La Policía y la Fiscalía de El Salvador detuvieron este martes 4 de abril al empresario José Adán Salazar Umaña, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un capo internacional de la droga, en un caso por lavado de dinero que asciende a 215 millones 167 mil dólares, y en el que también está siendo investigado el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por su sociedad con Salazar Umaña en Desarrollos Montecristo S.A. de C.V.

El caso contra Chepe Diablo, como se le conoce a Salazar Umaña, también vincula al alcalde de Metapán, hoy prófugo de la justicia, Juan Umaña Samayoa, a familiares de ambos y a las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal (granos básicos). El empresario y el alcalde han sido vinculados por informes de inteligencia del Estado como los líderes de una estructura dedicada al narcotráfico y conocida como el Cártel de Texis, según reveló este periódico en 2011.

Este martes 4 de abril, por la tarde, al preguntarle al fiscal Douglas Meléndez si la investigación en contra de Salazar Umaña vinculaba al vicepresidente Ortiz, el funcionario hizo una relación directa entre el empresario capturado, la investigación por la que se le persigue y la sociedad que continuó activa hasta febrero de 2016: “Sí, la sociedad Montecristo S.A. de C.V. es parte de la investigación en este momento”, contestó Meléndez.

Durante 16 años, diversas agencias de inteligencia del Estado señalaron a Chepe Diablo, un empresario hotelero y mecenas del equipo de fútbol de primera división Metapán, como el principal líder del Cartel de Texis, una organización en la que también han sido vinculados políticos, jueces y policías.

El delito de lavado de dinero se castiga con pena carcelaria de ocho a doce años, según lo establece el Código Penal salvadoreño, y se configura cuando directa o indirectamente se oculta la procedencia de fondos obtenidos a través de actividades ilegales. El fiscal Meléndez dice que, por ahora, no tienen documentado cuál es el origen ilegal del dinero que presuntamente ha sido lavado por Salazar Umaña. “¿De dónde vienen los fondos? Eso es un tema que se va a determinar directamente en el proceso, y en la investigación nuestra no hay justificación para estos fondos, son decenas de miles (de dólares)”, dijo el fiscal, que en sus investigaciones incluye la revisión de los movimientos que la sociedad fundada por Umaña Salazar y Óscar Ortiz realizó en 16 años.

En el año 2000, Salazar Umaña y Óscar Ortiz, para aquellas fechas alcalde de la ciudad Santa Tecla, fundaron la sociedad Montecristo S.A. de CV., que realizó una serie compras de terrenos en la zona costera del departamento de Usulután. La sociedad entre Salazar Umaña y Ortiz, convertido en vicepresidente de El Salvador en junio de 2014, siempre estuvo activa. Incluso se mantuvo activa después de que el Departamento del Tesoro nombrara a Salazar Umaña como capo internacional de la droga, en mayo de 2014. Montecristo estuvo activa al menos hasta febrero de 2016, según confirmó el Registro de Comercio a este periódico.

El fiscal general, Douglas Meléndez, se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, quien ha sido capturado, acusado por el delito de lavado de dinero./Foto: Víctor Peña

La Policía y la Fiscalía informaron este miércoles 5 que en el caso de lavado de dinero están siendo investigadas 26 sociedades vinculadas a Chepe Diablo y el alcalde Juan Umaña Samayoa, de las cuales 3 son con fines de extinción: Gumarsal, Hotesa y Molinos San Juan.

Hasta el momento, las autoridades han detectado que el grupo de capturados y prófugos ha tenido una ‘multiplicidad de productos financieros’ en la banca, cierre de cuentas en tiempos cortos, ‘la mayoría habiendo quedado a saldo cero’, traslado de fondos a cuentas personales y no de empresas, préstamos no justificados ‘y, además, pagados anticipadamente, la mayoría de ellos casi inmediatos’, según explicó el director de la Policía, Howard Cotto.

También se señalan ‘empresas fachadas’ que solo fueron creadas y nunca funcionaron, y “la compraventa de bienes muebles e inmuebles para perder el rastro del dinero”, además del uso de testaferros, principalmente de familiares. En otra conferencia celebrada al mediodía de este miércoles, el fiscal Meléndez añadió que hay empresas de “fachada o de cartón”.

“De toda la masa de decenas de millones examinada financieramente, hemos determinado una gran masa de 215 millones 167 mil 786 dólares que no están justificados o respaldados”, dijo el fiscal Meléndez, quien agregó que ya hay un ‘indicio de narcotráfico’ en una de las operaciones bancarias, pero que no podía dar más detalles al respecto.

Por la mañana, el director de la Policía había dicho que el incremento patrimonial no justificado ascendía a $48,1 millones, pero que este podía crecer ‘más’.

La captura de Salazar Umaña forma parte de un operativo en el que también fueron detenidas otras tres personas más. Se trata de Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Noemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, señaladas de actuar como testaferros. Estas tres mujeres son parientes Salazar Umaña, según la Fiscalía. Las autoridades también buscan a José Adán Salazar Martínez, que es hijo de Chepe Diablo.

La Policía informó que hay otras cuatro personas que también están prófugas: uno es el alcalde de Metapán por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Juan Samayoa Umaña. También están prófugos el hijo, la esposa y la nuera del alcalde de Metapán (Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Aydeé Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra). El fiscal Meléndez criticó que la Policía no haya logrado ejercer todas las órdenes de captura.

Tras la captura de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, la Fiscalía General de la República allanó al menos cincuenta inmuebles, entre negocios y propiedades, entre ellos el hotel Capital, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Salazar está siendo acusado del delito de lavado de dinero./ Foto: Víctor Peña

Las autoridades vinculan los más de 215 millones de dólares no justificados en este caso a incrementos patrimoniales sin explicación en las cuentas del empresario y del alcalde y sus respectivos grupos familiares.

Desde la mañana del martes 4, las autoridades allanaron las instalaciones de la alcaldía de Metapán, de la empresa Industrias Gumarsal (de la familia Umaña) y las oficinas del bufete Figueroa Cruz, una firma que durante años administró los negocios del alcalde y su familia. La Fiscalía ha allanado, en total, 50 inmuebles, de los cuales 26 son negocios como hoteles y gasolineras. También hay fincas y ranchos de playa que ahora están en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), pues, según explicó el fiscal Meléndez, se ha iniciado el proceso de extinción de dominio.

Las viviendas y residencias intervenidas están ubicadas en residencias privadas en el departamento de La Libertad y en San Salvador: Arcos de Santa Elena y Cumbres de la Esmeralda, de Antiguo Cuscatlán y Quintas de Gratamira en San Juan Opico.

El director de la Policía informó que los procesos de registro llegarán hasta 69 diferentes inmuebles ubicados en varios departamentos del país (Santa Ana, La Libertad, Sontonate, San Salvador, Usulután y La Paz). “De estos 69 registros, 43 lo estamos haciendo bajo la óptica de lavado de dinero y 26 de forma directa con fines de extinción de dominio, no significa que los otros no pueden ser sometidos al proceso de extinción”, dijo Cotto.

En abril de 2016, el fiscal Meléndez había cuestionado a su antecesor, Luis Martínez, por haber archivado las investigaciones que la Fiscalía tenía contra Chepe Diablo. En aquella época, al ser consultado por la vinculación entre Salazar Umaña y el vicepresidente Óscar Ortiz, Meléndez respondió que no había ninguna investigación en contra de Ortiz, pero cerró diciendo que “las investigaciones son abiertas”. Un año después, el fiscal confirma que se está investigando a la sociedad Desarrollo Montecristo y enfatiza que esta investigación arrancó de cero.

“La investigación fue reabierta el año pasado por la Fiscalía. No hay certeza de por qué fue archivado el caso, fue sustraída la información que estaba en los tribunales, pero el caso lo reabrimos”, dijo Meléndez, en una breve rueda de prensa en el Hotel Capital en Antiguo Cuscatlán, uno de los negocios de Salazar Umaña que fueron allanados.

“La finalidad es obtener alguna evidencia para iniciar procedimiento de extensión de dominio”, dijo el fiscal Meléndez.

En 2014, la Fiscalía inició dos investigaciones por evasión de impuestos contra el alcalde Umaña, José Adán Salazar Umaña e industrias Gumarsal. Ambos procesos fueron cerrados después de que los empresarios pagaron multas.

El Faro intentó obtener una reacción del vicepresidente Óscar Ortiz a través de una de sus asistentes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fiscalía busca en Montecristo

Óscar Ortiz y “Chepe Diablo” son socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa que por años ha comprado y vendido tres terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco.

Fundada a las 12 del mediodía del martes 20 de junio de 2000, Desarrollos Montecristo nació con tres cabezas, tres meses después de emitido el primer informe de inteligencia policial en el que el Estado salvadoreño reconoció la existencia de una organización que, con el paso de los años, sería llamada el Cártel de Texis. El tercer socio en Desarrollos Montecristo es otro empresario que hizo buena parte de su fortuna con una empresa de encomiendas llamada Urgente Express, y que en 2003 se convertiría en candidato a la alcaldía del municipio de Antiguo Cuscatlán por el FMLN. Su nombre es Rogelio Antonio Cervantes.

Los terrenos que Montecristo compró y luego fue vendiendo (y volviendo a comprar) a los largo de los años presentan algunas irregularidades en los precios a los que fueron adquiridos y posteriormente vendidos.

Por ejemplo, la primera compra de un terreno en la isla Montecristo fue el 3 de agosto del año 2000, según consta en los registros del CNR: 8,147.71 metros cuadrados de tierra por 200 mil colones ($22,857.14). El terreno lo vendió Alberto Chavarría Delgado, un jornalero que para entonces residía en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, según consta en el acta de compraventa. Este lote es un fragmento de un terreno de mayor extensión que tenía 21 mil metros cuadrados, del que Chavarría Delgado desmembró una porción para vendérsela a Rogelio Cervantes, el tercer socio de Montecristo. Diez años después, en abril del 2010, la sociedad vendió de nuevo ese terreno por $5 mil, un precio casi cuatro veces menor, al entonces alcalde Óscar Ortiz.

El segundo terreno que la sociedad adquirió en la isla Montecristo tiene una extensión de 25,067.07 metros cuadrados. Según los registros de este lote, en un principio pertenecía a José Manuel Olívares. Este se lo vendió el 1 de junio del 2000 a una pareja de esposos por 240 mil colones ($27,428).

Casi dos meses después, la pareja decidió vender el terreno a Osmín Enrique Cervantes Salazar, quien lo compró por la mitad de precio, 120 mil colones ($13,714). A los pocos días, el 14 de agosto de 2000, Montecristo le compró el terreno a Cervantes Salazar por 350 mil colones ($40 mil), Un 50% más del precio original y casi tres veces lo que había pagado Osmín Enrique Cervantes Salazar.

Este terreno también tendría finalmente un cambio repentino de precio en el que el beneficiado sería, de nuevo, Óscar Ortiz, en detrimento de su propia sociedad, Desarrollos Montecristo. Por este terreno que a su compañía le había costado $40 mil, Ortiz pagó el 4 de octubre de 2010 solo $10 mil.

El tercer y último terreno que adquirió la sociedad en la isla Montecristo fue comprado el 25 de septiembre de 2000. Tenía una extensión de 19,246 metros cuadrados, con los que Desarrollos Montecristo completaría un total de 52,461 metros cuadrados en la isla. El propietario anterior era el mismo Óscar Ortiz.

Este terreno había sido adquirido en 1999 por Ortiz, para entonces diputado, por 500 mil colones (US$57.142). Un año después, el actual vicepresidente se lo vendió a su propia empresa, Montecristo, por 350 mil colones, el equivalente a US$40 mil, lo que significó una reducción de su precio de más de US$17 mil y por tanto una pérdida para Ortiz.

En los siguientes años, ese terreno cambió tres veces más de manos. El 27 de junio de 2007, Rogelio Cervantes, en calidad de representante de Desarrollos Montecristo, se lo vendió de nuevo a su anterior dueño: Óscar Ortiz. El precio de venta se mantuvo en US$40 mil. Y el 26 de mayo del 2008, poco más de un año después, Ortiz se lo volvió a vender a Cervantes, que esta vez lo compró como persona natural y no como representante de Montecristo, por ese mismo precio: US$40 mil.

Por último, cuatro años después, Ortiz volvió a mostrar interés por el terreno del que ya había sido dueño dos veces. Esta vez Rogelio Cervantes se lo vendió a su socio ya no en el precio de US$40 mil que venía manteniendo desde 2007, sino en cuatro veces menos: US$10 mil.

En resumen, Desarrollos Montecristo realizó, a pocos meses de fundada, tres compras de terrenos que le implicaron un desembolso de 900 mil colones, es decir 102 mil 867 dólares. La compra se hizo, al menos en uno de los casos, a un precio mucho mayor del que el terreno había tenido poco tiempo atrás. Y entre siete y diez años después de la primera transacción, los tres terrenos fueron a parar a manos de uno de sus socios, Óscar Ortiz, quien los obtuvo a un precio desplomado, generando pérdidas para su sociedad, en la que Chepe Diablo y Rogelio Cervantes también tienen acciones.

En abril de 2016, cuando el vicepresidente Óscar Ortiz fue consultado por su sociedad junto a Cervantes y Chepe Diablo, él respondió que cuál era el problema, si no había nada ilegal en ella. “Qué tiene de ilegal eso, pues. Tenés alguna cuestión ilegal”, dijo.

Esta es la primera vez que las autoridades mencionan en sus investigaciones a la sociedad fundada por Ortiz, Chepe Diablo y Cervantes. En los informes de inteligencia emitidos por la DEA en 2001 y por la PNC en 2006, a los que El Faro tuvo acceso, no aparece mencionada la figura del líder político de izquierdas ni su relación con Chepe Diablo en la trama del Cartel de Texis, que opera en el occidente del país en una zona conocida en el mundo del crimen como “El caminito”.

*Con reportes de Nelson Rauda

El abogado Francisco Saffie fue un integrante clave del equipo que ideó la Cláusula General Anti Elusión (rige desde 2015), y que busca poner fin a estrategias tributarias que han permitido durante décadas que los contribuyentes de más ingresos paguen menos impuestos sin ser perseguidos por la justicia.

Durante años el Derecho Tributario se entendió en Chile como un terreno para desplegar la astucia, para cumplir “creativamente” con la forma de la ley y obtener beneficios que ésta no contempla. La Cláusula General Anti Elusión intenta poner fin a eso exigiendo que haya relación entre la forma en que la empresa tributa y produce; exige honestidad. Tremenda palabra. La cláusula apunta, en esencia, a establecer que la ley no es una norma que se puede manipular a conveniencia del contribuyente: tiene un sentido que el ciudadano y sus asesores legales deben respetar. Ella ha sido combatida por los tributaristas como poco clara, contradictoria, técnicamente mal hecha.

“Está bajo ataque y va a seguir estándolo”, afirma Saffie. Y la razón, dice, es porque la cláusula genera un cambio de paradigma en la comprensión de la ley tributaria.

Saffie es doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, autor de una serie de columnas publicadas en CIPER (“Un sistema tributario diseñado para privilegiar a unos pocos”), profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del área tributaria del Estudio FerradaNehme. En las reflexiones que despliega aquí amalgama su experiencia como asesor de empresas, su trabajo en la cocina de las políticas públicas, en la docencia y su convicción de que los impuestos tienen que ser debatidos por la comunidad, no solo por los especialistas.

-¿Por qué le interesa tanto la elusión tributaria?

La elusión es uno de los problemas más importantes que hoy enfrentan los sistemas tributarios del mundo. Y me interesa por las implicancias que tiene en la comprensión política de los impuestos. La elusión se deriva de una interpretación que ciertas personas defienden: que la ley es solo su forma. Y desarrollan estrategias que la dejan sin aplicación, interpretándola literalmente. Esto tiene profundas consecuencias políticas y económicas para el sistema tributario.

-Estamos hablando de profesionales que estudian la ley y usan ese conocimiento para no cumplirla, para encontrar un intersticio por dónde vulnerar su espíritu.

Sí, y la elusión es problemática porque mientras el legislador busca gravar ciertas actividades o conductas, el que elude evita esa voluntad general mediante su voluntad particular: organiza sus negocios en forma tal de ir contra la ley.

-En esencia, ¿la elusión aprovecha los vacíos de la ley?

Hay dos formas tradicionales de eludir. Una es buscando intersticios y vacíos; la otra, es creyendo que la ley se interpreta exclusivamente de modo formal. Por ejemplo, si le digo a mi hijo “no puedes ver más televisión en la casa”, y él saca la televisión al balcón o la ve en casa de un amigo, está haciendo una lectura formal de lo que le dije o aprovechándose de un vacío, respectivamente. Lo grave de la elusión es que uso la ley de acuerdo a mis propios intereses en contra del interés común.

-¿Por qué resulta difícil de perseguir judicialmente?

Porque el que elude usa estrategias que no aparecen como un quebrantamiento explícito y, por tanto, es difícil de identificar. Los estudios socio-jurídicos llaman a esto el “cumplimiento creativo de la ley”, una forma de acatar las normas, pero dejando sin efecto su sentido. Es una interpretación formalista del Derecho: sostiene que éste no tiene ninguna substancia o sentido, más allá de las palabras exactas de la ley. Entonces, se argumenta que, como la ley es solo forma, no cometo un ilícito si “formalmente” no la quebranto. Pero las leyes no son solo forma; tienen una interpretación sustantiva, porque se relacionan con cosas que nos importan como comunidad. Por todo ello, sostengo que con la elusión uno queda fuera de la ley, así de claro.

-En los debates sobre la elusión se repite el argumento de que no estoy obligado a pagar más impuestos de los que me corresponden legalmente ni a organizar mis negocios de la manera más gravosa. ¿Qué responde?

Que estoy de acuerdo. Pero no cuando ese argumento se usa para justificar la elusión. Porque se tiende a ridiculizar a los que vemos la elusión como un problema diciendo: “Mire, lo que pasa es que usted quiere que sea como el Padre Hurtado, que dé todo lo que tengo”. Y ello desconoce que la elusión es un problema jurídico de incumplimiento de obligaciones legales. Yo diría: usted no tiene que pagar más impuestos que los que establece la ley, pero tampoco puede salirse del objetivo buscado por la ley.

-También se oye bastante, en casos como el del financiamiento ilegal de la política o el de las empresas zombis: “Así ha sido siempre, lo hacen todos”.

Creo que los abogados se han olvidado que son auxiliares de la administración de justicia. El abogado tiene una cierta fidelidad con el Derecho y no se puede olvidar que el ejercicio privado de la profesión está relacionado con el cumplimiento de la ley.”

Uno puede decidir si es adecuado hoy perseguir judicialmente o no esos hechos; pero eso no quiere decir que como ocurrieron masivamente, no sean un problema jurídico y político. Quizá incluso se podría decir: de acuerdo, entendemos que todo esto está contaminado, pero de aquí en adelante cambiemos el comportamiento reconociendo que estuvo mal hecho.

-¿Debiera haber al menos un compromiso de los candidatos presidenciales sobre estas prácticas?

Algo así debería estar presente en las elecciones que vienen.

LA ANTI ELUSIÓN Y EL NUEVO PARADIGMA

-Usted dice que en los impuestos hay un “interés común”. ¿Se refiere a que el Estado los necesita para financiar la salud, educación y otras políticas públicas?

Sí, pero no solo por eso. Cuando uno mira únicamente el lado económico de los impuestos, pierde de vista cuestiones sustantivas. Si entiendo que el fin exclusivo de los impuestos es recaudar, podría sostener una tesis como la que anda dando vuelta por ahí para solucionar el problema de las boletas falsas en el financiamiento ilegal de la política: mientras yo pague esos impuestos, aunque sea atrasado e incumpliendo la ley, no procedería aplicar el Derecho Penal Tributario. Esa tesis deja de lado la importancia política y el sentido que tienen los impuestos.

-¿Cuál es ese sentido político de los impuestos?

Que todos concurrimos, de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, al financiamiento del Estado como ciudadanos. Los impuestos son un mecanismo a través del cual los ciudadanos nos entendemos como iguales. Es, por supuesto, una igualdad artificial, pero sobre ella se construye la democracia. En este sentido entiendo que el Derecho Penal Tributario no protege solo las arcas fiscales, sino que protege nuestro pacto ciudadano. Este aspecto sustantivo de la ley queda más claro si lo llevamos al campo de la protección de la propiedad privada y alguien nos dice que un delito contra la propiedad no es perseguible si nos devuelven lo que nos robaron. Sabemos que no es así. En el Derecho Tributario existe una estrecha conexión con la igualdad política.

-Entonces, el que no haya una regla de impuestos respetada por todos, apunta directo a la desigualdad.

Exactamente. Hay dos dimensiones en las que los impuestos se vinculan con la igualdad. Una es la política: igualdad como ciudadanos que concurrimos conjuntamente al financiamiento del gasto público. La otra dimensión es la material: los impuestos son el mecanismo que tradicionalmente se ha usado para propender a un estado de igualdad en la distribución del producto social. Los impuestos establecen cómo nos entendemos tanto a nivel ciudadano como a nivel de la distribución de la riqueza en la que todos participamos. Por eso, quien elude niega el reconocimiento de esa igualdad.

-Las investigaciones de CIPER nos muestran muchas veces que en la construcción de la ley hay normas que se dejan vagas y ambiguas para que allí se aniden interpretaciones tramposas.

En el área tributaria no me atrevería a decir que se hace intencionalmente. Pero lo que sí es cierto es que muchas políticas que se diseñan con una determinada intención, terminan siendo morigeradas por los intereses que concurren a su confección.

-Veamos las empresas zombis y el uso tramposo que se le da a sus pérdidas. Una persona me decía: “Si compro una empresa con pérdida, pueden decir que compré nada, solo una contabilidad; y sí, eso fue lo que compré en el mercado legal, pagué por ella, no me la robé, compré un bien y la autoridad me lo acepta. Cuando yo uso esas pérdidas para descontar impuestos, no eludo, menos evado”.

En esa interpretación hay una confusión que la Reforma Tributaria puso a la vista. Esa explicación se escuda en el Derecho privado (comercial y civil). Pero uno tiene que distinguir entre lo que es válido comercial o civilmente y el efecto tributario que eso tiene. En el caso de empresas con pérdidas eso es fácil de distinguir.

-¿Por qué?

Porque el descuento de esas pérdidas tiene un sentido: establecer exactamente cuánto generó una empresa para determinar cuánto le corresponde pagar en el año tributario. Pero sostener que, porque existe esa regla, puedo ir a comprar cualquier tipo de empresa con pérdida, fusionarla con la mía y pagar menos impuestos, es ir un paso más allá de lo que el legislador buscó. Tanto así, que el legislador tuvo que hacer modificaciones en el año 2000 para tratar de poner límites a ese uso. El problema es que la técnica legislativa que se usó para resolver esos problemas, la de llenar vacíos con una modificación para el caso particular, junto con la interpretación formalista a la que hice referencia antes, abrieron nuevos espacios para la elusión.

-Y esto es lo que se intenta resolver con la Cláusula General Anti Elusión.

Sí. Ahí es donde se aprecia su importancia: busca cambiar la técnica legislativa y la forma de interpretar el Derecho Tributario. Un cambio de paradigma. Hoy está bajo ataque y en esta próxima elección presidencial va a ser cuestionada de nuevo: van a decir que produce incertidumbre, que no se entiende, que no se puede aplicar. La norma establece un criterio sustantivo, como se hace en todo el mundo, que dice: vaya a revisar la política pública detrás de la norma, su razón, no el caso particular. En ese sentido, la Cláusula General Anti Elusión, que para mí es la parte central de la Reforma Tributaria que hizo la Presidenta Bachelet, lo que hace es que trae de vuelta el Derecho Tributario a lo que suponen las instituciones jurídicas, sus criterios de interpretación y aplicación, que van más allá de sus efectos económicos o contables.

-Esta norma introdujo la exigencia de que los dueños de las empresas digan la verdad cuando declaran sus impuestos. Eso es música.

La elusión es problemática porque mientras el legislador busca gravar ciertas actividades o conductas, el que elude evita esa voluntad general mediante su voluntad particular”

Bueno, eso explica en parte por qué la elusión es tan conflictiva. Porque todo el sistema tributario descansa en la auto-declaración, en la información que los contribuyentes entregan a la autoridad administrativa. Y eso implica que la fe pública está comprometida por la actuación de los particulares, los abogados, los contadores, etc. En el mundo lo que hoy se intenta es contrastar la información que entregan los particulares con la realidad, a través de intercambios de datos y la revisión de las inversiones en el extranjero. Para eso en muchas legislaciones se terminó con el secreto bancario para efectos tributarios. No es como en Chile.

-Si no hay correspondencia entre lo que una empresa gana y lo que declara, se podría decir que el sistema tributario funciona con la lógica de la “Post Verdad”: verdades alternativas.

Hay algo de eso. Lo que pasa es que solo recientemente ha empezado a quedar claro que muchos conflictos políticos sobre la forma en que nos entendemos como comunidad, están contenidos en el sistema tributario. Hasta ahora no se les había prestado debida atención, en parte, porque se entendió que los impuestos eran un tema demasiado técnico, que les correspondía solo a los economistas. Ahora estamos entendiendo que la forma en cómo la sociedad enfrenta los impuestos es una discusión política y ciudadana.

-Y en esa discusión, un argumento reiterado es que la única forma de atacar la desigualdad es con impuestos altos.

Eso es lo que se escucha y no estoy seguro de que sea así. Cuán alta tiene que ser la tasa es un problema que implica un montón de factores. Lo que yo planteo es una discusión previa: cómo entendemos la estructura y la interpretación de las reglas que nos damos como sociedad. El ex primer ministro británico David Cameron decía: no estoy a favor de los impuestos altos, lo que me interesa es que se cumplan las obligaciones establecidas en la ley.

-Entonces, ¿lo más importante no es cómo se diseña una política tributaria, sino cómo se interpreta?

Las dos cosas son clave. Para entenderlo es bueno distinguir entre una política tributaria injusta y la elusión. Miremos, por ejemplo, el Fondo de Utilidad Tributaria (FUT). Muchos economistas consideran que el FUT en sí mismo es elusión. Y la verdad es que se pueden decir varias cosas del FUT: que es una política pública de derecha, que busca incentivar la acumulación del capital a través de lo que ellos denominan inversión y ahorro. A mí me parece que el FUT es injusto porque establece un tratamiento privilegiado al capital. Pero no es elusión el que, usando el FUT, las platas de muchas empresas siguieran eternamente ahorradas o invertidas y que sus dueños no pagaran los impuestos finales. Porque el FUT se hizo para eso. Así fue hecha la ley: eso se buscó.

-Dice que el FUT no es elusión. Pero se hizo mucha trampa usando para gastos personales y familiares dineros del FUT que no pagaban impuestos.

Claro. Y en esas trampas a la ley es cuando aparece la elusión: cuando la norma se esquiva, cuando el rostro de televisión o el médico forman una sociedad familiar y usan una idea que no estaba pensada en la ley (que cualquier actividad económica se “disfrace” de sociedad) para pagar menos impuestos. Eso se confunde con que la ley es problemática per sé.

EL ROL DE LOS ABOGADOS

-Vamos a un factor clave en estas estrategias: el rol de los tributaristas. En investigaciones de CIPER, como la de los paraísos fiscales o el impuesto a la herencia y las empresa zombis, aparecen abogados importantes que diseñan estas estrategias y hacen legal aquellos vacíos por donde se introduce la interpretación tramposa.

Los abogados juegan un rol clave igual que los asesores contables. Pero si a nivel internacional los asesores contables son parte del problema porque la información que entregan a la administración no es fidedigna, en Chile el problema principal surge por la interpretación y el uso que le dan a la ley los asesores legales. La situación en materia tributaria se debe a que hay una hegemonía política y cultural respecto a cómo se entiende el Derecho Tributario, que ha sido exitosamente desarrollada por abogados que defienden intereses privados.

-Así se enseña incluso en las universidades.

En la universidad se enseña una visión particular del Derecho Tributario que las mismas universidades han hecho hegemónica. Pero hoy eso está cambiando. Soy profesor universitario y lo que trato de hacer es mostrar que existe otra comprensión del Derecho Tributario, que está en la literatura, en el derecho comparado. Una mirada que no sale de la chistera del mago, como algunos creen.

-¿Qué lugar tiene la ética en esa visión hegemónica?

Se ha entendido que los impuestos son un robo, que la ley tributaria no tiene ningún fin, y que la tarea del tributarista es proteger al contribuyente respecto de un Estado que abusa. Esa perspectiva entiende los impuestos como ataques a la propiedad privada. Creo que los abogados se han olvidado que son -según el propio Código Orgánico de Tribunales- auxiliares de la administración de justicia. O sea, el abogado tiene una cierta fidelidad con el Derecho y no se puede olvidar que el ejercicio privado de la profesión está relacionado con el cumplimiento de la ley. Como profesor y ahora como abogado en el mundo privado, trato de hacer eso. Por ejemplo, si alguien me dice que quiere quebrantar la ley o cómo puede conseguir un beneficio que no le corresponde sin que aparezca como un delito, yo no lo haría.

-¿Cuál sería su respuesta?

Le diría: la ley establece beneficios en algunos casos, y para ocupar ese beneficio usted tiene que hacerlo de esta manera. Pero eso es distinto a -usando un ejemplo del Derecho Penal- enseñarle a un narcotraficante a traficar esquivando la ley. Lo que hacen los penalistas es defender los derechos de las personas que son objeto de una investigación para que se garanticen sus derechos procesales, etc. Eso no es lo mismo que defender el narcotráfico. El tributarista que defiende a un particular frente al Estado debiera entender que lo que está haciendo es usar las herramientas que el sistema jurídico le provee para resguardar los derechos de los contribuyentes, pero no puede incentivar un mercado que elude impuestos y vulnera la ley.

-Lo cierto es que en Chile los abogados que hacen estos diseños de elusión quedan al margen de sanción.

Las leyes no son solo forma; tienen una interpretación sustantiva, porque se relacionan con cosas que nos importan como comunidad.”

La Reforma Tributaria trató de cambiar eso con la norma anti elusión. Eso generó mucho anticuerpo. Hoy se establece que, en aquellos casos en que se demuestra que hay elusión, los asesores legales deberían pagar una multa. Al principio esa multa no tenía límite, pero después se estableció un tope de 100 UTA ($55 millones aproximadamente). No es mucho para un mercado que mueve miles de millones y donde los abogados juegan un rol crucial.

-¿Cómo se comporta la Justicia en esta disyuntiva entre visiones sobre el sentido de los impuestos?

Creo que la Corte Suprema ya recogió el cambio de comprensión. Antiguamente, la corte respaldaba la elusión, porque entendía que era legítimo actuar con astucia para no pagar impuestos. Un ejemplo es un fallo de 2003, un recurso de casación que ganó la Sociedad Inmobiliaria Bahía S.A., en que la corte sostuvo que la elusión tributaria era “evitar algo con astucia, lo que no tiene que ser necesariamente antijurídico”. Pero en sentencias más recientes, la corte ha aplicado la lógica de la norma anti elusión antes de que ésta se transformara en ley, asumiendo que la ley no se aplica de manera formalista – para proteger a un interés espurio-, sino que tiene un sentido.

-En este debate, ¿cuál ha sido el rol del Colegio de Abogados?

Ellos han sido especialmente reticentes a este cambio de paradigma. Han sacado declaraciones públicas diciendo que la Cláusula General Anti Elusión manifiesta una especie de restricción al derecho a ejercer cualquier actividad económica.

-Puede que esa actitud se deba a la influencia que tienen en esa institución abogados que se dedican a estas estrategias, como Olga Feliú, Fernando Barros…

En parte se debe a eso, a la manera en que se ha ejercido la profesión; y también, a la manera en que se entendía el Derecho Tributario antes de este cambio. Siguen pensando que debe preservarse lo que había. Se intenta resguardar una visión del Derecho, defendiéndolo en el plano ideológico, pero ocultando las verdaderas razones que hay detrás. Dicen que la norma anti elusión es imperfecta, que atenta contra la Constitución, ocultando lo que persiguen defender.

-En este cruce intenso de intereses, ¿cómo ve al Servicio de Impuestos Internos (SII)?

Me parece una institución respetable. Lamentablemente en el último tiempo algunos funcionarios se vieron involucrados en situaciones de corrupción. Luego estuvo sujeta a presiones políticas. Pero con estas presiones hay que tener ojo. Porque hoy está muy de moda decir que la administración tributaria tiene que ser independiente del gobierno de turno. Creo que es un error. No se puede aislar la administración tributaria creyendo que es una especie de órgano técnico como el Banco Central. Si eso se hace, va a mermar la comprensión que se tiene de la política tributaria porque va a quedar apropiada por los intereses técnicos hegemónicos del momento. Yo preferiría que la forma en que actúe el SII fuera la manifestación democrática del pueblo, de cómo quiere entender los impuestos.

-¿Cómo evalúa la decisión del SII de cerrar la investigación judicial para los casos de boletas falsas que se usaron en el financiamiento de la política, a través de la vía de no querellarse y solo cobrar los impuestos no pagados?

Es una decisión que se veía venir desde que el SII tomó alternativas que iban preparando el camino. Por ejemplo, cuando llamó a los contribuyentes a rectificar voluntariamente sus declaraciones de impuestos, limitó sus posibilidades de actuar. Porque se comprometió -desde el Derecho Administrativo- a no dañar la confianza de los contribuyentes, los que le dieron esa información pensando en recibir la multa y no ser investigados por delitos que pudiesen estar asociados a esas conductas. El problema es que con esa decisión no se vulnera ninguna norma porque el SII actúa conforme a la potestad que le reconoce la ley.

Michel Jorratt, ex director del SII

-Entonces, cuando el ex director del SII Michel Jorrat decidió querellarse en los casos de Penta y SQM, ¿se extralimitó?

Jorrat tomó la otra alternativa que le daba la ley. No se extralimitó. Lo que muestra este caso es que la vía administrativa debería separarse de la vía penal, dejando esta última a la Fiscalía.

-¿Puede el SII mirar para el lado frente al daño que provoca a la democracia el financiamiento ilegal de la política?

El SII no debería mirar para el lado y concentrarse solo en la recaudación en los delitos tributarios. Así como el Derecho Tributario no es solo un instrumento de recaudación, el Derecho Penal no es solo un medio para amedrentar a las personas (y en el caso del Derecho Penal Tributario, amedrentar para que paguen). Es más, uno podría argumentar que, conforme a la ley vigente, además de la sanción penal corporal podría concurrir la sanción administrativa de multa sin dañar ningún principio legal.

-En una entrevista, el abogado y ex director del SII, Ricardo Escobar, afirmó que en estos casos la multa es suficiente sanción y que si hay personas que creen que aquí triunfó la impunidad, hay que educarlas. ¿Qué le parece esa tesis?

Me parece un tanto osado sostener que la correcta educación pasa por comprender el Derecho Penal Tributario y el Derecho Penal de la forma utilitarista en que él la entiende. Primero, porque no es la única forma y no parece ser la mejor; y segundo, porque genera una desigualdad tremenda en la forma en que concurrimos como ciudadanos iguales ante la ley. Quizá la educación que él propone sea la propia de los tiempos post-neoliberales en que vivimos, en que todo se resuelve a favor de los que triunfan en el mercado y no tenemos respeto por las instituciones democráticas.

-La decisión del SII refuerza una tesis que varios políticos repiten sobre el meollo del financiamiento ilegal de la política: “Para qué tanto escándalo si aquí lo que hay es una mínima elusión tributaria”. Una tesis que silencia el daño a la confianza pública y a la política.

Se tiende a ridiculizar a los que vemos la elusión como un problema diciendo: ‘Mire, lo que pasa es que usted quiere que sea como el Padre Hurtado, que dé todo lo que tengo’.”

Estoy completamente de acuerdo. Se ha intentado hacer creer que el problema del financiamiento ilegal de la política se reduce a un problema del no pago de impuestos. En consecuencia, pagar los impuestos reestablecería el orden. Y eso es un error.

-Un efecto judicial del financiamiento ilegal de la política es que, por primera vez, se han sentado en el banquillo de los acusados empresas, como Corpesca y Soquimich, por la responsabilidad penal como entes jurídicos en el cohecho.

Se empiezan a ver los efectos que tuvo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y, además, se empieza a ver cómo el Derecho Penal Tributario es una expresión de la importancia que le asignamos al sistema tributario más allá de la recaudación. Eso es clave: entender que la protección de la propiedad privada no se satisface cuando se devuelven las cosas robadas, sino que lo que importa es reestablecer la expectativa de la norma: que no se cometan robos. En el caso tributario, la expectativa debiera ser cumplir la ley como corresponde, no sólo cuánto afectó a la recaudación del Fisco.

-¿Hubo algún camino que pudiera haber evitado los efectos nocivos que ha tenido el desarrollo de las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política?

El financiamiento ilegal de la política generó efectos no deseados, y se puede discutir sobre la prudencia que tuvo la administración en perseguir estos delitos. Pero uno podría haber evitado todo esto diciendo: de aquí en adelante este tipo de casos va a ser perseguido. Y eso habría llevado a una racionalización y sistematización de las reformas legales que se requerían y que hasta ahora no se hacen.

DESAFÍO INTELECTUAL

- Varias personas nos han dicho que si usted se dedicara a hacer diseños tributarios ganaría mucho dinero. ¿Por qué no lo hace?

No veo que mi realización personal pase por la acumulación de dinero a través del uso de la ley en ese sentido.

Ricardo Escobar, abogado y ex director del SII

-¿Quién le enseñó eso?

Supongo que son influencias de profesores y amigos en cómo entender el rol que uno juega en la sociedad. Tiene que ver con cómo creo que la justicia se expresa en una sociedad sana.

-¿Esta sociedad chilena no le parece sana?

No. Creo que la virtud en esta sociedad radica en la acumulación de riqueza. Y para mí, si bien ahí no hay necesariamente un vicio, tampoco hay una virtud. La acumulación excesiva evidentemente representa un vicio, y parte del vicio es obtener la riqueza a través de medios elusivos que, entre otras cosas, no son muy sofisticados. Yo trabajé como tributarista en empresas grandes y aprendí mucho, pero también me di cuenta de que ahí no había ningún desafío intelectual mayor.

-Académicamente este mundo tributarista se está entendiendo como una pieza central de lo que se ha llamado la “industria de la defensa de la riqueza”.

“Los impuestos tienen un sentido político: que todos concurrimos, de acuerdo a nuestra capacidad, al financiamiento del Estado como ciudadanos”.

En términos sociológicos uno podría entender que el lugar paradigmático donde se regula la riqueza es en el sistema tributario. El Derecho, en general, es expresión de lucha de intereses que se formaliza a través del proceso de creación de ley para ser voluntad general. Y en Chile, dadas las contingencias políticas del pasado esto no ha funcionado del todo bien, se ha impuesto la idea de que el sistema tributario es una forma de proteger el capital. Se decía y se creía que a través de la acumulación se iban producir ciertos efectos económicos, como crecimiento y chorreo incluso. Pero, más allá de si eso se cumple o no, mirar los tributos desde esa perspectiva ha tenido efectos nefastos.

-¿Cuáles?

Por ejemplo, la idea de que puedo condicionar mi aporte a lo que obtengo del Fisco. Creo que la mirada correcta es que debo contribuir sin esperar una retribución directa. La existencia de las instituciones estatales depende de los impuestos, porque incluso lo que se entiende por propiedad privada está ligado a diseños institucionales que son imposibles sin los impuestos. Por supuesto, luego de contribuir participo en el proceso político para decidir cómo se usan esos impuestos. Pero no puedo condicionar cuánto voy a pagar a cuánto voy a recibir, porque no soy dueño de lo que se recauda. Si se pierde de vista la importancia política que tienen los impuestos, parece lógico pasar todo a pagos por servicios, proponer que concesionemos todo: que el Estado actúe como otro agente más al cual yo le pago por lo que recibo, en vez de contribuir con impuestos.

-Los más ricos necesitan también de gente con educación, que les haga trabajos y para eso sirven los impuestos.

La riqueza me puede haber sido asignada como agente de mercado, pero eso no justifica que yo sea el único que se beneficia de ese producto social, porque hay otros que participaron y existen instituciones que permiten esa riqueza. Y esto que suena muy radical para algunos, no lo es, a menos que se use para justificar impuestos muy altos. Pero insisto, esa es una segunda dimensión de la discusión.

-La imposición de la visión financiera de los impuestos conlleva la falta de protección para amplios sectores de la sociedad. Por eso deberíamos debatir esto con urgencia.

Claro, y eso es lo que genera un quiebre social: la manifestación de la injusticia en la distribución del producto. Lo que pasa es que el discurso neoliberal ha llevado a pensar que la generación de la riqueza es responsabilidad de cada uno. Y si eso no ocurre, dice la teoría, es porque existen ciertas deficiencias del mercado que tienen que ser corregidas para que cada uno sea responsable de la generación de la riqueza. Detrás de ello está la promesa de que cada uno accederá a la riqueza que le corresponde a su trabajo o esfuerzo individual.

-Una promesa que no se ha cumplido en ningún país.

No se ha cumplido porque el capitalismo no funciona así. Y en consecuencia, cuando la desigualdad se empieza a hacer manifiesta, la promesa neoliberal genera más conflicto social porque provoca frustración. El neoliberalismo, contra lo que se cree, necesita de las instituciones estatales, pero destruye su significado político. Cuando se incentiva el comportamiento individualista neoliberal, lo que paradojalmente aparece, es que todas las instituciones son problemáticas para la expresión de la individualidad: aparecen como impedimento para la generación libre de mi riqueza. Se reclama contra el abuso argumentando que hay otro que lo está aprovechando (no yo); no se reclama que las instituciones no se respeten.

POLÍTICAS TRIBUTARIAS “INJUSTAS”

-Decía que el FUT es una política tributaria injusta. ¿Por qué?

Como es un impuesto a la renta sobre la base del “consumo” -no se paga el impuesto mientras no se retiren las utilidades para consumirlas-, el sistema establece un privilegio para el capital. Así, en la práctica reconoce dos clases de personas: los que pueden no pagar impuestos por ser dueños del capital, y los trabajadores que tienen que pagar impuestos porque no tienen ningún beneficio.

-Claro, porque no hay forma de no pagar el IVA.

La Norma General Anti Elusión está bajo ataque y en esta próxima elección presidencial va a ser cuestionada: van a decir que produce incertidumbre, que no se entiende, que no se puede aplicar”.

Y tampoco los trabajadores que tienen contrato pueden posponer o no pagar el impuesto de segunda categoría. Y los mayores ingresos del Estado vienen por el IVA. Lo que trató de hacer la reforma tributaria al proponer eliminar el FUT, fue que la estructura tributaria fuese más justa.

-Este aspecto es muy resistido por los empresarios.

Hoy todos dicen que la reforma estaba bien intencionada, y también, que lo que todos quieren es aumentar la recaudación. Pero agregan inmediatamente: el problema es que se hizo mediante instrumentos inadecuados. En eso se esconde ideología. Para descorrer el velo uno tendría que preguntar: ¿qué quieren decir con instrumentos inadecuados? ¿Que tenemos que volver al impuesto a la renta sobre la base “consumo” porque incentiva el crecimiento económico y la mantención del capital? Esa es una discusión que se debiera revivir, porque es fácil decir que todos queremos que se recaude más, pero la pregunta importante es cómo vamos a recaudar. El problema del sistema tributario no es simplemente recaudar, sino cómo se recauda. De nuevo, es un problema de estructura, que no se resuelve simplemente aumentando las tasas.

-Hablemos ahora de otros mecanismos de elusión: los Fondos de Inversión Privados (FIP).

Son mecanismos que, como muchas otras medidas que buscaban incentivar el mercado de capitales y el financiero, se prestaban para mucha elusión. Ahí de nuevo está el conflicto entre una política pública que para incentivar establecía privilegios y la manera en que esa misma política era sobreexplotada con el diseño de los abogados.

Sebastián Piñera

-¿Qué norma se usó cuando Sebastián Piñera no pagó impuestos por la venta de las acciones de LAN a través de Axxion?

La pregunta es: ¿por qué no pagó impuestos por esa venta de acciones? Para no pagar, se usó el 18 ter, una norma que buscaba incentivar el mercado de capitales. Pero en este caso, se obtuvo un beneficio tributario al que no debió acceder, porque la venta de esa sociedad (Axxion) no incentivó el mercado de capitales. Se cumplieron formalmente todos los requisitos: las acciones se pusieron a la venta en la bolsa para cumplir con el requisito de presencia bursátil, pero quienes compraron y vendieron eran sociedades que pertenecían al mismo grupo, se hicieron entre relacionados. Ese es un caso de elusión.

-¿Y qué rol le cabe a los paraísos fiscales en las estrategias de elusión?

Los paraísos fiscales son un caso paradigmático de elusión. Dado la apertura de los mercados y los flujos de capitales en el mundo globalizado, es muy fácil moverse de un lugar a otro y evitar las obligaciones tributarias territoriales. Así, poniendo el capital en un paraíso, evito cualquier conexión con un territorio. Y eso es muy importante para el diseño de un sistema tributario. ¿Puedo establecer un sistema que desconozca cómo se mueven estos capitales? Por ejemplo, un impuesto a la herencia, o un impuesto al patrimonio, tiene que tener en consideración que es muy fácil sacar la plata de Chile. Lo que hoy se discute es cómo miro al interior de un paraíso y puedo cobrarles. Ya nadie duda en el mundo que los paraísos fiscales son problemáticos y la pregunta es cómo se regulan.

La policía hondureña tiene dos calabozos en Amapala. Uno lo usa como bodega. El otro, casi siempre, está vacío. Amapala es una perfecta isla volcán, al fondo del golfo de Fonseca, en la que la vida aún transcurre muy despacio. En paz. Una verdadera isla en Honduras, uno de los países más violentos del mundo. Pero en esta isla no pasa nada. “La mayor parte de los casos que atendemos son por borrachos o por violencia doméstica”, dice la jefa policial. “Aquí hay poco trabajo”. ¿Ni siquiera robos? Ella mira a dos de sus compañeros agentes, asignados a la isla hace tres meses. Todos ríen: “No, casi nada. Aquí es bien aburrido”.

Mientras la tasa nacional de homicidios cerró el año pasado en 60 por cada 100 mil habitantes, en Amapala ni siquiera se ponen de acuerdo en cuándo sufrieron el último asesinato. Según la policía, sucedió hace tres años, cuando un minutero que venía de tierra firme asesinó a un pescador en una borrachera. Los pobladores concuerdan con el hecho, pero algunos creen que fue hace cuatro años, o hace más. Hablan de los anteriores homicidios como si se tratara de leyendas pasadas de generación en generación: Un marido celoso que mató a un cadete de la escuela naval que se enredó con su esposa; un hombre con discapacidad mental que arrojó una roca en la cabeza de su cuñado “que lo molestaba mucho”. Y nadie recuerda más.

Para todo el municipio, que también se llama Amapala y que incluye la mayor Zacate Grande y las otras pequeñas islas hondureñas en el golfo, la policía registró dos homicidios en 2015. Ninguno el año pasado. Amapala es el municipio menos violento de Honduras. En esta isla no pasa nada.

El letargo de la tarde es apenas roto por una parvada de guacamayas que pasa volando sobre nosotros. Pájaros rojos y hermosos que gritan con un descaro que sería suicida en Tegucigalpa o San Salvador.

La isla sería idílica de no ser por la decadencia del casco urbano, la miseria de sus habitantes y los promontorios de basura acumulándose en la playa, a la entrada de las casas alejadas del casco urbano. Porque el tren de aseo no abarca más que el centro.

A finales del siglo XIX, los alemanes constituían una colonia muy próspera y dinámica al sur de Honduras, y se establecieron en Amapala por la facilidad para comerciar a través dle puerto. Las viejas construcciones de madera alemanas se encuentran ahora en decadencia, como el resto de la isla. Foto: Fred Ramos

En toda la isla solo hay un bar y un restaurante; lo demás son champas de playa que ofrecen mariscos preparados al lado de casetas que cumplen la función de baños y en los que los orines caen directamente a la arena. La mayoría de las casas del municipio no cuentan con drenaje y en algunas propiedades el agua se acumula por semanas en fétidas charcas donde los niños juegan extrayendo basura que pelean a enormes zopilotes.

Una carretera de casi 20 kilómetros circunda el volcán. A pesar de la escasa población y de los también escasos turistas, hay una epidemia de mototaxis que circulan todo el día vacíos o con mercancía. O transportando a pobladores de las áreas rurales que van al pueblo a hacer compras, o a la iglesia, o a recibir remesas en el banco. Como no hay gasolineras, algunos lancheros aprovechan los viajes a tierra firme para obtener combustible y venderlo a los taxistas.

Hay un solo cajero automático que no sirve desde hace meses; ni siquiera el hotel más caro de la isla acepta pagos con tarjeta y cuando se va la energía eléctrica, algo frecuente, se paraliza toda la actividad económica. Fuera del pequeño casco urbano, que se dedica a la burocracia y a proveer de servicios básicos a los turistas ocasionales y a quienes viven en la base naval, los amapalenses viven de una economía de subsistencia: pescan rudimentariamente para alimentar a su familia y vender; y siembran en sus pequeñas parcelas. Hay viviendas hechas con tablas de madera entrecruzadas, dejando enormes huecos por los que entra libremente la lluvia en invierno. Es una isla de pobres. Pero aquí, el gobierno hondureño y un grupo de extranjeros con ideas radicales piensan iniciar un experimento del que poco o nada saben los amapalenses.

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Durante una reciente gira por Washington, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández publicó en Twitter una foto en la que se encontraba reunido con algunos congresistas estadounidenses. Puede verse sentado, al fondo del salón, a un hombre calvo de mediana edad. Se llama Mark Klugmann. Es estadounidense y asesor del presidente Hernández. Ningún otro miembro de la delegación hondureña conoce tan bien algunas de las oficinas visitadas en la gira, que incluyó reuniones con el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el vicepresidente Mike Pence. Tres décadas después de trabajar en esas oficinas, Klugmann volvió como miembro de una delegación hondureña.

A mediados de los años ochentas fue miembro del equipo que redactaba los discursos del presidente Ronald Reagan. Experto en estrategias políticas, lleva décadas trabajando con la derecha centroamericana, prometiendo elevar los índices de popularidad de candidatos y presidentes a través de medidas efectistas y radicales.

En El Salvador fue asesor del presidente Armando Calderón Sol y durante la administración del presidente Francisco Flores se vio envuelto en un escándalo cuando el efemelenista Schafik Hándal denunció que CEPA lo había contratado por casi $30 mil dólares mensuales “para modernizar los puertos” del país. El presidente Flores explicó posteriormente que ese monto era para pagar al equipo de Klugmann, quien era, dijo el presidente, “un consultor especializado en proyectos de modernización”.

En algunas entrevistas, Klugmann se ha autodefinido como “periodista”. Pero a La Prensa Gráfica, en 2007, le aseguró ser “un consultor político de campaña”. Lo hizo en Honduras con Porfirio Lobo, durante dos campañas: la que perdió contra Manuel Zelaya en 2006 y la que ganó, después del golpe de Estado, en 2009. En El Salvador, a decir de algunos allegados al gobierno del presidente Francisco Flores, su trabajo como asesor era justamente en temas de campaña y de mejorar los índices de popularidad de presidente. Una de sus contribuciones fue el plan Mano Dura: un programa diseñado para aumentar la popularidad del presidente Francisco Flores, golpeado por las elecciones parlamentarias de medio periodo en las que Arena perdió la mayoría.

En Guatemala asesoró la campaña de Otto Pérez Molina, cuyo mensaje central era la promesa de una mano dura contra la delincuencia. Después el asesor recaló en Honduras, donde se quedó con el gobierno de Lobo, al que le montó la misma campaña. Hoy, que asesora a Juan Orlando Hernández, le ha convencido de que una de sus promesas centrales para la reelección sea endurecer las penas contra la delincuencia.

A la cabeza de un grupo de libertarios norteamericanos -entre los que se encuentra el hijo de Reagan-, y con el beneplácito de sus protectores presidentes hondureños, Klugmann tiene autoridad legal para concesionar y autorizar zonas enteras del territorio hondureño a corporaciones que tendrán su propia policía; en las que no aplicará la ley hondureña ni pagarán los impuestos previstos para el resto del territorio. El régimen, conocido como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Zedes, fue presentado por el gobierno hondureño como un modelo para atraer inversión extranjera con condiciones de seguridad jurídica y pública por encima de los estándares nacionales. En otras palabras, a la medida de los inversionistas.

“Se trata de zonas francas con extraterritorialidad fiscal, con autonomía aduanera y jurisdiccional”, dice Octavio Sánchez, el principal promotor hondureño de las Zedes.

El Puerto de Amapala es la única Zede conocida hasta ahora, aunque aún no cuenta con concesionarios. Honduras prevé convertirse en el gran receptor regional de carga en el Pacífico, como parte de un megaproyecto logístico que incluye también un canal seco para transportar mercadería hasta el Atlántico. Y lo hará concesionando todo el territorio que requiera el inversionista.

Juan Orlando Hernández, un populista de derecha con políticas -y con un discurso- que recuerdan al expresidente salvadoreño Antonio Saca, ha dicho que Honduras se convertirá en una alternativa al canal de Panamá y que esa alternativa comienza en Amapala. “Aspiramos a captar no menos del 5 % de la necesidad de trasladar mercancía de un océano a otro”, dijo Hernández ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2014.

Esta Zede, diseñada por la agencia de cooperación coreana KOICA, incluye además un puerto seco en el municipio de Alianza, fronterizo con El Salvador, para centralizar la recepción y distribución de contenedores que lleguen a Amapala, más los que lleguen por vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Unos 35 kilómetros al este de Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el desarrollo de un centro logístico y de vivienda para producir y satisfacer las necesidades del puerto y de miles de empleados.

En la ONU, Hernández anunció que su gobierno está construyendo una autopista que permitirá el ágil traslado de contenedores desde Alianza hasta Puerto Cortés, en el Atlántico, en menos de seis horas. Las autoridades hondureñas aseguran que más de 80 % de la autopista ya está terminada. De los otros tres proyectos, en cambio -Amapala, Nacaome y Alianza-, aún no se ha colocado una sola piedra.

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Dos estadounidenses con muy distintas carreras se disputan la paternidad de las Zedes. Uno de ellos es Klugmann. Pero es comúnmente aceptado que el concepto tiene su origen en una oficina de la Universidad de Nueva York. El profesor Paul Romer lo creó en su escritorio le llamó Ciudades Charter. Eran centros urbanos que serían construidos en lugares despoblados, convertidos básicamente en una gran zona franca con administración y legislación internacional. Era la solución, dijo, para atraer inversión a países subdesarrollados.

Poco después de la toma de posesión del presidente Porfirio Lobo, Romer se encontró con Octavio Sánchez, un joven graduado de Harvard que había escalado meteóricamente en el poder hondureño y era uno de los principales asesores de Lobo. Honduras intentaba entonces normalizar su situación política y económica, duramente golpeada como consecuencia del golpe de Estado de 2009. “El golpe nos aisló internacionalmente y no venían inversiones”, dice Sánchez. “Andábamos buscando proyectos que pudieran atraer inversiones y en ese momento nos encontramos con Romer”.

En una Ted Talk, Romer explicó su proyecto. Partía de la noción de que algunos países no pueden desarrollarse debido a sistemas de reglas y condiciones políticas que les impiden crear un entorno positivo para la inversión. Con Hong Kong como modelo, Romer pensó que ciertas regiones de un país pueden atraer capitales si funcionan bajo reglas distintas que el resto del país subdesarrollado. En teoría, esto atraerá inversionistas para desarrollar toda la infraestructura (energía eléctrica, carreteras, puertos, escuelas etc…) en la región y consecuentemente se instalarán negocios y se construirán ciudades. Atraídas por las oportunidades, muchas familias se mudarán a la nueva región para vivir y trabajar allí. En teoría. “No se trata de un nuevo colonialismo, porque no hay ni coercitividad ni concesiones especiales”, dijo Romer en su charla. Lo que el ingenuo profesor no tomó en cuenta son las razones por las cuales los países subdesarrollados lo son. Y no es por falta de reglas, sino por cómo son utilizadas. Es decir, el tráfico de influencias y la corrupción endémica en esos países, practicada incluso por las corporaciones que aterrizan desde el llamado primer mundo. Esa ha sido la historia de Honduras y esa fue, a la larga, la razón por la que Romer abandonó su proyecto allí.

“No deberían dejar a los académicos sueltos en tierras salvajes”, dijo el profesor Romer, a manera de broma, en su presentación. Eso fue exactamente lo que sucedió. Romer se involucró directamente en el proyecto hondureño y salió escandalizado.

Con miras a una entrevista formal, intercambiamos algunos correos el año pasado. En uno de ellos Romer escribió: “Me he distanciado del proyecto (en Honduras) porque, la última vez que revisé, estaba yendo hacia una dirección que yo no apoyaba. Específicamente, temo que pueda ser utilizado de una manera que creo que es intolerable, como una vía para que un pequeño grupo de personas con acceso al poder en Honduras puedan distorsionar la voz democrática de manera indefinida”. Poco después de aquel intercambio, el profesor fue nombrado jefe de economistas en el Banco Mundial. Pocos días antes de que nos reuniéramos, uno de sus asistentes canceló la entrevista alegando que, debido a sus nuevas labores como funcionario internacional, “tengo la impresión de que (Romer) no querrá discutir ese proyecto pronto”.

¿Qué pasó? Justo lo que Romer dijo en su charla que no pasaría: Antes siquiera de que las Zedes iniciaran, se otorgaron concesiones especiales. Y lo hicieron otros norteamericanos, que se embarcaron pronto en el proyecto gracias a los oficios de Mark Klugmann.

Entre muchas otras cosas, Klugmann se atribuye también la paternidad de las Zedes y se queda corto de acusar a Romer de plagio. Ha dicho que, debido al “inmediato éxito” del proyecto, “un prominente profesor con conocimiento de los medios de comunicación” inventó una versión alternativa de la paternidad. (Aunque Octavio Sánchez dice haber ido personalmente a convencer a Romer de que trajera su idea de las ciudades modelo a Honduras). El Faro intentó hablar con Klugmann por varias vías, pero nunca respondió.

“El modelo de las Zedes nació de mi experiencia en el mundo real, ayudando a países a llevar a cabo reformas económicas”, escribió Klugmann en una revista financiera de las islas Caimán.

Pero ese proyecto, para ser convertido en ley en Honduras, ocasionó eventos traumáticos para la nación.

En 1895 Amapala fue designada capital de la República Mayor de Centroamérica, conformada por Honduras, Nicaragua y El Salvador. En 1898, cuando entró en vigor la constitución, la república cambio de nombre y se llamó Estados Unidos de Centroamérica. La fugaz unión terminó ese mismo año con el golpe de estado del presidente salvadoreño Tomás Regalado, quien declaró la separación del territorio salvadoreño. Al poco tiempo Honduras y Nicaragua hicieron lo mismo. Foto: Fred Ramos

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A las siete de la noche del 12 de diciembre del año 2012, tres contingentes del Ejército hondureño rodearon el Congreso Nacional en Tegucigalpa. El entonces presidente de la Asamblea, Juan Orlando Hernández, llamó a sesión extraordinaria para discutir un asunto grave: la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Las cámaras de televisión transmitieron en vivo la llegada de los militares y la de los diputados. Honduras estaba en vilo, apenas tres años después de un golpe de Estado.

El legislativo, en contubernio con el Ejecutivo, estaba por destituir a cuatro magistrados incómodos. El pretexto: una resolución que declaró inconstitucional las pruebas de polígrafo aplicadas a agentes policiales durante un proceso de depuración.

A la 1:30 de la madrugada Hernández abrió el debate: “Es una conspiración y estamos obligados a debatir este tema. Unos de nosotros trabajando, exponiéndonos… ¡Y otros conspirando contra los que estamos haciendo por recuperar la paz y la tranquilidad! Tenemos que seguir trabajando hasta encontrar a los responsables finales de esta conspiración”.

El resto de la sesión, que duró varias horas, fue un mero trámite. Más de tres horas de intercambios y acusaciones entre diputados. Gladys Aurora López , la actual vicepresidenta del Congreso y presidenta del Partido Nacional en el poder, dijo en aquella sesión que el momento de la destitución era oportuno porque el país no había podido aplicar “otras siete leyes que declararon inconstitucionales”, entre ellas las llamadas Ciudades Modelo.

Allí mismo fueron reemplazados los magistrados y poco tiempo después las Ciudades Modelo fueron rebautizadas como Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, las Zedes; y tras una modificación constitucional convertidas en ley por aquel mismo Congreso apenas un mes después, el 30 de enero de 2013.

Para entonces, y tras meses de campaña pública en su contra desde los otros dos poderes del Estado, los magistrados destituidos comenzaron a sufrir amenazas y ataques armados.

“Sí, había amenazas. Alguien de las Fuerzas Armadas llamó al magistrado (José Francisco) Ruiz Gaekel y le dijo que nos fuéramos del país, que venían por nosotros”, dice Rosalinda Cruz Sequeira, una de las destituidas. “Del Congreso nos advirtieron que nos fuéramos de nuestras casas. Yo me fui a la del magistrado (José Antonio) Gutiérrez Navas, porque su esposa es española”.

Los cuatro magistrados tenían una carrera notable. Desde su cargo en la Corte Suprema de Justicia vivieron (y tácitamente avalaron) el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya; Gutiérrez Navas, además, fue el jefe del equipo de abogados que litigó en La Haya en el diferendo con El Salvador; y Rosalinda Cruz Sequeira es, además, hija de un expresidente hondureño que también fue presidente de la Corte Suprema (Ramón Cruz Uclés).

Las amenazas, dice Gutiérrez Navas, iniciaron el día en que iban a resolver sobre las Ciudades Modelo, el 22 de agosto de 2012. “El presidente Lobo y Juan Orlando Hernández llegaron a la Corte para presionar para que el fallo no fuera de inconstitucionalidad. Nos amenazó (Lobo), que nos atuviéramos a las consecuencias. El 12 de octubre, en una recepción, me encontré con el presidente Lobo. Me dijo: ‘usted se va a tener que ir del país, pero no tendrá problemas para eso porque su esposa es española’”. El entonces presidente del congreso, Juan Orlando Hernández, los acusó públicamente de estar coludidos con el crimen organizado. Gutiérrez Navas abandonó el país.

Cruz Sequeira ha denunciado el intento de secuestro a una de sus hijas, y que dos patrullas hicieron disparos contra su casa.

Los cuatro magistrados destituidos han documentado las amenazas y denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera los ex magistrados confían en el sistema judicial hondureño.

El quinto miembro de la Sala de lo Constitucional, el único que votó a favor de todas las enmiendas declaradas inconstitucionales y el único que permaneció en su cargo, es hoy el fiscal general de Honduras, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández.

Las enmiendas constitucionales resueltas por los nuevos magistrados han sido tan controversiales que hasta el sector privado hondureño tiene reparos. Armando Urtecho, el director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, abandona los protocolos cuando habla de ello: “Desde que modificaron la Constitución, que no se podía modificar, pues ya pueden hacer lo que quieran”, dice. “Perdone que le sea tan franco. Pero solo en Honduras han declarado inconstitucional a la misma Constitución”.

Juan Orlando Hernández, desde su silla en el Congreso, abanderó en 2009 el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, oficialmente destituido porque pretendía hacer una consulta popular sobre la reelección, prohibida por la Constitución. Menos de una década después, Hernández es presidente de Honduras y se encuentra ahora en plena campaña para su propia reelección, avalada ya por la nueva Sala de lo Constitucional. La de los magistrados juramentados aquella noche de diciembre de 2012 en la que el ejército rodeó el Congreso.

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No importa para dónde se camine en Amapala, uno termina siempre encontrando ruinas de lo que alguna vez fue esplendor: Al fondo de la plaza, frente al mar, se encuentra el Casino de Amapala, inaugurado en 1933 con su gran salón en el que la alta sociedad hondureña, venida desde Tegucigalpa, San Pedro o Comayagua, celebraba elegantes bailes. Ahora ha desaparecido la mitad del techo y la entrada está remendada con láminas. De los balcones se ha desprendido el cemento y apenas sobreviven vigas oxidadas por la sal marina. El salón sirve hoy de tendedero a tres familias que ocupan ilegalmente el edificio desde hace varios lustros y que dedican el día a jugar cartas en el patio frontal y la noche a dormir en camastros colocados donde antes fueran los comedores y la cocina.

Salón principal del casino de Amapala, cuya construcción inició en 1933. Tres familias sin hogar llevan décadas ocupando sus salones. En octubre de 1933, la Revista Tegucigalpa publicó un artículo en conmemoración del centenario de la creación del puerto. “El casino estaba quedando estupendo”, decía. Foto: Fred Ramos

A siete kilómetros del casino, en una pequeña bahía llamada Playa Negra, se encuentra un hotel de 50 habitaciones que permanece abierto por inercia. No hay un solo huésped desde el fin de semana pasado, cuando una pareja ocupó uno de los cuartos; y del fondo de la piscina vacía crece una alfombra de hierbas. Sus vecinos en la playa son pescadores que viven en cuatro viviendas de lámina rodeadas de basura.

Amapala fue capital de Honduras y también de la efímera República Federal de Centroamérica, a finales del Siglo XIX. Era, hasta entrados los años 70 del Siglo XX, el principal puerto hondureño en la costa del Pacífico. Aquí atracó el presidente electo estadounidense Herbert Hoover, durante su viaje de buena voluntad por Centroamérica, después de visitar Cutuco en El Salvador, en 1928. En el centro del casco urbano aún se conservan algunas casas de madera de la antigua colonia alemana dedicada al comercio, en una de las cuales se hospedó Albert Einstein. Los días de prosperidad terminaron hace mucho. Pero el presidente, Juan Orlando Hernández, les ha prometido que pronto volverán.

El alcalde de Amapala, Santos Alberto Cruz Guevara, visitó Busán el año pasado, junto con los alcaldes de Alianza y Nacaome, invitados por el gobierno coreano. “Pudimos ver cómo un país devastado por la guerra pudo levantarse en 50 años”, dice. Pero no tiene claro cuál será su rol si el puerto termina bajo el marco legal de una Zede. “No nos han dicho nada de eso. Supongo por lo que vimos allá que el puerto estará en el mar, flotante, pero no hay claridad”. El alcalde no sabe si le tocará lidiar con la basura generada por un puerto de esas dimensiones, ni con las heces producidas por los trabajadores. “Ni siquiera tengo claro si ese puerto ya no será de mi municipio ni hasta dónde llegará el territorio de mi jurisdicción”, dice.

El gobierno hondureño solo le ha dicho que este es un momento idóneo para aprovechar el golfo de Fonseca (y el fracaso del puerto de Cutuco, en El Salvador) y ampliar la capacidad de recepción de carga marítima en el Pacífico. “(El puerto de) La Unión no va a dar abasto”, dice Ebal Díaz Juárez, el jefe de gabinete del gobierno de Hernández. “Honduras no renuncia a la posibilidad de un megapuerto, y Nicaragua también necesita uno”.

Pero es muy difícil imaginarse una Busán en Amapala. Lo que todos los pobladores piden es apenas un puente que una a la isla con tierra firme para que el comercio fluya, para que lleguen los buses y las pipas con gasolina y los carros con turistas. Ese es su sueño.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, las principales actividades económicas de los amapalinos son la agricultura, silvicultura, caza y pesca que sustentan a un 53% de la población total del municipio. Foto: Fred Ramos

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Mark Klugmann conoció a Octavio Sánchez en la Casa Presidencial de Lobo. Sánchez le atribuye una maniobra extraña que terminó sacando al profesor Romer del juego. De acuerdo con esta versión, Klugmann convenció al presidente Lobo de otorgarle una Zede a un empresario estadounidense llamado Michael Strongman, para fundar en Honduras un parque de alta tecnología. Strongman es, como Klugmann, un libertario.

Debido a las controversias generadas por la posible concesión de una Zede de manera arbitraria y sin procesos, Strongman ya no pudo invertir en Honduras. Klugmann, sin embargo, se quedó al frente de un grupo diseñado para arbitrar todo lo concerniente a las Zedes.

El llamado Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas, o CAMP, fue creado por decreto ejecutivo en enero de 2014 y posteriormente convertido en ley por la Asamblea Legislativa. Entre sus funciones está la de producir un listado de nombres de jueces expertos en derecho británico, es decir, al menos en un principio, extranjeros, para que el Consejo de la Judicatura elija de entre esa lista quiénes aplicarán las leyes británicas en los tribunales instalados por las Zedes.

El CAMP está compuesto por 21 miembros, nombrados por el presidente Lobo y ratificados por el Congreso. El decreto que oficializa su nombramiento parece la lista de invitados a una reunión de libertarios en California o en las islas Caimán. De los 21 miembros solo hay cinco hondureños; entre ellos Octavio Sánchez; el jefe de gabinete Ebal Díaz y el expresidente Ricardo Maduro. Los demás son todos extranjeros, traídos por Klugmann. Y todos libertarios. Entre ellos está Michael Reagan, el hijo del expresidente estadounidense; y Grover Norquist, veterano del escándalo Irán Contra, colaborador cercano del republicano Newt Gringich y fundador de la organización Americans for Tax Reform, que se opone a todo tipo de impuestos.

Además están los libertarios Surse Pierpoint, exgerente de la Zona Libre de Colón, en Panamá; Lars Seier Christensen, un banquero danés; y Barbara Kolm, académica austriaca, cuyo nombramiento el gobierno hondureño tuvo que salir a defender después de que en Austria se le vinculara con el partido nacionalista.

Hay dos latinoamericanos no hondureños, libertarios también, y ambos profesores eventuales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala: el peruano Enrique Ghersi; y el argentino nacionalizado estadounidense Alejandro Chafuen, columnista de Forbes y presidente de Atlas Networks, una organización en Estados Unidos que promueve alianzas entre tanques libertarios de pensamiento; es miembro de varias organizaciones de este tipo.

Los libertarios creen en la mínima, prácticamente nula intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y en la eliminación total de los impuestos porque estos, dicen, atentan contra los derechos y la libertad de los ciudadanos. Algunos libertarios son miembros del ala más derechista del partido Republicano de Estados Unidos; otros influyentes empresarios y cabildeadores.

Hasta el final de la Guerra Fría eran considerados un grupo extremista y marginal, pero han ganado mucha influencia en los últimos años en el Partido Republicano a través del llamado Tea Party y, desde el triunfo de Obama en 2009, han multiplicado su capacidad de financiamiento y de influencia para resistir a la agenda progresista. Tienen mucha presencia en la administración Trump.

Entre sus principales financiadores y líderes están los hermanos Koch, propietarios de Koch Industries, uno de los mayores capitales globales y quienes han liderado en los últimos años los esfuerzos por imponer la agenda libertaria en la política estadounidense.

¿Pero qué hacen en Honduras tantos libertarios? Octavio Sánchez dice que todos aceptaron de buena voluntad formar parte del CAMP, atraídos por Klugmann, aunque algunos de ellos ni siquiera sabían qué implicaciones tendría su nombramiento. “Esos son los que fueron ratificados por el Congreso, sí, pero en ese listado hay ya uno fallecido y otros que nunca han asistido a ninguna convocatoria, por lo que una nueva lista deberá ser aprobada pronto”.

A juzgar por las recientes fotografías de Washington, el perfil de los miembros del CAMP no cambiará mucho, porque Klugmann sigue siendo un hombre muy cercano al poder. Fue Klugmann quien los invitó a participar en este proyecto, en el que se combinan todos los elementos por los que abogan los libertarios: mínimos o nulos impuestos y una mínima intervención del Estado, apenas en la figura del CAMP, que son justamente ellos.

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El artículo 22 de la ley de creación de las Zedes es el más controversial. Advierte que ellas “deben establecer sus propios órganos de seguridad interna con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario; así como la vinculación con la estrategia de seguridad del país”.

Esto significa que los concesionarios, aquellos que tengan suficiente poder económico para invertir en un proyecto de esta envergadura, tendrán no solo un régimen libre de impuestos, sino también un sistema político, jurídico y de seguridad pública a su medida. De manera, aclara la ley, “exclusiva”.

El artículo es de especial preocupación en un país cuyos más grandes capitales sostienen graves conflictos con campesinos por la tenencia de la tierra, como en la zona del Bajo Aguán .

“No le des muchas vueltas. Las Zedes son una repetición grotesca del enclave bananero”, dice Víctor Meza, ex ministro del depuesto gobierno de Zelaya y director ejecutivo del Centro Hondureño de Documentación. “Como el enclave bananero, pero con más facultades”.

Entre las facultades de los concesionarios de las Zedes están las de comprar tierras de privados para ser explotadas en el proyecto y, en caso de que estos se nieguen a vender, pueden expropiar. Es decir, si un concesionario es autorizado para desarrollar un proyecto agroindustrial en una zona poblada, o cuyas tierras están en disputa, el régimen especial de las Zedes permite que el concesionario obtenga las tierras. Comprando o expropiando.

Los conflictos podrían estar más cerca de lo previsto: Frente a la isla del Tigre se encuentra Zacate Grande, probablemente la parte del municipio de Amapala donde más resistencia hay contra el puerto. Decenas de pescadores de la comunidad de La Flor mantienen allí un litigio legal contra la familia Facussé, una de las más poderosas de Honduras, que reclama la propiedad de las tierras. Bertín Osorio, uno de los pescadores, nació en esta playa. También, dice, su papá y su abuelo. Pero, de la nada, una noche de 2005 la policía llegó a su casa y a las de sus vecinos y detuvo a 12 personas. Los acusó de usurpar las tierras de la familia Facussé. Recobraron su libertad con medidas sustitutivas. “Imagínese si esto es ahorita qué pasará cuando vengan todos esos inversionistas a quererse quedar también con nuestras tierras”, dice.

Uno de los líderes de la comunidad es Pedro Canales, un hombre mayor al que este conflicto le tiene visiblemente mermado de salud. “Hace 25 años los ricos nos despojaron de las playas de Zacate Grande bajo promesas de desarrollo. Hoy estamos en resistencia porque no nos quieren dejar vivir en ningún lado. ¿Ha visto la maqueta del puerto de Amapala? Uno se pregunta: ¿Adónde va a vivir uno? ¿Desarrollo para quién va a ser ese?”.

Osorio y Canales y los demás pescadores viven, por tierra, lejos de todo. Pero con sus lanchas navegan por las aguas de tres distintos países. Frente a su casa hay más de 20 metros de playa cuando la marea es baja. Pero cuando sube llega hasta su pequeño muro. Hoy hay una bandada de garzas pescando moluscos en la playa húmeda. Enfrente, hay un pequeño islote unido a tierra firme por un puente de concreto, que mandó a hacer la familia Facussé cuando reclamó estas tierras. Ese islote, antes campo lúdico para las familias de los pescadores, hoy es zona prohibida.

“Los pobladores tienen miedo de que les expropien sus tierras y tampoco sabemos cómo va a quedar el tributo al municipio”, dice el alcalde de Amapala, Santos Cruz.

A esto es a lo que le temen también los magistrados destituidos, que creen que su expulsión solo puede ser explicada por la obsesión de los grupos de poder en aprobar las Zedes para beneficiarse.

El gobierno dice estar consciente de los históricos problemas que siembran sospechas sobre el proyecto. “Los ricos se han hecho ricos a costa de los contratos del Estado”, admite Ebal Díaz, el jefe de gabinete del presidente Hernández; “Honduras sufre de la concentración de la riqueza en pocas manos y necesitamos una ley para limitarla”. Pero esa ley ni siquiera ha sido propuesta por nadie. En cambio la de las Zedes es ya parte de la legislación hondureña.

La idea de las Zedes, repite Octavio Sánchez, surge de la necesidad de atraer inversión extranjera. “Esa es la idea”.

Ebal Díaz, el secretario presidencial, asegura que ya hay varias iniciativas para obtener una ZEDE. Se niega a decir cuáles son. Le pido que al menos me diga de qué países provienen esos capitales dispuestos a invertir en Honduras bajo este nuevo régimen. “Los tres más fuertes son grupos hondureños, dueños de las tierras”.

Ver la versión original de este reportaje publicada por El Faro

El 15 de septiembre de 1970 fue un día dramático en la vida del recientemente fallecido magnate de la prensa chilena Agustín Edwards Eastman. El dueño de El Mercurio comenzó ese día a las 8:00 en Washington, desayunando en la oficina de Henry Kissinger, entonces consejero de Seguridad Nacional del presidente Richard Nixon. A las 9:15, Kissinger había concertado una reunión para Edwards con Nixon en el Salón Oval de la Casa Blanca. A pesar de que no hay registros que confirmen que esa reunión se haya concretado, sí es seguro que ese mismo día, más tarde, en el Hotel Madison, en el centro de Washington D.C., Edwards se convirtió en el único chileno –civil o militar– del que se sepa que se haya reunido cara a cara con el director de la CIA Richard Helms. Luego, a las 15:25, el presidente Nixon llamó a Kissinger y a Helms al Salón Oval, donde les dio la instrucción de intentar “salvar Chile” de manera encubierta, orquestando un golpe militar.

“Tengo la impresión de que el presidente organizó esta reunión, por la presencia de Edwards en Washington y lo que… Edwards estaba diciendo sobre las condiciones en Chile”, testificó luego Richard Helms ante el Senado de Estados Unidos.

La extraordinaria influencia de Agustín Edwards en la política estadounidense y en la intervención de la CIA en Chile, no terminó ahí. Cuando la acción encubierta de la CIA –que incluye el asesinato en octubre de 1970 del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército en ese momento– falló en bloquear la asunción de Salvador Allende, el imperio mediático de Edwards asumió el liderazgo -como colaborador clandestino- en fomentar un Golpe de Estado. El presidente Nixon personalmente autorizó fondos encubiertos de la CIA para apoyar a El Mercurio, de modo de que pudiera convertirse en un megáfono mediático de la oposición, agitación y desinformación contra el gobierno de Allende.

Agustín Edwards

Después de su derrocamiento, la CIA explícitamente dio créditos a su proyecto de propaganda mediática en Chile por jugar “un significativo rol en preparar el escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973”, y continuó canalizando dineros al grupo Edwards para que El Mercurio pudiera “presentar a la Junta de la manera más positiva al público chileno”.

A lo largo de su vida, el señor Edwards negó que todas estas cosas hubieran tenido lugar. Aseguró que él y El Mercurio nunca recibieron financiamiento secreto de la CIA. En cuanto a su encuentro con Helms, declaró ante el ministro Mario Carroza: “Esta reunión se efectuó días después de la elección de Salvador Allende, oportunidad donde se comentó las circunstancias de haber salido un presidente comunista en un país democrático, pero en ningún caso se pensaba en un Golpe de Estado o algo parecido”.

Pero la desclasificación de decenas de documentos secretos de la Casa Blanca y la CIA sobre su intervención en Chile, entregó una verdad histórica que, a lo largo de su vida, Edwards no quiso nunca admitir.

Estas son algunas de las revelaciones clave que contienen esos documentos:

• Durante su larga conversación con el director de la CIA (Richard Helms) y uno de sus principales asesores, Kenneth Millian, Edwards no solo presionó para que Estados Unidos apoyara un golpe preventivo y bloqueara la asunción del recién electo Presidente de Chile, Salvador Allende; también entregó detallada información de inteligencia sobre los potenciales conspiradores de un golpe en las Fuerzas Armadas chilenas, y discutió “el ‘timing’ para una posible acción militar”.

De acuerdo a un memorándum de la CIA sobre la conversación con Edwards, titulado “Conversación sobre la situación política chilena”, en esa reunión revisaron sistemáticamente la fuerza y el potencial para un golpe de cada una de las ramas militares. Durante la discusión sobre la Armada, “Edwards describió al vicealmirante Fernando Porta, comandante en jefe de la Armada, quien se oponía a Allende, como indeciso y excesivamente cauteloso”. Reportó que “de 11 almirantes de marina, ocho son anti-Allende y tres son pro-Tomic, incluyendo al vicealmirante Luis Urzúa Merino, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina”. Más adelante, en la conversación, Edwards informó a la CIA que después de “discutir la situación post-electoral con el [general Camilo] Valenzuela y algunos oficiales navales clave, estaban preocupados por dos puntos básicos: 1) Si el gobierno chileno fuera derrocado en una acción militar, ¿tendría el nuevo gobierno el reconocimiento diplomático de Estados Unidos?; 2) ¿Recibirían las Fuerzas Armadas chilenas apoyo logístico para una acción contra el gobierno?”.

Agustín Edwards también le dijo a la CIA que el presidente Eduardo Frei Montalva sería un aliado poco confiable en cualquier intento de golpe. “Frei probablemente se acobardará a último minuto”, afirmó Edwards. Cuando los oficiales de la CIA le preguntaron a Edwards quiénes de sus conocidos “todavía tienen buenos contactos con los militares”, nombró a dos miembros del Partido Nacional: Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes. Además, ocupó bastante tiempo describiendo “al mejor hombre” que podía ayudar. Pero la identidad de ese individuo sigue siendo un secreto de la CIA.

• Después de reunirse con el director de la CIA, Edwards se quedó en Washington por varios días para seguir compartiendo información detallada con los funcionarios de la agencia que la CIA había movilizado para implementar la orden del presidente Nixon de orquestar un golpe. El 18 de septiembre, Helms reportó a Kissinger: “Estamos en un proceso de interrogar exhaustivamente en este momento al Sr. Edwards”.

• Henry Kissinger, de acuerdo a las transcripciones de sus llamados telefónicos que han sido desclasificados, intentó arreglar una reunión ultra-secreta entre Edwards y el presidente Nixon. La noche del 14 de septiembre de 1970, Kissinger llamó al funcionario que le veía la agenda a Nixon, Stephen Bull, y pidió que Edwards fuera llevado discretamente al Salón Oval antes de una reunión que Nixon tenía agendada la mañana siguiente con el vicepresidente de la Unión Demócrata Cristiana alemana, Gerhard Schroeder. “¿Necesita Edwards más de 15 minutos?”, preguntó Bull. “En ningún caso”, replicó Kissinger. “Lo agendaremos de 9:15 a 10:00”, afirmó Bull. “En ese periodo de 45 minutos entrará Edwards al comienzo y luego haremos pasar a Schroeder”. Kissinger pidió que la cita con Schroeder comenzara a las 9:45. Para mantener la reunión entre Nixon y Edwards en secreto, Kissinger instruyó a Bull: “no dejes que [Edwards y Schroeder] se encuentren. Haz salir a Edwards”. La agenda diaria de Nixon lo muestra juntándose con Kissinger entre 9:37 y 9:49 AM –una ventana de doce minutos que potencialmente incluye a Edwards– justo antes de que el presidente Nixon y Kissinger comenzaran una reunión de 30 minutos con Schroeder. No hay otros registros de la Casa Blanca que den cuenta de que esa reunión tuvo lugar. Edwards testificó ante el ministro Carroza: “No tengo recuerdos de haberme entrevistado con Nixon”.

• El Presidente Nixon autorizó personalmente más de US$1millón en septiembre de 1971 “para mantener al diario [El Mercurio] funcionando” (el monto inicial llegó a la considerable suma de 67 millones de escudos). Los documentos de la CIA y la Casa Blanca muestran que el grupo de medios de Edwards recibió casi US$2 millones de fondos encubiertos de la CIA entre el otoño boreal de 1971 y mayo de 1972. El dinero fue utilizado para pagar las cuentas y las deudas de El Mercurio y cubrir los “déficits operacionales mensuales” para asistir a las fuerzas opositoras. El Mercurio “ayuda a ponerle corazón a las fuerzas opositoras”, afirma un memo de Henry Kissinger. Ese dinero también sirvió para proveer cobertura mediática positiva a los candidatos anti-allendistas en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Adicionalmente, los registros de la CIA revelan que el Grupo Edwards recibió fondos secretos de la ITT en cuotas de US$100.000 a través de una cuenta bancaria en Suiza.

• El Mercurio y otros medios de propiedad de Edwards no sólo promovieron convulsión e inestabilidad en Chile, sino que conspiraron con las Fuerzas Armadas chilenas para generar las condiciones para un golpe. En mayo de 1973, la estación de la CIA en Santiago identificó a “la cadena de diarios de El Mercurio” entre “las partes más militantes de la oposición”, la que “ha fijado como su objetivo la creación de conflicto y confrontación que va a llevar a algún tipo de intervención militar”. El cable secreto de la CIA continúa: “Cada [parte militante] a su propio modo está tratando de coordinar sus esfuerzos con miembros de las Fuerzas Armadas que ellos supieran que compartían este objetivo”.

• La CIA atribuyó este “proyecto de propaganda” en que El Mercurio y los medios de Edwards eran actores clave, como habiendo “jugado un rol significativo en preparar el escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973”. De acuerdo a un reporte post-golpe de la CIA, “antes del golpe, el proyecto de medios de comunicación contuvo una barrera constante de crítica anti-gubernamental, explotando cada posible punto de fricción entre el gobierno y la oposición democrática, y enfatizando los problemas y conflictos que se estaban desarrollando entre el gobierno y las Fuerzas Armadas”.

• Después del Golpe de Estado, El Mercurio siguió recibiendo fondos encubiertos de la CIA hasta junio de 1974. La CIA determinó que los fondos eran necesarios para asistir al diario en su esfuerzo de ayudar al régimen de Pinochet a consolidar su poder. “Desde el golpe, estos medios han apoyado al nuevo gobierno militar. Han tratado de presentar a la Junta de la manera más positiva al público chileno”, de acuerdo a una solicitud de la CIA para la continuidad de los dineros encubiertos para El Mercurio. “El proyecto es esencial para permitir a la Estación [de la CIA] ayudar a moldear a la opinión pública chilena en apoyo al nuevo gobierno…”.

Todos estos documentos desclasificados de la CIA y la Casa Blanca fueron entregados al ministro Mario Carroza para su investigación sobre el rol de Agustín Edwards como colaborador encubierto de un poder extranjero contra instituciones democráticas en su propio país. Con su muerte, dicha investigación ya no traerá ninguna consecuencia judicial. Pero la verdad –en oposición a la abundancia de mentiras– sobre el papel único que Agustín Edwards Eastman jugó en la oscura historia de Chile, sigue siendo importante. No habrá veredicto en el “Caso Edwards”, pero estos documentos seguirán entregando el juicio de la historia.

LOS TOP TEN DE LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

1. Memorándum de la CIA: “Conversación sobre la situación política chilena”, fechado el 18 de septiembre de 1970. Nota: la reunión tuvo lugar el día 15; el resumen de la reunión fue transmitido a Kissinger el 18 de septiembre. Es un documento de 10 páginas fuertemente censuradas descubierto por Peter Kornbluh y publicado inicialmente en el sitio de CIPER en mayo de 2014 (ver documento).

2. Versión transcrita de la CIA del memo “Conversación sobre la situación política chilena”, publicado por el Departamento de Estado. La fecha del documento fue cambiada por error y aparece 14 de septiembre (en vez del 18). La reunión Edwards/Helms tuvo lugar en el Hotel Madison el 15 de septiembre. Los censores de la CIA borraron el nombre de Agustín Edwards en gran parte del documento para proteger su contribución de inteligencia, pero dejaron sin censura varias partes (ver documento).

3. Llamado telefónico de Kissinger al secretario que le llevaba la agenda a Kissinger, Steven Bull. Transcripción. 14 de septiembre de 1970. Kissinger fija una reunión corta y secreta entre Edwards y el Presidente Nixon (ver documento).

4. Memo para Kissinger, Consejo de Seguridad Nacional, “Reunión del Comité 40”, 9 de septiembre de 1971-Chile”. Discusión sobre la entrega de US$1 millón de fondos encubiertos a El Mercurio (ver documento).

5. CIA, “Autorización para apoyo a “El Mercurio”. 30 de septiembre de 1971 (ver documento).

6. CIA, “Solicitud de fondos adicionales para El Mercurio”, 10 de abril de 1972 (ver documento).

7. NSC, memo para Kissinger, “Reunión del Comité 40-Chile”, 11 de abril de 1972 (ver documento).

8. CIA, resumen, “El Mercurio” 28 de febrero de 1973 (ver documento).

9. CIA, cable, reporte sobre El Mercurio y otros grupos “militantes” fomentando un golpe, 2 de mayo de 1973 (ver documento).

10. CIA, “Proyecto [censurado] Solicitud de enmienda No. 1 parar FY 1974 (ver documento).

* Peter Kornbluh es autor “Pinochet: Los Archivos Secretos” (Barcelona: 2004). Dirige el “Chile Documentation Project” en la organización sin fines de lucro National Security Archive en Washington D.C.

A un mes de iniciada la campaña internacional de transparencia tributaria organizada por la ONG Finance Uncovered -en la cual participa CIPER-, 11 de los 120 diputadas y diputados chilenos de distintos partidos decidieron hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Todos ellos han adherido a la propuesta que se abre paso en el mundo de que los representantes electos deben responder al alto estándar de transparencia que hoy exigen sus electores. Los diputados son:

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana), Distrito 37 (Talca).

Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI), Distrito 30 (Buin, Calera De Tango, Paine, San Bernardo).

Pedro Browne Urrejola (Amplitud), Distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel).

Karol Cariola Oliva (Partido Comunista), Distrito 19 (Independencia, Recoleta).

Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal), Distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre).

Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), Distrito 8 (Coquimbo, Ovalle, Rio Hurtado).

Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Distrito 24 (La Reina y Peñalolén).

Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente), Distrito 34 (Chimbarongo, Las Cabras, Peumo, Pichidegua, San Fernando, San Vicente).

Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista), Distrito 26 (La Florida).

A ellos se suman Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática), representante del Distrito 22 (Santiago) y Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista), electo diputado por el Distrito 60 (Antártica, Cabo De Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres Del Paine), quienes ya habían hecho públicas –a través de CIPER- sus declaraciones para los años tributarios 2015 y 2016.

Los documentos de Aguiló, Belollio, Boric, Browne, Cariola, Jackson, Núñez y Vallejo, ya están disponibles para todos nuestros lectores (ver documentos). Las de los otros tres parlamentarios -que completan el grupo de 11 diputados- estarán accesibles dentro de las próximas semanas en el sitio habilitado por Finance Uncoverd.

Según la información parcialmente recogida por la organización con sede en Londres, se han recibido documentos tributarios detallados de 23 políticos de distintos países. A ellas se suman 35 declaraciones de otros políticos que si bien incluyen aspectos relevantes, no son completas. Entre las declaraciones detalladas figuran las de dos parlamentarios de Ucrania, cuatro de Bosnia & Herzegovina,  cinco de Hungría y uno del Reino Unido. De este país se recibieron también las declaraciones tributarias de dos ex parlamentarios laboristas.

La próxima semana Finance Uncovered enviará a los parlamentarios un nuevo correo con un último recordatorio de transparencia y difundirá quienes han transparentado y quiénes no. En ese momento, además, se invitará a los ciudadanos a escribir a sus congresistas para incentivarlos a hacer públicas sus declaraciones de impuestos.

Se espera que el apoyo ciudadano sirva para remarcar lo importante que es para el fortalecimiento de la democracia tener claridad sobre las fuentes de financiamiento y las formas de tributar de quienes deciden leyes que involucran grandes inversiones y partidas de dinero; además de la cantidad de recursos públicos que reciben para legislar.

En el caso chileno se solicitó a los parlamentarios el Formulario 22 del último año tributario (2016), pero varios congresistas han informado sobre más periodos. Sergio Aguiló (diputado desde 1990) y Alejandra Sepúlveda (diputada desde 2002), por ejemplo, adjuntaron certificados de la Cámara de Diputados y del Servicio de Impuestos Internos (SII). En ellos, se consigna que desde 2013 Aguiló solo ha recibido su dieta parlamentaria como ingreso; lo mismo ocurre con Sepúlveda desde 2015.

El Formulario 22 solicitado incluye información sobre los tipos de ingresos recibidos (remuneraciones, honorarios o retiros y dividendos de sociedades); también indica el monto en impuestos que pagó o el que recibió como devolución y a qué beneficios se acogió.

El diputado Pedro Browne (Amplitud) dijo a CIPER que la iniciativa le parece importante pues los impuestos permiten aclarar las fuentes de financiamiento de los congresistas “que reciben un sueldo suficientemente alto como para dedicarse  exclusivamente a la tarea de legislar”.

La parlamentaria Karol Cariola (PC), valoró la iniciativa pues estima que solo la transparencia en los ingresos y en el patrimonio de los funcionarios públicos, especialmente de aquellos que son electos, puede restablecer la confianza que la ciudadanía ha perdido en los políticos.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) afirmó que lo que importa es “llevar la transparencia al límite”, a pesar de que, en su opinión, hacer público el Formulario 22 no debiera ser una obligación.

Si bien el Formulario 22 permite conocer una gran cantidad de información sobre las vías de ingresos de las autoridades, es necesario remarcar que el libre acceso a la declaración de impuestos de cada parlamentario no resuelve los requerimientos de transparencia de una sociedad democrática.

Lo anterior se desprende de los patrones de conducta que han sido evidenciados en las investigaciones judiciales sobre el financiamiento ilegal  de la política por parte de pesqueras (Corpesca, Asipes y Fipes), Penta y SQM, entre otras.  Allí se observa que solo ocasionalmente ese dinero ilícito llegó a las cuentas personales de los legisladores, siendo la mayor parte canalizada a través de redes de boleteros y asesores.

A pesar de ello, el conocimiento público de la declaración de impuestos es un complemento potente para la fiscalización del posible enriquecimiento personal por vías ilícitas o para prevenir conflictos de interés en que se vean involucradas autoridades en la toma de decisiones que les compete. Una fiscalización que cobraría mayor fuerza si los datos del Formulario 22 se pudieran cruzar con las declaraciones de intereses y de patrimonio que todos los funcionarios públicos están obligados a realizar (disponibles en la web infoprobidad.cl).

CASO A CASO

La información tributaria aportada por el diputado Sergio Aguiló incluye datos desde 2013 a la fecha, y muestran que durante todo el periodo solo ha recibido los ingresos de su dieta parlamentaria. En su declaración correspondiente a 2017, registra un ingreso anual de $90.333.787 (equivalentes a un sueldo de $7.527.000 mensuales), por los que se le descontaron automáticamente impuestos por $19 millones.

El diputado Jaime Bellolio facilitó el Formulario 22 de los años tributarios 2016 y 2017.  En la declaración de 2016 (registra los ingresos de 2015), el parlamentario declara haber recibido una renta de $100.916.076 ($8.409.673 mensuales). Además, tuvo un ingreso por reparto de dividendos de $3.902.600, los que corresponden –según explicó Bellolio a CIPER- a una empresa que cerró durante 2015 y que había estado sin movimiento. Ese año pagó en impuestos $25.382.237.

En la declaración de 2017 sus ingresos solo se originaron en su dieta parlamentaria: $104.514.788 y pagó $24.808.724 en impuestos. Bellolio explicó a CIPER que en la actualidad –y desde el 30 de marzo pasado- la única sociedad en la que participa es una empresa familiar que creó su padre, Jaime Bellolio Rodríguez: Inversiones Publix Limitada. El diputado afirmó que no recibe ingresos de esta empresa ni participa en su administración.

El diputado Pedro Browne facilitó el Formulario 22 de los años 2015 y 2016. En el primero (con los ingresos de 2014), el parlamentario consigna haber recibido una dieta anual de $102.289.086 ($8.524.000 mensuales), además de $15.375.000, que según explicó a CIPER, provienen de retiros de la sociedad Cerro la Cruz (de la cual es socio con su esposa). Ese retiro elevó su base imponible a $117.988.317, por lo que ese año pagó $37.314.686 en impuestos. Al año siguiente (2015), junto con la dieta anual de $103.429.046, recibió  nuevamente $22.133.173 por retiros de la misma sociedad. El Formulario 22 del 2016 registra que Browne pagó ese año $39.084.108 en impuestos.

La diputada Karol Cariola transparento el Formulario 22 correspondiente a 2017 (ingresos de 2016). Allí solo se registran sus ingresos por dieta parlamentaria ($103.100.460 anuales) y un pago de impuestos por $24.242.993.

Los mismos datos de Karol Cariola contienen los formularios del SII que entregaron para ese año los diputados Daniel Núñez (pagó $25.290.409 en impuestos), Camila Vallejo (pagó $26.546.122 en impuestos) y los parlamentarios Boric y Jackson, cuyos ingresos y pagos de impuestos ya fueron desarrollados en una nota anterior.

CIPER contactó a varios otros parlamentario, elegidos al azar, para invitarlos a transparentar sus impuestos. El diputado socialista Osvaldo Andrade, por ejemplo, se comprometió a enviarnos su declaración (Formulario 22), pero hasta el cierre de esta nota no había enviado la información. Pablo Lorenzini, diputado democratacristiano, dijo a CIPER que solo enviaría su Formulario 22 cuando el 25% de la Cámara de Diputados lo hiciera. En tanto, Joaquín Lavín (UDI), explicó que solo transparentaría sus impuestos si había un acuerdo de su bancada.

Y si bien el diputado Daniel Farcas (PPD), inicialmente aseguró que haría públicas sus declaraciones tributarias, nunca envió los documentos pese a nuestra insistencia. En la última comunicación telefónica que tuvimos con el diputado, éste dijo que lo iba a consultar con su bancada.

-¿No cree que a sus electores les interesa conocer sus ingresos y su pago de impuestos?

-No lo creo.

Horst Paulmann tiene pena. Después de construir la torre del Costanera Center, que con sus 62 pisos y 300 metros de altura se coronó como el edificio más alto de Iberoamérica, no ha podido concretar la nueva mega obra inmobiliaria que le quita el sueño. Fue en la junta de accionistas de Cencosud, celebrada este viernes 28 de abril, donde  Paulmann manifestó que le daba pena no poder iniciar la construcción del centro comercial Alto Las Condes 2. Un ambicioso proyecto que pretende erigir en la esquina de avenida Kennedy con Padre Hurtado -frente al Alto Las Condes- y que incluiría un mall, torres de oficinas y departamentos, un rascacielos de 55 pisos, un hotel y un túnel que, bajo la avenida Kennedy, conectaría ambos centros comerciales.

“Los temas judiciales nos han parado el proyecto”, señaló en la junta, en referencia al duro round legal que lo enfrenta a la Municipalidad de Vitacura. Aunque en la misma ocasión deslizó la posibilidad de sacar el tema de los tribunales y negociar algún acuerdo con las autoridades comunales.

Terreno de Paulmann frente al Alto Las Condes (Fuente: Google Maps)

El municipio que dirige el alcalde Raúl Torrealba (RN) ha intentado paralizar las obras y declarar la caducidad del permiso de edificación. La razón de fondo: el proyecto de Paulmann cuenta con una autorización extendida en el 2000, época en que las normas urbanísticas –adoptadas cuando Vitacura aún era parte de Las Condes– permitían construcciones en altura prácticamente sin límites. Con el plan regulador comunal actual, el centro comercial que Cencosud pretende construir no podría superar los siete pisos. Convencidas de que el proyecto que intenta materializar Paulmann afectaría gravemente la calidad de vida de los vecinos, las autoridades de la municipalidad encendieron la luz roja.

Amparado en que las obras han estado sin movimiento por más de tres años –lo que según las normas vigentes provoca la caducidad automática del permiso–, Torrealba lanzó la ofensiva que tiene a Paulmann sumido en la tristeza. Para ello contó con un dictamen de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Metropolitana (Seremi) que le dio luz verde. En enero pasado, la directora de Obras de Vitacura, Pamela Ortiz, emitió un oficio que constató la caducidad del permiso.

Para mantener con vida durante 17 años el permiso de edificación sin ejecutar las obras, el propietario original, Carlos Celle, y luego Cencosud, recurrieron a una argucia: ejecutar trabajos menores, como mover tierra y rediseñar trazados cada cierto tiempo. No obstante, la directora de Obras estimó que los trabajos habían estado suspendidos por más de tres años y emitió el controversial oficio de enero.

Cencosud tiene en juego un proyecto con una inversión asociada de US$500 millones, según una nota del diario Pulso, por lo que rápidamente Paulmann movió a sus abogados para resucitar el permiso. Presentó un recurso contra el dictamen de la Seremi que le daba sustento a la actuación de la directora de Obras. La Corte de Apelaciones de Santiago y luego la Suprema le dieron la razón. Pero la municipalidad alega que nunca se ha discutido en la justicia el tema de fondo: si el permiso está vigente o no. Por lo mismo, “los temas judiciales” -como los llamó Paulmann en la reciente junta de accionistas- amenazan con seguir paralizando su nuevo sueño inmobiliario.

EL SINUOSO CAMINO LEGAL

El empresario Carlos Celle adquirió en 1987 el paño ubicado en la esquina nororiente de Kennedy con Padre Hurtado. Celle pagó 160 mil UF (unos $585 millones de la época) por el terreno y en 2000 consiguió el permiso de edificación que ahora enfrenta a Vitacura con Cencosud.

El artífice de la estrategia para mantener con vida ese permiso a pesar de que nunca se iniciaron las obras, fue el arquitecto José Ramón Ugarte. Ex presidente del Colegio de Arquitectos, Ugarte fue asesor del ministro de Vivienda durante el gobierno de Sebastián Piñera. CIPER reveló que desde ese puesto estratégico impulsó reformas que beneficiaron directamente sus proyectos personales o los de su entorno profesional (vea ese reportaje de CIPER).

Cuando Paulmann compró el terreno a Celle, no estaba adquiriendo solo un pedazo de tierra. Lo que realmente le interesaba era el permiso de edificación, que le permitiría construir con las normas antiguas y hacerle una finta al plan regulador que actualmente rige en Vitacura. Por esa razón, pagó mucho más que la tasación comercial que entonces tenía el terreno. En 2007, Carlos Celle traspasó la propiedad desde una de sus sociedades comerciales a su patrimonio personal y, según la escritura que registró ese movimiento, el paño fue tasado en $4.447 millones. Tres años más tarde, en 2010, Paulmann lo compró en $29.819 millones.

José Ramón Ugarte

De hecho, Paulmann no solo compró el terreno y el permiso, pues también tuvo que mantener a José Ramón Ugarte como arquitecto del proyecto “para tener la misma constructibilidad en el terreno”, según una publicación de El Mercurio de junio de 2010.

Ugarte, ya trabajando para Cencosud, modificó el proyecto original que tenía Carlos Celle y proyectó la ampliación del mall Alto Las Condes en el paño recién adquirido por Paulmann. El arquitecto que era asesor del ministro de Vivienda, tramitó esas modificaciones al permiso original y consiguió sucesivas prórrogas para mantenerlo vigente, ejecutando solo obras menores.

Mientras fue asesor del ministro, Ugarte participó en la redacción del Decreto N° 25 de 2012, que permite a los municipios “autorizar conexiones subterráneas bajo la vía pública entre distintos inmuebles”. Justamente lo que Paulmann necesita para que su nuevo mall quede conectado con el Alto Las Condes.

El primer corcoveo en la relación de Cencosud con la Municipalidad de Vitacura tuvo lugar en 2015. Ese año la Dirección de Obras del municipio, dando por hecho que ya no había un permiso de edificación vigente, ordenó la paralización de los trabajos que de manera esporádica se ejecutaban en avenida Kennedy 8950. La resolución se basó en que en los últimos tres años la obra no había tenido actividad alguna, lo que según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) caduca automáticamente los permisos de edificación (vea la resolución).

Aunque la paralización de las obras tomó por sorpresa a Cencosud, rápidamente sus abogados alegaron ante la Seremi de Vivienda que el permiso estaba vigente y que se debía anular la orden de la Dirección de Obras. El seremi, Aldo Ramaciotti, le dio la razón a Cencosud en noviembre de 2015.

El mismo día en que Ramaciotti le despejó la vía a Cencosud para seguir adelante, la Contraloría envió un oficio a la Municipalidad de Vitacura dándole pie nuevamente para declarar caduco el permiso. El documento de la Contraloría indicaba que es un deber de la Dirección de Obras verificar los plazos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Doce días después, la Seremi sintonizó con la resolución de la Contraloría, emitiendo un dictamen que “aclaraba” su orden anterior y explicando que el oficio de la Dirección de Obras que determinó la caducidad del permiso estaba bien extendido.

Profesionales que conocen cómo se ha articulado la defensa de Cencosud, dijeron a CIPER que la “voltereta” de la Seremi fue la chispa que encendió la pradera al interior de la compañía:

-Firmaron con la mano y lo borraron con el codo. Primero la Seremi dice que el permiso sí está vigente, que está mal declarada la caducidad y días después dice que en realidad no, que estaba bien declarada la caducidad.

Por eso, los abogados de Paulmann presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones contra la Seremi. El tribunal de alzada falló a favor de la compañía y después la Corte Suprema volvió a darle la razón a Cencosud.

El municipio acató y esperó.

LA ÚLTIMA BATALLA

A fines de 2016 la Municipalidad de Vitacura comenzó a gestar un nuevo golpe. Como los tribunales habían invalidado el dictamen de la Seremi, la directora de Obras, Pamela Ortiz, le envió el 16 de diciembre pasado un oficio a Ramaciotti, preguntándole a quién debía hacerle caso: si a la Contraloría o a la resolución de la Seremi anulada por la corte. Ramaciotti le respondió 10 días después: “Los informes jurídicos emitidos por la Contraloría General de la República, son obligatorios y vinculantes (…). El aludido dictamen (de la Contraloría), tiene prevalencia por sobre las instrucciones impartidas por esta Secretaría”.

Con ese salvoconducto de la Seremi, Ortiz firmó dos resoluciones el 19 de enero de este año. La primera, en concordancia con el fallo de los tribunales, invalidó la orden de paralización de las obras emitida en 2015 (vea esa resolución). Con esto, Horst Paulmann respiró tranquilo, pero por poco tiempo. No contaba con que la segunda resolución nuevamente constataría la caducidad del permiso de edificación al que el empresario se aferra (vea la segunda resolución).

Paulmann no podía dejar las cosas así. Sus abogados acudieron nuevamente a la Corte de Apelaciones, acusando que la resolución de Ortiz constituía un desacato frente al fallo anterior del mismo tribunal. En febrero pasado la corte les dio la razón, aplicándole al seremi Ramaciotti y a la directora Ortiz la sanción de “amonestación privada” y pidió que se pusiera el desacato en conocimiento del Ministerio Público, para que se investiguen eventuales delitos asociados.

Raúl Torrealba

La Seremi presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema, y esta vez con refuerzos: el alcalde Raúl Torrealba también se sumó. Pero el 16 de marzo ambos recursos fueron declarados inadmisibles. Así, quedó a firme el fallo que establece que el desacato no es apelable.

Tres días después Torrealba hizo sus descargos en El Mercurio: “El permiso de hace más de 20 años hoy no se condice con Vitacura y su carácter residencial, ni con el barrio donde está emplazado. La Corte Suprema solo estimó que lo resuelto por la Corte de Apelaciones en orden a establecer una sanción por desacato no era apelable. Los abogados de la municipalidad están estudiando los efectos de este fallo. En todo caso, el último fallo no se refiere al hecho de que el permiso ya está caduco“.

Tal como lo destacó Torrealba, el nudo del cual depende la materialización del sueño de Paulmann se centra en que, si bien el máximo tribunal le dio la razón a la empresa sobre el desacato, la justicia aún no se ha pronunciado sobre la vigencia del permiso de edificación. Y esto se presta para interpretaciones contradictorias. Mientras en el entorno de Cencosud dan la batalla por ganada, hasta la semana pasada el equipo jurídico de la municipalidad seguía estudiando vías legales que dieran sustento a su tesis de que el permiso ya no está vigente.

La aspiración expresada por Paulmann es echar a andar las obras de su nuevo mall este año. Pero ella choca con una batalla legal entre Cencosud y la Municipalidad de Vitacura que podría postergar por tiempo indefinido su proyecto estrella. Seguir en los tribunales sería aceptar mantener paralizada una millonaria inversión que inicialmente le costó a Cencosud casi $30 mil millones.

En este punto no es extraño que se empiece a escuchar la posibilidad de una salida negociada. En el entorno de Cencosud dijeron a CIPER que quieren evitar a toda costa perder su permiso de edificación, pero que podrían estar dispuestos a construir un proyecto distinto al originalmente diseñado. Según estas fuentes, el permiso está plenamente válido y le da certeza a Cencosud de que puede construir su torre de 55 pisos, aunque haya cambiado el plan regulador. Pero eso no significa, agregaron, que efectivamente se construya con esa altura.

La posibilidad de un acuerdo también se asoma en la cuidadosa respuesta que la municipalidad entregó a CIPER, cuando se le consultó los pasos que seguiría en su litigio con Cencosud. Por escrito, el municipio contestó:

“Frente al tema del permiso de Cencosud, en los terrenos de Padre Hurtado con Kennedy, la Municipalidad está empeñada en respetar el ordenamiento jurídico vigente.

Supone lo anterior, que el desarrollo de ese sector debe ser respetuoso de los barrios y vecinos que lo circundan. En otras palabras, respetuoso de la Comuna de Vitacura en general, que mira su futuro con un desarrollo urbano destinado a resguardar conceptos tales como: calidad de vida, tranquilidad, sustentabilidad, amabilidad, conectividad y un marcado carácter residencial”.

El propio Paulmann, al salir de la última junta de accionistas de Cencosud, reveló la intención de tender puentes: “Estamos con mucha voluntad con la municipalidad viendo de qué forma podemos destrabarlo, porque a pesar de que el proyecto y la aprobación está vigente, depende de la municipalidad ver de qué forma se hace esto, así que yo creo que esto va bastante bien encaminado, y han mostrado buena voluntad”.

El Grupo Angelini es el conglomerado empresarial que proporcionó más financiamiento ilegal a la política, después de SQM. Las compañías que integran el holding matriz de Copec y Corpesca aportaron al menos $2.250 millones para intervenir en campañas electorales. La cifra se desprende de los antecedentes acumulados hasta ahora en las investigaciones del Ministerio Público, además de las rectificaciones tributarias que el propio grupo ha hecho. Pese a esa cuantiosa cifra, el Grupo Angelini solo se verá afectado judicialmente por la investigación por cohecho en la que aparece formalizada como persona jurídica su empresa Corpesca.

La Fiscalía pidió esa formalización en octubre pasado luego de que constatara los pagos ilegales que Corpesca le hizo al senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi para influir directamente en la tramitación de la nueva Ley de Pesca. Hasta el momento esos pagos alcanzan la suma de $260 millones (vea el reportaje de CIPER “La red de testaferros que movió más de $400 millones para el senador Orpis”). Una mínima proporción del total que el Grupo Angelini habría repartido por vías fuera de la ley a políticos de casi todo el espectro ($2.250 millones), y cuyos efectos y protagonistas no serán investigados por la justicia.

Fernando Barraza, director del SII.

El salvavidas se lo lanzó el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien decidió no continuar a través de querellas la persecución de ilícitos tributarios relacionados con el financiamiento político ilegal, sino solo con el cobro de los impuestos adeudados. De esta forma, Barraza ató las manos de los fiscales que investigan los aportes irregulares a campañas, quienes no podrán continuar sus pesquisas.

Con su resolución, Fernando Barraza no sólo sacó al Grupo Angelini de la línea de fuego. El director del SII también benefició a figuras de casi todo el espectro político, debido a que el holding repartió el dinero de forma transversal entre personas y sociedades vinculadas a figuras del PS, PPD, DC, PRI, RN, UDI y PRO (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini”).

Así, el SII le cerró la puerta a investigar los casi $358 millones que el grupo puso a disposición de personas que cumplieron roles clave en el financiamiento de la pre-campaña presidencial de Michelle Bachelet. Lo mismo ocurre con personas relacionadas con los senadores Felipe Harboe (PPD) y Alberto Espina (RN); el diputado Gabriel Silber (DC); el recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei, Pedro Yaconi; el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami y el ex ministro Pablo Longueira (UDI).

Seis son las empresas del Grupo Angelini que aportaron recursos a políticos y que ahora han quedado fuera del alcance del Ministerio Público: Empresas Copec, Inversiones Siemel, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Abastible y Seguros Cruz del Sur (que hasta 2013 estuvo en manos del grupo).

EL DURO VOTO DE MILTON JUICA

La decisión del director del SII, Fernando Barraza, no afecta el curso de las investigaciones penales originadas en querellas y denuncias que el SII interpuso antes del golpe de timón, como las que se presentaron contra Penta y SQM. Ahora que todas esas investigaciones están entrando a su tramo final y su destino se decidirá en los tribunales superiores, nada garantiza que terminarán con sanciones.

Justo cuando el interés político se centra en la actitud que adoptarán los ministros de las cortes de Apelaciones y la Suprema, la Sala Penal del máximo tribunal ha emitido una potente señal de que, una vez que los procesos lleguen a esa instancia, podrían terminar sin provocar lesiones ni a políticos ni empresas.

Esa fue la lectura que se hizo en el mundo político y judicial cuando el pasado 28 de marzo se dio a conocer el fallo que dejó a firme el sobreseimiento del senador Patricio Walker (DC) en la investigación del financiamiento político ilegal prestado por empresas de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur (Fipes).

En ese sorpresivo fallo que favoreció al senador Walker, tres ministros de la Corte Suprema ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que sobreseyó al parlamentario y otros dos magistrados consideraron que el tribunal de alzada cometió un grueso error.

Uno de los tres votos que dejó a firme el sobreseimiento fue del ministro Lamberto Cisternas, quien tiene un vínculo familiar con uno de los involucrados en los pagos ilícitos del Grupo Angelini. Su hijo, el abogado Gonzalo Cisternas Sobarzo, es controlador del bufete Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, del que es socio el senador Alberto Espina (RN). El bufete del hijo del ministro Cisternas recibió $18,7 millones de Inversiones Siemel, empresa del Grupo Angelini. Ese pago está en la mira de la Fiscalía, no solo por el nexo entre el bufete y el senador Espina, sino porque Siemel rectificó ese desembolso ante el SII después de que se iniciaron las investigaciones por financiamiento político ilegal.

Lamberto Cisternas

Los otros dos ministros que fallaron en favor de Walker fueron Haroldo Brito (cuya pareja, Lya Cabello, fue designada recientemente como fiscal de la Corte Suprema por el Senado con 30 votos a favor y una abstención) y Carlos Künsemüller.

El voto de minoría que rechazó el sobreseimiento de Patricio Walker fue redactado por el ministro Milton Juica y lleva también la firma del magistrado Jorge Dahm. El escrito de Juica fue particularmente duro y calificó como “una falta grave” la actuación de los ministros de Coyhaique que libraron al senador Walker de la investigación penal.

A juicio de Juica y Dahm, el razonamiento de los magistrados aiseninos que fueron respaldados por la Sala Penal de la Corte Suprema, da pie a la “impunidad”, pues permite dejar al margen de la investigación a un sospechoso en una etapa muy temprana de la indagatoria, impidiendo que el Ministerio Público despliegue todas las facultades que por ley se le han entregado para perseguir los ilícitos penales:

“El necesario corolario de lo planteado por los recurridos (los ministros de Coyhaique que sobreseyeron al senador Walker) no es otro que la impunidad, y de ahí la extrema gravedad del error cometido, pues impide al Ministerio Público investigar los hechos como le ordena la Constitución y la ley bajo el expediente de aplicar una institución -el sobreseimiento- que resultaba a todas luces inaceptable, apresurada e inoportuna en el momento procesal en que se decreta, bajo justificaciones equivocadas y carentes de todo sustento fáctico y jurídico”, se lee en el voto de minoría (vea aquí la resolución de la Corte Suprema, con el voto de minoría a partir de la página 16).

El fallo que sobreseyó al senador Patricio Walker, y particularmente el voto de minoría redactado por Milton Juica, es observado con atención en los círculos del Poder Judicial. Así también ocurrió con el posterior movimiento del director del SII que cerró la puerta a la investigación penal del financiamiento ilegal de la política. Ambos episodios, aunque parecen aislados, se aprecian como eslabones de un movimiento amplio que, desde distintos frentes judiciales y políticos, buscaría aminorar los efectos de las investigaciones de los aportes ocultos a la política, al iniciarse una nueva campaña presidencial y parlamentaria.

La resolución de Fernando Barraza fue puesta bajo la lupa no solo en el Ministerio Público, que se vio bloqueado para profundizar las investigaciones, sino también en la Contraloría General de la República. Este último organismo emitió un duro pronunciamiento el pasado lunes 24 de abril, advirtiendo al SII que sus decisiones deben ajustarse al “principio de imparcialidad” y a criterios “objetivos que le otorguen legitimidad”.

Milton Juica

Las recientes declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, y el pronunciamiento del contralor Jorge Bermúdez, se alinean con los duros cuestionamientos dirigidos a Fernando Barraza en los últimos días. Las críticas apuntan a que, siendo Barraza un funcionario de confianza de las autoridades políticas, está sepultando la posibilidad de ampliar una investigación que podría afectar al corazón de La Moneda.

Las dudas sobre la objetividad técnica con que Barraza manejó el tema, se acrecentaron con la reciente intervención en TVN del ex director del SII, Michel Jorrat, quien ratificó en pantalla lo que CIPER ya había publicado en julio de 2015: fue presionado desde La Moneda, cuando el Ministerio del Interior era encabezado por Rodrigo Peñailillo (PPD), para que el SII no avanzara en la investigación a SQM, empresa que financió ilegalmente la pre-campaña de la Presidenta Bachelet (vea el reportaje de CIPER “El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM”).

LA NUEVA HEBRA QUE LLEVA A LA MONEDA

La controversial decisión del director del SII se conoció cuando en la investigación de la Fiscalía habían emergido nuevos antecedentes que vinculan al Grupo Angelini con el financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet. En enero pasado la declaración de Claudio Santis complicó a La Moneda. El sociólogo, quien se desempeña en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno (Secom), señaló ante los fiscales que parte de sus honorarios por el trabajo que realizó para la pre-campaña de la Presidenta, fueron pagados por Harolds & Johns Business and Law.Entre fines de 2011 e inicios de 2013, ese estudio jurídico recibió $140 millones provenientes de dos empresas del Grupo Angelini: Copec y Cruz del Sur.

La sociedad Harolds & Johns fue constituida en 2007 por Harold Correa y Alex Matute, dos estrechos colaboradores del principal responsable de la pre-campaña de Bachelet, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. La declaración del sociólogo Santis indica que parte de su trabajo para el comando de campaña, como analista de medios, fue cancelado por Harolds & Johns, y que en la coordinación de sus pagos participaron tres figuras claves encargadas por esas fechas de preparar el retorno de Michelle Bachelet a Chile: Rodrigo Peñailillo, María Angélica “Jupi” Álvarez y Giorgio Martelli.

Claudio Santis declaró que fue Peñailillo quien inicialmente lo contactó para que hiciera análisis de la agenda informativa de noticieros televisivos y para que midiera el tratamiento a la figura de Bachelet:

“Al tiempo después me llama (Giorgio) Martelli, quien me dice que quería formalizar este trabajo que estuve realizando por un par de meses; él me manda un contrato de trabajo de fecha 1 de mayo de 2012, a honorarios, a mi correo electrónico, con fecha 30 de julio de 2012, para que lo revise; el monto de $400.000, que aparecía en ese contrato, yo lo había conversado antes con María Angélica Álvarez (…) La primera boleta de honorarios la llené en base a las indicaciones que me señaló por correo electrónico María Angélica Álvarez; la hice por $400.000, de fecha 7 de junio de 2012 y la emití para Harolds & Johns”, señaló Santis en su declaración.

Rodrigo Peñailillo

El testimonio vino a confirmar las sospechas que ya abrigaba la Fiscalía: de la empresa de Correa y Matute sí salieron recursos para financiar la pre-campaña de Bachelet. Ya había indicios. Peñailillo prestó asesorías a ese estudio jurídico entre junio de 2012 y enero de 2014, durante todo el periodo que abarcó la última campaña presidencial. Sus honorarios eran de $3 millones líquidos (recibió un total de $57 millones). Alex Matute dijo al Ministerio Público que no había informes que respaldaran el trabajo de Peñailillo. Lo mismo declaró el ex ministro en agosto de 2015: “No elaboraba informes. Participaba en reuniones con Alex y Harold en este estudio, que tiene varios años, y (en las) que obviamente discutíamos sobre el desarrollo de la empresa”.

El Ministerio Público también detectó traspasos de dineros entre Harolds & Johns y la sociedad Asesorías y Negocios (AyN), creada por Giorgio Martelli para canalizar pagos a los colaboradores de la pre-campaña. AyN recibió $12 millones de la sociedad de Correa y Matute en junio de 2012. En 2013 el préstamo fue a la inversa, esta vez por $10 millones.

En mayo de 2015 la Fiscalía interrogó a Martelli por los pagos de Harolds & Johns a Claudio Santis y le exhibió un correo electrónico que Santis le envió con la boleta emitida en julio de 2012. Ese mail iba con copia a María Angélica Álvarez. Martelli señaló ante los fiscales:

“Esto corresponde a una boleta electrónica que Claudio Santis emitió a la empresa Harolds & Johns y Santis me la reenvió con copia a María Angélica Álvarez y yo ordené pagarla con transferencia electrónica de la cuenta corriente de AyN por el monto de $500.000”.

CIPER revisó declaraciones de Claudio Santis, Harold Correa, Alex Matute y Rodrigo Peñailillo, y del cruce de esa información se concluye que antes de la boleta que Santis emitió para Harolds & Johns y que Martelli pagó con dineros de AyN, el sociólogo extendió otra que sí debió pagar el estudio jurídico de Matute y Correa. De hecho, Alex Matute dijo a la Fiscalía estar molesto por haber perdido esos $400 mil. Según su versión, Santis no cumplió con los trabajos comprometidos.

Tras el pago que recibió de Harolds & Johns, Santis fue contratado por AyN entre el 31 de julio de 2012 y el 30 de marzo de 2013, periodo en que el profesional pasó a formar parte del comando oficial de Michelle Bachelet. Según declaró Santis, enviaba sus trabajos a asesores directos de Bachelet, como Rodrigo Peñailillo, Robinson Pérez, María Angélica Álvarez y la periodista Paula Walker.

El 16 de febrero pasado Alex Matute y Harold Correa declararon ante el Ministerio Público. Ambos dijeron que sí emitieron informes que justifican los pagos que recibieron de las empresas del Grupo Angelini, que esos informes y la contabilidad de su empresa fueron entregados al SII a inicios de 2016 y que esa indagatoria del organismo tributario continúa abierta, por lo que guardaron silencio ante los fiscales. Agregaron que enviaron cartas a Cruz del Sur y a Copec para que les levantaran el secreto profesional y así poder exhibir sus informes a la Fiscalía, pero que no habían tenido respuesta. Dijeron que lo mismo hicieron con el Colegio de Abogados, pero que tampoco les respondieron.

LOS $358 MILLONES QUE NO SE INVESTIGARÁN

Los $140 millones que Harolds & Johns recibió del Grupo Angelini fueron entregados contra seis facturas: cuatro a Cruz del Sur (emitidas entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012) y las dos restantes a Empresas Copec (el 6 y el 25 de marzo de 2013). Esas seis facturas fueron rectificadas ante el SII, reconociendo las empresas que no existe respaldo que acredite que se trató de pagos por servicios efectivamente prestados.

GIorgio Martelli

El Grupo Angelini también destinó $218 millones a la sociedad creada por Giorgio Martelli: AyN. Así, suman $358 millones los aportes del holding que estaban en la mira de la Fiscalía bajo la sospecha de haber sido entregados ilegalmente a la pre-campaña presidencial, pero que ya no podrán ser investigados por la decisión del SII de no insistir en la vía penal para aclarar los hechos.

En todo caso, desde el inicio de la investigación de las platas políticas, el SII no ha dejado abierta ninguna puerta que permita al Ministerio Público investigar los aportes a campañas del Grupo Angelini. A pesar de que tempranamente se estableció que ese conglomerado financió casi la mitad del presupuesto de AyN, no hubo ni una sola acción del SII que incluyera esos pagos.

En la querella que el SII presentó el 22 de septiembre de 2015 contra Martelli –como representante legal de AyN– solo incluyó los pagos que esa sociedad recibió de SQM Salar y no hizo mención a los $218 millones que también había recibido de Copec, Forestal Arauco y Seguros Cruz del Sur (cuando aún pertenecía al Grupo Angelini), los que después fueron rectificados. De hecho, Impuestos Internos incluyó un párrafo en su querella para asegurarse de ponerle cerrojo a una posible expansión de la acción judicial: “La presente acción penal por delitos tributarios se dirige única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella, extendiéndose solo a los hechos que en su texto se detallan”.

A inicios de abril, La Tercera dio a conocer la resolución del SII de no interponer nuevas querellas y publicó una nómina de once empresas que, debido a esta decisión, no serán investigadas por el Ministerio Público. Cinco de ellas pertenecen al Grupo Angelini: Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Empresas Copec, Inversiones Siemel y Abastible. Si bien en esa lista no apareció Seguros Cruz del Sur, hasta ahora el SII no ha presentado querellas que apunten a los pagos hechos por esa empresa a Harolds & Johns.

La investigación de la Fiscalía contiene testimonios que ponen luz sobre la relación entre el Grupo Angelini y el estudio de Correa y Matute. Rodrigo Guzmán Leyton era gerente de Administración y Finanzas de Seguros Cruz del Sur cuando el Grupo Angelini vendió esa empresa al Grupo Security. Actualmente continúa trabajando allí. En septiembre de 2015 declaró a la Fiscalía sobre los pagos que la aseguradora hizo a Harolds & Johns: “No me consta que los informes por estas facturas existan, pero no puedo asegurar que no existan. Nunca supe a qué correspondían estos pagos”. Agregó que estos fueron autorizados por José Tomás Guzmán (entonces presidente del directorio) y que no encontró copias de los supuestos informes.

El contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, también declaró en el Ministerio Público: “Nunca vi a Alex Matute ni a Harold Correa en la empresa Copec, ni nunca vi un informe de ellos. Cuando revisamos la contabilidad (para hacer la rectificación tributaria) yo pensé que era un estudio de abogados extranjeros”.

Jorge Rosenblut

El nexo entre el Grupo Angelini y Harolds & Johns fue Giorgio Martelli. Así lo declaró él mismo a los fiscales en junio de 2015:

“José Tomás Guzmán, en representación del Grupo Angelini, me solicitó los servicios de un estudio jurídico. Le presenté al estudio Harolds & Johns, llevándole un papel de referencia y me solicitó que fuera intermediario, para lo cual me solicitó diversos informes en derecho, que yo conversé con ambas partes. Alex Matute me entregó los informes en derecho requeridos, y yo se los hice llegar a José Tomás Guzmán, los pagos se hicieron a través mío, mediante cheques que yo entregué a Harolds & Johns”.

El propio Martelli reconstituyó la escala de contactos que le permitió a la pre-campaña obtener los dineros del Grupo Angelini y en su testimonio apuntó a Jorge Rosenblut:

“Jorge Rosenblut me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución del financiamiento entre las empresas del Grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut” (vea el reportaje de CIPER: “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet”).

Cuando quedó claro que todos estos antecedentes no podrán ser profundizados por la Fiscalía, debido a la reciente decisión del director del SII, el ministro Milton Juica emitió una declaración tan dura como su voto de minoría en el fallo que sobreseyó al senador Walker. En una entrevista con Radio ADN, Juica, quien oficia como vocero de la Corte Suprema, señaló que en la Reforma Procesal quedaron temas pendientes, como la facultad para que el Ministerio Público pueda iniciar la persecución penal en todo tipo de delitos, incluidos los tributarios, sin depender del SII: “Aquí la palabra la tiene el Poder Legislativo, porque eso se puede modificar rápidamente. El Congreso debiera cambiar esta normativa. A esta altura de los sucesos, en que se han advertido delitos gravísimos de corrupción, el Ministerio Público no debería tener obstáculos para investigar”, aseguró el magistrado.

Tras una larga batalla judicial, el 3 de mayo pasado la Corte Suprema mantuvo a firme la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de revocar una serie de derechos de agua entregados en carácter de provisorios a un puñado de empresarios con negocios agrícolas en Petorca, una de las provincias que enfrenta una situación crítica de escasez de agua en Chile.

La resolución N° 1.703 de la DGA data del 13 de junio  de 2014 y en ella se dejaron sin efecto diversos derechos provisionales de agua otorgados por ese organismo sobre acuíferos de los ríos La Ligua y Petorca. El motivo: esos derechos de agua, entregados de manera provisoria, estaban afectando a los tenedores de derechos definitivos otorgados con antelación, entre ellos, pequeños agricultores de la zona.

Entre esos derechos provisorios se encontraban 104,3 litros por segundo de agua entregados entre 2004 y 2007  a la sociedad Agrícola Cóndor, propiedad del ex ministro del Interior bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma. Otra de las empresas cuyos títulos de agua quedaron comprometidos por la decisión de la DGA fue Agrícola los Graneros, propiedad del cuñado del ex ministro, Osvaldo Junemann.

Ambas empresas habían sido sancionadas con antelación por la DGA (y también por la justicia) por infracciones al Código de Aguas.

Tras la resolución de la DGA, Agrícola La Loica –continuadora de Agrícola Cóndor–, y Agrícola Los Graneros interpusieron sendos recursos de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que falló a su favor. Ambas sociedades fueron representadas en tribunales por el abogado Rodrigo Weisner Lazo, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó como director de la Dirección General de Aguas (ver reportaje de CIPER).

Las causas se elevaron a la Corte Suprema luego de que la DGA presentara dos recursos de casación en el fondo buscando desestimar la sentencia anterior. El 3 de mayo, el máximo tribunal falló a favor de la DGA por lo que su decisión de revocar los derechos de agua entregados a las empresas de Edmundo Pérez Yoma y de Osvaldo Junemann se mantuvo a firme.

De acuerdo al fallo, la Dirección General de Aguas “obró en el marco de las facultades que la ley expresamente le acuerda y habiendo comprobado en forma previa, mediante Informes Técnicos que constituyen suficiente e idónea fundamentación especializada, la concurrencia del presupuesto de hecho que contempla el artículo 66 del Código de Aguas consistente en que la mantención de los derechos provisionales sí ocasiona perjuicios en los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos con anterioridad” (ver sentencia de reemplazo).

El dictamen fue pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama y por los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Arturo Prado. Prado fue el único ministro de la sala que votó en contra de la decisión adoptada por el tribunal de alzada.

A continuación, les dejamos el reportaje de investigación publicado por CIPER el 19 de marzo de 2014 (“DGA revoca derechos de agua a ex ministro Pérez Yoma y otros empresarios en Petorca”), a pocos días de que la DGA anunciara la decisión de anular los derechos de agua provisionales entregados en Petorca.

***

En Petorca el agua está cerca de acabarse. Encarna el rostro más dramático de la soterrada crisis hídrica que vive el país. A pocas horas del cambio de mando, la Dirección de Aguas dejó sin efecto los derechos provisorios de connotados empresarios y políticos ligados a la DC por perjudicar el suministro de terceros y producir el descenso en los niveles de los acuíferos. Son los mismos que han sido acusados de usurpación de agua y que han enfrentado a la justicia por distintas infracciones. Éste es sólo un nuevo capítulo de una larga disputa que no es únicamente atribuible a la falta de lluvias.

Un desierto salpicado por unos cuantos “oasis”. Esa es la imagen con la que algunos vecinos de Petorca, La Ligua y Cabildo suelen describir las consecuencias de la prolongada crisis hídrica que afecta a estas comunas de la Quinta Región. Sólo en los valles altos y las laderas de los cerros la aridez es interrumpida por algunos paños verdes de paltos y cítricos que, mirados a distancia, parecen superpuestos al seco panorama que envuelve a la provincia.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Fuera de esos vergeles, el escenario dominante es más bien desolador. Actualmente, son más de cuatro mil las hectáreas de propiedad de pequeños agricultores que han tenido que ser abandonadas por falta de agua y tres mil los vecinos cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo. Centenares de familias han denunciado la proliferación de enfermedades estomacales producto de la mala calidad del agua repartida y que no les alcanza siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas. Como tirar la cadena del excusado, por ejemplo.

Por ello, la decisión tomada recientemente por la Dirección General de Aguas (DGA) justo en el ocaso de la administración Piñera y que caducó numerosos derechos de agua entregados provisionalmente por afectar el suministro de terceros, fue recibida con cierto alivio por los vecinos de Petorca.

Los afectados son 27 titulares de derechos de agua, entre empresas agrícolas y personas naturales, que en total estaban autorizados para utilizar 1.057 litros por segundo y ya no podrán hacerlo.

Tal como se señala en el documento técnico Nº 17 de la DGA, enviado a la Contraloría General de la República para la toma de razón el pasado jueves 6 de marzo, “las extracciones de todos los derechos provisionales en los acuíferos La Ligua y Petorca causan perjuicios a los titulares de derechos de aprovechamiento definitivos ya constituidos”. Se agrega que “el impacto es claramente manifiesto en los descensos sostenidos y generalizados de los niveles de los acuíferos” (ver resolución).

La decisión, tomada por quien fuera hasta hace unos días director general de Aguas, Francisco Echeverría, compromete directamente los intereses económicos de algunas personalidades vinculadas al gobierno entrante, principalmente a la Democracia Cristiana (DC). Consultado respecto de esta resolución de último minuto, Echeverría señaló a CIPER que ésta responde a criterios exclusivamente técnicos y no políticos.

La lista de titulares cuyos derechos provisionales de agua serán caducados por acelerar el agotamiento de las ya exiguas reservas de los acuíferos de la zona, está encabezada por quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet entre  2008 y 2010, Edmundo Pérez Yoma (DC), el que en reiteradas oportunidades ha sido acusado de usurpación de agua por vecinos de Petorca. En junio de 2011, la Dirección Regional de la DGA de Valparaíso denunció ante el Juzgado de Letras de La Ligua la “existencia de un pozo que tendría vestigios de un dren” para captar agua de manera ilegal en el predio propiedad del ex secretario de Estado, entre otras irregularidades. Aunque la justicia no pudo comprobar esta acusación, sí condenó a Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de su propiedad, al pago de 20 UTM ($825.260 valor actual) por otra infracción al Código de Aguas.

Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).

A Pérez Yoma se suma su cuñado Osvaldo Junemann, propietario de la Sociedad Agrícola Los Graneros Limitada y ex director de Palta Hass Chile, también multado por la justicia en 2011 por “extraer agua sin títulos”. En la lista se encuentra además el ex alcalde de Cabildo Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado por el Distrito Nº 10 en la Región de Valparaíso Eduardo Cerda García (DC). En julio de 2011, la DGA de la Quinta Región denunció a Agrícola Pililén, propiedad del ex parlamentario, su esposa e hijos, por usurpación de agua en Petorca, acusación que fue ratificada por la justicia.

Luego de una batalla de casi ocho años, dirigentes locales toman la decisión de la DGA como un pequeño triunfo. Sin embargo, manifiestan dudas respecto de si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política para aplicar la medida tal cual fue decretada por la administración saliente.

Petorca es la provincia de Chile más golpeada por la escasez de agua. Y allí, como en varios otros lugares, la falta de lluvias no es la única responsable. Porque a estas alturas la provincia se ha convertido en una de las víctimas más emblemáticas de la débil y anodina legislación que regula desde hace más de 30 años la gestión de los recursos hídricos en el país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación desmedida con fines comerciales en desmedro de las necesidades básicas de la población son sólo algunos de los perniciosos efectos inoculados por el Código de Aguas impuesto en dictadura y que hasta hoy sigue prácticamente intacto.

LOS CODICIADOS DERECHOS PROVISIONALES

Cuesta creerlo, pero la primera alerta respecto de la crítica situación que hoy viven varias comunas de la Provincia de Petorca fue encendida hace 18 años. Un estudio (minuta técnica Nº13) elaborado en 1996 por la DGA concluyó que el acuífero de Petorca se encontraba en una condición que no posibilitaba “la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea, por sobre el último expediente constituido”. Por entonces,  ya el consumo de agua superaba con creces la recarga natural de los acuíferos.

Con ese antecedente, el 15 de abril de 1997, la DGA declaró al acuífero del valle del río Petorca área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. Años más tarde, en 2004, la misma resolución recayó sobre las aguas subterráneas del acuífero del río La Ligua. Desde entonces, ambos reservorios quedaron cerrados para la solicitud de nuevos derechos de agua.

Amparada en las facultades establecidas en el Código de Aguas –y pese a las evidencias respecto de la depredación de los acuíferos–, la DGA dejó abierta la puerta para seguir entregando derechos de agua, aunque en carácter de provisionales. A diferencia de los derechos permanentes, los provisionales pueden anularse en caso de comprobarse que causen perjuicio a terceros y al equilibrio sustentable de los caudales y acuíferos.

El informe técnico Nº 208 de 2004 dispuso la entrega de nuevos derechos de agua por 1.396 lt/seg en el acuífero de La Ligua y por 588 lt/seg en el de Petorca.

El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.

En el reparto de derechos de agua entregados de manera excepcional en la Provincia de Petorca, la sociedad Agrícola Cóndor Limitada recibió la tajada mayor: cuatro derechos por un caudal total de 98 lt/seg, los cuales le fueron entregados entre los años 2004 y 2007.

Agrícola Cóndor fue creada en abril del año 2000, justo un mes después de que su socio mayoritario, Edmundo Pérez Yoma, dejara el cargo de Ministro de Defensa del saliente gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El aporte inicial de capital fue de $5 millones. La inscripción de la sociedad en el Diario Oficial señala que tiene entre sus actividades “la explotación de predios agrícolas bajo cualquier forma y la importación, exportación, elaboración y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, forestales y del agro”.

Un año más tarde, sólo días antes de iniciar sus labores como cónsul general de Chile en Bolivia bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Pérez Yoma creó la sociedad Agrícola La Loica. El 99% del capital inicial fue aportado por Agrícola Cóndor y ascendió a $230 millones de pesos.

Agrícola Cóndor obtuvo sus dos primeros derechos de agua provisionales, por un total de 46.3 lt/seg, en diciembre de 2004. En octubre de 2006 obtuvo el tercero por 30 lt/seg y el cuarto en junio de 2007 por un 28 lt/seg.

Los dos últimos le fueron entregados por la DGA cuando oficiaba como director de la institución el abogado Rodrigo Weisner Lazo. Edmundo Pérez Yoma se desempeñaba por entonces como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Siete meses después de la entrega del último derecho de agua, Pérez Yoma fue nombrado ministro del Interior en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según consta en el historial de distintos procesos judiciales, una vez que dejó su cargo en la DGA Weisner comenzó a actuar en calidad de apoderado y testigo defendiendo al ex secretario de Estado en distintas instancias judiciales. Como en aquella patrocinada en 2011 por la misma DGA (institución en la que el abogado fue director entre los años 2006 y 2010) contra Agrícola Cóndor, tras detectar en el predio que explota la empresa tres infracciones al Código de Aguas. También en la querella criminal que el mismo ex ministro interpuso contra Rodrigo Mundaca, uno de los principales activistas de Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA), tras ser acusado por el dirigente de usurpar agua en la comuna.

Ex ministro Edmundo Pérez Yoma.

Tal como reveló CIPER en un reportaje reciente, además de defender a Pérez Yoma Rodrigo Weisner asesora actualmente a la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), que proyecta instalar una mega planta en Paine y que necesitará extraer grandes cantidades de agua desde un acuífero que el mismo abogado declaró como área de restricción en 2008, cuando dirigía la DGA. Su trayectoria en la Dirección de Aguas y su reconocida experticia en estos temas le han valido una cotizada reputación en la defensa legal y judicial de intereses privados que comprometen el uso de agua (ver reportaje).

Hoy, Agrícola Cóndor cuenta con poco más de 120 lt/seg de agua con los que satisface las ingentes necesidades de riego de sus 104 hectáreas plantadas con paltos, naranjas y tomates. La resolución de la DGA dejaría a la empresa con poca agua para seguir operando.

Edmundo Pérez Yoma dijo a CIPER que Agrícola Cóndor también se ha visto golpeada por la sequía. Según contó, esta situación los forzó a cortar 15 hectáreas de naranjos y dejar a nivel de tocón (un pequeño tronco pegado a la raíz) 50 hectáreas de paltos. “Producto de la sequía, hace tres años Agrícola Cóndor reorientó su plan de negocios hacia la producción intensiva de tomates, los que requieren mucho menos agua”, relató. Y agregó que en esta nueva etapa productiva, dejaron de utilizar la mayoría de los derechos de agua entregados en carácter de provisionales, por lo que la medida no les afecta en lo inmediato.

-Si a futuro se produjera la recarga del acuífero por lluvias y nos viéramos en la obligación de dejar de utilizar esos derechos provisionales de agua, tendríamos que erradicar completamente las plantaciones de paltos reducidos a tocón –puntualizó Edmundo Pérez Yoma.

La resolución que dejó tramitando en Contraloría el último director de la DGA, compromete también al empresario Osvaldo Junemann Gazmuri. Entre 2006 y 2008, su empresa Agrícola Los Graneros obtuvo nueve derechos de agua por un total de 61 lt/seg.  Junemann, por su parte, obtuvo a título personal 54 lt/seg de agua en 2006.

Agrícola Santa María de Vitahue también aparece en la lista de sociedades cuyo ejercicio de derechos de agua ha afectado a terceros. La sociedad fue creada en 2001, entre otros, por Eduardo Cerda Lecaros (DC), ex alcalde de la comuna de Cabildo. Cerda transfirió en 2004 sus derechos correspondientes al 20% de la sociedad a sus dos hijas entonces menores de edad, actuando desde entonces como su representante. En 2005 Agrícola Vitahue obtuvo 27 lt/seg de agua de manos de la DGA.

MALA DECISIÓN

Luego de que Petorca comenzara a secarse, sólo algunos empresarios agrícolas lograron sortear la crisis. Según apuntan los vecinos, fueron principalmente los nuevos y grandes agricultores que cultivaron en los valles altos y las laderas de los cerros y que se vieron beneficiados por el sobre otorgamiento de agua promovido por la Dirección General de Aguas en 2004. Pérez Yoma, Junemann y Cerda Lecaros, entre otros.

Según quien fuera hasta hace poco director de la DGA, Francisco Echeverría, todos los pozos monitoreados por la DGA han ido en continuo descenso desde que comenzaron a ejercerse los derechos provisionales que sustentaron el explosivo desarrollo de la producción agrícola en el sector, desde el 2004 en adelante. Los nuevos cultivos se extendieron sobre suelos de secano, de muy baja humedad, los que requirieron de enormes cantidades de agua para quedar aptos para la producción agrícola de mediana y gran escala.

Respecto de los derechos provisionales de agua entregados a partir de 2004 a empresas y personas naturales, el estudio técnico de la DGA señala que la extracción actual “supera ampliamente los caudales sustentables determinados para cada acuífero” y que su uso causa perjuicio a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en La Ligua y Petorca. Concluye que el impacto es claramente manifiesto en el sostenido descenso de los acuíferos de ambas comunas (ver estudio).

Respecto de este estudio, del cual Edmundo Pérez Yoma dijo no tener mayor conocimiento, el ex ministro señaló que Agropetorca, instancia gremial que reúne a algunos productores de la zona, está estudiando acciones legales para revertir la resolución.

–Lo curioso es que hace un año y medio la DGA dijo exactamente lo contrario, es decir, que los derechos provisionales no estaban afectando al acuífero, que no existían datos que lo confirmaran. Ahora emite una opinión completamente distinta. Son dos opiniones contrapuestas emitidas por la misma institución. Si este estudio es serio, está bien hecho y se demuestra que la situación es efectiva, bueno, habrá que acatarlo –dijo a CIPER Pérez Yoma.

Para Echeverría, la entrega de estos derechos fue un error (ver recuadro) y las consecuencias las han pagado aquellos agricultores que contaban con derechos permanentes entregados con anterioridad al sobre otorgamiento de agua autorizado por la misma Dirección General de Aguas en 2004.

A la opinión de Echeverría respecto de la mala decisión de entregar nuevos derechos en Petorca, se suma un lapidario estudio publicado en 2012 por una académica de la Universidad de Reading de Reino Unido, Jessica Budds, en la Revista de Geografía Norte Grande. En él se señala que el estudio hidrogeológico que respaldó la entrega de derechos en carácter de provisionales en Petorca tuvo numerosas limitaciones:

–Primero, falló en reconocer adecuadamente el grado de exactitud en que se reproducía el sistema de agua del valle. Segundo, omitió un análisis de sensitividad y los márgenes de error en los resultados, por lo que la exactitud de las simulaciones es desconocida. Tercero, la calidad de ciertos datos aportados fue deficiente –concluye Budds (ver estudio).

Dirigentes sociales de Petorca celebran la decisión impulsada por Echeverría, aunque con cautela. “Fue durante los gobiernos de la Concertación cuando se sobre otorgaron las cuencas. No estamos seguros de que ahora ellos sean capaces de tocar a quienes hoy forman parte una vez más del gobierno”, dijo a CIPER Luis Soto, dirigente de MODATIMA.

LÍOS JUDICIALES

El sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona es sólo una parte del problema de sequía que azota a la Provincia de Petorca. Desde hace años, los principales afectados por esta catástrofe hídrica vienen denunciando la existencia de robo y usurpación del recurso. En mayo de 2011, la DGA difundió los resultados de un estudio satelital en el que se identificó la existencia de al menos 65 drenes enterrados a varios metros de profundidad para desviar y conducir aguas desde ríos y esteros hacia algunos pozos propiedad de privados (ver informe).  En medio de las continuas acusaciones, la DGA tuvo que salir al paso e iniciar una exhaustiva fiscalización.

Tras una visita de inspección a Agrícola Cóndor realizada por personal de la DGA en febrero de 2011, se detectó una serie de irregularidades en el fundo propiedad de Edmundo Pérez Yoma. Entre ellas, vestigios de un dren para captar aguas y conducirlas hacia un pozo en el predio; la modificación del cauce del estero Los Ángeles y una captación abastecida de aguas transportadas por tuberías de aproximadamente un kilómetro de longitud.

El 5 de abril del mismo año se llevó a cabo una nueva inspección por parte de la DGA. La historia ya es conocida. Muchas de las irregularidades detectadas en la primera visita habían sido “corregidas”. Así se señala en la resolución Nº 1.529 del organismo. “Todos los dispositivos fueron removidos del lugar, por lo tanto al momento de practicarse esta última inspección, la DGA no pudo constatar la extracción de aguas desde dicha obra” (ver resolución).

La DGA igualmente llevó a la justicia a Agrícola Cóndor por “no contar con las autorizaciones pertinentes para ejecutar trabajos y obras en el cauce del Estero Los Ángeles”, señala el dictamen (ver documento). Utilizó como prueba la presencia de una tubería encontrada en el cauce del estero.  El 12 de marzo de 2013, la empresa de Pérez Yoma fue multada con el pago de $825.260.

–En mi propiedad no se ha encontrado ningún dren. Producto de la sequía yo le compré agua a un vecino y nosotros tiramos una cañería para traerla hacia nuestro predio. Todo de manera legal con los títulos correspondientes. A nosotros nos multaron por no pedir permiso para tirar la cañería, no por usurpar agua. Creímos de buena fe que no era necesario pedir permiso para eso y todavía lo creemos –se defiende Pérez Yoma.

Respecto de los informes de la DGA en los que primero se constatan vestigios de un dren ilegal para captar agua y llevarla a un pozo en su predio, y luego se le acusa de ocultar las pruebas, el ex ministro señala enfático: “Sólo se está sugiriendo una situación. No pueden hacer eso, es una mariconada. La justicia finalmente desechó las acusaciones y nos dio la razón”.

En julio de 2011, Agrícola Pililén, de propiedad del ex diputado DC Eduardo Cerda García y su familia, tuvo que enfrentar a la justicia por “extraer agua subterránea desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado”, infringiendo 11 artículos del Código de Aguas. Mientras fue parlamentario, Cerda no tuvo problemas para integrar en la Cámara la Comisión Investigadora de extracción Ilegal de aguas y áridos en los ríos del país. Cuando se inició el proceso judicial, Cerda tuvo que inhabilitarse. Según señaló a Radio Biobio, “todo obedeció a un ataque personal, sólo por ser político” (ver nota).

En mayo de 2013, el Juzgado de Letras de La Ligua multó a Pililén con 15 UTM ($618.945, valor actual). La justicia fue clara en señalar que la empresa agrícola de propiedad de la familia Cerda Lecaros extrajo agua ilegalmente. “Sobre cerca del 600% de lo autorizado”, dice el dictamen (ver documento). La sentencia recorrió un largo camino en tribunales. Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de un recurso de reposición presentado por la denunciada, el 14 de marzo de este año el juzgado de La Ligua mantuvo a firme y ejecutó la sentencia de primera instancia contra Agrícola Pililén.

Suerte similar corrió Agrícola Los Graneros. En mayo de 2009, la DGA envió al Juzgado de Letras de La Ligua una resolución en la que pedía multar a la sociedad propiedad de Osvaldo Junemann por “extracción sin título de aguas subterráneas en el acuífero del río La Ligua”. En agosto de 2011 la agrícola fue condenada a pagar una multa de $825.260 a beneficio fiscal por “la extracción no autorizada de aguas subterráneas, hecho ocurrido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal”, señala la resolución (ver documento). Tras el fallo, Agrícola Los Graneros también recurrió a instancias judiciales superiores. En mayo de 2012, la Corte Suprema desestimó por “manifiesta falta de fundamentos” un recurso de casación interpuesto por la denunciada con el que buscó anular la sentencia, según se lee en el dictamen del máximo tribunal.

Otra de las sociedades involucradas en el extenso capítulo de anomalías detectadas por la DGA en Petorca fue Agrícola Liguana, propiedad del ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli Oyarzún y sus hermanos. Según la Resolución Nº 1481 de la DGA, fechada el 10 de mayo de 2011, la empresa construyó un pozo y un dren alimentador sin autorización, modificando el cauce del estero Alicahue. La DGA pidió multar a la empresa por infringir el artículo Nº 32 del Código de Aguas, sin embargo la causa no prosperó en la justicia.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) innovó en la querella que presentó el pasado 17 de abril contra Cristian Warner, el ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami (ME-O). En una nueva jugada que aleja a las empresas responsables del financiamiento irregular de la política de la persecución penal, el SII decidió cobrarles una multa y sólo querellarse contra quien recibió el dinero. Los nombres de los beneficiados son llamativos, y entre ellos resalta la agencia en Chile de la Constructora OAS, la multinacional brasilera que también le facilitó al candidato un jet privado para que lo utilizara libremente durante la presidencial de 2013.

OAS pagó al menos $59 millones a una de las sociedades ligadas a Warner: Cono Sur Research. Aunque existen otras investigaciones penales que involucran a esta empresa envuelta en la corrupción de la llamada “Operación Lava Jato” en Brasil, la decisión del SII evita que la Fiscalía la persiga por delitos tributarios vinculados a estos pagos.

En septiembre de 2015 el organismo ya se había querellado contra Warner por los dineros recibidos ilegalmente desde SQM Salar. Esta vez lo hizo por los $282 millones que diversas empresas entregaron a Cono Sur Research y a Cepe S.A. Por eso OAS no fue la única beneficiada con la decisión de Impuestos Internos. En la misma situación quedaron todas las empresas que le pagaron a las sociedades de Warner a través de facturas falsas, según determinó el propio SII luego de concluir su proceso de recopilación de antecedentes.

Cristian Warner

Las otras empresas a las que sólo se les aplicará una multa son Cencosud, Agrícola OGS e Inmobiliaria El Peñón (de la familia Ossandón Larraín) y SW Consulting, propiedad de Rodrigo Danús, quien ha participado en las aventuras electorales de ME-O. Esta última empresa pagó una factura por $5 millones a Cepe en septiembre de 2013.

El SII detectó que entre enero de 2013 y agosto de 2014 otra empresa ligada a Warner, Cono Sur Research, emitió 16 facturas falsas a Constructora OAS, Cencosud Retail y Agrícola OGS “por servicios que nunca realizó”. El organismo público argumenta que la falsedad de los documentos “pudo establecerse atendido a que ni la sociedad emisora ni los contribuyentes receptores de estos documentos tributarios aportaron documentación suficiente que acreditara la efectiva realización de los servicios consignados en las facturas objetadas” (revise aquí la querella del SII).

En la querella no se especifica a cuánto ascenderán las multas cobradas a estas empresas. Tampoco lo dice respecto de cinco personas que presentaron boletas falsas a las sociedades de Warner, quienes prestaron servicios para la última campaña presidencial de ME-O, o bien para su partido político, el PRO, o para su organización asociada, Fundación Progresa.

La querella contra Warner se presentó la misma semana en que se hizo pública la decisión del SII de bloquear la investigación penal contra otras once empresas, entre las que destacan cinco que pertenecen al Grupo Angelini: Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Forestal Arauco y Celulosa Arauco.(Ver reportaje de CIPER: “Las señales del SII y la Corte Suprema para bloquear las investigaciones de platas políticas”).

EL SALVAVIDAS PARA OAS

Entre las empresas “amnistiadas” penalmente por Impuestos Internos destaca la agencia en Chile de la constructora brasilera OAS, que ha estado al centro de las diligencias de la llamada “Operación Lava Jato”, donde se investiga una compleja red de corrupción que tiene como protagonista a la estatal Petrobras. En Brasil, el Ministerio Público Federal de Curitiba acusa a OAS de desembolsar cerca de US$8,6 millones en sobornos para beneficiarse con contratos de Petrobras.

De la mano de OAS y otras constructoras, los tentáculos de la “Operación Lava Jato” han traspasado las fronteras de Brasil, instalándose en Perú, Argentina, Uruguay y Chile, países en los que la empresa también está siendo investigada por fraudes en licitaciones y presuntos ilícitos en el financiamiento de la política.

En la querella del SII por delito tributario contra Cristian Warner, se le impugna a OAS la recepción de dos facturas (N° 12 y N° 15) por un total de $59 millones, emitidas el 14 de enero y el 1 de febrero de 2013 por Cono Sur Research (de la que Warner es representante legal), lo que le permitió a la constructora disminuir artificialmente “el impuesto a la renta que en derecho les correspondía enterar en arcas fiscales”.

Las facturas mencionadas por Impuestos Internos fueron entregadas a OAS por Cono Sur a meses de que la constructora pusiera a disposición de ME-O, entonces candidato presidencial del PRO, un jet privado con el que realizó varias giras nacionales durante su campaña, tal como reveló La Tercera.

Pese a que OAS acompañó como respaldo ante el SII dos contratos por servicios de asesoría profesional suscritos por la constructora y Cono Sur Research, Warner no logró acreditar la entrega de esos servicios. Luego de solicitar ante el SII en dos oportunidades prórroga del plazo que tenía para entregar el respaldo documental y contable de esos trabajos, a fines de diciembre de 2016 el ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami reconoció ante funcionarios del servicio que esos antecedentes no se encontraban en su poder. La razón: “se extraviaron”, según la propia declaración de Warner.

La querella del SII contra Cristian Warner aporta un antecedente hasta ahora desconocido: la existencia de otras tres facturas pagadas por OAS a Cono Sur Research en 2012 por servicios que tampoco han sido acreditados. De acuerdo a la revisión que hizo Impuestos Internos de la contabilidad de OAS Chile, existen además otras tres facturas (N° 8, N°10 y N°11) emitidas por la empresa de Warner por servicios que no se pudieron verificar. “Como no se tuvieron a la vista las facturas propiamente tales, ni la contabilidad del año tributario 2013 de la sociedad Cono Sur Research SpA, debido a que Cristian Warner Villagrán alegó el extravío de documentos, no se pudo verificar la efectividad de los servicios que se señalan en esos documentos tributarios”, se explica en la querella.

En el escrito judicial contra Warner no se especifican las fechas de emisión de esas facturas, ni tampoco los montos que cada una involucra, aunque sí se solicita al Ministerio Público que pida su entrega voluntaria o la autorización para incautarlas.

Respecto de OAS, Warner no sólo tiene abierto un flanco tributario. El 28 de octubre de 2016, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra ME-O, el propio Warner y el socio de Cono Sur, Sergio Novoa, acusándolos de haber rendido ante el Servicio Electoral (Servel) $170 millones con el fin de obtener el reembolso del organismo por servicios que no se habrían prestado. El candidato del PRO aseguró en su momento que esos dineros eran parte de los gastos ejecutados por Cono Sur Research para contratar los servicios del publicista brasilero Duda Mendonça durante su campaña. Desde el PRO también se levantó la tesis de que parte de esos dineros habían sido utilizados para pagar el arriendo del jet privado que ME-O utilizó durante su campaña, aunque esa versión se derrumbó más tarde cuando un alto ejecutivo brasilero de OAS reconoció que la constructora le había facilitado el avión en el contexto de una donación.

A la estrecha relación de la cuestionada constructora OAS con Marco Enríquez y Cristian Warner, se suman una serie de antecedentes que han puesto el foco en los vínculos que también forjó con otras personalidades ligadas a la política en Chile. Uno de ellos es el geógrafo Giorgio Martelli, recaudador de dineros de la precampaña de Michelle Bachelet.

Tal como reveló CIPER, Martelli aparece mencionado en repetidas oportunidades en una serie de mensajes de texto (WhatsApp) intercambiados por altos ejecutivos de la constructora brasilera –entre ellos su presidente, Leo Pinheiro, condenado a 16 años de prisión en 2015 por delitos de corrupción en el marco de la “Operación Lava Jato”– como uno de sus contactos en Chile. Martelli, incluso visitaría obras de OAS en Río de Janeiro a fines de 2014 (ver reportaje de CIPER).

Luego, La Tercera daría a conocer dos pagos de OAS a una empresa de Martelli por cerca de $60 millones, por la supuesta confección de un mapa y una guía de Chiloé, justamente donde OAS ganó a fines de 2013 una licitación por $360 mil millones para construir un puente que unirá a esa isla con el continente.

En los mensajes de texto revelados por CIPER y poco antes de las elecciones presidenciales de 2013, los directivos de la constructora reconocían que si Michelle Bachelet y Marco Enríquez-Ominami pasaban a segunda vuelta, OAS quedaría en “una situación difícil”.

LOS $170 MILLONES DE LOS OSSANDÓN

El 21 de marzo pasado la Fiscalía formalizó por tercera vez a los miembros del clan Ossandón Larraín. Se trata de una investigación que se extiende desde 2011, luego de que Manuel Ossandón Larraín se querellara en contra de su hermano Bernardo, acusándolo de realizar triangulaciones con la fortuna familiar que lo habrían perjudicado y que habrían implicado una millonaria evasión tributaria. Una de las aristas involucra sociedades de la familia en los paraísos fiscales de Panamá y de las Islas Vírgenes Británicas (Real State Golden y Fundación Educacional BLV) a la que le habrían traspasado dineros de la fortuna familiar sin pagar los impuestos correspondientes.

En diciembre de 2014 el SII se querelló contra los Ossandón Larraín por una defraudación tributaria que llegó a los $198 mil millones, según informó Emol. Antes, entre 2012 y 2013 el Servicio había emitido liquidaciones de impuestos pendientes por US$400 millones. La familia que heredó su fortuna de Bernardo Larraín Vial, dueño de 1.500 hectáreas en La Dehesa, protagoniza el que ha sido catalogado como el mayor fraude tributario en la historia de Chile.

A pesar de estos antecedentes y de que la familia tiene una investigación judicial pendiente, el SII decidió evitar la persecución penal por los pagos que realizaron a la sociedad del asesor de ME-O. La rama de los Ossandón Larraín, a través de Agrícola OGF, entregó $40 millones a Cono Sur Research, que emitió una factura en agosto de 2014.

Bernardo Ossandón también declaró en representación de Inmobiliaria El Peñón, aunque el representante legal es su primo Ignacio Ossandón Irarrázabal (hermano del senador Manuel José Ossandón). En agosto de 2014, esa empresa realizó otro pago por $130 millones a Cepe.

Fue el mismo Bernardo Ossandón Larraín quien se refirió a este pago ante el SII: “No existe una asesoría, lo que se canceló fueron un trabajo profesional vinculado con una campaña publicitaria para hacer presente en la opinión pública una serie de situaciones reprochables en la Isla de Chiloé, en ese sentido, yo no tuve ningún contacto con la gente de Cepe”.

Esa versión es la misma que Bernardo Ossandón entregó en octubre de 2016 a funcionarios de la PDI. A ellos les relató que el periodista Juan Pablo Moreno (ex asesor del Consejo Para la Transparencia, sobrino de Jaime Guzmán) le dijo que unos amigos suyos querían levantar una campaña comunicacional en contra de la tala de bosque nativo que la empresa Agrícola Brinzal realizaba en la Isla de Chiloé: “Hablé con Juan Pablo Moreno y le dije que me enviará la factura para proceder a pagar la campaña, documento que recibí en el mes de agosto 2014. Por lo que recuerdo me la enviaron a mi oficina en el mes de agosto (…) Al respecto quiero precisar que cuando recibí la factura de la empresa Cepe S.A. no tenía conocimiento de quienes eran los dueños y tampoco el rol de Cristian Warner en los medios públicos o privados”, indicó, según información difundida por La Tercera.

La única información entregada por la Inmobiliaria El Peñón y Agrícola OGF al SII para justificar los $170 millones que traspasaron en agosto de 2014 a las sociedades de Warner fue un CD que contenía una asesoría en relación al manejo del bosque nativo. Como esa materia está alejada de los giros de Cono Sur y de Cepe, y Cristian Warner no entregó ningún informe que respaldara los pagos, el SII consideró que se trató de facturas falsas.

Al igual que con el resto de personas jurídicas involucradas en pagos a las empresas de Warner, el SII decidió no perseguir penalmente a la Agrícola OGF ni a Inmobiliaria El Peñón.

LA DESCONOCIDA RECTIFICACIÓN DE CENCOSUD

No es primera vez que el holding Cencosud figura ligado al financiamiento ilegal de la política. Ya en agosto de 2015 apareció el primer testimonio judicial que apuntó a la empresa de Horst Paulmann. Ana Carolina Palacios –parte de la red de boleteros que ayudaron a financiar a Pablo Longueira–, señaló ante los fiscales que en 2010 su cuñada “Titi” Valdivielso le pidió emitir una boleta falsa a Cencosud por $8 millones.

En el caso del principal asesor de ME-O (Cristian Warner), los aportes fueron más abultados: $48 millones pagados entre enero de 2013 y enero de 2014 a la sociedad Cono Sur Research. Fueron 13 facturas pagadas durante el año de la última incursión electoral del líder del PRO. La primera fue la más grande, por $24 millones. Luego los pagos se redujeron a $2 millones mensuales. Esas 13 facturas fueron rectificadas por Cencosud.

El gerente general de Cencosud, Jaime Soler Bottinelli, declaró ante el SII que los pagos se rectificaron porque no hallaron respaldo que los justificaran: “Según las facturas entiendo que existió un contrato que hablaba de asesorías de evolución del retail en Chile, en la sociedad no encontramos contraprestaciones de ese contrato y por ende procedimos a rectificar. Quiero reiterar que personalmente no tengo la certeza de que no existieron esas prestaciones, pero al no encontrar respaldos que acrediten dichos servicios en Cencosud decidimos con el fiscal (interno de la empresa) Carlos Mechetti y el presidente de la compañía don Horst Paulmann rectificar frente al Servicio”.

Horst Paulmann

Al igual que con el resto de transferencias cuestionadas, Cristian Warner no entregó al SII ningún informe que justificara estos pagos, aduciendo que se le habían perdido. Respecto a Cencosud, Impuestos Internos decidió aplicar sólo una sanción pecuniaria y no perseguir su responsabilidad penal.

Un reportaje de The Clinic de agosto de 2015 menciona que Paulmann habría reconocido ante el directorio de la firma aportes legales a la política, pero no ilegales. La posterior rectificación que la empresa realizó ante el SII, luego de que no encontrara informes que respaldaran los pagos al asesor de ME-O, pone en duda su postura oficial. En ese reportaje también se señala que el empresario era un financista habitual de la UDI, pero los nuevos datos puestos sobre la mesa por la investigación sobre las platas políticas sugieren que sus aportes se extendieron más allá de las finanzas del gremialismo.

Cencosud es una de las principales operadoras del mercado del retail. Propiedad del empresario alemán Horst Paulmann (nacionalizado chileno por iniciativa del ex presidente Ricardo Lagos), controla marcas como Paris, Johnson, Jumbo, Easy y Santa Isabel. Además es  dueña de los centros comerciales Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center, Portal La Dehesa, Portal La Reina y otros cinco shopping a lo largo de Chile.

BOLETEROS PROGRESISTAS

La querella del SII incluye 15 boletas falsas pagadas por Cono Sur Research a Caroll Cuellar Godoy, Andrés Navarrete Varas, Luis Navarrete Hernández, Liliana Espinoza Álvarez y María Aguirre Mendoza por un total de $12,7 millones. Todas las boletas fueron emitidas por estas personas entre 2013 y 2014. En los cinco casos el SII optó por aplicar una sanción pecuniaria.

Durante el proceso de recopilación de antecedentes respecto de estos pagos Cristian Warner solicitó prórroga del plazo para que pudiera acreditar la efectividad de los trabajos realizados, pero finalmente el 23 de diciembre de 2016 señaló ante funcionarios del SII que “en relación a los antecedentes contables y sus respaldos solicitados por este departamento relativos a los contribuyentes Cono Sur Research y Cepe, dichos documentos no se encuentran en mi poder atendido a que se extraviaron”.

Carlos Muñoz Valle, contador de Warner y jefe de Finanzas de la Subsecretaría de las FF.AA.

Todos estos contribuyentes fueron citados a declarar ante el SII o ante el Ministerio Público. Mientras Cuellar Godoy guardó silencio, Navarrete Varas le dijo a los fiscales que había prestado servicios para la campaña presidencial de ME-O. Navarrete Hernández no presentó documentos de respaldo por “motivos laborales y de viaje”.

Liliana Espinoza Álvarez dijo al Ministerio Público que trabajaba para el contador Carlos Muñoz Valle, y que su labor consistía en llevar la contabilidad de empresas de Warner y también del PRO y de la Fundación Progresa, pero que sus honorarios los pagaba Warner Producciones y Conosur. La hija de Liliana Espinoza, María Aguirre Espinoza, también figura con boletas, pero el contador Muñoz Valle reconoció ante los fiscales que ella no prestó ningún servicio, que los pagos fueron para él, pero que se utilizó esta fórmula para “equilibrar la carga tributaria”. Muñoz Valle, quien también fue administrador electoral de ME-O, es desde marzo de 2016 el jefe de la División de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

La segunda sociedad de Warner involucrada, Cepe S.A., aparece pagando cuatro boletas falsas a Andrés Navarrete Varas y a una sociedad de la que él es representante legal: Trébol Producciones Publicitarias. Los documentos fueron emitidos entre 2014 y 2015 por un total de $3,2 millones “por servicios que jamás se realizaron”. Respecto de Navarrete Varas y de Trébol Producciones, el SII también optó por aplicarles una sanción pecuniaria y no perseguir su responsabilidad penal.

“Vamos en un tren de alta velocidad, sabemos que al final del túnel hay una pared y que podemos estrellarnos, quizás en una semana, en un año, o en cinco, pero mientras el rey nos permita hacer negocios e inversiones, vamos bien…”. Un empresario nicaragüense.

En los corrillos de los grandes empresarios nicaragüenses es común escuchar esta clase de comentarios sobre la paradoja que representa el régimen de Daniel Ortega en su relación con la élite económica.  Se respira un genuino clima de entusiasmo –primero fue una sensación de alivio, después vino el acomodamiento, y finalmente la celebración de grandes oportunidades de negocios– ante un Gobierno autoritario que permite y fomenta la inversión privada, incluida la de la familia gobernante y sus allegados. Pero al mismo tiempo, se percibe el temor y la incertidumbre que emana de la naturaleza de un régimen de fuerza, que está basado en el poder absoluto del caudillo y su discrecionalidad para premiar y castigar, sin ninguna clase de contrapesos.

La resultante de estos dos impulsos contrapuestos, es una actitud de extrema prudencia y autocensura para evitar cuestionar los atropellos del régimen: “Claro que hay una gran corrupción, pero yo no voy a hablar de eso en público, porque me pueden caer”, me explicó, justificándose, uno de los “pesos pesados” del sector empresarial. El debate público que hace una década transcurría en el parlamento, en las universidades y en los medios de comunicación, ha sido sustituido por el monólogo oficial de la vicepresidenta del Gobierno. Mientras tanto, la diversidad de voces del sector privado se ha reducido cada vez más a la vocería de las cámaras empresariales que ejerce el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri.

EL CORPORASTIVISMO AYER Y HOY

“El corporativismo autoritario es un régimen político no democrático, en el que el Estado, encarnado en el líder máximo a la cabeza de su partido hegemónico, confiere a las asociaciones de grandes empresarios el monopolio de la representación de sus intereses y del resto de la sociedad”.

Benito Mussolini, fundador del fascismo corporativista.

He leído con atención la serie de tres artículos publicados recientemente en La Prensa por el presidente del Cosep –“El corporativismo y los tres diálogos (1 y 2)” y “El modelo Cosep”–, en los que resume una visión, que aparentemente cuenta con la bendición de influyentes líderes empresariales. Aguerri se propone descalificar el concepto de corporativismo que se ha utilizado para caracterizar la naturaleza de la alianza económica de los grandes empresarios con un Gobierno autoritario –sin democracia, transparencia, ni rendición de cuentas– como si se tratara de un mote o un adjetivo peyorativo. Pero la descripción que hace sobre cómo funciona el autollamado “modelo Cosep”, encaja cabalmente en lo que históricamente ha sido conocido como corporativismo, aunque con las particularidades nicaragüenses.

Es un sistema cerrado, excluyente, de intermediación directa, en el que la cúpula del sector privado comparece como único actor en representación del resto de la sociedad a negociar los asuntos económicos con el Gobierno, y los acuerdos se convierten posteriormente en leyes, endosadas por un parlamento que no tiene poder de deliberación porque está totalmente sujeto al Ejecutivo.

En la tradición de las ciencias políticas, el corporativismo es un régimen político no democrático en el que el Estado, encarnado en el líder máximo a la cabeza de su partido hegemónico, confiere a determinados grupos –asociaciones de empresarios, sindicatos, y militares, principalmente– el monopolio de la representación de sus intereses y del resto de la sociedad, estableciendo roles y normas jerárquicas. El sistema provee un orden social, pero no hay Estado de Derecho, ni autonomía de la sociedad civil, y menos aún competencia política democrática. En una palabra, no hay democracia y tampoco se tolera una verdadera oposición que represente la posibilidad de alternabilidad en el poder.

La semana pasada, el comandante Ortega proclamó su propia versión del corporativismo a la nica ante una importante asociación iberoamericana de empresarios, cuando dijo: “Aquí somos un solo gobierno, trabajadores, empresarios y el Estado”. En realidad, su definición carece de originalidad. El corporativismo tiene su acta fundacional más conocida en la primera mitad del siglo XX, bajo el régimen fascista de Mussolini en Italia, mientras en América Latina proliferó en Brasil (Getulio Vargas), Argentina (Juan Domingo Perón), y México, con la particularidad de que en sus siete décadas en el poder el PRI impuso el principio de la no reelección absoluta. Los teóricos de la transición democrática en América Latina, en los años 80 y 90, entre ellos Juan Linz, Guillermo O´Donell, Philippe Schmitter, y Larry Diamond, estudiaron a profundidad las múltiples variantes de este fenómeno que parecía superado, aunque resurgió con nuevos bríos con el “socialismo” bolivariano de Hugo Chávez y su régimen cívico-militar, mientras Ortega implementó la versión pragmática, no estatizante, en alianza con el gran capital privado.

Algunos politólogos y analistas internacionales que aún prestan atención a Nicaragua –Michael Shifter, David Close, Salvador Martí, Richard Feinberg, entre otros– han ensayado diferentes definiciones sobre el nuevo régimen de Ortega: “dictadura institucional”, “caudillismo tradicional”, “capitalismo de compadres”, o “autoritarismo competitivo”. En Nicaragua, el economista José Luis Medal precisó su especificidad como un régimen “corporativista autoritario”, que se basa en la concentración del poder y la anulación de las instituciones democráticas. Medal reconoce la importancia del diálogo que debe existir entre el sector privado y el gobierno sobre temas económicos y políticas públicas, y el fomento de iniciativas público-privadas, pero advierte sobre el riesgo de que se produzca una captura de los intereses del Estado por los grandes grupos empresariales, cuando las leyes más importantes del país, como la seguridad social, la reforma tributaria, o la ley de bancos, se negocian y se deciden en solitario entre el gobierno y el Cosep, al margen de toda rendición de cuentas institucional.

Ese ha sido el patrón dominante desde 2009, el momento de mayor ilegitimidad política del régimen después del fraude electoral municipal de 2008 y la represión contra la oposición, cuando bajo la presión de la crisis económica internacional Ortega abrazó la alianza con los grandes empresarios. El “modelo” pretende justificarse apelando a los resultados económicos obtenidos en los últimos años en los índices de crecimiento económico, exportaciones, y atracción de inversión extranjera.

Pero lo que no se dice es que los gobiernos democráticos del período 1990-2006, específicamente Violeta de Chamorro y Enrique Bolaños, sentaron las bases del crecimiento económico, sin liquidar las instituciones democráticas. Por el contrario, promovieron un desarrollo institucional, que ahora ha sido demolido por Ortega. Entonces, lo que el país debería debatir ahora no son únicamente los déficits estructurales que prevalecen en la economía a corto plazo –pobreza masiva, desempleo, desigualdad, educación deficiente, falta de competitividad, exoneraciones fiscales, informalidad, baja productividad, y una matriz exportadora arcaica– sino, además, el costo de oportunidad de la dictadura a largo plazo.

¿Cuánto le costará a Nicaragua restablecer las instituciones democráticas, que han sido capturadas por el autoritarismo? ¿Se podrá transitar de forma pacífica por la vía electoral, o nos tocará vivir el infierno de la Venezuela de Nicolás Maduro? O visto desde la perspectiva del uso de los recursos más escasos: ¿cuál es el costo económico y social de un régimen político autoritario, que ha desviado centenares de millones de dólares de forma inescrupulosa e ineficiente al pozo sin fondo de la corrupción?

CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA PÚBLICA Y LA PRENSA INDEPENDIENTE

“Es impresionante como Daniel Ortega ha logrado instrumentalizar a los empresarios. Nos está usando a todos, porque nosotros también tenemos negocios en Nicaragua y nos va bien, pero somos rehenes”. Un empresario centroamericano.

Sede de Albanisa en Managua. Carlos Herrera/Confidencial

Una nueva ola de lucha contra la corrupción pública y privada ha inaugurado tiempos de esperanza en América Latina. La huella dejada por las coimas millonarias del consorcio brasileño Odebrecht, el renovado impulso a la lucha contra el lavado de dinero, la beligerancia de la sociedad civil y la prensa independiente, con el respaldo de instituciones estatales autónomas, están produciendo resultados palpables en muchos países. Se trata no solo de una cruzada ética y moral, para afianzar el principio de cero tolerancia contra la corrupción, sino además de devolverle al Estado y a los ciudadanos el dinero  esquilmado al erario público. En Centroamérica, tenemos ejemplos concretos en El Salvador, Honduras, y Guatemala, en los que los movimientos ciudadanos y las instituciones públicas –Fiscalía, Cortes de Justicia, e instituciones supranacionales como la Cicig—han trazando una gruesa línea roja contra la corrupción. En Nicaragua, en cambio, predomina un silencio sepulcral, y no es porque no existe una corrupción desenfrenada que ha sido ampliamente denunciada por la prensa independiente, mientras Transparencia Internacional ubica al país entre los más corruptos de América Latina, solo después de Venezuela y Haití, y las encuestas de Funides revelan que la corrupción es una constante preocupación para el clima de negocios que demandan los empresarios.

La transparencia cero y la anulación del principio de rendición de cuentas, también forman parte integral del modelo corporativista autoritario de Ortega. Son las reglas impuestas por las vías de hecho, a través de la demolición de la autonomía de la Contraloría, la Fiscalía, la pérdida total de independencia del Poder Judicial, el tráfico de influencias institucionalizado, y el irrespeto flagrante a la Ley de Acceso a la Información Pública (lea la investigación la Alcancía de Albanisa).

A pesar del cerco de silencio, en Confidencial hemos documentado exhaustivamente la danza de los petrodólares, y cómo se ha producido el desvío ilegal de más de cuatro mil millones de dólares en cooperación estatal venezolana hacia canales privados, a disposición de la familia presidencial. El 62% de estos fondos, según los reportes presentados al Fondo Monetario Internacional (FMI), se destinan a actividades lucrativas bajo la cobija del consorcio Albanisa. Se trata de centenares de millones de dólares en recursos que debieron haber sido destinados a obras de infraestructura productiva o social, pero terminaron en manos de una pulpería de negocios privados, en la que igual compran canales privados de televisión y radioemisoras, que hoteles o inversiones agropecuarias, sin ninguna racionalidad económica, excepto la ambición de la élite gobernante.

Nuevamente, el país debería debatir cuál es el costo de oportunidad de la corrupción bajo una dictadura y preguntarse: ¿cuál habría sido el impacto de invertir ese fondo millonario del patrimonio nacional en mejorar la calidad de la educación?

Aparte del costo de oportunidad de haber utilizado estos recursos con eficiencia económica y social, el país está pagando un alto costo directo proveniente de las operaciones de Albanisa. Con los fondos de la cooperación venezolana, el consorcio se ha convertido en la fuerza más poderosa del sector energético: es el principal generador, el transmisor, y el comercializador, como dueño de facto de Disnorte y Dissur. Mientras el vicepresidente de Albanisa, el ingeniero Francisco “Chico” López, ejerce una suerte de cargo de súper ministro de Energía, el conglomerado controla la regulación y la formulación de políticas, incluida la matriz de expansión para los próximos años. Esto significa que no hay licitaciones públicas de nuevos proyectos, sino que el consorcio se los adjudica de forma automática.

Los fondos venezolanos han generado un monumental conflicto de intereses, como es el control total desde Albanisa, como un solo eje de poder — público y privado, de acuerdo a la conveniencia del momento–, de todas las instancias del sector energético. Como resultado, las tarifas no bajan y el país tampoco puede importar energía barata de países vecinos, que en muchas ocasiones presentan excedentes. En el balance final, las empresas, los productores, y el país entero está perdiendo competitividad por el alto costo de la energía que se deriva de los intereses financieros de Albanisa en colusión con las instancias de Gobierno que controla.

Lo sorprendente es que el tema de la corrupción está fuera de la agenda de desarrollo del Cosep. Entre los cinco ejes de desarrollo estratégico y las 51 líneas de acción definidas en la Agenda 2020 para mejorar el entorno de negocios, no se registra una sola vez el tema de la transparencia pública. Tampoco se menciona la lucha contra la corrupción o la inacción de instituciones encargadas de esta materia, como la Fiscalía o la Contraloría. Únicamente en el punto cinco del Decálogo Democrático, se consigna que “las licitaciones deben realizarse bajo procesos transparentes y públicos”. ¿Es esta una reacción defensiva para proteger a las empresas privadas, frente a los intereses de la élite gobernante en las licitaciones, o acaso es parte de un programa para promover la transparencia?

Cualquiera sea su motivación verdadera, es una declaración necesaria pero insuficiente, para poner en agenda y prevenir el cáncer nacional de la corrupción.

¿Y qué pasa cuando la corrupción hace colapsar el sistema desde adentro? ¿Existen acaso mecanismos correctivos? En julio del año pasado, por ejemplo, estalló un escándalo mayúsculo de corrupción en la Empresa del Aeropuerto Internacional, una de las 58 instituciones públicas en las que existe representación de delegados de las cámaras del Cosep. El gerente de la EAAI, Orlando Castillo Guerrero, fue intervenido en el cargo, incluida la ocupación de sus residencias particulares y la toma de sus empresas familiares, presuntamente para investigar las operaciones anómalas de tercerización que realizaba en el aeropuerto la empresa Anyway Travel, originalmente vinculada a un hijo de la pareja presidencial, que opera como delegado plenipotenciario en los asuntos de Gobierno.  Lo insólito es que la investigación en la empresa pública no la condujo la Policía ni el Ministerio Público, sino operadores particulares del Presidente Ortega, como si se tratara de un asunto de familia y no una cuestión de Estado. Al final, Castillo fue destituido del cargo y sustituido por otro funcionario, pero la investigación quedó sepultada en la impunidad, ante la indiferencia o incapacidad de los representantes del Cosep.

Cuando se derrumba el sistema institucional de rendición de cuentas, como ha ocurrido en Nicaragua, a la prensa independiente le toca jugar un rol extraordinario para promover la transparencia. Los periodistas no pretendemos ni podemos sustituir a los policías, jueces y contralores, que no cumplen con su obligación legal, pero la fiscalización del poder público y privado exige revelar lo que otros callan y generar una opinión crítica para promover el debate público. En esa labor hemos contado con el apoyo tanto de funcionarios públicos honestos como de fuentes privadas, que comparten el compromiso a favor de la transparencia. La respuesta del régimen y su estrategia de “información incontaminada” ha sido erigir una política de acoso contra la prensa independiente que combina diversas formas de represión, exclusión en el acceso a las fuentes informativas, e intimidación, que va desde el espionaje y las presiones económicas, hasta la prohibición absoluta de anuncios publicitarios del sector público.

En los últimos meses, han surgido también voces intolerantes en el sector empresarial que han llegado al extremo de abogar por que la empresa privada deje de anunciarse en medios que critican el corporativismo autoritario y demandan transparencia. Afortunadamente, son casos aislados, sin eco, de extremistas que no representan la diversidad y pluralidad del sector privado, en el que predomina un compromiso con los valores democráticos, empezando por la tolerancia y el respeto al papel profesional, independiente, y crítico de la prensa.

¿ES REPLICABLE EL “MODELO COSEP” EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO?

“El Presidente Daniel Ortega es una persona muy inteligente. Yo le comenté que para los empresarios es muy importante el respeto al Estado Derecho y las instituciones democráticas para lograr un buen clima de negocios. Él no me dio ninguna opinión sobre eso y más bien habló sobre otra cosa, pero estoy seguro que escuchó y entendió lo que yo estaba diciendo…”. Un empresario de América del Sur.

El comandante Daniel Ortega junto al presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Foto: Presidencia.

La publicación el año pasado del Decálogo Democrático del Cosep fue acogida positivamente como un paso importante para poner en primer plano la importancia de la institucionalidad democrática para el desarrollo nacional. Pero una mera declaración de principios que han sido demolidos y siguen siendo violados de forma sistemática por el régimen de Ortega, no basta para mover la agenda del cambio democrático. Tampoco es cierto, como lo demuestra nuestra propia historia bajo el régimen de Somoza, que “haciendo crecer la economía, hacemos crecer la democracia”, como alega el presidente del Cosep. Todos los estudios sobre desarrollo económico demuestran que la economía puede alcanzar altas tasas de crecimiento bajo regímenes autoritarios, sin que esto desemboque en democracia y, peor aún, sin garantías de sostenibilidad a largo plazo. El camino de la construcción democrática es tortuoso y demanda la existencia de fuerzas sociales y actores democráticos comprometidos con la creación de instituciones, que tarde o temprano representarán un contrapeso al poder autoritario.

Paradójicamente, aunque a primera vista contradice sus intereses de corto plazo, es en el interés de los grandes empresarios propiciar el desmontaje gradual del corporativismo autoritario, si de verdad tienen un compromiso con la estabilidad y el desarrollo sostenible del país. No se trata de que los gremios empresariales sustituyan a la oposición política o que renuncien al diálogo con el Gobierno. Por el contrario, es imperativo mantener y ampliar el diálogo con el poder para que sea inclusivo y le devuelva a la sociedad el derecho al debate público. Para empezar, urge establecer límites para frenar los abusos de poder, denunciar la corrupción y demandar que se investigue y se castigue, y terminar con las “misas negras” en que se deciden las leyes, restableciendo la transparencia pública.

El trueque entre ventajas económicas ahora e inestabilidad política mañana, es un mal negocio a largo plazo. Los grandes empresarios están obligados a poner su propia cuota de transparencia y abrirse al postergado examen sobre el rendimiento de los subsidios y las exoneraciones fiscales que superan los 700 millones de dólares, equivalente a más del 7 % del Producto Interno Bruto. Cada año, el gobierno incumple su propia ley y no presenta la evaluación del rendimiento de las exoneraciones, ni ha formulado una propuesta para reducirlas, a pesar de las advertencias del mismo Fondo Monetario Internacional sobre la urgente necesidad de generar un colchón de ahorro fiscal.

En diciembre del año pasado, en una entrevista televisiva, le pregunté a José Adán Aguerri si el Cosep se sometería a la revisión de las exoneraciones. Su respuesta inusitada fue que “siendo pragmático, uno no discute exoneraciones ni subsidios en un año electoral”, invocando como pretexto unas elecciones municipales sin autonomía municipal, en las que no está en juego ni siquiera el poder local.

La demanda que diversos sectores han hecho a los grandes empresarios para que pongan límites ante los abusos del poder y la falta de transparencia pública, no significa promover la confrontación con el Gobierno, sino alentarlos a que dejen de ser rehenes del autoritarismo. El discurso oficial, en el que cada vez hay menos diferencias entre el Gobierno y algunos líderes empresariales, aduce que se está convocando a una confrontación para descarrilar la economía. Pero la falacia se cae por su propio peso, pues la única confrontación que existe en Nicaragua es la que el régimen de Ortega ha impuesto contra el resto de la sociedad, cada vez que ésta reclama por sus derechos democráticos conculcados.

En la soledad del búnker de su oficina-residencia en El Carmen, el comandante Ortega tiene sobradas razones para celebrar que su régimen corporativista autoritario, ha sido rebautizado como el “modelo Cosep”. La última versión delirante y disparatada es que el “modelo”, ya validado en Nicaragua, ahora estaría en una etapa de “adopción” en otros países latinoamericanos, empezando por nuestros vecinos de Centroamérica. Pero, ¿acaso es posible separar el diálogo económico con el Gobierno, con la ausencia de democracia y transparencia, y rendición de cuentas, que forma parte del mismo modelo?

En una breve visita a El Salvador, hace unas semanas, entrevisté a líderes empresariales y analistas vinculados a la visión del sector privado y les pedí su opinión sobre el tema. Todos reconocen que sería deseable en su país un gobierno pro sector privado, que no intervenga en la economía de forma arbitraria como lo hace la administración del FMLN, pero ninguno quiere para El Salvador ni toleraría un régimen que conculque las libertades, y anule el contrapeso de las instituciones democráticas. En otras palabras, a los grupos empresariales de los países de la región les resulta ventajoso hacer inversiones y negocios bajo el esquema de Nicaragua, sin que eso valide al corporativismo autoritario como un modelo replicable, porque la otra parte de la ecuación, la dictadura institucional y la falta de democracia, les resulta intolerable. Al menos, eso fue lo que me dijo un influyente líder del empresariado salvadoreño: “Nunca estaría dispuesto a anteponer mis intereses de negocios de corto plazo, sacrificando el interés general de la nación”.

Ciertamente, cuando el mensaje y la actuación del liderazgo empresarial se mimetiza con el discurso oficial de un régimen autoritario, las figuras públicas inevitablemente incurren en un costo reputacional que los caricaturistas son los primeros en detectar con la sátira de sus dardos. Ese es el oficio de los humoristas frente al poder en todas partes del mundo. Pero lo que deberíamos estar debatiendo en Nicaragua no es el derecho de los caricaturistas a criticar, que está fuera de discusión, sino el verdadero problema nacional que reclama una ruta de salida. Sin democracia, y ahora con el desplome de la cooperación económica venezolana, el “modelo” actual, llámese Cosep o corporativismo autoritario, carece de sostenibilidad a mediano plazo. Ese es el problema medular. Frente a esa encrucijada, el dilema de los grandes empresarios oscila entre el cortoplacismo, que conduce a la complicidad con el régimen y eventualmente a la incertidumbre, o empezar a convertirse, desde ahora, en actores democráticos para dejar de ser rehenes del autoritarismo y aportar a una solución duradera.

Vea el artículo original aquí.

Esta semana finalizó la campaña internacional organizada por Finance Uncoverd –en la que participó CIPER- y en la que se le pidió a miles de legisladores de más de 20 países transparentar sus impuestos. En Chile, 28 parlamentarios chilenos aceptaron hacer públicas sus declaraciones tributarias a través de CIPER: 21 diputados y 8 senadores, pertenecientes a todo el espectro político, lo que representa un 18% de de los legisladores nacionales.

Entre ellos destaca Manuel José Ossandón (renunció a RN en julio de 2016), el único parlamentario que hoy es candidato presidencial -de los cinco que siguen en carrera desde el Congreso- que aceptó hacer pública su declaración de impuestos. Ossandón dijo a CIPER:

-Todos los que estamos en el servicio público y más aun quienes somos candidatos presidenciales, tenemos la obligación de ser transparentes ante este tipo de requerimientos. Me parece óptimo y necesario para recomponer las confianzas con la ciudadanía. Es lo mínimo que tenemos que hacer los políticos.

Los diputados que decidieron transparentar sus impuestos fueron:

Pepe Auth (Independiente, ex PPD), Distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú).

Fidel Espinoza (Partido Socialista), Distrito 56 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro). Actual presidente de la Cámara de Diputados.

Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), Distrito 2 (Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte).

Marcela Hernando (Partido Radical), Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal).

Tucapel Jiménez, (Partido Por la Democracia, PPD), Distrito 27 (El Bosque, La Cisterna, San Ramón).

Juan Morano, (Partido Demócrata Cristiano), Distrito 60 (Antártica, Cabo De Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine).

Jorge Rathgeb, (Renovación Nacional), Distrito 48 (Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén).

Luis Rocafull (Partido Socialista), Distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre).

Karla Rubilar (Independiente), Distrito 17 (Conchalí, Huechuraba, Renca).

Guillermo Teillier (Partido Comunista), Distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel).

Los senadores que decidieron hacer pública su declaración de impuestos son:

Alfonso de Urresti (Partido Socialista), Circunscripción: 16 (Los Ríos).

Juan Pablo Letelier (Partido Socialista), Circunscripción: 9 (O´Higgins).

Carlos Montes (Partido Socialista), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente).

Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente, UDI), Circunscripción: 17 (Los Lagos).

Alejandro Navarro (País, en formación), Circunscripción: 12 (Biobío Costa).

Manuel José Ossandón (ex Renovación Nacional), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente).

Rabindranath Quinteros (Partido Socialista), Circunscripción: 17 (Los Lagos).

Fulvio Rossi (ex Partido Socialista), Circunscripción 1 (Tarapacá).

Estos congresistas se suman a otros 11 parlamentarios que ya habían hecho públicas  sus declaraciones de impuestos (ver reportaje de CIPER):

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana), Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI), Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista), Pedro Browne Urrejola (Amplitud), Karol Cariola Oliva (Partido Comunista), Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática), Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal), Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente), Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista).

Si su representante no figura en esta lista y cree que debiera transparentar sus impuestos, al final de este artículo encontrará una sugerencia de email para invitarlo a dar ese paso.

SOLO INGRESOS POR DIETA PARLAMENTARIA

Los diputados Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Marcela Hernando, Juan Enrique Morano, Luis Alberto Rocafull y Karla Rubilar no registraron en su declaración otros ingresos que los que provienen de su dieta parlamentaria. Lo mismo informaron los senadores Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Fulvio Rossi, Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti.

El diputado Fidel Espinoza entregó a CIPER las declaraciones que presentó al SII en 2014, 2015 y 2016, consignando que en todos esos años solo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2014 su renta anual fue de $91.286.361 ($7.607.196 mensuales) y pagó impuestos por $21.550.291. Al año siguiente, la renta anual del diputado ascendió a $96.925.359 ($8.077.113 mensuales) y pagó impuestos por $22.871.552. En 2016, declaró una renta anual de $101.345.373 ($8.445.447 mensuales) y pagó $23.715.092 en impuestos.

El diputado Hugo Gutiérrez, entregó su declaración de 2017 según la cual recibió ingresos anuales de $89.783.643 ($7.481.970 mensuales), y pagó un impuesto de $18.708.802.

La diputada Marcela Hernando, envió sus declaraciones correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En 2014, cuando todavía no llegaba al Congreso, declaró ingresos anuales por $24.228.884 ($2.019.073 mensuales) y pagó $1.086.991 en impuestos. Al año siguiente, ya instalada en el Congreso, recibió ingresos por $86.197.247 ($7.183.103 mensuales), destinó $2.930.526 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $17.408.096 por concepto de impuestos. En la declaración tributaria de 2016 la diputada Hernando consignó que su dieta anual fue de $88.742.276 ($7.395.189 al mes) y que canceló un impuesto de $18.802.093. En su declaración del año en curso declaró haber recibido una dieta anual de $90.270.347 ($7.522.528 mensuales) y haber pagado $19.110.947 en impuestos.

El diputado Juan Enrique Morano hizo pública su declaración de 2017 en la que consigna que en 2016 sus únicos ingresos provinieron de su dieta parlamentaria: $89.510.856 anuales ($7.459.238 cada mes), y pagó en impuestos un total de $18.807.151. Lo mismo hicieron los diputados Luis Alberto Rocafull y Karla Rubilar quienes transparentaron sus declaraciones de 2017. El primero consignó ingresos anuales por $104.500.694 ($8.708.391 mensuales) y un pago de impuesto por $24.803.086. Rubilar, en tanto, declaró una dieta anual de $87.084.062 y un pago de impuestos de $20.339.108.

El diputado GuillermoTeillier hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2015, 2016 y 2017. El primer año informó una renta anual de $93.388.712 ($7.782.392 por mes), por la que pagó $ $21.203.420 en impuestos. En 2016 declaró ingresos por $98.276.649 ($8.189.720 mensuales) y pagó $22.765.421 en impuestos. En la declaración de este año (correspondiente a los ingresos de 2016), Teillier informó una dieta parlamentaria anual de $96.779.397 ($8.064.949 mensuales), y $110.687 correspondientes a retiros y ganancias de capital. Canceló $21.467.937 en impuestos.

El senador Juan Pablo Letelier envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año informó una dieta anual parlamentaria de $82.324.363 ($6.860.363 mensuales) y un pago de impuestos de $17.924.018. Al año siguiente, reportó una renta anual de $87.469.593 ($7.289.132 mensuales) y pagó $19.089.245 en impuestos. En 2016, el senador Letelier declaró una renta anual de $92.061.841 ($7.671.820 mensuales), e informó, además, una donación para fines sociales por $112.600 y pagó en impuestos $20.279.498.

El senador Carlos Montes hizo pública su información tributaria de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año consignó una renta anual de $92.611.678 ($7.717.639 mensuales) y pagó impuestos por $22.728.347. En 2015 declaró una renta anual de $96.123.702 ($8.010.308 mensuales) y pagó en impuestos $23.613.379. Finalmente, en 2016 el senador Montes declaró una renta anual de $100.281.332 ($8.356.777 mensuales) por  los que pagó impuestos por $23.574.430.

El senador Alejandro Navarro envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en los cuales solo reportó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2015 su renta anual fue de $86.478.135 ($7.289.844 mensuales) y pagó $19.092.662 en impuestos. En 2016 declaró una renta anual de $92.070.832 ($7.672.569 mensuales) y pagó impuestos por $20.283.095. En 2017 el senador Navarro declaró una renta de $102.152.394 ($8.512.699 mensuales) y pagó $23.863.762 en impuestos.

El senador Fulvio Rossi decidió hacer públicas sus declaraciones de impuesto de 2014, 2015 y 2016. En los tres años solo informó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2014 declaró que su renta anual fue de $82.310.125 ($6.859.177 al mes) y pagó un impuesto de $17.161.786. En 2015 reportó ingresos por $87.456.773 anuales ($7.288.064 al mes) y pagó $19.084.117 en impuestos. En abril de este año el senador Rossi declaró ingresos por $92.048.349 anuales ($7.670.695 mensuales) y pagó impuestos por $20.274.101.

El senador Rabindranath Quinteros hizo públicas sus declaraciones ante el SII de 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año, cuando aún no llegaba al Senado, declaró una renta anual de $19.741.193 ($1.645.099 al mes). Hizo un retiro de su fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) de $11.545.506 y pagó $5.259.556 en impuestos. Al año siguiente, ya en el Congreso, declaró una renta anual de $105.770.660 ($8.814.221 al mes). Hizo un aporte a su fondo de APV de $1.626.676 y pagó $30.038.720 en impuestos. En 2016 declaró ingresos anuales por $118.337.938 ($9.861.494 al mes) y pagó impuestos por $38.819.851. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales como senador por $116.124.557 ($9.677.046 al mes) y pagó en impuestos $40.024.944.

El senador Alfonso De Urresti envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en las cuales informó haber recibido solo ingresos correspondientes a su dieta como senador. En el primero declaró un sueldo anual de $88.268.621 ($7.355.718 mensuales) y pagó impuesto por $20.007.481. Al año siguiente declaró ingresos anuales por $92.070.832 ($7.672.569 al mes) y canceló impuestos por $20.163.243. En abril pasado, De Urresti declaró ingresos por $90.293.852 ($7.524.487 al mes) y tributó la suma de $19.047.566.

PARLAMENTARIOS CON OTROS INGRESOS

La información tributaria aportada por el diputado Pepe Auth incluye las declaraciones presentadas ante el SII desde 2014 a 2017. En la de 2014 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2013), Auth reportó haber recibido como diputado una renta de $84.160.778 ($7.013.398 mensuales). Además, declaró ingresos por $791.735 correspondientes a honorarios por su participación en un programa de Radio Agricultura. En 2014 Auth pagó $19.981.580 en impuestos.

En la declaración que presentó al año siguiente (2015), el diputado declaró una renta anual como parlamentario de $90.612.803 ($7.551.066 mensuales) a lo que agregó $1.231.146 por honorarios recibidos como panelista del citado espacio radial. En ese mismo año, además, Auth declaró donaciones para fines sociales por $139.359 y pagó $21.251.410 en impuestos.

Al año siguiente (2016), Auth consignó ingresos anuales por su dieta parlamentaria por $92.231.338 ($7.685.944 mensuales) y $1.004.577 por honorarios por su participación en el programa Divina Comida de Chilevisión.  El diputado explicó a CIPER que, a partir de este año, participó en el mismo programa de Radio Agricultura a cambio de una donación de la emisora a una fundación que ayuda a niños con Síndrome de Down. También declaró donaciones para fines sociales por $153.250 y pagó impuestos por $20.867.784.

Finalmente, en la declaración presentada en abril pasado, Auth informó haber recibido ingresos anuales como diputado por $92.350.907 ($7.695.908 mensuales). Informó que también cobró $1.011.108 por honorarios. Sus donaciones con fines sociales ascendieron a $150.000 y pagó $19.123.730 en impuestos.

El diputado Tucapel Jiménez transparentó sus declaraciones de los años 2015, 2016 y 2017.  En el primer documento, que muestra los ingresos que obtuvo en 2014, Jiménez declaró haber recibido $102.244.223 ($8.520.351 mensuales) como parlamentario. Además, recibió $2.903.815 por el arriendo de dos propiedades. Pagó $26.172.151 en impuestos ese año.

En la declaración de 2016 el diputado Jiménez acreditó una dieta parlamentaria de $105.584.152 ($8.798.679 mensuales). Además, percibió $2.936.113 por concepto de arriendo y pagóun total de $26.872.236 en impuestos.

En la declaración de 2017 el diputado Jiménez acreditó ingresos por su función parlamentaria de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). Agregó que obtuvo $10.258.154 por arriendos y pagó impuestos por un total de $29.337.096.

El diputado Jorge Rathgeb envió a CIPER sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En la primera informó haber recibido un sueldo anual como parlamentario que ascendió a $82.233.246 ($6.852.770 mensuales). Además, el SII estimó que un campo de propiedad de Rathgeb le reportó ingresos por $15.142.981 (el monto es una estimación hecha sobre el 10% del avalúo fiscal del terreno). En el plano de los descuentos el diputado accedió a una rebaja por Ahorro Previsional Voluntario de $8.617.515. Ese año debió pagar $19.040.197 en impuestos.

En la declaración de 2016 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2015), Rathgeb declaró una renta anual como diputado de $107.419.730 ($8.951.644 mensuales). Además, el SII estimó que su campo le produjo una renta de $24.836.411. Su declaración registra también un Ahorro Previsional Voluntario ascendente a $14.092.770 y un pago de $33.778.384 en impuestos.

En abril pasado Rethgeb declaró que en 2016 su renta parlamentaria anual fue de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). El SII estimó que recibió ingresos por $25.484.766 por las rentas de su campo. El diputado consignó un ahorro previsional voluntario de $15.808.788 y pagó $28.545.849 en impuestos.

El senador Iván Moreira decidió hacer públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En el primer año, reportó una renta parlamentaria de $88.294.399 ($7.357.866 mensuales). A ello agregó $7.387.549 proveniente de ganancias de los intereses de un fondo mutuo y pagó $25.675.858 en impuestos.

En su declaración de 2016, Moreira informó rentas como senador por $92.109.057 ($7.675.754 mensuales). No tuvo otros ingresos y pagó $20.298.385 en impuestos. En abril de este año el senador Moreira declaró al SII una renta anual parlamentaria de $90.333.799 ($7.527.816 mensuales). Y reportó además, $15.150.070 originados, según explicó a CIPER, en el “primer dividendo del Fondo Privado de Inversiones Iberoamericano, información que está en mi declaración de patrimonio”. Este año el senador Moreira pagó $31.310.125 en impuestos.

El senador y candidato presidencial Manuel José Ossandón envió a CIPER sus declaraciones tributarias de 2015, 2016 y 2017. En la primera, que corresponde a las rentas recibidas en 2014, Ossandón declaró haber recibido una remuneración anual como senador que ascendió a $72.034.006 ($6.002.833 mensuales). A ello agregó $6.930.530, correspondientes al arriendo de maquinaria. Su declaración también consignó un ingreso de $92.879.864, correspondientes a la venta de un paquete de acciones del Banco de Chile. Ese año pagó $15.700.652 en impuestos.

En 2016 Manuel José Ossandón solo declaró rentas anuales como parlamentario por  $92.061.841 ($7.671.820 mensuales) y pagó $20.279.498 en impuestos. Lo mismo ocurrió en abril pasado: solo declaró ingresos por su trabajo como senador: $90.284.453 al año ($7.523.704 al mes) y pagó impuestos por $19.116.590.

“Guardar silencio en mi caso es un acto de cobardía, complicidad y de muerte y yo ni soy cómplice ni soy cobarde… tampoco me considero valiente, pero tampoco estoy muerto”.

Así respondió frente a las cámaras en 2013 el reconocido periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, consultado sobre la libertad de prensa y la situación de violencia en su país.

Valdez (50 años), casado y padre de una hija, ahora está muerto. El lunes 15 de mayo, a plena luz del día, fue asesinado a tiros en Culiacán, Sinaloa, a pocos metros de Ríodoce, el semanario que él mismo fundó y desde el que denunció las atrocidades del narco y los carteles de la droga.

Protesta en Sinaloa (Crédito: www.prensalibre.com)

“Le dispararon en 12 ocasiones con dos armas distintas. Quien ordenó el crimen pidió a los sicarios que se aseguraran del objetivo (…) No tenemos ninguna duda: el origen de crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia, de qué organización provino la orden. Pero fueron ellos”, se señala en un emotivo editorial titulado “Nos pegaron en el corazón” y publicado por Ríodoce el día de ayer.

El homicidio de Javier Valdez Cárdenas, el sexto asesinato de un periodista en lo que va del año en México, ha causado gran impacto en su país y en varios otros de la región. También se espera que marque un punto de inflexión en la impunidad de la que han gozado los sicarios detrás de estos asesinatos y la desidia del gobierno al momento de hacer justicia.

“En México se mata a periodistas porque se puede, porque no pasa nada”, fue lo que difundió vía redes sociales el medio Animal Político. Al menos una decena de medios digitales de comunicación mexicanos se sumaron a un paro de labores hoy martes 16 de mayo y varios periodistas del norte de Sinaloa se congregaron en las calles de la ciudad para protestar por el asesinato del reconocido periodista.

Valdez fue corresponsal en Sinaloa del diario La Jornada y también de la agencia France Presse. En 2011 recibió el Premio María Moors Cabot que entrega la Universidad de Columbia por la excelencia en el periodismo en las Américas. Ese año también obtuvo el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En un comunicado emitido a pocas horas de la muerte de Valdez, la CPJ hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de México a investigar con celeridad el asesinato del periodista y enjuiciar a los responsables. También advirtieron que “pese a que las autoridades han designado un fiscal especial para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y  han establecido un mecanismo de protección de periodistas, la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de periodismo” (vea una nota del diario La Jornada sobre el comunicado de CPJ).

Portada del diario Noroeste de México.

En el discurso de entrega en Nueva York del galardón con que el CPJ premió su labor periodística en 2011, Valdez señaló:

“En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno. Un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país, uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación, y muchas veces no hay a quién acudir” (ver video aquí).

Paralelamente a su valiente y ardua labor como reportero, Valdez fue escritor prolífico. Durante su carrera como periodista publicó siete libros entre los que destacan, Miss Narco(2007); Malayerba (2010); Los Morros del Narco: Historias reales de niños y jóvenes en el narcotráfico (2011); y Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia (2016).

En el prólogo de Malayerba, una recopilación de sus crónicas en Ríodoce (prologado por Carlos Monsivais), el editor del libro –Antonio Ramos Revillas- advierte a los lectores: “Las crónicas que a continuación vas a leer son una premonición. La premonición de lo que podemos llegar a ser como sociedad si dejamos que los carteles de la droga continúen con su festín de balas y coca”.

Seis años después de la publicación de ese libro, la premonición se convirtió en una amenaza que se cierne sobre todos los países de América Latina.

ESTADÍSTICAS DE LA IMPUNIDAD

El último informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas determinó que en la década 2006-2016, 21 periodistas mexicanos fueron asesinados por las investigaciones que llevaban a cabo sobre narcotráfico y corrupción política.

De acuerdo con una nota publicada por Univisión tras el crimen de Javier Valdez, esta estadística pone a México en el sexto lugar del Índice Global de Impunidad, que se elabora a partir del número de asesinatos de periodistas en los que no se juzga a los culpables. “Conteos alternativos, como el de la organización de protección a los periodistas Artículo 19, han registrado 103 reporteros asesinados en los últimos 17 años (en México)”, señala la misma nota de Univisión.

Cifras de ese calibre son las que difundió la cadena británica BBC tras conocerse al ataque a Javier Valdez: “México es el tercer país donde más periodistas son asesinados: 105 desde 2000 (sólo Siria y Afganistán son más peligrosos para la prensa), y Valdez era el de mayor perfil y el más conocido a nivel internacional”.

Las escalofriantes cifras de esta estadística negra se han elevado al tope en 2017. En efecto, en lo que va de este año la violencia contra los periodistas ha quebrado todos los registros anuales anteriores: con la muerte de Valdez ya suman seis los profesionales acribillados en los primeros cinco meses de 2017 (vea la nota publicada por CIPER a fines de marzo sobre el asesinato de la reportera Miroslava Breach).

El citado informe de CPJ concluye que uno de los factores que provoca la desprotección en que se desarrolla el trabajo periodístico es la indolencia de las autoridades mexicanas para poner fin a la impunidad con que actúan grupos criminales y funcionarios corruptos para acallar a la prensa. En los distintos foros internacionales, los representantes del gobierno de México insisten en que la institucionalidad de su país no está bajo el acecho del narco ni de la corrupción, lo que se traduce en la ausencia de políticas internas efectivas para combatir la creciente violencia contra los periodistas.

El propio Javier Valdez se había referido en varias ocasiones a la trenza entre narcotraficantes y autoridades corruptas que amenaza al trabajo de la prensa:

“Ser periodista en Culiacán es complicado. Como pasa en esta sociedad, una sociedad enferma coludida con el crimen, todo mundo tiene contactos con criminales, con sicarios, con capos, policías corruptos, entonces cualquier nota periodística de denuncia, de crítica, donde los políticos no se ven bien parados puede ser motivo de una represalia”, aseguró a Univisión Noticias en 2012.

Insistió en el mismo punto en una entrevista concedida al diario La Jornada en 2016, tras la publicación de Con una granada en la boca, su último libro:

“No hablamos solo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos acecha el gobierno. De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar porque quizá sea el que pasa informes al gobierno o los delincuentes“.

En 2015 Javier Valdez abrió una veta periodística, distinta a las investigaciones sobre corrupción, que volcó la mirada del periodismo hacia las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Lo hizo con la publicación de su libro Huérfanos del narco, que prestó voz a los hijos de policías, periodistas, empresarios, obreros y comerciantes, desaparecidos o ejecutados por bandas criminales.

En una entrevista publicada por Aristegui Noticias, de la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui, Valdez explicó que su libro buscaba poner luz sobre las desapariciones de personas, un tema que el gobierno mantiene invisibilizado:

“(A las desapariciones) no le hemos dado la importancia, ni hemos medido la tragedia, ni mi libro ni los mejores textos cuentan lo que está pasando en este país. Pero, ¡por favor!, estamos hablando de los niños huérfanos de este país, de la pérdida de un mañana (…). De 10 desaparecidos en el mandato de (Enrique) Peña Nieto, uno es un niño, el 10%. Estamos hablando de cerca de 30 mil desaparecidos en los años recientes, incluyendo el mandato de Peña Nieto”.

El 31 de marzo pasado venció el plazo para que las autoridades de todo el país presentaran sus declaraciones de patrimonio en el formato que establece la nueva Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses (Nº 20.880). Esta nueva declaración debería permitirnos verificar que, por ejemplo, los parlamentarios que poseen un cuantioso patrimonio no legislen en temas en los que tienen intereses. Sin embargo, una revisión de la declaración hecha por el diputado Daniel Farcas Guendelman (PPD), es una alerta de las debilidades de esta flamante ley con un largo y rimbombante nombre.

La declaración del diputado Farcas llamó la atención desde el primer momento por la magnitud de su patrimonio –más de $10.800 millones– y fue objeto de diversas notas de prensa y entrevistas. Por esa misma razón, CIPER la revisó y constató que allí no se informan los datos indispensables que permitan evitar posibles conflictos de interés, ya que se omiten los rubros de las inversiones del diputado (ver declaración).

De la lectura del documento se desprende que, aparte de una empresa de transportes cuya participación valora en $250 mil, el resto del patrimonio de Farcas se concentra en dos sociedades de inversión cuyos activos serían administrados por un fideicomiso. El grueso de su fortuna corresponde a Inversiones Kava Ltda. ($10.766.467.465), sociedad de la que es dueño en un 99%. Siendo el diputado el controlador de Kavas, la nueva ley le exige que dé a conocer en qué sectores invierte. Pero en su declaración esa información permanece oculta.

CIPER inició entonces un rastreo en bases de datos disponibles para intentar dilucidar las zonas oscuras de sus inversiones. En base a esos datos (Diario Oficial, entre otros), es posible concluir que Kava tiene participación en múltiples sociedades. Y aunque no está claro el rubro de cada una, al menos debiera explicitarse su conflicto de intereses en temas farmacéuticos, acuícolas e inmobiliarios.

Al comienzo de su periodo, Daniel Farcas integró la Comisión de Vivienda de la Cámara, pese a que él mismo reconoció recientemente a La Segunda que tiene intereses en el rubro inmobiliario. Cuando se le consultó cómo se llamaba la constructora de su familia, afirmó no conocer el nombre: “sé que hacen algunas cosas, pero no sé dónde están construyendo”. A T13.cl le dijo que el origen de la fortuna familiar es la desaparecida cadena Guendelman, y aseguró que él no controla los $10,8 mil millones que declaró, sino que es parte del patrimonio de la familia Farcas.

Inversiones Kava Ltda. fue creada en marzo de 2005 por el diputado y su hermana Claudia Farcas, con un capital de $1 millón, monto que él aportó en un 99%. El objeto es amplio e incluye “toda clase de servicios, consultorías y asesorías” y la inversión en Chile y el extranjero en toda clase de bienes. La sociedad no ha tenido cambios en su composición, pero el 23 de abril de 2014, poco después de asumir como diputado, Daniel Farcas traspasó la “representación y administración de la sociedad y uso de su razón social” a su padre Adalberto y a su hermano Ariel.

Desde su creación hace 12 años, Kava ha invertido en millonarias participaciones en múltiples negocios de la familia Farcas, como Inmobiliaria Vertical (y a través de ésta en Agrícola Vertical), Tikún, Kineret, Tarbut, Teknol y Clarial, entre otras. Para hacerse una idea de los volúmenes de inversión: sólo entre 2014 y 2015, cuando su cartera ya estaba supuestamente en manos de un fideicomiso, Kava suscribió acciones por más de $9.900 millones en Tikún.

El árbol de sociedades de los Farcas tiene su corazón en el Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), empresa creada en 1979. En los años noventa, Adalberto Farcas le cedió a cada uno de sus cuatro hijos Farcas Guendelman (incluyendo el diputado) un 9% de participación y otro 9% bajo la fórmula de nuda propiedad, quedándose él con el usufructo vitalicio. Los derechos de sus hijos fueron transferidos a Clarial en 2005. Tras sucesivas modificaciones, Centrovet quedó controlada en 2012 por Farquímica y Holding Salud Animal. A su vez, Centrovet controla Inversiones HSA.

No es un negocio pequeño. En 2009, El Mercurio informaba que Centrovet ya facturaba US$30 millones al año. Adalberto Farcas y sus cuatro hijos controlaban el 80% de la compañía, mientras que el 20% restante había sido adquirido por Víctor Hugo Puchi, el mayor empresario salmonero nacional y controlador de AquaChile. El interés de Puchi en Centrovet no es difícil de adivinar: el producto estrella de la compañía son las vacunas para salmones.

Tres años más tarde, en 2012, vendría su internacionalización, cuando una de las mayores farmacéuticas veterinarias del mundo ingresó a la propiedad de Centrovet a través de un joint venture. Se trata de la francesa Virbac, que en ese momento facturaba más de 700 millones de euros al año, mientras que Centrovet ya vendía US$ 58 millones, según medios especializados.

Inauguración en Centrovet: el senador Guido Girardi, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el ministro de Agricultura, Carlos Furche, cortan la cinta.

En noviembre de 2014, Centrovet inauguró con bombos y platillos un Centro de Investigación y Desarrollo en su sede de Cerrillos, con una inversión de US$12 millones. A la ceremonia asistieron representantes políticos de alto nivel. La cinta tricolor la cortaron el ministro de Agricultura, Carlos Furche; su par de Economía, Luis Felipe Céspedes; y el senador Guido Girardi (PPD), muy cercano al diputado Farcas. No era la primera vez que el senador Girardi visitaba la planta: en 2008 estuvo en el lugar junto a la Presidenta Michelle Bachelet y el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

El año pasado, sin embargo, Centrovet fue un lastre para Virbac. Según informó la cadena francesa BFM Business, Chile fue el único lugar donde sus ventas cayeron. “En ese país Virbac fue penalizada por la industria chilena del salmón, que después de haber recurrido masivamente a los antibióticos, decidió restringir esa práctica, lo que hizo caer las ventas del grupo francés en ese mercado”, publicó en enero BFM Business.

LAS OMISIONES DE FARCAS

¿Quién es Daniel Farcas? La pregunta se plantea en un antiguo blog creado por el actual diputado por Conchalí, Huechuraba y Renca. El texto parte describiendo su trayectoria política y enumera los múltiples cargos que ha ejercido en el sector público. Detalla también su gestión como pro-rector y vicepresidente de la Universidad UNIACC (para lo que no cuenta ahí, ver reportaje “Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC”) y menciona sus numerosos grados académicos, incluyendo “post grados en administración de empresas, finanzas y marketing, Ph.D. en Leadership in Higher Education, Capella University” (aunque no especifica que es una universidad virtual).

Al final del texto, se refiere a sus actividades empresariales y dice que ha sido director ejecutivo, asesor comercial, gerente y socio de las siguientes empresas: Transportes Conferencia Ltda., Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), Inversiones Kava Ltda., Farquímica Ltda., Inmobiliaria Vertical S.A.

En su nueva declaración de patrimonio (entregada el 31 de marzo) y que actualiza una declaración similar hecha cuando asumió como diputado en 2014, Daniel Farcas sólo menciona a Transportes Conferencia y Kava. También señala que es dueño del 1% de Inversiones Cloni Limitada, con $82.257.112. Sin embargo, el registro del Diario Oficial indica que se retiró completamente de esa empresa familiar en julio de 2013.

En 2014, su declaración de intereses incluía también una participación en Productos Químicos Ehlinger, pese a que no la mencionaba en su declaración de patrimonio. La nueva norma contempla un solo formulario, que incluye intereses y patrimonio. Según el manual que preparó el gobierno, esto es así debido a que ahora “se reconoce la dimensión de fuente de conflictos de intereses que posee el patrimonio, por lo que la separación entre patrimonio e intereses carece de justificación”.

Aunque hay una casilla en que se pregunta por “otras fuentes de conflicto de intereses”, el reglamento señala que el llenado de la casilla es voluntario (Farcas la dejó en blanco). Si además el mero nombre de las sociedades en que una autoridad participa no permite deducir en qué áreas invierte y el giro es tan vago como “inversiones”, tampoco se puede saber dónde podría haber conflictos de intereses, como sucede en este caso. El área de potenciales conflictos aumenta si se toma en cuenta que sólo se obliga a explicitar las inversiones de sus sociedades cuando se es controlador o administrador de la misma.

Eduardo Engel, quien presidió la comisión anticorrupción conocida por su apellido, señala que este aspecto de la ley pudo ser más exigente:

–Hubiese sido mejor tener detalles sobre las inversiones de sociedades que no controla el funcionario público, en la medida que los montos en cuestión sean significativos, ya que en caso contrario será difícil detectar conflictos de interés. Por ejemplo, un alcalde puede tener una participación minoritaria pero significativa en la sociedad “Santo Alcalde”, dueña de la empresa recolectora de basura “Diabla Basura”. Si el alcalde favorece a “Diabla Basura” en la licitación comunal, su declaración de patrimonio e intereses no servirá para detectar este ilícito, pues solo menciona a “Santo Alcalde” y no a “Diabla Basura” –explica Engel.

El caso del diputado Farcas es un poco más complejo. Su declaración incluye un mandato entregado a Portafolio Capital S.A. para la administración de una cartera de valores por un total de $10.848 millones (la suma de los activos de las tres sociedades que él mismo declara). Según el formulario llenado por Farcas, el contrato de ese fideicomiso fue firmado el 24 de diciembre de 2013 en la notaría de René Benavente.

CIPER fue a dicha notaría a consultar los índices y también revisó los documentos del Archivo Judicial y no encontró ningún registro que acredite que el contrato se firmó la víspera de la Navidad de 2013, como consignó el diputado. Simplemente no hay huella de la escritura.

CIPER entonces consultó al diputado Farcas por el contrato del fideicomiso. Su respuesta fue que nuestra búsqueda había sido en vano ya que el contrato del fideicomiso se hizo a través de una escritura privada. Eso significa que solo las partes se quedan con un facsímil.

El diputado Daniel Farcas declinó dar a conocer la copia de dicho contrato. Dijo no entender por qué él iba a ser el foco de un reportaje y no confiar en este medio, por lo que mantendrá en secreto el contrato. Insistió, eso sí, en que el fideicomiso “es ciego”: “He sido súper transparente y de una sola línea. No he participado en nada. No tengo idea en qué está invertido”.

Cabe recordar que, al momento de supuestamente firmar el fideicomiso, la situación de Farcas era como la de Sebastián Piñera en 2009: meramente declarativa, pues no existía una ley que fiscalizara que fuera realmente ciego. Según ha dicho el Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, más allá de lo que diga el contrato entre privados, la ley obliga al mandatario a entregar información de sus inversiones si el mandante así lo requiere.

De todos modos, si el fideicomiso de Farcas existiera y estuviera regulado para ser ciego, la nueva ley establece que la copia del mandato debiera estar publicada en el sitio web de la Cámara de Diputados, con el inventario de los valores sobre los que se constituye el mandato. Además, la empresa escogida para administrar el patrimonio del diputado debiera estar inscrita en un registro especial de la SVS. Nada de eso sucede.

Es importante destacar que la nueva ley solo obliga a crear un fideicomiso o enajenar los activos a quienes tengan un patrimonio de 25.000 UF ($664 millones) invertidos en “acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda”. Esos requisitos no se aplicarían al patrimonio de Farcas, al menos de manera directa, pues el monto mayor está invertido en una sociedad anónima cerrada (Kava).

La norma que sí le corresponde cumplir es la que lo obliga a detallar sus inversiones. Y ello, porque en Inversiones Kava el diputado declara poseer el 99% del capital. El artículo 7, letra e) explicita que cuando un funcionario sea el controlador de una sociedad o pueda influir decisivamente en su administración, deberán incluirse en la declaración de patrimonio sus bienes inmuebles, derechos, concesiones, valores y acciones en comunidades, sociedades o empresas. Como se dijo, nada de eso cumplió el diputado Farcas.

Además de la letra de la ley, que en este caso es clara, existe un reciente pronunciamiento de la Contraloría referente al artículo que obliga a vender o delegar en un fideicomiso el patrimonio de una autoridad y cuya interpretación podría extenderse a otros acápites de la ley. El pronunciamiento responde a una consulta del gobierno respecto de si las autoridades se deben desprender solo de aquellos títulos en que tengan propiedad directa o también incluye a aquellos en los que se participa a través de otra sociedad. La respuesta del contralor Jorge Bermúdez es tajante: se refiere a la propiedad “por sí o a través de una sociedad u otra entidad en la cual tengan participación”. Interpretarlo de otra forma, dice el dictamen, “permitiría vulnerar las obligaciones en análisis con relativa facilidad, mediante la constitución o integración de sociedades y el correspondiente traspaso de los pertinentes títulos, restando eficacia a la preceptiva establecida al efecto”.

DÉBIL FISCALIZACIÓN A PARLAMENTARIOS

Quizás el principal avance de esta nueva ley de probidad es que entrega a la Contraloría atribuciones para fiscalizar la veracidad de las declaraciones de patrimonio  y establece sanciones cuando no se cumpla con las normas. Hasta ahora, y tal como lo reportó CIPER en múltiples oportunidades, no era poco habitual encontrar declaraciones incompletas o con graves omisiones, sin que nadie se hiciera cargo de aquello.

En el caso de aquellas autoridades que están fuera del alcance fiscalizador de la Contraloría, el avance es más ambiguo. En lo que respecta al Congreso, la ley otorgó la supervigilancia a las respectivas comisiones de ética de cada cámara, las que están compuestas por los mismos parlamentarios.

A diferencia de la Contraloría, que recibió atribuciones para pedir información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la SVS, al Servicio de Impuestos Internos (SII), los conservadores de bienes raíces, el Registro Civil y a cualquier otro organismo público, no sucede lo mismo con el Congreso. Es decir, las comisiones de ética no tendrán facilidades especiales para poder chequear el contenido de las declaraciones de patrimonio y sólo accederán a información que es pública.

El prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, explicó a CIPER que la corporación firmó un acuerdo con el Registro Civil para facilitar el chequeo de los datos de las declaraciones. Si bien hay otro convenio con el SII, dicho organismo aún está evaluando qué información puede entregar, pues la ley no le permite dar a conocer datos amparados bajo el secreto tributario.

La ley señala que si un parlamentario no hace su declaración a tiempo o lo hace de manera incompleta o inexacta, “será apercibido” por la respectiva comisión y tendrá otros diez días hábiles para entregar el documento corregido. Si no lo hace, la multa es de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones), descontables de su dieta, por cada mes en que no corrija la falta. Las comisiones pueden iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio o por denuncia de cualquier interesado, y si el parlamentario no está de acuerdo con la resolución puede presentar un recurso de reposición, que resuelve la misma comisión. A diferencia de los funcionarios de la administración del Estado, que pueden ser incluso removidos de sus cargos, para los parlamentarios no hay más que una multa.

Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputados, dijo a CIPER que la Comisión de Ética decidió de oficio realizar un chequeo de los datos de todas las nuevas declaraciones de patrimonio. Para ello mandató a un equipo de cuatro personas de la Oficina de Informaciones para que en 45 días cruce la información con otras fuentes abiertas, plazo que vence a fines de mayo.

Además, actualmente en el Senado se tramita un proyecto de ley que crea una Dirección de Ética y Transparencia bicameral, iniciativa de los propios parlamentarios para enfrentar la crisis de confianza agudizada tras el escándalo de las platas políticas. La nueva dirección estaría compuesta por profesionales propuestos por Alta Dirección Pública y en el caso de las declaraciones de patrimonio su labor sería investigar su veracidad para luego entregar los resultados a las comisiones de cada cámara, que por ley son las que deben sancionar. Se espera que la nueva norma, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, se despache en los próximos meses.

Mientras tanto, el caso del diputado Farcas servirá para poner a prueba la nueva ley. A partir de la información que entregó, los chilenos no pueden saber de sus millonarios intereses en los cuestionados antibióticos de los salmones, ni que invierte dinero en negocios inmobiliarios, y tampoco fiscalizar que no vote en su beneficio. La Comisión de Ética tiene ahora la palabra y queda por verse si hubo mejoras reales en materia de probidad o es letra muerta para los parlamentarios.

Vea mapa de transparencia tributaria de los diputados, distrito por distrito

Vea mapa de transparencia tributaria de los senadores, circunscripción por circunscripción

Vea los ingresos y los impuestos pagados por los parlamentarios en 2016-2017

Ya son 42 los parlamentarios, un cuarto del Congreso, los que han accedido a transparentar ante sus electores y la opinión pública las fuentes de los ingresos que obtienen y también los montos que tributan, sumándose a la campaña internacional que organiza la ONG Finance Uncoverd y en la que participa CIPER.

Hasta ahora CIPER ha recibido las declaraciones de impuestos de 22 diputados, 8 diputadas, 10 senadores y 2 senadoras, los que desde el punto de vista de su militancias se agrupan así: 11 socialistas, 6 independientes, 5 comunistas, 4 radicales, 3 democratacristianos, 3 de la UDI (entre estos últimos figura el recientemente desaforado senador Iván Moreira), 2 del PPD, 2 de RN y 6 parlamentarios que militan en otras colectividades.

En el grupo destacan tres candidatos presidenciales: los senadores Carolina Goic (PDC), Manuel José Ossandón (renunció a RN en julio de 2016) y Alejandro Guillier (Independiente apoyado por el PR, el PS y el PPD). Solo dos de los parlamentarios que postulan a la Presidencia de la República no han respondido hasta ahora a la invitación que les formuló CIPER: los diputados José Antonio Kast (UDI) y Felipe Kast (Independiente ex Evópoli).

La semana pasada la candidata Carolina Goic anunció -como parte de su programa pro-transparencia- que si llega a La Moneda promoverá que en cargos de primer nivel jerárquico (parlamentarios y ministros, entre otros) “la declaración de patrimonio incluya la declaración anual de impuestos”.

En esa misma línea se pronunció el candidato Manuel José Ossandón, quien dijo a CIPER:

-Todos los que estamos en el servicio público y más aun quienes somos candidatos presidenciales, tenemos la obligación de ser transparentes ante este tipo de requerimientos. Me parece óptimo y necesario para recomponer las confianzas con la ciudadanía. Es lo mínimo que tenemos que hacer los políticos.

Los últimos 13 parlamentarios que han enviado a CIPER sus declaraciones tributarias son:

Isabel Allende Bussi, senadora del Partido Socialista, Circunscripción 3, Atacama.

Bernardo Berger Fett, diputado de Renovación Nacional, Distrito 53: Corral, Lanco, Máfil, Mariquina, Valdivia.

Daniella Cicardini Milla, diputada del Partido Socialista, Distrito 5: Chañaral, Copiapó, Diego De Almagro.

Marcos Espinosa Monardes, diputado del Partido Radical, Distrito 3: Calama, María Elena, Ollague, San Pedro De Atacama, Tocopilla.

Maya Fernández Allende, diputada del Partido Socialista, Distrito 21: Ñuñoa, Providencia.

Cristina Girardi Lavín, diputada del PPD, Distrito 18: Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal.

Carolina Goic Borevici, senadora de la Democracia Cristiana, Circunscripción 19, Magallanes.

Alejandro Guillier Álvarez, senador independiente, Circunscripción 2, Antofagasta.

Hernán Larraín Fernández, senador y ex presidente de la UDI, Circunscripción 11, Talca

Luis Lemus Aracena, diputado del Partido Socialista,  Distrito 9: Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Salamanca.

Fernando Meza Moncada diputado del Partido Radical, Distrito 52: Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén, Villarrica.

Alberto Robles Pantoja, diputado del Partido Radical, Distrito 6: Alto Del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.

René Saffirio Espinoza, diputado independiente (ex DC), Distrito 50: Padre Las Casas, Temuco.

Estos 13 congresistas se suman a los otros 28 parlamentarios que ya habían hecho públicas  sus declaraciones de impuestos (ver reportaje de CIPER):

Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana).

Pepe Auth Stewart (Independiente, ex PPD).

Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI).

Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista).

Pedro Browne Urrejola (Amplitud).

Karol Cariola Oliva (Partido Comunista).

Alfonso de Urresti Longton (Partido Socialista).

Fidel Espinoza Sandoval (Partido Socialista).

Hugo Gutiérrez Gálvez (Partido Comunista).

Marcela Hernando Pérez (Partido Radical).

Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática).

Tucapel Jiménez Fuentes, (Partido Por la Democracia, PPD).

Juan Pablo Letelier Morel (Partido Socialista).

Fernando Meza Moncada (Partido Radical).

Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal).

Carlos Montes Cisternas (Partido Socialista).

Juan Morano Cornejo, (Partido Demócrata Cristiano).

Iván Moreira Barros (Unión Demócrata Independiente, UDI).

Alejandro Navarro Brain (País, en formación).

Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista).

Manuel José Ossandón Irarrazaval (ex Renovación Nacional).

Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC).

Rabindranath Quinteros Lara (Partido Socialista).

Jorge Rathgeb Schifferli, (Renovación Nacional).

Luis Rocafull López (Partido Socialista).

Fulvio Rossi Ciocca (ex Partido Socialista).

Karla Rubilar Barahona (Independiente).

Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente).

Guillermo Teillier (Partido Comunista).

Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista).

CASO A CASO

La senadora Isabel Allende envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año (2014, corresponde a los ingresos de 2013) informó una dieta anual parlamentaria de $82.854.593, destinó $13.982.333 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $11.568.619 por concepto de impuestos.

Al año siguiente, reportó una renta anual de $88.254.087, destinó $14.762.567 a su APV y pagó $8.443.301 por concepto de impuestos. En 2016, Allende informó rentas como senadora por $105.656.685, hizo donaciones para fines sociales por $306.500, un aporte a su APV de $15.366.945 y pagó impuestos por $17.480.482. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales por $106.878.505, destinó $15.799.382 a su APV y pagó en impuestos $17.991.677.

El senador Hernán Larraín  envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017. En 2015 acreditó ingresos (de 2014) como parlamentario por $92.167.140, además de ingresos por $10.566.425 originados en rentas de capital, según explicó a CIPER. También obtuvo $45.020.191 originados en ventas de acciones (que estaban libres de impuestos y que las había comprado en $40.400.441). Larraín destinó $8.708.881 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó en impuestos $21.447.856.

En 2016, Larraín informó una dieta anual parlamentaria de $97.266.302 y rentas de capital por $1.635.416, según explicó el senador a CIPER. Obtuvo también $29.856,682 originados en venta de acciones libres de impuesto (y que compró en $27.450.114). Destinó $10.455.131 a su APV y pagó $15.215.163 en impuestos. Finalmente, en abril pasado, Larraín declaró ingresos provenientes de su dieta parlamentaria por $96.087.082; recibió además $13.877.070 por venta de acciones libres de impuestos (que compró en $12.701.201). Destinó $10.331570 a su cuenta de APV y pagó en impuestos una suma de $13.159.602.

Bernardo Berger, Daniella Cicardini, Marcos Espinosa, Luis Lemus, Maya Fernández, Cristina Girardi y Alberto Robles transparentaron sus declaraciones tributarias de 2017 en las que se registra que solo reciben remuneraciones por su trabajo parlamentario.

Bernardo Berger informó una dieta anual de $99.762.016 y un pago de impuestos de $26.515.485. Daniella Cicardini envió a CIPER una declaración en la que informó que en 2016 solo recibió ingresos como parlamentaria por $106.626.759 y un pago de impuestos de $25.495.131.

El diputado Marcos Espinosa reportó una renta anual de $106.105.335 y pagó por concepto de impuestos $25.432.161. El diputado Luis Lemus envió a CIPER sus declaraciones desde 2014. En la que hizo en abril pasado reportó ingresos de su dieta parlamentaria por $106.095.936 y un pago de impuestos de $25.428.400. La diputada Cristina Girardi declaró una renta anual de $98.190189 y pagó en impuestos $22.001.548. Finalmente, el diputado Alberto Robles declaró ingresos anuales por $90.293.840 y pagó $18.966.741 en impuestos.

El diputado Fernando Meza hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2014, 2015 y 2016. El primer año declaró ingresos como parlamentario por $90.134.275 y también “rentas de capital” por $6.780.797. Destinó $1.165.478 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $26.302.242 en impuestos. En 2015 informó una dieta de $7.995.226 y pagó $23.119.539 por concepto de impuestos. En 2016, el diputado Meza solo informó una renta anual de $97.154.405 ($8.096.200 por mes como diputado), por la que pagó $22.876.925 en impuestos.

El diputado René Saffirio hizo públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, consignando que solo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2015 su renta fue de $102.289.086 y pagó en impuestos $24.969.348. Al año siguiente, su dieta ascendió a  $104.326.006 y su pago de impuestos alcanzó a $29.440.374, monto que incluye $8.182.702 que debió pagar por retiros que hizo de su Ahorro Previsional Voluntario (APV). En 2017 declaró ingresos por su dieta de $106.145.282 y pagó $25.448.137 en impuestos.

LOS PRESIDENCIABLES

CIPER recurrió a un experto tributario para que examinara los Formularios 22 de los tres presidenciables que han decidido transparentar hasta  ahora. El análisis corresponde a las declaraciones de los tres últimos años tributarios: 2015, 2016 y 2017. A continuación su informe:

Manuel José Ossandón

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016).

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $90.284.453

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligado a presentar declaración.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $92.061.841

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligado a presentar declaración.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador desde marzo, cuando ingresó al Congreso, a diciembre): $72.034.006

Otras rentas empresariales: $6.930.530

Venta de acciones (libres de impuesto): $92.879.864

Costo de adquisición de acciones: $96.985.000

Observaciones: Durante ese año vendió acciones que no pagan impuesto, pero en esa venta no obtuvo utilidad.

Alejandro Guillier

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $90.284.453

Retiros de sociedades: $263.031

Ingresos por depósitos, u otros: $138.652

Pérdidas por depósitos u otros: ($101.877)

Observaciones: Nada inusual.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senador): $92.061.841

Retiros de sociedades: $587.753

Ingresos por depósitos, u otros: $95.544

Pérdidas por depósitos u otros: ($95.544)

Impuesto por retiro de APV: $8.767.616

Observaciones: El retiro de su fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) fue de aproximadamente $27 millones, y por anticipar ese rescate (antes de jubilar) se aplica una sobretasa.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente ((dieta de senador desde marzo, cuando ingresó al Congreso, a diciembre): $72.770.360

Retiros de sociedades: $267.269

Ingresos por depósitos u otros: $53.690

Pérdidas por depósitos u otros: ($53.690)

Rebaja por ahorro APV: $1.477.478

Rebaja por intereses de crédito hipotecario: $414.647

Observaciones: Durante este año efectuó ahorros por APV lo que le significó una rebaja de impuestos.

Carolina Goic

1.- Año tributario 2017 (rentas obtenidas durante el año calendario 2016)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senadora): $90.270.359

Honorarios:         $1.166.691

Observaciones: Nada inusual.

2.- Año tributario 2016 (rentas obtenidas durante el año calendario 2015)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de senadora): $92.048.349

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligada a presentar declaración.

3.- Año tributario 2015 (rentas obtenidas durante el año calendario 2014)

Rentas del trabajo dependiente (dieta de diputada y a partir de marzo como senadora): $ 88.273.471

Observaciones: No tuvo otras rentas, por lo que ese año no estaba obligada a presentar declaración.

-¿A qué asocia el difícil escenario político-económico que América Latina atraviesa en la actualidad?

Unos más, unos menos, el panorama es de cuesta abajo en la rodada. Nunca he visto a una América Latina tan malgastada y carente de ideas −y justo cuando más las necesitamos−. En política económica el discurso hegemónico es el mismo de hace 40 años y el mundo ya no puede ser más distinto. En política comercial todavía se repite lo mismo que antes del surgimiento de China e India; igual en lo financiero, a pesar del ahora mercado más parasitario y auto-destructivo de la historia; y en política industrial, igual de perdidos (por ahí alguna buena intención que jamás se concreta). Voces alternativas se siguen desechando como ruido. Nuestras economías están en un limbo y nadie parece tener idea cómo reenergizarlas, fuera de hacer más de lo mismo, ojalá mejor. Nunca países de ingreso medio se han podido desarrollar en esa forma “vegetativa”.

Quizás lo peor fue cómo nos farreamos el -mal llamado- “súper-ciclo”. Cuesta encontrar nuevas capacidades productivas −salvo más de lo mismo en lo extractivo−. Al menos algo subió el gasto social. Y ahora que los precios de los commodities vuelven a niveles más normales, el panorama es desolador: ajustes, desaceleración y más deuda. Nos farreamos una de esas oportunidades que, cuando mucho, llegan una vez por generación. Fue populismo con esteroides. Aunque un desastre como el actual es algo complejo y, de seguro, sobre determinado, si tuviera que identificar a dos prima donnas en la interacción de la indolencia, elegiría a nuestra elite capitalista (por su insustancialidad), y a la así llamada “nueva izquierda” (por su marchitamiento ideológico).

EPIDEMIA: CORRUPCIÓN MÁS IMPUNIDAD

–Partamos por lo primero.

Bien. Parafraseando a Mario Vargas Llosa, la piñata de las privatizaciones y la de los recursos naturales, y la corrupción generalizada que les siguió, fue lo que jodió al modelo −como un árbol que nace chueco y nunca más se pudo enderezar−. Y como no hay nada más contagioso a todo nivel (incluida el ideológico) que corrupción con impunidad, hoy ya tiene carácter de epidemia. En mi país, familiares y amigos del dictador hoy son reyes del mercado y principales financistas de neo-camaradas, quienes están felices de que se siga premiando todo tipo de opciones cómodas para acumular, del tipo rentista, depredador, especulador y como “traders”. Pero esos espacios se agotan y el modelo topa fondo. Por eso (como sugeriría Nicolás Guillén), así como ya se auto-regalaron el agua de las lluvias, los bosques nativos, los peces del mar, los deshielos de primavera, las vertientes naturales, los minerales profundos y las aguas de los fiordos, ¿por qué no darle una nueva vida a este modelo que se agota con otra piñata, una que ahora incluya glaciares del sur, parcelas del cielo, ventisqueros andinos, derechos a los rayos del sol, a las olas del mar, a las corrientes marinas, a las nieves eternas, a las mareas de la luna, a la humedad de las nubes, a los vientos cordilleranos, al agua dulce de los icebergs y al fuego y gases de los volcanes? Así ya se quedan dueños -y pueden rentar- de los cinco elementos del Godai. Seguro que nuestros distinguidos ya tienen grupos de consultores, llenos de neo-camaradas, trabajando en eso.

Como no hay nada más contagioso a todo nivel que la corrupción con impunidad, hoy ya tiene carácter de epidemia”.

El problema de fondo, como diría Oscar Wilde, fue que en este modelo esforzarse para ganar plata haciendo algo útil en lo productivo no-puramente extractivo, pasó a ser signo de falta de imaginación. El año pasado, la productividad promedia por trabajador en la región fue igual a la de 1980 (US$34 mil, precios del 2015, PPP). Si bien hay diversidad entre países y sectores, ¡eso sí que es estancamiento promedio!: 36 años. El contraste con los países asiáticos es notable, partiendo por la forma en la que se hicieron las reformas: la productividad promedio por trabajador en el Asia emergente se sextuplicó en dicho período (pero seguro que todo es por salarios bajos…). Esto es, si nuestra productividad era entonces 9 veces mayor (1980), ahora es apenas un tercio más alta − y de seguir todo igual (nada indica lo contrario), en 6 años más nos pillan. Lindo modelito; ¡hay que ser muy gil!  El menos dinámico del Asia emergente en esta variable (Malasia) tiene una tasa de crecimiento que es 50% mayor a la del más dinámico en nuestra región (Chile). No por nada llega a ser insólito cómo nuestras corporaciones le hacen el quite a competir con sus pares asiáticos en cualquier cosa productiva. Tiran la toalla sin siquiera intentar. Les da lo mismo que a raíz de eso casi todo lo interesante para el crecimiento queda en Asia. Se conforman con enviar a Asia el petróleo en crudo, el cobre como concentrado, el hierro en bruto, la madera como astilla y la soja en poroto; hasta la nuez va con cáscara. Total, en la economía interna han construido toda una maraña de mecanismos compensatorios a su falta de dinamismo, como el poder extraer a gusto todo tipo de rentas que le subsidian −y ayudan a perpetuar− sus inhibiciones productivas. Y el mayor subsidio de todos, por supuesto, es nuestra gran desigualdad: el poder sacar un pedazo grande de una torta chica.

–¿Cuán diferente es nuestra distribución del ingreso respecto de la de Asia?

Miren a Chile, mi país. La información tributaria indica que el 1% más rico se apropia de casi un tercio del ingreso. Y por hacer las simplezas que hace, para lo cual sólo necesita invertir, innovar y diversificar en forma mínima. Dado su ingreso por habitante, la economía chilena −para muchos, el paradigma− es una de las menos diversificadas del mundo. Y el gran crecimiento de la inversión corporativa chilena en el resto de la región no es más que una forma de arrancar del país, tanto para ampliar el portafolio político, como para evitar tener que invertir en diversificar la economía nacional en lo productivo, pues obviamente es más fácil hacer más de lo mismo en el país del lado. El último ejemplo es una corporación chilena que acaba de ofrecer más de US$1.000 millones por 600 estaciones de servicio en Argentina; como en Chile ya no cabe una más, y para no tener que molestarse en hacer algo útil como industrializar el sector exportador, es más fácil pasar a hacer lo mismo elemental al lado. Además, desde un punto de vista tecnológico, venta de bencina en estaciones de servicio ya se acerca al límite de la molestia en cuanto al desafío que una oligarquía de este tipo está dispuesta a tomar.

En este modelo esforzarse para ganar plata haciendo algo útil en lo productivo no-puramente extractivo, pasó a ser signo de falta de imaginación”.

Mientras tanto, en economías donde la elite capitalista no necesita que le subsidien su falta de imaginación y dinamismo diversificador, como la coreana y la taiwanesa, el 1% se lleva una fracción de lo que se llevan las de acá: alrededor del 12% del ingreso nacional. La diferencia distributiva con Corea es incluso más notable si se compara el 0,1% más alto: mientras en Chile esa pequeña minoría se cree con el derecho divino de llevarse un 20% del ingreso, en Corea se conforman con casi cinco veces menos (4,4%). Y para qué decir el contraste del 0,01%: mientras ese grupo ínfimo (unas 300 familias) acarrea en Chile con un 12% del ingreso, en Corea ese grupo −que incluye a algunos de los empresarios más exitosos del mundo− se quedan satisfechos con un séptimo de eso (1,7%). Al margen de los inevitables problemas de medición, ¿cuál otra que una falla tectónica de mercado podría ser la lógica de este contraste alucinante? Y una que sólo sirve para incentivar, resguardar y sustentar la falta de progresividad de nuestras oligarquías. Como ya lo analicé en otra publicación (ver columna de CIPER), muchas oligarquías en el mundo (incluso en Asia) también quisieran llevarse lo de sus pares latinoamericanas, y por hacer el tipo de cosas que ellas hacen, pero hasta ahora no han podido salirse con la suya. Quizás nuestros grandes empresarios (grandes en tamaño) deberían patentar su invención.

–En ese sentido, ¿por qué es tan relevante la comparación de Chile con Corea?

Pues hasta hace no mucho, ambos países tenían niveles promedios de productividad similares: en 1980 los dos llegaban a un quinto del de Estados Unidos: Chile 21% y Corea, 19% (medido en dólares normales constantes, no PPP, a precios del 2005). Desde entonces, Corea creció a una de las tasas más altas del mundo, mientras Chile solo logró el lugar 23 en la tabla de posiciones. Incluso, durante nuestro único período de dinamismo (1986-1998), Chile no logró alcanzar la tasa de crecimiento de la productividad en Corea. Pero la gran diferencia vino después de eso, pues mientras a nosotros se nos acabó el oxígeno, Corea continuó creciendo en forma acelerada −crisis financiera del ’97 y todo−. Es el contraste entre ser corredores de maratón (Corea), y de media distancia (Chile). Y por tener tantos altos y bajos, de acuerdo a los datos ya citados, Chile pudo cerrar su brecha productiva con los Estados Unidos durante este período (1980-2015) solo en algo minúsculo (2 puntos porcentuales, llegando al 23%); mientras tanto, Corea fue capaz de avanzar como 15 veces más. De continuar estas velocidades, Corea no se demorará mucho en cerrar totalmente su brecha productiva, mientras nosotros vamos a necesitar (literalmente) más de un milenio para hacerlo. Que haya otros países donde las cosas estén peor, y a veces mucho peor (como en Brasil y Venezuela) −y que eso también pase en otras partes, como en Sudáfrica−, es sólo el consuelo del mal de muchos.

MANCHESTER UNITED, EL PROTOTIPO

–¿Podría brindarnos algunos ejemplos concretos en esta comparación de Chile con Corea?

Como explicaba en la publicación ya citada, ¿cuál podría ser la racionalidad para que los Samsung se lleven una retribución relativa tanto menor a la de nuestros empresarios, a pesar de ser capaces de competir mano a mano con Apple e Intel, y de dominar junto a LG (otra corporación corana) el mercado de pantallas planas? Sus pares chilenos se llevan tantas veces más del ingreso nacional por hacer concentrado de cobre: un barro con un contenido de metal de aproximadamente un 30%, resultado de una flotación rudimentaria del mineral bruto pulverizado (si fuese factible exportar el mineral en forma aún más primitiva sin duda que lo harían, pues la apropiación de la renta de los recursos naturales se hace en lo más primario del producto; de ahí para adelante vienen los procesos industriales de elaboración, los cuales mejor dejárselos a los asiáticos). ¿O cuál podría ser la lógica que hace a los Hyundai tan pudorosos mientras construyen autos con tecnologías de punta? Sus homólogos chilenos demandan tantas veces más del ingreso nacional tan solo por echarles bencina a esos Hyundais. ¿Y por qué los dueños de astilleros en Corea serán igual de recatados, mientras construyen los barcos más grandes, complejos y tecnológicamente avanzados de la historia? Los criollos, en cambio, exigen tantos múltiplos más por molestarse en producir salmones de 3 kilos, con sus correspondientes piojos y extra dosis de antibióticos (500 veces más por pescado que en Noruega). ¿Y por qué será que hay tanta modestia entre los tech startups in Corea, cuando el Bloomberg Global Innovation Index los ha colocado como primeros en el mundo en cuanto a sus capacidades para investigación y desarrollo, densidad tecnológica y generación de patentes (entre otras áreas similares)?

Nuestros no tan modestos emprendedores, en cambio, requieren una retribución relativa tanto mayor tan solo por hacer astilla de madera y pulpa de tercera. Y nuestros oligarcas que se dedican a la pesca de alta mar se ríen de los peces de colores, pues en Chile siete de esas 300 familias del 0,01% tuvieron el derecho natural a llevarse gratis las mejores cuotas pesqueras del país, y (de facto) a perpetuidad −y con el aplauso cerrado de la barra brava neo-liberal de la nueva izquierda (bueno, unas cuantas propinas siempre ayudan). Usando el lenguaje del polo (después de todo, en Chile somos campeones mundiales de ese deporte; parece que no todo lo relacionado con la desigualdad tiene que ser negativo), ¿cómo puede ser posible que empresarios con un hándicap que cuando mucho llega a 5 (el mínimo para ser profesional), ganen proporcionalmente tantas veces más que los asiáticos, quienes a menudo se acercan al máximo de 10? Sería interesante si en la dimensión empresarial también pudiésemos seguir el prototipo del Manchester United: si Inglaterra no produce suficientes jugadores de fútbol de nivel mundial, o entrenadores, ¿qué tal importarlos? En nuestro caso, importar empresarios asiáticos que son como pez en el agua para operar en mercados altamente competitivos; e importar policy-makers asiáticos, quienes parecen ser los únicos que todavía entienden la gran diferencia entre lo que es el interés corporativo y el nacional (en especial, entienden que es un delirio la idea esa que basta la disciplina de los mercados y su auto-regulación para que éstos, incluidos los financieros, funcionen en forma eficiente desde una perspectiva social).

–El último informe Forbes parece confirmar lo que usted dice.

Así es. A nadie le debería sorprender, entonces, que haya más billonarios en el desastre que es Brasil que en Corea; y más jeques de este tipo en Chile que en Arabia Saudita.

–Resulta interesante pensar este estado de situación en relación al desarrollo de la ciencia y la técnica.

Darwin desarrolló el concepto de ‘fósiles vivientes’ para referirse a especies que sobreviven a pesar de que sus parientes cercanos en otros lugares ya están extintos. Especies que perduran por haber estado expuestas a menor competencia. Creo que este concepto es particularmente apropiado para nuestras oligarquías”.

Corea gasta 11 veces más en investigación y desarrollo (como porcentaje del PIB) que Chile. Pero para el tipo de desafíos tecnológicos que tienen las actividades a las que se dedica nuestros grupos económicos parece que esa insignificancia basta. Como dijo Miguel de Unamuno (en una polémica con José Ortega y Gasset): “¡Que inventen ellos!” (se refería al resto de Europa). ¿Cuál es el problema? Para luego agregar: “La ciencia quita sabiduría a los hombres” (¿y a las mujeres?). No por nada la tradición ibérica ha sido siempre mucho más creativa en pintura, escultura, música, teatro, literatura y cine, que en sus contribuciones al desarrollo productivo y al de las ciencias. La falta de ilustración ibero-americana, más allá de las artes y las letras, también ha tenido un impacto negativo en las ciencias sociales; en especial, debido a la falta de sofisticación en el ejercicio del poder por parte del Estado. Aquí las ideas de Foucault son cruciales. El conocimiento y el poder están íntimamente interrelacionados, uno presuponiendo al otro. Aparte de su dimensión filosófica, la idea de Foucault intenta mostrar cómo el desarrollo de las ciencias sociales está interrelacionado con la necesidad de desarrollar formas más sofisticadas de poder. Éstas requieren un conocimiento más refinado de la sociedad y de sus formas de dominación. En el mundo ibérico, en cambio, ya que los Estados tienden a gobernar en formas más rudimentarias −en parte, para poder hacer sustentable estrategias de acumulación igualmente rudimentarias− se ha requerido de un nivel menor de desarrollo del conocimiento social. ¿Dónde está el Picasso del pensamiento económico iberoamericano; el García Márquez de su sociología; o el Neruda de su ciencia política?

Quizás ni el estructuralismo latinoamericano de la posguerra realmente se salva, pues como dijo uno de sus principales letrados, su substancia estaba “en la originalidad de la copia”. Como ya explicaba en otro lado, el pensamiento Cepalino tomó lo fundamental del estructuralismo francés de la posguerra (y luego prefirió olvidar sus raíces). Mientras nuestros caciques sigan creyendo que tienen el derecho divino a tanto, por tan solo recolectar la fruta que está al alcance de la mano, y puedan seguir saliéndose con la suya, y en democracia, no solo nuestra economía sufrirá las consecuencias. Darwin desarrolló el concepto de “fósiles vivientes” para referirse a especies que sobreviven a pesar de que sus parientes cercanos en otros lugares ya están extintos. Especies que perduran por haber estado expuestas a menor competencia. Creo que este concepto es particularmente apropiado para nuestras oligarquías.

–Por tanto, ¿para poder entender nuestra gran desigualdad hay que mirarla en un contexto más amplio?

Sin duda. Mi argumento central en esta materia es que nuestra verdadera trampa del ingreso medio es nuestra extrema desigualdad; y que todos aquellos que la justifican (o magnifican sus logros) son vendedores de ilusiones. ¿Será pura casualidad que Corea (junto a Taiwán) tengan, junto a su asombroso éxito económico, unas de las mejores distribuciones del ingreso “mercado” del mundo, aquella antes de impuestos y transferencias? Una que es mucho más equitativa que la de cualquier país de la Unión Europea −Alemania incluida−, o incluso que la de los famosos países nórdicos, célebres por su equidad. ¿Chile? Ranking 120 en esa variable; y eso aún después de cinco gobiernos de la así llamada “centro-izquierda”, que al menos al nivel del discurso decían querer hacer algo para mejorarla. Y desde el punto de vista de la distribución después de impuestos y transferencias, (según las encuestas de presupuesto familiar) el “Coeficiente Palma” nos indica que el 10% más rico en mi país se lleva alrededor de 3 veces más que el 40% más pobre.

Mientras nuestros caciques sigan creyendo que tienen el derecho divino a tanto, por tan solo recolectar la fruta que está al alcance de la mano, y puedan seguir saliéndose con la suya, y en democracia, no solo nuestra economía sufrirá las consecuencias”.

En Corea, este coeficiente es 1. Esto es, mientras en Corea el 10% más rico se lleva prácticamente lo mismo que el 40% más pobre, en Chile pone el grito en el cielo si no se lleva 3 veces más de la torta. Como resultado, en Chile el 10% más rico se lleva casi 20% puntos porcentuales del ingreso por sobre lo que se apropia su par en Corea. ¿Alguien podría argumentar que ese “segundo plato” del decil más rico en Chile (equivalente casi a un quinto del ingreso nacional) refleja fundamentos objetivos y no artimañas políticas y fallas de mercado, especialmente diseñadas para ello? En el menú de ese “segundo plato” se destaca la apropiación gratuita (y muchas veces ilícita) de las rentas de los recursos naturales. También la regulación financiera al dente (que legitima la usura); y todo tipo de fallas de mercado que permiten la degustación de una amplia gama de rentas artificiales, como las que provienen de una concentración oligopólica ilimitada y la posibilidad de explotar dicho poder de mercado casi sin contrapeso. También se encuentra la facilidad para coludir y fijar precios; para la fuga de capitales; y la creación de institucionalidades hechas a la medida para extraer todo tipo de rentas artificiales (muchas veces con el carácter de extorsión) en la salud, pensiones, infraestructura y educación.

Y en cuanto a esta última, entre tanta falla artificial de mercado hechas a la medida para generar y sustentar nuestra extrema desigualdad, una de las más evidentes es la segregación artificial del mercado de la educación en cuanto a su calidad.

A nuestras oligarquías (verdaderas máquinas aspiradoras de rentas) se les beneficia además con tasas impositivas bajas, regresivas y llenas de artificios; y con estados que creen que el ser “subsidiario” significa la obligación de tener que subsidiar y subsidiar al gran capital de este tipo. Difícil tarea tienen quienes intentan explicar todo esto desde la perspectiva de la teoría económica ortodoxa. Al menos los de la tradición austríaca, y los de la de Adam Smith, a diferencia de los neo-liberales à-la Chicago (y sus neo-camaradas en la nueva izquierda), entienden que dichas rentas son artificiales, altamente ineficientes y un modelo para “how to get the prices wrong” −y que estas rentas no tienen nada que ver con el laissez faire−. En realidad, son su antítesis. A su vez, quienes critican dicha falla distributiva de mercado solo desde una perspectiva ética, pierden la noción del movimiento que lleva a generarlas.

–Por lo tanto, parece claro que hay formas diferentes para globalizarse.

Lo que queda en evidencia es que dentro del capitalismo globalizado hay formas muy diferentes de hacer las cosas. Una es con eficiencia, mayor equidad, empresarios schumpeterianos y un Estado capaz de disciplinar al gran capital −esto es, si quieren ganar plata, ningún problema, pero en su país y en algo socialmente útil, para lo que se requiere controles de capital a la salida y política industrial que reorienten la asignación de recursos a actividades con el mayor potencial de crecimiento de la productividad en el largo plazo −incluido el transformar “lo verde” de problema en solución. También uno con derechos muy bien definidos a los medianos y pequeños productores. En Corea, por ejemplo, para poder instalar un supermercado había primero que compensar a los almacenes del barrio (¡qué poca modernidad la de estos coreanos!). La otra forma de globalizarse, la nuestra, aquella que exuda modernidad neo-liberal…

Por supuesto, tampoco hay que idealizar Asia. Allá hay tanta corrupción como en nuestra región. Pero en el último escándalo de ese tipo en Corea terminó preso el heredero y alto ejecutivo de Samsung. En Chile, mientras tanto, una palmadita en la mano basta”.

Por supuesto, tampoco hay que idealizar Asia. Allá, por ejemplo, hay tanta corrupción como en nuestra región. Pero en el último escándalo de ese tipo en Corea terminó preso el heredero y alto ejecutivo de Samsung. En Chile, mientras tanto, una palmadita en la mano basta. Lo absurdo es que la nueva izquierda nunca quiso entender que ese tipo de legislación (recordemos que fue un gobierno de la nueva izquierda el que cambió la legislación para que no se pudiese mandar preso a ningún empresario condenado por colusión, u otros delitos de ese tipo) va en una dirección ortogonal a lo necesario para la eficiencia y el crecimiento de la productividad (a la comisión respectiva se le olvidó ese punto). En Asia, las oligarquías saben muy bien que para continuar con su poder y privilegios tienen que invertir, generar nuevas tecnologías, diversificar las economías. En América Latina, en cambio, lo que yo llamo “nuestras oligarquías con tenure”, creen que tiene el derecho divino a estar donde están, y a perpetuidad, y en forma totalmente independiente a su dinamismo productivo.

–¿Qué políticas económicas sugiere para salir de todo esto?

Como si todo lo anterior no fuese suficiente, un problema adicional a nuestra forma pueblerina de globalizarse es que no hay que ser demasiado optimistas respecto del rol que podrían tener políticas económicas más ilustradas. Por ejemplo, una cosa es estar a favor de un tipo de cambio estable y competitivo (como en Asia); otra es creer que si se lo implanta aisladamente en medio del modelo neo-liberal actual −misma ideología, mismo comportamiento parasitario por parte de nuestras oligarquías, mismos policy-makers− éste podría por sí solo tener un impacto transformador. Por decir lo obvio, las políticas económicas solo pueden operar dentro de dinámicas institucionales específicas, y su efectividad depende de eso.

¿OBRA DE DUMBLEDORE O VOLDEMORT?

–Entonces, ¿cuál es el principal secreto de Asia?

Junto a lo que ya mencioné, yo siempre destaco su envidiable pragmatismo ideológico. Eso los lleva a ser los herejes del neo-liberalismo; y su increíble dinamismo les permite pecar sin miedo a las iras de las deidades neo-liberales (mercados financieros, FMI, agencias de calificación de riesgos, etc.). Mientras todo occidente (en especial, en el mundo anglo-ibérico) se tragaba la píldora de que las reformas neo-liberales eran la obra de Dumbledore, en Asia sabían instintivamente que si venía de donde venía, y favorecía a los intereses que hacía, solo podía ser una construcción de Voldemort. Por eso digo que nuestros economistas que ayudaron a diseñar este modelo mostraron ser buenos “ingenieros de sistema”, pues ayudaron a que la ideología neo-liberal en su versión más burda terminara conquistando nuestra América con la misma fuerza con la que la Inquisición conquistó a España. Otros, menos generosos, los llamarían sastres: expertos en hacer excelentes trajes a la medida.

–Su argumento entonces es que nuestro 1% se lleva tanto no “por ser los mejores”, sino porque el traje fue hecho a la medida.

Así es. Sin duda nuestra elite capitalista malentendió a Darwin, y cree que lo que él decía era que el que sobresalía lo hacía porque era “el mejor”. Para él, sobresalir nunca tuvo una connotación valórica; esa calificación se la dan siempre quienes, por cualquier razón, están arriba (y su inevitable enjambre de aduladores). Para Darwin, dado un medio ambiente específico, sobresalen aquellos que (muchas veces por razones puramente fortuitas) tienen las habilidades y energías relevantes. Cambie el medioambiente y el cuento es otro. Por eso, uno de mis intentos por descifrar lo que realmente es el neo-liberalismo, lo analiza desde esta perspectiva: es una ideología y una tecnología de poder que ambiciona imponer una praxis político-económica e institucional que genere, en forma totalmente artificial, un medioambiente hecho a la medida de las habilidades, singularidades e intereses −e insuficiencias− de un tipo específico de gran capital. Un medioambiente que le pueda dar todas las ventajas imaginables al capital rentista, al depredador, al financiero especulador, al extorsionador, al trader, y al de aquellos que se esconden de la competencia internacional operando en el sector no-transable de bajo desafío tecnológico. En la selva neo-liberal, ese tipo de capital es rey (y en él puede corroborar sus delirios de grandeza). En otros medioambientes más competitivos e ilustrados, a muchos no les daría ni para respirar.

–Pero, ¿a quién perjudica ese medioambiente?

Ese medioambiente, hecho a la medida de unos, tiene un gran costo económico para otros, pues no solo le hace la vida casi imposible a una parte importante de la población, sino también a otros agentes económicos mucho más dinámicos, como es el caso del capital más productivo, en especial el de la manufactura −y a todo aquél que tiene que vivir en un mundo realmente competitivo, como la pequeña y mediana empresa−. Ese mundo productivo donde hay que invertir e innovar constantemente solo para poder sobrevivir en el mercado; y solo si le va bien, ganar al menos un poco. Para nuestros empresarios neo-liberales, y sus neo-camaradas, ese tipo de mercado ya representa una etapa anterior (e inferior) en la evolución humana: aquella donde había que luchar por la subsistencia.

El neoliberalismo es una ideología y una tecnología de poder que ambiciona imponer una praxis político-económica e institucional que genere, en forma totalmente artificial, un medioambiente hecho a la medida de las habilidades, singularidades e intereses de un tipo específico de gran capital”.

En el Brasil pre-neoliberal, por ejemplo, la manufactura representaba un tercio del PIB −cuando esta actividad producía más que la de China, tres veces más que la de India y cinco veces más que la de Corea−; hoy, en cambio, cuando tiene que enfrentar la nueva competencia asiática −y con las desventajas que además le da una macroeconomía antediluviana− con esfuerzo llega al 10% del PIB −con una producción que apenas llega a un 5% de la de China, a menos del 60% de la de India, y menos de la mitad que la de Corea−. ¿Tendrá por casualidad su desastre económico actual algo que ver con el hecho de que su oligarquía cambió manufacturas por finanzas, lo elaborado por lo extractivo y la innovación por el retail? Y que para poder hacer eso sin contrapeso (incluido el tener que neutralizar a la nueva izquierda), incrementó la corrupción de la política por un múltiplo de dos dígitos. ¿Tendrá ese desastre algo que ver con cambiar un modelo que (con todos sus enormes problemas) era productivo, por uno que solo premia estrategias rentistas, especulativas, depredadoras y la de los traders? La diferencia con Asia es que allá el Estado y la oligarquía usaron las reformas para fortalecer su modelo productivo, y no para cambiarlo por otro más placentero. Si la nueva izquierda tan solo hubiese entendido eso…

–Pero hay sectores que han tenido gran desarrollo.

Sí, sin duda en América Latina han surgido actividades cuya productividad llegó a nivel mundial, lo que nos lleva a una estructura productiva muy heterogénea; pero éstos se concentran en lo extractivo y en las multilatinas cuya base de rentabilidad muchas veces viene, junto a lo financiero fácil, de haber sabido coordinar a la perfección cadenas de producción de bajo valor agregado, compuestas principalmente por pequeños y medianos proveedores con el yugo al cuello. El error garrafal de nuestro modelo neo-liberal de acumulación y dominación −al que John Stuart Mill probablemente llamaría distópico− fue su ilusión de que podía ser sustentable en el tiempo sin necesidad de reorientarse a lo productivo.

El neoliberalismo no está a punto de colapsar; para nada. Solo que su versión original se desintegra, y que eso, por ahora, nos lleva a escenarios aún peores, tipo Trump, Brexit, y el renacer de la burda ultra-derecha europea”.

Por eso, lo difícil de comprender no es por qué este ciclo político-económico neo-liberal comienza a desgranarse −en especial en su versión anglo-ibérica−, sino cómo pudo durar tanto tiempo sin desarticularse. Eso no significa que esté a punto de colapsar; para nada. Solo que su versión original se desintegra, y que eso, por ahora, nos lleva a escenarios aún peores, tipo Trump, Brexit, y el renacer de la burda ultra-derecha europea. También crea nichos para algunas izquierdas despistadas, las cuales en su impotencia frente al poder absoluto corporativo neo-liberal, cual meteoritos, se fragmentan en la atmósfera con discursos cada vez más principistas (como la necesidad de “decrecimiento”). Otras, aún más despistadas, glorifican violencias tipo lumpen. Menos mal que también surgen otras izquierdas, algo por lo que el 1% debería estar agradecido, al menos porque trae sanidad al debate. No por nada este modelo neo-liberal, junto con ser una forma tan ineficiente de organización económica, ha demostrado ser una de las tecnologías de poder más sofisticadas de la historia −en parte por esa increíble capacidad de cooptar o rayar a tanto opositor−. Cuando ando optimista pienso que las cosas van a tener que empeorar aún mucho más, antes de comenzar a mejorar.

BRASIL: UN MILLONARIO CADA 27 MINUTOS CUANDO LA ECONOMÍA YA ESTABA EN CRISIS

–Según su parecer, ¿qué hizo el Partido de los Trabajadores en Brasil, fuera de lo social, para cambiar las cosas?

Luiz Inacio Lula da Silva

Mucho ruido, pocas nueces. Una vez di una presentación en Cambridge en un seminario para altos ejecutivos de multinacionales. Eran los primeros años de Lula, cuando todo el mundo andaba alucinado con Brasil. Su título fue: ¿Is Brazil’s recent growth acceleration the world’s most overrated boom? Después lo publiqué con el mismo título. Enfatizaba que ese auge inicial del período del Partido de los Trabajadores (PT), dado sus políticas (o mejor dicho, su falta de políticas) era insostenible. A menos que el gobierno interviniera en la matriz productiva, no solo sus objetivos sociales iban a ser insostenibles, sino su crecimiento inicial iba a ser insustentable. Al final del curso uno de los participantes escribió como comentario al programa: “Ojalá Palma esté equivocado sobre Brasil; sino, acabo de cometer el error más grande de mi vida al comprar una empresa brasilera a un precio astronómico”. Pero en Brasil, ¿cuál podría ser el problema para los de arriba? (incluido para aquél que vendió tan bien su empresa a esa multinacional). Como muestra un informe de Forbes, durante el período del así llamado Partido de los Trabajadores se triplicó tanto el número de millonarios (aquellos con más de US$30 millones en activos netos, sin contar su residencia principal), como el de centa-millonarios y billonarios.

Algo parecido tuvo lugar en los otros países de la región con gobiernos “progresistas”. De hecho, en términos relativos ninguna otra región del mundo creó tanto millonario, centa-millonario y billonario como América Latina. Y arriba de la tabla están los países gobernados por la “vieja” y la “nueva” izquierda −Venezuela, Brasil, Chile y Argentina- que se ordenan de manera diferente según la categoría de millonario que se analice. Mientras tanto, en Brasil (como en casi toda la región) durante todo el período neo-liberal la inversión por trabajador ha sido sistemáticamente menor en términos reales a la que hubo en 1980 −la cual no fue particularmente alta−, incluido todo el período del PT y el boom de los commodities. Mientras tanto, en este período Asia multiplicaba la inversión por trabajador por factores que llegan hasta dos dígitos (China incluso por 26, mostrando que también se puede hacer demasiado de algo positivo). Así y todo, y cuando su economía ya estaba en plena crisis, en Brasil surgía un nuevo millonario tipo-Forbes cada 27 minutos. Y ahora todos se extrañan de que en un carnaval como ése algún día tuviera que llegar la cuenta.

–Y en particular, ¿cómo analiza la destitución de Dilma Rousseff?

Lo fundamental del reciente golpe institucional en Brasil fue un ajuste de cuentas dentro de la Cueva de Alí Babá. Más de la mitad de los parlamentarios que votaron tenían ellos mismos juicios en contra”.

Para mí, lo fundamental de lo que pasó es que en un país estructuralmente corrupto como Brasil, para encontrar una solución al “dilema hobbesiano” (cómo mantener la paz social), se requiere alternancia en el poder. Pero cuando un partido amenaza eternizarse en las alturas (el PT ganó cuatro elecciones seguidas y tenía la quinta en el bolsillo), los del otro lado pierden la paciencia −por mucho que el PT les haya hecho considerables “trickle-down” para apaciguar los ánimos−. Por eso, creo que lo fundamental del reciente golpe institucional en Brasil fue un ajuste de cuentas dentro de la Cueva de Alí Babá. Más de la mitad de los parlamentarios que votaron tenían ellos mismos juicios en contra. Sólo en un caso de mega-corrupción (Odebrecht en Petrobras, compañía constructora que ya ha reconocido más de US$3 mil millones en corrupción) ya han sido implicados cinco ex-presidentes, varios excandidatos a la presidencia, 60 parlamentarios, incluido los presidentes de ambas cámaras legislativas, ocho ministros del actual gobierno, la mitad de los gobernadores, y muchos otros políticos (incluido el alcalde de Río durante las Olimpíadas). Y el que inició y lideró el impeachment contra Dilma (el presidente de la Cámara de ese entonces) ya fue entregado en sacrificio por sus correligionarios para apaciguar a las masas (a quien, según la grabación que delató a Temer, había que seguir sobornando en la cárcel para comprar su silencio). El pecado de Dilma (cuentas fiscales alegres) parece cuento de hadas al lado de lo demás.

–Volviendo a Asia que se desarrolla, ¿tenemos otra lección que aprender?

Sí, varias más. Una fundamental es que ellos fueron los que mejor entendieron a Darwin: “El que sobresale no es el más fuerte, ni siquiera el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio”. Pero claro, en nuestra región es difícil adaptarse imaginativamente al cambio dentro de este modelo. ¿De cuántas formas se puede rediseñar este modelo pueblerino, sin desordenarlo en forma terminal?; sin que los potentados pierdan su derecho tipo-pernada a llevarse hasta un tercio del ingreso, año a año. Como diría un físico, ¿de cuántas formas se puede remodelar una estructura con tan poca entropía? ¿De cuántas formas se puede reinventar algo tan bondadoso para algunos y en democracia? ¿Cómo se puede cambiar un sistema que insiste tan efectivamente en reproducirse y mantenerse por sí mismo? Uno (¿autopoiético?) que aunque se intente cambiarlo estructuralmente, su red tiende a permanecer invariable, manteniendo su identidad. ¿De cuántas formas se puede limitar tan efectivamente el acceso de otros a las rentas, construyendo lo que Douglass North llamó acertadamente un “Limited Access Order”?

FALLAS DE LA “VIEJA” Y LA “NUEVA” IZQUIERDA

–En otras palabras, ¿usted considera que nuestra dificultad para adaptarnos al cambio en América Latina es algo estructural?

Sin duda. Y a nuestras rigideces también hay que agregarle la ideología. Como nos decía José Ortega y Gasset: el problema de América Latina es que hay demasiados individuos satisfechos consigo mismo, que miran a la realidad como espejo de auto-contemplación. Toda la razón. Basta mirar nuestro 1%. Y el narcisismo nunca ha sido una buena receta para adaptarse al cambio; para tener aquella flexibilidad necesaria para poder adaptarse a esa tendencia natural del orden −tanto en el mundo físico, como en el social− de transformarse constantemente en desorden (y así subir su entropía). Es esa continua tendencia al desorden, precisamente, lo que genera nuevos desafíos políticos, económicos, institucionales e ideológicos, cuya solución requiere de una continua sofisticación de las formas de dominación y acumulación. Considero que ése es nuestro Talón de Aquiles colectivo; porque ahí fallan casi todos nuestros empresarios, políticos, intelectuales, y la vieja y la nueva izquierda.

–Resulta paradójico porque los de la nueva izquierda dirían que ellos sí se adaptaron al cambio.

Como nos decía José Ortega y Gasset, el problema de América Latina es que hay demasiados individuos satisfechos consigo mismo, que miran a la realidad como espejo de auto-contemplación”.

Para nada. Ideológicamente solo multiplicaron por menos 1. Eso nunca ha sido adaptarse al cambio, es acomodarse. Un empresario comentaba recientemente en mi país sobre un evento con un candidato de la nueva izquierda para las próximas elecciones presidenciales: “No dijo nada, pero lo dice tan bien”. Sería difícil sintetizar mejor el discurso actual de la nueva izquierda. Como nos decía Antonio Gramsci, para que una ideología pueda seguir siendo hegemónica, tiene que ser capaz de absorber −pero en forma imaginativa− elementos de ideologías alternativas. Pero para la ideología de muchos en la izquierda, hechos como la caída del Muro de Berlín tuvieron un impacto terminal. Por lo tanto, las nuevas ideas, en vez de interactuar creativamente con las existentes, simplemente destruyeron el sistema anterior de creencias. Y así, en la nueva izquierda, otro conjunto de ideas y dogmas simplemente terminaron reemplazando a los precedentes. Y no puede ser más revelador de la flojera analítica de la nueva izquierda (con sus conceptos tan inocuos como el de “la tercera vía”), que lo único que se le ocurra al actual gobierno “progresista” de Chile respecto de los problemas de la globalización neo-liberal sea querer firmar el vergonzoso Tratado del Transpacífico (TPP). Tratado cuya razón de ser es el consolidar nuevos derechos para cuanto parásito existe en este mundo. Todo esto dentro de un contexto místico llamado “defensa a la expropiación indirecta”, para lo cual estima necesario limitar el campo de maniobra de los gobiernos al espacio que las grandes corporaciones y timadores internacionales considerasen tolerable −tanto en áreas como la política económica, lo salarial y tributario, el medio ambiente, la competencia, los derechos de los consumidores, la salud pública y las finanzas−. Defensa que además exige que cedamos cuanta soberanía sea necesaria a cortes Mickey Mouse: con jueces elegidos a dedo y llenos de conflictos de interés.

–Pero el Tratado del Transpacífico se presentó como un tratado comercial.

Ese era el anzuelo. En realidad, para las multinacionales el TPP no era más que un hedge tipo credit default swap, pues saben muy bien que tienen que resguardarse ya que tarde o temprano la gente se va a cansar del abuso de lo que se llevan y por lo poco que hacen −por lo que las reglas del juego pueden cambiar−. En los últimos 12 años solo las del cobre han sacado de Chile como repatriación de utilidades (en moneda de igual valor) más que todo lo que costó el Plan Marshall de la post-guerra (aquél programa para la reconstrucción de toda la Europa devastada por la guerra). Y se llevan eso por molestarse en hacer cosas como el concentrado de cobre. Como ya decía, ¡hay que ser muy gil! A su vez, todas las multinacionales juntas han sacado durante ese período utilidades por un monto superior al stock de todos lo ahorros previsionales de los 10 millones de chilenos forzados a cotizar en el sistema privado de pensiones (las AFP). De hecho, entre 2002 y 2014 (durante la bonanza de los precios de los commodities) las multinacionales sacaron de Chile como repatriación de utilidades el equivalente a todo un PIB. Y los que no se cansan de aplaudir todo esto, y además quieren ofrecerles a las multinacionales aún más garantías vía un TPP, son el prototipo de izquierda “renovada”. Tan, pero tan renovada, que Gardel podría decirles: hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones / te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión / la milonga entre magnates con sus locas tentaciones / donde triunfan y claudican milongueras pretensiones / se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón. Tanto así, que en este proceso, los renovados llegaron a convencerse de que su rol histórico era ser los nuevos consiglieri de la oligarquía. En Brasil hasta Fernando Henrique Cardoso dijo que no había nadie como Lula para complacer a la elite (y él sí que sabe de eso). Ya nos decía Adorno: “la forma más efectiva de dominación es aquella que delega en los dominados la violencia […] en la que descansa”.

–En esta perspectiva, ¿en qué se diferencia la “nueva” de la “vieja” izquierda?

En breve, partamos por lo que las une: a pesar de sus aparentes diferencias, las dos siguen igual de pegadas en el pasado. Una, la vieja, idealiza ese pasado y quiere construir un futuro que no es más que la copia feliz de ese pasado idealizado. La otra, la nueva, demoniza ese pasado y lo único que quiere es construir un futuro que sea el opuesto a ese pasado demonizado. Un futuro tan opuesto que en materias de política económica lo que antes era virtud, ahora pasa a ser vicio y lo que era vicio, ahora se entiende como virtud. Por definición, ideologías incapaces de dejar atrás los fantasmas del pasado carecen de creatividad. Son como aviones que pueden correr y correr en la pista, pero no pueden nunca despegar. Ahora, en cuanto a las diferencias entre ellas, hay una que distancia a la “vieja” de la “nueva” izquierda, y es que el nacionalismo es siempre inflacionario.

–Según su análisis, ¿qué hay en común entre nuestros problemas y los que llevaron a Trump y al Brexit?

En los últimos 12 años solo las multinacionales del cobre han sacado de Chile como repatriación de utilidades (en moneda de igual valor) más que todo lo que costó el Plan Marshall de la post-guerra”.

Mucho más de lo que se reconoce. Antes se decía que los países desarrollados le mostraban a los más atrasados la imagen de su futuro. Si alguna vez fue así, ya no lo es. Muchos esperaban que la globalización nos llevara a una gran convergencia entre las naciones, con mayor similitud ideológica y en las instituciones. Lo que siempre intuí, es que si bien iba a haber convergencia, ésta no se iba a dar en torno a las características civilizadoras de los países avanzados. En cambio, con algunas excepciones notables en Asia, siempre he argumentado que la convergencia actual se iba a dar en torno a lo que nos caracteriza a nosotros, países de ingreso medio, altamente desiguales, poco dinámicos, con elites insubstanciales, Estados eunucos, ideologías fundamentalistas, y tanto académico y político encandilado por sus conflictos de interés.

En otras palabras, en dicha convergencia, realidades como las nuestras iban a ser “el norte magnético”. Me explico: no era que nuestros mercados laborales se iban a civilizar, sino que los hasta ahora civilizados se iban a latinoamericanizar. Lo mismo iba a pasar con nuestras bajas tasas impositivas, su asombrosa regresividad y porosidad, con nuestros niveles de desigualdad y baja inversión. Recordemos que cuando Reagan fue elegido en 1980, el 1% en los Estados Unidos ganaba menos del 10% del ingreso; para la crisis del 2008 ya llegaba a niveles latinos con su bananizante 24%. Y, al mismo tiempo, la inversión privada también seguía nuestros pasos, insistiendo en ser siempre menor que la pre-Reagan como porcentaje del PIB; hasta el punto en que en la actualidad la inversión privada neta llegó simplemente a cero. Esto es, mientras el 1% capturaba durante los últimos 20 años más de dos tercios del crecimiento total de los ingresos reales por familia, lo que devolvía de eso a la economía en forma productiva (inversión privada) disminuía significativamente en términos relativos al PIB (hasta terminar por desaparecer en términos netos). Por su parte, el decil más alto llegó a llevarse más de la mitad del total de los ingresos del país; un nivel mayor al de cualquier otro año desde 1917, superando incluso a 1928, año cumbre de la burbuja de los Roaring Twenties. ¿Suena conocido?

TRUMP: UN MACBETH TROPICAL

–En ese sentido, ¿qué es lo que representa Trump?

Trump no es más que un Macbeth tropical, que logró desahogar a los enrabiados proyectando su descontento hacia latinos indocumentados, musulmanes de todo tipo y la competencia asiática. Mi argumento es que él (y lo que representa) no solo es el mejor reflejo de la mediocridad actual, sino que Trump podría perfectamente ser un monstruo de Frankenstein, construido a partir de componentes de nuestros héroes visionarios, aquellos que desinteresadamente introdujeron las reformas en América Latina: Los Siete Magníficos, quienes marcaron para siempre el neo-liberalismo de la región. Su respeto por los derechos humanos, lo aporta Augusto Pinochet; su sentido estético, viene de Carlos Menem; su honestidad, de Carlos Salinas de Gortari; su apego a la democracia, de Alberto Fujimori; su profundidad ideológica, de Fernando Collor de Mello; su seriedad fiscal, de Alan García y su sanidad mental, de Abdalá Bucaram. El terror es que Trump ratifique la profecía de Hannah Arendt, aquella que ya se confirmó en el Chile de los torturadores y del grupo duro de los Chicago Boys: el peor mal lo hace gente insignificante.

–Fuera de su conocida fragilidad financiera, ¿por qué se hace insostenible el modelo neoliberal en su versión actual en los países avanzados?

Antes se decía que los países desarrollados le mostraban a los más atrasados la imagen de su futuro. Si alguna vez fue así, ya no lo es. Ahora, con excepciones en Asia, la convergencia se da en torno a lo que nos caracteriza a nosotros, países de ingreso medio, altamente desiguales, con elites insubstanciales, e ideologías fundamentalistas”.

A riesgo que algunos ya abandonen la lectura de la entrevista (pues ya es algo más larga que un tweet), es importante destacar que entre los muchos aspectos de este modelo que ya están topando fondo, uno muy revelador es lo que pasa en los salarios. En los Estados Unidos, el salario promedio masculino ha estado estancado en términos reales desde la elección de Reagan en 1980 y el comienzo de la “modernidad” neoliberal. Pero como la productividad por trabajador continuó creciendo (a una tasa inferior al período anterior, pero al menos lo hizo a un promedio de un 1,5% por año), la diferencia entre el valor de lo que produce un trabajador y lo que se le paga subió en términos reales de un promedio de US$20.000 en 1980 a US$70.000 estos días. Es decir, lo que se podría llamar el “excedente bruto” por trabajador se multiplicó 3,5 veces en moneda de igual valor. Y en el caso de una trabajadora se duplicó de US$40.000 a US$80.000. En parte por eso, las utilidades corporativas están ahora en récord histórico, a pesar de los lamentables fundamentos económicos (el peor período de crecimiento desde la Gran Depresión, no obstante todos los mega-esfuerzos de reactivación). Lo mismo con la bolsa de comercio, cuya burbuja es la segunda mayor en 100 años; pero como es tan generalizada (es decir, tan indiscriminada), pasa a ser la mayor si se la mira desde el punto de vista del precio accionario mediano. Mientras tanto, la inversión privada también se acerca a un registro histórico, pero en el otro sentido: por lo poco que representa como porcentaje del PIB. ¡Hablando de trajes hechos a la medida! Parece que aprendieron de nuestras oligarquías a cómo ganar tanto con la ley del menor esfuerzo.

Y como si todo eso no fuese suficiente, la deuda corporativa también llegó a un récord histórico. Y con utilidades tan estratosféricas e inversión privada tan mínima, ¿por qué necesitará tanta deuda el sector corporativo? Como todos saben, para jugar en el casino financiero, para comprar sus propias acciones (y así subir artificialmente su precio y los bonos de fin de año), para repartir dividendos siderales, comprarse unas a otras a precios astronómicos, incrementar salarios de ejecutivos y contribuir a sus fondos de pensiones en formas nunca antes vistas ni soñadas: en los Estados Unidos los ahorros previsionales de los 100 CEOs de las mayores corporaciones son equivalentes a los de 116 millones de conciudadanos de la mitad más baja de ingresos del país. Esto es, esas utilidades récord y esas deudas récord se destinan a cualquier cosa, menos a hacer algo útil desde un punto de vista productivo (algo que ya es de mal gusto).

– ¿Pero cómo se logra la cuadratura del círculo: altas utilidades con tan poca inversión?

Los neoliberales, aparentemente, habrían logrado inventar la máquina del movimiento perpetuo, aquella que no tiene necesidad de que se le inyecte energía externa (inversión privada). Las ganancias podrían seguir creciendo per secula seculorum gracias a factores como una mayor supremacía de lo financiero, más concentración oligopólica, más colusión, más offshoring en busca de salarios cada vez más bajos y condiciones laborales cada vez más medioevales (como en lo textil en Bangladesh) y redes cada vez más amplias para poder atrapar más y más rentas bajo el concepto de propiedad intelectual (una de las tantas corporaciones parasitarias estadounidense patentó el nombre del arroz basmati, de tradición casi milenaria en la India). Y el leitmotiv del TPP era legitimar ese parasitarismo. Las utilidades también podían seguir creciendo por el desarrollo de nuevas formas de extorsión en la salud, de endeudamiento en la educación y de nuevas formas rentistas de administrar pensiones e infraestructura. Por un deterioro en la calidad del producto y en la atención al cliente − en cuanto a esto último, la forma cómo la United Airlines trató a un pasajero por negarse a aceptar un abuso grosero, quien terminó con contusión cerebral, nariz quebrada y pérdida de dos dientes, es un buen reflejo de la naturaleza del nuevo business model en esta área−. También, por la forma como actuó, lo es respecto del lado en qué está en estas materias “la fuerza del orden”. En esta área, lo que le pasó hace poco a un compatriota ya sobrepasa todo en cuanto a monstruosidad corporativa. Por decir lo obvio, para que las corporaciones continúen ganando a esos niveles, y con tan mínimo esfuerzo inversor, tienen que entrar cada vez en forma más profunda en ese círculo vicioso de la ineficiencia y el abuso.

OLIGARQUÍAS TIPO FÓSILES-VIVIENTES

–¿A dónde nos lleva todo esto?

Según Andy Haldane, economista jefe del Banco Central de Inglaterra (no precisamente un economista heterodoxo), somos testigos de un proceso de “auto-canibalismo” corporativo. Si antes los accionistas se repartían en promedio 10 de cada 100 libras de utilidades corporativas, hoy se llevan alrededor de 70. Y si antes un accionista se quedaba en promedio con una acción por seis años, ahora es por menos de seis meses (por lo que cada vez le importa menos la salud de largo plazo de la empresa). Tanto que nos decía Keynes (y muchos antes que él): un capitalismo desregulado y con exceso de liquidez (que en parte importante se debe al incremento de la desigualdad) se transforma inevitablemente en autodestructivo. Pero explíqueles eso (allá y acá) a quienes cuyos ingresos dependen de no entender…

Para mí, la actual convergencia mundial, en especial en occidente −aquella (como decía) en la que nosotros aportamos el norte magnético− tiene un elemento evolutivo adicional, casi surrealista: oligarquías de países desarrollados, que hasta ahora fueron las más ilustradas y desenvueltas, hoy buscan cerrar brechas “al revés” (esto es, hacer un reverse catching-up). Mi argumento es que las oligarquías de los países desarrollados viven hoy lo que en paleontología se llama “un taxón Lázaro”: un organismo, que por razones evolutivas ya estaba extinto, misteriosamente comienza a reaparecer.

Las oligarquías de los países desarrollados viven hoy lo que en paleontología se llama “un taxón Lázaro”: un organismo, que por razones evolutivas ya estaba extinto, misteriosamente comienza a reaparecer”.

En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, si bien es cierto que en lugar de plantaciones ahora rigen las todopoderosas finanzas parasitarias, el presente comienza a tener más que semejanzas pasajeras tanto con nuestras realidades latinas, como con lo que podría haber sucedido en ese país si el Sur hubiera ganado la Guerra Civil. En este proceso −y en lo que podría ser una de las ironías político-económicas supremas de la historia− nuestras oligarquías tipo “fósiles-vivientes” no solo ven resucitar a sus parientes supuestamente extintos, sino que estos Lázaros (que en su vida anterior las miraban con desprecio) ahora las tratan de imitar. Es como si desde un punto de vista evolutivo, nuestro tipo de oligarquía −y su homóloga en el Sur de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil− fuesen a tener la última palabra. Esto, aparentemente, le podría dar la razón histórica a la naturaleza sub-prime de nuestras elite económicas. Pasarían de fósiles vivientes a prototipo de oligarquía “moderna” −en el sentido del nuevo (para nosotros viejo) paradigma parasitario a seguir. Sus parientes, aparentemente extintos, ahora reaparecen y también quieren tener el derecho a la tajada del león en el ingreso nacional −y por hacer cosas igualmente triviales−. Para eso, ya amoldaron las instituciones necesarias, como tener un Estado que encuentre su razón de ser en el apoyo a su cruzada rentista. Y nuestras oligarquías, con la reaparición de sus parientes extintos, quienes ahora intentan hackearles el secreto de su comportamiento banal, pueden jactarse (y no sin razón): ¡el que ríe último, ríe mejor! Y a sus parientes que reaparecen en otras partes del mundo, aquellas que antes llamábamos desarrollados, ahora les pueden decir, con deliciosa ironía: ¡bienvenidos al Tercer Mundo!

–¿Qué opinan los asiáticos de todo esto?

Los asiáticos no pueden creer su buena suerte, pues todo esto les deja el camino libre para continuar desarrollándose en forma productiva, sin contrapeso. Como decíamos, basta mirar cómo se abren las brechas en cuanto a tasas de crecimiento de la productividad.

–¿Qué efectos tiene eso en occidente?

Poco tenía Hillary Clinton que decirle a los Millennials, que fuese convincente, de por qué este capitalismo aberrante los lleva a ser la primera generación más pobre que la de sus padres (desde que existen números relevantes). ¿Cómo podía Hillary explicarles a los menores de 40 años por qué ya estaban condenados a pagar solo por el servicio de su deuda educacional más que el PIB de Uruguay? (deberían, porque casi 8 millones ya están en moratoria). ¿O por qué el servicio de su deuda en otros ítems, como autos, ya era más que el PIB de Paraguay? ¿O por qué a tan temprana edad el servicio del total de su deuda, incluido la hipotecaria, ya era similar al PIB del Perú? Todo esto parte del hecho de que la deuda de los hogares ya está de vuelta al nivel pre-crisis de 2008 − por lo que ahora hablamos de un servicio actual de esa deuda mayor que el PIB de la Argentina, deuda que en buena parte no es más que una forma de compensar el estancamiento de los salarios. Y si agregamos la deuda de los otros agentes (como el corporativo y el gobierno), llegamos a que hoy en Estados Unidos ya se paga como servicio de deuda algo similar al PIB conjunto de Brasil y México −y eso que las tasas de interés están artificialmente bajas−.

Pero ahora en los mercados financieros nadie necesita padecer de vértigo, pues ya saben muy bien eso de que “si alguna deuda chica sin querer se te ha olvidado, en la cuenta del otario (subsidiario) que tenés se la cargás”− aquel que con su Quantitative Easing (QE), y otras formas creativas de subsidio, absorbe cuanto activo financiero basura existe en este mundo −el FED, por ejemplo, ya asimiló casi US$2 millones de millones tan solo en términos de hipotecas securitizadas, muchas de ellas sub-prime−. Mercados financieros que ahora lo único que tienen que hacer es rezar para que “el bacán que te acamala tenga pesos duraderos”. En realidad (como sugiere un sociólogo alemán), lo único honesto que Hillary Clinton le podría haber dicho a los menores de 40 para subirles el ánimo era que si votaban por ella iban a poder continuar endeudándose, y así seguir “coping, hoping, doping and shopping”.

–Pero los mercados han reaccionado bien a la elección de Trump.

Trump es el resultado de que la desigualdad tiene un efecto corrosivo en la democracia. Y corrosivo para todos lados. Llega a dar risa cómo los mercados y la elite internacional tipo Davos tratan de seducir a Trump para que sus nuevos parámetros políticos y económicos terminen siendo solo más de lo mismo. Pero aunque termine en eso, el retroceso es importante pues la nueva implementación “de lo mismo” es ideológicamente bastante menos sofisticada, y se nutre de un culto más burdo a la violencia. Si bien nunca es bienvenido tener que reajustar un proceso global de acumulación, hasta ahora la élite global se ha adaptado bastante bien a los nuevos acontecimientos −como una familia aristocrática que se ha visto obligada a dar de mala gana la bienvenida a un nuevo familiar de otra clase social− como en una novela de Jane Austen. Desgraciadamente en el Sur las cosas se ven hasta más complicadas, pues el descontento no solo nos ha traído a personajes similares −como Modi, Zuma y Duarte−, sino que ellos han podido implementar sus políticas con menos cortapisas. Y los “progresistas” siguen analizando profundamente la superficie de los problemas de este capitalismo parasitario (acumulando más información que conocimiento). Y como en lo económico sólo innovan en la ayuda para los pobres (aunque ni tanto) recuerdan a Oscar Wilde cuando decía: “El sentimentalismo es meramente el día feriado del cinismo”.

–¿Y el Brexit? ¿Con qué efectos irrumpe en este contexto?

Trump es el resultado de que la desigualdad tiene un efecto corrosivo en la democracia. Y corrosivo para todos lados. Llega a dar risa cómo los mercados y la elite internacional tipo Davos tratan de seducir a Trump para que sus nuevos parámetros políticos y económicos terminen siendo solo más de lo mismo”.

El Brexit tiene un gran parentesco sanguíneo con el fenómeno que llevó a Trump a la Casa Blanca −y no es imposible pensar que hasta podría incluso llevar algún día a Le Pen al Palais de l’Élysée (¿o habrá algún límite a la estupidez humana?)−. El Brexit fue el triunfo de una extraña alianza de sectores que se sentían “perdedores” en esta globalización neo-liberal −sectores a los cuales, de repente, también se les acabó la paciencia− y muchos dejaron de desahogar sus penas en bares de mala muerte y pasaron a rebelarse en las urnas. En otra ironía notable de la historia, la misma derecha neo-liberal que con sus cantos de sirena había logrado romper la identidad de clase de los trabajadores, ahora (por su miopía) hacía exactamente lo opuesto, se las devolvía, al crear dos nuevos factores aglutinantes: la inseguridad y la falta de identidad. En Gran Bretaña, mientras las ganancias corporativas están hoy también por las nubes, el salario real promedio no solo cae, sino que lo hace a una tasa nunca vista desde mediados del siglo 19. Lo que pasó con el Brexit fue que en el país donde me tocó vivir (por esas raras artes del destino), la mayoría le dijo al discurso hegemónico neo-liberal que justifica todo eso: ¡son puros cuentos! Y el error garrafal de la nueva izquierda británica, y la del resto de Europa, por su constipación ideológica, fue entregarle a la extrema derecha una parte importante de esa nueva clase de descontentos: aquellos que antes, cuando reinaba la manufactura, se identificaban como proletarios, pero ahora se sienten apenas “pobre-letarios”. No hay que olvidar que en Alemania, y también en parte por las deficiencias de la izquierda de entonces −el antagonismo fratricida entre comunistas y socialistas−, muchos de esos descontentos se transformaban en Sturmabteilung (el ala paramilitar del Partido Nazi).

–Para finalizar, ¿por qué centra tanto su crítica en la nueva izquierda?

En la nueva izquierda y en la elite corporativa. Pero mire lo que pasó en tres de los países de este tipo que sigo más de cerca −Chile, Brasil y Sudáfrica−; existían condiciones ideales para algo distinto, pues habían mayorías dispuestas a apoyar agendas ilustradas. Pero, en lo fundamental, creo que a la nueva izquierda la frenó el miedo a lo desconocido, y optó por lo más fácil −más de lo mismo−, pero tratando de humanizar la ineficiencia del modelo, y consolidando derechos individuales como los reproductivos y los de orientación sexual−. Freud nos hablaba de nuestra ambivalencia con la realidad, relacionada con un miedo a lo desconocido, un temor al retorno a un caos primitivo donde puede existir una fuerza desconocida que destruya la comprensión y elimine el significado. Eso tiene relación con que tengamos tanta predilección por las ilusiones y facilidad para creer nuestros propios cuentos, en este caso, porqué solo se podía seguir con más de lo mismo. Ya muchos han hablado de la naturaleza del contar este tipo de cuentos. Sartre recalcaba nuestra predilección por los “de mala fe” –no en el sentido común del término−, sino en el de contar cuentos tanto para convencer a otros, como para auto-convencerse a sí mismo. Una tribu de habitantes originarios de Norte América decía que quienes fuesen buenos para contar cuentos dominarían el mundo. Žižek (con la nueva izquierda en mente), nos dice que la última derrota ideológica es cuando uno cuenta cuentos de los otros como si fuesen propios. Yo agrego que cuando dos piensan lo mismo, solo uno es el que está pensando −y ése no es precisamente la nueva izquierda−.

Hoy muchos se preguntan, con cierta ansiedad, si un robot podría reemplazarlos en su trabajo. La nueva izquierda llegó a ser tan predecible que debería estar preocupada. Y lo común a todos estos cuentos neo-liberales lo sintetiza muy bien Oscar Wilde cuando dice: “El vicio supremo es la superficialidad”. Nunca han hecho tanta falta sabios del desarrollo como Hirschman, historiadores económicos como Kindleberger (que nos ayuden a entender el presente), expertos en finanzas como Minsky, intelectuales de nuestras tierras, como Mariátegui −y en especial, políticos con la determinación de FDR (a ese si que no le contaban cuentos), intelectuales con la creatividad de Gramsci, y economistas con la lucidez de Keynes.

*Versión original: Revista Estado y Políticas Públicas, Buenos Aires. 

“Dar vuelta la página”. Eso fue lo que pidió el general Julio Pineda Peña, jefe de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, en una actividad institucional efectuada el martes 6 de junio en el Complejo Lomas Verdes de Concepción. A su espalda, el general director Bruno Villalobos Krumm lo escuchaba atento. “Ya hemos experimentado lo suficiente el sinsabor de la traición y es hora de comenzar a despertar de esta pesadilla (…). Es menester dar vuelta la página, despercudiéndose de todos los daños que la amoralidad e inmoralidad de unos pocos, que alguna vez pertenecieron a las filas de las carabinas cruzadas, nos produjeron con tanto desdén y menosprecio”, remató Pineda.

Lo que el general Pineda estaba pidiendo, con el beneplácito de Villalobos, es que los chilenos se olviden del monumental desfalco cometido por una asociación criminal de oficiales de Carabineros, el que ya suma más de 70 formalizados y una pérdida fiscal que supera los $22.500 millones, una cifra que amenaza con seguir creciendo.

General Julio Pineda Peña (Fuente: 24 Horas)

El general Pineda no era el más adecuado para pedir el olvido. Y ello, porque carga a sus espaldas con una omisión que ahora pesa: estuvo a cargo de un sumario por una millonaria compra con sobreprecios en el Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC) de la policía uniformada, en el que sacó de los investigados el nombre del entonces general Gerardo González Theodor (hoy en retiro), a pesar de que éste fue mencionado en declaraciones de testigos como parte de la trama que protagonizó esas irregularidades (vea los reportajes de CIPER “Carabineros: compras con sobreprecio golpean al general director” y “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

El llamado al “olvido” del alto mando se manifiesta justo cuando se inicia la recta final para definir la sucesión de Villalobos en la máxima jefatura. Un proceso que debe quedar zanjado en octubre próximo  y que, esta vez, se desarrolla en un contexto inédito: el riesgo permanente de que alguna nueva hebra del desfalco toque a alguno de los que corren en esta carrera. Y como el nuevo jefe máximo de la policía uniformada deberá encabezar un proceso también inédito de limpieza, la lista de los altos mandos que pasarán a retiro se anuncia abultada.

La tarea no se presenta fácil para La Moneda. Allí se busca con pinzas a generales que no estén contaminados con el mega fraude o con otras irregularidades que ya habían sido detectadas por la Contraloría General de la República o por investigaciones periodísticas (vea el reportaje de CIPER “Corrupción en Carabineros: las más de 40 alertas que nadie quiso escuchar”). Más allá del férreo apoyo a la gestión del general Villalobos que han manifestado la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, Mario Fernández, todos saben que el nuevo alto mando deberá estar revestido del sello de la “depuración”.

Salvo el general Flavio Echeverría –quien hasta marzo pasado era director nacional de Finanzas y ahora está preso por haber recibido más de $420 millones robados a Carabineros–, hasta ahora no han aparecido otros miembros del alto mando directamente involucrados en ilícitos.  Pero lo que complica la búsqueda del reemplazante de Villalobos y la confección del nuevo generalato, es que en el actual alto mando hay oficiales que ejercieron jefatura en unidades donde sí se cometieron irregularidades. Ello obliga a no descartar ninguna pista que signifique que en algún momento puedan verse involucrados en las investigaciones en curso. O que se vean afectados por su “responsabilidad de mando” al no haber advertido a tiempo las anomalías en los procedimientos.

30% DEL ALTO MANDO BAJO CUESTIONAMIENTO

CIPER revisó todas las denuncias en el manejo de recursos destinados a Carabineros efectuadas en los últimos años y detectó que al menos siete generales activos, además del propio Villalobos, tuvieron mando sobre unidades donde se produjeron irregularidades o en aquellas que debían fiscalizar el buen uso de los recursos o investigar las fallas. En esta situación se encuentran los generales Marcos Tello Salinas, Nabih Soza Cárdenas, Julio Pineda Peña, Jorge Garrido Díaz, Víctor Herrera Pintor, Rafael Rojas Agurto y Hugo Insulza Daneri.

Además, un grupo de 11 generales figura en nóminas de receptores de gastos reservados que son investigadas por la fiscal Macarena Cañas. La indagatoria surgió a partir de una declaración del general Flavio Echeverría, quien sostuvo que sólo el 40% de los gastos reservados (cuyo monto total anual asciende a $600 millones) se ocupaba en los fines permitidos por la ley. De allí que el Ministerio Público investigue el uso de esos dineros, bajo la sospecha de que se utilizaron para pagar posibles sobresueldos o costear compras improcedentes, como regalos para altos oficiales y sus esposas.

Bruno Villalobos, general director de Carabineros

La información más detallada sobre las sospechas del mal uso que se daba en Carabineros a los “gastos reservados”, la publicó La Segunda el 23 de mayo: informó que 11 generales, incluyendo a Bruno Villalobos, integraban las nóminas de receptores de dinero destinado a gastos reservados que investiga la fiscal Cañas (ver recuadro). Las listas corresponderían a montos mensuales transferidos en enero de 2007, diciembre de 2009 y diciembre de 2010, y en ellas aparecen los ya mencionados Bruno Villalobos, Marcos Tello y Víctor Herrera. A ellos se suman los generales Gonzalo Blu, Jorge Karachon, Daniel Tapia Mella, Eric Gajardo Vistoso, Jorge Serrano Espinosa, Kurt Haarmann Ritter, René Ureta Toledo y Nino Morelli Navarrete.

En total, suman 12 los generales que tuvieron mando sobre unidades relacionadas con el gran desfalco, con irregularidades detectadas por la Contraloría o por investigaciones de la prensa y con los gastos reservados bajo investigación. Esto significa que un 30% del total de 40 oficiales que integran el alto mando de Carabineros enfrenta cuestionamientos. Entre ellos figuran cinco de los seis oficiales que ostentan el rango de general inspector, los que se ubican en el escalón jerárquico inmediatamente anterior al del general director: Tello (subdirector general), Pineda (director nacional de Personal), Blu (director nacional de Inteligencia), Soza (jefe de la Inspectoría General) y Herrera (director nacional de Orden y Seguridad).

HERRERA, EL PRIMER CANDIDATO

La compleja situación ha llevado a La Moneda a privilegiar en la búsqueda del próximo general director a un oficial que se haya desempeñado principalmente en tareas de Orden y Seguridad, y no en labores de administración de recursos, pues en estas últimas es más probable que se descubran nuevos focos de corrupción. Uno de los nombres que se maneja es el del general Víctor Herrera Pintor, quien actualmente ocupa, precisamente, el cargo de director de Orden y Seguridad. Pero, Herrera también tuvo mando sobre unidades en las que la Contraloría y la prensa han detectado anomalías.

General Víctor Herrera Pintor

El general Herrera resultó afectado por los US$3,5 millones que se gastaron en 2013 en carros blindados que no cumplían con las exigencias de seguridad. La compra se concretó a pesar de que Herrera estaba informado de las falencias de los vehículos. En una entrevista concedida a Chilevisión, el mayor Marcelo Lobos Riquelme, ahora en retiro, afirmó que el general Herrera, entonces Jefe de la Zona Santiago Este, recibió y firmó el informe que mostraba todas las fallas de los carros. El informe le costó la salida a Lobos.

Además, cuando en 2015 Víctor Herrera ejerció como director de Bienestar, un informe de la Contraloría reveló que esa repartición no registraba los ingresos percibidos por los centros recreacionales y gastronómicos de Carabineros en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe). La consecuencia de esa omisión, fue que esos recursos no fueron informados al Ministerio de Hacienda para que fuesen incorporados al presupuesto institucional. La anomalía en esas cuentas persistió, indicó la Contraloría, a pesar de las instrucciones impartidas por el organismo fiscalizador (vea ese informe).

La misma Contraloría estableció que, bajo el mando de Herrera, no hubo explicaciones plausibles para un cobro de $2,4 millones menos al establecido, por el arriendo de las instalaciones de la Casa de Campo de La Reina, así como por un cobro en exceso de $1 millón en el mismo centro recreacional. Aunque las cifras no son significativas, ilustran la falta de control sobre los ingresos.

El general Herrera también aparece en las listas de receptores de gastos reservados en enero de 2009 y diciembre de 2010 (cada vez por $120 mil), cuando era coronel y estaba a cargo de la Escuela de Carabineros.

 EL SUBDIRECTOR TELLO   

En 2014, el actual subdirector general, Marcos Tello Salinas,  ocupaba el cargo de director nacional de Logística. Ese año, bajo su mando, se adquirió un sistema de interceptación y grabación de comunicaciones. El equipo tuvo un costo de US$3,3 millones (unos $1.841 millones a esa fecha). Cuando lo instalaron, no funcionó: le faltaban accesorios (vea el reportaje de CIPER “Carabineros pagó US$3,3 millones por equipo para ‘pinchar’ teléfonos: lo instaló y no funcionó”).

La compra se hizo por licitación privada y el proveedor era un ex empleado de la empresa involucrada en la adquisición de equipos con sobreprecio para el Plan Frontera Norte, en 2012 (vea el reportaje “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”). El principal cuestionamiento que se le hizo a Tello fue por la decisión de asumir institucionalmente el costo de la reparación en vez de que lo hiciera el proveedor o haber ejecutado las garantías.   

General Marcos Tello Salinas

También en 2014 la Contraloría detectó a lo menos diez irregularidades al fiscalizar millonarias compras de vehículos en uno de los departamentos bajo la dirección de Tello. Entre ellas, la adquisición de 30 radiopatrullas Dodge que se concretó antes de que se hicieran todos los actos administrativos necesarios para aprobar el pago. En los hechos, se efectuó la compra y después se hizo la documentación para que la operación apareciera en regla. Los cálculos de la Contraloría arrojaron que esa fórmula originó un déficit presupuestario de US$124 mil (revise aquí el informe de Contraloría).

El mismo informe de la Contraloría expuso que el contrato para la compra de 63 motos a Williamson Balfour Motors, por US$1 millón, no fue publicado en el portal de Mercado Público. También comprobó que en las adquisiciones de vehículos había diferencias entre facturas y egresos por $82 millones. Y detectó omisiones en la información entregada por la Dirección Nacional de Logística a la Contraloría sobre compras de vehículos que sumaban $892 millones. Por último, el órgano contralor comprobó la ausencia de auditorías a las adquisiciones de vehículos entre 2011 y 2013 por parte de la Contraloría Financiera, dependiente de la Inspectoría General de Carabineros.

El actual subdirector Tello también tuvo un papel en el sumario por las compras con sobreprecio en el Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC). En ese proceso actuó como fiscal dictaminador y su responsabilidad fue la de verificar que la investigación se hubiese hecho correctamente. Pero esta es, precisamente, la indagatoria donde el general Pineda omitió el nombre del entonces general inspector Gerardo González Theodor, obviando las declaraciones de sus subalternos.

El sumario que llevó adelante Pineda -y que Tello revisó- investigó la compra de productos con sobreprecio adquiridos por el TIC a la empresa Mellafe y Salas entre enero y diciembre de 2011. Ese año, la facturación de Mellafe y Salas para Carabineros sumó $2.850 millones. En 2012 CIPER publicó las irregularidades en la adquisición de generadores eléctricos provistos por Mellafe y Salas, operación en la que posteriormente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) calculó un perjuicio para el Fisco de $928 millones. En estas compras participó el ex comandante Ramiro Martínez Chiang, entonces jefe de Infraestructura del TIC, hoy formalizado por su participación en el mega fraude.

Finalmente, el subdirector Tello aparece tres veces en las listas de receptores de gastos reservados que investiga la fiscal Cañas. Las menciones corresponden a enero de 2007, cuando era teniente coronel y se desempeñaba en el departamento de Relaciones Públicas (habría recibido $175 mil), y en diciembre de 2009 y diciembre de 2010, cuando ya ejercía la Dirección de Bienestar (habría recibido $412 mil cada vez).

TRÁNSITO, EDUCACIÓN E INTELIGENCIA

El actual Jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Jorge Garrido Díaz, era el subdirector de Gestión y Control de Adquisiciones de la Dirección de Logística cuando ese departamento compró los 29 carros blindados que presentaban serias fallas de seguridad y no cumplían las exigencias de las bases técnicas de la licitación. La firma de Garrido figura en la orden de compra para Automotores Gildemeister, fechada el 25 de diciembre de 2011, por un valor de US$3,5 millones.

El actual Director de Educación, Doctrina e Historia, general Rafael Rojas Agurto, también enfrenta cuestionamientos por su responsabilidad de mando luego del descubrimiento del robo de armamento desde la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar), en Cerrillos. El hurto, según publicó Emol, habría empezado el año pasado, justo después de la revisión anual de armas que hace la institución entre mayo y junio de cada año. Aún están desaparecidos 24 revólveres, aunque según indicó el general Rojas, todos sin percutor, por lo que no estarían operativos.

El mismo general Rojas, ex edecán de la Presidenta Michelle Bachelet, también fue mencionado en 2015 en una investigación del periódico El Ciudadano por sus eventuales vínculos con el narcotraficante Manuel Hernández Delgado (“Mañungo”), uno de los líderes del “Cartel de Coronel” en la Región del Bío Bío. La relación entre ambos –según la publicación-, se habría gestado cuando Rojas ejercía como jefe de la sección penquista del OS7. En una declaración pública, Carabineros rechazó la información de El Ciudadano, calificándola de “falsa, tendenciosa y mal intencionada”, y asegurando que Rojas nunca había sido citado a declarar en algún proceso judicial o administrativo relacionado con estas acusaciones.

El autor del reportaje, Matías Rojas, entregó a radio Bío Bío dos antecedentes que ponen en tela de juicio la versión de la policía: “Tengo una foja, que es la 358 del caso del cartel de Coronel (…), en donde se cita a declarar al entonces capitán Rafael Rojas (…). Aparte de eso, yo pido a Carabineros la documentación que tenía OS7 respecto a este caso y me encuentro con una transcripción de una entrevista que hace un capitán, que es Claudio Carrera, en la cárcel, al propio ‘Mañungo’, donde Carrera le señala que Rafael Rojas reconoció en una declaración que prestó en Santiago en el año 2000, cuando era escolta del ex presidente Ricardo Lagos, que él efectivamente conocía al traficante”.

General Hugo Inzulza Daneri (Fuente: alguaciles.cl)

El general Hugo Inzulza Daneri, director de Fronteras y Servicios Especializados, también tiene un lugar en la nómina de los miembros del alto mando que enfrentan cuestionamientos por actuaciones pasadas. En 2011 trabajaba en la Dirección de Inteligencia (Dipolcar), a cargo de la Contrainteligencia interna, bajo el mando del ahora general director Bruno Villalobos. En ese rol integró el equipo que cometió graves fallas en la investigación de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que pudo haber detenido tempranamente el mega fraude que hoy se empina por sobre los $22.500 millones (vea el reportaje de CIPER “General Echeverría sepultó en 2011 pista clave que llevaba al mega fraude”).

La UAF detectó depósitos por $48 millones sin justificación en la cuenta personal del entonces coronel Arnoldo Riveros, oficial que operaba en el Departamento de Tesorería y Remuneraciones de la policía uniformada. Riveros, hoy en retiro, ya formaba parte de la asociación criminal de oficiales que estaba desangrando las arcas de Carabineros, pero la Dipolcar no lo investigó de manera exhaustiva y se limitó a pedir un informe al jefe de Tesorería y Remuneraciones, Flavio Echeverría. En ese informe, Echeverría, quien también ya formaba parte de la red criminal, exculpó a Riveros. Hoy Echeverría es el único general que está preso por el desfalco.

Inzulza también ha sido apuntado como responsable de interceptaciones telefónicas ilegales que se realizaban desde la Dipolcar. Las denuncias fueron formuladas por el ex suboficial de Carabineros Esteban Infante, el ex cabo Luis Parra y por el abogado de ambos, Claudio Cofré.

La lista de miembros del alto mando sobre los cuales pesan hoy sus eventuales responsabilidades jerárquicas por haber dejado pasar situaciones irregulares, la integra también el general Nabih Soza Cárdenas. El gigantesco desfalco cometido con los recursos destinados a remuneraciones y desahucios de la policía uniformada, debió haber sido detectado por la Inspectoría General que encabeza el general Soza, ya que bajo su responsabilidad están las auditorías que desarrolla esa unidad de manera periódica a través de su Departamento Contraloría Financiera. No hay explicación hasta ahora de cómo pasó por alto la pérdida de a lo menos $22.500 millones.

De hecho, en el informe elaborado por Flavio Echeverría en 2011, que evitó la detección temprana del fraude, se citan las auditorías realizadas por la Inspectoría General como aval de que no había nada irregular en las cuentas desde donde se estaban robando los recursos. De esta forma, tendrían responsabilidad de mando en esta actuación desprolija tanto Soza como los anteriores generales que ocuparon el cargo de inspector general mientras se ejecutaba el fraude: Carlos Carrasco Hellwig (2013 y 2015), Jorge Rojas Langer (2014), Gerardo González Theodor (2012) y Eduardo Vera Altamirano (2008-2011).

El general director Bruno Villalobos carga también con su propia mochila. No solo por la aparición de su nombre en las listas de receptores de gastos reservados entregadas a la fiscal Macarena Cañas: aparece con dos remesas en diciembre de 2009 y diciembre de 2010, por $412 mil; y otra de $3,5 millones, cuando era el jefe de la Dipolcar (información publicada por La Segunda).

El cuestionamiento más serio que se le hace es por no haber detectado el desfalco en los años en que fue director de Inteligencia de Carabineros (2011, 2014 y 2015). Lo que agrava hoy su situación es el informe de 2011 -que publicó CIPER- y que lleva la firma del general Flavio Echeverría y que, en los hechos, desactivó la alerta emanada desde la UAF que ponía bajo la lupa precisamente a uno de los protagonistas del mega-fraude.

El general Villalobos era jefe de la Dipolcar cuando esa unidad le pidió el informe a Echeverría y luego se lo envió al fiscal José Morales, quien resolvió archivar la investigación. Cómo fue que se abortó la investigación de la primera alerta sobre el gran desfalco, es lo que hoy investiga el Ministerio Público. Una indagatoria que puede arrojar sorpresas y nuevos nombres.

Cuatro candidatos a la Presidencia de la República se han sumado a la campaña que impulsa CIPER para que los parlamentarios hagan públicas sus declaraciones de impuestos. Ya suman 43 los diputados y senadores –lo que equivale a un 27% del total de congresistas– que accedieron a difundir sus declaraciones tributarias a través de CIPER. Entre ellos se cuentan tres parlamentarios que compiten en la carrera de la elección presidencial: la senadora Carolina Goic (DC) y los senadores Manuel José Ossandon (ex RN) y Alejandro Guillier (independiente apoyado por el PR, PS y PPD).

La decisión de Goic, Ossandón y Guillier de transparentar sus rentas, motivó a la también precandidata a La Moneda Beatriz Sánchez, quien compite en las primarias del Frente Amplio. La abandera del conglomerado de izquierda, aunque no es parlamentaria, decidió entregar a CIPER sus declaraciones de los últimos años.

Entre los parlamentarios que también aspiran al sillón presidencial y que aún no responden el requerimiento de CIPER, figuran: Felipe Kast (Evopoli) y José Antonio Kast (ex UDI).

La decisión de Beatriz Sánchez abre la puerta para que otros aspirantes a La Moneda acepten publicar sus declaraciones de impuestos ­–como Sebastián Piñera, Marco Enríquez Ominami y Alberto Mayol–, las que serán requeridas por CIPER.

La iniciativa de CIPER se encuadra dentro de la campaña mundial por la transparencia tributaria de los legisladores que impulsó la ONG Finance Uncovered (vea aquí los resultados generales de la iniciativa).

La diputada Loreto Carvajal (PPD) también respondió positivamente a la solicitud de CIPER, enviando su declaración del año tributario 2017. Con ella suman 43 los parlamentarios que acogieron la campaña (veael último balance publicado por CIPER el 31 de mayo pasado, con el detalle de los otros 42 parlamentarios).

LAS RENTAS DE BEATRIZ SÁNCHEZ

La precandidata del Frente Amplio envío sus declaraciones de los años tributarios 2015, 2016 y 2017 (vea los documentos).  Estas declaraciones fueron revisadas por un tributarista a solicitud de CIPER, quien no detectó elementos inusuales en la información que Beatriz Sánchez informó al Servicio de Impuestos Internos (SII). El mismo experto ya había revisado las declaraciones de Goic, Ossandón y Guillier (sus resultados están en el reportaje del 31 de mayo ya mencionado).

Las siguientes son las conclusiones del análisis hecho por el tributarista a los documentos de la precandidata.

En su declaración de 2017 (correspondientes a las rentas que percibió en el año calendario 2016), Beatriz Sánchez informó al SII que su ingreso principal correspondió a “Rentas del trabajo independiente” (honorarios) por $72.859.971, además de “Ingresos por depósitos u otros” (rentas de capitales) por $133.512. También declaró una “Pérdida por depósitos u otros” de $7.456. Su declaración consideró una rebaja por intereses pagados por créditos hipotecarios, beneficio propio de los contribuyentes de clase media. En este año tributario pagó impuestos por $11.405.474.

Respecto de 2016 (ingresos percibidas en 2015), la precandidata dio cuenta de “Rentas del trabajo independiente” (honorarios) por $56.370.520 e “Ingresos por depósitos u otros” (rentas de capitales) por $210.656. Incluyó también una “Pérdida por depósitos u otros” de $176.233 y una rebaja por intereses por crédito hipotecario. Cerró el año pagando impuestos por $3.195.800.

En el año tributario 2015 (que da cuenta de las rentas recibidas en 2014), Beatriz Sánchez declaró “Rentas del trabajo dependiente” (sueldo) por $31.953.253, además de “Rentas del trabajo independiente” (honorarios) por $32.560.030 e “Ingresos por depósitos u otros” por $110.770. Además, declaró una “Pérdida por depósitos u otros” por $110.770 y, tal como en las otras declaraciones ya mencionadas, incorporó una rebaja por intereses pagados por créditos hipotecarios. Este año pagó impuestos por $9.506.773.

LAS CUENTAS DE LORETO CARVAJAL

La diputada Loreto Carvajal remitió a CIPER su declaración del año tributario 2017, correspondientes a los ingresos que tuvo en el año calendario 2016 (vea el documento).

En el último año tributario la diputada Carvajal declaró solo ingresos correspondientes a sueldos, que en su caso son las dietas parlamentarias, por $90.270.347. Los impuestos que pago al cierre del año sumaron $19.098.164.

Cuando en la noche del 11 de abril de 2016 Lissette Villa tuvo su última crisis, ninguna de sus cuidadoras supo qué hacer. Y lo que hicieron, la mató. Conne Fritz, asistente de contador, nunca había trabajado como educadora de trato directo; y Thiare Oyarce, sin título y sin contrato, llevaba cinco meses como educadora y nadie nunca le enseñó protocolos ni criterios para atender a menores y contener sus crisis. Ambas hicieron lo que habían visto que se hacía en el hogar Galvarino –administrado por el Sename– en esos casos: la acostaron boca abajo, la inmovilizaron de brazos y piernas, y Fritz se puso sobre Lissette. Después de 15 minutos de forcejeo, Fritz vio que la niña sangraba.

“Cuando vi sangre, le dije ‘¿te pegaste?’, y dejó de moverse instantáneamente; su cuerpo era blando, lacio, la di vuelta, la vi morada, estaba blanca, pero con ojeras y labios oscuros, como morados; la zamarreé, le dije ‘Lissette’ y no me respondió”, declaró Conne Fritz ante el fiscal Marcos Emilfork, quien investiga las muertes de los niños del Sename, según publicó La Tercera.

Este miércoles 21 de junio, un año y dos meses después de esa noche, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó el informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la primera comisión, en 2014. Esta segunda investigación se inició precisamente  a raíz de la muerte de Lissette, que conmocionó al país e hizo que los focos se pusieran sobre el Sename.

Las  conclusiones de los parlamentarios son poco alentadoras precisamente en dos puntos clave para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Lissette y para asegurar el bienestar de los menores. El primero es una drástica baja en el presupuesto que el Sename ha destinado a capacitación y formación, justamente lo que le faltó a Conne Fritz y Thiare Oyarce. El segundo, la evidencia de la falta de fiscalización sobre el buen uso de los recursos asignados a los organismos colaboradores en el cuidado de los niños.

Aunque el informe final aún no se ha hecho público, CIPER tuvo acceso a su borrador. Si bien el documento definitivo puede sufrir cambios, en este informe preliminar los parlamentarios indicaron que el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Aunque el borrador no lo explicita, fuentes de la Cámara indicaron a CIPER que esta sensible baja se produjo en los últimos cuatro años (2014-2017).

Otro dato ensombrece aún más el panorama: según la información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. Otros 224 programas han sido auditados solo una vez en el mismo lapso y 189, dos veces.

Para poder cuantificar el volumen de los dineros que se deben fiscalizar, el Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados. Para esta tarea, según el informe conocido por CIPER, a junio del año pasado solo había 102 supervisores técnicos y 74 supervisores financieros.

El foco del debate público sobre las conclusiones de esta segunda comisión ha estado puesto sobre las responsabilidades políticas que le cabrían a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; a los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y a la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Y si bien es importante establecer las responsabilidades políticas, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron a CIPER que el verdadero problema no está ahí, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. En ese sentido, la rebaja que han experimentado los fondos para capacitación y la falta de fiscalización, son reveladoras de las fallas en la administración de su presupuesto.

Javiera Blanco, ex ministra de Justicia

Los testimonios recogidos por CIPER indican que las capacitaciones que se hacen, además de ser muy escasas, poco aportan al trabajo real que desarrollan los funcionarios en contacto con menores. Y las fiscalizaciones son laxas. El diputado Ramón Farías (PPD), presidente de la comisión, indicó a CIPER que solo consistían en  “una lista de puntos por completar, pero nada que permitiera evaluar realmente y en profundidad el estado de los niños ni las cuentas de los organismos”.

La jueza de familia Mónica Jeldres dirigió una comisión que investigó el estado en que viven los niños en los hogares, cuyo informe, en 2012, fue la primera gran alerta sobre los graves abusos que sufrían los menores (vea el reportaje de CIPER “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos”). Tras conocer los antecedentes contenidos en el borrador de la segunda comisión investigadora de la Cámara, señaló a CIPER:

–Es sabido y así ha sido advertido por la Contraloría al Ministerio de Justicia y Sename de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, de supervisión, administración financiera, entre otras, sin que haya existido una respuesta inmediata para dar solución ni establecer responsables. Si todo lo anterior no fuera suficiente, continúan las denuncias por violaciones, maltratos, abusos, explotación sexual. Tan solo en octubre de 2016 se entregó la cifra de 1.313 niños fallecidos, 210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios.

CIPER solicitó entrevistas con autoridades del Sename para que explicaran por qué se redujeron los recursos para capacitaciones y a qué se debe la falta de fiscalización en los hogares y programas que atienden a los niños. La respuesta del Departamento de Comunicaciones fue que el servicio no se referiría a un informe  que aún no se publica y al que no ha tenido acceso.

CAPACITACIONES, DE MAL EN PEOR

Christopher Simpson, dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename, es educador de trato directo (ETD) en el turno nocturno del Centro Metropolitano Norte del Sename, en Til Til. Ahí trabaja con menores infractores de ley. Cada noche, Simpson teme que alguno de los jóvenes necesite atención especializada por una crisis de salud, una descompensación o una agresión. Lo teme porque no sabría qué hacer. En los casi cinco años que lleva en el servicio, ha recibido solo una capacitación, el año pasado. Según cuenta, ese curso fue insuficiente. Además,  como trabaja de noche, no podía dejar desatendidos a los jóvenes durante las visitas de los instructores, por lo que no pudo asistir a una parte de las clases.

Simpson cree que la situación ya es tan mala en materia de capacitación, que la sostenida reducción del financiamiento en esta área ha cambiado poco y nada el estado de las cosas:

–No sé si disminuir los recursos en capacitación va a hacer que la situación sea mucho peor de lo que ya es. La falta de capacitaciones atenta contra nuestra formación y desarrollo profesional. Aunque efectivamente es un elemento que puede mermar las condiciones de trabajo y la cifra (del recorte) suena escandalizadora, creo que en general nunca se han usado los recursos necesarios ni ha sido un tema fundamental en Sename.

Christopher Simpson

El director del Hogar Aldea Mis Amigos (Peñaflor), Luis Ortúzar, indicó a CIPER que en su centro no han recibido una capacitación desde la administración central en –por lo menos– los últimos cinco años. Esto, dijo, “afecta directamente las competencias de los educadores y las organizaciones tenemos que hacer capacitaciones internas, lo que nos quita tiempo de trabajo con los niños. Esto es especialmente preocupante porque hay temas, como la inclusión, que son muy relevantes. Si llega un chico o una chica trans, ¿qué hacemos? Ese tipo de cosas no pueden quedar a criterio”.

Ortúzar cree que se debe poner el foco en que los que sufren las consecuencias de la falta de entrenamiento de los funcionarios son, finalmente, los niños:

- Son atendidos y cuidados por personas que no están recibiendo información clave, que mejoraría directamente la calidad de vida de los chicos, como para desarrollar el apego o habilidades que los ayuden a desenvolverse una vez que estén fuera de los centros.

Matías Marchant, psicólogo y director de la Corporación Centro de Salud Mental Casa del Cerro, ha concentrado su trabajo principalmente en la infancia vulnerada. Consultado por CIPER, fue enfático en decir que el problema es más profundo aún. Marchant sostiene que la falta de capacitaciones es un detalle frente a la calidad y capacidad del personal que atiende a los menores: “Son tan mal remunerados, que es imposible acceder a profesionales o recursos humanos con las capacidades y herramientas necesarias”.

Agregó que los sueldos “hacen que las personas que trabajan en este sistema sigan siendo pobres a pesar de trabajar. Los sistemas de turnos son irracionales y terminan reventando literalmente a las educadoras. El sistema muestra una falta de valorización, sistemática, permanente y con sesgo de género a un estamento de la más alta relevancia y con la más importante responsabilidad”.

Según datos entregados por el Sename a CIPER, a septiembre del año pasado había 1.275 educadores de trato directo (ETD) contratados para trabajar en centros del servicio en todo el país. De éstos, más de la mitad (51,7%) solo completó la educación media y recibe un sueldo promedio de $727.681, por cumplir turnos de 44 horas semanales.

Matías Marchant indica que la precariedad laboral es un problema profundo en la institución: “Los convenios de colaboración dejan claro que la situación del personal contratado por los organismos colaboradores no es responsabilidad del Sename, lo que hace que los ETD estén en una situación laboral muy frágil”.

Diputado Ramón Farías

El diputado Ramón Farías afirma que la falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del Sename incide directamente en otro punto crítico: la fiscalización. Consultado por CIPER, Farías explicó que al no existir presupuesto suficiente para el Sename, las fiscalizaciones disminuyen. Ese es el inicio de un círculo vicioso: “Al no haber fiscalización pueden no hacerse las capacitaciones y nadie sabe si se hicieron o no”.

Farías indicó además que la forma de fiscalizar, a su juicio, deja mucho que desear: “La fiscalización debe ampliarse, porque hoy lo único que hacen es ir y revisar en el lugar con un checklist. ¿Cuántos niños hay?, ¿cuántos extintores?, ¿cuántos camarotes? Pero no hay un trabajo de fiscalización más profundo, en torno a los programas de desarrollo, de ver cómo evolucionan los chicos, de ver en detalle cómo se gastan las platas”.

SIN FISCALIZACIÓN

Todos los entrevistados por CIPER coinciden en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) es, por lo menos, insuficiente. El dato de que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años puede empeorar. Esto, por la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para este año, según los datos contenidos en el borrador del informe de la segunda comisión investigadora al que accedió CIPER. Ese plan debía cumplir un rol clave para asegurar el bienestar de los menores: “Levantar y sistematizar información relevante de las residencias del Sistema de Protección de Menores y para el seguimiento a los Centros de Justicia Juvenil”.

Un antecedente expuesto por el diputado René Saffirio (independiente, ex DC) en el informe que hizo en contraposición al elaborado por el resto de la comisión, grafica la falta de control sobre el uso de los recursos: solo entre julio de 2015 y julio de 2016 había más de $20 mil millones de fondos “empozados”, sin ejecutar, en las arcas de los OCAS.

Según explicó a la comisión la directora del Sename, Solange Huerta, esto sucede por dos razones: “Son fondos que se mantienen en las cuentas corrientes de los proyectos ya que o no tienen un destino comprometido, porque los proyectos no han informado en qué se van a utilizar, o tienen un destino comprometido que todavía no se ejecuta”.

Solange Huerta, directora del Sename

Un funcionario que trabaja en el área de licitaciones de la administración central del Sename, y que pidió la reserva de su nombre, explicó por qué este gigantesco monto destinado a la atención y protección de los niños permanece sin ejecutar. Por ejemplo, dijo, los OCAS “guardan” esos fondos por si se cierra el programa y se ven obligados a pagar finiquitos. Pero eso, dice, rara vez pasa, por lo que los recursos sencillamente se desaprovechan. Frente a situaciones de este tipo, asegura, los supervisores que revisan las cuentas de los OCAS tienen poco espacio para asegurar la ejecución de los fondos o su devolución:

–El inspector puede decir “esto funciona muy mal” o “este programa no rinde” y, en último caso, solicitar el reintegro de los fondos. Pero nunca se devuelven, porque le dan tanto plazo al colaborador para que genere el reintegro, que al final esto nunca ocurre.

Christopher Simpson también es crítico respecto de este punto:

-Hemos planteado que el 70% de los fondos va para los colaboradores y el 30% a los centros que administra directamente el Sename. Si van a fiscalizar menos a las organizaciones que se llevan el pedazo más grande, nos parece crítico. De todas formas, responde a la dinámica del modelo: el privado se siente hostigado cuando el Estado quiere supervisar.

Simpson cuenta que las inspecciones de los fiscalizadores son, por decir lo menos, someras: el registro sobre la situación de los niños es principalmente cuantitativo (“va al colegio”, “no va al colegio”). Esto, dice, hace difícil establecer si realmente hay avances en la intervención. Con las inspecciones financieras, sostiene, el panorama es más gris: “Básicamente, revisan las boletas, ven que cuadren, pero no se sientan con calculadora a revisar una por una, sino que solo calce. Eso muestra la importancia que tiene para el Estado la inserción de los privados”.

El psicólogo Matías Marchant cree que la forma en que se hace la supervisión de los recursos profundiza las deficiencias del sistema: “Ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas. Como cambian a los supervisores muy seguido, es imposible hilar más fino, hacer un seguimiento, porque no hay continuidad”.

Un funcionario que trabaja en el núcleo de la administración central del Sename señaló a CIPER que la ley es extremadamente laxa respecto de la forma en que los OCAS deben rendir sus gastos:

- La Ley 20.032 establece los mecanismos para subvencionar ciertos gastos asociados a la intervención. Se licita por un monto máximo y luego se debe dar cuenta de los gastos. Pero en el convenio no se especifica la “glosa”, que en la administración pública es una planilla que establece cuánto vas a gastar de tu presupuesto en un determinado ítem. La supervisión financiera del servicio, históricamente, nunca ha tenido control sobre eso. Los OCAS reciben la plata y la gastan en lo que quieren.

La misma fuente explica que, en el caso de los OCAS que trabajan en protección de derechos, muchos tienen convenios con una modalidad de pago denominada “por plaza convenida a todo evento”:

–Eso significa que si licitaste un programa que va a atender teóricamente a cien niños, pero en la práctica atendiste solo a 20, igual te pagan por los cien. Y ahí no tienes cómo rendir.

Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defiende el rol de los OCAS. Explica que, en el caso de su institución, con la subvención que reciben –$180 mil mensuales por niño, para 90 menores– es poco lo que pueden hacer, en especial si quieren garantizar un buen cuidado. Su hogar tiene 35 funcionarios, entre los que se cuentan educadores de trato directo, un siquiatra, un nutricionista, tres asistentes sociales y dos sicólogos: “No puedo embargar los sueldos de mis funcionarios. Necesito mantener a mi equipo, que sea estable, porque eso es fundamental para el cuidado de los chicos. Pero, para lograrlo, llevo un déficit mensual de $6 millones”.

Christopher Simpson no tiene muchas esperanzas de que la situación mejore:

- Ha pasado más de un año desde que Lissette murió y, siendo sincero, creo que ni en el hogar Galvarino, que es donde falleció, ni el Sename, que debía asegurarse de que ella estuviera bien, han tenido mejoras. Hay todo un entramado que está cómodo con esta situación, que es parte de un sistema viciado que finalmente pone en evidencia la poca preocupación que tenemos con la infancia vulnerable.

Los estantes de las ventas de libros en la estación ferroviaria de Penn Station, en el corazón de Manhattan, muestran las publicaciones más atractivas para los neoyorquinos este año: manuales para sobrevivir a la administración Trump; ensayos legales para interpelar al presidente en el Congreso y lograr su destitución; lecciones sobre el autoritarismo; ensayos sobre niños migrantes; guías para la resistencia civil… Son el signo de los tiempos que corren.

Desde que el multimillonario Donald J. Trump se convirtió en presidente electo de la nación más poderosa de la historia, Nueva York se encuentra en pie de resistencia. Su alcalde la declaró ciudad refugio y se niega a cumplir las órdenes federales antiinmigrantes; en los aeropuertos que sirven a la ciudad, miles de personas se manifestaron espontáneamente el día en que Trump decretó su prohibición para admitir refugiados en Estados Unidos y obligaron a los agentes migratorios a admitir a aquellos que ya habían obtenido permisos previos al decreto. Los neoyorquinos han convertido en un deporte local sacar el dedo medio al pasar frente a cualquiera de las torres de Trump. En Union Square, lugar tradicional de encuentro de krishnas, hiphoperos, predicadores y practicantes de yoga, ahora se imparten clases grupales de guitarra que preparan a los asistentes en poco tiempo para interpretar, guitarras y gargantas a coro, una canción: “Esta es una ciudad de inmigrantes… Todos somos inmigrantes”.

David Remnick, director de The New Yorker. Foto: Brigitte Lacombe. Cortesía The New Yorker

Más abajo en la ciudad, si uno atraviesa el memorial para las víctimas del 11 de Septiembre, se encuentra de frente con la Freedom Tower, el edificio construido para servir de símbolo del resurgimiento, de la resistencia de una Nueva York que no se doblega. Allí, en ese rascacielos, se encuentran ahora las oficinas de la revista New Yorker, orgullosa de haber marcado la pauta durante un siglo del periodismo narrativo y la crítica de arte neoyorquinos.

Como muchos de los medios que Trump considera sus enemigos, la New Yorker advirtió durante toda la campaña de la amenaza que Trump representaba para la democracia estadounidense… y para el bienestar del planeta. Lo hizo a través de amplios reportajes para denunciar los intereses comerciales del candidato republicano; sus negocios fallidos; su estilo de trabajo; sus votantes. Lo hizo a través de análisis, de piezas de opinión y caricaturas.

A las oficinas de la revista, ilustradores y caricaturistas enviaron tantas propuestas de portadas de Trump que decenas tuvieron que ser sacrificadas. La imagen del ahora presidente fue objeto constante de sus legendarias caricaturas y hacia el final de la campaña la revista dedicó todo un número a caricaturas de Trump.

La revista, que ha alcanzado el estatus de leyenda por sus reportajes de autor y que ha presumido siempre de contar con las mejores plumas, transformó su oferta para responder a la urgencia política. De “Los mejores textos disponibles” a “Combatiendo historias falsas con historias reales”. Fue una decisión deliberada de su director, David Remnick, un reportero entrado en los cincuentas, ganador del premio Pulitzer, autor de varios libros y una de las principales figuras del mundo cultural e intelectual de esta ciudad, que sigue siendo la más vanguardista del mundo. En sus propias palabras, fue una decisión influenciada “por el momento extraordinario” que ha significado la elección de Trump.

La misma noche de la victoria del multimillonario, Remnick escribió y publicó un texto de opinión al que tituló “Una Tragedia Americana”, una expresión representativa de todos aquellos que vieron en el resultado electoral un parteaguas en la tradición democrática estadounidense. “La elección de Donald Trump a la presidencia es una tragedia para la República Americana, una tragedia para la Constitución y un triunfo, en casa y afuera, para las fuerzas nativistas, autoritarias, misóginas y racistas”, escribió Remnick esa noche. “La impactante victoria de Trump, su ascenso a la presidencia, es un evento enfermizo en la historia de Estados Unidos y la democracia liberal. El 20 de enero de 2017 despediremos al primer presidente afroamericano —un hombre de integridad, dignidad y espíritu generoso— y atestiguaremos la investidura de un fraudulento que hizo poco para rechazar el apoyo de fuerzas xenofóbicas y de supremacía blanca. Es imposible reaccionar a este momento con nada que no sea revulsión y profunda ansiedad”.

Advirtió a sus lectores que lo peor que podía pasar era que la administración Trump fuera “normalizada”; que la sociedad civil estadounidense dejara de percibir su gobierno como algo nefasto. Ni la desesperación ni el abandono, dijo entonces, eran alternativas. “Combatir el autoritarismo, denunciar las mentiras, luchar honorablemente y con firmeza en el nombre de los ideales americanos. Eso es lo que queda por hacer. Eso es todo lo que hay por hacer”.

Medio año después, con la administración Trump instalada en la Casa Blanca y produciendo más escándalos de los que una sociedad es capaz de digerir, David Remnick aceptó conversar sobre su presidente, la democracia estadounidense y el rol del periodismo.

Es un hombre afable, mucho más sereno de lo que sus escritos recientes, que pulsan con un sentido de urgencia ante la catástrofe, permitirían adivinar. Viste de jeans y camiseta, en contraste con la elegancia de quienes laboran en esta parte de la ciudad. Su oficina es dominada, a un costado, por una privilegiada vista de la punta sur de Nueva York: Wall Street, la Estatua de la Libertad, Staten Island. A la izquierda Brooklyn; a la derecha Nueva Jersey. Contrapuesto a la ventana se encuentra una pared ocupada en su totalidad por una librera llena por libros que hablan de un lector tan omnívoro como el que presume su revista: ficción, ensayo, no ficción, caricaturas, estudios musicales… muchos de ellos escritos por autores que trabajan para la New Yorker. Él mismo, como autor, tiene una producción diversa: su gran obra, con la que ganó el Pulitzer: el libro La Tumba de Lenin, sobre la caída de la Unión Soviética que atestiguó en Moscú como corresponsal del Washington Post. Pero también ha escrito sobre músicos, dramaturgos, políticos y deportistas, entre ellos un perfil de Bruce Springsteen y un memorable perfil de Leonard Cohen, publicado en octubre del año pasado, pocos días antes de la muerte del poeta-cantautor. Sobre él, la Premio Nobel de Literatura Toni Morrison escribió que “controla de tal manera su oficio que lo transforma en un arte”.

Remnick escribió también un fantástico libro sobre Muhammad Ali, llamado El Rey del Mundo, en el que aprovecha la riqueza de los personajes para explorar con el inglés, uno de los lenguajes más pragmáticos y democráticos, hasta sacarlo de sus márgenes y expandirlo. Ni siquiera en este libro sobre Ali, uno de los personajes más coloridos y politonales de la historia, utiliza Remnick proporcionalmente tantos adjetivos como los que ha escrito en los últimos seis meses para referirse a su nuevo presidente. Y ninguno de ellos es halagüeño.

La elección de Donald Trump, admite Remnick, cuestiona una de las mayores tradiciones en la mitología norteamericana: el llamado excepcionalismo americano. Es decir, esa visión cuasi religiosa que los norteamericanos heredan desde su independencia según la cual son un pueblo excepcional, moralmente superior, socialmente avanzado y políticamente puritano. Un pueblo elegido para hacer el bien al mundo y llevarlo a la libertad. Una visión que se ha perpetuado en la academia norteamericana, cuyos historiadores y politólogos producen cantidades masivas de ensayos y estudios comparativos cuyo único objetivo parece ser demostrar, justamente, lo excepcional de Estados Unidos. Un mito que ha ayudado a cohesionar a los estadounidenses pero que es poco congruente con la elección de un hombre, Trump, al que Remnick ha llamado en su revista “fraudulento; impredecible; abominable; la vulgaridad desatada; descendiente de los que no saben nada, los apocalípticos y los nativistas; plutócrata, mentiroso, misógino, racista, indecente…”.

En su más reciente artículo, publicado a finales de junio, el reportero y editor encontró, sin embargo, motivos para el optimismo: “Trump no es para siempre”. No, pero su victoria también habla del país que lo hizo presidente. Y ese seguirá ahí mañana.

-Me parece que no te gusta este tipo… Trump, ¿cierto?

Cierto ja, ja, ja.

-Ya lleva más de 100 días…

Más… Lo siento en mis huesos.

-¿Cómo?

Mira, esta no es la primera vez en la que hemos tenido a un presidente abominable y, para ser precisos, hemos tenido presidentes que hicieron cosas mucho peores que las que Trump ha logrado hacer. Hasta el momento no ha invadido Irak o Bahía de Cochinos ni ha derrocado al gobierno en Irán, como en 1953, etc. Entonces, ¿por qué hablar de él en términos alarmistas? Por la combinación de incompetencia, mentira, deshonestidad como hombre de negocios, que es la única forma en que tenemos para conocerlo, su manera descuidada de conducir la política, etc. Es digno de alarma. Él también llega como la cresta de una ola de liderazgo antidemocrático liberal que no es único, por desgracia, en Estados Unidos. No sé hasta dónde llegará en términos antidemocráticos. Generacionalmente, yo tengo 58 años, vengo de una época periodística en Moscú, me siento sacudido por una visión quizás demasiado optimista de lo que ha ocurrido históricamente. Es decir, en 1970 había 30 países considerados como democracias, para el término del milenio, en el año 2000, había unos 100. Eran democracias imperfectas, democracias nacientes. Había todo tipo de cosas que podrías describir, pero era claro que no tenías que ser Francis Fukuyama para ser optimista sobre Rusia, el Este de Europa; Europa Central; América Latina. Había una tendencia increíble. Había un montón de tendencias realmente prometedoras, incluso si eras un realista de cabeza dura, tenías que tomar nota de esto. Pero ahora estas tendencias van en reversa en Latinoamérica, en América Central, en el Este de Europa y así sucesivamente…

-Voy a detenerte por un segundo. Es solo que hiciste algo muy interesante aquí, colocando a Trump en un marco global, algo que no se ha hecho mucho, supongo que debido al sentido local de urgencia. Pero de todos modos, estas tendencias han estado ocurriendo antes de Trump.

Sí. Bueno, depende de donde quieras empezar. Si estás en Budapest, encontrarás lo mismo. Si estás en Londres, encontrarás lo mismo o en el este de Europa, encontrarás lo mismo…

-O Polonia…

Seguro. Y las razones son similares. No todas iguales, pero sí son similares. Tienen que ver con todos los problemas que conoces. La alarma por la inmigración; la alarma por las consecuencias imprevistas de la globalización; la antindustrialización; y luego la explotación de esas cuestiones por figuras demagógicas como Donald Trump. Yo crecí al otro lado de ese río (Hudson, que separa Nueva York de Nueva Jersey) y luego me moví a este lado, con algunos lugares de por medio. Y recuerdo que él era una figura cómica en mi juventud. Él era sólo un cómico pomposo, un negocio de espectáculos.

-Él era una figura cómica hace dos años. No solo durante tu juventud. ¡Hace dos años!

Sí, pero nos importaba un carajo. Era solo un programa de televisión. Y por cierto, creo que esos programas de televisión fueron muy importantes para su desarrollo. Si tuviera tiempo para pasar el verano viendo esos programas… es decir, si mi cerebro lo soportara.

-¿El Aprendiz?

Sí, solo lo vi un par de veces.

-Te recomiendo que veas sus shows de lucha libre. Es tan él …

Lo vi. Podemos hacer bromas sobre todo esto, pero él ganó. Sí, claro, el FBI; sí, Rusia… Él ganó.

-¿Cuánto tiempo te tomó llamarle presidente Trump?

El mismo día.

-Todavía no lo has llamado presidente Trump.

Claro que lo hice. Lo sé. Él ganó la presidencia, él es el presidente Trump. Lo entiendo. Esto no es cuestión de que si lo entiendo o no, o de si él es apropiado. ¿Conoces el término “Snowflakes” (copos de nieve)? Se refiere, supuestamente, a personas como yo, flojas, que eran débiles y no podían asimilar la presidencia de Trump. Yo lo entiendo.

En el piso 38 de la Freedom Tower está la sede de la revista The New Yorker. Ciudad de Nueva York (Fuente: El Faro)

-Advertiste a todo el mundo que no normalicen esta presidencia…

¡La misma noche de la elección!

-La misma noche. Me gustaría explorar contigo qué viste en él, porque todos los adjetivos que has usado en su contra también los encuentras en otros presidentes. Los ciudadanos de este país normalizaron las acciones y las administraciones de esos presidentes…

Vamos a analizar nuestras opciones. Él ha utilizado el poder de la Constitución para firmar órdenes ejecutivas de la misma manera que Barack Obama, Abraham Lincoln o Dwight Eisenhower tenían la autoridad para dictar órdenes ejecutivas. Él es el presidente de los Estados Unidos. Lo que no quiero normalizar es su historia, lo que no quiero normalizar es su falta de conocimiento, conocimientos básicos. Lo que no quiero normalizar, sobre todo, es su uso demagógico del “Otro”, con O mayúscula, refiriéndose a la gente de color, los inmigrantes, regularizados o no, y todo tipo de personas, como los afroamericanos. Lo que está haciendo es una cosa muy vieja: les está hablando a las personas cuyas expectativas no son lo que esperaban que fuesen, con perspectivas económicas oscuras. Que miran alrededor y ven todo tipo de condiciones sociales difíciles, ya sea una adicción al opio o perder un buen trabajo en la fábrica y encontrar otro en Walmart, y les dice: “Siento tu dolor y la razón de tu dolor es esa persona o ese grupo de allá. Es la culpa de los inmigrantes que están violando a sus madres y hermanas. Es la culpa de los afroamericanos que viven de la beneficencia del estado. Es culpa de los chinos que están manipulando la moneda. Es culpa del “Otro”. Está creando un Estados Unidos del “nosotros” y “ellos”. Y aquí estamos sentados tú y yo, con la la vista más cursi posible (señala por la ventana): Allí está Ellis Island, uno de los grandes lugares de llegada para los inmigrantes a la vuelta del siglo pasado; y allá la Estatua de la Libertad. Y me perdonarás por mi sentimentalismo histórico democrático estadounidense, pero eso es… no hay una forma para ese sentimiento, que es más profundo que yo. Donald Trump representa una concurrencia que ha estado en las políticas estadounidenses durante mucho tiempo, pero nadie había llegado a ser presidente usando eso. Es por eso que creo que es importante no normalizar nuestro sentido de quién es. No es Mitt Romney, no es John McCain. Tengo todo tipo de problemas políticos con todas estas personas. No soy republicano, ¿sabes? Y no lo oculto. Pero esto está fuera del paréntesis, el gran paréntesis ideológico incluido en la política estadounidense. Esto fue más impredecible y alarmante.

-Tengo la impresión, y corrígeme si me equivoco, de que el sentido de urgencia que ha llegado después de que él tomó la oficina y la fiebre de cosas que él está firmando todos los días, le ha impedido a todo mundo hacer una reflexión profunda sobre cómo llegó él a ser presidente de los Estados Unidos.

No estoy seguro si eso es correcto.

-¿No?

Creo que la gente ha hablado sobre ello sin parar. Mira, ¡hay tanto que hablar a la vez! Cada día trae un nuevo tweet, una nueva declaración incomprensible, un nuevo escándalo. Por ejemplo, The New Yorker publicó, hace seis semanas, un artículo de investigación sobre las inversiones de Trump en los negocios en Azerbaiyán. El artículo concluía con pruebas, y sin cuestionamientos de la gente de Trump, que estaba haciendo negocios con la familia más corrupta de Bakú. Eran sus socios. Otros de sus socios eran unos hermanos iraníes parte de un grupo de amigos de la Guardia Revolucionaria Iraní, una organización que el gobierno estadounidense considera como un grupo terrorista. El autor de ese texto estuvo en CNN por un par de noches y luego quedó en el olvido, porque cada día hay algo nuevo. Si eso hubiera ocurrido con Obama o Bush, o el Bush más viejo, o Bill Clinton, un escándalo financiero de ese nivel…. Se hubieran tenido que ir. Todos los días él causa una nueva indignación porque hemos elegido vivir con esa indignación. Eso fue parte del trato. Sus electores, sus votantes encuentran mucho de lo que dice y hace atrevido, pero han elegido vivir con esto porque solo ven el lado bueno. Creo que han hecho un pacto con el diablo, pero ese es el pacto. No sólo los liberales reconocen que hay un aspecto indignante en Trump.

-Supongo que al final el punto es que él es todos los adjetivos con que lo has llamado. Es un mentiroso, deshonesto, esto y aquello… Pero él es el presidente, ¿qué dice eso sobre este país, que eligió a este tipo para ser su presidente?

Espero que diga que es una aberración. Que los candidatos republicanos eran tan débiles y él tan ameno, y que Hillary Clinton era una candidata tan débil, y que factores como la carta del FBI y los elementos rusos eran tan fuertes que todo este complejo de razones terminó con una aberración. No creo que se limite a ese pensamiento. Tenemos que admitir que hubo fuerzas más oscuras aquí. ¿Cómo se convirtió Donald Trump en político? Su primera causa política fue cuestionar la legitimidad del primer presidente afroamericano, sobre la base de dónde nació o no. Una teoría de conspiración. Fue la explotación de una teoría racista de conspiración. Y algunas personas que votaron por Trump, creo, no todas, pero la mayoría, no son racistas. El racismo de Trump no fue decisivo. Ellos eligieron pasar por alto eso, o aceptarlo, o no sentirse demasiado ofendidos por eso. Eso es preocupante. Lo mismo sucedió con la misoginia, con su actitud hacia los inmigrantes. Lo mismo con su explotación de cualquier número de cuestiones. Que por cierto, cuando las investigas a profundidad o las exploras a profundidad, le pueden o no valer una mierda. Está dispuesto a decir cualquier cosa para tener éxito. Es un fraude.

-Un fraude que lo llevó a ser…

…electo Presidente de los Estados Unidos. Mira, Huey Long fue electo gobernador, era muy popular en el estado de Luisiana. (Trump) no es el primer demagogo que gana una elección popular. Es sólo el primero que se convierte en presidente. Mira, soy el primero en decirte que la historia de Estados Unidos es extremadamente compleja y llena de parches de tremenda oscuridad. No tengo que venir de El Salvador para reconocer eso en la historia americana. Perdóname, pero creo que sabes a lo que me refiero.

-Lo sé, créeme.

Por otro lado, creo que hay aspectos gloriosos en la historia americana.

-¿Ha cambiado tu visión del este país? No. Esa no es la pregunta correcta. ¿Ha cambiado tu visión de tus compatriotas?

Es una gran pregunta, una pregunta estupenda. Alguien en mi posición, de trabajo, de vida, de ubicación es acusado todos los días de vivir en una burbuja. Estamos en un rascacielos de Manhattan y estamos mirando al río (Hudson). Me refiero a que yo, siendo una persona objetivada, un editor y esto y lo otro.. De alguna manera no sé nada sobre este país, aparte de cenas lujosas en Manhattan y lugares… Pero también soy un ser humano que ha vivido en muchos lugares y crecí con padres enfermos con no muchos recursos, he viajado por todos lados, he trabajado como periodista y he visto mucho aquí y en el extranjero. Y supongo que lo que he hecho es tomar un… Estoy tratando de recoger mis pensamientos, es una pregunta tan buena. Tiene que hacerte pensar diferente si no los has hecho antes, sobre la pregunta del excepcionalismo americano. ¿Alguna vez viste las convenciones políticas americanas hace cuatro años?

-Sí.

Siempre destacan el excepcionalismo de Estados Unidos, como si Dios hubiera bendecido a este país de alguna manera en la que no bendijo a Francia o a El Salvador. Y por cierto, de muchas maneras, somos increíblemente afortunados: debido a la geografía, a la escala, debido a la aparición de una generación de filósofos iluminados, que fueron nuestros padres fundadores; en lugar de tiranos, o guerreros. También tuvimos problemáticos períodos, complejos, pero creo que un país que logró elegir a Donald Trump tiene que hacerse algunas preguntas sobre el excepcionalismo americano. Incluso si estás dispuesto a usar esa frase, tienes que usarla de una manera mucho más compleja y madura. Obama lo hizo y ​​yo simpatizo con él. La gente vio a un Obama que vino de las generaciones de los años sesenta, vio a un afroamericano y estaban constantemente haciendo preguntas sobre el excepcionalismo americano. Y él dijo: Si te refieres al excepcionalismo americano en el sentido de que somos excepcionales porque tenemos las mejores armas y fuimos besados ​​por Dios… No. Pero si crees y miras la historia americana como una serie de fuerzas complejas en las que la evolución fue a través del recorrido de un camino rocoso, la evolución de algo excepcional… De eso sí me puedo sentir parte. Recuerdo haber entrevistado a Obama sobre Aretha Franklin y él me dijo que su pieza musical americana favorita no era sólo “America the Beautiful”, sino la versión de Ray Charles, en la que las letra estaba en contrapunto con la forma en que Ray Charles la cantaba, lleno del dolor y de la exaltación de la vida americana. Ray Charles cantando “America the Beautiful” contiene el dolor y el revés de la realidad americana como un opuesto a Kate Smith cantando “America the Beautiful”. Kate Smith es una cantante blanca, clásica y patriótica. Y mi esperanza es que, si la historia en sus mejores momentos es dos pasos adelante y un paso atrás, este es un paso atrás y sólo podemos esperar que, por variadas razones, esto no sea tan peligroso como podría ser, y que las fuerzas del periodismo, los tribunales, tal vez el Congreso, las personas cambiando de opinión y todas las instituciones y fuerzas de la vida americana, hagan que este período tal vez no sea tan malo como podría ser. Pero mi trabajo como periodista, como voz, como una voz entre muchos, muchos, muchos es ser claro sobre lo que pienso y no tener temor.

-Como sabes, vengo de un país muy pequeño, en el que si alguien en el cuarto piso del Departamento de Estado estornuda, el país cambia en una noche. Y este es el país más poderoso en la historia de la humanidad, el país más influyente para decidir la dirección del planeta entero, y aun así cuando veo las convenciones de los partidos políticos, cuando veo los debates, las campañas, veo un debate muy provincial.

Sí, creo que parte de eso es una cuestión de geografía. Mira en un mapa, me refiero a que parte de la excepcionalidad en América o parte de su ingenuidad es que hay una frontera con Canadá, la presencia menos amenazante, más benigna que te puedas imaginar; y en muchos aspectos es lo mismo con México. Creo también que estamos pasando por un enorme debate y esto no es sólo por Trump, creo que estamos pasando por un enorme debate de un período de décadas probablemente desde, al menos Vietnam, sobre cómo usar o no la fuerza. Confieso que estoy desgarrado por esto, moral, política e intelectualmente. Invadimos Irak y fue un desastre; pensamos que teníamos operaciones limitadas para ayudar a detener las masacres en Libia y ese tipo de media invasión fue un desastre y no hicimos casi nada en Siria, debido a Irak. Y ahora no estamos haciendo otra cosa más que un desastre. Así que creo que las personas que piensan en el lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo, y no sólo en el Medio Oriente, están divididas en tres direcciones diferentes. Tanto aquellas que son bien intencionadas como lo contrario a las bien intencionadas. Y eso no es sólo acerca de Trump. Quiero decir, mira el terrible dilema de Obama sobre Siria. Él vino a… ¿Qué fue lo que distinguió a Obama de Hillary Clinton? Irak. Esa era la única cosa política en la que diferían. Su oposición a Irak. Eso y la personalidad.

-No estoy de acuerdo con eso. Creo que su poder de inspiración…

Esa es la personalidad.

-El poder de la imaginación…

Muy bien, pero recuerda, no era nadie, fue senador diez segundos…¡Diez segundos! Dio un gran discurso, no hay duda. Y así llegó a la presidencia y extendió las intervenciones en Irak y Afganistán con resultados complicados, digamos. Y en Siria casi no hizo nada, específicamente cuando se trata de usar el ejército, y cuáles son los resultados. Una vez más, no estoy sugiriendo una cosa u otra, sólo estoy analizando lo que está sucediendo. 450 miles de personas murieron, hubo una dislocación masiva, ciudades en ruinas, cientos de cientos de miles de inmigrantes en todo el mundo, sobre todo en Europa, que ha tenido un efecto desestabilizador muy efectivo en la política. El empoderamiento de Vladimir Putin; el de Irán en Siria. Eso es lo que conseguimos por no hacer nada. Y viene alguien con cero preparación, cero capacidades de pensamiento moral, estratégico, independiente y es alarmante. El mundo es ya lo suficientemente oscuro, complejo. Y no creo que todo lo que hablemos deba ser sobre Donald Trump. Mi amigo Murray Kempton, que era un gran columnista del New York Post, solía decir que lo mejor de la mafia es que podías culparlos por todo, no sólo por sus pecados, sino por todo, porque, ¿cómo podrían responder? Ja ja ja

-Ja, ja, ja… Exactamente.

Así que Donald Trump está para ser culpado por muchas, muchas cosas y la mayoría de ellas en tiempo futuro.

-¿Cómo ha cambiado Donald Trump tu idea de la misión del periodismo y la visión de la revista The New Yorker?

Nada. No. La revista siempre permite puntos de vista, la revista cuando se trata de la política siempre ha… ¿Estás hablando de la New Yorker en mi tiempo?

-Sí, por supuesto.

Hay un valor primordial en cuanto a presión al poder cuando es apropiado. Los escritores tienen que ganarse su punto de vista con evidencia, argumento y ecuanimidad. No somos una revista primariamente polémica, no somos una revista polémica. Y siempre hemos estado interesados ​​en el nivel más alto posible de hechos y profundidad. Nuestros valores son los mismos. ¿Estamos más alarmados de los que estábamos hace seis meses? Sí, es verdad. ¿Se ha elevado mi sentimiento de la misión periodística con esta situación? Sí, absolutamente, eso es cierto.

-¿Entonces ha cambiado?

Sólo digo que nuestros valores son los mismos. Espero que nuestras prácticas sean las mismas. Pero si estás en medio de la alarma, es difícil.

-La New Yorker solía ser vendida, o anunciada o comercializada como la revista mejor escrita disponible, los mejores escritores, las piezas más exquisitas de periodismo…

No me gustaría decir… Creo que la masacre de El Mozote fue en su manera exquisita. No estaba destinada a ser una experiencia principalmente estética, aunque creo que Mark Danner hizo un gran trabajo como escritor. Pero creo que los valores de la profundidad, la verdad, la presión sobre el poder y en ese caso sobre el gobierno estadounidense, así como otras cuestiones locales están en el texto. ¿Y eso fue publicado en 1992 o 1993?

-Sí, 1993, creo. Por supuesto que no estoy diciendo que esto no se hacía. Siempre se hizo en esta revista, pero la caricatura…

Sé cuál es la caricatura de la revista. La caricatura de la revista es una pequeña arrogancia. La nariz levantada…

-No voy a jugar a la versión Truman Capote del New Yorker. Lo que quiero decir es que hay…

¡Pero incluso Truman Capote, por cierto! La obra más famosa de Truman Capote para esta revista fue sobre un asesinato. El asesinato de toda una familia, tampoco había nada delicado en esa historia tampoco. Estoy hablando de “Cold Blood”.

-Sí, lo sé.

La imagen pública de Truman Capote era algo diferente, pero Truman Capote como escritor era riguroso.

-Sí, no estoy debatiendo esto. Sólo digo que solían vender la revista así. Esta era su oferta. “Lo mejor escrito que se puede encontrar”. Ahora, su oferta es “luchar contra las historias falsas con las reales”.

Sí, me declaro culpable.

-Pero quiero decir, esto no ha pasado así porque sí. Esto salió de un…

¿Momento político?

-¡Sí!

Sí, estoy de acuerdo. Espero que todavía estemos escribiendo bien. Todavía publicamos ficción al más alto nivel. Espero que la escritura de la no ficción esté aún en el más alto nivel. Hace un mes nuestro crítico de teatro ganó un Pulitzer. El año pasado ganamos dos Pulitzer por la calidad de nuestros escritos. No por informes políticos. Por escribir. Ese es un valor que sigue ahí. Lo que acabas de señalar… Seguro. Es una manera de señalar las diferencias.

Portada de la revista en julio de 2015. La caricatura hacía mofa de la candidatura de Trump en el partido Republicano, en momentos en que su presencia mediática comenzaba a despuntar por sus comentarios racistas.

-No soy un experto en el trabajo de David Remnick, pero…

Aún te queda vida ja, ja, ja…

-Ja, ja, ja … Pero lo que he leído de ti antes de la era del Trump, nunca vi que usaras tantos adjetivos como lo estás usando ahora, por ejemplo.

Y molestos.

-No quiero juzgarlos.

Creo que eso es cierto.

-Tenés toda una colección de adjetivos usados en ​​contra de Trump.

Eso es verdad.

-Bien merecido o no, eso no es algo que…

Mira, te diré esto: Espero estar equivocado. Espero que alguna combinación de oposición americana y tal vez incluso el eventual desarrollo interno de Donald Trump lleve a una presidencia más normal. Soy un patriota, amo a mi país, pero hay infinitas complejidades y oscuridades en esto. No es que quiera el desastre.

-Entiendo. Es obvio que ves esto como un momento extraordinario.

Así lo veo.

-Y que has pensado mucho sobre el papel de esta revista en un momento extraordinario. Supongo que eso es lo que quiero saber.

Sí, hemos tenido más piezas políticas en los últimos, no sé, cuatro o cinco meses de lo que teníamos en las previas ediciones en el mismo período. Y hay un cierto nivel de urgencia y alarma en esas piezas, debido a la naturaleza del momento. Quiero decir, no puedes ser superficial todo el tiempo. Y también creo que tengo que tener cuidado de no escribir así a menudo, porque después de un tiempo se convierte en la alarma que ya nadie escucha.

-Entiendo tu punto.

No es una decisión estética. Por cierto, esto para nosotros es algo extraordinario: He tomado una sección entera, la de Comentarios, que normalmente publica mil palabras, pero ahora tiene cinco mil palabras. Uno de los problemas, periodísticamente, no sólo en The New Yorker, sino que en general, es que la mayoría de las corrientes políticas, de derecha o de izquierda, vienen con una intelligentsia adjunta. Hay una intelligentsiaconservadora en este país. Casi toda ha sido antiTrump, lo que es interesante. Hay una pequeña intelligentsiaproTrump que se ha anunciado a sí misma. Pero, por ejemplo, si soy un productor de televisión por cable, que quiere organizar los debates que ves cada noche en CNN, es muy difícil. Hay una intelligentsia conservadora: The National Review, The American Conservative y todo tipo de revistas en las universidades y así sucesivamente. ¿ProTrump? No, muy poco.

-Pero, ¿cómo llegamos a hablar en estos términos, “proTrump” o “antiTrump”?

Tienes corrientes intelectuales pronacionalistas, no sólo aquí sino también en otros países. Pero es difícil saber qué es el Trumpismo, porque parece cambiar todo el tiempo. Él toma ideas y luego se deshace de ellas de la manera más caótica. El caos es uno de los principios del Trumpismo. Y no es tan coherente como Le Pen o Putin.

-¿No es tan coherente como Le Pen? Ahora estoy más preocupado.

Es mi trabajo ja, ja, ja.

-Pero déjame llevarte de vuelta al periodismo.

Por supuesto.

-Es obvio que es una gran sensación de alarma la que sientes, y probablemente otras personas en el país también, por el momento que están viviendo. ¿Crees que esto mueve las fronteras del periodismo?

¿Cuáles fronteras?

-Sos el director del New Yorker, has llamado a la resistencia desde estas páginas.

Sí, tengo mi propio punto de vista. Sabes, no voy a manifestaciones. No soy un político… Soy una voz editorial en el gran argumento americano. Soy eso. Y también soy alguien que está dirigiendo. Mucho más importante que el artículo del que estábamos hablando, mucho más importante, es determinar qué deberíamos hacer como revista. No estoy escribiendo, no escribo mucho. Sobre todo lo que hago es animar, dirigir y apoyar las actividades de la revista y el sitio web. Tiene que ver con el periodismo investigativo, con a quién perfilamos. Esta es una parte menor de lo que hacemos, esta no es una revista en la que la opinión es lo más importante. También quiero que escribamos acerca de por qué la gente en el occidente de Virginia o en el oeste de Pensilvania o en la zona rural de Ohio, etc., apoyó a Trump y no para presentarlos como caricaturas o como si todo el mundo se sintiera de la misma manera o todo el mundo fuera racista.

-¿Crees que los medios fallaron en hacer esto antes?

Por supuesto. Mira, no quiero hacer una encuesta aquí, la gran pregunta es si el periodismo americano la cagó. Creo que las encuestas la cagaron. Creo que hubo mucha cobertura de personas que eran partidarios de Trump. George Saunders escribió una pieza brillante para nosotros sobre los votantes de Trump. Era bastante empático en cierto sentido. Evan Osnos escribió una pieza brillante sobre las corrientes del nacionalismo blanco. Larissa Macfarquhar escribió un reportaje extraordinario desde Virginia occidental sobre Trump, los votantes proTrump y por qué se sienten así y la complejidad de por qué se sienten así. ¿La revista predijo que ganaría? No.

-No, no, pero esto no se trata de predicciones.

No tengo una encuesta, no dirijo una encuesta. Y las encuestas dijeron que era más probable que ella ganara. ¿Y sabes qué pasó? Al final hubo una serie de eventos, que pudieron o no inclinar la balanza. Así que, en retrospectiva, ¿deberíamos haber tenido aún más? Bueno, tal vez… No quiero ponerme a la defensiva. Soy sólo…

-Estoy tratando de entender lo que pasó en los principales medios de comunicación estadounidenses, la acusación tradicional de los principales medios de comunicación estadounidenses es que la arrogancia de las costas siempre les hizo dar la espalda a lo que pasaba en lo que ustedes llaman “flyover states”, todo lo que queda entre Nueva York y Los Ángeles.

Bueno, ¿dónde estaban todos los grandes periódicos? También tenemos este fenómeno muy interesante que tiene que ver con la prensa. Este es un país grande y muchos de los periódicos originales han cerrado y no han sido reemplazados. Por ejemplo, estoy señalando desde aquí a Newark, New Jersey. Una gran ciudad, 700 mil personas, sería la segunda ciudad más grande de El Salvador. Sus periódicos se han reducido a sitios web que cubren asuntos locales. Antes todos los alcaldes terminaban en la cárcel ja, ja, ja. ¿Quién los enviaba a la cárcel? ¿Los jueces que el alcalde nombra? probablemente no. ¿La comisaría de policías que los alcaldes pusieron allí? Probablemente no. ¡Era la prensa! Así que, si pierdo esos periódicos, ¿quién va a enviar al siguiente alcalde deshonesto a la cárcel? En Newark, en Amarillo Texas, sabes, lugares jodidos. La prensa se está volviendo más pequeña, más defensiva, más preocupada, menos segura, sus recursos se están marchitando y la importancia de los grandes como The Washington Post, The New York Times, The New Yorker, no disminuye. Por el contrario, aumenta, debido a la forma en que influye en la cobertura local. Quiero decir, la televisión en gran medida ¿qué hacen? Leen el New York Times por la mañana y hacen su cobertura alrededor de esas historias, una tremenda responsabilidad. Y esos gritos sobre la prensa, como sesgada, como no auténtica, son un juego viejo. ¿Recuerdas a Spiro Agnew? Tenía una frase maravillosa, él era el vicepresidente de Nixon, “Nattering nabobs of negativism”. Nattering es alguien que sesga, nabob es un idiota del negativismo, pero suena como… Es simplemente hermoso. Entonces, esta movida de convertir al tribunal en enemigo, es decir el editor, el director de la cadena… Sí, tenemos muchas fallas, comenzando por mi. Cometemos errores de arrogancia, de exactitud… De esto se trata la demagogia.

-De…

Para Donald Trump, describirme como una persona sesgada, desde el mismo corazón de los Estados Unidos, es cómico. Él es un multimillonario que vive en la Quinta Avenida en un palacio de oro que avergonzaría a la familia Perón.

-Y sin embargo, logra convencer a millones…

Decenas de millones…

-…De personas que se sienten marginadas.

Esta no es una historia nueva. Es una nueva historia americana.

-Sí, entiendo eso.

Tú y tu país están acostumbrados a la alarma política, mis amigos rusos están acostumbrados a la alarma política. Mis amigos israelíes y palestinos, a los que visito a menudo, están acostumbrados a vivir en una atmósfera de decepción política. Por decir algunos. Tuvimos 8 años en los que pasamos de una gigantesca recesión a un rescate… Sabes, los liberales están alarmados porque probablemente se relajaron demasiado bajo Obama, incluyendo a Obama. El Partido Demócrata está en una condición terrible, terrible.

-Jane Mayer tiene un gran libro llamado Dark Money. Comienza diciendo que cuando Obama estaba celebraba su primera semana en la Presidencia, los hermanos Koch (multimillonarios conservadores) organizaron una reunión secreta en California, porque realmente temían que Obama impusiera 40 años de agenda progresista. Ocho años después decís que el Partido Demócrata es…

Increíblemente débil, y viejo.

-Si aquellos tipos estaban muy alarmados, estos tipos estaban bastante cómodos. Hemos estado todos confundidos. Hay una crisis mediática que confundimos con una crisis periodística, que es diferente. Comparten espacios pero son diferentes, uno es una crisis de modelo de negocio y el otro es una crisis periodística. Creo que no he visto una mejor pieza que hable de la crisis periodística como la de una de tus colaboradores, Jill Lepore, en la que habla de como los periodistas y los científicos hemos perdido nuestra posición como establecedores de hechos. ¿Crees que hay una crisis periodística?

Siempre ha habido noticias falsas, la mierda no se inventó ayer. Los periódicos norteamericanos en el Siglo XIX solían ser dirigidos por partidos políticos, la mayoría de ellos, y eran una mierda. Estaban llenos de propaganda de los demócratas, de los republicanos, de los Whigs. La teoría de la conspiración no se inventó ayer. Cuando era niño, trabajaba como pintor de casas y mi jefe solía decirme que Franklin Roosevelt seguía vivo y que los astronautas nunca aterrizaron en la luna. Y era falso. Lo nuevo es Internet y su capacidad de difundir tonterías, noticias falsas a la velocidad de la luz, de forma gratuita. Eso es lo nuevo. En el Siglo XVIII era posible que algunas especies se extinguieran, lo nuevo es cuán rápido se extinguen. Cuando me preguntas si el periodismo ha cambiado o mi actitud hacia el periodismo ha cambiado, los valores no han cambiado. Mi sentido de alerta ha cambiado, y no me refiero a esto de una manera arrogante, pero nuestro sentido de misión e importancia respecto a lo que hacemos cuando nos despertamos en la mañana o cuando vamos a la cama por la noche es más fuerte, porque hay un sentido de alarma. La mierda siempre existió.

-Sí, pero Jilll Lepore lo pone mejor que nadie. Es sólo que… Mira, hay calentamiento global,. Bueno, eso es lo que tú crees. No, está demostrado científicamente. Bueno, pero yo no creo en esos científicos, etc… Solíamos debatir sobre el hecho, el hecho no estaba en duda, teníamos diferentes opiniones y perspectivas en torno al hecho. Ahora, no hay ningún hecho en el medio.

Bueno, estábamos teniendo este argumento… He visto esto en el New York Times. El New York Times quería contratar a otro columnista conservador y entiendo por qué.

-¿Por qué?

Porque no deberías tener a todo el mundo escribiendo la misma maldita cosa. Y la teoría de su página de opinión era que tendrías un debate sobre varias cosas. Así que contrataron a un tipo del Wall Street Journal, Brett Stephens. Lo contrataron del Wall Street Journal y él es conservador y su primera columna fue exactamente lo que dijiste: “Sí, creo que el calentamiento global fue causado por el hombre, pero creo que hay opiniones extremas al respecto”. Y él quería claramente provocar al lector liberal del New York Times. Y la gente se volvió loca. ¡Loca! Hoy es el segundo columnista más importante del periódico. Él no está dudando que exista el calentamiento global en absoluto, pero al mismo tiempo, está dudando sobre los detalles, las bases del calentamiento global. Le estaba pidiendo a los lectores que se hicieran preguntas y la gente estaba guardia con esto.

-Ese es un buen ejemplo, porque no es sobre lo que piensas ni lo que yo pienso. Hay ciencia…

También hay un debate científico sobre esto. No estoy diciendo que Brett Stephens está bien o mal. Está tratando de provocar un debate sobre cosas que son discutibles, el debate científico. Pero algunas personas piensan que el cáncer fue provocado por X, otras personas piensan que es por Y. Hay algunas cosas que aún no sabemos del todo. Y también hay personas que niegan el cambio climático. Hay gente, y esto es muy polémico decir, porque vivo en una gran sociedad religiosa y por tanto estoy fuera de ello porque soy un secular de la costa, comunista, lo que sea… Pero la gente también cree en los ángeles. La mayoría de los estadounidenses creen en los ángeles y un gran porcentaje de la gente cree en la verdad literal de la Biblia. ¿Lo respeto? ¿Debo respetar eso? ¿Cómo lidio con eso?

Portada de la revista tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. Según el autor representa su inexperiencia en el manejo de la política.

-Porque tenemos un método periodístico, no vamos por creencias.

Entiendo, pero las creencias existen en este mundo.

-Sí, podemos respetarlo, pero publicamos cosas que hemos sometido a verificación a través de un método periodístico. ¿Estás de acuerdo en eso?

Sí, por supuesto.

-Me lo imaginé ja, ja, ja.

Ja, ja, ja. Tengo 18 personas sobreeducadas, alrededor de los 20 años, a los que llamamos factcheckers al otro lado de este piso. Pero aun así cometemos errores, estoy seguro. Lo sé. Mira, todo esto ha sido tratado como si fuera un nuevo debate, pero no lo es. Creo que es más intenso por la combinación de los últimos acontecimientos, Internet, Donald Trump, noticias falsas… Mira, tengo algo en mi país y creo que también lo tienes en tu país, la cultura de los tabloides. Tengo el New York Post, mucho de lo que imprime es una mierda. Esta el Sun en Londres. Un montón de cosas que salen de la boca de la gente en Fox News es una mierda. Viví en Moscú, por amor de Dios, donde está Pravda, una mierda, noticias falsas. ¡Esto no es nuevo!

-Siempre tienes Izvestia ja, ja, ja…

Izvestia, Ja, ja, ja… Exacto. Cuando voy a Moscú, me meto al internet. Quiero decir que hay un montón de tonterías. La televisión rusa.

-Todos estamos preocupados por esto. Y cuando digo “todos”, me refiero a mí, un salvadoreño que vive en San Salvador.

¿Crees que los americanos se volverán locos y te afectarán?

-No sólo la cuestión de la influencia de este país sino el rol de los medios en la democracia más poderosa.

Esta es la buena noticia, te diré esto y espero que puedas decirle esto a tus lectores: Si los últimos cien días me han enseñado algo por lo cual ser optimista, es que la democracia americana no fue inventada hace diez años y no me estarías diciendo secretos o noticias cuando me informes sobre las partes más oscuras de la historia americana. Espero que entiendan eso, pero hay instituciones en este país, hay tradiciones en este país, hay variedad de opiniones en este país que se han manifestado en los últimos meses y que son alentadoras. Mira, Trump es presidente. Estoy publicando, The New York Times está publicando, The Washington Post está publicando, CNN ha mejorado. CNN hizo cosas durante la campaña que creo que fueron terribles. Ahora son mejores. Los tribunales han hecho su trabajo, hay personas en el Congreso que han actuado honesta y decentemente. Hay republicanos que tienen batallas con el Presidente. ¿Hay otros actores cínicos? Sí. ¿Hay gente que cree en Trump? Sí. ¿Va a haber derrotas en los meses y años venideros? Sí. No soy muy optmista en que habrá mucho avance pero sí creo que hay fuerzas para mantenerla. Tengo cierto optimismo en que hay fuerzas para mantener esto controlado.

-Me parece que la sociedad civil, como tal, estaba un poco dormida, bastante cómoda cuando hablábamos de los años de Obama. Me ha sorprendido lo rápido que ha despertado.

Tal vez porque no eran los dormidos en primer lugar. Creo que están más despiertos y son más ruidosos porque tienen más que resistir, pero hay una gran tradición. Mira, ¿qué es “Black Lives Matter”? Es un movimiento nacido en los años de Obama. “Black Lives Matter” creció a partir de una situación en la que algo estaba pasando: desde siempre los jóvenes negros han sido sujetos de violencia por parte de la Policía, más que nadie, pero ahora tenemos una nueva invención, una nueva tecnología: El teléfono con cámara de video. La gente ya no podía evitarlo. Vimos a un hombre negro que huyó de un oficial de policía en el Norte Carolina y recibió un disparo en la espalda. Vimos que lo mismo ocurrió en Louisiana, Detroit, en otros lugares y un movimiento llamado “Black Lives Matter” nació. Esa es sociedad civil. Todos estos son aspectos de la sociedad civil. Así que cuando hablo del lado optimista, de la riqueza de la democracia estadounidense, está implícita. El problema con mis hermanos y hermanas rusos es que la democracia era tan joven, tan frágil, que era fácil de superar, se estrelló fácilmente. Nosotros no sólo tenemos una Constitución de 1789, sino que también tenemos profundas raíces democráticas de ese período y eso no es tan fácil de vencer.

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“A más de un año del fallecimiento de Lisette, y cuando aún está en curso la investigación judicial sobre las causas de su muerte, me decido a escribir estas líneas ante las múltiples evidencias de que la profunda crisis del Sename, que en parte develó la muerte de Lisette, ha encontrado su máxima expresión.

Quiero dejar bien claro que si Lissette falleció, ese hecho es suficientemente contundente para que yo asuma que no puedo salir “ilesa” de lo sucedido, aun cuando no estaba presente en el momento de su deceso. Lo asumo como profesional, como psicóloga y directora del CREAD Galvarino, el mismo que habitaba Lissette cuando murió. No soy cómplice de ningún intento de ocultar nada relacionado con su muerte, ni de encubrir a nadie, y no tengo compromisos personales ni políticos.

Lissette

Escribir este testimonio obedece a mi deseo de que una voz muy poco escuchada pueda ser oída. Todo lo que acá relataré intenté decírselo a la actual directora del Sename, que en ese momento llevaba poco tiempo en el cargo. No fui recibida: me atendió uno de sus asesores y me señaló que por “ley del lobby” debía pedir una audiencia.

Todos los  documentos que dan cuenta de las gestiones que se hicieron antes de fallecer Lissette para intentar develar la precariedad del CREAD Galvarino, fueron proporcionados a la Fiscalía. Desconozco a estas alturas si se encuentran en la carpeta investigativa que ya abarca 17 tomos. A ello se agrega que, hasta hoy, hay hechos relevantes que ocurren en el CREAD Galvarino, en la situación de los niños y en la relación con la autoridad del Sename, que no solo son desconocidos por la sociedad, sino también por las autoridades del gobierno.

Al iniciarse el juicio, me asistió la esperanza e incluso la convicción de que la justicia apuntaría a la totalidad de los reales responsables, penal, técnica y políticamente. Creí que la crisis del Sename se había hecho tan evidente para todos, que al fin el gobierno tomaría la decisión de intervenir esta institución. Entendiendo por intervenir: “modificar orientaciones técnicas”; “re-planificar los diseños de tratamientos”; “enfatizar la intervención en salud y salud mental como prioridad”; “emprender una amplia capacitación a nivel nacional del personal de las residencias”; “adquirir dependencias para el despeje de niños/as”, así como también “remover” o “destituir” a quienes de una u otra manera tuviesen responsabilidades tras un sumario administrativo justo, incluyéndome por supuesto en ese “paquete”.

Me equivoqué. Todo el “mal” del Sename se centró en cinco o seis funcionarios inculpados. El resto (responsables de departamentos técnicos, encargados de salud, supervisores, jueces de familia y también parlamentarios que deciden los presupuestos y planificaciones  sin conocer la realidad del Sename en las residencias), no fue interpelado. Se investigó la situación de Lissette solo un corto periodo, a pesar de que estuvo desde los 5 años institucionalizada y cuatro años en el CREAD Galvarino.

Confieso que este escrito también lo hago por Lissette. Porque la conocí, porque fui su psicóloga por unos años y conocí sus dolores, porque la cuidé y defendí, la acompañé en otras residencias, la visité en las unidades de psiquiatría, la vi bailar pascuense, compartí su última Navidad, la vi jugar con muñecas y cuidar a los hijos pequeños de los funcionarios. También la escuché decir: “Cuando sea mamá cuidaré a mis hijos, no los abandonaré”. Vi sus alegrías, sus reacciones emocionales y por más que no quisiera que hubiese ocurrido, viví la experiencia de su muerte.

EL DÍA QUE MI VIDA DIO UN GIRO

El 11 de abril de 2016, cerca de las 20:20 horas, recibí un llamado telefónico de la jefa técnica del CREAD Galvarino. Me informó que Lissette se habría “descompensado”, un término utilizado en el Sename para dar cuenta de una desregulación emocional y agitación psicomotora de algún niño/a. Así lo aprendí cuando ingresé al CREAD Galvarino en 2012. La información se la acababa de dar por teléfono la coordinadora de turno (en ausencia del equipo directivo, es el coordinador de turno quien queda a cargo del centro), indicando que llamarían a Bomberos que se ubicaban a unos metros del centro.

Con la jefa técnica habíamos adquirido ciertos códigos y solo bastó que me dijera “hay que devolverse al CREAD” para que yo regresara al centro. Me había retirado cerca de las 18:40 horas. Antes de irme, cerca de las 18:30 horas, Lissette fue a mi oficina y me pidió “ropa de guagua”. No me extrañó, yo acostumbraba a regalarle muñecas ya que ella jugaba a ser madre. Busqué en la caja con juguetes que tenía en mi oficina y le dije que no tenía, pero que apenas consiguiera se la haría llegar con la encargada de su casa. “Ya tía”, fue su respuesta. Nos despedimos con un abrazo y un beso. Fue la última vez que la vi con vida.

La información era escasa, confusa y estábamos completamente en shock. En las afueras de las oficinas de dirección, estaba Lissette, extendida en el piso y a su alrededor el equipo del SAPU y Bomberos. La estaban reanimando. Aproximadamente a las 21:05 horas dejaron de hacerlo”.

El tráfico era denso. Logré llegar cerca de las 20:50 horas al CREAD. Casi al llegar, miré desde Blanco Encalada hacia Bascuñán Guerrero y alcancé a ver las ambulancias y vehículos de Bomberos y Carabineros, todos con sus balizas encendidas. La imagen me anticipó que la situación era tremendamente compleja. Apenas ingresé al centro me dirigí a la jefa técnica, quien estaba acompañada por uno de los trabajadores sociales del CREAD. “¿Qué pasó?”, le pregunté. No me supo responder, porque al igual que yo, tampoco se encontraba allí cuando sucedieron los hechos.

La información era escasa, confusa y estábamos completamente en shock. En las afueras de las oficinas de dirección, estaba Lissette, extendida en el piso y a su alrededor el equipo del SAPU y Bomberos. La estaban reanimando. Aproximadamente a las 21:05 horas dejaron de hacerlo. Lissette no pudo salir del paro cardiorrespiratorio.

Todos los que estábamos allí irrumpimos en llanto. Mi recuerdo de lo que siguió es una secuencia de llamados telefónicos, la llegada de autoridades del servicio y la prensa que se apostó de forma inmediata. La incertidumbre y el desconcierto nos invadieron a mí y a la jefa técnica.

Esa misma noche comenzó otra historia: de omisiones, secretos, ocultamientos e inculpaciones cruzadas. Los medios de comunicación daban cuenta de versiones distintas y con escaso rigor; sectores políticos pedían “cabezas”. Al otro día ya se rumoreaba que la causa de la muerte habría sido una sobredosis de medicamentos. En momento en que lo único cuerdo era esperar los resultados del Servicio Médico Legal, distintas versiones iban y venían. Mientras, en medio de un clima enrarecido, al interior del CREAD y del servicio en su conjunto, cada uno trataba de “salvar el pellejo”.

Pero el horror de Lissette no se limita a los minutos previos a su muerte, cuando solo le faltaban días para cumplir 12 años. Lissette nació el 25 de abril de 2004 y durante todos sus cortos años estuvo marcada por problemas que le fueron dejando heridas familiares profundas, las que también fueron provocadas y agravadas por omisiones y decisiones erráticas del sistema de protección social en su conjunto. Decisiones que responden a estructuras ideológicas respecto de los niños/as y sus familias, falencias técnicas y de recursos humanos y económicos,  en donde se sustentan las políticas públicas.

Entre los hitos de su historia, está el abandono y la vida al alero de la institucionalidad del Sename. Lissette tenía 5 años cuando ingresó por primera vez a una residencia. Fue así como en noviembre de 2012, con casi 8 años Lissette ingresó al CREAD Galvarino.

A partir de ese momento yo conozco el proceso que vivió Lissette. Ni el padre ni la madre consiguieron jamás recuperar el cuidado de Lissette, quien era visitada de manera intermitente, por largos periodos sin visita alguna. Los meses transcurrieron y ante ese hecho se optó por la posibilidad de derivarla a un Hogar de Protección con dinámica de “apadrinamiento”. En paralelo, se inició la búsqueda de una residencia más idónea para Lissette, ya que el pronóstico no fue favorable para que ella regresara con su familia de origen. La ausencia de visitas regulares de sus padres le provocaba a la niña una doble sensación de abandono. A ello se agregó un nuevo antecedente familiar importante: la hermana menor de Lissette también estaba en situación de vulnerabilidad, por lo que más tarde hizo ingreso al sistema de protección residencial.

Aun cuando se trabajó psicosocialmente con la niña, la separación del CREAD Galvarino y el proceso de inclusión a su nueva residencia, presentó dificultades. A raíz de lo anterior, la psicóloga del CREAD (yo en ese momento) junto con otra educadora comenzamos a visitar a Lissette en su nueva residencia para apoyar su adaptación. Poco después supimos de la intención de esa residencia de solicitar que la niña fuera re-ingresada al CREAD Galvarino, declarándose incompetente para asumir su cuidado. Esta situación es habitual en algunas residencias colaboradoras (OCAS), no solo le sucedió a Lissette.

Su regreso al Galvarino se concretó el 12 de noviembre de 2013. No había transcurrido un mes de su vuelta a nuestro centro cuando se produjo el primer ingreso de uno de sus hermanos al sistema residencial proteccional. Después sería el turno de una de sus hermanas. Así, al momento de fallecer, Lissette y dos de sus hermanos menores se encontraban al alero de la institucionalidad del Sename.

Antes de que Lissette reingresara al CREAD Galvarino, la niña fue llevada por su anterior residencia al Hospital San Borja Arriarán para una atención psiquiátrica. Además de la atención pública, se buscó atención privada, lo que provocó que Lissette mantuviera una ingesta importante de medicamentos tendientes a la reducción de sus impulsos y control conductual.

El año 2014 recién se iniciaba cuando ingresó al CREAD Galvarino su hermana menor. A raíz de problemas familiares, la hermana mayor  reconoció las dificultades que enfrentaba para continuar con el cuidado de la niña, situación comprensible por su corta edad e historia propia de vulneraciones. Así, la dupla psico-social a cargo del CREAD visualizó el cambio de residencia de las hermanas, considerando las visitas intermitentes de los padres y la inexistencia de adultos que asumieran su cuidado. En función de ese cuadro, el diagnóstico fue de sistema residencial de larga data para ambas niñas.

Así fue como en junio de ese mismo 2014, Lissette y su hermana menor se incorporaron a otra residencia más pequeña, modalidad Rem-Per. Tres meses más tarde, en septiembre, tras una reunión con diversos actores (CAVAS, asesorías clínicas, dupla CREAD, dupla de la nueva residencia, directora regional y equipo directivo), la directora regional del momento instruyó el re-ingreso de Lissette al CREAD Galvarino.

Lo que motivó el cambio fue la develación por parte de Lissette de una experiencia de vulneración siendo pequeña, situación que le había generado una desregulación emocional y conductual, reportando la residencia colaboradora la presencia de altos niveles de agresión a terceros y a sí misma. Así fue como esa institución, sin transar ni flexibilizar, también se declaró incompetente para asumir su cuidado. Frente al complejo cuadro que enfrentaba Lissette, se estableció un acuerdo mínimo: que fuese ingresada a una Unidad de Corta Estadía del Hospital San Borja Arriarán, donde se le haría una contención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico previo a su re-ingreso al CREAD Galvarino, entendiendo que la red de colaboradores del Sename no asumiría el caso debido a que no cuenta con oferta acorde a su “perfil”.

En noviembre de 2014 Lissette fue dada de alta del hospital. Al principio no hubo dificultades, pero ya en el transcurso de las semanas su conducta comenzó a complejizarse. Seguía sin visitas de familiares por lo que se empezó a coordinar el establecimiento de visitas regulares con su hermana menor, que permanecía en la residencia antes aludida. En diciembre se acordó con CAVAS retomar de manera paulatina sus intervenciones, entendiendo que aún la niña no se encontraba con un piso mínimo emocional para elaborar su experiencia de vulneración.

En octubre de 2015, tras meses de ausencia, la madre de Lissette se presentó en el CREAD Galvarino, siendo entrevistada por la dupla psico-social responsable de la niña. A partir de ese momento la madre retomó las visitas los fines de semana, para lo cual el CREAD asumió el subsidio del costo del traslado de la madre desde Til Til. Para entonces, la hermana mayor ya tampoco visitaba a Lissette y el padre seguía ausente pues tenía orden de alejamiento en virtud de una acusación que realizó Lissette en su contra un año antes aproximadamente.

Así, se constituye una carpeta investigativa que a la fecha completa 17 tomos, en los que aparecen declaraciones que evidencian complicidades, eximición de responsabilidades de acuerdo al rol, omisiones y un desconocimiento que da vergüenza de profesionales y autoridades respecto del perfil de los niños/as atendidos y sus complejidades”.

En el ámbito médico, Lissette se mantenía con atención psicológica y psiquiátrica en el Hospital San Borja Arriarán. Allí la niña recibía tratamiento farmacológico prescrito por un psiquiatra tratante, limitándonos a su administración y al reporte de sus efectos. Ante la gran ingesta de medicamentos, decidimos en una oportunidad solicitar que Lissette fuese reingresada al hospital para que fuera desintoxicada y se le diera nuevo esquema medicamentoso. No fue así: tan solo conseguimos que bajaran la dosis.

La causa de muerte de Lissette aún es una incógnita. Ese día 11 de abril la encargada de turno relató su versión de los hechos. Once días más tarde esa versión fue derrumbada por la declaración de otra niña quien habría sido testigo ocular de los hechos y que relató lo ocurrido involucrando a funcionarias del centro. Eso es lo que se filtró a la prensa. Meses después aparecen dos causas de muerte opuestas. La Fiscalía formalizó a cinco funcionarias por la muerte de Lissette mientras algunos medios instalan la presencia de “tortura y apremios ilegítimos” por parte de funcionarios del CREAD Galvarino, las que dan sustento a las formalizaciones.

No hay ninguna interpelación ni a las autoridades del Sename ni a las de su Departamento de Protección y Restitución de Derechos (Deprode). La jefa de este departamento, en declaración a la Fiscalía, se desentiende de la elaboración del protocolo de actuación en crisis donde se explicitan las contenciones autorizadas por el servicio. Desconozco qué fue lo que la motivó a declarar así siendo que ese documento es elaborado por su equipo.

Así, se constituye una carpeta investigativa que a la fecha completa 17 tomos, en los que aparecen declaraciones que evidencian complicidades, eximición de responsabilidades de acuerdo al rol, omisiones y un desconocimiento que da vergüenza de profesionales y autoridades respecto del perfil de los niños/as atendidos y sus complejidades.

LA PRECARIEDAD ES LA TÓNICA

Al llegar a este punto del relato creo que es necesario precisar cómo funciona un CREAD. Intentaré plasmar la precariedad y el trabajo solitario que allí dentro se realiza, y la  jerarquía que allí opera, así como quién diseña y decide las orientaciones técnicas. La crisis del Sename ha seguido su curso mientras los ejes principales del problema se han ido diluyendo. No ha habido una respuesta potente al cierre masivo de hogares de protección de organismos colaboradores por falencias económicas, técnicas y procedimentales. Lo mismo ha ocurrido con la segunda comisión investigadora de la Cámara de Diputados que ha puesto la mira en los responsables políticos y no en el nudo principal de la crisis. A más de un año de la muerte de Lissette hasta su rostro ya se ha olvidado.

En un servicio jerarquizado como el Sename, toda orientación técnica proviene desde su dirección nacional. En lo que respecta al sistema de protección -cuya línea de mando es diferente a la que sigue el sistema de Justicia Juvenil-, la instancia desde donde emanan todas las orientaciones técnicas es el Departamento de Protección y Restitución de Derechos (Deprode). Es ahí donde se elaboran protocolos, orientaciones técnicas, instructivos, etc. Aquí yace un punto central del funcionamiento -y mal funcionamiento- de los centros. Un ejemplo de ello son los canales de retroalimentación de un CREAD. Toda propuesta técnica que emane de la dirección o equipo de un centro, debe ser validada por el departamento técnico central (Deprode). El problema: por lo general, ese departamento es un ente cerrado e impermeable a las sugerencias que se elaboran desde los equipos técnicos y profesionales de los centros. Así es como se van ensayando y cometiendo errores una y otra vez con “soluciones” que desconocen aspectos clave de la realidad interna de un centro (alta dotación de niños/as con complejidades en salud y salud mental, escasa dotación de funcionarios de todas las áreas y falencias económicas importantes).

En el año 2010 aproximadamente, por temas de corte administrativo y económico (relacionados con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda), se procedió a renombrar a los centros que albergaban niños/as tras una orden de un tribunal en modalidad proteccional residencial. Así, los llamados Centro de Tránsito y Diagnóstico (CTD) pasaron a denominarse Centros de Reparación Especializado de Administración Directa (CREAD). El CREAD Galvarino es un centro de protección de administración directa del Estado.

En ese momento, desde el Deprode, sin consultar a los equipos de los CREAD, emanaron las llamadas “orientaciones técnicas” que debíamos cumplir en centros que siempre funcionan al máximo de su dotación, incurriendo en hacinamiento y sobrecarga para educadores de trato directo (con turnos extenuantes y escasez de personal) y duplas psicosociales.

A la luz de la experiencia de estos casi siete años, sería importante saber qué hecho motivó que el Departamento Técnico decidiera el aumento de plazas de niños/as posibles de atender. Por qué pasamos de un cupo de 80 niños/as siendo CTD (con menor tiempo de permanencia), a 100 plazas cuando fuimos denominados CREAD (ampliándose el tiempo de permanencia, asociado a una meta de carácter “técnico”).

Esa situación generó mucho ruido, ya que si bien se mantenían los mismos funcionarios, las “nuevas” orientaciones técnicas indicaban que se debía hacer un trabajo “reparatorio” de cada niño/a ingresado. Una meta imposible ya que ampliar las plazas atenta contra el trabajo de intervención en todas sus dimensiones. El Deprode nunca se manifestó sobre el estándar mínimo de niños/as, ni educadores de trato directo ni tampoco sobre las duplas mínimas para dicha cantidad de niños/as.

Así, una vez que asumí como directora del CREAD, informé a todos los Tribunales de Familia que nos encontrábamos con alta dotación de niños varones, a punto de no contar con camas para recibirlos. Hicieron oídos sordos. Del mismo hecho informé a las autoridades del Sename”.

El aumento de las plazas generó, además, mayor hacinamiento, concepto prohibido en el Sename. Recuerdo que junto a la jefa técnica fuimos sancionadas verbalmente por una profesional de línea del Deprode por conceptualizar como un problema el hacinamiento del CREAD Galvarino: 20- 25 niños/as durmiendo en camarotes en un espacio reducido, es a vista de cualquier profesional del área psicosocial un espacio de hacinamiento.

Así, una vez que asumí como directora del CREAD, informé a todos los Tribunales de Familia que nos encontrábamos con alta dotación de niños varones, a punto de no contar con camas para recibirlos. Hicieron oídos sordos. Del mismo hecho informé a las autoridades del Sename. En un documento sistematizamos los perfiles, las complejidades y las necesidades de cada niño/a, y la urgencia de despeje de niños/as de otros perfiles a residencias simples. La respuesta fue insuficiente, momentánea y de parche. Esos documentos están a disposición de quien quiera leerlos.

Así, entonces, en 2010 se erige el CREAD con los mismos profesionales y los mismos educadores de trato directo, sin un plan de capacitación coherente con el nuevo modelo. Las capacitaciones que se han desarrollado no solo no responden al modelo instaurado, sino que han incluido a un reducido grupo de profesionales técnicos y/o administrativos y de trato directo. Nunca abarcaron a la totalidad de los funcionarios del CREAD y siempre fueron resorte exclusivo del Deprode. Desde las duplas psicosociales del CREAD Galvarino, en supervisión técnica en 2015 o 2016, se hizo ver el problema de la falta de capacitación de los educadores en relación al perfil de los niños/as, comprometiéndose la supervisora técnica a levantar esa solicitud a instancias superiores, sin llegar a puerto alguno dicha preocupación.

Desde mi experiencia y las reflexiones llevadas a cabo en el CREAD Galvarino, un centro especializado requiere contar como mínimo con: un terapeuta ocupacional a contrata, un médico pediatra de cabecera, un psiquiatra, una enfermera 24-7 y profesionales especializados en problemas de aprendizaje debido a las severas dificultades en esta área que presenta al menos el 80% de los niños/as ingresados.

Debo decir que en el CREAD Galvarino se recibían -y se siguen recibiendo- a niños con trastornos del tipo Autista Asperger, niños/as con dificultades motoras de desplazamiento y con enfermedades crónicas (asma, corazón, etc.). Además, muchos de ellos han sido abandonados y vulnerados, lo que construye una doble o triple realidad afectiva-emocional-intelectual. Es decir, debemos hacernos cargo de la salud física y mental de niños que requieren de tratamientos altamente especializados para recuperarlos y re-habilitarlos. La realidad es que para ellos no existe esa atención especializada y las distintas direcciones del Sename se han negado a replantear el perfil de atención y a situar las responsabilidades del Ministerio de Salud, desde la prioridad y especialización, en la atención de estos niños/as.

Tampoco tienen las mínimas condiciones de atención de salud. Baste decir que en el CREAD Galvarino no se cuenta con un pediatra de jornada completa aun cuando albergaba, al momento de fallecer Lissette,  a más de 120 niños entre los 6 a 12 años.

En febrero de 2016, como directora del CREAD, solicité a la Dirección Regional del Sename la contratación de un pediatra, o al menos de horas pediátricas. Al momento de fallecer Lissette, ni siquiera se había recibido una respuesta. Las diez horas semanales de atención de un psiquiatra se consiguieron tras una solicitud de las duplas psicosociales del CREAD Galvarino en 2014, documento que fue socializado por una de las asociaciones de funcionarios. Las dos enfermeras están contratadas a honorarios (una media jornada y la otra jornada completa), y después de las 18:00 horas y los fines de semana, no se cuenta con profesionales de la Salud. Además, al estar contratadas a “honorarios” no tienen responsabilidad administrativa ante una eventual mala praxis. A la consulta formulada a las direcciones regional y nacional respecto de la contratación de enfermeras 24-7, la respuesta fue que no había presupuesto.

Esta realidad indica que los niños bajo el cuidado y protección del Sename no son un grupo prioritario de atención en salud para ninguna institución”.

Lo cierto es que, para que exista presupuesto o se visualice una necesidad, es el Deprode el que tiene que estipularlo. Y la experiencia indica que, para ese departamento, basta con la atención psicosocial. Insisten en que es la intervención psicosocial (llevada a cabo por un psicólogo y un trabajador social) el principal actor de la intervención; y desconocen las necesidades educativas, neurológicas, psiquiátricas, médicas, etc., de los niños/as que ahí residen. Frente a los problemas de salud de los niños/as, estos deben ser atendidos en los centros de salud de la red: el Consultorio 5 y el Hospital San Borja Arriaran, como cualquier otro niño/a.

Esta realidad indica que los niños bajo el cuidado y protección del Sename no son un grupo prioritario de atención en salud para ninguna institución. Es más, dada su vulnerabilidad ya conocida, es inconcebible que no cuenten con estudios neurológicos cuya evaluación es relevante en tanto algunos presentan una serie de dificultades generadas desde el periodo perinatal o a lo largo de su desarrollo.

Siendo más específica, la unidad de salud interna del CREAD Galvarino, al momento de  fallecer Lissette, no contaba con resolución sanitaria y tampoco con desfibrilador, porque no está pensada como una sala que brinde primeros auxilios. Además, no se cuenta con profesionales de salud las 24 horas que puedan manipular dicho instrumento esencial frente a una descompensación de salud grave. No existe convenio con ambulancias ante una emergencia y tampoco se cuenta con técnicos en enfermería capacitados en primeros auxilios.

En lo que respecta a su educación, los niños/as en su mayoría presentan retraso escolar y/o dificultades de aprendizaje importantes, o riesgo de abandono del sistema, todos motivos que imposibilitan que sean matriculados en escuelas externas. Además, un alto porcentaje de ellos es expulsado del sistema educacional. Debido a ello, asisten a una escuela interna, gestionada por la dirección anterior del CREAD Galvarino, a la cual se le ha dado continuidad por la relevancia que reviste. El problema: esa escuela funciona de manera “irregular”, ya que al interior del CREAD no existen espacios que permitan llevar a cabo un proceso adecuado de enseñanza y aprendizaje, utilizándose los comedores de las casas para estos efectos. Así, se reducen aún más los espacios. En la dirección del Sename tienen pleno conocimiento de todas esas carencias, sin embargo, no se ha hecho el paso mínimo, esto es, regularizar con el departamento de Educación de la Municipalidad de Santiago, el funcionamiento interno.

LA PUERTA DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS

Hablemos del perfil de ingreso de los niños/as. Hace más de tres años que se comenzó a alertar desde el CREAD Galvarino el problema que se estaba suscitando al usar los Tribunales de Familia la medida de separación de la familia -y el ingreso al sistema residencial- como puerta de entrada al sistema proteccional.  Para muchos niños/as su ingreso al sistema se inicia con la medida de separación de la familia e ingreso a residencia como primera medida. En muchos casos, se cuenta con familia para evitar que ingresen, pero el sistema falla en contar con equipos altamente capacitados para intervenir de manera ambulatoria, viéndose obligados a solicitar la medida de internación que tanto daño genera en un niño/a.

Asimismo, en muchos casos, el ingreso a una residencia se decide con el deseo de interrumpir una vulneración, pero ocurre que muchos permanecen allí por más de 5 u 8 años, y otros durante toda su vida. Luego, un altísimo y vergonzoso porcentaje culmina en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Eso lo saben todos los actores importantes del sistema, pero no se genera una instancia en que ese problema se enfrente con políticas públicas.

Si se realizara un estudio a fondo de este problema clave del sistema, bastaría solo con considerar el “histórico de Senainfo”, donde se registran todos los ingresos a la red proteccional. Aquí se evidencia, además, una falencia enorme de la red Sename en su función de prevenir e intervenir de manera ambulatoria a las familias, de forma de evitar la internación, la que siempre debe ser la última opción. Así lo mandata la Convención Internacional de los Derechos del Niño (ratificada por Chile en 1991), ya que es sabido que la separación genera una victimización secundaria a la vulneración ya vivida. Un daño adicional.

Aquí, habría que agregar que la red colaboradora no da respuesta a los requerimientos de ingreso de niños/as al sistema residencial “simple” (“protección simple” porque el perfil del niño/a no presentaría un daño severo). Por lo que el CREAD se transforma en la única posibilidad de ingreso sin que se “respete” el perfil de esa modalidad.

Este problema se hizo evidente en el CREAD Galvarino hace tres años, cuando le señalamos a nuestros superiores que al menos el 40% de los niños/as ingresados no correspondía al perfil de atención. Nadie del Sename le dio importancia a nuestra alerta”.

Para mayor entendimiento, existen diversas modalidades residenciales con respuestas a las necesidades específicas de los niños/as. Perfil CREAD es aquel niño/a que mantiene conductas de socialización callejera, presenta desregulación motora y emocional, una cronicidad institucional de más de tres años y carece de adultos que asuman su cuidado. Debido a todo lo aquí expuesto es que el CREAD se fue constituyendo en una residencia masiva donde conviven niños/as de múltiples perfiles lo que dificulta su atención adecuada.

Este problema se hizo evidente en el CREAD Galvarino hace tres años, cuando le señalamos a nuestros superiores que al menos el 40% de los niños/as ingresados no correspondía al perfil de atención. Nadie del Sename le dio importancia a nuestra alerta.

Ahora me referiré a lo más complejo de una modalidad CREAD: las desregulaciones motoras y emocionales, o más conocidas como “descompensaciones”, las que adquieren otra dimensión en ese contexto residencial masivo, con escaso espacio para la individualidad, una variable que afecta emocionalmente a los niños/as. Sumémosle la separación familiar y los espacios reducidos, la variedad de perfiles que ahí conviven, la dificultad de respetar normas y límites entre ellos mismos, los turnos rotativos que dificultan un trabajo coherente, permanente y necesario para éstos niños/as, etc., variables que deben ser consideradas para comprender mínimamente la dinámica de un CREAD. Pues no, ni el Deprode ni las autoridades del Sename han logrado comprender el complejo contexto real de un CREAD.

Para intervenir a los niños afectados por una “descompensación” en residencia, los educadores cuentan con un “protocolo”, un texto guía, emanado desde el Deprode. No existe una capacitación previa al ingreso de un educador de trato directo, ni de otro tipo de profesional: todos deben atender a un sujeto de atención altamente dañado bio-psicoemocionalmente sin ninguna preparación anterior especial. Una vez que ingresa, el funcionario se debe “capacitar” internamente en el centro. Si es un educador, lo hará el coordinador de turno y la jefatura técnica con los profesionales.

Las normas internacionales de contención indican que éstas deben hacerse por profesionales de la salud capacitados. Ahora bien, el servicio les encomendó esta responsabilidad a funcionarios no capacitados. Además, existe escaso conocimiento de la envergadura de una desregulación motora y emocional de un niño/a sujeto de atención en un CREAD. Hay que decir que la atención de salud que los niños del Sename encuentran en el sistema público, al único que pueden acceder, es solo tratamiento ambulatorio, no existe hospital de día, no se cuenta con camas psiquiátricas suficientes, son egresados antes de finalizar su tratamiento porque deben atender a otro niño/a con complejidad mayor, los atienden en urgencia en camillas sin el apoyo necesario a los funcionarios del centro, quienes en su mayoría son educadores y deben permanecer en los centros de salud al cuidado del niño/a, etc.

Frente a la ceguera del Sename y a la casi nula respuesta de los servicios de Salud en problemas de salud mental, el equipo directivo del Galvarino desarrolló una propuesta de crear una “Unidad de salud y salud mental”, con énfasis en la intervención para niños/s con alta complejidad psicoemocional y con diagnósticos neurológicos importantes. No fue posible llevarla a cabo. Aun cuando se validó desde las direcciones regional y nacional, luego de la muerte de Lissette no se autorizó la construcción, porque se instaló el fantasma de que dicho lugar tenía connotación negativa.

A esa modalidad y espacio de intervención, validada en el Deprode, en el CREAD Galvarino le dimos un sentido único: brindar atención en salud y salud mental a los perfiles de niños más complejos, una necesidad alertada por las duplas psicosociales desde 2012. Nos tacharon de retrógrados, que eso estaba fuera de las normas del sistema proteccional. Una vez más no entendieron el perfil de niños/as que allí viven y la necesidad de protegerlos de ellos mismos ante autoagresiones o de las que infieren a terceros. Crear ese espacio especialmente diseñado para ellos obedeció a un acto desesperado, ante la nula respuesta de los servicios de salud frente a los graves problemas de salud mental en este grupo etario.

En otro ámbito, los talleres para los niños/as cuentan con un presupuesto anual de aproximadamente $3 millones, recursos groseramente insuficientes. Esta carencia está en conocimiento del Deprode, desde donde aun así exigen una serie de líneas de intervención, sin comprender que para llevar a cabo talleres de Terapia Ocupacional, para el desarrollo de habilidades motoras y cognitivas en los niños/as, se requieren recursos. Hace solo algunos años se contaba con aproximadamente $8 millones para el ítem talleres. Se desconoce por qué se redujo el presupuesto y en función de qué otras prioridades. Lo cierto es que ello no constituye un problema para la dirección: para ellos, lo central es la intervención psicológica y social aun cuando cualquier experto en el área sabe que eso es insuficiente y precario.

EL REGRESO AL DÍA UNO

Fui psicóloga de Lissette cuando ingresó al CREAD Galvarino y seguí siéndolo cuando asumí la jefatura técnica en 2015. Como ese rol era incompatible con el nuevo rol asumido, la niña fue traspasada a otra psicóloga.

Se ha dicho que uno de los hechos que motivó su descompensación fue el haber sido informada ese mismo día de su inminente traslado a otra residencia. Es necesario aclarar que ese día la niña no tomó conocimiento de aquello, pues su dupla psicosocial se había encargado de ir trabajando su traslado con ella. No es competencia del director del CREAD, salvo excepciones, informar a los niños/as sobre su traslado. Así lo informamos al tribunal la mañana del 11 de abril cuando se envió el oficio solicitando el traslado de Lisette. Todo lo dicho respecto de que “la directora del CREAD le informa sobre el traslado” o que “era inminente su traslado”, son versiones sin asidero en la realidad. Los oficios los desarrollan las duplas a cargo, son visados por la jefatura técnica y/o director y se remiten a tribunales. El traslado de cualquier niño se solicita al tribunal siendo el magistrado quien lo autoriza o no. Se supone que el juez decide con todos los antecedentes a la vista: curador ad litem, profesionales intervinientes, informes periciales, más sugerencias del consejero técnico. Espero que los ahora “expertos en sistema proteccional” lo entiendan.

¿Por qué Lissette iba a ser trasladada? ¿Por qué se solicitó el cambio aun cuando había antecedentes y peticiones de que no era favorable su traslado? En primer lugar, las orientaciones técnicas del Sename, emanadas desde el Deprode, indican que al cumplir los 12 años, los niños/as deben ser trasladados a otra residencia que cumpla con su perfil. En este caso, Lissette debió haber sido trasladada al CREAD Pudahuel, porque a diferencia del CREAD Galvarino,  CREAD Pudahuel cuenta con una unidad de salud habilitada para los momentos en que Lissette se complejizara. Dentro  de los organismos colaboradores no existía otra residencia para ella, ya lo sabíamos por las dos experiencias anteriores en que fue prácticamente “devuelta” al CREAD Galvarino.

Otros equipos externos al CREAD se opusieron a su traslado, pero propusieron que fuera enviada a una residencia de COANIL. El equipo técnico del Galvarino cuestionó esa decisión, pues concluyó que esa residencia no correspondía al perfil de la niña. Si bien Lissette había crecido y su conducta se complejizaba, además del evidente deterioro de su salud mental, no ameritaba su traslado a COANIL. En un par de oportunidades se había solicitado -a través de la magistratura- su reingreso a la unidad de salud mental del Hospital San Borja Arriaran para que fuese atendida por especialistas, delegándoles a ellos la responsabilidad de dar atención a las dificultades en el ámbito de su salud mental. Sin embargo, una vez más el sistema no respondió. Los oficios que enviamos lo demuestran.

Lo que la gente no sabe es que los niños del Sename, a pesar de ser niños vulnerados, no tienen prioridad ni siquiera para tratamientos de urgencia en el sistema de salud”.

¿Por qué el 11 de abril de 2016 Lissette no fue trasladada a un servicio de urgencia, si durante el día había estado “descompensada”? Si no se hizo fue porque durante el día Lissette fue intervenida por su dupla psico-social, por su encargada de casa, por las educadoras y coordinadora de turno. Ninguno de ellos lo consideró necesario en base a la experiencia que habíamos acumulado.

Lo que la gente no sabe es que cuando los niños del Sename entran en crisis y son llevados a un servicio de urgencia para ser evaluados por médicos especialistas, son atendidos sin prioridad por un sistema de salud colapsado. Muchas veces esos niños terminan amarrados a camillas a la espera de atención, la que en ocasiones puede tardar horas, creando un cuadro de ansiedad y desesperación mayor. Lo que la gente no sabe es que los niños del Sename, a pesar de ser niños vulnerados, no tienen prioridad ni siquiera para tratamientos de urgencia en el sistema de salud.

La gente critica y destruye desde la comodidad de las redes sociales y el desconocimiento absoluto de cómo es la realidad de los niños que viven en el sistema de protección del Sename. Lo que asombra es que, a pesar de la conmoción que provocó la muerte de Lissette, nada haya cambiado. Y ello, a pesar que después de Lissette, falleció también por causas que se investigan el menor James y luego otro niño más. Pareciera que la muerte de esos niños/as dejó de ser visible. También para aquellos políticos que en su momento rasgaron vestiduras y hoy siguen al margen de la situación del Sename, sin apuro para promulgar la Ley de Protección Integral, deuda pendiente con la infancia de nuestro país.

Observo al interior del Sename y veo que nada ha cambiado, excepto que un puñado mínimo de funcionarios se transformó en el chivo expiatorio de la misma institución y de la sociedad en su conjunto. ¿Podrá esa actitud provocar cambios y transformar la manera de hacer políticas de infancia en Chile? ¿Qué pasó con el CREAD Galvarino, con los otros CREAD y las residencias colaboradoras luego de la tragedia de Lissette? Silencio”.

*Mónica Monje Lütjens, psicóloga – mediadora familiar.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En la publicación original de este testimonio, que Mónica Monje dio en exclusiva para CIPER, se dijo en la presentación que la sicóloga había sido “desvinculada del Sename”. En rigor, ella fue separada de sus funciones y trasladada a la Unidad de Adopciones de la Dirección Regional de esa institución, a la espera de que el sumario a que fue sometida llegue a término.