas y reajustes) que según radio Biobío ascienden a más de $3.000 millones.

Casa en Los Flamencos, La Dehesa (Fuente:T13.cl)

La más complicada con la deuda impositiva es Lucía Pinochet Hiriart. El 21 de diciembre pasado la Tesorería despachó un “mandamiento de ejecución y embargo” por los $342 millones en impuestos que el SII le cobra. De no pagar la deuda, el Fisco podría quitarle parte de sus bienes. De ejecutarse esa orden, el embargo podría no afectar su porción de Los Boldos, la que ya “vendió” en 2015 a su hijo Hernán García.

Representada por el abogado Christian Plass, Lucía Pinochet logró que se suspendiera el cobro porque recurrió de casación a la Corte Suprema (ver documento). El recurso está en trámite. Los incumplimientos tributarios de Lucía Pinochet se derivan -en parte- por ocultar dineros depositados en cuentas en el extranjero y que se descubrieron en la investigación del Caso Riggs.

Su hermana Verónica Pinochet Hiriart ha seguido un camino más complejo, pues derivó su caso a los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros (ver documento). Allí logró que se dejaran sin efecto los cobros que le hace el SII por un total de $65 millones. El fallo fue revocado luego por la Corte de Apelaciones, lo que tras ser ratificado por la Corte Suprema hizo que el caso volviera al tribunal de primera instancia. Además de invocar la prescripción, la defensa de Verónica Pinochet alegó que el SII registró como ingresos los dineros que recibió de su ex esposo Julio Ponce Lerou y de sus padres para la manutención de su familia, lo que no constituiría renta.

En cuanto a Marco Antonio Pinochet Hiriart, su juicio tributario está atado a tres causas contra su padre que la Corte de Apelaciones tiene pendientes. Por petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) las cuatro apelaciones se pondrán en tabla al mismo tiempo, pero están paralizadas desde agosto pasado, cuando el abogado Fernando Barros renunció a sus defensas.

Aunque a Marco Antonio lo representa ahora Christian Plass, nadie ha asumido hasta ahora la defensa de Augusto Pinochet en esos tres juicios tributarios. La última controversia tuvo como protagonista a la albacea del dictador, Julia Espinoza Hormazábal, pues Plass objetó que correspondiera notificarla en este juicio. Lo cierto es que en cualquier momento esta causa podría ponerse en tabla.

En este escenario, si los fallos les son desfavorables, Lucía, Verónica y Marco Antonio Pinochet tendrían que pagar al Fisco, por lo que arriesgan el embargo de sus bienes. Ese escenario fue precisamente el que previeron al “vender” a sus hijos a precios irrisorios su parte de Los Boldos.

Esa misma operación –similar a la que Lucía Hiriart hizo con el departamento en La Dehesa donde hoy vive– pone a los bienes de los herederos a salvo de posibles embargos por los tributos en mora que dejó Augusto Pinochet. Como las deudas tributarias son heredables, por lo que en principio pasarían a su sucesión, la herencia fue aceptada por los hijos de Pinochet con “beneficio de inventario”. Eso significa que limitaron los eventuales cobros al monto de la herencia, dejando fuera de alcance del SII el resto de su patrimonio.

La inmigración se ha instalado en la agenda de la peor forma posible. No a partir de los beneficios y desafíos que representa, sino como parte de una campaña política que para algunos busca imitar a la que llevó a la presidencia a Donald Trump. Para otros, es la ocasión de rescatar el nacionalismo de Sebastián Piñera, cuestionado recientemente por comprar acciones de una pesquera peruana en medio del litigio limítrofe con nuestros vecinos.

La inmigración no es un asunto sencillo que se pueda reducir a comidas nuevas, bailes o colores de piel inusuales en las calles de Chile. Es también un asunto de recursos escasos, de bolsones de pobreza, de servicios públicos colapsados y sometidos a nuevas demandas. Y de algunos empresarios que usan la mano de obra indocumentada para mantener los sueldos bajos, lo que alimenta el recelo del chileno pobre contra el inmigrante pobre. Y de mafias que hoy  lucran con la trata de personas, uno de los negocios más rentables del crimen organizado, y que ya llegó a Chile.

Para el sacerdote Felipe Berrios, instalado en “La Chimba”, un campamento en Antofagasta donde la mayoría de las familias son inmigrantes, estamos lejos de enfrentar el tema con la complejidad que requiere. E insiste en que hay que poner freno decididamente a los intentos de alimentar el odio contra uno de los sectores más débiles: los que llegan a Chile buscando una mejor vida.

-¿Qué le parecen las iniciativas que sorpresivamente aparecieron esta semana exigiendo un cambio a la Ley de Inmigración y la expulsión de extranjeros que delinquen?
No quisiera creer que es el producto de una especie de campaña electoral que imita lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos.

- A Trump le resultó, pues salió electo criminalizando a los mexicanos, latinos y musulmanes.
Le resultó, incentivando tal vez lo peor que tiene el ser humano: la desconfianza, la xenofobia y sospechar de todo lo que es distinto. Espero que no sea una imitación de eso. Y también creo que es un muy mal comienzo si empezamos a mirar con sospecha al inmigrante. Además, nadie debe olvidar que en Chile existe un Estado de Derecho, el que también protege a los migrantes como a todos los ciudadanos.

-En un país con tanta desigualdad, renta poner en el radar público un blanco –en este caso, los inmigrantes latinos- en quienes depositar el origen de la ira y la frustración por la falta de acceso a bienes y derechos.
Sí, mi experiencia tanto en Latinoamérica como en África negra me ha mostrado que, en realidad, los ricos y los más pobres son iguales en todas partes del mundo. Los ricos usan la misma manera de vestirse, viajan a los mismos lugares, tienen casi las mismas casas; y los pobres viven las mismas miserias y abandonos. Tal vez por sus deseos aspiracionales, los sectores medios, que son los que diferencian más a los países, son más propensos a toda clase de chovinismo y prejuicios, muy alimentados por campañas de toda índole, comerciales y políticas. Como bien dice usted, a veces pareciera que necesitamos distraer la atención de los problemas más profundos que tiene la sociedad, como son la desigualdad y el clasismo. Por eso, es un caldo de cultivo excelente para esta clase de campañas.

Yo respondería (a Piñera) diciendo que en el último tiempo hemos visto muchos delincuentes en el país y son chilenos. También hemos visto -y soy testigo- que la policía chequea a la gente que entra. Y que la mayoría de las mafias que tenemos en Antofagasta son manejadas por chilenos (…) esa idea de que las fronteras están abiertas, entra cualquiera, comete delitos y no le hacen nada, es falsa.

- ¿Renta incentivar el odio?
Sí, para despertar el miedo. El miedo vende.

- ¿Cómo ha constatado usted que vende ese miedo?
Hay distintas clases de miedo: el miedo a que me asalten, a que me quiten lo mío, el miedo a que pueda llegar otra persona con más cualidades que yo para el trabajo que hago, a que me confundan con una clase social a la cual yo no quiero pertenecer, a no responder a los patrones que me ha puesto la propaganda de lo que es felicidad o de “personas de bien”. Son distintos miedos que activan ya sea las campañas para que la gente consuma más o para que adhiera a ciertas maneras de pensar. Y se hacen despertando estos miedos, que son irracionales.

-En el origen de esta campaña, podría estar un mensaje subliminal que busca asfixiar el reclamo creciente por la desigualdad y por reformas que la corrijan: “Oiga, su problema no es la desigualdad, sino los inmigrantes que le quitan su trabajo”.
Exactamente. O también: “Nunca vamos a poder salir de la pobreza o la desigualdad si llega gente de afuera a quitarnos el trabajo”. Y claro, estos son resortes que funcionan, pero son tremendamente peligrosos. Un ejemplo de eso es que la humanidad todavía no olvida lo que pasó con Hitler.

-¿Cómo graficaría esa amnesia respecto a lo que ocurrió con Hitler?
Algunos creían que era una cuestión de campaña, tal como se dijo de Trump en Estados Unidos: es sólo una cuestión de campaña, después va a cambiar. De Hitler se decía lo mismo, y no cambió. Es más, de un pueblo tan romántico, tan culto como era el alemán, sacó lo peor de sí mismo contra los judíos, que hoy día pueden ser el símil de los inmigrantes que vienen a Chile.

-Eso se entiende bien cuando se escucha decir a Trump que “los mexicanos” -y con eso engloba a todos los latinos- nos mandan lo peor: a violadores, criminales y narcotraficantes.
Mire, sobre ese punto –y lo digo con mucho pudor- mi hermana acaba de editar un libro, junto a un grupo de sociólogos, sicólogos, historiadores, cuyo título es  “El ADN de los chilenos”. Después de un estudio científico, allí se demuestra que los chilenos somos todos mestizos: no hay nadie 100% europeo ni 100% amerindio, somos todos mezcla. Y eso es una riqueza para nosotros.

-Esa conclusión puede ser leída como un insulto por otros chilenos.
Claro, por la gente que cree que porque es más rubia, o con los ojos claros, o que dice que tal origen de tal nacionalidad son mejores para el trabajo, o mejores para pensar, o que los mapuches son propensos al alcoholismo, se creen superiores. Ese estudio científico demuestra que son puros prejuicios culturales, acompañados de años de historias falsas. Y también de chistes, con los que hay que tener un cuidado tremendo, porque podemos ahora enfocarlos en un arma peligrosa -puede ser el fenómeno que está pasando en Chile- sin entender que es una riqueza para nosotros que vengan inmigrantes.

 Esta inmigración no la organizó el Estado, como otras inmigraciones de nuestra historia. Esta la ha hecho el mercado. Y al mercado solo le importa la ganancia y se desentiende de los otros problemas

-Otra mentira que esconde el discurso que dice que “los inmigrantes nos quitan el trabajo”, es que la “importación” de mano de obra barata sirve para mantener en el suelo los salarios de, por ejemplo, los temporeros.
Claro, se explica más ese abuso si se entiende que esta inmigración no la ha organizado el Estado de Chile, como otras inmigraciones pasadas en que el Estado invitó o acogió a migrantes. Esta vez es una inmigración que ha hecho el mercado. Y al mercado solo le importa la ganancia. Se desentiende de los otros problemas y la pelota se la pasa al Estado.

-Y se trata de personas que muchas veces vienen huyendo de condiciones terribles.
Claro, entre los inmigrantes tenemos grupos que huyen de la miseria y otros que huyen de la violencia, como los colombianos. Y es tremendo, porque no reconocemos su aporte a pesar de que ellos hacen trabajos que los chilenos no estamos dispuestos a hacer. Y está comprobado por las estadísticas, que los inmigrantes pagan sus imposiciones e impuestos: colaboran con el país, vienen a trabajar y quedarse.

-Antofagasta es una de las regiones con mayor explosión de inmigrantes en los últimos años…
Casi el 10% de la población. Y puedo decirle que la violencia es más bien comunicacional que real. Por ejemplo, me ha tocado ya en dos partidos de fútbol entre Colombia y Chile, en que son los medios de comunicación los que empiezan a decir que habrá violencia. Entonces se preocupan las autoridades y llegan carabineros a caballo, carros policiales, y eso crea un ambiente. Y al final, no pasó absolutamente nada en ninguno de los dos partidos. Y una vez que hubo una pelea fue semejante a las que que se producen cuando juegan Colo Colo y la Chile.

Felipe Berríos en el campamento La Chimba.

-¿Los medios de comunicación incentivan la violencia?
Exactamente, hay una incentivación de los medios de comunicación cuando replican y responden a estos rumores y prejuicios. Con ocasión del último partido de fútbol, incluso me llamaron periodistas preguntando: “¿Cómo está la situación en Antofagasta?”. Y claro, había resguardo policial, pero no estaba pasando absolutamente nada.

-El negocio del odio y la xenofobia entonces renta para políticos, medios de comunicación que buscan aumentar su rating y algunas empresas que buscan impunidad para pagar salarios miserables.
A mi juicio estamos frente a un problema: se ha instalado en Chile una “híper prevención”, o sea, hay en las autoridades un miedo a que se les señale con el dedo porque no han hecho su labor entonces sobreactúan.

-Y yendo al fondo del problema: ¿han hecho las autoridades su trabajo respecto a esta explosión de inmigración?
Es complicado explicar el problema, porque tenemos que tocar la ideología del mercado. Eso significa que estamos ante un desafío mayor. Lo mismo que pasa con el problema de la salud, la educación: no podemos arreglar con parches de leyes cuestiones que son inherentes a un sistema, a una ideología más profunda y que tenemos que cambiar en Chile. Porque, por ejemplo, todos están de acuerdo que es mejor que se mezclen los alumnos en las escuelas, pero no quieren que sus hijos se mezclen…

¿Los medios de comunicación incentivan la violencia? Exactamente, hay una incentivación de los medios de comunicación cuando replican y responden rumores y prejuicios

-Y tienen que mezclarse porque de lo contrario seguiremos consolidando ghetos y todo lo que ello conlleva: pobreza, discriminación y educación y salud para pobres distinta a la de los más pudientes.
Quiero ser responsable al decir lo que sucede con los inmigrantes: lo que yo he visto aquí es que más que discriminarlos en los hospitales y escuelas por ser inmigrantes, los discriminan por ser pobres.

-¿Qué hace de Chile hoy un país atractivo para los inmigrantes de Latinoamérica?
Yo les he preguntado a los inmigrantes con los que vivo en este campamento, por qué no vuelven a sus tierras si viven acá en condiciones precarias. Y por ejemplo, en el campamento “Luz Divina 6”, que son como 100 familias, prácticamente todos ellos han recibido subsidios, y dicen: “en mi país jamás habría tenido acceso a una casa. Aquí llevo cuatro o cinco años y voy a recibir una vivienda, y mis hijos van a tener una vivienda”. Hay cinco razones que se repiten por las que dicen que les atrae estar en Chile. Primero, la mejor educación. Es cierto, a la educación en Chile le falta mucho, pero comparativamente, si un niño peruano o boliviano llega con tercero medio, aquí baja inmediatamente dos cursos, es decir a Primero Medio. Esa es más o menos la diferencia. Otra razón es la mejor salud. Yo les digo: “¿si es mejor la salud porqué se van a atender a su país?”. Y me responden: “sí, es mejor la salud en Chile, pero en mi país yo puedo conversar con el médico”.

-La atención pública en Chile no deja tiempo para que el médico pueda explicarle mejor su situación al paciente…
Aquí en Chile en sectores populares, no. Tercera razón: les gusta la libertad de la mujer. Aunque en Chile para mi somos muy machistas, pero en comparación las mujeres acá tienen más libertad para educarse, para opinar, para trabajar e incluso pueden ser protegidas si son golpeadas por sus maridos…

- ¿Aquí hay menos violencia contra las mujeres que en otros países?
Aquí, si le pegas a una mujer corres el riesgo de que tus vecinos aleguen o llamen a Carabineros y te lleven preso. Y pasa, aquí en el campamento hemos llamado a Carabineros porque estamos viendo una pelea y eso es novedoso en Latinoamérica. Y la cuarta razón es el cuidado por los niños. No puedes dejar a los niños solos en las casas, porque el vecino llama a Carabineros y te los pueden quitar por descuido.

La experiencia me ha mostrado que los ricos y los pobres son iguales en todas partes del mundo. Los ricos usan la misma manera de vestirse, viajan a los mismos lugares, tienen casi las mismas casas; y los pobres viven las mismas miserias y abandonos. Los sectores medios, que son los que diferencian más a los países, son más propensos a toda clase de chovinismo y prejuicios, muy alimentados por campañas de toda índole, comerciales y políticas

-Lo que usted dice da tiritones, porque que les quiten los niños significa que la solución es que los manden a una casa del Sename, donde ya sabemos que sufrirán todo tipo de abusos además del abandono.
-Lo interesante es que, en otros países, esos niños simplemente no sólo no van al Sename, sino que el niño cae al bracero, o al canal, o se quema la casa con el niño y ni siquiera es noticia. Por eso digo que hay que tener cuidado solo con criticar al Sename, porque las fallas del Sename se insertan en donde vale la persona que produce y consume. Y ni los viejos ni los discapacitados ni los niños producen ni consumen como se quiere. Por eso, no sacamos mucho con ponerle plata al Sename sino cambiamos la cultura.

Y la última razón que escucho de ellos es que este país les gusta porque es estable, sus hijos pueden tener proyección hacia el futuro. Esas son las razones más importantes que ellos esgrimen para venirse a vivir a Chile.

 -Esas respuestas avalan otro argumento que se ha escuchado: que como Trump se apronta a cerrar más las fronteras de Estados Unidos a los latinos, es viable esperar en Chile -por las razones que describe- una oleada de inmigrantes que se va a volcar hacia el sur.
Obviamente por las condiciones nuestras, van a tener más interés en venir a Chile que a otros países latinoamericanos, y ahí hay una contradicción: hay sectores que alegan que Chile está pésimo y, por otro lado, nos damos cuenta de esto otro. Bueno, tenemos que estar abiertos y con alegría a que venga gente de otros países porque la diversidad cultural es una riqueza: nos hace más inteligentes, más alegres e inclusos

-¿Ha cambiado Antofagasta con los extranjeros?
Obvio que ha cambiado. Vamos a aprender a vestirnos no sólo de gris y estamos aprendiendo a cocinar mejor y a valorar la diversidad… ¡Qué contradictorio es todo esto! Ahora surge este temor a los inmigrantes y no nos damos cuenta de que Chile se hizo con inmigrantes. Pero nadie alega contra los croatas, los alemanes, los ingleses, los españoles…

- Porque mientras sean europeos está bien.
Claro y aunque el europeo que llegaba era pobre, le abríamos las puertas. Pero si se trata de un latino, moreno y pobre… Y no nos damos cuenta de que nos enriquecen el ADN, culturalmente y, además, nos ayudan económicamente. Ahora, tenemos que ser inteligentes en cómo los acogemos. Obviamente, si los tiramos a la periferia, si ponemos tantas trabas…

Qué distinto sería si autoridades, gente conocida o los curas nos atendiéramos en hospitales públicos, hiciéramos cola en los policlínicos, fuéramos una y otra vez a los campamentos, a las poblaciones más periféricas y apartadas, porque a lo mejor así  la sociedad se fijaría en esos lugares.

-Tirarlos a la periferia es abrir la puerta a que se formen cinturones de miseria alrededor de algunas ciudades, como ha pasado en Antofagasta.
Exactamente, esto es reflejo de algo más interesante que hay detectar, porque hay un muro que es todavía mucho más cruel que el que promete Trump, y es el muro de los prejuicios, no es de cemento ni se puede fotografiar y hacer campañas con él: es el muro ideológico que tenemos internamente.

-¿Cómo es ese muro personal y colectivo?
De rechazo al que es distinto, al que tiene la piel de otro color o habla de otra manera. El rechazo que antes había hacia el más pobre, ahora los prejuicios apuntan hacia los inmigrantes. Estamos ante muros que son invisibles y que son mucho más tremendos que un muro de tres metros de concreto.

-Sebastián Piñera identificó el peligro delincuencial con las bandas de extranjeros que se han instalado en Chile.
Yo respondería diciendo que en el último tiempo hemos visto muchos delincuentes en el país y que son chilenos. Segundo, hemos visto también -y soy testigo- que la policía realmente chequea a la gente que entra. Y que la mayoría de las mafias que tenemos en Antofagasta son manejadas por chilenos. Entonces, esa idea de que las fronteras están abiertas, entra cualquiera, comete delitos y no le hacen nada, es falsa. La policía es estricta con quien comete un delito sea chileno o extranjero. Hay que tener cuidado cuando se dice y repite esa frase, porque da la sensación de que aquí se deja entrar a cualquiera y se hace vista gorda porque es inmigrante, y no es así.

Lo que es tremendamente grave es que esa frase produce sospechas contra el inmigrante. Y eso además, es una sinrazón histórica, porque Chile se ha hecho de inmigrantes.

-¿Y cómo paramos esa criminalización del inmigrante latino? Ya entramos a la campaña presidencial  y será un tema.
Tenemos que ser muy firmes. Jesús fue expulsado de su país y nació en Belén, que no era su tierra. A modo de ejemplo. para leer los apellidos de diputados y senadores pareciera que tengo que hablar otra lengua, porque hay una cantidad de nombres de origen alemán, belga y otras nacionalidades. Es cosa que también revisemos a nuestros ancestros.

-¿Cómo se debe enfrentar esa campaña?
Insisto: hay que atajar esa campaña desde la raíz, hay que ponerse firmes, porque si no vamos a crear un odio que no solo es falso, sino que es además estúpido.

-Principalmente, porque las cifras respecto del porcentaje de extranjeros involucrados en delitos en Chile demuestran que esa criminalización es falsa.
Claro, es falsa. Un prejuicio, que es peor que una mentira, porque las mentiras las puedes identificar, pero lo complicado del prejuicio es que se van tomando por ciertos y nadie sabe de dónde surgen ni quién los promueve, pero todos vamos alentándolos. Se comete un asalto, entonces no nos centramos en el asalto sino que le ponemos apellido: “colombiano asaltó”, “peruano asaltó”. Pero las cifras desmienten esos prejuicios.

-Uno de los economistas más connotados, Joseph Stiglitz, afirmó en un estudio que publicó CIPER que las mafias internacionales más importantes y dañinas son las que usan y abusan de los paraísos tributarios. De ello no se habla.

Bueno, hay muchas cosas que no se hablan. La globalidad en que vivimos ahora, con medios de comunicación y redes sociales fuertes que hacen que uno esté inmediatamente enterado de las cosas, tiene muchas cosas positivas y también otras muchas negativas. Entre estas últimas, está el incentivo a los nacionalismos, la mentira y la concentración del poder. Por ejemplo, cuando se habla de los desastres ecológicos se nos olvida que una de las mayores cosas que van en contra de la ecología es la concentración de la riqueza. Y es esa concentración la que permite la existencia de los paraísos fiscales.

-El Mercurio publicó un análisis de Bloomberg que dice que mientras Estados Unidos e Inglaterra cierran sus fronteras, Chile mantiene abierta su puerta a los extranjeros. Suena a crítica…
No lo veo como una crítica. Ojalá sea así, porque habla muy bien de los chilenos. Y si no nos mueve una cuestión de inteligencia, de darnos cuenta de que los seres humanos estamos hechos para convivir y mientras más grande sea la diversidad más ricos somos humanamente; veámoslo por último desde la sobrevivencia. Porque con la tasa de crecimiento que tenemos no vamos a poder sostener ni a los viejos ni la producción. Necesitamos mano de obra.

-¿Es urgente cambiar la Ley de Inmigración?
Mientras más cortapisas le ponemos a la gente… Lamentablemente Chile termina para los chilenos en La Serena y a lo demás le llamamos “el norte”. Pero la realidad dice que aquí en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, estamos mucho más cerca cultural y físicamente de Perú y Bolivia que de Santiago. Y por la tremenda frontera que tenemos, somos incapaces de controlarla. Entonces, mientras más cortapisas ponemos, más incentivos hay para que sean las mafias las que traigan a la gente y controlen nuestras fronteras. Nosotros no tenemos que pelear contra los inmigrantes, sino contra las mafias que los explotan.

-Y los que ganan dinero con la trata de personas, como el empresario y ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, quedan en la impunidad. Después de haber traficado con trabajadores paraguayos y haber zafado de ese juicio por demencia, apareció muy lúcido en un remate.
Creo que tenemos ciertos polvos mágicos en Chile, porque tenemos a otro que llegó en silla de ruedas y después salió andando… Parece que el clima de Chile cura la demencia. Lo que tenemos que hacer es acoger a los inmigrantes y darles visa de trabajo, una manera también de saber lo que está pasando con ese ciudadano. De otra manera, son las mafias las que los dominan, los hacen ingresar “en negro” a Chile, y luego les venden contratos de trabajo para que simulen ante Extranjería.

- ¿Eso está pasando en Antofagasta?
Sí, y en Santiago, y por eso tenemos que ser inteligentes. Exigir más visas y poner más trabas es no entender el mundo moderno. Mire lo que está pasando en Europa. Yo vivía en el Congo, en Burundi, donde la gente estaba hambrienta y miraba la televisión. Esa es la posibilidad que tienen ahora: pueden ver a través de la televisión lo que pueden tener en Europa, entonces están dispuestos a arriesgar sus vidas para llegar allá. Porque entre la vida que tienen y lo que pueden tener allá hay un universo de diferencia.

-Hay quienes se aprovechan de los inmigrantes que llegan ilegales a Chile y pagan salarios bajo el mínimo. No hay capacidad fiscalizadora de la autoridad para terminar con eso y muchos inmigrantes trabajan en jornadas extenuantes por salarios míseros. Esa explotación subsiste y sin control.
Y por otro lado, tenemos sindicatos que bregan por que se prohíba contratar inmigrantes. Es complejo el concepto de “salario mísero”, porque en el mundo globalizado en que es “fácil” el traslado, lo miserable que puede ser para mí que me paguen $260.000 al mes, en otro país es un lujo.

Felipe Berríos – Campamento La Chimba

-Pero estamos en Chile, convengamos que un empleador que paga menos que el salario mínimo, está profitando de gente sin papeles y, además, alterando el mercado laboral al bajar la vara de los salarios. Eso genera resentimiento, porque el trabajador chileno dice: “yo me niego a trabajar por esa miseria, pero estos inmigrantes lo aceptan”.
Creo que todos debemos atacar un sistema que establece que la moneda de cambio es el dinero. Y no es así: ¡es la calidad de vida! El país, y todos nosotros en ese empuje, se desarrolla si hay mejor calidad de vida. Alguna vez tenemos que dar ese paso. Mientras creamos que la moneda de cambio es el dinero, habrá explotación del ser humano por el ser humano.

-Su reclamo de calidad de vida para la gente que debe pasar tres horas en transporte, bajos sueldos, deudas y la imposibilidad de ocuparse cada día de los hijos, es un lujo asiático.
Por eso mismo no podemos medir el desarrollo de Chile solo por los ingresos per cápita, sino que por la calidad de vida. Así, podríamos darnos cuenta que si en una pega yo gano $400.000 y en otra $1 millón, hay que evaluar cuál de las dos alternativas me brinda mejor calidad de vida, quizás la de $400.000 me permita una mejor calidad de vida. O que puedo tener mejor calidad de vida en regiones que en Santiago. A mí me han concientizado desde chico que si el dinero es la vara con que se mide la vida, eso me va a distorsionar los valores, la justicia, la economía, todo.

-Supongo que está consciente de que para muchos sus palabras suenan a la prédica de un sacerdote jesuita y nada más.
No es la prédica de un cura. Veo a la gente enojada, fue lo que más me llamó la atención cuando volví de África: que los chilenos andamos todos enojados, con rabia. Y decía por qué están enrabiados, si están todos gordos y llenos de cosas, y yo vengo de un país donde la gente está flaca, no tiene cosas y está feliz. Entonces, empecé a darme cuenta de que no es el dinero lo que mide la vida. No es la prédica de un cura, porque muchas veces los curas también estamos midiendo las cosas a través del dinero. Tendremos que darnos cuenta en algún momento de que la diferencia entre un país desarrollado y uno no desarrollado no es la plata, sino la calidad de vida. Porque ahí me doy cuenta de que si pago salarios miserables y gano $15 millones al mes, vivo en una casa lujosa, cómoda y protegido con guardias, no es calidad de vida lo que tengo, sino solo más plata. Porque no voy a ser feliz, ni mis hijos van a ser felices, si ando con miedo a que me roben. Vivir como si residiera en un país rico y los demás como si estuvieran en Bangladesh, no es calidad de vida.

-En Antofagasta la desigualdad se manifiesta de manera brutal. La gente de “La Chimba” tiene muy poco. ¿Cómo los ve mirar esos otros barrios y el casino donde hay abundancia?
En Antofagasta tenemos un ingreso per cápita de US$37.000, pero como dice Nicanor Parra, tenemos dos panes, yo me como dos, tú ninguno. Promedio: un pan por persona. Entonces, ese ingreso per cápita de US$37.000 es desequilibrado total: hay gente que vive como en Europa, y otra gente que vive en un campamento en que no tenemos agua potable, ni alcantarillado ni electricidad… Bueno,  tenemos electricidad porque estamos colgados.

Eso lo produce una cultura de mentalidad extractiva -la que tenemos en Chile- de sacar y sacar y ganar yo lo que más pueda sin importarme el daño ecológico ni el daño humano que produzco. Y el desafío es pasar a una cultura inclusiva: darse cuenta de que no soy más rico ni más desarrollado si tengo más plata, sino si mi país es mejor porque mis conciudadanos  viven mejor.

- ¿Y lo ve mejor a su país desde que se instaló nuevamente a vivir aquí?
Creo que sí, hemos avanzado en muchas otras cosas… Y esas cosas nos hacen darnos cuenta de otras que antes pasaban inadvertidas y que ahora se ven que son delito. Tenemos que avanzar mucho más y soy optimista. Tenemos que dar pasos decisivos y hacer reformas profundas, hay que hacerlas, y se nos está quedando afuera la regionalización y la salud.

-Cristián Dueñas, un investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, dijo: “Existe un riesgo de racismo activo en las calles. Me preocupa que, sin políticas claras, cualquier populista o demagogo pueda impulsar ataques racistas”.
Estoy de acuerdo con eso, y por eso también me asusta mucho la crítica constante en contra de los políticos. Que tenemos partidos políticos y políticos de mala calidad, puede ser cierto, pues ellos son un reflejo de la sociedad chilena, pero cuidado, no se ataca el problema destruyendo a los políticos, la política y a los partidos. Se ataca pidiéndoles a los mejores jóvenes y a la mejor gente que ingresen y sean activos en la política. De lo contrario, es caldo de cultivo para los poderosos que son los que marcan el paso, y para los demagogos que se agarran al poder. En eso nos falta lucidez. Los más interesados en que se subrayen los aspectos podridos de los políticos y en que se deteriore el sistema de partidos en Chile, son los más poderosos y los demagogos.

¿Es urgente cambiar la Ley de Inmigración? “Mientras más cortapisas ponemos (a la inmigración), más incentivos hay para que sean las mafias las que traigan a la gente y controlen nuestras fronteras. No tenemos que pelear contra los inmigrantes, sino contra las mafias que los explotan (…) Exigir más visas y poner más trabas es no entender el mundo moderno”

-Los parlamentarios que representan su zona, ¿han propuesto políticas públicas importantes en favor de los inmigrantes?
No soy experto en el tema. Vivo con inmigrantes y llevo años compartiendo con ellos en Chile y fuera de Chile, en los campos de refugiados. Y creo que sí hay gente en Chile interesada en el tema y no demagógicamente. Pero también veo que hay un peligro tremendo con el Brexit y el triunfo de Trump de que esto se convierta en una herramienta demagógica que nos traiga muchos problemas. Lamentablemente, a veces copiamos lo peor de los países que están más avanzados.

-Hemos visto en el último tiempo una procesión de candidatos y dirigentes políticos que, cuando van a Antofagasta, visitan su campamento, “La Chimba”, como si fuera una pecera.
¡Yo quería pasar inadvertido! Cuando volví del Congo, venía machucado, tal vez ha sido la experiencia que más me marcó en la vida, y le dije al provincial lo que quería: repensar mi servicio, la iglesia, Chile, desde la marginalidad. Lamentablemente se supo que yo volvía para acá, fue noticia y había periodistas. Y ahí pensé en la estrategia del judo, de usar la fuerza del otro para lo que yo quiero. Y me dije: “Ya que estoy aquí voy a tratar de mostrar cómo viven los inmigrantes en los campamentos de Antofagasta”. Por eso encuentro tremendamente interesante que vengan a la pecera, porque aquí puedo mostrarles lo que es vivir en un campamento. Cómo vive esta gente que se levanta temprano a trabajar, lo que pasa cuando uno no tiene agua ni alcantarillas, cuando hay moscas y ratones. Y puedo mostrárselo a personas que van a ser candidatos a senador o Presidente de la República. Es una oportunidad única de mostrarles una realidad a la que, de otra manera, no tienen alcance. Que distinto sería si autoridades, gente conocida o los curas nos atendiéramos en hospitales públicos, hiciéramos cola en los policlínicos, fuéramos una y otra vez a los campamentos, a las poblaciones más periféricas y apartadas, porque a lo mejor así  la sociedad se fijaría en esos lugares.

-¿Ha trabajado usted alguna propuesta para mejorar la situación de los inmigrantes?
Hay propuestas concretas, como los desalojos selectivos. Quienes vivimos en campamentos, que ahora en Chile en su mayoría están compuestos por migrantes, sabemos perfectamente quienes son los mafiosos. Muchas veces no son más de cuatro o cinco que echan a perder la convivencia, trafican con drogas o migrantes. Y son intocables. La gente los conoce perfectamente y está dispuesta a denunciarlos, pero para eso hace falta que las autoridades actúen pronta y efectivamente contra ellos. Otra propuesta: ubicar en las ciudades las zonas de mayor concentración de migrantes y hacer de esos lugares o barrios “zonas protegidas por el Estado” y que las autoridades intervengan directamente a quienes viven allí, chilenos y migrantes, ayudándolos con regularizar sus papeles, trabajos y otras dificultades. Invitar a ONGs a trabajar en esos lugares e ir arrebatándole esos territorios al dominio de  las mafias. Son acciones concretas que no significan muchos recursos, concentran esfuerzos y cambian la calidad de vida de las personas, migrantes y vecinos.

Anthony Atkinson murió este 1 de enero y la batalla por la reducción de la desigualdad ha perdido a uno de sus mayores defensores. Al más optimista, tal vez. Porque mientras el alemán Wolfgang Streeck, el anterior entrevistado de esta serie, decía que la concentración de la riqueza ha puesto al capitalismo en un atolladero del que no se vislumbran soluciones democráticas, Atkinson creía que hoy enfrentamos grandes problemas, pero nada que esté fuera de nuestro control. “El futuro está en gran medida en nuestras manos”, escribió.

La entrevista a Atkinson se realizó en su casa en Oxford, un día antes del triunfo del Brexit que él creía imposible. Al despedirnos, conversamos de su enfermedad a partir de la dedicatoria que puso en su último libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? (Harvard University Press, 2015): “A las maravillosas personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud”, el famoso NHS (por sus siglas en inglés). El prestigioso profesor de la Universidad de Oxford y de la London School of Economics se atendía en el servicio público, igual que la mayor parte de los que habitan su país. Y lo hacía sentir bien saber que la buena atención que recibía estaba al alcance de todos los británicos, independiente de su educación y de su ingreso.

Fue un encuentro con un hombre ingenioso y muy amable. Cuando murió, esta entrevista ya estaba editada. Poner en pasado las vivas declaraciones de un optimista fue triste.

BLAIR, CALLEJÓN SIN SALIDA

Durante la mayor parte de su vida académica, Atkinson se dedicó a tratar de sacar la desigualdad del rincón en que la dejaron tanto la economía ortodoxa como la izquierda renovada desde la década de los ‘80. Frente a los economistas que sostienen que la desigualdad no debe importar ni a la política ni a las personas (pues es un tema irrelevante, al lado del problema de la pobreza y el crecimiento económico), Atkinson argumentaba que la distribución debía estar en el corazón de la investigación económica. Entre otras cosas, porque a las familias y a los individuos sí les importa.

Algunos pueden sostener que esa fijación en el bienestar ajeno es fruto de la envidia humana; o de la falta de educación económica. Atkinson pensaba que es natural que las personas miren lo que ganan los otros y reclamen por la enorme brecha actual, pues “la extensión de las diferencias económicas tiene profundos efectos en la naturaleza de nuestras sociedades”, escribió en Desigualdad ¿qué podemos hacer?

En ese intenso y último libro -que ya antes de su muerte era su testamento intelectual- hace referencia a las colas de británicos ante los bancos de comida (organizaciones de caridad que proveen de alimentos a los más pobres a precios subsidiados y que se han vuelto esenciales en un país donde 13 millones viven bajo la línea de la pobreza). Esas filas ignominiosas -dice Atkinson- no se pueden desligar de otras filas, que ocurren al mismo tiempo, como la de los 700 millonarios del mundo inscritos para el primer viaje espacial de la empresa Virgin.

“Sí importa que algunas personas puedan comprar tickets para un viaje al espacio mientras que muchos otros hacen fila en los bancos de comida. Una sociedad en la que nadie puede comprar tickets para la Luna, pero todos pueden ir a comprar su alimento a tiendas normales, tiene una grado mayor de cohesión y de intereses compartidos”, escribió.

Tony Blair

También combatió la actitud de la izquierda inglesa, la de la “Tercera Vía” de Tony Blair, que asumió que la desigualdad era el costo inevitable del crecimiento. Para Atkinson, en cambio, “hay pasos que pueden dar los gobiernos, las firmas, los sindicatos y las organizaciones de consumidores para reducir los presentes niveles de desigualdad. Esta no es producto de fuerzas fuera de nuestro control”, escribió. Y reclamaba que la “Tercera Vía” y sus seguidores en el mundo no se hayan atrevido a actuar frente a los mercados, en defensa de las familias.

-Blair llevó al laborismo a un callejón sin salida y la izquierda perdió una gran oportunidad. Tony Blair no fue un gran pensador -dijo Atkinson a CIPER.

En su libro, Atkinson nos recuerda que los mercados no caen del cielo; incluso procesos complejos como la globalización son el resultado de decisiones tomadas por organizaciones, gobiernos, corporaciones e individuos. Y eso implica que “las fuerzas de mercado, indudablemente potentes, dejan mucho espacio para otras determinantes y operan en un contexto social que puede influenciar el resultado de la distribución de ingresos”, escribió. Desde su perspectiva, los mercados pueden ser, sino gobernados, al menos encausados. Y los diques y compuertas para esa meta los debe aportar la política.

Dos convicciones fundamentales empujaron su trabajo en las últimas décadas.

La primera: “Los extremos de desigualdad a los que hemos llegado son intrínsecamente inconsistentes con una buena sociedad”, como lo afirmó en su libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? En efecto, hoy 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de los habitantes del planeta (unos 3.600 millones de personas, ver informe Oxfam en inglés). El caso estadounidense es el más extremo: “Ni en la época del imperio romano cuando había esclavos, la riqueza estaba en Estados Unidos tan concentrada como hoy”, ilustró el politólogo Jeffrey Winters en una entrevista con CIPER.

Portada libro “Desigualdad ¿Qué podemos hacer?”

La segunda convicción, muy ligada a la anterior, es que detrás de la desigualdad de ingresos, de consumo, de riqueza, hay otra más trascendente: la desigualdad de poder. Poder para influir cómo se ordena la sociedad y cómo se reparten los recursos actuales y futuros. La competencia perfecta, decía el economista Kenneth Galbraith,es la forma en que se soluciona el problema del poder, pues si ni las empresas ni los consumidores son capaces de influir en los precios, su poder, de hecho, está limitado. Pero eso ocurre menos de lo que se cree. Los casos de colusión en Chile lo muestran. “Tengo el convencimiento de que la desigualdad en muchos casos puede ser atribuida directa o indirectamente a cambios en los balances de poder”, anotó Atkinson en su libro.

En la conversación con CIPER, el economista británico sostuvo que a partir de los ´80 el poder se concentró en manos de actores que promueven la acumulación del capital, como las empresas y multinacionales, y creía firmemente que la reducción de la desigualdad solo sería exitosa “si se llevan a cabo medidas que contrabalanceen el poder” y lo dirijan hacia organizaciones de consumidores y sindicatos.

-Sin alterar las relaciones de poder, cualquier cambio en la desigualdad no será duradero, ni solucionará el problema -dijo a CIPER.

“USTEDES NO TIENEN LIBRE MERCADO”

Estas convicciones cruzan su libro y lo empujan a un terreno donde pocos académicos se atreven: proponer cómo enmendar el rumbo. En su libro, Atkinson hace 15 propuestas que constituyen una caja de herramientas –algunas de ellas extremas- lanzadas al futuro a la espera de liderazgos políticos que quieran dar un salto real en la reducción de la desigualdad y que, opinaba, hoy no existen.

Esas propuestas no se limitan a la estrategia clásica de aumentar los impuestos. No porque no sea importante, sino porque no es suficiente. Atkinson argumenta en su libro que atacar la desigualdad con impuestos implica actuar al final del proceso de creación de riqueza, cuando los contratos se han hecho, los salarios ya se han pagado y la riqueza ya se repartió. En ese sentido, los impuestos tratan de corregir ingresos que se distribuyen cada vez peor. Y explica que, si con impuestos se quisiera retrotraer la desigualdad en el Reino Unido al nivel que tenía en los años 60, habría que subir el de la renta en un 16%, medida imposible para cualquier gobierno.

Las medidas de Atkinson buscan intervenir antes en el mercado, de modo que la repartición de los premios sea distinta. Propone, entre otros asuntos, que los gobiernos intervengan en la dirección que toma la tecnología, para que ésta colabore en la creación de nuevos empleos y no sea como ahora una amenaza constante a los puestos de trabajo. Otra de sus propuestas es que el Estado tenga como meta mantener el pleno empleo (hoy se asume como normal e inevitable un desempleo de un dígito) y actúe como empleador de último recurso ofreciendo un sueldo mínimo a aquellos que buscan trabajo (lo que se ha llamado “renta básica universal”); y que el Estado rebalancee el poder entre los actores sociales asegurando a los sindicatos un marco legal que les permita representar a los trabajadores.

“El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero la dirección la podemos decidir”.

Para un economista tradicional, los argumentos de Atkinson obedecen a que él es simplemente contrario al libre mercado. Un mercado libre, dice la academia, es el resultado de la operación de los actores sin intervención de nadie, sin objetivos fijados por ninguna autoridad. Atkinson habría rechazado esa crítica vivamente, sosteniendo que sí es partidario del libre mercado; el punto es que solo la regulación lo puede hacer posible. Así lo explicó en la entrevista con CIPER:

-Hacia fines del siglo XIX la economía estadounidense era una economía de libre mercado y, a la vez, estaba llena de monopolios. Eso estaba generando una extrema riqueza muy concentrada y grandes niveles de pobreza. Y los norteamericanos decidieron que había que ponerle límite a los monopolios y surgió la legislación que trata de garantizar la libre competencia. El mercado estaba completamente desregulado y eso se volvió inaceptable para la sociedad. Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas; y se las ponemos porque vivimos en sociedad.

En ese sentido, sobre la gran cantidad de colusiones que se han detectado en Chile, sin que ninguna de las empresas involucradas haya cerrado (castigada por los consumidores engañados), y sin que sus directivos hayan ido presos, Atkinson comentó a CIPER:

-Es que ustedes no tienen libertad de mercado. En Australia, un reciente caso de acuerdo comercial entre empresas en el negocio de las cajas de embalaje, terminó con cinco años de cárcel para los dueños.

Para Atkinson, es la norma antimonopolio efectiva, entre otras regulaciones, la que permite que haya libertad de mercado.

Es importante aclarar que Atkinson no buscaba acabar con la desigualdad, ni tenía en mente un nivel específico al que se debiera apuntar. Argumentaba que hay buenos motivos por los que algunas personas tienen más ingresos que otras (trabajan más o tienen a su cargo decisiones más complejas). Lo que pretendía era cambiar la dirección en que nos estamos moviendo, pues hoy nuestras sociedades están estructuradas para seguir acrecentando una desigualdad que le parecía insostenible.

POBREZA VERSUS DESIGUALDAD

Parte de las ideas a las que Atkinson debió hacer frente en su vida académica las resumió en 2004 Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía: “El potencial de mejorar la vida de los pobres encontrando diferentes maneras de distribuir la actual producción es NADA, comparado con el aparentemente ilimitado potencial de aumentar la producción”, escribió (ver Revolución industrial: pasado y futuro, texto en inglés).

Robert Lucas. Fuente: Nobel Prize

Desde esa perspectiva -que dominó desde la década de los ’80- lo correcto era centrar el esfuerzo público en reducir la pobreza a través del crecimiento económico y olvidarse de la desigualdad entre ricos y pobres. Si nos empeñamos en cambiar la posición en que el mercado dejó a cada grupo a través de los impuestos, incluso podríamos dañar el crecimiento y eventualmente aumentar la pobreza. En el citado texto, Lucas le daba a la desigualdad el tiro de gracia: “Entre las tendencias dañinas para una economía bien fundada, la más seductora y en mi opinión la más venenosa, es la de poner el foco en la distribución”.

Durante las últimas décadas, siguiendo la receta de Lucas, muchos países priorizaron la lucha contra la pobreza y dieron la espalda a la desigualdad. Atkinson argumentaba que eso no dio los resultados esperados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la pobreza cayó entre 1948 y 1960 desde el 33% al 19%. Pero desde entonces, no ha habido variación y hoy son 45 millones los estadounidenses que están bajo la línea de la pobreza.

La situación en el Reino Unido también es ilustrativa: después de que la pobreza estallara en los ´80 (desde el 13% saltó a más del 22%), el conservador John Major logró hacerla retroceder hasta el 16%. Siendo un gran éxito el de Major, de todos modos el país tiene hoy una pobreza mayor que la que tenía en la década de los ‘60 y ‘70, antes del inicio de las políticas neoliberales.

Una mirada a los países de la OECD le permitió a Atkinson ir más allá: no solo poner el foco en la pobreza tiene resultados decepcionantes; lo mismo ocurre en los países donde, comparativamente hablando, los ricos logran apropiarse de más riqueza.

“Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas”.

Atkinson examinó el desempeño de las 15 naciones más prósperas de la OECD, y observó que aquellos en los que el 1% más rico se apropia de un porcentaje más alto del PIB -como Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia e Italia- son, a la vez, los que tienen los niveles más altos de pobreza dentro del grupo.

Al contrario, países donde el top 1% obtiene proporcionalmente menos riqueza -como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Francia-, el nivel de pobreza está bajo la media del grupo. De entre los más prósperos, solo Suiza parece haber conseguido que sus más ricos tengan mucho del PIB y, a la vez, la pobreza sea reducida.

HAY QUE CUIDAR A LOS RICOS

Estos datos contradicen otro argumento central que la economía neoclásica ha usado para ignorar la desigualdad: que el enriquecimiento del 1% genera bienestar para todos. El argumento se basa, en parte, en que ni los pobres ni las clases medias pueden hacer las inversiones necesarias para que los países crezcan. Los ricos sí. Incluso cuando gastan en viajes a la Luna activan una cadena de inversiones y producción, es decir, un círculo virtuoso que debería generar empleos y reducir la fila de personas en los bancos de comida. Esta promesa sirve para justificar un amplio arco de políticas públicas (como rebajas tributarias a los ingresos más altos) que dejan más dinero en el bolsillo de los ricos, pues ellos lo invertirán.

Augusto Pinochet expresó con claridad las consecuencias políticas de esta idea: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”, concepto que despierta las más variadas adhesiones (como la del sociólogo Eugenio Tironi).

Atkinson argumentaba que lo que le está faltando a los más pobres y a las clases medias, es lo que los más ricos se están llevando cada vez en mayor cantidad. Y que la mala distribución está empobreciendo a todo el sistema, porque “la producción total está influida por cómo se distribuye la riqueza”.

Portada libro Rethinking Capitalism

Las cifras recientes parecen darle la razón. La acumulación de los más ricos no solo habría frenado la caída de la pobreza, sino que en muchos países habría estancado el ascenso de la clase media. En el caso estadounidense, aunque el PIB del país aumentó en un 78% entre 1990 y 2014, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los US$ 53.000. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional (del 10% al 20%). (Ver Rethinking Capitalism, de Michael Jacobs y Mariana Mazzucato,  introducción en Inglés).

Este fenómeno se acentuó tras la crisis financiera de 2008 (de la cual muchos responsabilizaron a la misma élite). Según remarcan Jacobs y Mazzucato, en los tres años que siguieron a la crisis, ¡el 91 %! del aumento en el ingreso terminó en los bolsillos del 1% más pudiente.

Para Atkinson, este estancamiento de los sectores medios es central. “El debate en torno a la riqueza tiende a enfocarse en las grandes fortunas del top de la distribución, pero la redistribución de la riqueza es tanto un asunto de fomentar pequeños ahorros en el 99% como de poner restricciones a los excesos del 1%”, escribió. Y precisó que la historia muestra que cuando se produce un declive de lo que se lleva el 1% (en los países de la OECD), esto se debe no solo a que el Estado cobra más impuesto a los ricos, sino también porque se expande notoriamente lo que el 99% posee.

El modelo de no poner restricciones a los más ricos no ha hecho mejor la vida del resto de la sociedad como se prometía, destaca Ha Joon Chang, economista de la Universidad de Cambridge. En su libro “23 cosas que no te contaron del capitalismo” (Penguin books, 2010), ataca ese punto: “Desde los ‘80 les hemos dado a los ricos un pedazo cada vez más grande de nuestra torta en la creencia de que ellos crearían más riqueza, haciendo la torta más grande en el largo plazo. Los ricos tomaron el pedazo más grande, pero han reducido el ritmo en que la torta crece”. Citando al Banco Mundial, Chang afirma, igual que Atkinson, que la mala distribución ha afectado la producción total de riqueza: “Mientras en la década de los ‘60 y ‘70 la economía del mundo creció a un ritmo de 3%, desde la década del ‘80 y hasta 2010 la economía ha crecido a 1,4% al año”.

Hoy, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), usualmente enfocado en el crecimiento, lanza miradas inquietas ante el crecimiento de la desigualdad. En documentos recientes (particularmente en Redistribución, desigualdad y crecimiento, 2014 y en ¿Neoliberalismo Sobrevendido?, 2016) sus investigadores no solo han dicho que la desigualdad extrema reduce la fuerza y la duración del crecimiento, sino que sostienen que impuestos pagados por los más ricos en actividades con externalidades negativas, pueden ayudar a los países a crecer.

-La desigualdad reduce el crecimiento y lo hace más frágil y breve; y la redistribución, lejos de ser como se dice “una cura peor que la enfermedad”, puede ser una política exitosa, a menos que la redistribución ya sea extrema -dijo a CIPER Jonathan Ostry, subdirector del departamento de Investigación del FMI y coautor de los dos papers citados.

LA “DESIGUALDAD JUSTA”

Es necesario aquí hacer un alto en Chile. La advertencia del FMI sobre el daño que provoca una alta desigualdad al crecimiento, parece hecha para nosotros.

A diferencia de lo que Atkinson describe sobre Europa y Estados Unidos, en nuestro país la desigualdad no se disparó en los ‘80: antes y después siempre hemos sido extremadamente desiguales.

Un reciente estudio de Facundo Alvaredo, Claudia Sanhueza y otros, que usa datos tributarios desde 1964 hasta 2014, resaltó justamente lo extrema y constante que esa desigualdad ha sido en los últimos 50 años. No importa quien haya gobernado (un DC, como Eduardo Frei Montalva; un socialista, como Salvador Allende; un dictador neoliberal, como Augusto Pinochet, o cualquiera de los cinco presidentes desde el retorno a la democracia hasta hoy), siempre hemos estado en el top del mundo. Solo en los últimos años nos ha superado Estados Unidos y se nos ha acercado el Reino Unido (ver gráfico). En su libro, Atkinson destacaba como un hecho positivo que entre 2000 y 2011 la desigualdad en Chile (medida a través del coeficiente GINI) hubiera bajado cinco puntos porcentuales, todo un hito. El estudio de Alvaredo y otros puntualiza que esa tendencia se habría revertido justamente desde 2011.

Comparación internacional, top 1% de 19 miembros de la OCDE

Esa alta desigualdad no impidió que el país creciera ni que pudiera reducir la pobreza, lo que distingue nuestro caso de lo que describe Atkinson en relación a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 el porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% a 6,5% (según datos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2015); y nuestro PIB per cápita creció de US$ 4.000 a US$ 15.700, en el mismo periodo.Un estudio de Osvaldo Larrañaga y María Eugenia Rodríguez que analiza la pobreza y la distribución desde el regreso a la democracia hasta 2013, afirma que la población que vive en la pobreza se redujo a un quinto. Los autores lo atribuyen al crecimiento económico (durante la década de los ‘90) y a la redistribución (a partir de 2000).

Estos éxitos, sin embargo, no han evitado que a partir de 2011 se hayan intensificado los reclamos sociales. En su estudio, Larrañaga y Rodríguez interpretan que este malestar social se relaciona con “una mayor intolerancia a la desigualdad, producto de una ciudadanía más empoderada por efecto del mismo desarrollo que ha tenido el país”. Muchas familias habrían escapado de la pobreza, pero no de la vulnerabilidad. En su nueva posición estarían menos inclinadas que antes a aceptar la desigualdad en las relaciones de poder, en las relaciones sociales y las oportunidades.

Ben Ross Schneider

En la cambiante sociedad chilena, esta idea de que la desigualdad ya no se tolera, convive con otra que estima que la desigualdad sería justa, pues simplemente refleja el triunfo de los mejores. Esta idea sigue el argumento que Gregory Mankiw, economista de la Universidad de Harvard, desarrolló en un artículo en 2013: “En defensa del uno por ciento”. Para Mankiw, dado que los súper ricos han hecho una contribución significativa a la economía, no tiene nada de particular que se lleven parte importante de las ganancias; su excepcional cantidad de dinero solo reflejaría que son “un pequeño grupo de individuos altamente educados y excepcionalmente talentosos” que ha sabido aprovechar una revolución tecnológica sin precedentes.

Mankiw está pensando en los millonarios de la industria tecnológica. Pero es difícil aplicar eso a Chile donde el 60% de las exportaciones son materias primas y donde la inversión en tecnología es la más baja de la OECD. Investigadores como el politólogo Ben Ross Schneider (MIT), asocian Chile con un modelo diferente: un capitalismo jerárquico, donde la mayor parte de las grandes empresas son controladas por un grupo reducido de personas vinculadas por la sangre y la clase. Ese capitalismo, describe Schneider, ofrece muy pocos buenos puestos de trabajo (gerencias que quedan en manos de la élite) y muchos puestos mal pagados (temporeros).

Es difícil ver la justicia de una acumulación hecha de esta manera. Para Schneider, además, “dado que el capitalismo jerárquico tiende a concentrar mucho poder en pocas corporaciones, puede producir carteles”. Y refiriéndose a los casos de colusión, dijo a CIPER: “Lo que hoy estamos viendo no me sorprende en realidad”. En su opinión, este tipo de capitalismo “difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado” (ver entrevista).

Una reciente investigación de Zerene, Accorsi, López y Figueroa (Nuevas Estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la Minería privada del Cobre: 2005 -2014), corrobora la mirada de Schneider. Al analizar el principal negocio en Chile, la minería, los autores estiman que a través de regulaciones que perjudican al Estado, Chile ha “regalado” a las mineras US$120 mil millones solo en la última década. Los autores hablan directamente de renta “regalada”, porque se trata de ganancias “que no tienen relación alguna con las labores para mantener los niveles de inversión y producción”. En el estudio también la llaman“renta graciosa”, porque“debiendo quedar en manos del dueño del mineral (el Estado de Chile), es graciosamente cedida a las empresas que explotan este recurso”.

En los mercados reales e imperfectos en que vivimos, decía Atkinson, políticas que busque la equidad pueden hacer ganar eficiencia a la economía.

Dos de los autores de este estudio (López y Figueroa) ya habían calculado en 2011 que los cinco hombres más ricos de Chile en ese momento (Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera) ganaban lo mismo que un millón de personas. Tomados en conjunto, estos “5 grandes”, como los llamaban, tenían un ingreso equivalente al 30% de la población chilena (ver estudio en ingles).

-No hay justificación para que alguien gane lo mismo que un millón de personas -dijo Atkinson a CIPER.

- Algunos economistas dicen que eso es perfectamente normal, pues se trataría de personas extremadamente capaces y trabajadoras. ¿Es posible que alguien sea tan inteligente como un millón de personas?

-Por supuesto que no. Y creo que de lo que estamos hablando aquí ya no es de la diferencia, sino de la justicia de la diferencia. Los economistas hemos dejado el problema de la justicia de lado, pero no siempre fue así. Cuando yo era estudiante en Cambridge en 1960, éramos educados en algo que se llamaba “bienestar, valores éticos y economía”. Eso desapareció. Creo que la economía tendrá siempre una debilidad a menos que se enfrente ese tema que está siendo discutido por las ciencias sociales y las ciencias políticas. Porque las personas están muy preocupadas e interesadas en las nociones de justicia. Nada justifica estas distancias de ingreso y la economía debiera enseñar eso.

¿Y SI SE ACHICA LA TORTA?

Por todo lo anterior, Atkinson estimaba que la desigualdad es el problema central de nuestra época. Tan clave que si su reducción implica disminuir el crecimiento, creía que había que pagar ese costo. “Es preferible una torta más chica y mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”, dijo a CIPER.

Pero la verdad es que no creía que, poniendo énfasis en la equidad, reduciríamos necesariamente la torta. Ese temor, decía, viene de la economía ortodoxa, según la cual, dado que el mercado distribuye en forma eficiente, intervenir desde el aparato público para mejorar la equidad, solo puede perjudicar el buen uso de los recursos.

“Es preferible una torta más chica, mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”.

Atkinson admitía que, cuando se habla en términos teóricos, y los académicos imaginan mercados competitivos perfectos, sí hay un conflicto entre eficiencia y equidad. Pero la realidad está muy lejos de eso: las empresas, hemos visto, se pueden coludir durante 10 años, como lo hizo la CMPC con el papel tissue (o durante un periodo que nunca sabremos, en el caso de los pañales, porque estaría prescrito según la Fiscalía Nacional Económica).

Los mercados reales no tienen nada de perfectos. Atkinson argumentaba que en la mayor parte de las economías modernas, las firmas tienen un considerable poder en el mercado y pueden determinar sus propias políticas de precios.

En esos mercados reales e imperfectos la intervención pública es necesaria. Una política que, por ejemplo, terminara con la colusión, podría hacer que la economía chilena ganara a la vez en eficiencia y equidad.

¿Y SI LA TORTA SE LA COME EL ROBOT?

El mismo efecto positivo esperaba Atkinson que tuviera el Estado en un tema que lo preocupaba en sus últimos años: la desaparición del empleo a manos de la proliferación de robots.

En Chile este tema ha sido poco abordado. Una excepción la constituye el economista Sebastián Edwards, quien hace unos meses publicó un texto con un título que pareció a muchos pura ciencia ficción: “Ya pronto tu empleo desaparecerá”.

Allí, Edwards afirma que en los próximos siete años la mitad de los chilenos perderá su empleo y será reemplazado por máquinas. Pese a que fue criticado por poco serio, Edwards no hacía sino recoger –y aplicar a Chile- sólidas investigaciones internacionales que también inquietaban a Atkinson. Edwards decía en su columna que la invasión robot no generaría desempleo permanente, pero sí forzaría a las personas a reinventarse: “Encontrarán trabajo en otras áreas, posiblemente con salarios más bajos que los que tenían en sus antiguos empleos”. Y concluyó: “Sólo aquellos países que adapten su legislación laboral, su sistema educativo, su infraestructura y sus instituciones aprovecharán en forma cabal esta revolución tecnológica”.

Concordando con el diagnóstico, Atkinson habría discrepado de las recomendaciones de Edwards.

Su mirada parte de la idea bastante documentada de que la innovación en muchas áreas dominantes está financiada en un alto porcentaje con recursos públicos. Así lo ha mostrado Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, donde ahonda en el mercado farmacéutico y en el de la tecnología. Uno de sus ejemplos favoritos es el Ipad de Steve Jobs. Mazzucato explica que Apple invirtió menos en Investigación y Desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas, porque usó lo que el financiamiento público había creado.

Para Mazzucato la moraleja de esta historia es que es el Estado el que mueve, en gran medida, las fronteras del conocimiento. Lo hace asumiendo un alto riesgo económico y pagando caro los fracasos de experimentar. Ese Estado –afirma Mazzucato- será imprescindible para resolver los desafíos futuros (relacionados con la energía y el calentamiento global). Pero para que eso sea posible, las empresas que se benefician con esas tecnologías no pueden privatizar los beneficios que obtienen. En su opinión, eso es lo que han hecho Apple y otras transnacionales que han diseñado estrategias agresivas para pagar el menor impuesto posible y han difundido una versión de su éxito donde el esfuerzo público ha sido completamente borrado.

Atkinson iba más allá de Mazzucato. Se preguntaba: ¿por qué los estados que pagan por esas y otras innovaciones deben permitir que se apliquen en productos que acaben con miles de empleos? Y daba como ejemplo el sistema de conducción automático que desarrolla Google y que fue creado a partir de inversión del programa militar estadounidense para generar vehículos autónomos en el campo de batalla: ¿No tiene nada que decir el Estado cuando esa tecnología termina siendo usada para borrar miles de empleos de taxistas?

Atkinson creía que era un error mirar el cambio tecnológico como algo exógeno, determinado por los dioses y ante lo cual no cabía más que adaptarse, como parece sugerir el texto de Edwards. Por el contrario, argumentaba que “muchos cambios tecnológicos reflejan decisiones que fueron tomadas por científicos, jefes de investigación, hombres de negocio, inversionistas, gobierno y consumidores, entre otros”. Estas decisiones están influidas por consideraciones económicas que “hacen que los cambios tecnológicos sean endógenos, esto es, determinados desde adentro del sistema económico y social”.

Anthony Atkinson

Dado que muchos de los desarrollos que acaban con empleos tienen como motivo la reducción de costos, Atkinson creía que el Estado estaba obligado a introducir en la dirección de la tecnología el otro elemento: crear tecnología que fueran complementaria al trabajo humano y no indiferente a las personas.

-¿Por qué la Unión Europea debería invertir en desarrollar autos que se conduzcan solos si eso va a terminar con miles de empleos? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, cocinas robóticas para las casas? Eso les daría independencia a muchas personas mayores que ahora tienen que estar  en un hospital. La tecnología puede no ser destructora de empleos, sino complementaria –dijo Atkinson a CIPER.

Y agregó: “Lo que quiero decir es que podemos elegir. Si dejamos que el desarrollo de los robots lo manejen los departamentos de defensa de los países, o los departamentos de marketing de las empresas, esa es una decisión social con un tipo de consecuencias. Es importante que estas decisiones sean colectivas, sociales. Porque de lo contrario, esos desarrollos provocan miedo y la resistencia puede ser violenta. El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero su dirección la podemos decidir”.

El viernes 13 de enero el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ingresó ante la Corte del Distrito de Columbia dos documentos reveladores sobre los pagos políticos ilícitos de Soquimich (SQM).  En ellos no sólo se fija una millonaria multa por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés), sino que la minera acepta formalmente el haber realizado “pagos indebidos” a funcionarios y políticos, violando además la normativa tributaria y de financiamiento electoral chilena.

En los documentos, el DOJ describe cinco casos de pagos vinculados a políticos. Los receptores no están individualizados con nombre y apellido, sin embargo, la descripción permite identificar a al menos cuatro de los beneficiados: el senador Jaime Orpis, el ex ministro y ex senador Pablo Longueira y el ex subsecretario Pablo Wagner (todos militantes de la UDI al momento de recibir los pagos); y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO).

La multa fijada por el DOJ y aceptada por SQM, asciende a US$15,5 millones.

En paralelo, ese mismo viernes 13 la Securities and Exchange Comission (SEC), que regula el mercado de valores en Estados Unidos, hizo público otro acuerdo con SQM: el pago de una multa por US$15 millones. Con esta nueva sanción, la minera deberá cancelar en total US$30,5 millones, la mayor multa a una empresa chilena por violaciones a la FCPA (en agosto Latam pagó US$22,2 millones).

Foto: Wikimedia

Ante ambas autoridades  estadounidenses, SQM aceptó no haber cumplido con las normas de control interno y haber ingresado a su contabilidad gastos falsos, por servicios que no se prestaron. En total, entre 2008 y 2014 la minera reconoce haber utilizado US$14,75 millones en “pagos indebidos” a personas políticamente expuestas (PEP), a través de la cuenta de gastos del ex gerente general, Patricio Contesse.

En el documento de “cease-and-dessist” (cese y desistimiento del procedimiento), la SEC detalla que los “pagos indebidos” se realizaron a través de contratos falsos por servicios no prestados y, también, canalizando dineros a través de fundaciones vinculadas a políticos. En esta última categoría se describe una situación que no parece haber emergido aún de las investigaciones que se siguen en Chile por el financiamiento irregular de la política: “Un chileno PEP solicitó pagos de un ejecutivo de SQM a una fundación relacionada. Pero como esa fundación aún no existía legalmente, los pagos fueron hechos por SQM a través de un contrato de prestación de servicios con una empresa de comunicaciones” (ver documento).

La SEC también cuestiona que Contesse pudiera realizar pagos a terceros sin que la empresa verificara que éstos fueran adecuados, los precios correspondieran al valor de los servicios o que siquiera dichos servicios se hubieran prestado realmente. En el caso de las fundaciones, la empresa tampoco revisó que las donaciones no terminaran en manos de los políticos ligados a ellas.

La cuenta de gastos discrecionales del ex gerente general de SQM, mediante la cual se hicieron estos desembolsos a políticos, osciló entre US$3,3 millones anuales en 2008 y US$5,7 millones en 2014.

El relato de la SEC destaca que en 2014 –año en que estalló en Chile el Caso Penta– las alarmas se encendieron dentro de SQM. En ese momento, una auditoría interna detectó que seis proveedores que recibieron pagos entre 2012 y 2013 tenían conexiones de “alto riesgo” con PEPs. La auditoría sugirió que se terminaran dichos contratos, información que fue entregada a los máximos ejecutivos y al directorio de SQM, entonces presidido por Julio Ponce Lerou.

La SEC concluye que, pese a ello, “se hicieron cambios insuficientes al sistema de control contable interno. Como resultado, los pagos indebidos de SQM a PEPs continuaron por otros seis meses después del informe de auditoría interna”.

Peor aún, la SEC destaca que “incluso cuando pagos a receptores de ‘alto riesgo’ fueron identificados por la auditoría interna y los contratos sospechosos fueron resciliados, los pagos siguieron haciéndose a personas relacionadas a PEPs. Por ejemplo, cuando los pagos hechos a un familiar de un funcionario chileno fueron cortados alrededor de septiembre de 2014, los pagos comenzaron a hacerse a un asesor de ese funcionario público alrededor de octubre de 2014”.

A pesar de que en los documentos de la SEC no se individualiza a los beneficiados por esos pagos a políticos, los nombres se encuentran en el estudio de Shearman & Sterling, el bufete estadounidense al que SQM le pidió en 2015 determinar si se había violado alguna norma de la FCPA.

Ahí se menciona el informe de auditoría interna de 2014 y los seis proveedores con vinculaciones PEP: el Core del Biobío, Claudio Eguiluz (RN); la esposa del ex diputado Cristian Leay (UDI), María Alejandra Bórquez; la empresa del asesor de Marco Enríquez-Ominami (PRO), Cristián Warner Comunicaciones; el ex presidente del PRI, Humberto de la Maza; y el ex funcionario de la Junji Jorge Daza Aránguiz. El sexto PEP es el hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC), Roberto León Araya. Luego de que se cortaran los pagos, se hicieron transferencias al asesor del parlamentario, Miguel Salazar.

PAGOS POLÍTICOS CUESTIONADOS

Uno de los documentos ingresados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la corte es el “Deferred prosecution agreement” (DPA). Allí se presentan los cargos criminales pero se posterga la acusación por tres años, durante los cuales SQM debe cooperar con las autoridades estadounidenses e implementar un programa de control interno (ver documento).

Se adjunta también el “Statement of facts” (Declaración de hechos), que detalla el “esquema” que dio origen a la multa. Dicha declaración fue suscrita por SQM, lo que implica que la empresa acepta que su contenido es correcto (ver documento).

Jaime Orpis

El acuerdo destaca a cinco “funcionarios chilenos” -cuyos nombres no menciona- como casos relevantes para configurar el esquema de pagos indebidos de SQM. El llamado “funcionario chileno 1” es fácilmente identificable: el senador Jaime Orpis. Y ello, porque incluso se cita un email en que Orpis y su esposa le piden a Contesse una donación para la Corporación La Esperanza: “Perdona que volvamos a insistir, pero estamos desesperados, puesto que solo llevamos el 20% de nuestra meta. ¿Te quedarían excedentes de capacitación para traspasarnos?”. Poco después, la corporación recibió aproximadamente US$18 mil de SQM. En total, se afirma en el documento del DOJ, entre 2008 y 2013 se transfirieron US$160 mil a “fundaciones apoyadas por el funcionario chileno 1”.

Jaime Orpis está también desaforado y formalizado por cohecho (con arresto domiciliario en su casa de vacaciones en Frutillar) en el “Caso Corpesca”.

La descripción del “funcionario chileno 2” calza con el ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira: “SQM también pagó aproximadamente US$630 mil del fondo discrecional del gerente general durante el periodo relevante a fundaciones controladas por el funcionario chileno 2, quien en momentos del periodo relevante tuvo influencia sobre los planes para minería del gobierno, un asunto de central importancia para los negocios de SQM”. A continuación, se cita un email que Longueira envió a Contesse pidiendo ayuda para una fundación presidida por su hija, a la cual se donaron US$16 mil.

Pablo Longueira está formalizado por el delito de cohecho en la causa que investiga precisamente los pagos ilícitos a políticos hechos por SQM.

Pablo Longueira

Para graficar el pago de servicios no prestados y el uso de boletas falsas para “disfrazar” transferencias a PEPs, el documento del DOJ menciona al “funcionario chileno 3”, que no es otro que el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. SQM pagó aproximadamente US$11.034 por “servicios financieros” a su cuñada, María Carolina de la Cerda, quien ha declarado que esos fondos eran para financiar la campaña senatorial del actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

El “funcionario chileno 4” es menos identificable, aunque los montos detallados que pagó SQM coinciden con los que recibieron cercanos al senador Fulvio Rossi (entonces militante del Partido Socialista), según la investigación judicial en curso en Chile.

Los documentos del DOJ mencionan US$63 mil pagados a un ex asesor y jefe de gabinete (monto que coincide con pagos a Mariela Molina, ex asesora y jefe de gabinete de Rossi) y US$29 mil por consultorías a un familiar (monto que coincide con lo que recibió María Valentina Martínez, cuñada de la hermana de Rossi). “SQM hizo esos pagos sin recibir ninguna evidencia de que las ‘asesorías comunicacionales’ o los ‘servicios de consultoría’ fueran realizados y a la fecha no ha encontrado ninguna evidencia”, dice el documento.

Cuando el DOJ describe la “falsificación de libros y registros” utiliza como ejemplo al “funcionario chileno 5”. Los montos, fecha del contrato y número de facturas coinciden con los pagos que le hizo SQM a la empresa de comunicaciones de Cristian Warner, ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami.  Así se lee en el documento del DOJ:

Marco Enriquez-Ominami

“En o alrededor de febrero de 2011, bajo instrucciones del ejecutivo de SQM (Contesse), dos empleados crearon contratos de servicios falsos para proveedor ficticio con el solo objeto de canalizar fondos de SQM a una fundación controlada por el funcionario chileno 5. Entre aproximadamente 2008 y aproximadamente 2012, SQM pagó desde el fondo discrecional del gerente general 36 facturas enviadas bajo dicho contrato, por un total aproximado de US$577 mil”.

¿A qué fundación ligada a Enríquez- Ominami se refiere el documento del DOJ? La indagación de CIPER indica que el acuerdo previo sobre los aportes irregulares de SQM a la campaña de Enríquez-Ominami se canalizaría a través de la Fundación Progresa, pero al momento de concretarse los pagos se optó por las facturas por servicios no realizados emitidas por la empresa de Cristián Warner.

El acuerdo de SQM con las autoridades estadounidenses abre una pregunta: ¿perseguirá el DOJ a otras empresas chilenas investigadas por financiamiento ilegal de la política que hacen negocios en Estados Unidos? Si fuera así, la lupa del DOJ y de la SEC podría recaer, por ejemplo, en algunas empresas del Grupo Angelini. La respuesta quedará en manos de la nueva administración Trump, pero la SEC ya anunció que su investigación sigue abierta.

El ex diputado y ahora ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS, 52 años), dice estar empeñado en defender su honra. El viernes 20 de enero, CIPER publicó los antecedentes sobre 34 boletas que su esposa hizo entre 2010 y 2013 para los industriales pesqueros de Asipes, cuando él trabajaba en la Municipalidad de Talcahuano impulsando una política favorable a esos mismos empresarios. Luego, cuando en 2014 fue nombrado subsecretario de Pesca, no transparentó esa relación. CIPER también difundió una minuta escrita por el presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, que resume una reunión que sostuvo con Súnico cuando ya era subsecretario. En ese texto, Moncada dice que Súnico le confirmó que no se cumpliría el programa de gobierno en el punto referido a poner fin a la pesca de arrastre.

Al día siguiente de la publicación de CIPER, Súnico renunció a la subsecretaría. El reportaje lo sorprendió en Australia, donde negociaba la cuota de jurel que podrá pescar Chile. El domingo 22 aterrizó en Santiago ya reconvertido en “otro ciudadano más”, como él dice, e inició un raid de entrevistas –en radios Bío Bío, ADN, Cooperativa y el diario La Tercera, entre otros medios- en las que sostuvo que nuestro reportaje presenta información “mañosa”, “inexacta”.

CIPER le había pedido una entrevista una semana antes de la publicación del reportaje. En el mensaje se le informó que se trataba de un tema delicado relacionado con sus vínculos con Asipes y que, como afectaba a su entorno cercano, debía ser planteado en un contacto personal. En su gabinete respondieron que no estaría disponible por dos semanas. Se le propuso contacto telefónico o videoconferencia. No aceptaron. A su retorno, ya renunciado, sí aceptó reunirse con CIPER.

Raúl Súnico (PS)

Al inicio del diálogo, CIPER le pidió que explicara cuál es la información de nuestro reportaje que a su juicio es incorrecta. Mencionó dos:

-Se ligan dos hechos distintos. Hay un periodo en que no ejerzo cargo público, en donde yo y mi familia tenemos derecho a opinar, interlocutar y trabajar con quien estimemos. Ligar eso a mi función posterior como subsecretario, ahí la cosa cambia. Como subsecretario desarrollé una función regulada y donde la opinión de la autoridad es conocida y recurrible ante los tribunales. Otro error que se plantea es que entre 2010 y 2013 (periodo de las boletas de su esposa) yo preparaba mi candidatura a diputado. Eso es falso y mañoso, porque tras una derrota electoral, uno sale con deudas y no está pensando en repostular. Uno tiene que resolver sus deudas y la vida…

-Pero usted repostuló en 2013 y perdió. ¿Quedó con muchas deudas?

No, soy un tipo muy ordenado. Nunca gasto lo que gano.

-¿Cómo saldó esas deudas? Porque pasó de una dieta parlamentaria a ganar $1,8 millón en la Municipalidad de Talcahuano.

Se baja, se baja mucho…

-¿Y cómo resolvió esa baja de ingresos?

Tengo una manera de vivir desde hace 30 años: nunca gasto lo que gano. Si ustedes revisaran mis cartolas, de los diez, de los seis, de los tres que recibo, nunca gasto más de 1,5 o 2.

-Si quiere revisamos las cartolas…

No tengo problema. Es algo que en algún momento quiero hacer: vamos al banco y las revisamos todas mientras fui subsecretario. No para publicarlas, para que las vean, porque no tengo por qué contar a todos cuánta plata tengo en el banco. Soy una persona que guarda, que no tiene tarjetas de crédito.

-Entonces, ¿saldó sus deudas de campaña con ahorros?

Lógico, y eso te ajusta para adelante, porque ya no tienes los mismos ingresos. Soy súper austero…

-¿Asegura que pagó toda su deuda de campaña con ahorros?

Pero no diga “la deuda” (gesticula como si fuese una deuda muy grande), porque entonces parece que uno se consiguió un pituto para pagarla. Cuando se va a una elección, quedas con deuda. Y qué se hace: unos piden crédito, otros se gastan los ahorros. Como sea, hay que trabajar. Yo entré a a la Municipalidad de Talcahuano, donde estuve a cargo de las tareas de reconstrucción económica de la ciudad (después del terremoto 27/F).

-En ese rol, ¿qué contacto tuvo con los industriales pesqueros de Asipes?

Como con todos: los industriales pesqueros, los comerciantes, la industria de Huachipato, todos los dañados por el terremoto. En Talcahuano perdimos prácticamente todas las plantas industriales, el comercio estaba destruido, 12 mil casas afectadas, 62 barcos de pesca artesanal sobre las calles. Entonces, sin plantas de proceso, los pescadores artesanales no tienen a quién vender su pesca. Nos abocamos a reconstruir la parte más importante: los empleos. Las plantas de proceso dan trabajo a 4 mil o 5 mil personas, más todos los empleos indirectos, que son muchos. Talcahuano es la ciudad de operaciones pesqueras más grande del país. Necesitábamos reconstruir las plantas y para que los industriales hicieran esa inversión no estaban las confianzas, porque se iba a discutir una nueva ley para el sector y allí se vería si ellos iban a mantener sus derechos de pesca. Y en ese debate, en la municipalidad fuimos contrarios a las licitaciones (de los recursos pesqueros).

-Para recuperar empleos, desde el municipio se opusieron a las licitaciones, apoyaron la Ley de Pesca y se alinearon con los intereses industriales.   

Eso es extremar mucho los argumentos. La Ley de Pesca tiene más de 500 artículos de distintas materias y hay un solo punto en el que nosotros tuvimos opinión: se licita o no…

-El principal punto en discusión.

No… Bueno, para algunos era importante y para otros, menos. Pero el principal punto era el fraccionamiento (el porcentaje de la cuota anual de pesca que correspondería a artesanales y a industriales). Las licitaciones fueron una disputa entre industriales que ya están en el mercado y los que querían entrar.

-Y en esa disputa, en la municipalidad se jugaron contra las licitaciones, es decir, a favor de los industriales que ya operaban en el mercado.

Esto no es un tema de empresas, es un tema de empleos…

-Pero para tener los empleos, ustedes tenían que generarles condiciones favorables a esas empresas. Eso fue lo que el entonces alcalde Gastón Saavedra (PS) dijo y usted era su asesor.

Lógico. Yo también lo dije, muchas veces.

-Por eso, le insisto, ustedes se alinearon con la industria.

Pero solo en ese punto tuvimos un gran consenso. Y en otro un disenso brutal: queríamos sacar la “yoma” (instalación para la descarga de la pesca) de Asipes, porque desde la plaza de armas no se ve el mar ya que te enfrentas a la descarga pesquera. Queríamos sacarla porque bota residuos y deja la ciudad hedionda, para que quedara en el puerto comercial. Nos enfrentamos con una inmobiliaria que pertenece a las empresas de Asipes, porque el precio de la descarga dentro del puerto era sideralmente más alto…

-Tuvieron un disenso con la industria en ese punto, pero en la norma que regula el sector, la Ley de Pesca, estuvieron alineados.

Yo nunca estuve a favor de la Ley de Pesca.

Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar

-En esa época usted concurrió a movilizaciones en Valparaíso a favor de la ley.

Pero entiéndeme. Estás englobando y yo estoy especificando…

-Usted estuvo en manifestaciones, afuera del Congreso, a favor de que no se licitaran los recursos.

Sí, estuve y nunca lo he negado. Asistí con Gastón Saavedra a una manifestación en contra de las licitaciones por las razones que ya di, porque era muy importante recuperar el empleo. No asistí jamás a comisiones de pesca de la Cámara ni del Senado, no intervine sobre ninguna otra materia de la ley que no fuera esta.

-Dirigentes artesanales denunciaron que usted y el alcalde Saavedra ingresaron al Congreso a conversar con parlamentarios. ¿Fue así?

No.

-¿No ingresó al Congreso en esa ocasión?

Pueden ver las actas de las comisiones de pesca: no estuve en ninguna… Puede que haya tomado un café en algún momento…

-Ahora se sabe que en esa manifestación los industriales pesqueros financiaron buses, pasajes, los gastos de dirigentes sindicales.

Cada cual tiene que responder por las cosas que hace. Yo respondo de mis acciones. Y la mía fue acompañar a mi jefe, entonces el alcalde Saavedra, a un punto en el que teníamos acuerdo: que las licitaciones ponían en riesgo los empleos en Talcahuano.

-Cuando asistió a esa manifestación, ¿no se dio cuenta que era orquestada por los industriales?

Es que ese no era mi punto. Mi punto era que teníamos una situación de destrucción y necesitábamos recuperar el empleo. En Talcahuano los pescadores artesanales de la Ferepa (federación regional), habían firmado a favor…

-Esa era la federación del dirigente Hugo Arancibia, que fue candidato del PS a concejal en 2012 y ahora aparece en las nóminas de receptores de aportes de campaña que hizo Asipes.

Sí, puede ser, perfectamente.

-Usted dice que CIPER lo trató injustamente porque vinculó hechos del pasado con su labor como subsecretario. Pero de sus respuestas se entiende que durante años usted ha sido un actor político gravitante en su región. Su vida política ha sido un proceso continuo. Cuando dejó de ser diputado y trabajó para la municipalidad, promovió que los industriales tuviesen reglas que facilitaran recuperar empleos… 

La regla era reconstruir y recuperar empleos. Dentro de ese punto, porque hubo varios otros, el tema de las licitaciones era un riesgo…

-Fue a una manifestación financiada por la industria, con un alcalde que recibió aportes de Asipes. Luego, lo nombraron subsecretario para fiscalizar al mismo sector industrial. En ese contexto, cuando Asipes empezó a ser investigada por financiar a políticos con boletas falsas, ¿no era prudente hacer público que su esposa hizo boletas para Asipes en el mismo periodo en que usted, como asesor municipal, se opuso a las licitaciones? ¿No le pareció pertinente informar al menos a sus jefes en el gobierno?

Las conversaciones que yo tengo al interior del gobierno son privadas. Por lo tanto, no voy a responder si informé o no…

-¿Está diciendo que usted sí informó al gobierno?

No voy a referirme a eso.

-Pero es un tema de transparencia pública saber si el ministro de Economía, su jefe, estaba al tanto.

Eso es parte de las conversaciones privadas que se tienen al interior del gobierno. Lo que puedo decir es que siempre me moví con total libertad en la toma decisiones de la aplicación normativa y regulatoria, sin presiones de ningún tipo.

-Antes de pasar a ese punto, volvamos a las boletas de su esposa, porque usted ha dicho que es un tema privado…

Y lo voy a mantener así: es un tema privado de una persona que no forma parte de la política. Y no comparto la idea de que si el jefe de la familia es político, todo el resto de la familia…

-¿No es relevante que se conozca que su esposa recibió pagos de una industria que usted después tuvo que regular?

Estás ligando algo que no tiene por qué ligarse. Si tú quieres establecer un nuevo estándar, que cuando se evalúe a la persona se evalúe a su familia, entonces estamos en un problema.

-Entiendo su criterio: cumplir con las reglas actuales. Pero, a la luz de los pagos ilícitos que habría hecho Asipes a políticos, lo que corresponde es que se aclare qué vínculo económico anterior tuvo una autoridad como usted, o su familia, con la industria que debía regular. Insisto: ¿qué labor hizo su esposa para Asipes?

No me voy a referir a eso, porque no comparto el criterio de que una persona que no tiene ninguna relación con la política, excepto que es mi señora, pero que no es militante, esté envuelta en esto.

-¿A usted le parece que las boletas que hizo el hijo del ex ministro Pablo Longueira (UDI) no deben ser investigadas?

Si se hicieron mientras él ejercía un cargo, son muy relevantes.

-Usted ejercía un cargo en una municipalidad…

No, no, no… aquí lo que se está discutiendo es lo que hice como subsecretario o diputado, porque cuando uno trabaja en la municipalidad no tiene facultades para resolver.

- Cuando su esposa boleteó para Asipes, se discutía la Ley de Pesca y usted desde la municipalidad impulsaba una política favorable a la industria, seguía siendo una figura pública clave del PS en la zona. De hecho, postuló a diputado y luego fue subsecretario de Pesca…

Me quiere decir que si un periodista boletea para Luksic, porque trabaja en una radio de él, entonces siempre trabaja para Luksic. Está haciendo una generalización… Mire, puedo decir que pude haber cometido un error, con los ojos de hoy, no con los de febrero de 2014. Tal vez debí decir: “¿sabe?, no estoy dispuesto a aceptar este cargo”. Hoy, reflexionando, pude haber dicho “no”.

-O haber dicho “acepto, pero quiero informar que tengo estos antecedentes”.

No, no, no. No aceptar el cargo. Ahora, la verdad es que ha sido un cargo intenso, lo he pasado muy bien, hemos tratado de hacer un cambio profundo en pesca y me siento orgulloso de estos tres años. Pero puesto en la situación de hoy, para evitarme problemas, podría haber dicho “mejor no lo voy a hacer”, como lo hice cuando se discutió la posibilidad de que yo fuera candidato a fines de 2012. Entonces le dije a mi señora que terminara esa relación (con Asipes), porque no quería que se confundiera mi candidatura con las labores de ella.

-Ahí sí consideró relevante esa relación laboral.

Lo consideré relevante porque iba a postular a diputado. Nunca postulé a subsecretario. Cuando pierdo la elección, se me plantea esto (la subsecretaría), se me pregunta por mis relaciones con los distintos actores, como en cualquier proceso de nombramiento de una autoridad, y se me nombra. En ese momento quizás debí haber pensado: “¿sabe qué?, mejor no tomo esta decisión”.

-Cuando le preguntaron por sus relaciones para nombrarlo, ¿usted no dijo que su esposa tenía ese vínculo?

No, porque cuando se evalúan los cargos, lo que se evalúa son las capacidades de la persona, no de su familia. Nadie se hubiese atrevido a preguntar por los hijos, los primos, los tíos… Hoy, sí. Ha cambiado la sociedad.

-Para su campaña a diputado usted consideró relevante la relación laboral de su esposa, al punto que le pidió terminarla. Pero no la consideró importante cuando lo nombraron subsecretario con autoridad sobre la industria pesquera. Tampoco cuando Asipes fue allanada, en septiembre pasado, en busca de boletas que financiaron a políticos.

-Pero separemos las cosas, te pasaste tres años para delante. Vamos por parte…

-Es un proceso continuo. La relación laboral de su esposa le pareció relevante en 2013 para ser diputado, pero cuando lo nombraron a cargo del sector pesca y después, cuando allanaron Asipes, ¿por qué no le pareció que debía informarla? Si vio a fiscales en busca de boletas de Asipes que financiaron a políticos desde 2009 en adelante, ¿no era pertinente hacer público eso mismo que tres años antes creyó que podía generar confusiones? 

Yo aclaré esas confusiones con quien tenía que aclararlas…

-¿Con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes?

No coloques palabras que no he dicho. Lo aclaré con quien tenía que hacerlo. Suficiente respuesta. No voy a dar nombres.

-¿Qué tipo de trabajos realizó su esposa para Asipes?

Ella es contadora auditora. No me voy a referir a eso…

-¿Hay informes de esos trabajos?

Ella entregó informes en su momento, sí.

-¿Ella tiene copias, respaldo de esos documentos?

Hace un mes que no estoy allá (en su casa), así que no sé.

-Si se los pedimos a ella…

Creo que no tendría por qué tenerlos, porque no hay una obligación legal de guardar informes cuando uno presta servicios. Si los tuviese, se los puedo hacer llegar. Pero según lo que me ha explicado, hay informes que se entregaron, consultas que se hicieron (con posterioridad nos respondió que esos informes no fueron encontrados en su casa, que producto de un cambio de residencia, se perdieron).

-¿Asipes tiene esos respaldos?

Ahí no sé. Pero, no quiero que mi esposa se vea envuelta. Cuando aparece el monto sumado de los pagos ($33 millones entre mayo de 2010 y enero de 2013), uno pierde la perspectiva: estamos hablando de un servicio de $900 mil mensuales líquidos.

Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes

-Y usted, ¿ha hecho algún tipo de trabajo remunerado para Asipes o para alguna industria pesquera?

Nunca (después de la entrevista, Raúl Súnico nos dio acceso a las boletas que emitió él y su señora desde 2005 en adelante. El no registra ninguna para la industria pesquera y ella las 34 que le pagó Asipes y que informó CIPER).

-En las elecciones de 2009 y 2013, ¿usted o sus cercanos pidieron aportes de pesqueras para financiar sus campañas a diputado?

La del 2009 está más lejana en la mente, pero en la de 2013 yo tuve unos $4 millones en aportes reservados, y tengo más de 12 amigos que me han dicho que me pusieron dos millones cada uno. La suma no calza…

-No le preguntamos por los aportes reservados, sino si usted o alguien de su círculo pidió recursos a pesqueras.

Que yo recuerde, no. Porque, además, el financiamiento de mi campaña corrió en buena parte por el PS…

-Cuando dice que no recuerda, ¿significa que existe la posibilidad?

Yo no pedí. Pero si alguien del equipo puede haber conseguido algo, esas son otras cosas…

-O sea que no se enteró si es que fue así.

Es que mis finanzas no lo reflejan, porque la campaña fue bastante ajustada.

-Pero ahora sabemos que las campañas se financiaban también por otras vías no legales que no quedan en las cuentas. ¿No se van a encontrar facturas o boletas falsas en las cuentas de sus campañas? ¿O correos de Asipes u otras industrias que muestren aportes a sus candidaturas?

Puede que alguien…, puede que haya habido todas esas… ¿cómo se llama?….

-Fórmulas de financiamiento.

Pero no estaban en la definición de la campaña. No es que nosotros hayamos hecho…, nosotros pedimos plata a todo el mundo, como cualquier candidato…

-¿A las empresas pesqueras también les pidieron?

No. Lo que hicimos fueron varios encuentros en los que dijimos “todos los que quieran aportar hay un mecanismo de aportes reservados”.

-A esos encuentros, ¿asistió gente de Asipes, ejecutivos de las empresas?

No, porque ellos son UDI.

-Pero los documentos de Asipes que ahora conocemos han demostrado que sus aportes fueron transversales.

Pero otra cosa es que vayan a un acto.

-Los documentos que se han conocido indican que Asipes le habría aportado a candidatos del PS, como Gastón Saavedra y Hugo Arancibia.

Si hay aportes reservados, no lo sé. Yo tengo $4 millones.

-¿En sus campañas participó en reuniones con gente de Asipes?

-Mientras fui diputado recibía a todo el mundo…

-Le preguntamos lo que pasó durante sus campañas.

Es posible, entre todas las organizaciones, pero tú estás tratando de establecer una relación…

-No, es una pregunta: ¿se reunió con gente de Asipes en sus periodos de campaña?

Mira, no descarto que pueda haber habido reuniones, porque yo me reunía con mucha gente en ese periodo. Pero junto con Gastón Saavedra teníamos con ellos una relación áspera, producto del proyecto de recuperación del centro de Talcahuano (que buscaba sacar las instalaciones de descarga de Asipes).

-Sabemos que no quiere hablar del trabajo de su esposa, pero hay que preguntar si ella tiene alguna especialización que haya hecho necesario para Asipes contar con sus servicios.

Ella es contadora auditora y entiendo que prestó servicios en esa condición. No me ando metiendo en qué hace o no hace mi señora. Encuentro de mal gusto preguntar los detalles de lo que hace. Esos fueron sus ingresos propios, gastados por ella.

-Resulta extraño que una asociación de empresarios cercana a la UDI, que ahora sabemos financia campañas, le haya abierto su contabilidad a la esposa de un dirigente socialista.

Eso se lo preguntaría a las personas que la contrataron.

LA MINUTA DE MONCADA

-¿Tiene usted una relación de amistad con Luis Felipe Moncada?

No, conocidos sí; tal como conozco a muchos ejecutivos de la región, forestales, de Huachipato, del comercio, del casino. Si me preguntas dónde vive Moncada, no sé.

-En la minuta que Moncada escribió sobre una reunión con usted, revela una gran confianza. En ese correo señala que usted le confió que le estaba bajando el perfil a una organización sindical contraria a la Ley de Pesca, que ofreció poner un límite a los artesanales en la pesca del jurel a cambio de que la senadora Van Rysselberghe destrabara un proyecto de ley y que le aseguró que la pesca de arrastre no iba a terminar en este gobierno. ¿Así se lo planteó?  

-Lo primero: cada uno se hace responsable de lo que escribe. Como ustedes bien dicen, ese es un texto de lo que interpreta el señor Moncada respecto de la conversación. Segundo: de esas minutas respecto de reuniones sostenidas conmigo, debe haber dos mil, de Moncada, de Frío Sur, de los salmoneros, etc.

-¿La minuta de Moncada es fidedigna de lo que ocurrió en esa reunión?

No cien por ciento. Pero, vamos por parte…

-Al inicio de esa minuta, Moncada plantea que usted le aseguró que no se cerraría la pesca de arrastre en este gobierno.

Lo que ellos plantearon fue cuál era el alcance de esa definición del programa de gobierno, porque había mucha presión pública. Nosotros hemos sido súper claros: lo que dice el programa es “eliminación progresiva de la pesca de arrastre mediante un procedimiento que tenga un mínimo impacto en la industria nacional”.

-Lo conocemos.

A diferencia de lo que ustedes colocaron, que yo estaba echando por tierra un compromiso de gobierno, ese compromiso –y reconozcan que ahí tienen un error– es este: eliminación progresiva con mínimo impacto para la industria. Lo que le dije a Moncada es que el mínimo impacto tenía que ver con la protección de los empleos. Los principales países pesqueros mantienen importantes flotas de arrastre.

-¿Su convicción personal es que hay que terminar con la pesca de arrastre?

Soy partidario de regular el arte de pesca, no prohibirlo. Todos los artes de pesca tienen externalidades negativas…

-Lo que dice el programa de gobierno es “terminar con la pesca de arrastre de manera progresiva…”.

-Sigue, sigue. Hay que ponerle la segunda parte.

-… “con el menor impacto en la industria nacional”. Pero “terminar de manera progresiva” significa avanzar para ponerle fin. ¿Tiene la convicción de que hay que dar pasos para terminar con la pesca de arrastre?

Con lo que nosotros conocemos hoy como arte de pesca de arrastre, sí. Pero, hay que modificarlo sustantivamente para que tenga menos impacto. Para eso tomamos un par de decisiones: subir un observador científico a las naves y prohibir el arrastre en los montes submarinos y ecosistemas vulnerables.

-En su minuta, Moncada dice que le pidió que cerrara la pesca en los montes submarinos no con el artículo 4 º de la Ley de Pesca, sino con el  5º, que deja abierta la posibilidad de que un estudio científico determine que no daña el ecosistema. ¿Usó el artículo 4º o el 5º?

No me acuerdo. Eso lo preparan los abogados, el equipo jurídico. A mí lo que me interesa es si tengo o no legalidad para hacerlo. Los regulados siempre van a buscar que las facultades del regulador estén minimizadas. Pero, nosotros teníamos otro proyecto con la pesca de arrastre: prohibirlo a una cantidad de metros de profundidad y congelar la huella de arrastre, para que solo se pueda usar en las zonas donde ya se ha arrastrado por años (en documentos que nos envió con posterioridad a la entrevista se constata que lo hizo en base al artículo 5º de la Ley de Pesca).

-Nada de lo que usted describe habla de avanzar hacia el fin de la pesca de arrastre, solo mejorarla…

La idea es eliminar los efectos negativos de la pesca de arrastre y proteger los empleos.

-Lo que usted plantea es congelarla y mejorarla, no terminarla progresivamente.

Porque terminarla tenía un límite: no poner en riesgo los empleos, que es lo que se privilegió.

-Otra arista en que, según esa minuta de Moncada, usted aparece accediendo a una solicitud de Asipes, es que él le pidió información sobre la pesca artesanal de jibia…

Información te piden todos y es pública.

-Pero nosotros constatamos que la subsecretaria la entrega por Ley de Transparencia, con un plazo de hasta 20 días hábiles, y a Moncada se la entregó en tres días.

A todos los actores que piden información, dentro de la que está disponible, se les entrega, sobre todo cuando hay un debate acerca de una materia determinada.

-¿Por qué Moncada se comunica a un correo personal suyo y no a su correo institucional?

Depende de los momentos. Tengo un correo personal y Moncada parece que es bueno para los correos, de hecho debo tener como quinientos de Moncada, muchos de ellos sin leer o borrados…

-¿Por qué él tenía su correo personal? Se supone que una autoridad pública guarda el registro de sus comunicaciones institucionales en su correo respectivo.

Los correos míos son siempre públicos y este es un correo que uso desde que mi hijo (Alonso) tenía siete años y ahora tiene 14. Por eso se llama donalonso7…

-Si le piden revisar ese correo, ¿tendría algún problema en autorizarlo?

¿Por qué tendrían que revisarme el correo? Lo tengo hace siete años, es el único y lo usé con mucha gente. En la municipalidad tenía un correo institucional pero mayoritariamente usaba este, porque lo puedo ver en cualquier parte.

LA SENADORA VAN RYSSELBERGHE

-En la minuta que escribió Moncada, él dice que usted le pidió que la senadora Van Rysselberghe destrabara un proyecto de ley. ¿Por qué le pidió eso al presidente de la Asipes?

Ese proyecto arreglaba una serie de inconsistencias de la Ley de Pesca. Una de ellas era el olvido de una norma que permitía a los artesanales de las regiones III y IV pescar jurel con línea de mano para subsistencia…

-Conocemos el proyecto, pero la pregunta es por qué le pidió a Moncada que consiguiera que la senadora lo destrabara.

Jamás le he dicho a Moncada que destrabara nada. Yo puedo hablar perfectamente con Jacqueline Van Rysselberghe. La llamo directo. Con ella hemos estado en las antípodas políticas, pero la conozco hace muchos años, de cuando yo era seremi de Transporte y ella alcaldesa de Concepción.

-¿Suponía que Moncada tenía algún tipo de influencia sobre la senadora que entonces presidía la Comisión de Pesca?

Desconozco por qué Moncada coloca eso en la minuta. Si hay un proyecto, hay que sacarlo, pero de ahí a pedirle eso a Moncada no tendría ninguna razón, porque tengo una relación con la senadora.

-¿No sabía de la cercanía entre ella y Moncada?

Desconozco esa relación. Entiendo que los dos son militantes de la UDI. Conocí a Moncada cuando él era seremi del Trabajo y yo asesor sindical, cuando yo marchaba en los años 80. Sé que son militantes de la UDI e imagino que tendrán una buena relación, pero no sé si están en los mismos lotes internos. Con Jacqueline hemos tenido peleas grandes, pero también nos respetamos mutuamente.

-¿Sabía del financiamiento de la industria pesquera a campañas políticas de todo el espectro?

Leo lo que aparece, pero no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que en la subsecretaría tenemos relación con todos los parlamentarios. Para ese proyecto teníamos un asesor legislativo que se reunía con los parlamentarios y sus asesores para avanzar en la tramitación, ver indicaciones. Ustedes publicaron que Moncada le escribía a Jacqueline que había 40 indicaciones y que de la subsecretaría mandaron solo cuatro. Bueno, eso es parte del proceso legislativo, donde todos tienen derecho a proponer.

-Lo que muestran esos correos es que la senadora le pedía instrucciones a Moncada. ¿Eso es parte del proceso legislativo?

No voy a opinar sobre temas que no me corresponden.

-Pero sí le corresponde, porque en ese momento usted era subsecretario y se estaba tramitando un proyecto cuya redacción final pudo ser digitada desde las empresas.

En este minuto estoy abocado a defender mi integridad, mi honra y no la de los demás.

-¿Le parece sana y democrática la relación de los parlamentarios con la industria de la pesca?

En democracia, al gobernar se conversa con todos los actores. Si vas a tomar una decisión, tratas de consultar a la mayor cantidad de gente posible, incluidos los afectados.

-Pero acá el problema es otro, el financiamiento de campañas o casos como el del diputado Jorge Ulloa (UDI), quien tiene una empresa que presta servicios a la industria. ¿Le parece una relación sana?

Las políticas públicas, para construirlas, requieren de participación de los actores. El hecho de que una autoridad se reúna con todos los actores, es parte de su pega…

-La pregunta es otra: ¿es sana la relación de la industria pesquera con algunos parlamentarios a los que le financia sus campañas?

He mantenido una sola línea: que los tribunales investiguen todo lo que sea necesario. No voy a opinar sobre esos temas, porque hoy estoy concentrado en mi honor. Cuando esto se aclare, que es lo que espero, entonces voy a volver a la política y hablaré de todo. No voy a salirme de ahí.

-Cuando usted fue diputado por Talcahuano, ¿no sabía que su colega Ulloa que representa la misma zona, prestaba servicios a industrias pesqueras a través de una empresa de transportes?

Lo desconocía, pero después vi una denuncia… Les vuelvo a decir, entiéndanme, estoy concentrado en tratar de aclarar que no hay vínculos entre las decisiones que tomé y la industria pesquera.

-En síntesis, ¿afirma que la minuta de Moncada contiene inexactitudes y falsedades?

Lo que estoy diciendo es que la minuta no refleja exactamente la conversación que hubo, las palabras que se vertieron.

Vea al final galería de fotos

Es la madrugada del sábado 28 de enero y una espesa y tóxica nube cubre la ruta que une San Javier con Santa Olga (Región del Maule). A medida que se avanza, restos de bosques humean a cada lado del camino. A un costado, un aserradero termina de quemarse mientras un camión cargado de combustible de Copec zigzaguea en medio del humo, cenizas y chispas. Más adelante encontramos un par de camionetas con voluntarios que se dirige al epicentro del desastre. De pronto, se detienen. La humareda es demasiado espesa. Ante la incertidumbre de no saber con qué se encontrarán en los próximos kilómetros, los brigadistas que vienen de Viña del Mar deciden acampar en la mitad de la ruta.

En un paradero de la carretera que sigue en pie, tres bomberos que vienen de La Calera hacen dedo. Tienen cascos, palas, panes con jamón y queso, bebidas hidratantes y apenas se pueden sus cargadas mochilas. Un camión se detiene y ofrece llevarlos hasta Santa Olga, el poblado que desapareció consumido por las llamas.

En Santa Olga el incendio fue voraz. Más de mil casas se extinguieron en pocas horas y sus habitantes no han tenido tiempo para llorar la pérdida. El amanecer del sábado en Santa Olga es bullicioso. A tres días de que el fuego lo consumiera todo, el poblado, ubicado a pocos kilómetros de Constitución, ha sido invadido por móviles de televisión, autoridades políticas, voluntarios y turistas del desastre.

-La noche del miércoles 25 el incendio se descontroló. El fuego llevaba una semana ardiendo. Desde que partió el incendio no había agua para las casas. Solo la daban en la noche -cuentan un par de adolescentes al salir de la carpa que su familia instaló donde antes estaba su casa.

Ese sábado los damnificados, los periodistas, los militares y los voluntarios, solo beberán agua embotellada.

Cuando Santa Olga aún estaba en pie ya era un pueblo seco. Apenas una porción de sus casas contaba con red de agua potable y alcantarillado. La mayoría de sus pobladores se abastecían con camiones aljibes de la Municipalidad de Constitución. Los pozos donde antes brotaba el agua estaban agotados mucho antes de que las llamas se ensañaran con la localidad. Para quienes contaban con agua potable, había racionamiento. Vecinos, carabineros y bomberos, dijeron a CIPER que a las compañías que inicialmente combatieron las llamas les costó mucho llenar sus carros para enfrentar el fuego.

Rafael Chandía, suboficial mayor de Carabineros y jefe del retén de Santa Olga, ofrece información oficial: “Existe un comité de agua potable de los vecinos. Al principio fue para 380 familias, pero después esto se fue poblando. El alcantarillado funciona desde hace tres o cuatro meses, no todos tenían. Debido a la sequía, había racionamiento. Pero en las partes más altas no llegaba agua”.

La falta de agua fue un factor clave para que el incendio se descontrolara: “Acá se estaba tirando agua hace una semana, pero el suministro se fue agotando. Hasta que el agua faltó y obviamente fue un problema”, agrega el suboficial Chandía.

Santa Olga colinda al norte con un bosque de pinos, propiedad de Forestal Arauco, y en medio del pueblo se ubica un aserradero de la misma compañía. La plantación y el aserradero ardieron al mismo tiempo. A esos dos focos de fuego se sumaron las llamas que provenían del camino a San Javier. Ni los esfuerzos de bomberos ni de las brigadas de Conaf ni de los Carabineros con su carro lanza aguas pudieron con la voracidad de las llamas.

Bomberos de Maipú llegaron hasta Santa Olga a cooperar, pero se encontraron con que los camiones aljibes debían recorrer casi 15 kilómetros para abastecer sus carros: “El viento, los aserraderos… el avance del fuego era rápido. El incendio era incontrolable. Con más acceso al agua podría haberse hecho algo más, pero la verdad es que era muy difícil”, dice Ricardo Becerra, comandante de los bomberos maipucinos.

Lo mismo reclama el capitán de la Primera Compañía de Bomberos de Constitución, Alex Muñoz: “Aparte de la sequía, que fue un factor relevante porque el combustible -aserraderos y bosques secos- era excesivo, las distancias eran muy grandes para cargar nuestros carros… muchas veces nos vimos sobrepasados”. El capitán de bomberos culpa a los pinos de la creciente sequía: “En la zona ha ido subiendo el número de plantaciones forestales y consumen mucha agua”.

Muñoz también se queja de la disposición de Forestal Arauco durante el incendio. Dice que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez “la entrega de agua fue mínima” por parte de la forestal, la que tiene un pozo de agua en el aserradero. “Ellos estaban protegiendo su patrimonio. Nos costó mucho obtener agua”, agrega.

El subgerente de Asuntos Públicos de Forestal Arauco, Nelson Bustos, quien estaba en el aserradero durante el incendio, respondió a CIPER por la queja que hace el capitán de Bomberos de Constitución:

-Nosotros llevábamos combatiendo aproximadamente cuatro días antes el incendio en el predio El Peral, colindante hacia el sur con el Aserradero El Cruce. Estuvimos ahí con nuestras brigadas y maquinarias haciendo cortafuegos y, lamentablemente, el 25 de enero el incendio entró al aserradero a través de pavesas. Usted sabe que estamos frente a una sequía… En ese momento el incendio iba en línea hacia el aserradero y, por tanto, nosotros restringimos el uso del agua, con el objeto de concentrar nuestras energías en el combate dentro del aserradero. Hasta ese momento en Santa Olga no había ninguna vivienda destruida.

Nelson Bustos explicó lo que a su juicio convirtió en incontrolable el incendio de Santa Olga:

-El incendio del predio El Peral, que está al sur del aserradero, ingresó aproximadamente como a las 14:00 y estuvimos combatiendo con todas nuestras brigadas hasta las 17:00 horas, cuando nos quedamos sin agua. Se acabó el agua del pozo. Nos quedamos sin agua y sin brigadistas. Porque los brigadistas viven en Santa Olga y ellos concurrieron a apoyar a sus familias. El jefe de emergencia con el gerente de la planta volvieron al Complejo Viñales en Constitución, armamos nuevos equipos de brigadistas y volvimos con dos carros de alta capacidad y con cuatro camiones aljibes, de los cuales uno se lo entregamos a Bomberos, para que quedara en apoyo. Y estuvimos combatiendo aproximadamente hasta las 21:30 horas. Hasta ahí el incendio lo teníamos controlado sin afectar a ninguna casa ni a ninguna instalación fuera del aserradero. Hasta que vimos que el incendio desde el oriente venía con mucha energía…

- Varios habitantes de Santa Olga señalaron a CIPER que en un momento la gente de Forestal Arauco se va del aserradero, ellos ingresan e intentan combatir el incendio del aserradero con maquinarias…

Eso fue cuando nos quedamos sin agua, a las 17:00 horas aproximadamente. A la nave del aserradero le tiramos espuma retardante, que permite proteger por espacio de 12 horas. En ese momento en el aserradero quedaba el gerente, el jefe de seguridad y tres brigadistas: cinco personas y sin agua. Con alta radiación porque el material combustible que se estaba quemando en el aserradero era de una alta peligrosidad. Entonces, los últimos cinco brigadistas se repliegan y lo que hacen es ir al Complejo de Viñales (en Constitución) a buscar maquinaria de combate de incendios y nuevos brigadistas. Retornamos aproximadamente a las 18:30 horas. Yo volví con ellos. Ahí seguimos combatiendo hasta cerca de las 21:30 horas. Para entonces, teníamos el perímetro del aserradero prácticamente sin fuego. Eso era lo importante para que el fuego no saliera del aserradero. En ese momento estábamos sin luz, con una situación irrespirable, cuando vemos que desde el sector oriente venía el incendio llegando y fue ahí que los militares solicitaron evacuar…

-Nos llamó la atención que estaba todo Santa Olga calcinado, pero buena parte del aserradero de la forestal no se quemó. ¿Eso fue producto de la espuma retardante que usted nos ha señalado que usaron?

Claro, luego de quedarnos sin agua, en la nave donde estaba la maquinaria principal nosotros aplicamos espuma retardante para proteger esas instalaciones. El resto estaba siendo afectada por el fuego.

-¿Usaron allí toda la espuma retardante que tenían?

Toda. (LEA EL RESTO DE LA ENTREVISTA EN RECUADRO).

Aunque las faenas asociadas a la Forestal Arauco son la principal fuente de empleo en Santa Olga, hoy sus pobladores miran con recelo lo que queda del bosque de pinos que los rodea y que pertenece a la misma compañía. Y la crítica es transversal. El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela (independiente cercano a la UDI), anuncia medidas drásticas:

-La sequía es un problema que tenemos en muchas zonas de Constitución. En Santa Olga se secaron todos los afluentes de donde se sacaba agua. Enero fue crítico. Había horas en que la gente no tenía agua. Le he pedido al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, que este bosque ya no exista más, porque ocupa mucha agua. Cada árbol consume más agua que una persona. ¡Eso no puede ser!

PUMANQUE CONVERTIDO EN CARBÓN

“Lo único que me quedó es mi casa y un naranjo, nada más… todo lo que tenía se quemó… estoy parada sobre cenizas”. La voz de Sonia Díaz se quiebra. Hace 50 años llegó a la zona de Pumanque, un pueblo de la Región de O’Higgins ubicado en los faldeos de la Cordillera de la Costa. Entonces, cuenta, las vertientes nacían en los cerros y bajaban abundantes. De eso, ya no quedaba nada mucho antes de que el fuego convirtiera su terreno en una pira.

-Yo soy artesana, hago la labor desde la esquila a la prenda. A los 9 años empecé con este trabajo, mi mamá era esquiladora y me sacó a trabajar a esa edad. Todos nosotros salíamos a esquilar. Antes había masas de ganado en las haciendas de esos años –recuerda.

Sonia compara los años en que la agricultura y la ganadería no habían cedido el espacio a las plantaciones forestales:

-Yo llegué el año 50 a la casa donde ahora vivo y me acuerdo de las vertientes que tenían como 300 metros, de donde salía agua para la casa. Hasta los animales tomaban de ahí… con los años esto se fue deteriorando. El 2000 fue el último año que llovió y de ahí para adelante ha sido terrible. Acá se hacían los pozos de 15 a 18 metros. Ahora son de 35 metros o más. Las napas cada día van bajando, ese es el problema.

En Pumanque se quemaron más de 48 mil hectáreas, equivalentes al 70% de la comuna, según dijo su alcalde, Francisco Castro (RN). La mezcla de sequía, altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento fue catastrófica. La Fiscalía de O’Higgins indaga la responsabilidad de la empresa eléctrica CGE en el origen del incendio. Las primeras pistas del Ministerio Público apuntan a que la eléctrica no habría realizado mantención en su línea de transmisión, la que habría hecho contacto con ramas secas, generando la tragedia.

Sonia Díaz dice que con el siniestro perdió 36 hectáreas, terrenos en los que desde 2002 tenía plantados eucaliptus y pinos.  Ahora, dice, no le quedan “ni los deslindes”. La voracidad del fuego fue tal que en 12 horas consumió 11 mil hectáreas. Así lo afirma Marcial Argomedo, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Pumanque: “La alerta roja se decretó recién como al cuarto día. Los primeros dos días combatimos el incendio solos. Aunque hubiera estado Conaf, el fuego era incontrolable, por el viento y la falta de humedad”.

La sequía es grave en esta zona de la Región de O’Higgins. Argomedo relata que solo hay red de agua potable para quienes viven en el centro del pueblo, pero el resto de la comuna se abastece con camiones aljibe. “Antes, la gente de los poblados de alrededor utilizaba norias y vertientes, pero se han ido secando”, afirma.

Argomedo agrega que apagar incendios se dificulta por la falta de agua: “La sequía nos afecta. Tenemos solo un punto para llenar los carros y tenemos que combatir incendios más lejanos. Nos demoramos a veces media hora en llegar y cargar”.

Cuando se ingresa a Pumanque desde Peralillo se pueden ver los predios quemados, los que se extienden hasta la altura de los cerros, uniformando el paisaje en tonos negro y gris. Esa huella oscura se detiene a menos de cinco metros de la bomba de bencina Tradeco, la que alcanzó a estar al borde del desastre, cercada por el fuego.

A pesar de que la sequía afecta desde por lo menos una década a la zona, las autoridades no se han preocupado de estudiar a fondo ni sus causas ni soluciones. Así lo admite el diputado de la región, Javier Macaya (UDI): “No hay tanta información disponible, falta dimensionar, es un tema a considerar más en serio”. Lo mismo cree el concejal de la vecina comuna de Marchigüe, Cristián Salinas (PH): “La municipalidad de acá nunca ha hecho un estudio relacionado, nunca se ha preocupado del tema”.

Aunque no hay estudios concluyentes sobre el origen de la sequía, ya hay quienes apuntan hacia los presuntos responsables. El concejal Salinas dirige sus críticas al monocultivo vitivinícola y forestal, predominantes en la zona:

-Este incendio fue en la zona de la Cordillera de la Costa, que es por donde avanzaron las llamas, y ahí hay puro bosque de pino y eucaliptus, y bosque nativo en las quebradas. El pino fue lo que avanzó más rápido. Acá en Marchigüe, desde el sector Carrizal hasta el de Las Garzas, avanzó en unas seis horas unos ocho kilómetros, y eso era puro pino.

El diputado  Macaya matiza y dice que faltan estudios serios: “Del total de la actividad productiva de la región, las plantaciones forestales representan menos del diez por ciento”. A su juicio, la solución es aprovechar mejor las aguas que escurren hacia el mar.

Al salir de Pumanque hacia el sur se recorre la ruta I-70-J. La vía es un verdadero trazado de la huella del incendio. En medio de los pastizales secos a cada lado del camino se observan las plantaciones de pino quemadas. Los árboles carbonizados se extienden hasta la cima de los cerros y en algunos lugares el límite del desastre se ubicó a pocos metros de las casas de los poblados de Barba Rubia y Ranguil.

SIN CASA Y SIN AGUA EN LA CIMA DEL CERRO

El incendio más grande de la historia de Chile se originó el viernes 20 de enero en el sector de Las Máquinas, poblado que se ubica entre Cauquenes y Empedrado, hacia la costa de la Región del Maule. Transcurridos once días el fuego aún no se ha extinguido y ya consumió más de 180 mil hectáreas, casi dos veces la superficie del gran Santiago.

Las Máquinas es un lugar de baja densidad poblacional, escondido entre los cerros de la Cordillera de la Costa. Acá también hay sequía y sus pobladores repiten las quejas que los hermanan con los sobrevivientes de Santa Olga y Pumanque: es difícil encontrar agua.

Raúl Muñoz, un hombre de más de 70 años que junto a su señora, Mery Pereira, habitan solos en la punta de una loma del sector, cuenta que este verano ha sido el más crítico: “Este año la sequía está más fuerte. Se secó un pozo que usábamos. No hay donde encontrar agua. Los esteros están todos cortados”.

Al matrimonio se le quemó en pocos minutos su casa. Y acusan que nadie combatió ese fuego. Raúl asegura que el incendio comenzó el viernes 20 de enero y que un día después su casa se quemó: “No vino nadie a apagarlo. Solo tratamos nosotros, pero cuando nos rodeó el fuego vinieron los ratis y nos sacaron”.

Si uno se para en los escombros de la casa de Raúl Muñoz y mira alrededor, solo verá cenizas y carbón en una franja gigantesca que se pierde en el horizonte. Porque  el inmenso incendio de Las Máquinas conectó Cauquenes con las localidades cercanas a San Javier (como Empedrado y Santa Olga) a través del fuego.

El matrimonio de ancianos perdió una plantación de 20 hectáreas de pino. Solo les queda una pequeña bodega donde guardan la ayuda que llega a goteras hasta esa zona aislada, cinco de los siete perros que los acompañaban (“los otros dos se quemaron”) y cinco vacas que se salvaron de milagro: “Cuando nos sacaron de aquí las vacas se quedaron. Nosotros las dimos por perdidas. Un par de días después que volvimos aparecieron de repente. Volvieron a la casa. No tenemos idea cómo hicieron para no quemarse”.

Las vacas no se separan, apiñadas en pocos metros cuadrados en medio de cerros cubiertos por cenizas. Los perros sí se mueven y corren alrededor de quienes llegan al lugar. Uno de color amarillo tiene todo su pelaje chamuscado. También es un sobreviviente.

Quien también sabe de la sequía en el sector es Gerardo Barrueto, bombero de la Segunda Compañía de Chanco (comuna ubicada entre Cauquenes y Constitución que bordea por el sector costero los terrenos quemados de Las Máquinas). Los bomberos de Chanco han debido combatir focos de fuego en las localidades de Huichahue, Batuco, Rari, La Gloria y Las Torcas. Según sus palabras “acá hay sequía, la gente no tiene agua potable, solo sacan de vertientes y es escasa. Les entregan con camiones aljibes todas las semanas. Entregan diez mil litros diarios”.

Para abastecer los carros de bomberos deben cargarlos en Chanco y luego subir a enfrentar las llamas. “El carro siempre sale con un camión aljibe de apoyo. La carga la hacemos con agua de los grifos de Chanco. A la gente del pueblo les bajó la presión en las casas, debido a la carga de los camiones”.

SEQUÍA Y PINOS

El río Mataquito, que flanquea la comuna de Hualañé, hoy no es más que un hilo de agua. En medio de un gigantesco lecho que da cuenta de un pasado de abundancia, hoy florecen árboles y alguien instaló juegos infantiles. Aquí el incendio forestal también evidenció la gravedad de la sequía que azota la zona.

-El incendio acá empezó el sábado 15. El foco se inició en Vichuquén, en la zona de Las Cardillas. Hualañé colinda con Vichuquén a través de un cerro. Entre el 17 y el 18 de enero aparecieron cinco focos simultáneos. Solo en Hualañé hay cerca de 40 mil hectáreas quemadas y 15 personas albergadas -cuenta el teniente Pablo Fuentes, jefe de la tenencia de Carabineros de Hualañé.

“Hoy, el río Mataquito usted lo puede cruzar caminando. Este año ha sido el más grave en cuanto a la sequía”, complementa el teniente Fuentes. En Hualañé las críticas apuntan a las plantaciones forestales de Arauco, la misma compañía que enfrenta los cuestionamientos en Santa Olga.

“Acá el 80% de la zona quemada fue de Forestal Arauco, de la planta Licancel (ubicada en la comuna de Licantén). La forestal ayudó a combatir el fuego en algunos lugares con brigadas y helicópteros”, dice el teniente. Esa planta de Arauco produce al año 150 mil toneladas métricas de celulosa kraft cruda de pino.

Los bomberos de Hualañé no tienen una buena opinión de la actividad forestal. El comandante del Primer Cuerpo de Bomberos de la comuna, Cristián Cornejo, aseguró a CIPER: “A Arauco lo único que le interesa es el bienestar de ellos. No cooperan con nosotros”. El comandante tiene rabia: “No tenemos los medios apropiados para combatir los incendios. Los caminos de las forestales no están mantenidos. No aportan nada. Ni siquiera dan trabajo, porque esta comuna vive de la agricultura”. El comandante tiene claro cómo afecta la crisis hídrica:

-La falta de agua fue un factor (en la propagación de los incendios). Si sacamos de los grifos, dejamos sin agua a las personas. Pedimos ayuda a Curicó y las empresas privadas nos aportan con 60 mil litros diarios. La Onemi también ha enviado camiones con agua, al igual que otras compañías de bomberos. Acá hay sequía hace años. La forestal es un problema. Cada pino consume mucha agua. Y no tenemos más, porque las vertientes se están secando. Al helicóptero le cuesta sacar agua del río para apagar los incendios porque está casi seco.

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por Claudio El Poc

El martes 27 de diciembre de 2011 se desató en el Parque Nacional Torres del Paine (Región de Magallanes), uno de los incendios más devastadores de la última década en Chile. Vientos racheados de entre 70 y 90 kilómetros por hora azuzaron el fuego que en pocas horas se expandió sin control en esta Reserva de la Biosfera. El fuego fue extinguido recién el 8 de marzo de 2012, reduciendo a cenizas 17.606 hectáreas de flora nativa, estepas y praderas. Una catástrofe ecológica. Pero eso no fue todo. Porque el 29 de diciembre, un voraz incendio en el sector de Pichiqueime (Región del Biobío), arrasó con más de 25 mil hectáreas. Otros seis focos casi simultáneos en las regiones de La Araucanía y Valparaíso, dejaron a la temporada de incendios 2011-2012 como una de las más destructivas de la última década, con más de 90 mil hectáreas quemadas.

Ese 2012 debió haber instalado un antes y un después para Chile en materia de prevención y combate de incendios. No fue así. La indagación de CIPER indica que el mega desastre que hoy afecta a nuestro país desde las regiones de O’Higgins a La Araucanía –y que hasta ahora ha consumido cerca de 500 mil hectáreas, más de mil viviendas y ha cobrado la vida de 11 personas– sorprendió nuevamente al Estado con carencias institucionales profundas para enfrentar incendios de esa magnitud y que se arrastran desde hace más de ocho años.

Una de las carencias más graves afecta a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), creada en 1970 para prevenir y combatir los incendios forestales, entre otras tareas. A pesar de que desde 2008 un fallo del Tribunal Constitucional (TC) dejó en evidencia la necesidad de dotarla de otro estatuto jurídico, la entidad ha permanecido con las mismas facultades y un presupuesto paupérrimo.

Incendio en Torres del Paine, 2011-2012.

Más de ocho años han transcurrido desde que el TC rechazó por inconstitucional las nuevas facultades que la Ley de Bosque Nativo le otorgaba a la CONAF. El argumento del TC defendió la prevalencia constitucional de la propiedad: la CONAF era una entidad de derecho privado y no podía ejercer funciones, como fiscalizar al interior de terrenos de particulares, que son propias de entidades del Estado (ver documento).

En 2008 y en virtud de ese dictamen del TC, la ley que buscaba proteger el bosque nativo quedó coja. Razón más que potente para entender el precedente que se había creado: la regulación de la pujante industria forestal y el manejo eficaz de catástrofes acorde a los nuevos requerimientos, quedaba supeditado al cambio del estatus jurídico de la CONAF. Así quedó registrado en un documento interno de esa entidad de mediados de 2014: “Si no avanzamos hacia un Servicio Forestal Público no se podrán desarrollar leyes sectoriales atingentes a lo forestal, como una nueva ley de fomento o una ley de prevención de incendios forestales” (ver documento).

Autoridades de todo el espectro político tampoco asumieron la amenaza inminente que se iba acumulando en el país, con la explosión de la industria forestal, las altas temperaturas que produce el cambio climático y la agudización de la crisis de abastecimiento de agua en vastos sectores del territorio nacional.

Así, pese al cúmulo de evidencias que indican que incluso antes del incendio en Torres del Paine las condiciones de riesgo de incendios forestales en Chile han aumentado exponencialmente, desde el pronunciamiento del TC ha habido solo un intento por modificar la ambigüedad en la que hasta hoy se encuentra la CONAF. En mayo de 2012, la oposición rechazó en el Senado la idea de legislar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal por considerar que la iniciativa era incompleta.

Aunque los gobiernos tienen la facultad de reingresar un año después los proyectos de ley que son rechazados en el Congreso, eso no ocurrió durante la administración de Sebastián Piñera. Tampoco lo hizo la actual administración de Michelle Bachelet, pese a que de acuerdo a documentos públicos revisados por CIPER, el Ministerio de Agricultura se ha comprometido en al menos dos ocasiones a enviar el proyecto al Congreso (en 2015 y 2016).

“Lamentablemente, los incendios forestales no han sido prioridad para el país”, señaló a CIPER el ingeniero forestal del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, Miguel Castillo. Diagnóstico con el que coincide el vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), René Reyes:

-Aquí la gran responsable es la desidia política; es la falta de voluntad para establecer regulaciones efectivas respecto del manejo del recurso forestal.

El diagnóstico es compartido entre especialistas: el mega incendio que ha consumido cientos de miles de hectáreas en las regiones de O’Higgins, El Maule, Biobío y La Araucanía no se ha alimentado únicamente de pinos, eucaliptos y otras especies pirogénicas.

Directores de ONEMI y CONAF.

Conclusiones similares quedaron consignadas en un informe elaborado por el “Consejo de Política Forestal”, instancia público-privada creada en mayo de 2015 para asesorar al Ministerio de Agricultura (Minagri) en materia forestal. El estudio, entregado al Minagri en mayo de 2016, advierte de la crítica situación en la que se encuentra la institucionalidad forestal y la propia CONAF en materia de prevención de incendios forestales:

“Desde el punto de vista legal, existe una normativa antigua y dispersa que le confiere a la Corporación Nacional Forestal la función de prevenir y controlar los incendios forestales. En materia de regulación, investigación de causas y aplicación de sanciones existen vacíos legales en los ámbitos de responsabilidades y competencias, lo que redunda en una escasa efectividad en esos aspectos”, se lee en el estudio “Política Forestal 2015-2035” (ver documento).

El informe también califica de “marginales” los recursos destinados a la prevención de incendios forestales, comparados con los que se gastan en el control de éstos. Las cifras hablan por sí mismas. El presupuesto de CONAF para programar la prevención de incendios en la temporada 2016-2017, alcanzó los $26 mil millones. Según las cifras entregadas por la Corporación Nacional de la Madera (Corma) a CIPER, son más de mil millones menos de lo que invirtieron para la misma temporada dos de las empresas forestales más grandes del país: Arauco (casi $17 mil millones) y Mininco (más de $10 mil millones).

El presupuesto de la CONAF para este rubro de catástrofes aparece aún más desproporcionado si se compara la extensión de tierras que la entidad debe proteger con la que atienden las empresas forestales: mientras el presupuesto de Arauco y Mininco les permite cubrir una superficie plantada cercana al 1,5 millón de hectáreas, CONAF debe atender casi 35 millones de hectáreas.

ALERTAS FALLIDAS

En octubre de 2009, casi al término del primer gobierno de Michelle Bachelet y en el contexto de la discusión de la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Ejecutivo ingresó una indicación para que en el plazo de un año de aprobada esa ley (12 de enero de 2010), se enviara al Congreso un proyecto para transformar a la Corporación Nacional Forestal en un “servicio público descentralizado”. Con ello, se atendía el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de julio de 2008: dotar a la CONAF de nuevas facultades en el ámbito público requería como condición previa cambiar su estatuto de derecho privado.

En enero de 2011, Sebastián Piñera envió al Parlamento el proyecto que creaba el Servicio Nacional Forestal. El 15 de mayo, a solo meses del incendio en Torres del Paine, en el Senado se rechazó la idea de legislar. La oposición acusó que la iniciativa no abordaba el tema de manera integral y no se hacía cargo de la situación laboral de los trabajadores de la CONAF. “La propuesta del gobierno no da respuesta a aspectos clave para el desarrollo del sector”, señaló en esa oportunidad la entonces senadora Soledad Alvear (DC) (ver aquí).

Mega incendio en Valparaíso, 2014.

Aun cuando la administración de Piñera tenía la facultad de insistir en el proyecto un año después de su rechazo en el Senado, no lo hizo. Y ello, a pesar de que en octubre de 2012 se conocieron las conclusiones de la Comisión Investigadora que instaló la Cámara de Diputados sobre la catástrofe ecológica provocada por el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine. Allí se lee: “La urgente necesidad de fortalecer la gestión de CONAF, estableciéndola como una entidad pública, reforzando su misión que es contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del cambio climático”.

El informe fue lapidario con la gestión de la administración Piñera para enfrentar ese incendio: “la labor realizada antes de la emergencia fue insuficiente, careciendo de los elementos básicos requeridos para abordar la correcta gestión de las fases de mitigación, prevención, preparación, respuesta y recuperación” (ver documento).

La situación de la CONAF se mantuvo igual no obstante que la temporada de incendios forestales 2014-2015 marcó un nuevo récord con más de 128 mil hectáreas consumidas por las llamas. Desde 1963, año desde que se tiene registro sistematizado del número de incendios forestales y hectáreas afectadas, no se había visto tanta destrucción.

Hasta que en marzo de 2015 el problema de la falta de facultades de la CONAF reflotó. El 18 de ese mes, uno de los asesores del Ministerio de Agricultura, el ex senador Jaime Naranjo (PS), acudió a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que en ese momento estudiaba una moción parlamentaria sobre incendios forestales. Allí, el asesor del Minagri señaló que el Ejecutivo estaba comprometido a enviar dentro del primer semestre de ese año “el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que reemplazaría a la CONAF” (ver documento).

El mega incendio en curso ya ha consumido más de 500 mil hectáreas (Crédito: Claudio El Poc).

Solo dos meses más tarde, el 26 de junio de 2015, se conoció el informe de la Comisión Especial del Senado que analizó las distintas aristas que provocaron el mega incendio que en abril de 2014 azotó a Valparaíso. Esa nueva catástrofe provocada por el fuego terminó con un saldo de 1.072 hectáreas quemadas y 2.500 viviendas destruidas. Una de sus conclusiones fue: “La institucionalidad vigente no responde eficientemente a las exigencias para desarrollar una buena gestión del control de incendios forestales”. Y se hace un llamado a “evaluar integralmente la gestión de control de incendios de magnitud o conflictivos” y a “fortalecer la legislación en el ámbito de los incendios forestales”.

Pese a que en 2015 las alertas sobre las carencias que arrastraba la institucionalidad forestal para prevenir incendios recrudecieron, el año terminó sin que ingresara al Congreso ni un solo proyecto que convirtiera a la CONAF en una entidad pública, dotada de nuevas facultades y otro presupuesto.

Solo en abril de 2016 el Ministerio de Agricultura pareció poner en marcha el motor que le permitiría saldar el compromiso asumido un año antes por su representante (Jaime Naranjo) en el Congreso. En la cuenta de su gestión en 2015, estableció como prioridad para 2016: “Ingresar al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y de Conservación de la Naturaleza”. También se comprometió a enviar un proyecto de ley sobre fomento y regulación de la forestación en Chile, otro sobre incendios y un tercero con modificaciones a la Ley de Bosque Nativo que el dictamen del Tribunal Constitucional de 2008 había dejado coja. La aprobación de todos esos proyectos, se insistió en el informe, “depende de la creación del Servicio Nacional Forestal y de Conservación de la Naturaleza” (ver documento).

El año 2016 volvió a terminar sin que ninguno de los proyectos prometidos fueran enviados por el Ejecutivo al Congreso. En cuanto al presupuesto de la CONAF, lo que ocurrió evidenció aún más la ceguera de autoridades y parlamentarios.

AUMENTO DE PRESUPUESTO: ¿PARA QUÉ?

La última alerta antes de que estallara el devastador incendio que afecta a la zona centro-sur del país, quedó consignada en un informe clave elaborado en octubre de 2016 por la gerencia de Protección contra Incendios Forestales de la CONAF. En base a pronósticos meteorológicos y al estado de la vegetación, en el informe se evalúan los escenarios de comportamiento del fuego para el periodo 2016-2017 de incendios forestales.El tenor de algunas de las conclusiones del informe es casi premonitorio: “Considerando el amplio territorio afectado por este fenómeno (Niño-Niña), es importante se evalúen opciones de reforzamiento del sistema de protección contra incendios forestales, tanto en el ámbito de la prevención como del combate de los siniestros. Lo anterior implica considerar medidas para la detección y evaluación oportuna, la priorización de necesidad de combate y del uso de los recursos disponibles”.

Poco después de que se diera a conocer este sensible informe, fechado el 12 de octubre del año pasado, comenzó en el Congreso la discusión del Presupuesto Nacional para 2017. El 17 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de presupuesto, aunque la partida del Ministerio de Agricultura fue rechazada. La preocupación que rondaba entre algunos legisladores apuntaba a los escasos recursos destinados a la CONAF.

“Estamos muy preocupados por el escaso presupuesto que tiene la CONAF para el combate de los incendios forestales, en la cantidad de helicópteros, de equipamiento, que es absolutamente ineficiente y yo espero que este rechazo a la partida del Ministerio de Agricultura permita que el gobierno pueda ampliar estos presupuestos en el Senado”, señalo el diputado Matías Walker (DC) a radio Cooperativa (ver nota).

La discusión permitió que el presupuesto de CONAF para la temporada 2016-2017 aumentara en $3.892 millones, respecto del periodo anterior. Lo extraño es que esos recursos adicionales no llegaron a engrosar el programa de manejo de fuego. Se destinaron a reforzar el área administrativa y el programa de áreas silvestres protegidas. Los recursos que destina la entidad a la prevención y combate de incendios experimentaron un recorte de poco más de $28 millones, pasando de $26.044 millones a $26.016 millones (ver presupuesto histórico de CONAF). Esa cifra no considera lo que allega la Onemi cada vez que se declaran alertas por incendios forestales y que promedian los US$6 millones anuales.

En diciembre pasado, en la antesala de la última catástrofe de fuego, la Subsecretaría del Interior le entregó una partida suplementaria de dinero a la CONAF: $3.000 millones. Con ese fondo de contingencia el presupuesto de la entidad alcanzó los $29.000 millones. Una cifra similar a la suma de los montos que destinaron las forestales Arauco y Mininco  para prevenir y combatir incendios en esta temporada.

En medio de las fuertes críticas que ha recibido el gobierno por el manejo de la catástrofe que ya ha arrasado con más de 500 mil hectáreas –casi las mismas que han consumido la totalidad de incendios forestales declarados entre 2008 y 2016– La Moneda anunció que durante febrero se estudiará el proyecto para crear el Servicio Nacional Forestal (CONAF pública), el que será enviado en marzo al Congreso.

Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, líder del Cartel de Sinaloa, considerado por el gobierno de Estado Unidos como el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos y quien fuera extraditado por el gobierno de México a Nueva York el 19 de enero pasado, ya tiene un sucesor. Su nombre es Dámaso López Núñez,  mejor conocido como “El Licenciado”. De acuerdo a información confirmada por funcionarios de la DEA, su era comenzó a finales del 2016 tras una batalla contra “El Chapo” y sus hijos por el poder dentro del cartel, en la que el otrora súper capo quedó derrotado.

Aunque el departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó en el 2013 a “El Licenciado” de ser uno de los principales operadores del Cartel de Sinaloa, hasta ahora se conoce muy poco sobre la carrera criminal, personalidad y actual rostro de quien ocupa el lugar de “El Chapo” en la “más grande y prolífica organización de tráfico de drogas del mundo”, según definió la fiscalía de la corte federal de distrito este de Nueva York al cartel que Guzmán Loera encabezó junto con Ismael Zambada García durante los últimos 15 años.

López Núñez, nacido el 22 de febrero de 1966, de 50 años de edad, es originario de la comunidad El Dorado, en Culiacán, Sinaloa, estado donde han nacido los capos más importantes de México. Fue comandante de la policía judicial y subdirector de la cárcel federal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, cuando Guzmán Loera estuvo preso. Ahí lo conoció, se convirtió en su fiel sirviente, creó un grupo de choque dentro del penal conocido como “Los Sinaloas”, lo ayudó a corromper a otras autoridades y custodios del penal, y a fugarse en enero de 2001 con la complicidad de otros funcionarios federales.

“El Licenciado”, el sucesor de “El Chapo” al mando del Cartel de Sinaloa (Foto: Especial/Agência Pública)

Quienes lo conocen lo describen como un hombre astuto, explosivo, visceral y que no se tienta el corazón para tomar decisiones que tengan que ver con su poder dentro el negocio de las drogas. Se afirma que su centro de operaciones es Culiacán, donde se mueve libremente y que a lo largo de 15 años al servicio de “El Chapo” construyó su propia estructura criminal que incluye la compra de autoridades a través de cuantiosos sobornos y una amplia red en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica para el tráfico de drogas.

Su padre, Dámaso López García, fue síndico de Culiacán en 2007, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su fallecimiento, ocurrido en septiembre de 2009, fue motivo para que el entonces alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, también del PRI, pidiera en el cabildo un minuto de silencio en su honor.

El brazo derecho

Dámaso López Núñez y Joaquín Guzmán Loera se conocieron en 1999 en la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, cuando “El Licenciado” fue nombrado subdirector del recinto penitenciario. Entonces López Núñez tenía 33 años de edad. Llegó acompañado por un equipo de colaboradores que se hacían llamar “Los Sinaloas”: los comandantes Carlos Fernando Ochoa López, Jesús Vizcaíno Medina y Fidel Roberto García; custodios como José de Jesús Carlos Cortes Ortiz, “El Pollo”, y José Barajas, “El Veneno”. Todos ellos corruptos de pies a cabeza. A través de ellos “El Chapo” gobernaba en el penal, repartía dinero o golpes. Con la ayuda de “El Licenciado” la supuesta cárcel de máxima seguridad se convirtió para “El Chapo” en un centro recreativo.

De acuerdo al expediente criminal abierto sobre la fuga de Guzmán Loera de Puente Grande, “El Licenciado”, con la complicidad del director del penal, Leonardo Beltrán, instrumentaba la logística para que dentro de la prisión Guzmán Loera y sus amigos los narcotraficantes Héctor Palma Salazar, “El Güero”, y Arturo Martínez Herrera tuvieran acceso a teléfonos celulares, prostitutas, licor, estimulantes sexuales, cocaína, grupos musicales y alimentos procedentes de lujosos restaurantes de Guadalajara. Entre los que declararon ante la PGR sobre los trabajos que López Núñez hacía para “El Chapo”, estuvo una de las amantes de “El Chapo”, la cocinera del penal Ives Eréndira Moreno Arriola.

Prisión de máxima seguridad de Puente Grande, donde “El Licenciado” y “El Chapo” se hicieron próximos (Foto: Flickr/Legistalitivo Jalisco)

“El Licenciado” ejercía el control a través del reparto de sobornos o amenazas. Aquellos custodios o internos que no estaban dispuestos a servir a Guzmán Loera eran reprendidos. El custodio Juan José Pérez Díaz narró a la Procuraduría General de la República, tras la fuga de “El Chapo” ocurrida en enero de 2001, que cuando comenzó recibió la propuesta de permitir cosas ilegales dentro de la prisión, acudió al subdirector esperando apoyo.

—Quiero renunciar —dijo el custodio al subdirector, armándose del poco valor que le quedaba.

—No puedes, eres comandante de compañía, si renuncias, estas personas [El Chapo, El Güero y El Texas] pueden tomar otro tipo de represalias. Lo mejor es no salir mal con ellos —recomendó López Núñez. [1]

Ni los internos estaban a salvo. José Adrián Espinoza Ramírez envió una queja a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco contra Beltrán Santana y Dámaso López Núñez. Los acusaba de corrupción y de presionarlo para que él mismo atentara contra su vida, de amenazas de muerte a su familia y ser el motivo por el cual su esposa le exigió el divorcio, ya que estaba asustada de las amenazas. Y los culpaba de ser responsables de los suicidios de los internos Raúl René Chirinos Castro y José Manuel Pérez Yáñez por deudas de drogas, extorsión, tormento psicológico y físico[2]. Tras su queja, Espinoza Ramírez apareció muerto en el penal.

Cuatro meses antes de la fuga de “El Chapo”, López Núñez renunció al cargo de subdirector pero continuó visitando a Guzmán Loera en el penal. La última visita la hizo diez días antes de la fuga[3].

Cuando “El Chapo” salió de la prisión Dámaso López Núñez era ya su brazo derecho. Con la misma “eficiencia” con la que lo ayudó a controlar el interior del penal, comenzó a encargarse de importantes operaciones para el trasiego de droga y de coordinar grupos de sicarios al servicio de Guzmán Loera.

Las confesiones de “El Vicentillo”

“Conocí por primera vez a Dámaso aproximadamente en el 2003, pero había tenido noticia de él desde tiempo antes”, narró al gobierno de Estados Unidos Vicente Zambada Niebla alias “El Vicentillo”, hijo de Ismael Zambada García alias “El Mayo”, quien fue detenido en México el 2009 y extraditado a la Corte de Distrito Norte en Chicago, Illinois.

Para este reporte se obtuvieron confesiones inéditas hechas por Zambada Niebla en su colaboración con la justicia americana a cambio de una menor condena. Dichas declaraciones fueron hechas entre 2011 y 2012 y ayudaron al gobierno de EE.UU. a conocer el importante papel que López Núñez jugaba dentro del Cartel de Sinaloa, y los otros sobrenombres que usa como “El Lic” y “Belisardo”.

Zambada afirmó que Dámaso negociaba con los proveedores de cocaína colombianos a nombre de su padre y “El Chapo”: “Dámaso era el responsable de coordinar con los colombianos para establecer los envíos a través de botes y submarinos que traían la droga de Colombia y los botes que viajaban de México para llevar de regreso los pagos de la cocaína recibida (…) Tuve conocimiento a través de conversaciones con mi padre, “Chapo”, Dámaso y otros que entre 2003 y 2009 Dámaso regularmente coordinaba la recepción en México de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína de Colombia. Yo tenía conocimiento que la gran mayoría de esta cocaína iba a ser distribuida en Estados Unidos”.

Y dio detalles de su eficacia. En 2008 “El Mayo” Zambada y Guzmán Loera negociaron con sus proveedores colombianos la compra de cerca de 20 toneladas de cocaína. Para esa operación Dámaso se apoyó en un operador del cártel conocido como “Capi Beto” para conseguir dos embarcaciones con compartimentos ocultos para transportar la droga por el canal de Panamá. “Adicionalmente, Dámaso envió dos botes más a través del canal por su propia cuenta”, dijo Zambada Niebla.

El lugar de “El Licenciado” en el Cartel de Sinaloa según equema de la DEA en 2013.

El cargamento fue recibido en alta mar y transferido a otras embarcaciones más pequeñas. Dámaso coordinó que los navíos llegaran hasta cerca de la costa de Sinaloa y una vez ahí coordinó con otro operador apodado “Colas” para enviar pequeñas embarcaciones para transportar en partes las 20 toneladas de cocaína, dichas embarcaciones llegaron a una ubicación apartada en Sinaloa y la gente de “El Mayo”, “El Chapo” y una persona conocida como “Keta” guardaron una parte de la cocaína en casas de seguridad en Culiacán y sus alrededores. “La cocaína fue también almacenada por Dámaso en casas de seguridad en El Dorado, Culiacán”, reveló “El Vicentillo”.

Otra de las modalidades de Dámaso para transportar cocaína para el Cartel de Sinaloa desde Colombia a México ha sido el uso de aviones de fumigación. Zambada Niebla afirmó que dichas aeronaves podían llegar a transportar hasta media tonelada de cocaína (500 kilos). Para estas operaciones Dámaso tenía “infraestructura” en Guatemala, Belice y Honduras.

“Además de sus deberes para transportar droga, Dámaso también tenía un equipo de sicarios que peleaban contra los Beltrán (Leiva), Zetas, y otros enemigos del Cartel de Sinaloa”, agregó.

Tras las confesiones de “El Vicentillo” en 2013 el gobierno de EE.UU. denunció por primera vez a López Núñez como “pieza clave” del Cartel de Sinaloa.

La era de “El Chapo”

Durante los 14 años que estuvo fugitivo (2001-2014) Joaquín Guzmán Loera se convirtió en el capo más poderoso del mundo, refiere el abultado expediente criminal abierto en su contra en la Corte Federal de Distrito Este, en Brooklyn, NY, donde el capo enfrenta al menos diecisiete cargos por crímenes cometidos entre 1989 y 2014, como el tráfico de cientos de kilogramos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos, lavado de dinero, y uso ilegal de armas, entre otros.

De acuerdo a la acusación penal en NY, Guzmán Loera logró construir en 30 años su imperio de tráfico internacional de drogas gracias a cinco factores principales. Uno fue la alianza hecha a fines de la década de los setentas entre el Cartel de Guadalajara, que luego se convertiría en Sinaloa, y los entonces poderosos carteles colombianos, en particular el Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar.

Extraditado a Estados Unidos, “El Chapo” enfrenta 17 acusaciones por delitos cometidos entre 1989 e 2014 (Foto: Alfredo Domínguez/La Jornada)

Al principio México era sólo un trampolín para pasar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, principalmente a Miami y Nueva York. “Junto con la proliferación de las drogas en nuestras comunidades, llegó una avalancha de violencia y crimen”, afirma la fiscalía. Los narcotraficantes mexicanos, que hasta entonces solo comerciaban marihuana y heroína, usaban sus mismas rutas para ayudar a los colombianos a transportar el polvo blanco. Guzmán Loera supo ganarse la simpatía de los colombianos por su eficacia en el trasiego de drogas y la entrega de las ganancias en tiempo record. “Esta efectividad le valió el apodo de El Rápido“, se afirma en el expediente.

“Mientras era protegido por las fuerzas del orden (en México), Guzmán no sólo mejoró su  método de operación, sino que construyó el modelo del moderno Cartel de Sinaloa, fortaleciendo sus alianzas con otros narcotraficantes mexicanos”, como “El Mayo” Zambada, la otra cabeza del Cartel de Sinaloa, quien sigue prófugo de la justicia.

El segundo factor fue que cuando llegó el declive de los carteles colombianos, El Cartel de Sinaloa y Guzmán Loera no solo eran transportadores de la cocaína de México a Estados Unidos, sino que se comenzaron a controlar directamente la venta de droga en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos, desplazando a los colombianos y otras organizaciones, duplicando sus ganancias.

“Guzmán usó esta riqueza para aumentar su poder y el del Cartel de Sinaloa en el mundo del narcotráfico. Dentro de México, Guzmán amplió su control de sus puertos Atlántico y Pacífico. Amplió su control en las ciudades fronterizas no sólo entre Estados Unidos y México, sino también en la frontera entre México y Guatemala. Guzmán y miembros del Cártel de Sinaloa infiltraron a otros países centroamericanos, incluyendo Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá”, describe la fiscalía estadounidense.

El tercer factor fue que Guzmán Loera y la organización criminal, crearon alianzas con otros carteles mexicanos construyendo una “federación” para dominar la frontera con EE.UU. Así mismo lograron eliminar a los carteles colombianos de toda la cadena criminal al ponerse en contacto directo con los productores de la cocaína en territorio de Colombia, Ecuador y Venezuela. Con esto controló toda la cadena del negocio, desde la producción hasta la venta directa a los consumidores.

Gracias a “El Vicentillo” ahora se sabe que en esas operaciones Dámaso López Núñez fue una pieza clave.

Guzmán Loera supo adaptarse a las transformaciones del mercado y convirtió al Cartel de Sinaloa en el principal productor de metanfetaminas del mundo: “Como resultado, Guzmán estableció fuentes de suministro de precursores químicos para la producción de metanfetamina en África y Asia, incluso en China e India”.

Y el quinto factor, que fue el definitivo para la construcción de su imperio criminal, fue la corrupción de las autoridades. De acuerdo a la fiscalía, mientras aumentaba su presencia a nivel internacional Guzmán Loera consolidó su poder dentro de México a través de la corrupción de funcionarios “en todos los niveles de los gobiernos locales, municipales, estatales, nacionales, y de gobiernos extranjeros”, a quienes se pagaron cuantiosos sobornos en efectivo –incluso millones de dólares– para garantizar el libre trasiego de toneladas de drogas de Sudamérica a Estados Unidos. En el expediente se afirma que esos pagos garantizaban que los envíos de droga eran recibidos con seguridad en territorio mexicano y las toneladas de cocaína eran escoltadas directamente por funcionarios del gobierno de México para llegar sin contratiempos a la frontera con Estados Unidos.

En la acusación penal contra “El Chapo” Guzmán por primera vez el gobierno de Estados Unidos reconoce que durante los últimos 10 años de supuesta “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno de México, cuyo saldo han sido más de 120 mil personas asesinadas en territorio mexicano, el Cartel de Sinaloa y Guzmán Loera fueron apoyados por diversas instituciones del gobierno mexicano para que en medio de la disputa de plazas entre dicho cartel y grupos rivales, éste no fuera perseguido y se quedara con los territorios de sus enemigos.

Con todo ese poder y corrupción para el gobierno de Estados Unidos era claro que el gobierno de México sería incapaz de mantener tras las rejas a Guzmán Loera. De acuerdo a la fiscalía, la última fuga del capo, ocurrida en julio de 2015, fue un “ejemplo del poder del imperio de la droga de Guzmán y su control sobre los funcionarios del gobierno (de México), incluso mientras estaba encarcelado.”

Traición y guerra

Cuando Joaquín Guzmán Loera fue reaprendido por el gobierno de México en febrero de 2014 en un operativo coordinado por la DEA en Mazatlán, Sinaloa, en vez de dejar en manos de su familia las riendas de su facción dentro del Cartel de Sinaloa, prefirió confiar en “El Licenciado”. Fuentes consultadas dentro de la organización criminal señalaron que “El Chapo” considerada que sus hijos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, a quienes procreó en su primer matrimonio con Alejandrina Salazar, pese a que desde corta edad participaban en las actividades de la organización criminal aún no estaban preparados para hacerse cargo de las operaciones. Consideraba que eran inmaduros, no le gustaba la vida poco discreta que llevaban, presumiendo lujos y mujeres en las redes sociales. En cambio, Dámaso López Núñez tenía un perfil mucho más discreto y como era ya bien conocido por proveedores y compradores, era el que tenía un mejor perfil para quedarse a cargo del negocio.

En 2014 la decisión de su padre fue respetada por Iván y Alfredo; y “El Licenciado” cuidó con diligencia los intereses de “El Chapo” dentro del cartel mientras iba acumulando más poder. Las cosas cambiaron radicalmente en 2016. La reaprehensión de Guzmán Loera en enero de ese año en Los Mochis, Sinaloa, y la inmediata solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, auguraban el fin de Guzmán Loera.

Tras los primeros meses de prisión los hijos del capo se percataron rápidamente de que por primera vez el poder del capo estaba debilitado. La presión ejercida por el gobierno de EE.UU. sobre México había provocado que esta vez su encarcelamiento no fuera un recreo. En febrero de 2016 la esposa de “El Chapo”, Emma Coronel Aispuro, una ex reina de belleza con quien se unió en 2007, se vio obligada a salir del tradicional anonimato y en exclusiva otorgó una entrevista a la autora de este artículo (ver entrevista) para denunciar los supuestos tratos y “tortura” que su esposo estaba sufriendo en prisión. A fines de 2016 incluso presentó una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentado que por la tortura física y sicológica su esposo se estaba volviendo loco y tenía alucinaciones dentro de la prisión.

Se afirma que Iván y Alfredo comenzaron a disputar el poder a Dámaso López Núñez e intentaron reclamarle dinero y propiedades argumentando que eran de su padre, y reclamaban un puesto en las negociaciones para el tráfico de drogas. “El Licenciado” no cedió y al ver la evidente debilidad de “El Chapo” se unió con otros familiares de Guzmán Loera y carteles enemigos para iniciar una guerra interna y desplazarlo del poder. Para ello se alió a Alfredo Beltrán Guzmán, alias “Alfredito”, sobrino de “El Chapo”, hijo de su primo Alfredo Beltrán Leyva, quien fue traicionado por la organización criminal, lo que provocó su arresto en 2008 y posterior extradición en 2014.

Dámaso también se alió con Fausto Isidro Meza, líder de lo que queda del Cartel de los Beltrán Leyva, y con el Cartel Jalisco Nueva Generación, comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Juntos acabaron con la era de “El Chapo”.

Dámaso López, “El Licenciado”, según documento de la DEA.

Uno de los primeros indicios públicos de la batalla por el poder fue el ataque perpetrado contra la casa de Consuelo Loera, madre de “El Chapo” Guzmán, en la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, en junio de 2016. Un comando armado encabezado directamente por “Alfredito” atacó la ranchería y saqueó la casa de la señora cuando ella se encontraba presente. Una acción que rompía todas las reglas incluso de los violentos carteles mexicanos.

Hasta ese momento la familia de Guzmán Loera pensaba que la agresión únicamente venía de “Alfredito” y no había sospechas de la traición de Dámaso, quien no sólo efectuó contra su jefe una guerra de balas, sino también una guerra cibernética para provocar dentro del cartel desconfianza contra sus hijos Iván y Alfredo. El mismo ordenó crear blogs, cuentas de Facebook y páginas de internet para acusarlos en redes sociales de estar delatando a integrantes del Cartel de Sinaloa a cambio de protección para su padre, poniéndoles el apodo de “los sapitos” (delatores). Entre los sitios de internet creados estuvo  www.culiacaninformando.com. El propio Dámaso supervisaba el contenido y monitoreaba cuántas visitas tenían.

Tras días de batalla campal en la sierra de Sinaloa, en agosto de 2016 Iván y Alfredo Guzmán Salazar fueron secuestrados en un restaurante de moda en Puerto Vallarta, Jalisco. En un principio el gobierno de México dijo que era responsabilidad del Cartel Jalisco Nueva Generación, pero se afirma que detrás de ese golpe estuvo “El Licenciado”. Solo alguien de alto nivel dentro del cartel podía conocer el paradero exacto de los vástagos del capo.

Una semana después los hijos de “El Chapo” fueron liberados gracias a la intervención de “El Mayo” Zambada, quien se afirma, ante la evidente caída de su amigo y socio, se hizo a un lado en la guerra manteniendo una posición neutral y dando paso a Dámaso López Núñez como sucesor de Guzmán Loera.

Para la DEA la extradición de Joaquín Guzmán Loera significa definitivamente su fin y el inicio de la era de “El Licenciado”, quien es considerado más violento y radical que su ex jefe. Aliado con otros carteles mexicanos intenta revivir la llamada federación de drogas como la que en su momento construyó “El Chapo” que significó convertirlo en el capo más importante de la historia.

Ver la versión de Agência Pública de este reportaje (en Portugués)

[1]Declaración ministerial de Juan José Pérez Díaz, 30 de enero de 2001, causa penal 16/2001-III

[2]Declaración ministerial del custodio Salvador Moreno Chávez rendida el diecisiete de febrero del dos mil uno.

[3]Declaración ministerial de Antonio Díaz Hernández, Oficial de Prevención, rendida el veinticinco de enero de dos mil uno

No es una noticia alegre para difundir en estos meses de verano, pero un reciente informe dice que una ola se acerca y es imparable: los robots quieren su empleo (el mío también) y tienen muchas posibilidades de conseguirlo en el mediano plazo.

Si usted trabaja en el retail, en áreas extractivas, en tareas administrativas, en recopilación de datos, en el área de la salud o las finanzas, en fin, si usted trabaja en algo que tiene cierto grado de rutina, todo o buena parte de su trabajo va ser hecho por máquinas o programas. Los menores costos de los robots (no van a huelga, no necesitan vacaciones, no tienen hijos que se enferman, no se deprimen ni comenten errores) hacen probable que este reemplazo ocurra. Así se desprende del informe de la consultora internacional McKinsey Global Institute publicado en enero pasado y que estudia el impacto de la automatización en 54 países, un tema de creciente preocupación en el mundo, pero que en Chile aún no comienza a debatirse.

El informe ofrece estimaciones de los trabajos más expuestos a ser dominados por desarrollos tecnológicos inteligentes y también evalúa como impactarán las nuevas tecnologías país por país. En términos globales su análisis sostiene que la mitad del trabajo actual estará automatizado para 2055, proceso que se puede adelantar o atrasar 20 años dependiendo de diversos factores. En el caso chileno, el estudio calcula que en el sector retail el 51% del trabajo que allí se realiza tiene el potencial de ser automatizado, lo que eventualmente podría producir una pérdida de hasta 800 mil empleos. En las manufacturas el potencial de automatización es del 61% (600 mil trabajos) y en el área “administración y sector publico” el reemplazo por sistemas automáticos puede afectar al 40% del trabajo que hoy ofrece: 235 mil empleos.

En términos nacionales el informe indica que son 3,2 millones los empleos que pueden ser  automatizados, lo que representa el 49% del total de trabajo que hoy se ofrece en el país. En naciones más desarrolladas, como Estados Unidos, el impacto de la automatización es más bajo: 46% del empleo actual. Pero en México el informe McKinsey estima que robots y programas están en condiciones de hacer el 52% del trabajo que existe hoy en ese país, mientras que en Perú ese porcentaje llega al 53%, en Brasil al 50% y en Argentina al 48%.

Es importante remarcar que el estudio no es una predicción de lo que futuras máquinas podrán hacer, sino una estimación que descansa en la capacidad de la tecnología actual. Es decir, toma en cuenta programas y robots de hoy, los que ya tienen la habilidad de sacarnos una gran ventaja en la lucha por los puestos de trabajo de los próximos años.

Las estimaciones de Mckinsey están en línea con las hechas por una investigación pionera en este campo, llevada adelante en 2013 por Carl Benedikt y Michael Osborne, quienes calcularon que el 47% del empleo en Estados Unidos estaba en riesgo de ser automatizado. Usando el método de estos investigadores y datos del Banco Mundial, un informe del Citi Bank estimó en 2016 un impacto muy superior para países que están intentando desarrollarse. Según el estudio del banco, en Argentina el 65% del trabajo es posible de automatizarse; en India el 69% y en China el 77%.

En Chile, dice el informe McKinsey, el 51% del trabajo que se realiza en el retail tiene el potencial de ser automatizado, lo que eventualmente podría producir una pérdida de hasta 800 mil empleos. En las manufacturas el potencial de automatización es del 61% (600 mil trabajos).”

Por supuesto, el que todos esos puestos de trabajo terminen siendo ocupado por maquinas o programas depende de múltiples factores, no es algo tan fácil de predecir. Influye, por ejemplo, la fuerza de los trabajadores organizados para resistir a esa invasión, y las políticas que tomen los estados para proteger el empleo en un contexto en que las personas viven más años y donde se espera, como se ha visto en la discusión previsional, que todos tengamos que extender nuestra vida laboral, porque las pensiones no alcanzan.

Sin embargo, un factor clave en este tipo de decisiones es siempre cuán conveniente resulta el cambio para las empresas. Y el informe McKinsey aporta un dato relevante: la cantidad de salarios que las empresas se ahorrarían.

En el caso chileno, el informe estima que la industria de retail y el comercio en general se ahorrarían en salarios US$9 mil millones si reemplazara el 51% de los trabajos que tienen el potencial de ser automatizados; la industrias manufactureras se ahorrarían US$6 mil millones y el sector administrativo y público gastarían US$10 mil millones menos en salarios. A nivel nacional el ahorro en remuneraciones sería de US$41 mil millones.

Muchas compañías tecnológicas están decididas a aprovechar al máximo ese ahorro. Por ejemplo, Momentum Machine, empresa que ha desarrollado un robot capaz de producir 400 hamburguesas gourmet por hora sin intervención humana. “Nuestro dispositivo no busca hacer a los empleados más eficientes. Busca reemplazarlos completamente”, dijo en 2012  Alexandros Vardakostas uno de los fundadores de la firma.

Si la ambición y la convicción de este inversionista le parece encomiables, tome en cuenta un dato citado por Martin Ford en su libro “El ascenso de los robots” que remarca la importancia de esos empleos para economías desarrolladas y por ende para economías más precarias como la nuestra.

En 2011 la cadena de comida rápida McDonald  (que emplea 1,8 millones de personas en 34 mil restaurantes en todo el mundo) ofreció 50 mil nuevos puestos de trabajo a través de internet. Eran ocupaciones con bajos salarios, sin beneficios y sujetos a alta rotación: “empleos de último recurso”, los definió Ford. Pese a ello, en un solo día de postulación se recibieron 1 millón de solicitudes. La proporción de puestos ofrecidos versus solicitantes hizo que en ese momento entrar a McDonald fuera más difícil que ser aceptado en Harvard para estudiar. Con un agravante: según repara Ford, si bien en los ‘80 estos empleos los hacían estudiantes que buscaban financiar sus trabajos, desde los ‘90 el promedio de edad de los empleados de esa firma es de 35 años.

¿QUIÉN MÁS ESTÁ EN RIESGO?

Cuando se habla de la expansión de los robots en el trabajo los profesionales suelen sentir que sus empleos están a salvo. Pero eso no es del todo cierto. Un reciente artículo de The Guardian muestra cómo la automatización está entrando en áreas hace poco impensadas. Por ejemplo, reemplazando la toma de decisiones de gestión empresarial (un algoritmo desarrollado por PriOS Project puede encargarse de decidir la contratación y el despido de trabajadores); o reemplazando ciertas tareas de los abogados con un programa que determina si usted tiene un “buen caso” en situaciones como infracciones de tránsito (la compañía está probando el programa en Estados Unidos y asegura que este tiene un 60% de éxito); o reemplazando gran parte de la tarea de periodistas. La compañía Narrative Science ya tiene programas que producen reportes para Forbes y Associated Press y sus dueños estiman que para 2030 el  90% del trabajo periodístico será computarizado.

El informe McKinsey estima que las ocupaciones más susceptibles de automatización son las que involucran más trabajo físico, pero también procedimientos altamente estructurados y repetitivos. Pero no solo ellos. Usando datos laborales del mercado estadounidense el informe ofrece un panorama de cuánto es factible de automatizar cada trabajo, mostrando que prácticamente no hay área en que los robots no pueden entrar.

Como resulta evidente, oficios como el de modelo, clérigo, entrenador de animales o deportista tienen poca o ninguna posibilidad de automatización, según el estudio. Pero también los empleos que requieren habilidades humanas, como la negociación, la persuasión y la originalidad. Así, en la zona del 10 al 30% de reemplazo figuran abogados, profesores de educación básica, asesoras del hogar, auditores y contadores, analistas financieros, editores. En la zona del 50% de reemplazo se encuentran trabajos como el de controlador de tráfico aéreo, cajeros, fotógrafos. Y con un 80% y más posibilidades de ser reemplazado se encuentran empleos como el de panadero, mesero y trabajadores de empresas de comidas rápida en general.

¿DESEMPLEO MASIVO?

Lo anterior muestra que si bien la automatización implica para las empresas un gran ahorro, el costo para la sociedad puede ser enorme. La combinación de alto desempleo juvenil con sistemas previsionales colapsados que requieren que las personas mayores trabajen, y una alta reducción de los empleos por la automatización, puede generar un escenario social de pesadilla.

La mirada de la Consultora McKinsey en este punto es más positiva. Estima que, por una parte, la automatización elevará los niveles de productividad, haciendo que las empresas mejoren sus resultados y la calidad de sus productos y la velocidad con que los hacen. A nivel global la consultora estima que la automatización hará crecer la productividad entre un 0.8 y un 1.4% anual, una cifra asombrosa si se considera que, según estimaciones de McKinsey, la productividad que generó la máquina de vapor entre 1850 y 1910 fue de un 0.3% anual; y que la productividad que generaron los computadores y la inteligencia artificial entre 1995 y 2005 fue de 0.6% anual.

En el plano de los empleos, McKinsey sostiene que la tecnología no va a eliminar de un día para otro los puestos de trabajo completos. Dicho de otro modo, usted no se va a encontrar mañana con la novedad de que su compañero de trabajo es un robot. Pero probablemente ocurrirá que cada vez más tareas que hacía usted, las hará un programa o las tendrá que hacer asistido por una máquina. Lo que ocurrirá entonces, en opinión de la consultora, es que las máquinas y los programas cambiaran completamente la forma de trabajar, las lógicas y los procedimientos de sectores productivos completos. El avance ocurrirá paulatinamente y las personas se irán desplazando hacia nuevos empleos.

Pero, ¿van a existir esos nuevos empleos?

Anthony Atkinson

La respuesta es compleja. En 2014 el economista norteamericano Shawn Sprague hizo una comparación simple: sumó el total de horas trabajadas en la economía por todos los empleados de Estados Unidos en 1998; e hizo lo mismo para 2013. Obtuvo que durante esos 15 años la cantidad de horas trabajadas permaneció estancada en 194 mil millones de horas. Un hecho intrigante si se considera que en el mismo período la economía logró producir US$3,5 billones de dólares más. Es decir, la productividad se incrementó radicalmente. Los economistas nos han acostumbrado a ver aquello como un hecho siempre positivo, sin ningún matiz oscuro. Pero hay un matiz: en esos 15 años la población de ese país aumentó en 40 millones de habitantes. Los miles de nuevos emprendimientos no absorbieron nada de la nueva mano de obra.

El fallecido economista Anthony Atkinson estaba muy preocupado por esta creciente capacidad de la economía de mostrar resultados positivos ofreciendo cada vez menos empleo. En una entrevista con CIPER argumentó que, dado que gran parte del desarrollo tecnológico se hace con inversión pública, los estados no deben permanecer indiferentes ante tecnologías que hacen desaparecer millones de empleos.

Para contradecir la esperanza de que la automatización cree nuevos empleos, Martin Ford compara la automotora General Motors (GM) con Google. En 1979, en la cúspide de poderío de GM, ofrecía 840 mil empleos. Ford puntualiza que Google, en cambio, nunca ha ofrecido “ni un 5% de esa cantidad de trabajo, y sin embargo genera un 20% más de beneficios. Yo creo es que en las próximas décadas la economía se va a parecer más a Google y menos a GM, dice Ford”.

Convencido de que la política tiene un rol central que jugar en el futuro, Atkinson murió creyendo que la tecnología no cae del cielo sino que es definida por los intereses de los actores económicos y públicos: y que hoy el interés no puede ser solo abaratar costos, sino enfrentar el tema de la desaparición del empleo.

-¿Por qué la Unión Europea debería invertir en desarrollar autos que se conduzcan solos si eso va a terminar con miles de empleos? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, cocinas robóticas para las casas? Eso les daría independencia a muchas personas mayores que ahora tienen que estar  en un hospital. La tecnología puede no ser destructora de empleos, sino complementaria –dijo Atkinson a CIPER.

Contra la idea de que sea posible dirigir la tecnología, otros especialistas sostienen que lo que hay que hacer es adaptarse a las nuevas condiciones, por ejemplo, mejorando la educación de los trabajadores. El economista Sebastián Edwards, uno de los pocos que ha abordado este tema en Chile, sostuvo en una columna: “Sólo aquellos países que adapten su legislación laboral, su sistema educativo, su infraestructura y sus instituciones aprovecharán en forma cabal esta revolución tecnológica. Y lo decepcionante, terrible y trágico -porque no hay otra manera de ponerlo- es que en Chile se han aprobado dos grandes reformas -educacional y laboral- sin tomar en consideración este verdadero tsunami”.

Pero no a todos los convence que la salida educativa sea suficiente para neutralizar el impacto de la automatización. Por ejemplo, Ryan Avent (editor de The Economist y autor de The Wealth of Humans), dijo recientemente a El Mostrador: “Más educación sería útil, pero probablemente no podamos mejorar las habilidades de los trabajadores lo suficiente como para aliviar el exceso de personas que compiten por empleos de salarios bajos y medios. En el futuro, la educación tendrá que centrarse más en ayudar a los trabajadores a encontrar satisfacción en cualquier trabajo o participación social que puedan, y los subsidios de ingresos tendrán que estar menos asociados con el trabajo”.

El citado Martin Ford no cree que la economía automatizada genere tantos empleos como los que destruye. En una reciente charla reparaba en que la tecnología actual es tan adaptable que no deja área donde las personas puedan refugiarse: las máquinas pueden hacer todo. Para ilustrar lo innecesario del empleo, comparaba dos industrias ícono de la economía estadounidense: General Motors (GM), la fabricante de autos que hasta los años 70 representaba el dominio industrial de ese país; y Google, símbolo de la nueva era informática y automatizada. En 1979, en la cúspide del poderío de GM, la empresa ofrecía 840 mil empleos. Ford puntualizó que Google, en cambio, nunca ha ofrecido “ni un 5% de esa cantidad de trabajo y, sin embargo, genera un 20% más de beneficios. Es decir, Google es mejor negocio de lo que nunca fue GM. Y lo que yo creo es que en las próximas décadas la economía se va a parecer más a Google y menos a GM”.

Vea también “Estudio prevé que el 50% de los trabajadores chilenos será reemplazado por máquinas“

Existe un amplio consenso en que la automatización del trabajo es creciente e inevitable. El dato más actual al respecto lo publicó CIPER la semana pasada: un estudio de la consultora McKinsey Global Institute que estima que el 49% del empleo en Chile tiene posibilidades de ser automatizado en los siguientes 20 a 40 años. Si eso nos lleva a una sociedad más próspera y equitativa, está por verse, pero antes de que tengamos claridad sobre aquello, la entrada constante de robots y programas avanzados en el mercado del trabajo tiene varios elementos desconcertantes que están reordenando el escenario social. Uno de ellos es este: es posible que la industrialización ya no sea una vía para que países como Chile se desarrollen.

En anteriores entrevistas con CIPER, investigadores como Ha-Joon Chang (economista de la Universidad de Cambridge) o Ben Ross Schneider (politólogo del MIT) han mostrado que todos los países que durante el siglo XX alcanzaron el desarrollo lo hicieron industrializándose decididamente (lo que muchas veces implicó que los estados usaran políticas agresivas para conseguir que los privados dejaran de producir materias primas y saltaran a las manufacturas).

Japón en las décadas del 40 y 50, Corea y Taiwán en los años 60 y 70, China e India en la última década, lograron incrementar su riqueza aumentando la variedad y complejidad de lo que producían. En esto fue clave la expansión del sector manufacturero, que para Chang es “el verdadero centro de aprendizaje del capitalismo”, pues allí las personas aumentan sus habilidades, se organizan de forma más compleja e incrementan “el conocimiento colectivo del país”. Para Chang ese conocimiento es el sello del verdadero desarrollo y por eso, argumenta, aunque durante algún tiempo un país que vende cobre y uno que produce tecnología pueden crecer a buen ritmo, en el largo pazo el crecimiento del que vende materias primas es más voluble, menos fuerte y queda atrás, (ver grafico).

Estas ideas están en el subconsciente chileno y cada vez que el precio del cobre tiembla emerge una pregunta esperable en un país que ya perdió una oportunidad con el salitre: ¿por qué no fuimos capaces de usar la bonanza del cobre para salir de las materias primas?

Pero lo automatización acelerada de las industrias parecen estar cambiando los términos de esa pregunta, haciendo el camino al desarrollo menos evidente y el resultado más incierto. Martin Ford autor del libro El ascenso de los robots (elegido en 2015 el libro del año por el Financial Times) dijo a CIPER que “es posible que China sea el último país en lograr desarrollarse a través de la estrategia de industrialización”.

Citando al economista Dani Rodrick, Ford remarca que muchos países que intentaban ese camino, como México e incluso India, se están desindustrializando prematuramente. ¿Por qué? Hay varios factores, pero Ford cree que el central es la automatización. Las nuevas tecnologías bajaron tanto los costos de producir que están anulando la gran ventaja que tenían esos países: su mano de obra barata. Sobre todo ahora que esta no es tan barata. En el caso chino reportes indican que entre 2003 y 2010 el salario mínimo de sus obreros se triplicó, aunque según la revista Forbes sigue siendo un 1/5 del precio de la mano de obra norteamericana. La conclusión de esto parece paradójica: el robot no es tan competitivo como un trabajador mal pagado, pero si este último comienza a mejorar sus condiciones laborales y, por consiguiente, su calidad de vida (al fin y al cabo las políticas de industrialización se hacen para eso), el robot empieza a ser una buena opción.

En parte por esto, desde 2009 las industrias textiles que habían partido a China, India y México, comenzaron a volver a Estados Unidos. ¿Significa eso que vuelven los empleos? No. Ford lo ilustra con el caso de la firma Parkdale Mills, en Carolina del Norte: si en 1980 esta gigante algodonera hubiera querido tener su nivel de producción actual, habría requerido 2.000 operarios. Pero hoy solo necesita 140 (si se toma el tiempo de ver el video promocional de esta textil tendrá una idea de lo que significa la desaparición del trabajo por efecto de la automatización). Para no perder terreno, China está elevando la apuesta: cero  trabajadores. Cero. Empresas como Foxconn que provee de componentes electrónicos a Apple y Samsung ya han remplazado –en los últimos 2 años- al 60% de sus trabajadores con robots. Y está construyendo enormes plantas totalmente robotizadas, “complejos que funcionan día y noche con las luces apagadas y sin ningún operario adentro”, describió Ford en una charla reciente.

Por supuesto que una industria robotizada de todos modos genera beneficios para la localidad en la que está instalada, en términos de necesidades de transporte, producción de insumos, puntos de venta. Pero, debido a los bajos salarios en los que debe mantenerse y la poca mano de obra que necesita emplear, está lejos de ser el “centro de aprendizaje del capitalismo” que valoraba Chang. Es decir, este centro productivo ya no es aquel lugar donde las comunidades aprendían a hacer cosas nuevas y que permitía mover economías enteras hacia arriba.

Si Chile decidieran ahora intentar desarrollarse por la vía de la industrialización, honestamente, veo difícil que lleguen a la meta”.

-La estrategia de muchos países para prosperar ha sido industrializarse. Pero creo que en el mediano plazo la automatización va a cerrar ese camino. Países como Japón y Corea hicieron su transición al desarrollo con la industria cuando la tecnología era todavía una herramienta para aumentar la productividad de las personas y no un reemplazo de estas. En el caso de China el proceso la sorprendió a medio camino y el impacto que ha tenido la robótica en su economía ha sido muy fuerte. Es inquietante la cantidad de trabajadores que está perdiendo su sector industrial y no sé si logre desarrollarse. En el caso de Chile, si decidieran ahora esa vía, honestamente veo difícil que lleguen a la meta. No puedo decir que no, pero me parece que ese camino al desarrollo se ha cerrado: grandes industrias con gran cantidad de empleados ya no son necesarias -dijo a CIPER.

Pero la robótica, que aparentemente pone una barrera en la vía industrial al desarrollo, también amenaza nuestro tradicional camino de exportar materias primas. El citado informe McKinsey estima que en la minería chilena el 52% de los 100 mil puestos de trabajo que se ofrecen son susceptibles de ser reemplazados por sistemas automatizados; y un porcentaje similar estima la consultora para la industria pesquera y la forestal. Esos sectores probablemente sigan siendo buenos negocios, pero la riqueza que ahí se genere se puede concentrar aún más.

Ford cree que tenemos que ponernos a reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo en serio. “Estamos en la cima de una enorme ola disruptiva que tiene el poder de poner una enorme presión sobre nuestras sociedades”, dijo a CIPER. Estima que los países cuya prosperidad ha estado basada en usar trabajadores mal pagados recibirán un impacto especialmente fuerte.

EMPLEO PARA LOS MEJORES

Martin Ford es ingeniero en computación de la Universidad de Michigan y hace 25 años dirige su propia empresa en Silicon Valley. Desde ella ha sido testigo directo de la velocidad con que avanzan las máquinas y como los empleos desaparecen. Remarca un hecho que se suele pasar por alto: los empleos que se han perdido en el mundo en la última década, particularmente desde la crisis subprime de 2008, son empleos “para gente normal, con habilidades normales”, describe. Los que han surgido, en cambio, son un puñado de empleos de alta exigencia y una gran masa de subempleos.

Ford explica el problema con tres compañías simbólicas: General Motors (GM), Google y McDonald’s. La primera, en su periodo de máximo esplendor, en 1979, llegó a tener 840 mil empleados, detalla Ford. Google en cambio, aunque genera un 20% más de utilidades de lo que nunca produjo GM, nunca ha ofrecido ni un 5% de los puestos de trabajo de GM. Ford cree que las empresas exitosas del futuro serán más como Foxconn, la algodonera Parkdale y Google, y menos como GM.

McDonald’s es identificado por Ford como un modelo clásico de la empresa que ofrece empleos precarios –él los llama “trabajos de última opción”– que no tienen seguridad social y que se han masificado desde 2008. Relata que en 2011 McDonald’s ofreció por internet 50 mil empleos y en un día le llegaron un millón de postulaciones. “Entrar a McDonald’s era en ese momento más difícil que ser aceptado en Harvard”, escribió en su libro El ascenso de los robots.

-GM daba empleo a mucha gente con habilidades promedio y ese es el tipo de trabajo que ha ido desapareciendo- detalló a CIPER. Y agrega: “Eran empleos que estaban en general bien remunerados y mejoraban de acuerdo a la productividad del trabajador. Los empleos que surgen, en cambio, son en su mayoría de baja calidad, sin seguridad, part-time (venta comida rápida, retail, etc); y unos pocos muy bien pagados, como los que ofrece Google a personas con muchas habilidades”.

A Ford le parece que los robots y programas acrecentarán este proceso en el rubro de los servicios: “Muchos de los trabajadores de esos sectores que ya tienen trabajos precarios, pueden experimentar un descenso social y algunos probablemente van a dejar de trabajar definitivamente. Existe el riesgo de que, con el paso del tiempo, más hogares terminen viviendo con ingresos que están muy cercanos a la subsistencia”.

De esta forma, estima que a diferencia de lo que se ha soñado por décadas, la tecnología, como está siendo administrada, no traerá prosperidad para todos sino para unos pocos: “Desafortunadamente, cada vez serán necesarias más y más habilidades solo para tener un trabajo decente. Y eso no es sostenible. Los países deben generar economías que ofrezcan condiciones razonables para todos, no para unos pocos”. Sabe que la exclusión actual de grandes sectores en el mercado laboral de Estados Unidos no se debe solo a la tecnología, pero cree que ella está jugando un rol cada vez mas importante, lo que explicaría una parte del respaldo que tuvo Donald Trump, pues “un 60% de la población no ha participado en el crecimiento económico, se ha quedado atrás”.

LO MISMO SE DIJO DE LA LOCOMOTORA

Las personas suelen rechazar la idea de que los robots amenazan los empleos y piensan que ese botón de pánico se ha apretado muchas veces antes. Lo cierto es que desde los primeros telares industriales destruidos por artesanos que temían quedar desempleados la promesa de que las máquinas aliviarían el trabajo de la humanidad y traerían mayor bienestar ha convivido con el miedo a que generen desempleo y pobreza. Por supuesto, ninguna de las dos predicciones se ha cumplido plenamente.

Ford cree que la esperanza que muchos tienen en la automatización del trabajo proviene de un período especial en el que las máquinas aumentaron la productividad de los trabajadores y estos, a su vez, obtuvieron una participaron en la riqueza que estaban ayudando a crear. Ese periodo va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década del 70 (ver gráfico). En esos 30 años tanto la productividad como la retribución recibida por los trabajadores se duplicaron. Sin embargo, a partir de 1973 productividad y salarios se desacoplaron. Mientras en los siguientes 40 años la productividad volvió a duplicarse, los salarios apenas se movieron un 12%.

Mariana Mazzucato

Ford piensa que el trabajo fue reemplazado por capital (máquinas) y que la productividad creciente que generaron las máquinas se la han llevado sus dueños. Eso es coincidente con las cifras que han mostrado recientemente los economistas Michael Jacobs y Mariana Mazzucato: mientras el PIB del Estados Unidos aumentó en un 78% entre 1990 y 2014, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los US$ 53 mil. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional del 10% al 20% (ver Rethinking Capitalism, introducción en Inglés).

Contra la idea de que la productividad siempre producirá mejoras salariales, Ford piensa que lo que ocurrió entre 1945 y 1973 fue algo inaudito, una breve época dorada que hemos asumido erróneamente como algo natural. Citando a Jared Diamond (autor del libro Colapso: por qué una sociedades perduran y otras desaparecen) Ford explica que ese error es similar al que cometieron los primeros colonos que llegaron a Australia y se encontraron con un vergel: Levantaron granjas, sembraron, trajeron ganado, asumiendo que lo que veían eran las condiciones normales. Pero al cabo de una década se dieron cuenta de que el clima normal era árido y que habían tenido la suerte -o la mala suerte- de llegar en un extraño e irrepetible periodo verde.

Ford sostiene, y esta es su tesis central, que el período en que las máquinas, el aumento de productividad y los mejores salarios parecieron estar atados, es esencialmente un periodo dorado que no se va a repetir porque el desarrollo tecnológico actual y futuro puede aumentar la productividad al estilo Foxconn, sin nosotros.

Por supuesto, admite Ford, se han creado empleos que ni se soñaban al inicio de esta era, como los diseñadores de software. Pero remarca que los empleos creados al alero de esta industria son todavía marginales en términos de puestos de trabajo. En Estados Unidos, explica, a pesar de la explosión tecnológica el 90% de los trabajadores sigue empleado “en actividades que se crearon hace 100 años” (ver charla y gráficos a partir del minuto 18). La mayoría de los norteamericanos trabaja “haciendo alimentos, manejan autos, vendiendo productos, haciendo labores administrativas en oficinas”.

Una gran cantidad de trabajadores con educación universitaria van a descubrir que sus trabajos están en la mira de los software automatizados y de los algoritmos predictivos que hoy se están desarrollando”

Los temores de Ford se potencian porque junto a la habilidad creciente de las máquinas para reemplazarnos, la economía del mundo tiene cada vez más dificultades para generar empleos y él no cree que haya motivos para esperar que eso cambie en el futuro. En el caso de Estados Unidos, durante la primera década del 2000, en parte como resultado de la crisis de 2008, se crearon cero nuevos empleos, situación grave para un país que necesita, solo para dar cuenta del crecimiento natural de la población, un millón de puestos al año.

El mismo problema detecta un reporte del economista norteamericano Shawn Sprague, quien muestra que en los 15 años que van entre 1998 y 2013 la riqueza generada por la economía creció en US$3,5 billones. Pero eso se logró sin que fuera necesario emplear más horas de trabajo. Lo que desde el punto de vista de la productividad es muy bueno (se generó más riqueza con la misma cantidad de trabajo), desde el punto de vista del empleo es grave: en esos 15 años la población de ese país creció en 40 millones y las nuevas empresas que surgieron no absorbieron nada de esa mano de obra.

Lo que Ford observa es que hasta ahora la tecnología está destruyendo empleos, pero, contra lo que los optimistas esperan, los trabajos nuevos son pocos y precarios.

EL ATAQUE A LAS CLASES MEDIAS

Otro de los elementos desconcertantes que plantea la automatización es este: durante décadas la literatura económica y los discursos políticos han insistido en que el desarrollo de los países y el bienestar de las familias depende de que las personas mejoren sus habilidades. Sin embargo, el avance de la automatización ha dejado en evidencia que buena parte de las habilidades laborales que se requieren hoy –sobre todo en empresas verticales como las chilenas– son en esencia rutinas y actividades previsibles, que se pueden aprender en la práctica (el famoso learning by doing) o memorizándolas. “Y tanto lo rutinario como lo previsible se puede abordar a través de series de instrucciones (algoritmos), lo que implica que pueden ser llevadas a cabo por un robot o un programa. Y eso podría ocurrir pronto”, dice Ford a CIPER.

Esto plantea un gran desafío para los sectores medios que han llegado a su posición social a través de la educación y que hoy invierten fuerte en la formación de sus hijos esperando que ellos sigan subiendo. Piensan que la educación los mantiene fuera del alcance de las aristas peligrosas de la tecnología, pero Ford discrepa: los programas que se están desarrollando tienen una enorme capacidad de aprender y adaptarse, y eso mejorará cada año. “Una gran cantidad de trabajadores con educación universitaria van a descubrir que sus trabajos están en la mira de los software automatizados y de los algoritmos predictivos que hoy se están desarrollando”, escribe en su libro.

El sociólogo norteamericano Randall Colling va más allá. En un artículo publicado en 2014 (The end of middle-class work: no more escapes) argumenta que mientras la tecnología del siglo XX golpeó a los obreros, la ola de este siglo atacará a “las clases medias que habían adoptado el estilo de vida neoliberal de trabajo duro y buena paga”. La invasión robot, estima Collins, generará un desempleo del 50% al 70% hacia la mitad del siglo XXI, golpeando sobre todo a aquellos que creyeron que a través de altos gastos en educación y de un trabajo disciplinado lograrían escapar del estancamiento que afecta a las clases trabajadoras.

Por supuesto, la fuerza del impacto de la automatización dependerá mucho de las habilidades que tenga la clase media de cada país. La creatividad, la mirada crítica, la adaptación a ambientes cambiantes, son todavía habilidades difíciles de reproducir para una máquina. Pero no es claro que se estén incentivando en el sistema educativo chileno. Así se sugiere en un estudio reciente de los sociólogos Manuel Canales, Cristián Bellei y Víctor Orellana (¿Por qué elegir una escuela particular subvencionada? Sectores medios emergentes y elección de escuela en un sistema de Mercado, 2016) quienes afirman que en la elección académica que hacen las familias “los criterios educacionales son supeditados a la búsqueda de segregación socioeducativa”. Estiman que esa segregación es tan importante que “la excelencia académica resulta crecientemente irrelevante para oferentes y demandantes”, lo que ayuda a explicar porqué “el mercado escolar chileno no ha mejorado el desempeño de los estudiantes”.

Con esos énfasis dominando en el sistema escolar no parecen tan sorprendentes los resultados que se registran en los niveles más altos de la formación. En 2013 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile llevó adelante un estudio que medía la capacidad lectora y las habilidades matemáticas de los adultos. Detectó que el 65% de los que recibieron educación superior se ubicó en los dos niveles más bajos de ambas habilidades, mostrando capacidades equivalentes a las de niños educación básica. Un dato anexo empeora ese resultado. Al comparar con los datos obtenidos 15 años antes, en 1998, no se registró una variación importante. Eso, a pesar de que en esa década y media la educación superior explotó, subiendo de 264 mil a 1.033.886 estudiantes y el Estado entregó a las universidades $450 mil millones a través del Crédito con Aval del Estado, el famoso CAE. Estos resultados se repitieron sin mayores cambios en 2016 en el estudio PIAAC, encargado por la OCDE.

Resulta evidente que una masa trabajadora con habilidades de niños de educación básica no parece una difícil competencia para lo que los robots y programas ya son capaces de hacer. Por otra parte, el lento avance que hemos logrado durante nuestros años de bonanza económica hace pensar que no podemos esperar grandes mejorías en la formación escolar que permitan hacer frente a los cambios que McKinsey anuncia para los próximos años.

¿QUIÉN CONSUMIRÁ SI SOLO LOS ROBOTS TRABAJAN?

Otro razonamiento que lleva a muchos a rechazar la idea de que los robots amenazan los empleos es este: si la mayoría queda sin empleo ¿quién comprará los productos que hagan estos robots?

Como plantea el economista británico Anthony Atkinson en su libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? (Harvard University Press, 2015), ese asunto eventualmente será muy relevante. Pero en el camino ocurrirá lo que hoy: muchas empresas harán buen dinero ahorrándose mano de obra y manteniendo ventas altas. Es razonable esperar que el reemplazo paulatino de empleados no genere grandes quiebres, como no ocurrió nada con la desaparición de los correctores de prueba en los medios de comunicación escritos (salvo el aumento de las faltas de ortografía, como lo evidencia este artículo); tampoco ocurrirá nada con la eventual desaparición de los médicos radiólogos ante software capaces de interpretar mucho mejor los exámenes. Como ocurre hoy, según describe el economista  Ha-Joon Chang, las personas que quedan al margen son forzadas a sentirse culpables de su fracaso, pues el sistema económico hace descansar la responsabilidad del éxito sobre el individuo. Eso no tiene por qué cambiar.

Durante ese proceso, como lo sugiere el informe McKinsey, las utilidades de las empresas serán mayores debido a la baja del costo salarial: en el caso chileno, el informe estima que la industria del retail y el comercio en general se ahorrarían en remuneraciones US$9 mil millones si se reemplazara el 51% de los trabajos que tienen el potencial de ser automatizados; la industrias manufactureras se ahorrarían US$6 mil millones.

Eventualmente, llegaremos a un punto como el que plantea la pregunta. Y las respuestas para ese evento son variadas y completamente especulativas.

Para el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, la crisis de empleo y consumo generada por la automatización se sumará a varias otras, como el endeudamiento de los Estados o el estancamiento del crecimiento, y el capitalismo agonizará largo tiempo.

Para algunos autores, como el citado sociólogo Randall Colling, estaremos entonces en la crisis final del capitalismo y su reemplazo por algún tipo de socialismo donde las máquinas produzcan para todos. Para el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, esta crisis del empleo y el consumo se sumará a varias otras, como el endeudamiento de los Estados o el estancamiento del crecimiento, y el capitalismo agonizará largo tiempo. Para Streeck no habrá socialismo, sino un largo periodo de incertidumbre e inestabilidad. “El final del capitalismo puede ser imaginado como una muerte por cientos de cortaduras y heridas, o por la multiplicidad de enfermedades, cada una de las cuales será más difícil de tratar en la medida en que requiere de que todas se traten al mismo tiempo”, escribió Streeck en su reciente libro Como terminará el capitalismo (Editorial Verso, 2016).

Bill Gates, el fundador de Microsoft, que se define como un tecno-optimista, cree en cambio que la invasión de los robots generarán un desempleo temporal, el que podría solucionarse reeducando a las personas para nuevos trabajos o incentivando a que se dediquen a áreas en que son necesarias e irremplazables, como el cuidado de los niños. Para financiar eso Gates propone que las empresas que usen robots paguen impuestos por cada trabajador que reemplazan. Cabe destacar que una propuesta similar  fue rechazada en el Parlamento Europeo hace una semana, debido a la presión de la industria robótica, la cual argumentó  que ese impuesto haría perder competitividad y amenazaría los empleos que hoy ofrece el sector.

Ford concuerda con Gates y cree que algún tipo de impuesto es necesario. Argumenta, como la economista Mariana Mazzucato, que dado que la tecnología es en gran medida el resultado de grandes cantidades de inversión pública, debe ser entendida como un bien público, y su uso debe pagar un derecho. Los dineros recaudados, estima, habría que usarlos en garantizar a todas las personas un ingreso universal que les permita vivir y consumir. No se trata de un ingreso para reinventarse, porque a Ford no le parece realista que un taxista pueda reconvertirse en ingeniero informático, sino de un “salario” permanente para que las familias no sean arrastradas a la pobreza.

Un salario como ese puede argumentarse desde muchos puntos de vista: como un derecho por ser humano o como una parte del desarrollo tecnológico que le pertenece a todos. Pero no se puede esconder un hecho difícil de digerir: sería un ingreso que se entregaría porque muchas personas no podrían hacer nada productivo. ¿Qué viabilidad tiene eso? La naturaleza extermina a las especies que no pueden proveerse de alimento y la raza humana ha probado ser incluso más implacable que eso.

Ford sabe que un sueldo así sería impensable de conseguir en Estados Unidos y en muchos países neoliberales. Argumenta, sin embargo, que Friedrich von Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, contempló es tipo de ingreso cuando una sociedad enfrenta una amenaza de la cual los individuos no pueden protegerse por su cuenta.

Para Ford es difícil encontrar una mejor definición que esa de lo que la creciente automatización del trabajo representa.

Por J. A. Guzmán (desde Londres)

Los parlamentarios chilenos recibieron hoy un correo electrónico de la organización británica Finance Uncovered que los insta a transparentar sus declaraciones tributarias. El email señala: “De ningún modo lo estamos acusando de cometer una irregularidad o delito, nada más lejos de nuestra intención. Pero como parlamentario en funciones estaríamos agradecidos si pudiera respondernos una serie de sencillas preguntas que ayudarán en esta búsqueda internacional para lograr más transparencia”.

El correo electrónico forma parte de una campaña mundial que fue lanzada hoy por destacados periodistas de 20 países -entre los que figuran galardonados profesionales de Ucrania, Pakistán y Sudáfrica- que se han reunido en Londres para poner en el debate público la preocupación sobre los negocios de los políticos electos.

Hoy solo un reducido número de países -como Finlandia, Noruega, Pakistán y Suecia- exige a sus representantes electos hacer públicas sus declaraciones tributarias. Esta iniciativa pro transparencia impositiva, que partió luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara mostrar sus declaraciones tributarias, busca cambiar esta situación.

Todos los periodistas que participan de esta iniciativa han recibido entrenamiento o han colaborado con Finance Uncovered, una organización sin fines de lucro que opera desde Londres y que entrena a periodistas e investigadores para abordar temas de abuso tributario, lavado de dinero y corrupción. Estos periodistas usarán una nueva plataforma web para solicitar a los políticos de sus países que transparenten sus impuestos.

Los ciudadanos podrán acceder a la web y ver qué políticos han recibido la solicitud y cuántos han respondido. Esta es la primera etapa del proyecto que espera que otros países se sumen a esta iniciativa.

Con esta ilustración se abre la plataforma web del proyecto

La inspiración para este proyecto surge a partir del trabajo del periodista pakistaní  Umar Cheema, miembro del directorio de Finance Uncovered e integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En 2012, Umar, quien dos años antes había sido secuestrado y golpeado por escribir reportajes críticos al  gobierno, contactó a los 446 legisladores federales de Pakistán y les solicitó revelar sus declaraciones tributarias. Solo dos respondieron.

A través del colegio electoral, Umar obtuvo el número de contribuyente de cada político. Y gracias a una fuente que le ayudó a chequear los archivos, Umar estableció que el 70% de los legisladores, incluyendo el Presidente de su país y 34 ministros, no hicieron ninguna declaración tributaria.

El reportaje publicado en 2013 tuvo un impacto crucial. Hoy todos los políticos de Pakistán hacen públicos sus datos tributarios. De hecho, todo los impuestos que pagan los ciudadanos son publicados anualmente en un directorio que es de acceso público. Eso quiere decir que en este aspecto, Pakistán es más transparente que el Reino Unido o Estados Unidos.

Umar Cheema, reportero investigador en The News en Pakistán, dijo:

-Es un deber de los periodistas hacer que los políticos rindan cuenta. Nada es más importante que la integridad financiera de los políticos, pues sin ella los políticos se vuelven defensores de los intereses de los más ricos Esta campaña por la transparencia tributaria de los políticos va a devolverles lo que ellos han perdido: la confianza pública. Mi reportaje sobre los impuestos de los parlamentarios de Pakistán tuvo un profundo impacto en el público. Esta iniciativa global tendrá el mismo resultado.

Los periodistas que forman parte de este proyecto de transparencia provienen de : Argentina, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Chile, Costa Rica, Egipto, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Kenia, Nigeria, Reino Unido, Rusia, Sierra Leona, Sudáfrica, Venezuela, Uganda y Ucrania.

Umar Cheema

La nómina incluye a la premiada periodista sudafricana Susan Comrie de amaBhungane, Vlad Lavrov del Organized Crime & Corruption Reporting Project, Aman Sethi, periodista y escritor indio; y Tanu Jalloh, periodista y activista en Sierra Leona. Por Chile asiste Juan Andrés Guzmán, periodista de CIPER.

Nick Mathiason, co-director de Finance Uncovered, que está detrás de este proyecto de transparencia, dijo: “Desde nuestro punto de vista, hay un claro y substancial interés público en que los representantes electos transparenten completamente sus fuentes de ingreso y sus declaraciones tributarias. Los representantes electos son pagados por los contribuyentes para tomar decisiones sobre los impuestos y sobre como nuestro dinero se gasta en beneficio de todos”.

CORREO A DIPUTADOS Y SENADORES

En el caso de Chile, se enviaron correos electrónicos a todos los diputados y senadores en ejercicio, preguntándoles si están de acuerdo con la transparencia tributaria y si están dispuestos a hacer pública su última declaración de impuestos (ver recuadro con la nota enviada). En una semanas más, la plataforma web de seguimiento dará la opción a los ciudadanos para que participen e insistan por la respuesta de sus diputados y senadores.

En Chile los políticos no están obligados a hacer pública ninguna información sobre sus declaraciones tributarias.  La ley de probidad (Ley 20.880) que entrará en vigencia ahora en marzo, obligará a 60 mil funcionarios a declarar sus bienes e inversiones y otorga facultades a la Contraloría para imponer multas a quienes entreguen información falsa.

Pese a ser un avance, la nueva ley deja varias zonas oscuras que la declaración tributaria podría transparentar, sobre todo en el crucial aspecto de las fuentes de ingreso.

El robo a las arcas de Carabineros –hasta ahora cifrado en al menos $8 mil millones– no debió causar sorpresa en el alto mando. Aunque la jefatura policial informó el fraude con una transparencia que le granjeó elogios, nada ha dicho sobre su propia responsabilidad por no haber actuado más enérgicamente tras conocer más de 40 alertas que en los últimos siete años revelaron graves irregularidades en el manejo de los fondos institucionales, desorden en las cuentas y fallas en los sistemas de fiscalización.

Un total de 39 inspecciones de la Contraloría General de la República y 11 investigaciones periodísticas de CIPER mostraron estas falencias. En la mayoría de los casos, los responsables al mando siguieron sus carreras en nuevos puestos o se vieron obligados a dejar las filas, pero sin perder los beneficios del retiro. Los informes de la Contraloría fueron despachados con copia al Ministerio del Interior, cartera que tiene autoridad para intervenir en Carabineros, pero que en los últimos cinco años, pese al cúmulo de irregularidades denunciadas, nunca lo hizo.

Una evidencia de que en todos esos años el alto mando no protegió debidamente el patrimonio fiscal es que un oficial que hoy figura en la red que se apropió de los $8 mil millones, ya en 2012 había sido identificado por CIPER como uno de los involucrados en una compra de generadores eléctricos con sobreprecio, operación que según el Consejo de Defensa del Estado provocó un perjuicio fiscal de $928 millones. El comandante Ramiro Martínez Chiang integraba entonces la jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Bruno Villalobos, general director de Carabineros

Tras la publicación de CIPER, Martínez Chiang fue llamado a retiro. Pero la investigación interna de la policía no advirtió sus vínculos con el gigantesco fraude que ya entonces estaba en marcha y que recién ahora se ha conocido. Un oficial que cuenta con la confianza del actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, señaló a CIPER que Martínez Chiang recibió depósitos con dinero del fraude cuando ya había dejado la institución, razón por la cual no fueron detectados sus nexos con la red cuando se le investigó por la compra de los generadores.

La misma fuente reveló que el general Villalobos no ha recibido críticas del gobierno porque desde que asumió la jefatura, en 2015, impartió órdenes para intervenir las unidades donde CIPER y la Contraloría habían detectado manejos irregulares y corrupción. Esto, según la misma versión, habría provocado que los desvíos de dinero del millonario desfalco se detuvieran, de acuerdo con la investigación interna de Carabineros, a fines de 2015. En todo caso, si esa fue la fecha en que el fraude terminó de ejecutarse, aún no está claro por qué la investigación de la Fiscalía se inició recién en octubre de 2016.

Según la versión que se maneja en Carabineros, para evitar la corrupción en las unidades policiales que gestionan más recursos, el alto mando hizo varios movimientos estratégicos. El primero fue la creación de la Dirección de Compras Públicas, a fines de 2014, la que centralizó los procesos de licitaciones. Al asumir Bruno Villalobos como general director, se elevó el rango del Departamento de Cuarteles, que dependía de la Dirección de Logística, y se convirtió en la Dirección de Abastecimiento e Infraestructura. Esta nueva dirección está encargada de la construcción de cuarteles. Este movimiento fue la respuesta a un fraude que involucró más de $365 millones en la reposición de cuarteles en Aysén.

Villalobos también impulsó la separación del Departamento de Remuneraciones –epicentro del fraude de los $8 mil millones– de la Dirección de Finanzas. Actualmente, las remuneraciones están a cargo de un general inspector, quien a su vez es supervisado por el subdirector de Carabineros.

Villalobos proviene de las filas de Inteligencia de la institución y tras asumir como general director destinó personal de inteligencia a varios departamentos que manejan recursos millonarios. Es lo que ocurrió en la Dirección de Compras Públicas, donde asumió como jefe de gabinete el coronel René Ureta Toledo (quien hace una semana fue ascendido a la Dirección de Finanzas, en reemplazo del general Flavio Echeverría, quien fue separado del cargo por su responsabilidad de mando en el desfalco). Villalobos también instaló en el Departamento de Bienestar a un comandante de inteligencia a cargo de la supervisión de las viviendas fiscales y los créditos habitacionales.

Las alertas que Villalobos tuvo en cuenta para hacer esta serie de cambios, fueron variadas y todas de alto calibre. En octubre de 2013, un año después del episodio de los generadores eléctricos revelado por CIPER, la Dirección de Logística adquirió 29 carros blindados en US$3,5 millones. Los vehículos venían con serias fallas de seguridad y blindaje, lo que impidió su uso inmediato y motivó indagaciones por el riesgo de corrupción en esa compra.

El desorden en los gastos de la policía seguía dando campanadas de alerta. Un tercer reportaje de CIPER advirtió en 2015 que se compró un sistema para pinchar teléfonos por US$3,3 millones que presentó fallas. Un año después de su adquisición seguía sin funcionar y Carabineros, en vez de exigir al proveedor que se hiciera cargo, asumió a su costo las reparaciones.

Quien firmó el contrato de esa compra fue el general Marcos Tello Salinas, en ese momento Director de Logística. El episodio no significó una mancha en su hoja de vida: actualmente es el subdirector de Carabineros.

Las alarmas no solo fueron encendidas por investigaciones periodísticas. En los últimos cinco años la Contraloría General de la República realizó 39 auditorías a Carabineros. Hace una semana, cuando estalló el escándalo por el robo de dinero en la institución, el órgano fiscalizador elaboró una minuta en la que acusó que el desorden había sido avisado a tiempo:

“En tales fiscalizaciones (la Contraloría) ha detectado irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros”, señaló la minuta elaborada por la Contraloría.

Jorge Bermúdez, contralor

CIPER revisó 34 informes sobre Carabineros que están disponibles en la página de la Contraloría, emitidos entre 2010 y 2016, y pudo refrendar las numerosas irregularidades detectadas. Por ejemplo, en un análisis realizado en 2015 a la Dirección Nacional de Logística se constató que entre 2012 y 2015 no se realizaron auditorías internas a las compras de esa sección; se detectó un contrato por US$1 millón para la compra de motos de tránsito que no fue publicado en el portal de Compras Públicas; aparecieron diferencias entre facturas y egresos por $82 millones y se denunció la omisión de información a la Contraloría por compras que sumaban $892 millones. Era solo una muestra.

En otra investigación de diciembre de 2015 la Contraloría dio cuenta de serias irregularidades en la construcción de cuatro retenes en Aysén: se realizaron pagos a una constructora por $365 millones sin verificar el avance de las obras. Además, se devolvió una boleta de garantía por otros $19,3 millones, a pesar de que esos trabajos no fueron terminados por la constructora. Finalmente, Carabineros firmó contratos directos con un tercero para habilitar los retenes. En este caso dos oficiales terminaron formalizados y detenidos por su eventual responsabilidad.

Otras auditorías dieron cuenta de desorden e irregularidades en el área de remuneraciones, unidad en la que finalmente se produjo el gigantesco fraude ahora revelado. La Contraloría detectó la práctica irregular de pagar asignaciones específicas a todos los funcionarios de una región, a pesar de que no les correspondieran. Esta era una fórmula institucionalizada para abultar las remuneraciones y si se hubiese investigado a fondo lo que ocurría en esta unidad, probablemente el fraude actual se habría detectado antes.

Los informes de Contraloría también están plagados de pequeñas faltas: oficinas de Carabineros contratando TV cable premium con fondos fiscales, un mayor presionando a particulares para contratar a su propia empresa de seguridad, altos mandos utilizando vehículos policiales y funcionarios para sus mudanzas particulares, una esposa de un general recorriendo el río Calle Calle en una lancha institucional y un mayor utilizando carros policiales para ir a dejar a sus hijos al colegio. Una cultura de fraudes menores y granjerías que fueron tierra fértil para incubar la manga ancha que dio paso a la corrupción en gran escala.

LAS MILLONARIAS COMPRAS DEL TIC

El ex comandante Ramiro Martínez Chiang es uno de los 17 carabineros que el pasado domingo 12 de marzo entraron esposados a la audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Pero no era la primera vez que se encontraba en el banquillo de los acusados.

Ramiro Martínez Chiang

En 2012, CIPER documentó en una serie de reportajes las millonarias irregularidades en las compras y contratos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC). Martínez Chiang fue el jefe de Infraestructura de este departamento entre 2010 y 2012, e intervino en compras millonarias de productos con sobreprecio (vea el reportaje de CIPER “Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros”). Por este caso, Martínez Chiang ha sido investigado en la causa que originalmente llevó el fiscal José Morales y que actualmente tiene en sus manos el fiscal Marcelo Carrasco, aunque no ha sido formalizado, según consignó una nota de Emol del pasado viernes 10 de marzo.

Solo entre enero y diciembre de 2011, la empresa Mellafe y Salas, gracias a un convenio marco con Carabineros, facturó más de $2.850 millones en productos con sobreprecio para el TIC.

Una de las compras más grandes se gestó a comienzos de 2011. Martínez Chiang, junto a tres funcionarios, recibió a dos ejecutivos de Mellafe y Salas en las oficinas del TIC. El objetivo del encuentro era entregarle a la empresa detalles de las próximas compras. El resultado: Mellafe y Salas tuvo tiempo para inscribir en el convenio marco el modelo de los generadores eléctricos que licitaría Carabineros y así adjudicarse la compra inicial de 295 unidades. La empresa cobró más de $2,3 millones por cada generador, a pesar de que en el mercado se vendían por la mitad de ese valor.

Mellafe y Salas recibió cerca de $700 millones en esa transacción, una cifra que después aumentó cuando la institución le solicitó 367 generadores más. Una posterior querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) concluyó que esa venta habría provocado un daño a las arcas públicas avaluado en $928 millones.

La investigación del periodista de CIPER Gustavo Villarrubia a las compras del TIC, que sumó seis reportajes publicados entre 2012 y 2014, también dio cuenta de otros proveedores privilegiados por relaciones de amistad, “contratos de palabra” y sobreprecios, que burlaron todos los controles internos entre 2008 y 2011.

Tras la primera publicación de CIPER en febrero de 2012, la institución anunció una investigación interna. El jefe del TIC en esos años, el coronel Iván Cortés, fue trasladado a la Prefectura Norte de Santiago. En junio de ese año se descubrió que Mellafe y Salas le había pagado un viaje a Japón a un funcionario del TIC con conocimiento de la jefatura. Al funcionario se le solicitó la renuncia y el coronel Cortés fue “llamado a retiro voluntario” (vea el reportaje “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”). Pero a los generales en la línea de mando del TIC, nadie les pidió explicaciones.

Flavio Echeverría, general de Carabineros dado de baja

Los directores nacionales de Logística en los años en que se produjeron estas compras del TIC fueron los generales Aquiles Blu Rodríguez y Eduardo Muñoz Poblete. Ambos se acogieron a retiro en 2012. Lo mismo ocurrió con el Director de Finanzas, Iván Whipple, que dejó el puesto para que asumiera Flavio Echeverría Cortez, el general que encabezó durante casi cinco años la estructura donde se incubó el actual fraude que remece a la institución. Echeverría ahora pasó a retiro sólo por su responsabilidad al no haber advertido el robo y continúa al margen del puñado de oficiales que enfrenta a la justicia por el fraude.

La investigación de CIPER en el TIC apuntó a otro general responsable: Gerardo González Theodor, director de Planificación y Desarrollo entre 2007 y 2011. Desde ese puesto, González Theodor tuvo bajo su mando al TIC, hizo acuerdos de palabra con la empresa Mellafe y Salas para armar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros, saltándose el conducto regular, y monitoreó telefónicamente los contratos del departamento con Héctor Alegría Melo, un proveedor muy cercano al general que había sido acusado de estafa y presentaba un amplio historial de causas judiciales (vea el reportaje “Claves de la web de Carabineros y base de datos del personal policial en manos de un estafador”).

En 2011 González Theodor fue ascendido a Inspector General y a fines de 2012 se acogió a retiro con un desahucio de $82 millones y una pensión vitalicia de $2,9 millones mensuales.

El fiscal designado en ese momento para investigar estos hechos al interior de Carabineros fue el general Julio Pineda Peña. Según testimonios recogidos por CIPER, Pineda no entrevistó a ningún general y se encargó de que el nombre de González Theodor no quedara en las actas, a pesar de que fue mencionado por subalternos. Desde 2016 Pineda es director nacional de Personal.

CARROS BLINDADOS, MOTOS Y RADIOPATRULLAS

No solo en el TIC se descubrieron irregularidades. Entre 2013 y 2015 CIPER continuó publicando investigaciones sobre dudosas compras bajo la Dirección de Logística.

En diciembre de 2011 el Director de Logística, Eduardo Muñoz Poblete, firmó un contrato por US$ 3,5 millones para adquirir 29 carros blindados a Automotores Gildemeister. Los vehículos entregados por la compañía tenían serias fallas de seguridad y no estaban blindados como lo exigían las bases técnicas (vea los reportajes “Carabineros gasta US$ 3,5 millones en carros blindados que tienen serias fallas de seguridad” y “Director de Logística de Carabineros confirma fallas de carros blindados que costaron US$ 3,5 millones”).

Dos altos oficiales firmaron la recepción de los carros y el certificado de que todo estaba conforme: Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer. En 2012 Carrasco Hellwig y Rojas Langer eran directores de Personal y Logística, respectivamente. Ambos continuaron ascendiendo. En 2013, Carrasco asumió como Inspector General y Rojas mantuvo su cargo como director nacional de Logística. En 2014, Carrasco se transformó en el segundo hombre de Carabineros, asumiendo como subdirector, y Rojas lo reemplazó como inspector general, quedando en el tercer lugar de la jerarquía. En 2015 Rojas Langer se acogió a retiro.

Otro carabinero involucrado en la millonaria compra de los carros con fallas de seguridad es Jorge Garrido Díaz. Su firma quedó estampada en la orden de compra que pagó los US$ 3,5 millones a Automotores Gildemeister el 25 de diciembre de 2011. De esa forma, la millonaria adquisición se selló en medio del relajo por la celebración de Navidad. El nombre de Jorge Garrido ya había aparecido en el radar de CIPER durante la investigación por las compras del TIC, pues era cercano al general que tenía el mando sobre ese departamento, Gerardo González Theodor.

Gerardo González Theodor, ex general inspector de Carabineros

Tras un incendio que destruyó el computador de González Theodor en octubre de 2012, distintos testimonios recogidos por CIPER indicaron que el aparato siniestrado contenía información sobre compras del TIC y acerca de millonarias adquisiciones de equipos con sobreprecio para el Plan Frontera Norte del Ministerio del Interior. Este último caso, revelado por CIPER días antes del incendio, provocó la renuncia del ex fiscal que dirigía el plan, Alejandro Peña, quien hoy actúa como abogado defensor de carabineros involucrados en el fraude (vea el reportaje “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”).

Las revelaciones de CIPER sobre las compras del Plan Frontera Norte también provocaron la renuncia de otro ex fiscal que trabajaba para el Ministerio del Interior, Felipe Baeza, quien se habría entendido en muchas de esas compras directamente con Jorge Garrido Díaz, subdirector de Gestión, Control y Adquisiciones de Carabineros en ese momento.

Cuando se creó la Dirección de Compras Públicas en Carabineros, Garrido Díaz asumió como jefe de gabinete de su director, Jorge Vidal Varas. Actualmente, Garrido figura como director de Zona de Tránsito y Carreteras en la Región Metropolitana.

Otra compra irregular denunciada por CIPER se gestó en noviembre de 2013. A través de una licitación privada, Carabineros le adjudicó a la empresa Mipoltec la contratación de un sistema para pinchar teléfonos en US$ 3,3 millones, destinado al OS-7. Pero cuando Carabineros lo instaló, no funcionó (vea el reportaje “Carabineros pagó US$ 3,3 millones por equipo para “pinchar” teléfonos: lo instaló y no funcionó”).

Mipoltec era propiedad de Jorge Lorca, quien solo 10 meses antes de vender el sistema de escuchas se desempeñaba como técnico informático a cargo de efectuar la mantención de equipos que Carabineros había comprado a la empresa Tecnodata. Esta última fue la que en 2012 fue investigada por la venta con sobreprecios equipos para el Plan Frontera Norte.

Este contrato con Mipoltec es el que fue firmado el 5 de marzo de 2014 por el general Marcos Tello Salinas, hoy general subdirector.

LAPIDARIOS INFORMES DE CONTRALORÍA

El pasado martes 7 de marzo, un día después de que se conoció el millonario fraude que sacude a la policía uniformada, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dictó la clase inaugural del año académico 2017 de la Escuela de Carabineros.

–Hoy un periodista decía “¿y dónde estuvo la Contraloría?”, a propósito de las irregularidades que se han detectado y que se han puesto a la luz pública en esta institución. La Contraloría en estos últimos cinco años había hecho 39 auditorías en Carabineros. Muchas de ellas con consecuencias, con denuncias al Ministerio Público, otras con sumarios, otras con ningún problema. Pero la Contraloría sí había hecho su trabajo. Pero si se fijan, este es un trabajo muy ingrato. Porque a lo mejor esas 39 auditorías (…) tuvieron un efecto disuasivo, pero no fue total –sostuvo Bermúdez, según una cita publicada por El Mercurio.

Ante el contralor, en las primeras filas del auditorio, estaba el alto mando policial y el ministro del Interior, Mario Fernández.

CIPER solicitó a la Contraloría la copia de los 39 informes que esa institución declaró haber hecho a Carabineros antes de que estallara el fraude de los $8 mil millones. La respuesta fue que no estaban disponibles. Por ello, buscamos en la información pública de la web de la Contraloría, donde encontramos 34 informes finales de auditoría o investigaciones especiales realizadas a Carabineros, entre 2010 y 2016. Prácticamente todas estas inspecciones de la Contraloría detectaron desórdenes o, derechamente, faltas a la probidad. Varias de estas prácticas estaban institucionalizadas, como lo comprobaron los fiscalizadores de la Contraloría.

Así ocurría, por ejemplo, en la Región de Los Ríos, donde todos los funcionarios recibían como parte de su sueldo la gratificación especial de riesgo, correspondiente a un 10% del salario no imponible. Según la Contraloría, ese beneficio solo corresponde otorgarlo a los funcionarios “que se desempeñen en misiones de emergencia peligrosas de excepción”. Sin embargo, en esa región todos los efectivos vieron incrementadas sus remuneraciones mes a mes.

La investigación del órgano contralor (revísela aquí), de junio de 2014, da cuenta de cómo en la misma región otros 23 carabineros recibían la “asignación de máquina” sin cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento: trabajar exclusivamente frente a la pantalla de un computador.

La misma práctica fue detectada en 2014 por otro informe del órgano contralor respecto de la Dirección Nacional de Personal en la Región Metropolitana: desde 1993 se otorgaba a todo el “personal de fila” la asignación de riesgo, bajo el nombre de “Asignación Zona Metropolitana”. La Contraloría no calculó los dineros irregulares pagados a todo el personal desde 1993, pero sin duda la cifra es gigantesca (revise aquí el informe sobre la Dirección Nacional de Personal, de marzo de 2015).

Dentro de su programa anual de fiscalización, la Contraloría revisó las compras de vehículos hechas por Carabineros durante 2014. La sumatoria de irregularidades fue abultada: se adquirieron 30 radiopatrullas Dodge antes de que fueran tramitados los actos administrativos que aprobaban el pago, es decir, primero se hizo la compra y luego el papeleo para que pareciera una operación en regla: según la Contraloría esta práctica generó un déficit presupuestario de US$124 mil.

En este informe sobre compras de vehículos, también se detectaron otras anomalías: el contrato para la compra de 63 motos de tránsito a Williamson Balfour Motors, por US$1 millón, no fue publicado en Mercado Público; garantías de contratos no fueron registradas en la contabilidad; en los últimos tres años (2011–2013) no se habían realizado auditorías por parte de la Contraloría Financiera interna; diferencias entre facturas y egresos por $82 millones, y omisión de información entregada por la Dirección Nacional de Logística a la Contraloría sobre compras de vehículos que sumaban $892 millones: 30 radiopatrullas, un camión transportador de explosivos y dos mini buses (revise aquí el informe de Contraloría).

Otra investigación especial realizada a la jefatura de Carabineros de la Región de La Araucanía (de septiembre de 2016) da cuenta de las presiones del mayor de la 7ª Comisaría de Villarrica, Jaime Valenzuela Anders, para que particulares contrataran una empresa de seguridad que es de su propiedad. El notario de Villarrica, Francisco Muñoz Flores, declaró que luego de sufrir varios robos el mayor Valenzuela Anders le recomendó contratar los servicios de su empresa. Lo mismo hizo con el administrador de obra del Condominio La Puntilla, Cristián Salvo Córdova.

El informe de Contraloría (revíselo aquí) señala que solo se alcanzó a firmar el primer contrato, con el notario de Villarrica, por $1,5 millones mensuales. Luego de que estallara públicamente el caso, el mayor figura con un traslado: en diciembre de 2016 asumió como comisario de la 1ª Comisaría de Curicó.

En junio de 2014 la Contraloría emitió un informe sobre irregularidades denunciadas en la 15ª Comisaría de Buin, en la Región Metropolitana. Se comprobó que en 2012 el mayor Ignacio Núñez Soto, utilizó vehículos policiales para trasladarse a diario a su casa y para ir a dejar a sus hijos al colegio. Carabineros lo sancionó con un “llamado de atención”. El informe de Contraloría dejó constancia de que las hojas de ruta de los vehículos de esa comisaría no siempre registraban las firmas de autorización, ni el origen ni destino de los viajes, lo que implica que los hechos “dan cuenta de una falta de fiscalización y de vigilancia de los vehículos de Carabineros de Chile“.

La misma falta de control sobre el uso de los vehículos policiales se detectó en un informe de julio de 2013 sobre la V Zona de Carabineros (Región de Valparaíso). En ese documento la Contraloría señala: “Para los vehículos de comando asignados al uso de los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales jefes o jefes de otros servicios de la institución, la citada repartición no elabora una hoja de ruta que permita verificar el correcto uso de tales bienes fiscales, lo que también da cuenta de falta de control sobre los mecanismos para gestionar tales registros” (vea ese informe aquí).

En enero de 2016 la Contraloría emitió un informe sobre la Academia de Ciencias Policiales (Acipol). Ahí detectó que el ex director de la Academia, Marcello Palavicino Lasarte, se auto contrató como docente y emitió dos boletas por su participación en un seminario (por poco más de $2 millones en total, pero una no se habría cobrado). El 4 de septiembre de 2015 fue trasladado como jefe a la Oficina de Informaciones de la Región Metropolitana. El informe dio cuenta, además, del pago de poco más de $7 millones a profesores que no tenían carga académica. También se cuestionó el pago de $7,4 millones a 20 docentes, ya que algunos recibieron más dinero que el correspondiente a sus horas de clases  (revise aquí el informe sobre la Acipol).

El coronel Palavicino Lasarte fue llamado a retiro el año pasado, según informaron a CIPER en la oficina de comunicaciones de Carabineros. Actualmente, aparece como gerente de la Consultora de seguridad MAP, donde se destaca “su trayectoria de más de 31 años en Carabineros”.

Los informes de Contraloría están plagados de otras irregularidades que no involucran montos millonarios pero que sí dan cuenta de la falta de control al interior de comisarías y oficinas de Carabineros. En julio de 2016 se emitió un informe que investigó una denuncia sobre mal uso de bienes fiscales para beneficio particular del mayor Richard Gutiérrez Lamilla. Se pudo comprobar que el uniformado utilizó un camión fiscal, a un cabo y a 15 alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros para una mudanza particular.

La misma investigación chequeó la utilización de una lancha por parte de la cónyuge del general Pedro Larrondo Borsotto, quien recorrió el río Calle Calle para visitar las localidades de Niebla y Corral, para difundir las actividades de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros. La Contraloría dictaminó que eso no correspondía, ya que se trataba de una corporación privada.

FRAUDE EN LOS CUARTELES DE AYSÉN

Uno de los mayores hechos de corrupción detectados por la Contraloría se dio en el proceso para reponer cuatro retenes en la Región de Aysén (Villa Ortega, Coyhaique Alto, Isla Huar y Lago Castor). La investigación de la Contraloría fue publicada en diciembre de 2015, justo antes de que la Fiscalía tomara las riendas del caso y llevara a dos ex funcionarios policiales a prisión preventiva.

El informe del órgano contralor dio cuenta de cómo se pagaron dineros a la Constructora CGM sin supervisar el avance de las obras. Los retenes nunca fueron terminados por esa empresa. El informe del órgano fiscal también detectó que se había devuelto una boleta de garantía a la misma constructora, por $19,3 millones, sin chequear la existencia de un acta de entrega del retén de Villa Ortega.

La Contraloría concluyó que el servicio solventó obras cuya existencia no fue acreditada, por un monto de $365 millones. También constató que se aceptó una recepción provisoria del retén de Villa Ortega, a pesar de que existían partidas no ejecutadas (pero ya pagadas). Recién 533 días después de vencida la fecha de entrega del retén de Villa Ortega se puso término anticipado al contrato. Debido a esto se firmaron tratos directos con la Constructora Grossman, para que se terminaran las obras.

Para identificar a los funcionarios responsables se ordenó un proceso disciplinario, el que se acumularía al sumario administrativo que ya se había iniciado. Se estableció que el coronel Félix Flores Santis y el ex coronel Christian Bustos Morgado no ejercieron un control jerárquico permanente sobre los hombres a su cargo (vea acá el informe de Contraloría).

En septiembre de 2016 el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a Christian Bustos Morgado y al ex mayor César Rojas Gaete, luego de acusarlos por fraude al Fisco, cohecho y negociación incompatible. La tesis de la Fiscalía es que los dos se habrían concertado para adjudicar de manera irregular la licitación. También fueron imputados el representante legal de la Constructora CGM, Cristián Gutiérrez, y el inspector técnico de obras de Carabineros, Francisco Pizarro. Ambos quedaron con arresto domiciliario total (ver nota publicada por Emol).

Por el cúmulo de irregularidades descubiertas por la Contraloría en los últimos cinco años, el comunicado que el órgano fiscalizador emitió apenas se conoció el enorme robo que ahora investiga la justicia fue un duro golpe para el alto mando. La declaración no solo detalló que sus informes dieron pie a “sumarios, denuncias penales y correcciones de procedimientos”. También recordó que sus auditorías “permiten ir acotando las áreas de riesgo”. De esta forma, dejó en evidencia que las áreas de riesgo en Carabineros estaban muy claras y que las correcciones, si las hubo, fueron insuficientes.

Esta semana los 120 diputados y 38 senadores de Chile recibieron en sus correos electrónicos oficiales un email recordándoles la petición hecha hace casi 15 días: transparentar sus declaraciones tributarias. La solicitud la hizo Finance Uncovered, una organización sin fines de lucro que reúne a periodistas de investigación en el área financiera de todo el mundo. Fue en febrero pasado -y desde Londres- que esa entidad, en la que participa CIPER, lanzó una campaña mundial cuyo objetivo es que en cada país los ciudadanos puedan saber cuáles son las fuentes de ingreso de aquellos políticos que fueron elegidos para legislar.

Así, en estos días, más de siete mil parlamentarios de 20 países (incluyendo Chile) recibieron un correo electrónico que dice:

“De ningún modo lo estamos acusando de cometer una irregularidad o delito. Pero como parlamentario en funciones estaríamos agradecidos si pudiera respondernos una serie de sencillas preguntas que ayudarán en esta búsqueda internacional para lograr más transparencia.

• ¿Apoya las iniciativas para que las declaraciones juradas de impuestos y activos financieros de los legisladores electos estén disponibles de manera regular para la supervisión del público?
• ¿Qué dudas y cuestionamientos podría tener frente a este tipo de propuestas?
• ¿Alguna vez presentó una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos de su país?
• ¿Podría facilitarnos una copia de su última declaración jurada de impuestos?
• Por favor, indique el monto preciso de los impuestos que pagó durante el último año fiscal completo.
• Si decide no compartir con nosotros una copia de su última declaración jurada ni indicar cuánto pagó en impuestos, ¿podría exponer sus razones?”.

La información proporcionada por Finance Uncovered indica que, a 15 días de la primera solicitud, decenas de políticos del mundo ya han respondido al llamado. Tan importante como esa primera respuesta es el debate que se ha generado en distintos países sobre la necesidad de que los representantes elegidos por los ciudadanos transparenten el origen de sus ingresos.

Por ejemplo, en Hungría, una fracción de los socialistas propuso una iniciativa para que sea una exigencia legal que los parlamentarios hagan pública su declaración de impuestos.

En el grupo de parlamentarios que respondió al llamado de Finance Uncovered figuran dos chilenos: Gabriel Boric (Movimiento Autonomista), diputado por Magallanes, y Giorgio Jackson (Revolución Democrática), diputado por Santiago Centro. Ambos enviaron las declaraciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII, Formulario 22), correspondientes a sus años en el parlamento: 2014 y 2015 (hay que recordar que las declaraciones tributarias se refieren a los ingresos percibidos el año anterior, por lo que la correspondiente a 2016 se entrega en abril de 2017).

Estas declaraciones -y las otras que se sumen en los próximos días- estarán disponibles en la página web de Finance Uncovered a comienzos de abril, cuando se den a conocer los nombres de los parlamentarios que han revelado sus impuestos y quiénes no.  A partir de ese momento se habilitará un sistema de mensajería para que los ciudadanos puedan escribir a los parlamentarios de sus circunscripciones, pidiéndoles que transparenten sus ingresos.

Nick Mathiason, co-director de Finance Uncovered, dijo en el lanzamiento de la campaña: “Hay un claro y substancial interés público en que los representantes electos transparenten completamente sus fuentes de ingreso y sus declaraciones tributarias. Los representantes electos son pagados por los contribuyentes para tomar decisiones sobre los impuestos y sobre cómo nuestro dinero se gasta en beneficio de todos”.

Respecto de la acogida mundial registrada hasta ahora, Mathiason precisó: “Hemos recibidos respuestas de legisladores de muchos países, incluyendo Bosnia, Sudáfrica y el Reino Unido. En Hungría, los reportes de prensa indican que el Partido Socialista está considerando presentar una ley para forzar la transparencia tributaria entre los parlamentarios”.

LO QUE DECLARARON BORIC Y JACKSON

En su declaración correspondiente a los ingresos recibidos en 2014, el diputado Giorgio Jackson registró un total de $82.079.363 y un pago de impuestos (global complementario) por $17.157.206. Además, incluyó honorarios por $560.133, por los  derechos de autor del libro El país que soñamos (Debate, 2013). El formulario de Jackson también registra una devolución de impuestos por $2.982.398.

Esta devolución del SII se explica porque la Cámara de Diputados, al efectuar el pago mensual de su dieta, le retuvo un monto de impuestos como si Jackson hubiera recibido ingresos el año corrido (12 meses), y no solo diez, como ocurrió, ya que solo en marzo de ese año el diputado inició su periodo parlamentario.

En 2015, en tanto, el parlamentario tuvo ingresos por $107.810.119 y pagó $26.578.809 en impuestos. Aparte de su dieta como diputado, Jackson volvió a recibir derechos de autor del mismo libro, esta vez por $230.755, y recibió una devolución de $278.

Gabriel Boric solo registró como ingresos su dieta parlamentaria. En 2014 recibió $82.120.918 y pagó $16.949.775 en impuestos, recibiendo una devolución de $3.132.511 (la explicación de esa devolución es la misma que la del diputado Jackson). En 2015 su dieta fue de $107.579.364, su pago de impuestos alcanzó a $26.486.507 mientras que el SII le devolvió $59.000.

En los últimos 13 años las remuneraciones de los parlamentarios chilenos han aumentado un 245%, según informó El Mostrador en 2014. Los datos transparentados por ambos parlamentarios muestran que su ingreso mensual asciende a $8,9 millones (cifra que no contempla las asesorías parlamentarias que les corresponden, que suman $25 millones anuales por cada diputado).

Ambos congresistas han impulsado una campaña para que las remuneraciones de los parlamentarios no excedan en 20 veces el ingreso mínimo mensual ($264.000). Hasta ahora no han tenido éxito.

En virtud de la elevada remuneración que reciben y que los ubica entre los mejor pagados de los países de la OCDE, Boric afirmó a CIPER que se debe insistir en que “el diputado o senador debe cumplir con el deber legal -y también ético- de tener una dedicación exclusiva a la labor parlamentaria. Tenemos un sueldo ridículamente alto para que eso sea así”.

Boric explicó también que decidió acceder a la petición formulada por Finance Uncovered y hacer públicas sus declaraciones de impuestos, porque cree necesario que las personas conozcan en plenitud a sus representantes en el Congreso:

-Lo que ha quedado claro en el último tiempo, a través de los casos como Soquimich o Corpesca, es que muchas veces ha habido intereses ajenos a los canales democráticos influyendo de manera desproporcionada y poco ética en espacios de deliberación que deben ser transparentes.

Para el diputado Boric, los impuestos tienen un carácter central en la democracia y ello hace importante que los legisladores muestren su comportamiento tributario: si pagan todo lo que debieran o eluden a través de distintas tretas:

-Los impuestos te hacen ser parte de una comunidad, porque son un mecanismo de distribución de ingresos. Por eso, cuando un parlamentario usa prácticas destinadas a pagar menos impuestos, lo que hace es negar su colectividad. Un ejemplo de eso, es el ex presidente Piñera, quien compró empresas vacías para poder pagar menos impuestos. Aunque eso se mantenga dentro de la legalidad, es contradictorio con el espíritu de la ley que busca el bien de la comunidad –afirmó Boric a CIPER.

Giorgio Jackson dijo que decidió participar de esta iniciativa, porque “el dinero es poder y la utopía democrática que tratamos de alcanzar requiere desnudar los espacios de poder. Ello implica mostrar los flujos de dinero que cada uno de nosotros recibe”. Y explicó que hoy más que nunca es “importante que no dejemos espacio a dudas y a dobles militancias, como estar en la política y también en los negocios”.

Jackson ve la iniciativa de Finance Uncovered como una idea saludable para la democracia: “Es necesario comenzar a reconstruir relaciones de confianza entre la política y los ciudadanos, confianza que se ha roto, porque en los últimos años hemos descubierto relaciones contractuales entre legisladores y poderes económicos”.

-Me preocupa también que entre los parlamentarios se haya difundido la práctica de la planificación tributaria. Sería importante saber hasta qué punto ello se ha extendido, porque los legisladores influyen en cómo se recaudan los impuestos y en cómo se considera la elusión –agregó Jackson.

El diputado Jackson insiste en este último punto ya que tiene nítido el recuerdo de lo que le ocurrió cuando se inició como diputado en marzo de 2014: le ofrecieron reducir su carga tributaria a través de distintos diseños.

-Hay personas que están todos los días en el Congreso tratando de convencerte de adoptar esas estructuras para pagar menos impuestos. Estamos  hablando de estrategias que generan rebajas considerables, como por ejemplo, formando sociedades familiares que permiten bajar el impuesto global complementario –relató el diputado por Santiago Centro.

Para Jackson, si un parlamentario adopta esa forma de tributar es complejo, porque está asumiendo que eludir los impuestos es algo positivo: “Creo que hay muchas personas que aceptan malas prácticas solo por el hecho de que no son ilegales. Para recuperar la credibilidad de los ciudadanos hay que moverse hacia una zona en que a la política se le exija más que la legalidad: que sea ética”.

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El 9 de diciembre de 2015 el general Flavio Echeverría atendió un llamado desde el Banco Estado. Del otro lado de la línea le informaron que habían recibido la alerta de un movimiento extraño en una cuenta corriente de Carabineros. Querían saber qué pasaba. Echeverría fue contactado porque era el jefe de Finanzas de Carabineros y tenía el mando sobre la unidad que paga las remuneraciones de la policía, la que tenía el control de esa cuenta. El general tranquilizó a su interlocutor. Le dijo que podía tratarse de un error de procedimiento y que investigaría el origen del problema. No lo hizo.

Hoy, el general Flavio Echeverría está en prisión preventiva y la Fiscalía lo investiga como presunto cabecilla de la asociación ilícita que robó más de $10 mil millones de las arcas de Carabineros, monto que calculó el Ministerio Público el 15 de marzo pasado y que de seguro seguirá creciendo.

La información del contacto telefónico entre Echeverría y el Banco Estado fue confirmada a CIPER en la institución financiera, aunque no detallaron en qué consistió la irregularidad detectada en la cuenta corriente. La alerta se inició en la unidad de Detección de Fraudes, desde ahí pasó al área de Operaciones Transaccionales y, finalmente, a la Banca Institucional, la que atiende la cuenta de Carabineros que había caído bajo sospecha.

General Flavio Echeverría

La indagación de CIPER indica que al día siguiente de la llamada que recibió desde el Banco Estado, Echeverría encomendó a dos de sus hombres de confianza –los comandantes Héctor Nail Bravo y Pedro Valenzuela San Martín­– que entregaran al banco una explicación en su nombre. Lo que dijeron Nail y Valenzuela al personal de la institución financiera fue que solo se trataba de un “error en el sistema de cálculos” de las remuneraciones, el que sería investigado y resuelto. Esta versión que encubrió la manipulación que se estaba haciendo de los dineros del Fisco, fue reafirmada al día siguiente en un correo electrónico enviado por Nail Bravo al banco.

El oficial que Echeverría envió a tranquilizar a los ejecutivos del Banco Estado no era cualquier funcionario bajo su mando. Los antecedentes recopilados en la investigación del Ministerio Público hasta ahora, indican que Nail Bravo sería uno de los principales líderes de la banda que perpetró el robo: él reclutó a gran parte de los conjurados, coordinaba los pagos fraudulentos, recibía el botín y participaba en su distribución. Nail, al igual que su antiguo jefe, Echeverría, está en prisión preventiva.

Esta sería la prueba más contundente revelada hasta ahora para demostrar que el general Echeverría supo de las anomalías en el manejo de las cuentas casi un año antes de que la Fiscalía iniciara la investigación del fraude, lo que ocurrió recién en octubre de 2016. Su actuar frente a esa alerta indica que, en el mejor de los casos, dejó fluir la corrupción en la unidad que tenía al mando.

Hay otros antecedentes acumulados en la investigación del Ministerio Público (liderada por el fiscal Eugenio Campos), que han puesto al general Flavio Echeverría en el corazón de la asociación ilícita. A las declaraciones de algunos de sus subalternos indicando que él también se habría beneficiado con las maniobras ilícitas, se suman sus inversiones en fondos mutuos por más de $416,9 millones.

Uno de los subalternos que lo comprometió fue el comandante Pedro Valenzuela. Declaró que en 2011 había recibido $70 millones provenientes de la cuenta de remuneraciones de Carabineros y que, de ese monto, depositó $55 millones en la cuenta de Echeverría. El fiscal Campos informó al Tribunal de Garantía que, al desmenuzar el detalle de las transferencias electrónicas que hasta ahora se han investigado, constató que esos $55 millones fueron efectivamente depositados en una cuenta del general Echeverría en “cuotas” de $5 millones.

Coronel Jaime Paz Meneses (Fuente: CECIPU)

En la cadena de mando de la cofradía que burló todos los controles internos, además de Echeverría y Nail, figuran el coronel Jaime Paz Menesesy el capitán Francisco Estrada Castro. Estos cuatro nombres son, hasta ahora, los que ocupan la cúspide de la pirámide de la asociación ilícita que operaba en el área de remuneraciones de Carabineros. Pero solo cuando la investigación aclare cómo se repartía el botín y en qué fue gastado, se podrá saber con certeza si hay más oficiales involucrados en el núcleo de la organización delictual.

Los antecedentes que se expusieron en la audiencia de formalización del 19 de marzo, indican que el liderazgo ejecutivo de la asociación lo ejercía el coronel Jaime Paz. Él impartía instrucciones al resto de los oficiales sobre los montos que debían sacar de las cuentas institucionales para depositarlos en cuentas privadas, les pagaba a los oficiales a cargo del control interno y, ya consumado el fraude, recibía el dinero para luego proceder a su repartición. También participaban en la recolección del dinero los oficiales Nail y Estrada.

En un segundo nivel se ubica el comandante Robinson Carvajal. Este oficial se encargaba de reclutar carabineros dispuestos a prestar sus cuentas corrientes para recibir el dinero ilegal desde las cuentas institucionales, a cambio de quedarse con un 10% del monto depositado.

La mayor parte de los fondos defraudados provenía de “remanentes” no utilizados de recursos destinados al pago de bonos y asignaciones del personal de Carabineros. El presupuesto anual de la institución contempla una cifra para pagar estos beneficios variables, los que inicialmente son calculados mediante una proyección de gastos. Normalmente, los bonos y asignaciones que finalmente sí se pagan, suman menos que lo proyectado, por lo que a fines de año sobra un “remanente” que debe cuadrarse. El manejo de estos saldos variables permitió ocultar durante años las maniobras delictuales. A ello contribuyó una fiscalización débil.

Capitán Francisco Estrada Castro (Fuente: Poder Judicial)

La investigación de la Fiscalía y de los organismos internos de Carabineros han fijado -por ahora- el año 2010 como el del inicio de las maniobras ilícitas. No obstante, así como la cifra global del monto defraudado ha ido creciendo a medida que la investigación avanza, es probable que nuevos antecedentes indiquen que la organización criminal debutó antes.

Uno de los factores que ha hecho compleja la indagatoria, es que la plana mayor de los concertados en el desfalco llegó a la unidad de remuneraciones con posterioridad al 2010. Por lo tanto, es probable que las operaciones de enriquecimiento ilícito fueran iniciadas por otros oficiales.

El robo quedó en evidencia recién a fines de 2015, cuando el Banco Falabella emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La operación que encendió las alarmas fue un depósito de $30 millones en una cuenta corriente perteneciente al capitán Felipe Ávila Pérez, monto que no tenía relación con los ingresos regulares del oficial.

El reporte de ese depósito fue el que finalmente puso en marcha la investigación de la Fiscalía, lo que ocurrió en octubre de 2016. Aún no está claro por qué pasó casi un año entre la fecha en que el Banco Falabella emitió el ROS y el momento en que el Ministerio Público inició la investigación.

TRES VÍAS PARA SACAR EL DINERO

Hasta el momento la Fiscalía ha podido identificar dos vías por las que los miembros de la banda extraían el dinero defraudado: la cuenta de “remuneraciones” y la de “desahucios”. Pero CIPER descubrió una tercera ruta: giros ilegales desde la cuenta de “asignaciones”. Así lo confirmaron fuentes internas de Carabineros, las que indicaron que esta nueva vía podría aumentar explosivamente el monto del fraude.

Capitán Carlos Rojas Muñoz

Estas son las tres fórmulas con las que la asociación ilícita extraía los recursos de Carabineros:

1. Fondos de “remuneraciones”: Esta fórmula consistía en ubicar un carabinero dispuesto a facilitar su cuenta corriente para recibir un depósito digitado por la asociación ilícita. A cambio de su silencio, el policía se quedaba con un 10% del monto depositado y restituía a la banda el resto en efectivo. Un ejemplo de esta fórmula es el depósito detectado en la cuenta personal del capitán Felipe Ávila, quien estaba destinado en Punta Arenas. El oficial declaró que en 2012 el capitán Francisco Estrada le pidió que prestara su cuenta corriente para, cada cierto tiempo, recibir depósitos desde la cuenta de remuneraciones. Las operaciones, declaró Ávila, las gestaba el comandante Nail, pero él se entendía con Estrada. Por cada depósito recibía una llamada o un mensaje de whatsapp de Estrada. Cada vez, la orden era la misma: debía quedarse con un 10% del monto transferido, sacar el resto del dinero en efectivo de forma fraccionada y luego viajar a Santiago y entregárselo a Estrada.

2. Fondos de “desahucios”: Los integrantes de la organización criminal se dieron cuenta de que había una forma de retirar dinero sin requerir la participación de funcionarios de otras unidades que recibieran depósitos. Esta modalidad consistía en autorizar el traspaso de millonarios montos desde la cuenta de “desahucios” al área de remuneraciones, donde quedaba a disposición de los cabecillas. Fue el capitán Carlos Rojas Muñoz quien reveló este sistema. Rojas admitió en su declaración que él era uno de los cinco funcionarios que tenía poder de firma para traspasar dinero desde la cuenta de “desahucios”. Para concretar una transferencia, se requería la firma de al menos dos de los cinco oficiales que tenían esa facultad. Según la versión de Rojas, junto con el coronel Paz –quien también tenía poder de firma– hicieron aproximadamente seis transferencias de $500 millones cada vez. Por cada una de estas operaciones, Rojas recibió entre $4 millones y $7 millones, dinero que le entregaban en efectivo el coronel Paz o el comandante Carvajal. Los antecedentes expuestos por el fiscal en la audiencia de formalización del 19 de marzo indican que el dinero proveniente de la cuenta de “desahucios” se utilizó para “tapar el hoyo” que el fraude estaba dejando en la cuenta de “remuneraciones”.

3. Fondos de “asignaciones”: Fuentes internas de Carabineros revelaron a CIPER que esta tercera ruta fue detectada por la investigación de la propia policía uniformada. Esa indagatoria determinó que en numerosas ocasiones (“miles de movimientos”, señaló el oficial consultado por CIPER) la banda le depositó a funcionarios más dinero del que les correspondía por sus asignaciones. Estos policías nada sabían del fraude y, al percatarse de que habían recibido pagos en exceso, se comunicaban con la unidad de remuneraciones, donde eran atendidos por los oficiales coludidos. Estos últimos les señalaban que se trataba de un “error de tipeo” y les daban instrucciones para que depositaran el excedente en una cuenta corriente. Los funcionarios pensaban que estaban restituyendo el monto a una cuenta de Carabineros, pero en verdad era una cuenta privada ligada a la organización criminal. Aunque en general se trata de montos menores –hasta de $500 mil– la reiteración masiva de esta operación podría abultar de manera significativa el monto final del fraude.

“Al día de hoy, solo llevamos analizado el 63% de la cuenta de remuneraciones de Carabineros, con una malversación de más de $10 mil millones (…). Ya en cinco días de

Fiscal Eugenio Campos (Fuente: Fiscalía.cl)

investigación tenemos más de $980 millones solo en esa otra cuenta (de “desahucios”). No estamos hablando de un hurto falta. Es la malversación más grande de la que al menos tenemos conocimiento en una institución pública”, dijo el fiscal Eugenio Campos, al cerrar su intervención en la audiencia de formalización del 19 de marzo.

El 37% de la cuenta de “remuneraciones” que todavía no se revisa, podría llegar a remecer aún más a la institución que en un mes celebrará sus 90 años de historia y que enfrenta su peor crisis interna. Esto porque, de acuerdo a los antecedentes recabados por CIPER, es un hecho que el número de los funcionarios involucrados como cómplices en el desfalco –los que prestaron sus cuentas corrientes para recibir dinero– seguirá creciendo, al igual que el monto malversado.

Pero lo que realmente debe preocupar al alto mando policial es que aún no se sabe cómo y entre quiénes se distribuyó el dinero robado, por lo que el núcleo de oficiales que lideró la organización permanece en la nebulosa.

De todos los parlamentarios investigados por financiamiento político ilegal, el senador Jaime Orpis (UDI) enfrenta el escenario más complejo. Está desaforado y formalizado por cohecho, fraude tributario y al Fisco, y el Ministerio Público acaba de insistir en que se le acuse también por lavado de dinero. Hasta ahora se le imputan delitos cometidos a partir del año 2009, pero los registros acumulados en la indagatoria indican que el senador desvió dineros de sus asignaciones parlamentarias para gastos personales al menos desde 2006.

Si el foco de los dineros privados que recaudó en forma ilícita está puesto en Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini, ésta no fue la única empresa en pasarle dinero por debajo de la mesa. El recuento hasta ahora arroja que fue la compañía que más fondos le derivó a través de su red de boleteros ($264 millones entre 2009 y 2013, según el Ministerio Público). Le siguen: Entel, Quiborax, GTD Teleductos, Agrícola Tarapacá y Costanera SA Comercial e Industrial.

La nómina incluye también a Soquimich (SQM), una infaltable en el financiamiento ilegal de la política, que entre octubre de 2008 y mayo de 2009 le entregó $6 millones a través de boletas falsas. Poco más de un año después, en agosto de 2010, el senador presentó un proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de SQM: propuso que el litio fuera susceptible de concesión minera. La moción no fue admitida por ser una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero Orpis solicitó al Senado que lo enviara al gobierno para que considerara patrocinar el proyecto. En los años siguientes (2012-2013), SQM donó más de $100 millones a La Esperanza, una ONG fundada por Orpis.

No hay antecedentes de que esos fondos se hayan desviado, como sí lo fueron cientos de millones que Orpis obtuvo de fuentes públicas y privadas. Para mantener el flujo, Orpis requirió de una aceitada red de boleteros y de la lealtad de tres mujeres que reclutaron personas, las coordinaron y recibieron los fondos obtenidos ilegalmente por el senador.

EL TRIO INDISPENSABLE

La pieza principal del engranaje era María Viviana Quiroz Ruiz (UDI), quien está contratada por el Senado como la jefa de gabinete de Orpis. También opera como su jefa de campaña en época electoral y dice que incluso lo asesora “en algunas oportunidades”. Ella es punto fijo en su circunscripción (regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá), mientras que en la sede del Congreso en Valparaíso las riendas las llevaba su secretaria personal: Blenda Huus Maillard.

El 4 de abril Huus será formalizada por fraude reiterado al Fisco, el mismo delito que se le imputó el año pasado a Viviana Quiroz y uno de los que le costó el desafuero al senador Orpis.

La tercera pieza clave del sistema ideado por Orpis era la ingeniera en administración de empresas, Carolina Gazitúa, quien además de su contrato como asesora parlamentaria del senador UDI, recibió pagos de distintas empresas y se encargó de coordinar parte de la red de boleteros que nutría de fondos al parlamentario y a quienes la Fiscalía ha calificado como sus “testaferros”. Es el testimonio de Gazitúa el que permite afirmar que se desviaron dineros del Senado al menos desde 2006.

Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca

Orpis ha reconocido el uso irregular de sus asignaciones parlamentarias, pero sólo a partir de las elecciones de 2009. “Reconozco que apliqué a usos propios o ajenos parte del dinero que se me asignaba para el pago de asesores externos o legislativos”, declaró en enero de 2016, comprometiéndose a devolver esos pagos.

En abril de ese año, el abogado Fernando Barros depositó en la cuenta del Senado un cheque por $152.861.291, que según dijo a The Clinic, fueron fruto de una colecta de 70 personas que “prestaron” a Orpis ese monto para saldar esa deuda.

Pese a que el legislador fue apartado de su labor parlamentaria hace más de un año y a que cumple arresto domiciliario, Orpis sigue teniendo un alto costo para el Fisco: más de $200 millones durante 2016. Orpis aún recibe su dieta parlamentaria ($9 millones) y Quiroz está contratada como su jefa de gabinete, con el sueldo más alto de todos quienes trabajan como personal de apoyo del Senado: $4,8 millones mensuales. Huus, en tanto, trabajó hasta noviembre pasado con un sueldo de $3,6 millones, que supera por lejos al de todas las otras secretarias de los senadores. Hubo años en que parte de su salario se utilizó para pagar gastos personales del senador Orpis.

LA ASESORA ESTRELLA

“Cuando se supo lo de los pagos vinculados a Marta Isasi, el senador andaba muy nervioso, se notaba que no estaba bien”, recordó Carolina Gazitúa ante los fiscales Carlos Gajardo y Carmen Gloria Segura. Orpis tenía razones para inquietarse. En mayo de 2013, CIPER reveló que la diputada Isasi había recibido dinero irregular de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca, lo que detonó una investigación del Ministerio Público (hoy Isasi está formalizada por cohecho).

Lo esperable era que la indagatoria buscara si había otros parlamentarios “cohechados”, y el primero en aparecer sería él. Y eso fue justamente lo que sucedió.

Lo que para Orpis era esperable, para el resto del mundo político fue una sorpresa. El senador UDI por las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá era uno de los parlamentarios más respetados de todos los sectores, considerado probo y serio. Según publicó en su momento La Tercera, fue él mismo quien alertó a dirigentes de su partido de que su nombre podía surgir en la investigación.

Pasaron casi dos años antes de que Orpis fuera asociado públicamente al financiamiento irregular de la política. Una primera pista emergió en abril de 2015, cuando SQM hizo una masiva rectificación tributaria. Entonces CIPER informó que una de las personas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas falsas a la minera era Carolina Gazitúa, quien también había sido asesora de Orpis y había recibido pagos de Corpesca.

Poco después, el gerente general de la pesquera, Francisco Mujica, reconocería ante la Fiscalía que la empresa había recibido boletas de terceras personas para canalizar dinero hacia el senador Orpis. Carolina Gazitúa estaba entre ellas.

Fue Viviana Quiroz quien presentó a Orpis y Gazitúa. Quiroz es tía de Alexis Ramírez Quiroz, el esposo de Gazitúa, y madrina del hijo de ambos. Gracias a ese contacto, la administradora de empresas se convertiría en asesora del senador a partir de 2006. Según relató a la Fiscalía (ha declarado al menos cuatro veces de manera presencial y una por teléfono), trabajaba desde su casa haciendo informes y los lunes se reunía con Orpis en la sede del Senado en Santiago.

Gazitúa ha dicho que en un comienzo su sueldo oscilaba entre $300 mil y $400 mil pesos, pero emitía boletas por montos mucho mayores. En 2006, por ejemplo, el Senado le pagó $900 mil en junio y $1,8 millones durante los seis meses siguientes ($12,6 millones en total). La diferencia la depositaba en las cuentas bancarias de Blenda Huus o Jaime Orpis.

Los montos fueron variando en los años siguientes. En 2009, Gazitúa emitiría su primera boleta falsa a una empresa privada: $5,5 millones a Quiborax. Allan Fosk Kaplun, gerente de Administración y Finanzas de la empresa familiar, reconoció que Orpis le pidió ayuda para financiar su campaña electoral ($8 millones en total).

Parte del dinero, sin embargo, fue destinado a gastos personales de Orpis. Tras recibir el cheque de Quiborax de manos de Fosk, Gazitúa realizó múltiples depósitos: $500 mil a la Cofradía Náutica Frutillar, de la que era socio el senador; $500 mil a la empresa de artículos náuticos Nauticentro; $50 mil a Santiago Orpis, su hijo; $507 mil a la compañía de leasing Tattersal; $305 mil para pagar las contribuciones de la casa del parlamentario en Lo Barnechea; $1,5 millones a la ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia (un préstamos de Orpis, declararían ambos); $1,5 millones a Viviana Quiroz y $500 mil a Alfredo Valdés (ex ejecutivo de una salmonera y quien ayudó a Orpis en el arreglo de una lancha).

Orpis ha intentado justificar ante el Ministerio Público ese desvío de fondos, diciendo que utilizaba su dieta parlamentaria para cubrir las deudas de campaña, por lo que, cuando le entraba dinero externo, compensaba pagando con esa plata sus gastos domésticos.

Ese año 2009, Carolina Gazitúa emitiría otras dos boletas falsas por $3,2 millones en total a SQM, dinero que depositó en la cuenta de Viviana Quiroz. Y en 2010 otra a GTD Teleductos por $5,5 millones.

La cronologías de las boletas ideológicamente falsas que fueron a parar a la caja del senador desde distintas empresas indica que Corpesca es la empresa que más facturó a su red de boleteros por servicios no prestados.

“En 2010 Jaime Orpis nuevamente habló conmigo en la oficina del Senado en Santiago. Era un día en que estaba muy contento y me cuenta que tuvo una reunión con un amigo de él, que era Francisco Mujica, gerente de Corpesca, y que ellos se habían ofrecido a pagarle una deuda de la campaña reciente en que había sido reelecto senador (…) Me pregunta si tengo problemas en renunciar a ser su asesora del Senado y empezar a extender boletas para Corpesca. Yo le pregunté si eso me iba a traer algún problema y él me dijo que no”, relató Gazitúa a los fiscales.

Entre 2010 y 2013, Carolina Gazitúa emitió boletas para que fueran pagadas por Corpesca por más de $63 millones brutos. Los cheques los retiraba en las oficinas de la empresa, ubicadas en el edificio del Grupo Angelini en Santiago (El Golf 150). Luego Gazitúa los cambiaba y el dinero en efectivo, lo depositaba en una cuenta de Orpis o pagaba los créditos que éste había comprometido con bancos de la plaza.

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En total, las boletas que Carolina Gazitúa emitió –a solicitud de Orpis– a distintas empresas suman $83 millones, a lo que hay que agregar el dinero que le pagó el Senado como asesora del senador y que fue devuelto a Orpis o a su secretaria.

Además, Orpis le encargó a Gazitúa que buscara a otras personas que pudieran ayudar a recaudar más dineros privados. “Muchas veces el senador me decía: ‘Carola, necesito una nueva boleta’, y yo le decía que no tenía a quién pedirle. Esto es, personas de confianza que una vez que recibieran los dineros me los fueran a devolver (…) Yo sentía presión, me insistía muy educadamente. Esa presión la sentía porque era mi jefe”, declaró.

Carolina Gazitúa finalmente reconoció que, ante la insistencia de Orpis, recurrió en 10 oportunidades a boletas de su marido, Alexis Ramírez Quiroz, el sobrino de Viviana Quiroz. Ante los fiscales, ella aseguró que como manejaba la cuenta bancaria y la clave del SII de su esposo, no fue necesario contarle lo que estaba haciendo. En total, las boletas de Ramírez Quiroz a Corpesca suman $27,7 millones.

La investigación del Ministerio Público determinó que tras cobrar los cheques, Gazitúa solía usar el dinero para pagar dos créditos que tenía Orpis en los bancos Security y Santander, aunque al menos en una oportunidad depositó directamente el monto en la cuenta del senador.

El mismo modus operandi utilizó Carolina Gazitúa con su cuñado, Marcelo Ramírez Quiroz, a quien le pidió cuatro boletas para Corpesca, por $8,8 millones. Los hermanos Ramírez Quiroz pagaron caro el “favor” a Orpis: ambos debieron pedir la baja de Carabineros, en donde cumplían funciones.

El mundo castrense fue otra fuente de boletas falsas a la que recurrió Carolina Gazitúa para recaudar más dinero de privados para Orpis. El punto de contacto fue el Colegio Alcázar, al que asisten hijos de uniformados. Ahí Gazitúa recurrió a distintas apoderadas, como María Pilar Plaza. En su declaración policial, Plaza dijo que Gazitúa le pidió boletas argumentando que si subía de tramo en sus ingresos pagaría más impuestos. Según Plaza, simplemente le dio su clave del SII y nunca supo qué había hecho su amiga con ella. Dijo no recordar haber firmado los cheques para su cobro, debido a que en esa época tomaba muchos medicamentos. Las boletas que emitió Plaza para Corpesca suman $21,1 millones.

Otra amiga casada con un militar que le pasó su clave del SII a Gazitúa, fue María Francisca Yávar. Según su versión, Gazitúa esgrimió un argumento diferente que el que le dio a Plaza: le dijo que necesitaba boletas para poder cobrar su sueldo, pues quería tener ingresos para sus gastos personales ya que su esposo no le daba dinero. Fueron dos boletas por $3,9 millones, dinero que después Yávar transfirió a Gazitúa.

Más delicado es el caso de Muriel Teixido, quien hizo boletas por $29 millones, pero no reconoció su firma en el endoso de los cheques que Corpesca hizo a su nombre. Según la investigación del Ministerio Público, Gazitúa falsificó su firma en al menos dos oportunidades para cobrarlos y entregar luego el dinero a Jaime Orpis. Teixido sí reconoció haber emitido las boletas a solicitud de Gazitúa, quien le especificó que eran para financiar la campaña de Orpis. Teixido y Gazitúa se conocen porque sus esposos –Enrique Quiroz Toro y Alexis Ramírez Quiroz, respectivamente– son primos, además de sobrinos de Viviana Quiroz.

En total, los dineros triangulados por Orpis a través de Gazitúa (excluyendo sus asesorías parlamentarias) y su red superaron los $173 millones.

LA ASESORA MEJOR PAGADA DEL SENADO

Los lazos de Viviana Quiroz con la UDI son antiguos. Milita en ese partido desde 1990, pero ya antes había trabajado en la campaña presidencial de Hernán Büchi (1989). Ahí creó los nexos que la llevaron poco después a trabajar con Jaime Orpis, quien tras el regreso de la democracia fue electo diputado por la Región Metropolitana (La Granja, Macul y San Joaquín). En paralelo, ella fue consejera regional de Tarapacá hasta 2014 y durante un tiempo trabajó en la Corporación La Esperanza –ONG fundada por Orpis y dirigida por su esposa–, reemplazando al encargado de Iquique.

Cuando en julio de 2015 Viviana Quiroz declaró, lo hizo acompañada por uno de los abogados de Orpis: Sergio Rodríguez Oro. Entonces detalló sus responsabilidades laborales como jefa de gabinete, jefa de campaña y asesora. En épocas electorales, relató, manejaba las finanzas y todas las decisiones de campaña, desde las contrataciones hasta los múltiples regalos que se hacían para captar electores: fumigar y desratizar casas, entregar lentes o contratar un “tren”, entre otros.

También reveló la mecánica que financiaba el clientilismo electoral de Orpis en el norte: “Los fondos para campaña en parte se conseguían de esta forma: el senador me decía, ´sabes, me conseguí $5 millones’ y yo me conseguía la persona que hiciera la boleta por ese monto. Ellos me entregaban la boleta, cambiaban el cheque y me depositaban a mí”.

Felipe Rojas, consejero regional de Tarapacá

Aunque en la elección de 2009 el senador Orpis sólo declaró haber gastado $236 millones (casi el tope legal), y más que triplicó lo informado por el candidato más cercano, Quiroz calculó que en realidad se gastaron unos $350 millones. Orpis ha llegado a hablar de $450 millones.

Para esa elección de 2009, Orpis ya contaba con aportes ilegales de Corpesca, los que datan desde las municipales de 2008. La explicación para ello la dio Quiroz ante los fiscales. Allí afirmó que Orpis, como “jefe político” de la región, debía ayudar a todos los candidatos del partido. A algunos ella misma les entregó dinero, aunque en general los aportes se hacían en bienes materiales como lentes ópticos, ejemplificó.

Lorena Lara, la ahora ex esposa del hijo de Viviana Quiroz, Eugenio Fernández Quiroz, fue su principal boletera. Entre 2009 y 2011 emitió boletas por $54,1 millones a Corpesca, Entel, Quiborax, al Senado y al Comité de Senadores UDI. “No sé lo que es ese comité”, dijo Lara cuando en agosto de 2015 los fiscales le preguntaron por sus servicios al Comité UDI del Senado. En esos momentos trabajaba en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en Iquique y negó cualquier responsabilidad en los pagos irregulares. Su versión fue que tanto su ex marido como su suegra tenían su clave del SII para emitir boletas y no le avisaron. Sí reconoció que a veces recibía plata para Viviana Quiroz o cobraba cheques que ella le pedía, pero dijo no haber preguntado nunca para qué era.

En ese punto se produce un choque de versiones entre Lorena Lara y su ahora ex pareja, Eugenio Fernández Quiroz. Y ello, porque el hijo de Viviana Quiroz negó haber emitido las boletas. Declaró que él supo de los pagos, pero no preguntó detalles: “Era un tema entre ella y mi mamá”, dijo, agregando que su ex esposa intentaba culparlo para hacerle daño.

Fuera de su red familiar, Viviana Quiroz recurrió también a amigos, como la abogada María Francisca Cuéllar, quien emitió una boleta para Corpesca ($5,5 millones) y otra para SQM ($3 millones). Quiroz reconoció haberle pedido también boletas a su amigo Rodrigo Ortega Martínez ($10 millones para Corpesca, según La Tercera). El hermano de éste, Daniel Ortega Martínez, quien fue asesor de Orpis y seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá durante la administración Piñera, figura con otra boleta por S10 millones a la pesquera.

Lucía Montenegro, amiga de Viviana Quiroz “hace más de 40 años”, emitió cinco boletas por un total de $7,5 millones a Corpesca. A la policía le dijo que Quiroz se lo pidió para poder “recibir unas lucas” de la pesquera para la campaña de Orpis.

Montenegro había trabajado como secretaria en la Corporación La Esperanza, recomendada por Quiroz, quien luego le presentó a Felipe Rojas Andrade. Con Rojas trabajó desde que éste salió electo concejal por Iquique en 2008 y se fue con él a la Gobernación de Iquique cuando Rojas fue nombrado su titular en 2010. En 2008, Montenegro emitió una boleta por $11,9 millones a nombre de Sebastián Piñera, lo que ella justificó como trabajo de campaña.

Quiroz también presentó a Orpis con Felipe Rojas (UDI), quien actualmente es consejero regional por Tarapacá. El senador lo fichó como su asesor y además lo recomendó con Corpesca cuando Rojas dejó la gobernación. Su situación es por ahora confusa. Tanto Francisco Mujica como Jaime Orpis y Viviana Quiroz ratifican lo declarado por Rojas: que efectivamente asesoró a Corpesca. Fueron “asesorías comunicacionales”, dijo Rojas, y eran sólo orales, por lo que no hay forma de probar que se hayan realizado. Miguel Ángel Escobar, gerente de Operaciones de Flota de la pesquera, declaró que fue Rojas quien le pidió si las boletas podían ser emitidas por su secretaria (Lucía Montenegro).

Además, hay registros de transferencias bancarias de Rojas a Viviana Quiroz, lo que hace sospechar que, tal como el patrón que se utilizaba para recuperar los otros dineros recaudados, le estaba devolviendo el dinero de Corpesca. Siguiendo la misma explicación que dieron otros miembros de la red de boleteros de Orpis, Rojas justificó los traspasos diciendo que le estaba pagando a Quiroz una deuda. En su querella, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lo identificó como uno de los “testaferros” de Orpis.

La jefa de gabinete de Felipe Rojas en la Gobernación de Iquique, Marianella Ovalle, también aparece con transferencias de Viviana Quiroz y de varios boleteros de Orpis, además de depósitos de Blenda Huus y del mismo Jaime Orpis. Cuando le tocó el turno de declarar, dijo que eso se debía a que le prestaba cheques a Viviana Quiroz y Jaime Orpis le devolvía la plata. “De Viviana soy amiga. Soy militante de mi partido (UDI) y lo que me pidan hago”, afirmó.

Raúl Lobos, jefe de Finanzas de la Gobernación de Iquique cuando Rojas la encabezaba, también figura en la red de recaudación de Orpis. Fue Viviana Quiroz quien le hizo los contactos para que fuera contratado en la gobernación, y luego lo fichó como asesor de Orpis. Nunca conversó con el senador acerca de los informes que debía emitir sobre sus asesorías. Lobos lo justificó diciendo que no lo hizo porque Orpis estaba enfermo, por lo que era Quiroz quien le encargaba trabajos, como los que realizó sobre la Empresa Portuaria de Iquique (EPI)

Cuando declaró, Raúl Lobos reconoció que el contenido de sus asesorías lo sacaba de fuentes públicas (“uno pone EPI en Google y hay mucha información”) y que sólo fue a la empresa a “hacer unas consultas”. Un peritaje de la PDI determinó que “todos (los informes) fueron copiados de manera íntegra con alteraciones en el orden de la información, omisión de ésta, palabras de inicio de los párrafos”.

Por ese trabajo de copiar y pegar información de internet Lobos cobraba caro: $3 millones por cada informe ($12 millones en total).Aunque registra transferencias a Viviana Quiroz, Lobos aseguró que nunca le pidieron devolver parte de los pagos del Senado por su asesoría y que, al igual que Felipe Rojas, esas transferencias corresponden al pago de una deuda con Quiroz. Raúl Lobos será formalizado el 4 de abril junto a Blenda Huus.

LA SECRETARIA DE CONFIANZA

Si Viviana Quiroz era la encargada de coordinar todo el trabajo de Orpis en su circunscripción, Blenda Huus se concentraba en sus labores legislativas. Trabajó desde 1994 como su secretaria en el Congreso: manejaba los asuntos administrativos, hacía seguimiento de los proyectos de ley y era quien tenía acceso a su correo electrónico del Senado.

Además, se encargaba de manejar sus cuentas y recibía parte de los dineros de los boleteros: “Él me dice ‘Blendita, te van a depositar una plata’, me llegan unos fondos a mi cuenta corriente por vía transferencia, y él me dice ‘destínate estos fondos al pago de este crédito’. Sin embargo, el senador es muy desordenado y a veces yo le pago y él me devuelve”, declaró ante el Ministerio Público en agosto de 2015.

El 11 de octubre de 2016, Huss pidió ampliar su declaración, ya sin la asesoría de un abogado de Orpis, lo que permitió aclarar algunos de los misterios de las platas del senador. Por ejemplo, por qué desde 2013 el senador le subió el sueldo en más de $1,5 millones, convirtiéndola en la secretaria con mejor salario del Senado (llegó a ganar $3,6 millones).

Bofill, Mujica y Orpis

Coincidentemente, el mismo día en que prestó testimonio ante el Ministerio Público, Huus perdió para siempre ese excelente sueldo: Orpis notificó al Senado a través de un correo electrónico que su secretaria estaba despedida. “Dadas las serias limitaciones que me asisten para desempeñar mis funciones, especialmente en el trabajo legislativo, comunico a Ud. que Blenda Huus dejará de prestarme servicios a contar del 30 de noviembre de 2016”, escribió Orpis. El finiquito contempla como fecha de inicio del contrato el 11 de marzo de 2014, por lo que su indemnización ascendió a $6,9 millones.

En esa segunda declaración, Huss había afirmado que el aumento de salario lo pidió porque una serie de problemas personales hicieron que subieran sus gastos. Sin embargo, al mismo tiempo que comenzó a ganar un mejor sueldo, dejó de recibir en su cuenta los depósitos que terceros le hacían para Orpis. Por eso, agregó, en la práctica, y durante cerca de dos años, no recibió más dinero: terminaba pagando las cuentas de Orpis con su plata.

Huss enumeró ante la Fiscalía los gastos personales del senador que pagaba con su sueldo del Senado: los servicios básicos de su casa de veraneo en Frutillar, sus créditos bancarios, su línea de sobregiro… “Lo hablé con don Jaime y me dijo que tenía un problema de caja, entonces le empecé a cobrar la diferencia, a veces en cuotas”.

Pese a que jugó un rol clave en el esquema de testaferros al recibir los dineros captados irregularmente y destinarlos a los gastos de Orpis, Blenda Huss ha insistido en que nunca supo el origen de las platas. “No supe. No pregunté. Yo nunca pregunto nada”, dijo, asumiendo el estereotipo de la secretaria de confianza.

BOLETEROS PROPIOS

Aunque la mayor parte de los integrantes de la red de boleteros de Jaime Orpis fue fichada por Quiroz y Gazitúa, el senador también usó sus propios contactos para su peculiar recaudación de fondos. Bárbara Molina Ellies es hija de Patricia Ellies, directora de la Corporación La Esperanza, y recibió pagos como su asesora en el Senado y además emitió boletas para Corpesca, Agrícola Tarapacá y Costanera SA Comercial e Industrial por un total de $20,6 millones.

Según su relato, desde que era estudiante de Derecho que hacía informes para Orpis y él le pagaba por ello $200 mil. Hasta que en un momento, el senador le pidió que hiciera boletas al Senado por $2 millones y le devolviera la diferencia para así pagar a otros asesores. Al igual que a otras boleteras, cuando explotó el caso judicial, Orpis le ofreció a Bárbara Molina la asesoría del abogado Alejandro Espinoza, pero a ella no le gustó: “Entendí que la estrategia era ir viendo qué pasaba y no me acomodó, porque yo quería decir la verdad y colaborar”, declaró.

Fue Molina Ellies quien le presentó a Orpis a uno de sus compañeros de universidad: Javier Jara Cáceres. Al principio, en 2006, Jara colaboró en la Corporación La Esperanza, y luego pasó a asesorarlo en el Senado. En 2009 Orpis lo inscribió en el Servel como su administrador de campaña, pero Jara niega haber realizado esa tarea (su nombre fue después reemplazado ante el Servel).

Cuando Jara se tituló de abogado dijo haberle pedido a Orpis un aumento de sus honorarios: “(Orpis) me indicó que me podía subir el sueldo, pero que yo debía devolverle parte de ese dinero”, declaró ante la PDI. Fue así entonces que cada mes depositaba entre el 70% y el 80% de sus honorarios en la cuenta bancaria de Blenda Huus. Durante el periodo cuestionado (2010-2011), Jara estaba viviendo en Escocia y emitió boletas al Senado por $30,3 millones.

Otro de los miembros de la red de recaudación fraudulenta de Orpis investigado por el Ministerio Público es Mario Candia Zlatar. Conoció al senador cuando fue presidente de la UDI en la Región de Tarapacá: “Se diría que llegamos a ser amigos”, resumió a los policías que le tomaron declaración. Aunque figura como asesor pagado de Orpis y del Comité UDI del Senado, Candia Zlatar aseguró haber trabajado gratis para la UDI: “Me pidieron esta boleta. El senador me dio el título. Era una boleta electrónica. Yo de los dineros no vi un peso. Así se gestó”, declaró.

En total, fueron $24 millones los que pagó el Senado a Candia Zlatar, aunque éste aseguró que los montos más pequeños (boletas por $300 mil que suman $2,5 millones) eran pagos por asesorías reales. El resto lo depositó a Viviana Quiroz, de quien se consideraba amigo.

LAS INESTABLES FINANZAS DE ORPIS

Una de las cosas que ha sorprendido de la investigación sobre Jaime Orpis, es que pese a invocar su alto endeudamiento por las campañas políticas como justificación de sus manejos indebidos de dinero, utilizara estos fondos para pagar lujos, como la Cofradía Náutica de Frutillar. Una revisión más detallada de sus gastos y sus deudas, reflejados en los correos electrónicos incautados por el Ministerios Público, arroja otras sorpresas.

Entre abril de 2009 y abril de 2010, Orpis recolectó al menos $155 millones a través de boletas falsas de terceros. El 2009, año de elecciones presidenciales y parlamentarias, es la fecha en que el Ministerio Público sitúa el inicio de su financiamiento irregular masivo, particularmente de Corpesca.

Ese mismo año las finanzas le generaron situaciones incómodas a Orpis. En agosto debía $432 mil de gastos comunes (cuatro meses) de su casa en el Loteo Salzburg de Frutillar. Ahí es vecino de otros dirigentes UDI, como el ex diputado Cristián Leay (formalizado por el Caso SQM) y el experto electoral Andrés Tagle, quien integra el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) desde julio de 2016.

Tagle era el encargado de recaudar los gastos comunes del condominio y en agosto de 2009 le escribió a Orpis un correo electrónico con el siguiente mensaje: “Eres por lejos el principal moroso, ya que los demás están al día. Pasa a ser una obligación mía cortarte la luz, el agua u otras medidas que tu comprenderás me costaría mucho tomar”. En septiembre, Tagle le volvió a insistir, ya que Orpis seguía moroso.

Pese a sus aparentes dificultades para mantener su estándar de vida, al año siguiente invirtió en otro lugar de veraneo. Compró una parcela más al sur en la misma Región de Los Lagos, específicamente en Vodudahue (comuna de Hualaihué), junto al empresario local Osvaldo Oecklers, el senador Alejandro García-Huidobro y el entonces diputado Gonzalo Uriarte, ambos UDI. Tributariamente el predio es considerado “sitio eriazo” y su avalúo fiscal es de $7 millones. “Le administro las platas del campo de Vodudahue, son cuatro socios y eso lo administro desde mi cuenta“, declaró Blenda Huus, dando una muestra más de cómo manejaba sus finanzar Orpis.

Según Uriarte, por el terreno de 5 mil m2 pagaron unos $5 millones y construyeron una cabaña rústica de descanso. El lugar, ubicado cerca de las Termas de Porcelana y del Parque Pumalín, no tiene acceso por tierra, por lo que es necesario llegar navegando

La aventura patagónica de Orpis y sus amigos incluyó la compra de una lancha de 11 metros de eslora, bautizada como “La Minga”, y un bote con motor fuera de borda de segunda mano.

La idea de Orpis era hacer un negocio de transporte turístico que no se concretó, relató a CIPER  un empresario que fue contactado por el senador. Durante las negociaciones, Orpis le envió a dicho empresario un email (mayo de 2010) en el que asegura que en sus dos embarcaciones se gastaron $55 millones.

Río Vodudahue (Fuente: Parque Pumalín)

Gonzalo Uriarte descarta completamente ese monto y asegura que “La Minga” no costó más de $5 millones, pues era un lanchón de madera, tipo chilote, que mandaron a hacer con madera nativa y un motor de micro. Un vecino de Vodudahue comenta que la embarcación “está muerta en Hornopirén, jubiló” y que salió muy costosa para los dueños porque hubo que hacerle muchos arreglos.

En mayo de 2010 Orpis ya había gastado más de $12 millones en “La Minga” y le debía otros $3 millones a uno de sus socios, según uno de los correos. Además, adeudaba $1,7 millones a un mecánico. Y aunque le insistían por correo que era urgente pagar, él se demoraba; cuando lo hizo, transfirió en cuotas.

También tardó en pagarle a quien fue el quinto socio de “La Minga” cuando vendió su parte. En un tono desesperado, éste escribió un email a Orpis, Uriarte y García-Huidobro en octubre de 2010, cobrándoles los $10,2 millones que había aportado en la embarcación (lo que permite hacerse una idea de la inversión real) y que debían de haberle pagado dos meses antes. El más atrasado era Orpis, quien recién a fines de noviembre de 2010 le depositó $2 millones (antes había pagado $250 mil). “Disculpa el atraso. El tema de campaña me ha costado ordenarme”, le escribió.

Las deudas políticas en su circunscripción le seguían pasando la cuenta: en abril de 2010, El Mercurio de Antofagasta le envió cheques protestados por $28 millones. Los cheques fueron emitidos originalmente por José Durana, quien fue el encargado de su oficina parlamentaria en Arica hasta que en marzo de ese año asumió como gobernador. Según declaró el propio Durana, la deuda se originó por publicidad en la segunda vuelta presidencial y Orpis se hizo cargo del pago.

Por esa misma fecha Orpis empezó a ordenar sus cuentas. Entre abril y mayo de 2010 hizo dos abonos por un total de $8 millones para avanzar en el pago de un crédito por $12 millones con Corpbanca. En julio pre-pagó dos créditos al Banco Security (un hipotecario y uno de consumo) por un total de $31 millones.

Pero en 2011 tuvo gastos imprevistos. En enero recibió una cotización por $7 millones por una reparación de “La Minga”. Ese mes ya estaba sobregirado en casi $1 millón en el Banco de Chile. En agosto, “La Minga” estuvo a punto de hundirse y la empresa que la rescató le envió una cuenta por $2,1 millones por el servicio.

El año 2012 también comenzó con un sobregiro: $800 mil en el Banco Security, pero Orpis seguía pensando en grande. Ese año comenzó a planificar la ampliación del segundo piso de su casa en La Dehesa, el que de acuerdo a la cotización, tendría un costo de $22,6 millones.

“Me vi sobrepasado (por las deudas de campaña) y recurrí al financiamiento irregular”, reconoció Orpis en la carta con que renunció a la UDI en enero de 2016. Los vasos comunicantes entre sus gastos particulares y las platas políticas dificultan distinguir hasta qué punto los dineros obtenidos irregularmente se destinaron a cubrir esas deudas.