El viernes 26 de septiembre fue un día complejo para el senador (UDI) Iván Moreira. Sólo dos días antes, la directiva de su partido había tenido que salir a enfrentar ante los medios el estallido de una bomba: la investigación por posibles ilícitos tributarios que sigue la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad y que involucra a los dueños del Grupo Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín–, abría un capítulo referido al financiamiento irregular de campañas políticas. En esa historia, tanto Moreira como su chofer personal (Rodrigo Molina Requena), aparecían en roles protagónicos.

Fue el presidente de su partido, el diputado Ernesto Silva, quien informó a Moreira que el ex gerente general de Empresas Penta y ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, había declarado que ese grupo económico habría entregado dineros para su campaña de candidato a senador por la Región de Los Lagos por una vía paralela a la legal. A cambio, Penta habría recibido boletas de honorarios de su chofer por trabajos que nunca fueron ejecutados.

Carlos Alberto Délano

Un dato anexo hacía la situación más amenazante: había correos electrónicos enviados por el propio Moreira que avalaban los dichos de Bravo. Fueron horas críticas. Cerca de las 17:00 de ese mismo viernes, la secretaria de Moreira se comunicó por teléfono con el director de Informática de la Cámara de Diputados y le pidió las claves para ingresar al correo institucional que el ex diputado mantuvo hasta marzo de este año, cuando asumió como senador.

Mala decisión. Porque de inmediato el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, fue informado de la extraña petición. Landeros ya había leído en la prensa que el chofer del senador aparecía entre los investigados por la nueva arista política del fraude tributario y, a sabiendas de que en su condición de funcionario público puede ser acusado de complicidad al facilitar cualquier acto que obstruya la acción de la justicia, hizo la denuncia ese mismo viernes 26.

Había motivos para la urgencia del senador Moreira. La información de la que disponía indicaba que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena habían incautado el 29 de julio, desde las oficinas que ocupaba Bravo en Empresas Penta en la avenida El Bosque (Santiago), computadores y documentos de contabilidad. El allanamiento se hizo doce días después de que la Aseguradora Penta Vida enviara un hecho esencial a la SVS (17 de julio) informando la renuncia del ingeniero comercial de la UC Hugo Bravo al directorio de la empresa. En dicho anuncio también se hizo un expreso agradecimiento y reconocimiento “a las cualidades humanas y profesionales” de Bravo.

Entre los documentos incautados figuraban boletas y facturas que habrían servido de respaldo contable para los fondos entregados por esa vía irregular a las campañas de los candidatos favorecidos por los dueños de Penta. Un pequeño dato de esta historia estaba en conocimiento de un reducido grupo: Hugo Bravo había decidido –no se sabe por qué– marcar el dorso de cada una de esas boletas con las iniciales del candidato al que correspondía el aporte. Una pista que resultaría clave para empezar a armar el puzzle.

Y en el disco duro del computador debían estar los correos electrónicos relacionados con estas platas, intercambiados entre Hugo Bravo e Iván Moreira desde su antiguo correo, el mismo del cual ahora pedía las claves para tener acceso.

A diferencia de todos los otros candidatos a los cuales los dueños de Penta habrían entregado fondos para sus campañas, Moreira conocía desde antes a Hugo Bravo. Un nexo que habría facilitado la entrega de fondos por $27 millones que, según la versión de Hugo Bravo, se hizo en tres tandas.

El primer aporte se habría hecho efectivo cuando Iván Moreira ya había sido desplazado por la UDI desde la circunscripción de Santiago Oriente para competir por uno de los sillones de senador por Los Lagos. Según la versión de Bravo, los primeros $10 millones que se le entregaron a Moreira fueron el resultado de una conversación directa que tuvo el candidato con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes luego informaron a Bravo que debía entregarle esa suma a Moreira a cambio de boletas de honorarios.

Carlos Eugenio Lavín

Cuando la campaña ya estaba en pleno desarrollo, según la versión de Bravo, Moreira le envío un correo electrónico en el que le informaba que estaba a punto de ganar y que necesitaba un último apoyo económico. Bravo dice que él le planteó la petición a Délano, quien le respondió que ya sabía que Moreira iba bien en las encuestas y aprobó el pago de otros $10 millones, nuevamente a cambio de boletas. El parlamentario hizo un último pedido y Carlos Alberto Délano autorizó la entrega de los últimos $7 millones para la campaña de Moreira. Lo que en su indagación CIPER no pudo precisar es si las tres boletas habrían sido extendidas por el chofer del senador, Rodrigo Molina.

Ante el Servicio Electoral, Iván Moreira informó que había recibido aportes por un total de $336,4 millones. De esa cifra, $218 millones provienen de aportes reservados. En esa cuenta oficial no figuran los $27 millones que le habrían entregado los dueños de Penta.

DINEROS POR VIAS PARALELAS

Durante la campaña electoral de 2013 las empresas Penta hicieron múltiples aportes a candidatos de la elección parlamentaria y presidencial, la mayoría de ellos de la UDI. Una parte de esas donaciones para financiar campañas se hizo siguiendo los conductos legales, bajo la figura de aportes reservados que quedan registrados por el Servel. La otra parte, según la versión del ex gerente y ex director de empresas Penta, Hugo Bravo López, se habría hecho efectiva utilizando una vía paralela a la legal: mediante la fórmula de pagar facturas o boletas de honorarios por trabajos que nunca se hicieron. Esas boletas eran extendidas por cercanos a los candidatos y pagadas directamente por empresas del Grupo Penta.

Hugo Bravo ha dicho que los dueños del grupo decidieron hacer solo donaciones legales, como aportes reservados, a la campaña presidencial de Evelyn Matthei y a la postulación a diputado del presidente de la UDI, Ernesto Silva. Este último, es sobrino de uno de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano.

Matthei y Silva no son los únicos que recibieron aportes reservados legales de los dueños de Penta. Hubo otros favorecidos por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín con ese tipo de donaciones, que cuenta con beneficios tributarios. Pero hay un grupo de candidatos, según la versión de Hugo Bravo, que habría recibido también otros dineros para sus campañas por la vía del pago de boletas y facturas. Este último mecanismo se habría utilizado cuando Penta ya había alcanzado el límite de las donaciones legales.

En ese grupo figuran: Laurence Golborne, Ena Von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, José Antonio Kast y Alberto Cardemil, éste último militante de Renovación Nacional. Bravo también mencionó a otros cinco o seis candidatos que compitieron en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

LA LISTA DE BRAVO

Ena Von Baer. De la ex ministra secretaria general de Gobierno y actual senadora  por la Región de los Ríos, Hugo Bravo ha dicho que inicialmente los dueños de Penta le entregaron aportes para su precampaña por la circunscripción de Santiago Oriente por unos $30 millones. Luego, cuando finalmente la UDI la instaló en la Región de Los Ríos, habría recibido otros $30 ó $40 millones del grupo. El ex ejecutivo de Penta señala que el primer aporte se concretó luego de que Délano y Lavín le informaron que se habían reunido con el ex senador de la UDI Jovino Novoa y con Ena Von Baer, y lo instruyeron para que pagara unos $6 millones mensuales a cambio de boletas de honorarios.

Hugo Bravo

CIPER se comunicó con la oficina de la senadora Von Baer en reiteradas ocasiones para consignar su versión. Incluso nos pidieron los antecedentes precisos sobre los cuales la queríamos consultar. La parlamentaria no devolvió el llamado. En todo caso, la parlamentaria ha negado públicamente cualquier vinculación con el caso. El ex senador Jovino Novoa respondió que no se iba a referir a “rumores”.

En su declaración de ingresos ante el Servel, la senadora Von Baer informó que recibió  $333,2 millones, de los cuales $323,8 millones corresponden a aportes reservados. De ser cierta la versión de Bravo, los aportes que habría recibido de Penta a cambio de boletas no figuran en estas cuentas ante el Servicio Electoral.

Laurence Golborne. El grupo Penta, ha dicho Hugo Bravo, le aportó al ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera tanto en la campaña de primarias presidenciales que desplegó antes de que la UDI decidiera bajarlo de la carrera por La Moneda, como en su postulación a senador por Santiago Oriente, donde fue derrotado por el ex alcalde Manuel José Ossandón (RN).

Según Bravo, al menos habría cuatro facturas pagadas por Empresas Penta a la empresa Vox Comunicaciones, de la cual fue socio Golborne antes de asumir como ministro en 2010. En julio pasado la revista Capital informó que Golborne estaba por regresar a la empresa Vox Comunicaciones, la cual fundó en septiembre de 2009 con Gabriele Lothholz, ex gerente de Asuntos Corporativos de Censosud, y Esteban Calvo, CEO de la Región Andina HAVAS Media. El aporte habría sido decidido, según la versión de Bravo, por Délano, Lavín y el ex senador Carlos Bombal, quien asesora al Grupo Penta.

CIPER se comunicó con Laurence Golborne para obtener su versión pero el ex ministro declinó referirse al tema. Vox  Comunicaciones, empresa con la cual CIPER también se contactó, envió una respuesta por correo electrónico: “Descartamos tajantemente cualquier vinculación entre los servicios entregados por VOXCOM y el financiamiento de campañas políticas”. La nota está firmada por Francisco Derosas, director general de la empresa.

Ante el Servel, Laurence Golborne declaró aportes para su campaña a senador por Santiago Oriente por $901,5 millones, de los cuales $557,4 millones son donaciones reservadas.

Iván Moreira: Como se ha dicho al inicio de esta nota, Moreira habría recibido $27 millones de los dueños de Penta a cambio de boletas. CIPER intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con el senador para obtener su versión, pero no respondió.

En su declaración al Servel, el senador Moreira informó que había recibido aportes por un total de $336,4 millones. De esa cifra, $218 millones provienen de aportes reservados.

Pablo Zalaquett. El ex ejecutivo de Penta Hugo Bravo ha dicho que a la campaña desplegada por Pablo Zalaquett en la circunscripción de Santiago Poniente los controladores del grupo Penta le entregaron $20 millones. El pago se habría hecho desde Empresas Penta S.A. contra una factura de la empresa Reactor SpA que lleva el Nº 124. Se presentó como el pago de una asesoría, pero Bravo asegura que ese servicio nunca se realizó y que Penta escogió pagar contra una factura porque ya había copado el máximo de dinero que podía aportar a su campaña. En su versión, Bravo sostiene que el pago fue intermediado por una estrecha e histórica colaboradora de Zalaquett.

La indagación de CIPER indica que en estos aportes, al igual que en el caso del senador Iván Moreira, existirían correos electrónicos que avalan que los fondos fueron entregados por los dueños de Penta a cambio de facturas. Uno de esos correos está fechado el 30 de octubre de 2013.

CIPER se comunicó con la oficina de Pablo Zalaquett (la empresa Triángulo Integración Estratégica), para poder entregar a nuestros lectores su versión, pero no respondió. También nos comunicamos con la empresa de comunicaciones y marketing Reactor SpA. Su director Sebastián Correa señaló: “No me puedo referir sobre algo de lo que no tengo información”

-¿Pero la factura 124, la recuerda?

-No me puedo referir al tema.

En su declaración de ingresos ante el Servel, Zalaquett informó que recibió $862,6 millones, de los cuales $716,3 millones son aportes reservados.

José Antonio Kast. El ex gerente de Penta ha dicho que el diputado UDI por Peñalolén y La Reina llegó personalmente hasta su oficina el día que concurrió a pedir el apoyo económico del grupo. De acuerdo a esta versión, fue Carlos Alberto Délano quien lo condujo para informar a Bravo que lo apoyarían con $10 millones a cambio de boletas de honorarios.

El diputado Kast dijo a CIPER que no recibió ni un solo peso por una vía que no fuera la legal que registra el Servicio Electoral. Y que jamás conoció a Hugo Bravo. Respecto de si está en conocimiento de haber recibido aportes legales del Grupo Penta, afirmó:

-Mire, voy a ser muy franco, porque respecto de los aportes reservados la verdad es que por distintas vías los candidatos sabemos quiénes aportan. Y eso hay que decirlo. Distinto es que uno no sepa la cantidad. Por eso puedo decirle que efectivamente estoy en conocimiento de que los dueños de Penta aportaron por la vía del Servel a mi candidatura y lo hicieron a través de Banmédica. Pero nunca supe cuánto dinero aportaron a mi campaña.

En su declaración de ingresos ante el Servel, el diputado José Antonio Kast informó que recibió aportes por $126,6 millones, de ellos 94,7 millones son reservados.

Alberto Cardemil: Hugo Bravo ha dicho que el ex diputado de Renovación Nacional le escribió en 2013 a Carlos Alberto Délano solicitando apoyo financiero para su campaña a senador por la VI Región. Délano habría hablado con Bravo pidiéndole que le explicara a Cardemil que ya no tenían cupo legal, pero que igual le aportaría a su campaña utilizando la fórmula de las boletas de honorarios. Bravo afirma haber llamado al ex diputado informándole de la decisión de Délano: apoyarlo con $10 millones respaldados por boletas. Cardemil le habría agradecido y le habría enviado las boletas.

En este caso también existirían correos electrónicos que avalarían los dichos de Bravo. El pago se habría hecho efectivo con dos boletas de $7 y $3 millones por servicios que nunca se hicieron efectivos a Penta III. En el dorso de las dos boletas, como lo habría hecho con todas las anteriormente mencionadas, Bravo habría escrito de su puño y letra las iniciales del candidato.

Ante el Servel el ex diputado Cardemil, quien no resultó electo ya que fue derrotado por Alejandro García Huidobro (UDI), declaró ingresos por $361,2 millones, de los cuales $318,9 millones fueron aportes reservados.

Contactado por CIPER, Cardemil calificó la versión de Bravo como “insólita,  completamente falsa, pues alude a hechos de los que no tengo conocimiento alguno, son agraviantes y corresponden a una confusión o mala fe de quien los asevera o avala”. Dice que su campaña “jamás recibió un peso de forma irregular ni menos boleta o factura pagada por el señor Bravo o Penta”.

En su respuesta, Cardemil reconoció que intentó infructuosamente comunicarse con Délano: “Traté de hablar, durante mi campaña, con Carlos Alberto Délano y no pude. Me llamó alguien de su oficina expresándome que me iban a hacer un aporte por la vía Servel, dejando sus datos para que verificáramos si había algún aporte”. No obstante, Cardemil aseguró que no supo si dicha donación finalmente se materializó a través del Servel.

El ex diputado dijo que ni siquiera conoce a Bravo. “Jamás he llegado a acuerdos ni con Bravo ni con nadie acerca del financiamiento de mi campaña. Aseguro de manera enfática que mi campaña no recibió aportes irregulares ni menos dineros de boletas pagadas por Penta”, agregó.

APARECE VELASCO

Andrés Velasco

Hasta ahora el único candidato que no es de la Alianza y que ha sido mencionado en el caso Penta es el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco. Sobre él, Bravo ha dicho que recibió aportes por $20 millones, los que fueron pagados a cambio de boletas o facturas.

Desde que su nombre se vio vinculado a las acusaciones, el ex candidato presidencial mantuvo completo silencio y se quedó en Estados Unidos, mientras su equipo revisaba las cuentas de su campaña a las primarias de la Nueva Mayoría en 2013.

Después de casi dos semanas de hermetismo, Velasco dio a conocer ayer una declaración pública en que señala que no se encontraron registros de ningún aporte de Penta. “La única relación de empresas del grupo Penta se circunscribe al ámbito profesional a través de charlas o servicios específicos que se iniciaron hace más de tres años”, explicó el economista.

Finalmente, Velasco señaló que como no ha recibido requerimientos formales de información, entregó voluntariamente al SII los antecedentes de los servicios profesionales que ha prestado al Grupo Penta.

EL PROCEDIMIENTO SEGÚN BRAVO

La venta de la AFP Cuprum a Principal Financial Group en 2012 dejó al Grupo Penta con una gran cantidad de recursos disponibles. El ex director del Banco Penta afirma que eso incentivó a los dueños del grupo a realizar el máximo de donaciones para campañas políticas posibles. El manejo de estos aportes, ha dicho el ex ejecutivo, quedó en manos de un pequeño comité integrado por los dos controladores del grupo –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín–, además del ex senador de la UDI, Carlos Bombal.

Sobre el procedimiento para cursar los pagos, Hugo Bravo ha dicho que él los autorizaba después de recibir instrucciones de Délano y Lavín. Ellos le decían qué candidatos recibirían fondos y qué cantidad debía entregarles. En algunos casos también le daban el nombre de la persona que, en representación del candidato, tomaría contacto con él. Bravo asegura que una vez que recibía las boletas de honorarios o facturas, las entregaba al contador de Penta, Marcos Castro. Hasta marzo de este año (y desde 2005) Marcos Castro aparecía como director de Penta Administradora General de Fondos S.A.

Pero antes de entregar las boletas a Castro, Bravo las marcaba en el dorso con las iniciales del candidato al que correspondía el aporte. El pago se hacía unos dos días más tarde y en la mayoría de los casos los cheques eran firmados, siempre según la versión de Bravo, por él mismo.

NUBARRONES PARA PENTA

Si Impuestos Internos decide presentar una denuncia por las irregularidades declaradas por Hugo Bravo e investigadas inicialmente por el fiscal Carlos Gajardo, no sería la primera presentación del SII que involucra al grupo Penta. Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín ya están siendo investigados por evasión tributaria desde fines de agosto. Fue el mismo Hugo Bravo, ex gerente del grupo y ex director de varias de sus empresas, quien entregó la hebra que llevó a la fiscalía a determinar que Délano y Lavín presentaron ante el SII boletas de honorarios de sus cónyuges por trabajos que nunca se realizaron y que habrían significado un perjuicio para el fisco del orden de $400 millones por devoluciones de tributos indebidas.

Bravo fue un hombre de extrema confianza de Délano y Lavín. Cayó en desgracia ante sus empleadores tras verse envuelto en la investigación que lleva la fiscalía por fraude al sistema de Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Bravo consiguió que el ex funcionario de Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez modificara su declaración de renta cuando ya había sido ingresada al sistema, lo que lo habilitó para recibir irregularmente devoluciones por $260 millones. Una vez que la fiscalía puso la lupa sobre Bravo, Penta lo desvinculó de sus cargos en el grupo. Eso ocurrió el 17 de julio pasado, cuando se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) su salida.

Fiscal Carlos Gajardo

Sobre la investigación del financiamiento de campañas políticas por vías paralelas a la legal, el fiscal Carlos Gajardo señaló el martes de la semana pasada que constan “hallazgos que pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios”.

El lunes 6 de octubre el economista Paul Fontaine recordó en una carta publicada por el diario El Mercurio que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín “fueron sancionados por uso de información privilegiada en la compra de acciones del Banco de Chile el 2001 –sanciones ratificadas por la Corte Suprema el 2005– y están siendo investigados por delitos tributarios”.

El recordatorio de Fontaine surge en el momento en que Impuestos Internos decide el contenido que le dará a la nueva acción judicial contra los controladores del Grupo Penta, por los posibles ilícitos tributarios asociados al financiamiento de campañas mediante el pago de boletas por servicios nunca realizados. Esa figura podría incurrir en el ilícito que establece el artículo 97 número 4 del Código Tributario. La misma norma fija una pena de 3 años y un día a 15 años a quien “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuesto que no le correspondan”.

Ahora, respecto de la transgresión de las normas de financiamiento electoral, aun cuando se pruebe que existieron irregularidades, no está claro que la investigación termine en sanciones. Y ello porque esta denuncia ha dejado en evidencia que existe un enorme vacío en las leyes que regulan y fiscalizan los aportes electorales. El Servel sólo registra las declaraciones oficiales de ingresos y gastos que hacen los candidatos, revisando que las cuentas cuadren y que no superen los límites legales establecidos. El organismo no tiene atribuciones para pesquisar ingresos que no estén declarados formalmente, lo que incluye los aportes que se materializan a través de boletas y facturas ideológicamente falsas (correspondientes a trabajos o servicios que fueron pagados, pero que no se hicieron).

Los pocos fiscalizadores con los que cuenta el Servel tampoco tienen herramientas para detectar si se ha burlado la reserva de la identidad de los donantes que hacen aportes reservados (es decir, que el partido o candidato no sepa quién le hizo la donación). Y ambas figuras, boletas ideológicamente falsas y quebrantamiento del secreto en los aportes reservados, han sido denunciadas por Hugo Bravo.

(Vea también el reportaje de CIPER: “La caja negra de las platas políticas que sacude a la UDI”).

“Proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral” era el nombre del mensaje enviado por el gobierno de Ricardo Lagos en 2001 al Congreso y que, como ha quedado claro en los últimos días, se convirtió en una legislación que tiene poco de transparente y que no permite el control de los límites legales.  Durante el proceso electoral de 2013, 90% de los fondos privados recibidos por los candidatos (1ª vuelta presidencial, senadores, diputados y consejeros regionales) y sus partidos políticos tuvo un origen secreto, a través de aportes calificados por la ley como “reservados” y “anónimos”.

Se trata de montos cuantiosos. Si se suman los aportes privados y públicos que financiaron las campañas, en total se gastaron $51 mil millones, de los cuales el Fisco aportó $20 mil millones. Otros $21 mil millones ingresaron como gastos reservados de privados, los que fueron donados por sólo 297 empresas y 12 particulares, de acuerdo a datos entregados por el Servicio Electoral (Servel).

Senador Hernán Larraín (UDI)

En ninguna parte del proyecto de ley original se hablaba de “aportes reservados”. Al contrario, tenía entre sus objetivos que se conociera el origen de los recursos privados para así favorecer la independencia de quienes resultaran electos. Sólo se contemplaba la existencia de aportes anónimos hasta 20 UF (equivalentes a unos $485 mil de hoy) y que en total no podían exceder el 5% del total de los ingresos de un candidato. Fue en la discusión en la Cámara Alta que los senadores UDI Hernán Larraín y Rodolfo Stange (ex integrante de la Junta de Gobierno de Augusto Pinochet) presentaron una indicación, similar a otra redactada por su correligionario Juan Antonio Coloma, que contemplaba la posibilidad de que los aportes privados fueran reservados.  Tras un largo y negociado acuerdo político, con el escándalo MOP-Gate como telón de fondo, dichos aportes quedaron plasmados en la Ley 19.884, que desde el 5 de agosto de 2003 rige el financiamiento de la política en nuestro país.

“Tengo problemas de conciencia”, decía el entonces diputado socialista Carlos Montes, quien a pesar del acuerdo político se abstuvo de participar en la votación porque creía “que estas disposiciones condicionan, a largo plazo, la manera en que se manejarán los recursos en la política”.  La diputada PPD Adriana Muñoz se sumaba a la reflexión en el hemiciclo: “Duele mucho ser responsable, pero hay que reconocer que la Cámara de Diputados hoy va a aprobar un proyecto con una transparencia limitada; es lo único que ha podido conseguir la clase política de nuestro país”.

Once años después, en pleno debate sobre la transparencia y la fórmula ideal del financiamiento de la política en Chile, CIPER profundiza en el análisis de las cifras de la última elección. Con el apoyo de Andrea Insunza y Javier Ortega del Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales (CIP-UDP) preparamos una visualización (ver especial) cuyo énfasis está puesto en el peso de los donantes privados secretos de la elección de noviembre de 2013.  Se puede ver, por ejemplo, que se gastó un total de $ 51.261.781.583 (sumando los ingresos de los candidatos y de los partidos políticos), de los cuales $ 21.167.599.306 son aportes reservados.

En el análisis de CIPER y CIP-UDP, además de la información general y desglosada de los candidatos con mayores montos de ingresos, se quiso retratar qué porcentaje de sus aportes privados en dineros son reservados: se trata, en promedio, de un 70% en los candidatos, cifra que sube a 82% si agregamos los ingresos de los partidos políticos. Si a eso se añaden los aportes anónimos (los candidatos conocen el nombre del donante, pero no la ciudadanía) el total llega al 90% mencionado al comienzo de esta nota.

Senador Guido Girardi (PPD)

Hay un grupo de parlamentarios que posee un 100% de aportes reservados dentro de sus donaciones privadas en dinero (se excluyen los aportes fiscales, y aportes en especies o servicios). Llama la atención que ellos, y otros que tienen más del 96% por esa vía, no registran ningún ingreso proveniente de sus propios partidos políticos, a pesar de ser candidatos importantes para sus coaliciones. Es el caso, por ejemplo, de los senadores Ena Von Baer (UDI), Jacqueline Van Rysselbergue (UDI) y Guido Girardi (PPD), y los diputados Arturo Squella (UDI), Ernesto Silva (UDI) y Pedro Browne (RN), entre otros, con el 100% de sus aportes privados como reservados y ningún aporte de sus partidos políticos.

Los 20 diputados que recibieron más donaciones reservadas como proporción de todos sus aportes privados pertenecen a la Alianza, en cambio si tomamos en cuenta el monto en dinero que recibieron, 17 pertenecen a esa coalición. En el Senado, en cambio, hay 12 candidatos electos de la Nueva Mayoría en el top 20 de aportes reservados como parte del total de donaciones privadas y 12 en ránking de quienes recibieron mayores montos por esa vía.

En cuando a montos totales, el senador que recibió mayores aportes reservados es el PPD Guido Girardi, con $504 millones. Lo sigue el RN Andrés Allamand ($493 millones) y las senadoras UDI  Ena Von Baer ($323 millones) y Jacquelyne Van Rysselbergue ($278 millones). El quinto lugar lo ocupa el PPD Felipe Harboe ($272 millones), quien preside la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en la que actualmente se discute la reforma al sistema binominal, que incluye la indicación de los diputados Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal) para eliminar los aportes reservados de las campañas políticas.

Harboe se ha mostrado contrario a admitir la indicación. Junto a otros cuatro senadores decidirá si la reforma sigue su camino junto al binominal o se deja a un costado, en espera del proyecto de ley de financiamiento que promete el Ejecutivo antes de fin de año. Los otros cuatro senadores que integran la comisión son Alberto Espina (RN), quien el 2009 declaró $133 millones en aportes reservados; Hernán Larraín (UDI), quien originalmente propuso el concepto de aportes reservados en el 2001 y quien recibió $248 millones de esos aportes en su campaña el 2009; Alfonso De Urresti (PS) y Pedro Araya (IND), quienes declararon $13 millones en aportes reservados cada uno en 2013.

PESOS POR VOTOS

Otro aspecto que muestran las cifras es que no siempre un mayor gasto de campaña se traduce en más votos. Por ejemplo, hay candidatos al Senado que figuran primeros en la lista de ingresos en su circunscripción y que sin embargo no salieron elegidos, a pesar de las cifras millonarias de sus candidaturas. Uno de los casos más notorios es el de Manuel Rojas (UDI) en la Segunda Circunscripción Senatorial, pues gastó bastante más que sus rivales ($299.994.536). Mientras Rojas invirtió $7.600 por voto, los dos cupos los ganaron Pedro Araya ($3.265 por voto) y Alejandro Guillier ($2.023 por voto). Lo mismo sucedió con Gonzalo Uriarte (UDI), pues fue el que más gastó en la Cuarta Circunscripción Senatorial, $271.913.919, y la Nueva Mayoría dobló. Mientras Jorge Pizarro (DC) gastó $2.422 pesos por voto y Adriana Muñoz (PPD) sólo $1.612, Uriarte desembolsó $6.100 pesos por voto.

En Santiago el triunfo tampoco fue para los que más gastaron. En la Circunscripción Poniente, Pablo Zalaquett (UDI) lideró el gasto con $862.602.420 ($4.000 pesos por voto) sin salir elegido.  Laurence Golborne (UDI), en la Circunscripción Oriente, desembolsó $901.581.965 ($3.061 por voto) y también se perdió, pese a gastar casi $400 millones más que Manuel José Ossandón (RN) y $550 millones más que Carlos Montes (PS). Eso en el papel al menos, porque tanto Zalaquett como Golborne fueron denunciados por el ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, de recibir dinero por fuera del sistema legal, lo que está siendo investigado por el Ministerio Público (ver nota de CIPER).

LA RUTA DEL APORTE RESERVADO

Cada lunes, durante el periodo autorizado por el Servel, los candidatos reciben en su cuenta los aportes reservados que se hicieron la semana anterior. Este proceso empieza mucho antes, en las reuniones de directorio de las empresas, donde sus socios deciden cuánto aportar de manera reservada a las campañas políticas y dejan constancia de esa suma en el acta de directorio, sin especificar para qué candidatos o partidos va ese aporte (ver reportaje de CIPER). El siguiente paso es ir a una sucursal de Banco Estado y solicitar un formulario especial llamado Comprobante de Recaudación de Aporte Reservado, en el que se llena el nombre del aportante, su RUT, teléfono, monto del aporte y si es en cheque o efectivo. El formulario se entrega en triplicado: una copia se queda el banco y dos se las lleva el donante, pues entregará una al Servel para comprobar su depósito.

Ese dinero llega a una cuenta del Servel que sólo está destinada a los aportes reservados. Cada noche, Banco Estado emite un informe al Servel con el detalle de los depósitos recibidos ese día. Con ese informe y el formulario que trae el donante, el servicio confirma la operación y comienza la siguiente etapa de este proceso: la distribución.

La gestión del donante no termina en el Banco Estado. Debe concurrir personalmente o a través de un representante legal a las oficinas del Servel a repartir el monto depositado entre uno o más candidatos o partidos. Para este trámite, antes de las últimas elecciones se acondicionaron tres habitaciones en la sede del Servel en calle Miraflores, en Santiago, para la distribución de los aportes reservados. En sala una se instaló un computador abierto en un programa que se diseñó específicamente para este proceso.

La persona que entra a hacer la distribución de los aportes debe acreditar su representación por un poder o escritura y llevar el acta de directorio que establece el monto decidido por la empresa como aporte, para que el Servel compruebe que esta cantidad coincide con el depósito realizado. Tras verificar esos datos, se le explica cómo funciona el programa y se la deja sola en la sala para que ingrese en el computador la información de los destinatarios de la donación y los montos.

En el Servel comentan que hay personas que pasan la mañana completa realizando aportes en una de las salas. Algunas veces hay dos o tres personas esperando su turno para entrar e incluso hay algunas empresas que llaman con anticipación para reservar el uso de una sala en determinado horario.

Es el programa computacional el que se encarga de que ninguno de los aportes exceda los máximos establecidos por la ley. Si llega a pasarse, el programa bloquea la acción y entrega una advertencia. En la pasada elección, cada aportante reservado donó un promedio de $68,5 millones, cifra que supera los límites que establece la ley como montos máximos por donante para cada tipo de candidato (presidente, $45,8 millones; diputado o senador, $28,6 millones), lo que muestra que las donaciones tienden a ser a más de un candidato. En el caso de los partidos políticos, en todo caso, el límite es más amplio: $229 millones por donante a cada partido.

El parámetro que usa el sistema para verificar que los límites se cumplan es el RUT del aportante, es decir, que ningún candidato o partido reciba un monto mayor al establecido por ley desde un mismo RUT. Sin embargo, el sistema no puede saber si un candidato está recibiendo dineros de RUTs de diferentes empresas que pertenecen a una sola persona, o a un mismo grupo económico. Se trata de un vacío legal que abre la posibilidad de que haya personas o conglomerados financiando grandes porcentajes de las campañas de senadores, diputados o presidentes sin que nadie más que ellos lo sepa.

Cada viernes, los funcionarios del Servel revisan el sistema para extraer la cifra de los aportes recogidos para cada candidato o partido político durante la semana y preparan los depósitos que serán realizados el día lunes. No depositan lo mismo que recibieron. Por ley, el Servel retiene hasta el 30% de los aportes recibidos con el sólo fin de que ni la empresa ni el candidato tengan la posibilidad de confirmar o identificar el aporte realizado. De esta forma, aunque la empresa o individuo aportante le muestre al candidato el recibo del banco, el monto no va a coincidir con el depósito realizado esa semana en su cuenta. El remanente se entrega en los siguientes depósitos. Sin embargo, desde la perspectiva de un candidato, si le avisaron que iban a aportarle $10 millones, por dar un ejemplo, y recibe $9 millones 750 mil, podría perfectamente suponer que se trata del aporte prometido. De todos modos, para evitar que se pueda identificar a los donantes, el Servel rechazó la solicitud de CIPER de revelar los montos aportados por los 309 donantes reservados aunque no se diera a conocer sus nombres.

Todas estas precauciones parecen inútiles, ahora que se sabe que los candidatos de todos modos se enteran de quienes hacen aportes reservados a sus campañas. Así lo reveló, por ejemplo, el diputado José Antonio Kast (UDI) a CIPER al reconocer que sabía que había recibido donaciones reservadas de parte de la isapre Banmédica, ligada al grupo Pensa.

Por otro lado, el Fisco, tras una autorización del Servel, devuelve dinero a los candidatos. La cifra entregada en las elecciones 2013 fue cercana a los $20 mil millones. En algunos casos, este dinero paga los créditos bancarios que solicitaron los candidatos para financiar su campaña; en otros, devuelve facturas de gastos, siempre y cuando estén pendientes de pago.  El máximo que el Fisco puede devolver depende de la cantidad de votos que haya tenido el candidato y reembolsa en dos direcciones: directamente al candidato y al partido político al cual pertenece. En la pasada elección, se reembolsó hasta un máximo de $687 por voto (0,03 UF de entonces) a los candidatos y  $344 al partido político (0,015 UF). Dos tercios de esa suma (0,01 UF) se entregó a los partidos al comienzo de la campaña como un anticipo basado en la elección anterior. Si el candidato es independiente, también recibe este anticipo, basado en la menor votación de su circunscripción o distrito en la elección anterior.

Entre lo entregado al candidato o al partido, el Fisco devolvió un máximo de $1.031 por voto, una cifra suficiente para las campañas más austeras, pero lejos de los millones invertidos por muchos de los candidatos. En el caso de los senadores, por ejemplo, el promedio de gasto por voto recibido fue de $2.468 pesos.

APORTES INCÓMODOS

Antes de las elecciones de 2013, el candidato a diputado por Revolución Democrática, Giorgio Jackson, pidió al Servel que no aceptara aportes reservados para su campaña, solicitud que fue rechazada. Esta semana hizo público el intercambio (ver carta de Jackson y respuesta del Servel), pues la información oficial da cuenta de que recibió $5 millones de aportes reservados pese a que ha sido uno de los promotores para que se prohíba este tipo de donaciones, lo que originó una polémica.

Diputado Giorgio Jackson (RD)

Según explicó Jackson, supo que la donación reservada provenía de la presidenta de Comunidad Mujer, Esperanza Cueto, y tras consultarle, transparentó el aporte en su página web, donde aparecían todos sus financistas. Cueto es esposa del empresario Max Marambio, quien también aparece financiando a Jackson (entre ambos le aportaron $10,3 millones). Como Marambio estuvo ligado a la propiedad de la Universidad Arcis y Jackson votó en contra de que una comisión investigara a esa casa de estudios, fue cuestionado públicamente esta semana.

La respuesta que recibió Jackson del Servel decía que si bien el organismo no podía bloquear las donaciones reservadas, el candidato sí podía rechazarlas después. Es lo que hizo el candidato a senador Carlos Montes el año pasado y al parecer fue algo inédito. Montes registra $92 millones de aportes reservados, pero hubo uno en particular, de $15 millones, que fue hecho después de las elecciones, lo que le pareció raro. Por eso fue hasta el Servel a decir que quería devolverlo, pero según recuerda, ahí no sabían qué hacer porque el sistema les impide detectar quién es el aportante para reembolsarle el dinero. Finalmente, dice Montes, al parecer los fondos fueron depositados en la Tesorería.

AMPLIOS LÍMITES

La Ley 19.884 establece que los límites de gasto electoral son calculados por el Servel a partir de la cantidad de inscritos vigentes en los registros electorales del país. Con el término de la inscripción voluntaria, el padrón electoral creció en un 60% en esta pasada elección, de 8 a 13 millones de votantes, y esto produjo un aumento directamente proporcional en el límite de gasto electoral para los candidatos.

El aumento se vuelve muy notorio para las zonas más pobladas y para el límite del gasto presidencial, que pasó de $5 mil millones en el 2009 a más de $9 mil millones en el 2013. La candidata presidencial que más gastó el año pasado en primera vuelta fue la Presidenta Michelle Bachelet, quien a pesar de alcanzar la suma de $5.377 millones se mantuvo muy lejos del límite de $9 mil millones establecido por ley.

Algo similar sucedió en las circunscripciones senatoriales más pobladas. Por ejemplo, en Santiago Oriente el candidato que más gastó fue Laurence Golborne, superando los $900 millones. Sin embargo, estuvo lejos del límite de $1.400 millones establecido para la circunscripción. La única candidata que se acercó al límite de gasto entre los senadores fue Ena Von Baer –cuya  Circunscripción, la 16, es la que menos votantes tenía en su padrón el 2013– , quien gastó $333 millones de los $335 millones permitidos por ley. Al igual que Golborne, Von Baer fue mencionada como supuesta receptora de fondos del Grupo Penta en forma paralela a las donaciones registradas legalmente.

Tres años antes de que el ex director del Banco Penta y ex gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo López, involucrara a los dueños del Grupo Penta -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- en una investigación por fraude tributario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) recibió una denuncia formal acerca de que una de las empresas del holding habría evadido el pago de tributos. La acusación la formuló en 2011 el empresario Jorge Charbín Lautaris, socio minoritario de Penta en la empresa PH Glass, dedicada a la elaboración de productos de vidrio. Aunque la fórmula de evasión tributaria que denunció Charbín se circunscribe sólo a PH Glass, se trata del mismo mecanismo que ahora ha descrito Hugo Bravo y que, según su versión, se habría utilizado en varias empresas del Grupo Penta, lo que supuestamente ha provocado una multimillonaria pérdida al Fisco.

Hugo Bravo

El abogado Giorgio Marino, representante de Jorge Charbín, aseguró a CIPER que la investigación por la denuncia presentada en 2011 no avanzó ni un milímetro en el SII. Eso fue así hasta que el fallecido ex martillero Jorge Valdivia cayó en la investigación que sigue la fiscalía por fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Valdivia, coludido con funcionarios del SII, reclutaba contribuyentes dispuestos a recibir devoluciones de impuestos indebidas. Poco antes de morir, en julio de este año, entregó al Ministerio Público un disco duro con información de las operaciones en las que había participado. Varias de ellas estaban relacionadas con personas y sociedades del entorno del Grupo Penta. Así aterrizó el nombre de Hugo Bravo en la carpeta de la fiscalía: fue acusado de obtener devoluciones de impuestos fraudulentas por $260 millones de sus empresas personales.

Hasta ahora las denuncias de Hugo Bravo que vinculan a Penta con el financiamiento de campañas políticas han acaparado la atención de la prensa. Pero el ingeniero comercial de la UC y ex director del Banco Penta, quien gozó de la confianza de los dueños de holding durante 35 años, ha dicho también que específicamente en la unidad de empresas productivas Penta Capital de Riesgo (PCR) se habrían desarrollado ilícitos tributarios de mayor gravedad. De comprobarse la veracidad de estas imputaciones, las eventuales sanciones y multas a que se expone el holding serían más severas que aquellas que arriesga por el financiamiento de campañas por vías paralelas a las del Servicio Electoral (Servel).

Fue The Clinic el que publicó un primer y potente indicio de que el principal problema para los dueños de Penta vendría por la vereda del posible fraude tributario más que por su generosidad con el mundo político. “Presentan querella contra Penta por presunta estafa en más de $2.000 millones” se tituló el artículo difundido por The Clinic el martes 14 de octubre (vea esa nota). En el texto se detalla la acusación de Jorge Charbín que involucra principalmente a Penta Capital de Riesgo (PCR) en el presunto abultamiento de gastos de la sociedad PH Glass y en la declaración de pérdidas anómalas, lo que habría permitido rebajar impuestos.

Aunque los negocios de Penta se desarrollan de manera preferente en el rubro de los servicios financieros y de salud privada, el holding también incluye un puñado de empresas productivas. Una de ellas es la vidriera PH Glass (vea su presentación en la web de Penta). La mayoría de estas sociedades son controladas a través de PCR, un brazo del grupo Penta que -según ha dicho Hugo Bravo- fue confiado por Délano y Lavín a otro histórico de su círculo de hierro: Horacio Peña Novoa.

Hugo Bravo sitúa en los primeros años de la década pasada el momento en que los controladores del grupo le dieron luz verde al proyecto de Horacio Peña y crearon Penta Capital de Riesgo (PCR). La idea de Peña, ha dicho Bravo, era comprar empresas productivas en peligro de quiebra, darles apoyo financiero, sanearlas y venderlas. El manejo de estas empresas se hizo a través de PCR y la sociedad Penta INF. CIPER solicitó una entrevista con Horacio Peña, a objeto de que se refiriera a la gestión de PCR y de las empresas productivas del grupo, pero en su oficina respondieron que no haría declaraciones mientras esté en curso la investigación reservada de la fiscalía.

Juan Carlos Délano

Ex marino, ingeniero naval mecánico y magíster en Economía con mención en Finanzas de la Universidad de Chile, Horacio Peña (56 años) no es sólo un alto ejecutivo de Penta, sino más bien un socio estratégico de Délano y Lavín. Con ellos participa en el negocio inmobiliario. Por ejemplo, es propietario de una parte de la sociedad Inmobiliaria Miramar, que construyó y explota el Hotel  Sheraton Miramar. También es propietario del 30% de la Administradora de Fondos Penta Las Américas, empresa que él creó y desarrolló y que integra el área Financiera del grupo, uno de los siete sectores en que está dividido el holding (los otros son Previsión, Seguros, Salud, Inmobiliario, Desarrollo y Tecnología).

Penta Capital de Riesgo depende del área de Desarrollo del grupo (vea la estructura del grupo), y funciona con la lógica de captar inversionistas. Es presentada en la web del holding como “una compañía orientada a la administración de fondos privados, cuyo objetivo es administrar compañías de manera de obtener altos retornos para los inversionistas”. Pero, según la versión de Hugo Bravo y la denuncia de Jorge Charbín, varias de estas empresas han estado lejos de conseguir “altos retornos” y sólo han arrojado millonarias pérdidas.

La misma web de Penta informa que dependen de PCR las empresas productivas Agrícola Gildemeister, Soldaduras Soltec, PH Glass y Plásticos Burgos. Un colaborador de Penta que fue consultado por CIPER indicó que esa información está desfasada porque, por ejemplo, la empresa Agrícola Gildemeister ya no se encuentra operando. En cambio, agregó, a esa lista habría que sumar dos empresas productivas que no figuran en la información oficial del grupo como dependientes de PCR: Arrimaq (dedicada al arriendo y venta de maquinaria para mover carga en bodegas) y Pet Packing (que produce envases de poliuretano).

La versión del ex gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo, señala que, desde mediados de la década pasada y hasta 2013, cuatro de las empresas PCR del Grupo Penta –PH Glass, Plásticos Burgos, Arrimaq y Pet Packing- recibieron aumentos de capital en operaciones financieras que hoy están en la mira de la fiscalía. La plana ejecutiva del grupo, sostiene Bravo, decidió aportar dinero a estas empresas bajo la figura de créditos. Una parte de esos dineros se usaba para contratar servicios de otras compañías de Penta. Como las cuatro empresas PCR presentaban pérdidas y balances deficitarios, finalmente esos créditos quedaban impagos y Penta los convertía en un incremento de su participación en la propiedad de las mismas empresas. Es decir, se pagaba de la deuda aumentando su participación y esto se presentaba como un aumento de capital. Al menos en el caso de PH Glass, este mecanismo además habría provocado la jibarización del socio minoritario.

Esta fórmula, ha explicado Bravo, permitía a las distintas empresas de Penta que participaban en la cadena acceder a beneficios tributarios. Unas aumentaban sus gastos y, de esa forma, rebajaban su base impositiva. Otras acumulaban pérdidas que luego se usaban para obtener devoluciones o rebajas de impuestos.

CIPER revisó registros oficiales relacionados con el desarrollo de las empresas PCR del holding, particularmente los referidos a aumentos de capital. Esos registros indican que estos incrementos de capital se podían concretar en efectivo o “mediante la compensación de créditos” otorgados a las empresas. Es decir, precisamente la fórmula que han descrito Charbín y Bravo a través de la cual Penta habría cambiado deudas por una mayor participación en la propiedad.

A juicio del ex director del Banco Penta, las pérdidas acumuladas por el conjunto de estas sociedades llegaron a sumar unos $80 mil millones y permitieron al Grupo Penta acceder a beneficios tributarios por un total que se aproximaría a $20 mil millones.

Un colaborador del Grupo Penta, que pidió la reserva de su nombre, rechazó tajantemente que las empresas PCR hayan sido creadas para evadir impuestos. Y destacó que de ninguna forma el total de las pérdidas que suman las empresas productivas del holding son recuperables con beneficios tributarios. Sólo en PH Glass, puntualizó, se han inyectado hasta ahora $16 mil millones y acusó a Bravo y Charbín de  “hacer leña del árbol caído”.

EL OPACO NEGOCIO DEL VIDRIO

Penta Capital de Riesgo fue constituida por los abogados Alfredo Alcaíno de Esteve y Daniel Cox Donoso en noviembre de 2003. Alfredo Alcaíno integra el círculo de colaboradores de extrema confianza de los dueños de Penta y dirige el estudio jurídico Alcaíno Abogados, que lleva todos los asuntos legales del holding. Daniel Cox es socio del mismo estudio. En la junta de accionistas de Penta Las Américas Administradora de Fondos de Inversión, que tuvo lugar el pasado 24 de junio, Daniel Cox aparece firmando el acta en representación de Empresas Penta y de Asesorías e Inversiones Alpairo (sociedad de Horacio Peña Novoa).

Alfredo Alcaíno

La versión de Hugo Bravo indica que Deloitte participó en la búsqueda y selección de empresas productivas que estuvieran en problemas financieros y necesitaran una inyección de recursos. Lo corrobora el abogado Giorgio Marino, quien cuenta que Deloitte se acercó inicialmente a Jorge Charbín para manifestarle el interés de Penta en el negocio de la vidriería. Después, las conversaciones las llevó directamente Horacio Peña, quien señaló a Charbín que para concretar el negocio Penta haría una selección de los activos que le interesaban. Con esos activos, en julio de 2006, nació PH Glass, empresa que se presenta como sucesora de Vidriería Argentina (vea su página web). En la nueva compañía quedó como socio minoritario Vidriería La Argentina S.A., de propiedad de Jorge Charbín, con un representante en el directorio. El Grupo Penta ingresó a la propiedad a través de Inversiones y Rentas PCR Glass (sociedad controlada por Penta INF), con cuatro miembros en el directorio.

En octubre de 2009, dos años antes de que presentara su acusación ante Impuestos Internos, Jorge Charbín demandó a Penta en un juicio arbitral. El empresario alegó que su participación en PH Glass cayó de 30% a 16% fruto de un millonario aumento de capital improcedente acordado por el socio mayoritario (Penta), acción que se habría ejecutado mediante una estrategia que incluyó el aumento de gastos innecesarios para generar pérdidas anómalas.

El juez arbitral Sergio Urrejola, presidente del Consejo de Defensa del Estado hasta marzo de este año, sancionó a Penta con 6.500 UF (unos $157 millones), dándole la razón a Charbín. En su fallo, dictado el 6 de junio de este año, Urrejola dio crédito al testimonio clave del auditor Carlos Muñoz Uribe, quien pulverizó los argumentos de los abogados de Penta.

EL TESTIMONIO DEL AUDITOR

“Que el testigo diga cómo sabe todo lo que ha declarado”. La exhortación del abogado de Penta iba dirigida a Carlos Muñoz, auditor de Vidriería Argentina desde 1996. De acuerdo con lo expuesto en las 182 páginas de la sentencia dictada por Sergio Urrejola, los abogados de Inversiones y Rentas PCR Glass -la sociedad de Penta que participaba en PH Glass- sostuvieron hasta el final que los aumentos de capital fueron indispensables para mantener a flote la fábrica, la que tras la crisis de 2008 vio caer sus ventas, aumentar la morosidad de sus clientes y habría dejado de ser atractiva para los créditos bancarios.

Un colaborador del grupo dijo a CIPER que Penta no sólo salvó la fábrica de la quiebra, sino que evitó que Charbín perdiera su casa en Lo Curro, que le pagaron $400 millones por el 70% de la empresa y que inicialmente pusieron $1.200 millones de capital.

El abogado de Charbín, Giorgio Marino, recuerda que en 2009 interpuso la denuncia ante Urrejola después que el directorio de PH Glass aprobó un aumento de capital de $4.200 millones, diluyendo la participación de su cliente. El alegato de Marino se basó en que el artículo 4º del “pacto de accionistas” establecía que Penta no podía acordar aumentos de capital que tuviesen como objeto diluir al socio minoritario. Pero el mismo artículo también se abría a la posibilidad de un aumento si existía “imposibilidad absoluta” de desarrollar el negocio por no existir acceso al crédito.

-Penta designaba a cuatro de los cinco directores y comenzaron a aumentar los gastos por medio de vender a PH Glass asesorías financieras innecesarias por $15 millones al mes y el arriendo de oficinas a Inmobiliaria Penta por $10 millones mensuales, en circunstancias que la empresa siempre ha tenido su planta en el mismo lugar y no se necesitaba arrendar más oficinas, por lo que se trataba de un gasto inexistente –afirmó Marino a CIPER.

Sergio Urrejola

Según la versión del abogado, “la empresa fue exprimida de sus utilidades con esta fórmula que significaba $25 millones al mes, vale decir $1.200 millones en cuatro años. Adicionalmente, se generaba un gasto para Penta, con el que podían ‘matar’ utilidades o aumentar pérdidas para recuperarlas tributariamente”.

Un asesor de Penta aseguró a CIPER que el precio del arriendo se ajustó al mercado, porque se alquilaron 250 metros cuadrados amoblados en el barrio El Golf, debido a que la fábrica no tenía oficinas adecuadas para las gerencias. Agregó que se contrataron asesorías financieras porque se requerían especialistas en reestructuración de pasivos y financiamiento para levantar la empresa y luego venderla.

Pero las pruebas de Penta (balances y testigos) no convencieron al árbitro Sergio Urrejola, quien en su fallo expresó que las declaraciones del auditor Muñoz Uribe “revelaban un conocimiento a fondo de la cuestión controvertida”.

¿Qué respondió el auditor Muñoz Uribe ante el juez-árbitro Sergio Urrejola? Reveló que “no existían condiciones para el aumento de capital en atención a que los estados financieros reflejaban un nivel de solvencia financiera suficiente”.

-(Tribunal): ¿Tenía endeudamiento bancario la sociedad?, ¿tenía capacidad crediticia? ¿Sabe si la empresa solicitó créditos y si fueron negados?

-(Muñoz): La empresa poseía deudas bancarias, de la misma forma poseía activos circulantes suficientes para enfrentar la falta de capital de trabajo (…) existían líneas de crédito, líneas de factoring (…) Entiendo que no existían negativas de un banco para otorgar (créditos).

-(Tribunal): ¿En los informes figura en qué se usó el aumento de capital?

-(Muñoz): “Conforme al informe al directorio de octubre 2009, se utilizó para pagar deudas con una empresa relacionada. PH Glass adeudaba $3.200 millones que disminuyeron a $200 millones”.

En el juicio arbitral, el abogado Marino expuso que “el aumento de capital no tuvo como finalidad pagar deudas con bancos o proveedores para mejorar la posición de la sociedad, sino pagar los dineros prestados por Penta a PH Glass. Una estrategia para sacar los préstamos, diluir al minoritario y seguir con el mismo nivel de endeudamiento”.

Aunque la sentencia del 6 de junio pasado fue adversa para Penta, un asesor del grupo dijo a CIPER que Charbín no consiguió las 20 mil UF que exigía inicialmente y que el caso será elevado a la Corte de Apelaciones.

Mientras la demanda arbitral estaba en desarrollo, Jorge Charbín presentó una segunda denuncia contra Penta, esta vez ante el Servicio de Impuestos Internos. El escrito se entregó el 14 de enero de 2011. El abogado Marino dijo a CIPER que denunciaron “los manejos de gastos para rebajar la base imponible (tributaria) por $ 2.000 millones”, pero se sorprendieron ante la inacción del SII. El organismo tributario sólo se sacudió la modorra tres años después, con la aparición en escena de las denuncias del martillero Jorge Valdivia y del ex director del Banco Penta, Hugo Bravo.

“COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS”

Los registros del Diario Oficial referidos a PH Glass son coincidentes con la versión de Hugo Bravo y las denuncias de Jorge Charbín. En 2009 la junta de accionistas de PH Glass aprobó un aumento de capital que incluía la emisión de acciones por un total de $4.200 millones, las que podían ser pagadas “en dinero efectivo o mediante compensación de créditos que accionista suscriptor mantenga con la sociedad”. Es decir, el directorio dominado por Penta permitía que el accionista que había entregado préstamos a la compañía transformara la deuda en una mayor participación en la propiedad de la empresa.

La misma operación se repitió en 2011, cuando se acordó un aumento de capital que contemplaba la emisión de acciones por $4.934 millones, las que también se podían pagar con la compensación de créditos. La fórmula fue ocupada por tercera y última vez en 2012, para el pago de una emisión de acciones que totalizaron $7.503 millones.

Si bien la suma que arroja los tres incrementos de capital registrados por PH Glass en el Diario Oficial (más de $16 mil millones), coincide con el monto total que según un colaborador de Penta le inyectó el grupo a la empresa, la versión de Hugo Bravo difiere. El ingeniero comercial ha señalado que las pérdidas acumuladas por PH Glass en un momento alcanzaron los $19 mil millones. Avala sus dichos en el hecho de que él conoció detalles de estas operaciones ya que firmaba los cheques con los aportes destinados a la empresa, aunque asegura que lo hizo sobre la base de los acuerdos del directorio y las instrucciones de Horacio Peña.

En paralelo, Inversiones y Rentas PCR Glass -la sociedad a través de la cual Penta participaba en PH Glass- también fue aumentando su capital mediante la compensación de créditos que había recibido de parte de Penta INF. Así ocurrió en  febrero de 2011, cuando Inversiones y Rentas PCR Glass acordó un incremento de su capital que incluía $6.850 millones correspondientes a la compensación de créditos que le había aportado Penta INF. En febrero de 2013 se aprobó otro aumento que contemplaba $7.119 millones como compensación de créditos que también le había entregado Penta INF. Ambas cifras suman casi $14 mil millones.

En la denuncia que presentó en 2011 ante la Dirección Regional  Santiago Oriente del SII (vea ese documento), Jorge Charbín sostuvo que en 2009 se retiró del directorio de PH Glass, porque debido a los persistentes resultados deficitarios, pidió una revisión de los estados financieros y detectó millonarios gastos por arriendos de oficinas que pertenecían a Penta y asesorías financieras que se encargaban a entidades del mismo grupo:

“Una empresa (PH Glass) que tiene pérdidas por los montos antes indicados no puede sobrecargar sus estructura de gastos, menos aún favoreciendo al accionista principal a través de sus empresas relacionadas. Resulta del todo impresentable que, a través de afectar a una empresa con gastos de empresas relacionadas, se vulnere la ley convirtiendo retiros en gastos, dejando de manifiesto el obrar que pretende burlar a dos entidades como son el socio minoritario y el mismo Fisco a través de una tributación disfrazada”, señala la denuncia suscrita por Charbín.

Desde 2011, agrega el abogado Giorgio Marino, su representado no ha recibido ni un peso por su participación en PH Glass. Un asesor de Penta dijo a CIPER que en la actualidad, y fruto de los aumentos de capital que se hicieron, Charbín no controla más del 5% de la compañía.

LA FÓRMULA SE REPITE

La fórmula de ampliar su participación a través de la compensación de créditos fue utilizada por Penta en otras empresas productivas. Así habría ocurrido, a lo menos, en Plásticos Burgos y Arrimaq, de acuerdo con los registros del Diario Oficial. En ambas, y al igual que en PH Glass, Penta creó dos sociedades para ingresar a su propiedad: Inversiones y Rentas PCR Burgos e Inversiones y Rentas PCR Arrimaq.

Plásticos Burgos o Burgoplast es una compañía que fabrica envases y piezas de plástico (vea su página web). La versión de Hugo Bravo indica que Penta ingresó como accionista mayoritario en 2006 y que en esta empresa el grupo perdió dinero de manera permanente. Hasta fines de 2013, según ha dicho el ex director del Banco Penta, se le habrían inyectado cerca de $9 mil millones. También ha señalado que ante la plana mayor de los ejecutivos del grupo nunca se dio una explicación para tales pérdidas y que los aportes para sostener a la empresa se hacían por instrucciones de Horacio Peña.

En el Diario Oficial aparece que Plásticos Burgos en enero de 2009 aumentó su capital incluyendo la emisión de acciones por un total de $1.767 millones, las que se podían pagar “en dinero o mediante compensación de créditos que accionista suscriptor mantenga como acreedor de la sociedad”. En diciembre del mismo año, se aprobó otro incremento de capital que consideró la emisión de nuevas acciones por $3.617 millones, las que también se podían cancelar por “compensación de créditos”. Finalmente, bajo la misma fórmula de pago, en diciembre de 2010 la junta acordó un aumento de capital con una emisión de acciones por $600 millones. Los tres aumentos de capital suman $5.984 millones.

La sociedad a través de la cual Penta participaba en la propiedad de Plásticos Burgos era Inversiones y Rentas PCR Burgos (controlada por Penta INF), la que registra en paralelo aumentos de capital significativos. Según el Diario Oficial, el 23 de diciembre de 2010 se acordó un incremento que incluyó $5.647 millones en compensación de un crédito que le había aportado Penta INF. Lo mismo ocurrió el 19 de diciembre de 2013, cuando se aprobó un aumento por $5.925 millones, en compensación de otro crédito de Penta INF. En total: $11,572 millones.

En la indagación hecha por CIPER un colaborador de Penta dijo que Plásticos Burgos ha recuperado en sus balances “los números azules” y que está en un “agresivo plan de modernización”.

La tercera empresa PCR de Penta que recibió créditos que hoy están bajo investigación judicial, es Arrimaq. El grupo ingresó a su propiedad en 2007. Hugo Bravo ha señalado que Penta le entregó créditos con la supuesta intención de que adquiriera grúas horquilla para que luego fuesen vendidas a grandes distribuidores. Actualmente su local de ventas funciona en un parque industrial de San Bernardo (vea su página web), y según un colaborador del grupo la empresa “se ha recuperado, muestra números azules y un buen desempeño”.

En el Diario Oficial no hay registros de aumentos de capital de Arrimaq por la vía de compensar créditos aportados por Penta. Donde sí se hiciero esos aumentos de capital es en la sociedad a través de la cual el grupo ingresó a la propiedad de Arrimaq: Inversiones y Rentas PCR Arrimaq. En diciembre de 2012 tuvo un incremento de $4.255 millones por la compensación de un crédito facilitado por Penta INF, la misma sociedad del grupo por cuya vía se inyectaba dineros a las otras empresas PCR.

En la participación de Penta en Pet Packing se observan diferencias respecto de la fórmula utilizada en las anteriores empresas PCR. La empresa fue comprada en 2007 y se constituyó como Envases Pet Packing en marzo de ese año. Sus socios: Penta Capital de Riesgo y Penta INF, con un capital de $3.447 millones. Aquí no se hizo sociedad con un dueño anterior o con un tercero.

El ex director del Banco Penta, Hugo Bravo, sostiene que el grupo adquirió la empresa por unos $2.500 millones y que nunca arrojó utilidades. Según sus cálculos, la pérdida total bordearía los $5 mil millones. Los registros oficiales indican que en marzo de 2012 Envases Pet Packing aumentó su capital y $2.250 millones de ese incremento correspondieron a la compensación de un crédito de Penta INF.

Hugo Bravo señala que Penta ha ido vendiendo Pet Packing por partes. Sin embargo, un colaborador de Penta afirmó a CIPER que la compañía sigue funcionando, y que si bien se retiró del mercado de botellas para bebidas, ahora apoya diversas operaciones de Plásticos Burgos.

PÉRDIDAS Y REBAJAS TRIBUTARIAS

En octubre de 2013, en plena investigación del fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), Penta disolvió tres de las sociedades a través de las cuales el grupo participaba en las empresas PCR. Sus derechos siguieron en manos del grupo: fueron traspasados a Penta INF. El 21 de octubre de 2013 el Diario Oficial informó la disolución de Inversiones y Rentas PCR Burgos, Inversiones y Rentas PCR Arrimaq e Inversiones y Rentas PCR Glass.

Como en una cascada, la sociedad Penta INF, que controla las empresas productivas del grupo, también registró un aumento de capital que incluyó la modalidad de compensación de créditos. En el Diario Oficial del 19 de diciembre de 2012 consta que la junta de accionistas de Penta INF acordó, con fecha 23 de octubre, un aumento de capital de $60 mil millones mediante la emisión de acciones que podían ser pagadas “en dinero efectivo o  mediante la compensación de créditos que accionista suscriptor mantenga con la sociedad”.

Carlos Eugenio Lavín

Hugo Bravo ha señalado que los aumentos de capital que se registraron entre 2012 y 2013 tanto en las empresas productivas como en Penta INF, tenían por objeto regularizar los millonarios aportes hechos por Penta a estas empresas en calidad de créditos. También aseguró que después el grupo vendió Penta INF, sociedad que según sus cálculos acumulaba pérdidas por unos $55 mil millones. El comprador habría sido otra empresa del holding. En esa venta, ha dicho Bravo, las pérdidas se valorizaron en $20 mil millones. El ex ejecutivo de confianza de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín aseguró que ese mismo monto habría sido utilizado para obtener rebajas tributarias.

Será el Ministerio Público y la investigación de Impuestos Internos los que deberán dilucidar si las graves acusaciones formuladas por el ex gerente general de Empresas Penta son veraces. La justicia cuenta para ello con la documentación contable y los correos electrónicos que Bravo mantenía en sus oficinas del Grupo Penta y que fueron incautados por la fiscalía. Otro actor que podría entrar en este proceso es el Consejop de Defensa del Estado (CDE), si se comprueba el perjuicio al Fisco.

El viernes 10 de octubre la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, partió a Londres para sumarse al “Chile Day, una vitrina que busca atraer nuevos inversionistas al país. Antes de partir dejó bajo reserva el catastro del costo que los ilícitos que se investigan en el llamado “Caso Cascada” causaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y con ello a todos los chilenos que deben cotizar obligatoriamente para su jubilación. Uno de los perjuicios que afecta a más personas y que hasta ahora ha sido minimizado por todos los protagonistas del escándalo bursátil.

Lo que entregó finalmente este lunes 20 la superintendenta Agnic es un rango de pérdidas que estimó entre US$ 31 millones y US$ 44 millones. “Es necesario advertir que se trata de un rango meramente referencial, pues son los Tribunales de Justicia los que deben determinar la cifra efectiva de perjuicios y las indemnizaciones que correspondan”, aclaró Agnic a CIPER.

No solo los montos son referenciales. Llama la atención que el informe dado a conocer este lunes 20 de octubre por Agnic esté basado únicamente en los datos que las propias empresas fiscalizadas reportaron. Según explicaron en la institución, se cotejó que la información fuera correcta, pero la superintendencia no hizo una investigación propia.

Tamara Agnic, superintendente de Pensiones

Utilizando distintas fórmulas de cálculo, entre cuatro de las administradoras reportaron US$31 millones en perjuicios. Es decir, el piso del rango de la superintendencia está en el total calculado por las empresas, y el techo es un 40% más alto. CIPER preguntó a la superintendencia cómo se fijó el rango, a lo que la respuesta fue que las AFP utilizaron distintas metodologías de cálculos y que sobre la base de sus informes, dicha repartición “consideró los criterios más razonables de sostener desde el punto de vista financiero y legal, a partir de lo cual estimó que las pérdidas ocasionadas a los fondos de pensiones en su conjunto se ubican en un rango entre US$ 31 millones y US$ 44 millones”.

En su informe, AFP Habitat estimó en US$11,5 millones los daños; Provida US$7,7; Capital US$6,5 millones y Cuprum US$5 millones. En conjunto, estas AFP administran los fondos de 7.855.685 afiliados. Sólo Planvital informó que no hubo impacto medible para sus fondos en esa etapa, porque no tenían acciones en las sociedades cascada cuando ocurrieron las operaciones cuestionadas por la SVS.

Hasta que se conoció la sanción, el 2 de septiembre pasado, la Superintendencia de Pensiones no había investigado ni pedido información a las AFP sobre sus pérdidas. Entre los actores del caso Cascadas se critica en voz baja lo poco activa que ha sido hasta ahora la superintendencia para actuar en defensa de los afiliados de las AFP. Los dardos apuntan hacia Solange Berstein, quien fue nombrada en el primer gobierno de Bachelet y se quedó durante la administración Piñera. En julio de 2012 Berstein ya había determinado que no había vulneración de las normas, aunque ante una comisión del Senado dijo que la fiscalización era permanente (ver presentación).  En este gobierno la sucedió en el cargo Álvaro Gallegos, quien en julio ya había sido removido y reemplazado por Tamara Agnic.

Por eso sorprendió que apenas la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dio a conocer la mayor multa de la historia a Ponce Lerou y a quienes lo habrían ayudado a obtener fondos ilegalmente de la compra y venta de acciones de las sociedades Cascadas, Agnic enviara un oficio perentorio a las AFP para que cuantificaran las eventuales pérdidas por haber invertido en esas empresas. Más aún, advirtió a las AFP que la superintendencia podía cursar sanciones si determinaba que habían faltado al deber fiduciario que obliga la Ley nº20.255, de resguardar los fondos de todos los chilenos, lo que provocó mucho ruido en el mercado.

“La Superintendencia de Pensiones analizó cada uno de los fundamentos que el Administrador de Fondos de Cesantía (AFC) y las AFP utilizaron para estimar los eventuales perjuicios causados a los fondos de pensiones y se concluyó que los criterios utilizados resultan válidos para sustentar las acciones legales que han emprendido o que emprendan en el futuro para obtener las indemnizaciones que correspondan”; explicó Agnic a CIPER. Y agregó: “Lo ocurrido en el denominado caso Cascada no guarda relación con la ausencia de medidas orientadas a favorecer buenas prácticas en las sociedades donde están invertidos los recursos de los fondos de pensiones, propias del ámbito de la Superintendencia de Pensiones, sino que más bien corresponde a un uso ilegítimo de estructuras societarias, lo que no obedece a una carencia legal o normativa, sino a abusos indebidos en el mercado de capitales”.

La defensa de Julio Ponce Lerou presentó en los descargos ante la SVS un estudio de la consultora Montblanc que contradice la tesis pérdidas y, al contrario, habla de millonarias ganancias. En el mercado, en cambio, se llegó a hablar de daño por US$ 70 millones, pero las mismas AFP son enfáticas en aclarar que las cifras podría variar, en la medida que se conozcan nuevos antecedentes a partir de las investigaciones de la SVS o bien, en las causas penales y civiles que están en curso. La aclaración –dicen especialistas– sería una estrategia para no fijar “un techo” a la indemnización que demandan en los tribunales civiles.

Paradójicamente, de cara a la opinión pública han hecho un esfuerzo comunicacional por minimizar el impacto que tendrían las pérdidas sobre los fondos previsionales. El presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, aseguró que sólo el 0,1% de la cartera de las AFP está invertida en las sociedades cascada. Habitat hizo lo propio y envió una carta a sus afiliados con el siguiente ejemplo: si un afiliado tiene un millón de pesos en sus fondos, la pérdida no superaría los $232 que de todos modos, se vería compensada por la rentabilidad histórica que ha obtenido la AFP.

Julio Ponce Lerou

Lo que dio pie a la acción de la Superintendencia de Pensiones fue el fallo sancionatorio de la SVS, con multas históricas que alcanzan los US$164 millones, para Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta, Leonidas Vial y Alberto Le Blanc y los gerentes de la corredora Larraín Vial (Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz).  Aunque las irregularidades comenzaron a descubrirse hace dos años y los primeros cargos se presentaron hace uno, hasta antes de que se conociera este fallo el ente fiscalizador de las AFP no había jugado un rol relevante.

Más allá de los montos, lo que está en el mar de fondo es la duda sobre el grado de responsabilidad que tienen las propias AFP al invertir en acciones de empresas que revisten un riesgo por su estructura, aunque legalmente tengan autorización para hacerlo pues han sido calificadas de “aefepeables”. Más aún, cuando el controlador tiene un historial de pugnas con otros inversionistas de sus empresas y cuando venían encendiéndose alertas en el mercado hacía un buen tiempo sobre los conflictos de Julio Ponce Lerou con accionistas minoritarios. Entre otras cosas, éstos han reclamado por la falta participación y de información sobre las decisiones. Como graficó en un seminario el director ejecutivo para Iberoamérica del gigante de las inversiones Blackrock, Axel Christensen: “El que con un niño duerme, amanece mojado”.

Hasta ahora, las AFP no han dado ninguna señal de estar revisando sus criterios de inversión o de que estén investigando puertas adentro las responsabilidades que pudieran tener sus ejecutivos en la decisión de invertir en las cascadas de Ponce Lerou.

Otro punto en cuestión es el control real que ejercieron los directores elegidos por las AFP y qué tan efectiva fue la mano fiscalizadora para velar el cumplimiento del deber fiduciario, que obliga a las administradoras a proteger la jubilación de casi 8 millones de chilenos.

VENDEN BARATO, COMPRAN CARO

A mediados de septiembre llegaron hasta el escritorio de la superintendenta de Pensiones los informes de las AFP. Algunas adjuntaron sendos documentos, con informes metodológicos que avalaban los cálculos de pérdidas asociadas a las operaciones que han sido sancionadas por la SVS. Otros, optaron por hacer presentaciones verbales ante la superintendencia, de modo de que no quedaran registradas por escrito sus estrategias, en el entendido de que están jugando sus cartas en los tribunales, para resarcirse de los daños económicos que reclaman frente a Julio Ponce Lerou y los responsables de las sociedades que participaron del engranaje que sancionó la SVS.

El sistema de cascadas que montó Ponce opera básicamente sobre la base de una empresa productiva (Soquimich) y una serie de empresas de papel (sociedades de inversiones) que invierten unas sobre otras. Desde una sociedad “aguas arriba” en la cascada, Julio Ponce Lerou controla Soquimich, mientras otros capitales, como los que administran las AFP, invierten en las sociedades que se descuelgan “aguas abajo” en la cascada.

En lo esencial, la investigación del ente que regula el mercado de valores estableció que entre 2009 y 2011, operó un esquema –con patrones comunes y reiterados en el tiempo– de operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascada (Norte Grande S.A, Oro Blanco S.A., Nitratos S.A., Pampa Calichera S.A. y Potasios S.A.), con el propósito de generar ganancias para el principal controlador (Julio Ponce Lerou) en desmedro de los accionistas minoritarios y de las mismas sociedades cascada.

La SVS determinó que para operar este esquema, Ponce Lerou se valió de empresas relacionadas que él mismo controlaba, sociedades con las que mantenía vínculos directos (operadas por Roberto Guzmán Lyon) o que sirvieron al propósito central, en calidad de instrumentales (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc). Las operaciones fueron intermediadas fundamentalmente por Larraín Vial Corredores de Bolsa.

En opinión de la SVS, existen a lo menos cuatro fórmulas diferentes para calcular las pérdidas que provocó este esquema liderado por Ponce Lerou. Las AFP tomaron principalmente una de ellas, que calcula el sobrecosto que habrían asumido las sociedades cascadas en las transacciones bursátiles cuestionadas. Vale decir, la pérdida ocasionada por vender a un precio inferior al que compraban de vuelta, provocando un perjuicio a las AFP como inversionistas minoritarios.

HABITAT: MÁS PÉRDIDAS QUE GANANCIAS

Fue la AFP Habitat la que abrió los fuegos, denunciando en 2012 ante la SVS irregularidades en la transacción de títulos relacionados con Soquimich y sociedades cascadas. Fue la primera y, hasta el momento, la única que ha seguido la vía criminal para perseguir responsabilidades, de la mano de los abogados Álvaro Morales y Luis Inostroza (ex fiscal). En su informe a la Superintendencia de Pensiones, anuncian que pronto van a sumar una demanda civil para reclamar indemnización por los daños “para lo cual se está preparando la información y documentación requerida”(ver informe Habitat).

Para anclar el cálculo de sus pérdidas –estimadas en $5.941.980.776 (aprox. US$11,5 millones– detallan seis operaciones bursátiles de las que recoge el fallo de la SVS, en que habría operado este esquema para generar ganancias a los controladores de Soquimich y sociedades Cascadas, en desmedro de los inversionistas minoritarios, como las AFP. En todos los casos citados, el método de cálculo es el sobrecosto que asumieron las sociedades cascadas al comprar y vender una determinada acción. Luego, en base a la participación accionaria de Habitat en esa sociedad, estiman el impacto directo sobre los fondos previsionales invertidos en estos papeles.

De acuerdo al reporte de Habitat, la operación que generó mayores perjuicios para esta AFP –que ocupa el segundo lugar del mercado con 2.086.512 de afiliados– asciende a US$4,5 millones y tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 7 de noviembre de 2011. Esta operación es relevante, porque de un lado la AFP gana y del otro pierde, aunque el balance final sea negativo.

La cadena de transacciones se inicia cuando la empresa cascada Oro Blanco vende en marzo 163.000.000 de acciones Calichera-A a $726 cada una, en un remate que se adjudica mayoritariamente Inversiones SQ, controlada totalmente por Ponce Lerou. Un porcentaje menor lo adquiere la sociedad de inversiones Norte Grande, que es la matriz de Oro Blanco.

Ocho meses después, en noviembre de 2011, Potasios –filial de Oro Blanco– compra 137.140.080 de las mismas acciones Calichera-A a quien le había vendido en marzo, Inversiones SQ. El precio de la transacción fue de $1.065 por acción, es decir $339 pesos más de lo que había vendido en marzo. Potasios financió la mitad de esa compra con un préstamo que le hizo la misma vendedora, controlada por Ponce Lerou. Habitat concluye que Potasios pudo haber comprado directamente a su controladora Oro Blanco cuando vendió títulos a $726 por acción, y en cambio “terminó pagando un 46,7% de sobreprecio” a una empresa de Ponce Lerou.

Durante ese mismo periodo, el 4 de noviembre de 2011, Potasios compró de las mismas acciones Calichera-A a Norte Grande a un precio de $1.050 por acción, en un remate a través de la corredora Larraín Vial “en un solo lote y con 23 horas de difusión”. Habitat concluye que, al igual que en el caso anterior, Potasios pudo haber comprado esas acciones directamente a su controladora Oro Blanco, cuando vendía a $726. Sin embargo, terminó pagando $1.050 a la sociedad matriz de Oro Blanco, en una vuelta más larga y cara.

Ese mes se genera una tercera operación del mismo tipo: Potasios compra acciones de Calichera-A a la sociedad instrumental Inversiones Transcorp (controlada por Alberto Le Blanc) a $1.060 la acción, cuando pudo comprarla a Oro Blanco, su matriz, a $726 la acción.

Habitat establece que en total hubo un perjuicio para sus fondos, porque Oro Blanco vendió 163 millones de acciones Calichera-A y luego compró esos mismos títulos (194.763.547 acciones) a través de su filial Potasio a un precio muy superior. En total, la pérdida sería de US$114 millones para la sociedad cascada. Como Habitat tenía en ese momento un 5,45% de la propiedad de Oro Blanco, estima el perjuicio en casi US$5,5 millones. Sin embargo, el otro lado de la medalla son las ganancias que obtuvo Habitat a través de su participación en la sociedad Norte Grande, al comprar a Oro Blanco en $726 la acción mientras que le vendió a Potasios en $1.050 la acción. En ese momento, Habitat tenía un 3,82% de Norte Grande, por lo tanto obtuvo una ganancia de US$1,2 millones.

Sumando y restando, la AFP vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción estima que sufrió un perjuicio neto de casi US$4,3 millones de dólares ($2.132.690.227), considerando que las sociedades cascada en estas operaciones  perdieron aproximadamente US$85 millones.

De acuerdo a Habitat, la pérdida por fondo y los cotizantes afectados se distribuyen así:

Fondo A: $438.718.100  (307.119 afiliados)

Fondo B: $644.789.440  (854.347 afiliados)

Fondo C: $918.655.579  (885.669 afiliados)

Fondo D: $127.458.336  (229.558 afiliados)

Fondo E: $3.068.772  (116.052 afiliados)

OPERACIONES FICTICAS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En la arista penal, la querella de Habitat apunta a quienes hayan tenido participación como autores, cómplices o encubridores en la investigación que lleva adelante el fiscal para delitos de alta complejidad, José Morales. Tomando como referencia los mismos casos que expuso ante la Superintendencia de Pensiones, la querella marca una leve diferencia en los montos del perjuicio para los fondos de pensiones, que en este caso suman US$12 millones en vez de US$11,5 millones.

La administradora apunta a probar que las transacciones bursátiles incurrieron en el delito de realización de operaciones ficticias, que se habrían realizado para fines distintos al interés social de las sociedades cascadas. “Si bien ésta fueron realizadas bajo el amparo de la normativa bursátil, no tenían por finalidad realizar las compras y ventas de que ellas dan cuenta, sino que más bien tenían un objeto oculto, artificioso, ilícito en sí mismo, como es la obtención de un beneficio particular en desmedro de las sociedades cascada”, asegura la AFP en la querella.

Hábitat acusa también uso de información privilegiada en el desarrollo de las operaciones bursátiles mencionadas. “Se obró concertadamente en la realización de las mismas, teniendo conocimiento de información que no había sido divulgada al mercado, relativa a las futuras operaciones de compra y venta de valores, y que influyeron directamente en la cotización de las mismas”, se afirma en el documento.

De momento, sólo esta administradora ha presentado acciones penales, sumándose en este camino a Moneda Asset Management, otro accionista minoritario que reclama un perjuicio a sus inversiones.

CAPITAL: SÓLO SE SALVÓ EL FONDO E

Fue en mayo de 2014 que AFP Capital demandó a Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta Camp, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc y ejecutivos de la Corredora Larraín Vial, a quienes la SVS ya había formulado cargos. El escrito presentado en los tribunales civiles fue enviado también a la Superintendencia de Pensiones, estimando en US$6,7 millones los perjuicios netos de los fondos previsionales invertidos en las sociedades cascadas(ver respuestade Capital). El texto notifica a la superintentendenta Tamara Agnic de que están estudiando los antecedentes para una eventual acción penal.

En la misma línea de la demanda civil, el informe de Capital a la superintendencia (ver documento adjuntado por Capital) afirma que sólo los fondos que tuvieron participación en las cascadas desde un inicio de las operaciones cuestionadas pueden adjudicarse daños.  Luego, establece dos fórmulas para calcular los daños para los fondos de los afiliados a Capital. El primero es el diferencial entre el precio a que se compraron acciones ofrecidas en el aumento de capital (y donde los minoritarios no concurrieron) y el precio al que efectivamente compraron en una segunda etapa, con el consiguiente perjuicio por el pago de sobreprecio. El segundo criterio es considerar los dividendos que no percibieron por no contar con las acciones en la oportunidad debida.

En base a la revisión de todas las operaciones donde hubo fondos de Capital comprometidos, la presentación concluye que los daños se distribuyen en cuatro de sus cinco fondos previsionales, como sigue:

FONDO A: $1.666.964.558 (306.107 afiliados)

FONDO B: $1.497.263.420 (646.422 afiliados)

FONDO C: $  584.184.034 (777.573 afiliados)

FONDO D: $  133.163.692 (258.505 afiliados)

EL MODUS OPERANDI SEGÚN AFP CAPITAL

La demanda civil de la AFP Capital, que patrocina el abogado Juan Ignacio Correa, es muy similar a la de Habitat, en el sentido de desmenuzar cinco operaciones de compra y venta de acciones en distintos periodos, para ilustrar el impacto en los inversionistas minoritarios y las ganancias para los controladores de las sociedades cascada, con la complicidad de sociedades vinculadas, relacionadas e instrumentales. En el caso de Capital –que se ubica en el tercer lugar del mercado con sus 1.821.062 afiliados– no solo se habla del pago de sobrecostos por estas transacciones, sino que incorpora otras conductas en este modus operandi que podrían dar pie al pago de indemnizaciones de perjuicios.

La primera figura que dibuja Capital es la “pérdida de oportunidades de negocio” para los accionistas de las AFP. Reclaman que en 2008, 2010 y 2011 los directorios de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera aprobaron aumentos de capital, que las sociedades cascada no pudieron suscribir en la etapa de opción preferente. Luego se pusieron a disposición del mercado las acciones remanentes de ese aumento de capital y tampoco concurrieron al remate u operación directa, dejando la pista libre para que compraran acciones otras sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales, beneficiando nuevamente a Julio Ponce Lerou y los ejecutivos sancionados por la SVS. Según la defensa de Capital, la transacción ocurrió en un remate en condiciones que “no contaron con la publicidad alineada al objetivo de maximizar la captación de mayores recursos” imponiendo barreras de entrada a la participación de mayor número de inversionistas.

Luego, sociedades que habían comprado ponían las acciones de vuelta en el mercado y las mismas dos empresas cascada compraban de vuelta a un precio muy superior, lo que en opinión de Capital, impidió una oportunidad de negocio que habría beneficiado a las AFP como accionistas minoritarios. Gran parte de estas operaciones de recompra eran financiadas por las sociedades de inversión que controlaba Ponce Lerou (Inversiones SQ e Inversiones SQYA).

Como segundo modo de operar de este esquema liderado por Ponce Lerou, el escrito de la AFP menciona “el sobreendeudamiento y venta de activos accionarios” en perjuicio de los intereses de las sociedades cascada. Capital sostiene que las forzaban a endeudarse o generaban aumentos de capital “sin consideración a un proyecto de inversión conocido o real o simplemente no concurriendo una legítima razón de negocios”, replicando el argumento que contiene el fallo sancionatorio de la SVS. De ese modo, con la presión del sobreendeudamiento se justificaba que se  desprendieran de su propio capital accionario, oportunidad que aprovechaban las sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales para comprar. Pero como estas sociedades cascada no podían perder el control sobre Soquimich, que es el activo que finalmente sustenta toda esta cadena, recompraban al cabo de un tiempo las mismas acciones a un precio superior. El argumento de Capital es que se consolidaba “la extracción sistemática de la liquidez y el detrimento económico ilícito de las sociedades de inversiones cascada, en beneficio de su controlador principal, Julio Ponce Lerou”.

Una tercera conducta irregular que menciona en su demanda la AFP Capital es la “generación de utilidades ficticias”. El mecanismo que cita la venta de acciones a una sociedad cascada relacionada o bien a un tercero, en una transacción que nunca pretendió desprenderse realmente de los títulos, sino generar una recompra a un precio superior. El objetivo: subir el precio del activo de modo de generar utilidades contables que servirían luego para repartir dividendos. Ilustra con ejemplos donde se registran operaciones de venta y recompra en forma casi simultánea, a un precio superior.

CUPRUM, A LA ESPERA

El catastro de la Superintendencia de Pensiones contempla cuatro AFP perjudicadas por la trama que habría encabezado Ponce Lerou –según la SVS– para dañar a las sociedades cascadas, donde tienen invertidos sus fondos estas administradoras. Entre ellas está Cuprum, quinta en el mercado según número de afiliados, con 636.461 cotizantes.

En un escueto documento, la administradora reporta a lo menos US$5 millones en pérdidas (ver informe Cuprum), tomando como base el cálculo que contiene el fallo sancionatorio de la SVS y que estima un daño total de US$300 millones para todas las sociedades cascada. No adjunta documentos explicativos ni desglosn los criterios que tuvieron a la vista para llegar a esa cifra. Solo menciona que “existen otros métodos de cálculo que esta administradora considerará en su mérito en el momento en que se interpongan las acciones del caso”. Es probable que esta AFP haya expuesto verbalmente ante la superintendencia su metodología para estimar los daños, como parte de su estrategia.

Hasta el momento no ha presentado ningún tipo de acción legal, pero según adelanta en el escrito, podría pedir indemnización por perjuicios y está analizando acciones criminales “que pudieran servir como instrumento de apoyo y recolección de mayores antecedentes para una fundada interposición de la demanda civil”.

PROVIDA: “PUEDEN AUMENTAR LOS PERJUICIOS”

Entre las AFP que respondieron la solicitud de informar a la Superintendencia de Pensiones, Provida siguió un modelo diferente para presentar los perjuicios que estima en sus inversiones. Los antecedentes de esta administradora de fondos de pensiones cobran particular relevancia dado que es por lejos la AFP que maneja el mayor número de afiliados: 3.311.650 personas. Sin entregar mayores detalles –los habría entregado verbalmente– agrupa las pérdidas según los tres ciclos que estableció la SVS en su investigación, para separar los momentos en que habría operado el esquema para perjudicar a las sociedades cascada en beneficio de Julio Ponce Lerou y las empresas relacionadas, vinculadas e instrumentales. No analiza operaciones al detalle.

Con insistencia, Provida aclara que la metodología de cálculo es la misma que utilizó la SVS para estimar los perjuicios y que “los montos indemnizables solo pueden ser determinados judicialmente”. Provida presentó una demanda civil, a través de los abogados Enrique Alcalde Rodríguez y Germán Subercaseaux, y en esa oportunidad no especificó montos de perjuicios. En cambio, sí lo hace en su respuesta al oficio de la Superintendencia de Pensiones

En total, Provida calcula que las pérdidas derivadas de las operaciones sancionadas por la SVS alcanzan 186.954 UF  ($4.530.456.282 ó US$7,7 millones). Durante el primer ciclo (2009) reporta un perjuicio avaluado en 43.476 UF ($1.053.553.908 ó US$ 1.8 millones); para el segundo ciclo (2010) estima el monto en 143.478 UF ($3.476.902.674 ó US$5,9 millones) y en el tercer ciclo (2011) Provida determinó que no hubo perjuicio, porque no había inversiones comprometidas en ese momento en las sociedades cascadas (ver informe Provida).

En el documento que hizo llegar a la Superintendencia de Pensiones desglosa estos montos según el impacto que tuvo en cada fondo que administra:

FONDO A: $944.771.971 (430.826 afiliados)

FONDO B: $1.319.947.277 (1.184.283 afiliados)

FONDO C: $1.938.640 (1.549.483 afiliados)

FONDO D: $323.147.055 (482.130 afiliados)

PLANVITAL: INFORME RESERVADO DE MORANDÉ

La AFP Planvital es la única de las cinco administradoras requeridas por la superintendencia que no reportó perjuicios económicos para las inversiones de sus fondos. El informe que remitió a la autoridad señala que sus fondos compraron acciones de Norte Grande en agosto de 2011 y de Oro Blanco entre enero y marzo de 2012 “por lo que no tuvieron exposición a las transacciones entre las sociedades cascadas, vinculadas, relacionadas e instrumentales” del esquema develado por la SVS (ver informe Planvital).

Planvital es la más pequeña de las AFP, con 388.774 cotizantes. Para respaldar la conclusión de su informe, cita un estudio encargado al economista y ex ministro Felipe Morandé, con fecha septiembre 2014. El único hecho que podría salpicar a los fondos de Planvital –y que es mencionado en el informe– es un dictamen que emitió la SVS en mayo de 2012 y que obligó a rehacer los estados financieros de Oro Blanco del año anterior. En ese momento sí tenía acciones comprometidas. Lo que objetó entonces la superintendencia fue que se consignaron en los balances como utilidades contables las utilidades obtenidas por la transacción de acciones entre empresas relacionadas, no mediando un tercero, como exigía la SVS. Al respecto, Planvital afirma que “aquel hecho no habría afectado la trayectoria del precio de la acción”, por lo que los fondos administrados por Planvital tampoco habrían sufrido el daño económico de otros inversionistas.

Aunque la superintendencia no liberó el informe de Morandé, CIPER tuvo acceso a ese documento, donde se detalla la metodología utilizada. Primero, analizó todas las compras diarias que hicieron los fondos de Planvital en acciones de Oro Blanco y Norte Grande. Luego, hizo lo mismo con las ventas de títulos de ambas sociedades. Finalmente, estimó el periodo en que los fondos de pensiones estuvieron expuestos –entre fecha de compra y de venta– y su monto de exposición en cada acción.El segundo paso fue determinar si podía medirse el perjuicio económico con los datos existentes.

La conclusión, tras analizar el detalle de las transacciones con las acciones de Oro Blanco y Norte Grande, es que “no se puede comprobar que haya existido pérdidas económicas”. El informe de Morandé consigna que Planvital vendió todas las acciones que mantenía de Oro Blanco en agosto de 2014, esto es un mes antes de que se conocieran las sanciones de la SVS. En el caso de Norte Grande, la AFP se deshizo de los títulos en abril de 2013, cinco meses antes de que la SVS formulara cargos en este caso.

FONDO DE CESANTÍA

La Asociación de Fondos de Cesantía Solidario (AFC) reportó una participación marginal de su cartera en las sociedades cascada, con un saldo positivo para sus fondos. En el primer caso, informa que tuvo acciones de Pampa Calichera-A, entre el 10 de diciembre de 2009 y el 12 de diciembre de 2010. El precio de compra fue de $856 la acción y el de venta, $870, por lo que no se registraron pérdidas para estos fondos (ver informe AFC).

Para el caso de Oro Blanco, compraron acciones en enero de 2012 y las mantienen hasta hoy. Aun cuando consignan que el precio de la acción ha bajado, mientras no se liquiden no se materializa pérdida alguna.

La campaña electoral de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI) tuvo un factor común que los distingue de todos quienes buscaron un cupo en la Cámara Alta en los años 2009 y 2013. A diferencia de los otros competidores, el 100% de los gastos de las campañas de Larraín y Coloma fue financiado con aportes reservados privados. No recibieron un peso de donantes anónimos, no tuvieron aportes privados de carácter público, no sacaron plata de su bolsillo, ni pidieron al Estado el reembolso al que tenían derecho.

El dato se desprende del análisis realizado por los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega, del Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales, quienes agregan ahora a nuestro especial de financiamiento electoral (ver mini sitio) los datos de las elecciones senatoriales de 2009, año en que correspondió elegir en las regiones impares. Con ello, queda completa la visualización y el análisis de los ingresos de todos quienes actualmente ocupan un sillón en el Senado. El especial fue rediseñado y se agregaron nuevos datos, como por ejemplo, la diferencia entre los montos solicitados y los efectivamente devueltos por el Servicio Electoral (Servel) después de las presidenciales de 2013.

Hernán Larraín

El origen de los gastos de campaña del senador Larraín es una información relevante en la discusión actual sobre financiamiento electoral, pues es uno de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo que significa que será uno de los cinco senadores que deberá votar en las próximas semanas si se aprueba o rechaza el artículo que elimina los aportes reservados y de empresas. La indicación fue presentada por los diputados Vlado Mirosevic (Independiente) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática), quienes lograron incorporarla al proyecto de ley que modifica el sistema electoral, la que fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Mientras avanza la tramitación de ese proyecto en la sala del Senado, Larraín es uno de los parlamentarios que negocia con el gobierno dejar fuera del texto legal que modifica el sistema binominal todo lo referente a financiamiento de campañas (ver nota del diario Pulso), para convertirlo en un proyecto de ley separado y que se discutiría el año próximo.

En 2009, el senador Hernán Larraín consiguió reunir $248 millones por la vía de aportes reservados, los que constituyen el total de los fondos que reportó al Servel. Comparando la misma información de aportes reservados entre los integrantes de la comisión de Constitución del Senado, lo sigue de cerca el senador Alberto Espina (RN), quien obtuvo el 98,4% de sus aportes de manera reservada ($153 millones). Un poco más atrás se ubica Felipe Harboe (PPD), quien recaudó de esa forma el 88,89% de sus ingresos electorales, lo que le dio un total de $272 millones. Lejos quedan los otros dos senadores de la comisión: Alfonso De Urresti (PS) recibió el 15,98% ($13 millones) de su financiamiento por la vía reservada y Pedro Araya (Independiente), quien obtuvo el 13,63% ($13 millones) de sus aportes con esa fórmula.

LOS FAVORITOS DE LAS EMPRESAS

En el especial de CIPER se puede revisar candidato por candidato la fuente de financiamiento de sus campañas senatoriales. El énfasis está puesto en los aportes reservados por su peso en el total y porque en las últimas semanas ha quedado en evidencia que en realidad la identidad de los donantes es reservada para los ciudadanos, pero los candidatos por una u otra vía se enteran de la identidad de quiénes les aportan por esa vía. Hasta ahora varios parlamentarios lo han reconocido públicamente. Una información inédita ha aportado nuevos elementos al debate del financiamiento de la política pues ahora, y por primera vez, se conoce el nombre de las empresas que pidieron beneficios tributarios luego de hacer aportes vía Servel. Fue el diario La Tercera el que consiguió la información a través de la Ley de Transparencia y la publicó (ver lista).
El Servel reveló recientemente que el 96% de los aportes reservados proviene de empresas privadas, por lo tanto el monto de este tipo de donaciones entrega una buena aproximación para saber a qué candidatos prefieren las empresas.

En 2013 hubo elecciones senatoriales en diez circunscripciones. En ocho de ellas, es decir, en el 80% de los casos, el candidato o candidata más favorecido con aportes reservados militaba en algún partido de la Alianza (UDI o RN).

En siete circunscripciones el candidato o candidata que obtuvo el mayor monto de aportes reservados militaba en la UDI: Manuel Rojas, Gonzalo Uriarte, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer e Iván Moreira. Los primeros cuatro perdieron la elección. Los otros tres asumieron su cargo en marzo.

En las restantes tres circunscripciones los candidatos que lideraron en aportes reservados fueron: Alberto Cardemil (RN) –quien perdió la elección–; Felipe Harboe (PPD) y Carolina Goic (DC). Los dos últimos fueron los únicos candidatos de la Nueva Mayoría que superaron al resto de sus competidores en la recaudación de aportes reservados.

La situación fue similar en 2009, cuando se eligieron senadores en nueve circunscripciones. En siete de ellas, es decir, en el 78% de los casos, el candidato o candidata más favorecido con aportes reservados militaba en la UDI o en RN.

En cinco circunscripciones fue un militante de la UDI quien recibió el mayor monto de aportes reservados en su circunscripción: Jaime Orpis, Marcelo Forni, Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín y Ena Von Baer. Forni y Von Baer perdieron la elección, mientras que Orpis, Coloma y Larraín asumieron sus cargos en el Congreso, estos dos últimos con campañas financiadas íntegramente con aportes reservados, como se dijo anteriormente.

Los senadores de Renovación Nacional, Baldo Prokurica y Alberto Espina, lideraron la recaudación de aportes reservados en sus respectivas circunscripciones. Ambos resultaron electos. Los únicos dos candidatos de la Concertación que superaron a sus competidores en este ítem fueron Patricio Walker (DC)  y Ricardo Lagos Weber (PPD), quien incluso superó a Joaquín Lavín (UDI) en este ítem.

Lavín, quien es uno de los dirigentes de la UDI más experimentado en campañas electorales desde que se recuperó la democracia, está muy consciente de que su sector es el más favorecido por las donaciones de las empresas. En una reciente entrevista en La Tercera, el ex alcalde y ex candidato presidencial acusó a la Nueva Mayoría de usar el escándalo desatado por la investigación en curso del financiamiento de campañas ilegal que habrían hecho los dueños del Grupo Penta, para debilitar el financiamiento de las campañas de la centroderecha. ¿Cómo?: al “restringir el aporte privado y principalmente de las empresas”, dijo Lavín (ver entrevista).

Camilo Escalona

El favoritismo de los empresarios por la UDI se refleja no sólo en relación a los competidores en cada circunscripción, sino también en la proporción que los aportes reservados representan respecto al total de ingresos de cada candidato. En 2013, el 89% (8 de 9 candidatos) de los candidatos de la UDI obtuvo más de la mitad de sus ingresos por la vía reservada, mientras que el 57% de RN (4 de 7) y los tres candidatos independientes de la Alianza financiaron más de la mitad de sus campañas con aportes reservados. En la Nueva Mayoría, el 66,7% (2 de 3) de los candidatos del PPD superó el umbral de 50% de donaciones reservados, el 43% (3 de 7) de los de la Democracia Cristiana y el 14% del Partido Socialista (de los 7 candidatos, sólo Camilo Escalona superó la mitad). Ni el candidato comunista (el PC llevó un candidato a senador) ni los dos independientes superaron el margen.

Al comparar los datos se constata que se produjo prácticamente una repetición de lo ocurrido cuatro años antes. En esa elección, el 86% (6 de 7) de los candidatos de la UDI obtuvo más del 50% de gastos reservados, mientras que en RN sólo lo hizo la mitad (4 de 8 candidatos), al igual que los independientes de la Coalición por el Cambio (1 de 2). Tal como en 2013, 2 de los 3 candidatos del PPD (66,7%) obtuvieron más de la mitad de sus ingresos con carácter de reservado. En la DC fueron 3 de 8 candidatos (37,5%) y en el PS, nuevamente Camilo Escalona fue el único de los 4 candidatos que tuvo más del 50% de ingresos reservados. Ni el PRSD ni los independientes superaron esa frontera. Fuera de las dos grandes coaliciones, Carlos Ominami sí cruzó la línea, a diferencia de los tres candidatos del PRI (partido que entonces dirigía Adolfo Zaldívar), quienes se mantuvieron bajo el umbral del 50%.

EL DINERO ES IMPORTANTE, PERO…

El análisis y visualización del financiamiento de la campaña de 2009 permite concluir que, tal como en 2013 (ver nota de CIPER), hay candidatos que tiraron la casa por la ventana en términos de gasto y fueron desplazados por campañas muchísimo más baratas. El ejemplo más llamativo es el de Tomás Jocelyn-Holt, quien en 2009 (entonces representando a la DC), fue el segundo candidato que más gastó en la carrera por la Araucanía Norte ($182 millones) y, sin embargo, fue desplazado con muchísima ventaja por Alberto Espina (RN, $187 millones) y por Jaime Quintana (PPD), quien gastó menos de la mitad ($84 millones) (ver tabla). Peor aún, Jocelyn-Holt es uno de los candidatos con mayores aportes propios a la campaña, al gastar $125 millones de su bolsillo. Como obtuvo sólo 7.481 votos (entre Espina y Quintana sumaron 92 mil), el gasto por voto arroja la estratosférica suma de $24.443.

Tomás Jocelyn-Holt

Pero a Jocelyn-Holt no le importó que la campaña fuera un mal negocio y en 2013 se lanzó al desafío presidencial, esta vez sin el apoyo del partido en el que militó desde su época de dirigente estudiantil (DC). Como se sabe, no le fue mejor. Fue el candidato que obtuvo menos votos (12.594) y aunque gastó la mitad que en la campaña senatorial de 2009 ($94 millones), el Servel le rechazó gran parte de los gastos, por lo que sólo le reembolsó $8,6 de los $75,5 millones que pedía (ver tabla).

Otra reincidente fue Ena Von Baer (UDI), quien compitió por la Araucanía Sur en 2009. Gastó $289 millones y fue derrotada por José García (RN, $112 millones) y Eugenio Tuma (PPD, $99 millones). En 2013 -y tras haber sido designada como reemplazante de Pablo Longueira en el Senado por su partido-, corrió ahora por la Región de Los Lagos, donde gastó $333 millones (97% de ellos de origen reservado).

Joaquín Lavín en la Quinta Costa ($378 millones) y Marcelo Forni en la Quinta Cordillera ($385 millones) fueron otros de los grandes gastadores en las senatoriales 2009 que no lograron un cupo en la Cámara Alta.

El Ministerio del Deporte (Mindep) decidió bloquear el acceso de todas las sociedades anónimas del fútbol profesional al sistema de donaciones deportivas. La medida fue adoptada tras la constatación hecha por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de que al menos tres de estas empresas -Colo Colo, Cobreloa y Deportes Concepción- recibieron donaciones que generan importantes rebajas tributarias, a pesar de que la ley establece que ese beneficio está reservado sólo para organizaciones sin fines de lucro. La nómina de las sociedades del fútbol profesional que han incurrido en esta irregularidad es más amplia, pero sus nombres serán el resultado de una investigación en curso del ministerio.

Fue una investigación publicada por CIPER el pasado 27 de agosto (vea el reportaje “El millonario negocio de las donaciones deportivas”) la que dejó en evidencia que al menos siete sociedades del fútbol profesional estaban financiando una parte importante de su negocio -las series de jugadores infantiles y juveniles- mediante el uso de donaciones reguladas por la Ley del Deporte.

La irregularidad fue informada por el mismo ministerio al Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que ahora deberá pronunciarse respecto de si se generaron infracciones a la normativa tributaria que den pie a acciones judiciales.  El Mindep también ofició a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entidad que fiscaliza el funcionamiento de las sociedades del fútbol profesional, a objeto de que determine si se deben imponer sanciones.

-La supervisión de las sociedades anónimas deportivas profesionales corresponde a la superintendencia, de acuerdo a la ley de sociedades anónimas deportivas (…). Lo que debiera operar son las sanciones que puede tomar la SVS, algo que podría llegar hasta a la disolución de la sociedad anónima –indicó a CIPER el director jurídico del Ministerio del Deporte, Ernesto Galaz.

Natalia Riffo

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional del Deporte, la sociedad anónima que más ha utilizado esta vía de financiamiento irregular es Blanco y Negro, concesionaria que administra los bienes de Colo Colo. La sociedad controladora del club popular accedió entre 2010 y 2012 a donaciones que sumaron un total de $1.065 millones para financiar sus series menores (infantiles y juveniles). Los contribuyentes que hicieron esos aportes, obtuvieron rebajas tributarias de hasta un 50% de lo donado.

Al conocer los detalles revelados por CIPER en agosto pasado, la ministra del Deporte, Natalia Riffo, señaló que se iniciaría una investigación:

-Solicité que se revisaran estas dudas, en particular por la participación de sociedades anónimas en un beneficio para entidades sin fines de lucro. Si se encuentran irregularidades, se realizará una investigación.

El 4 de septiembre la ministra Riffo se presentó ante la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, tras la publicación de CIPER, donde se comprometió a investigar lo ocurrido. Luego, al interior del Mindep se inició la recopilación de antecedentes para proponer medidas correctivas, las que serán presentadas próximamente a la misma comisión parlamentaria.

Justo antes de que se dieran a conocer las correcciones, arreciaron las críticas al Mindep por haber favorecido al fútbol por sobre otras disciplinas en el presupuesto 2015. Este miércoles 29 de octubre unos 150 atletas protestaron frente a La Moneda porque cerca del 90% del aumento de presupuesto para el deporte de alto rendimiento fue inicialmente destinado a subsidiar entradas para el Mundial de Fútbol Sub 17, torneo que se jugará el próximo año en nuestro país. Aunque finalmente el gobierno comprometió un incremento efectivo de $3 mil millones para el alto rendimiento, la molestia de los atletas se hizo sentir en Palacio, donde fueron recibidos por la ministra Riffo y el secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde.

LA MÁSCARA DEL “FÚTBOL JOVEN”

En el período 2010-2013 las donaciones deportivas sumaron un total que superó los $58 mil millones. Y si se agrega lo que va de 2014, la cifra estaría llegando a unos $70 mil millones. Los registros del Instituto Nacional del Deporte (IND) indican que, hasta 2013, las cinco empresas que más habían donado son: Copec ($5.353 millones), Nestlé ($3.023 millones), Coca Cola ($2.621 millones), Banco BCI ($2.291 millones) y VTR ($1.944 millones).

Los antecedentes revisados por CIPER indican que a lo menos siete sociedades de fútbol profesional han utilizado el sistema de donaciones deportivas: Colo Colo, Everton, Wanderers, Cobreloa, Audax Italiano, Unión Española y O’Higgins. En el caso de Universidad Católica, no fue la sociedad Cruzados SADP la que accedió a las donaciones, sino la Fundación Club Deportivo Universidad Católica, entidad sin fines de lucro que entregó la concesión de sus derechos en el fútbol profesional.

Para vulnerar el filtro que exige que las donaciones sólo beneficien a organizaciones sin fines de lucro, las  sociedades que accedieron al sistema se presentaban bajo otros nombres: Club Deportivo Colo Colo Fútbol Joven, Cobreloa Fútbol Joven, Club Deportivo La Celeste (O’Higgins), Everton Fútbol Joven y Fuerza, Garra y Corazón Fútbol Joven (Deportes Concepción), entre otros.

Gabriel Ruiz-Tagle

El “fútbol joven” es presentado por Blanco y Negro en su página web como una de sus “unidades de negocios” más importante, “donde nacen y se forman los futbolistas del futuro”. Efectivamente, uno de los principales activos de un club de fútbol profesional son los derechos federativos de los jugadores formados en sus series menores, los que en algunos casos pueden valorizarse en millones de dólares. En ese sentido, es inexplicable que el Estado subsidie, por la vía de rebajas tributarias, un negocio privado millonario.

También resulta inaudito que el Instituto Nacional del Deporte, entidad encargada de calificar a las organizaciones que acceden al sistema de donaciones, haya considerado como entidades sin fines de lucro a las series infantiles y juveniles de clubes profesionales. Más aún cuando el subsecretario de Deportes y responsable del IND en los últimos años fue Gabriel Ruiz Tagle, quien conocía perfectamente la importancia del “semillero” de jugadores para el negocio del fútbol profesional, ya que fue presidente y accionista mayoritario de Blanco y Negro S.A.

LA PROPUESTA

A fines de agosto, el Mindep pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que le informara si en sus registros aparecen sociedades anónimas del fútbol profesional que declaren haber recibido donaciones sujetas a la franquicia tributaria regulada por la Ley del Deporte. En su respuesta, la SVS señaló que en las memorias anuales de Cobreloa SADP, Fuerza, Garra y Corazón SADP (Deportes Concepción) y Blanco y Negro S.A. se mencionaba el uso de estas donaciones para financiar sus divisiones menores.

Sobre la base de lo informado por la SVS, el análisis jurídico realizado al interior del Ministerio del Deporte indicó que la situación descrita contraviene la legislación vigente. Específicamente, el artículo 64 de la Ley del Deporte, que prohíbe a las personas jurídicas con fines de lucro recibir o dar donaciones. Según el mismo análisis, la fiscalización y responsabilidad de evitar estas prácticas irregulares recaía en el Instituto Nacional del Deporte, organismo que debía verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias.

Respecto de investigar y sancionar responsabilidades internas, el director jurídico del Mindep, Ernesto Galaz, señaló que se hará una investigación, pero no “una caza de brujas”:

- Nos interesa perfeccionar los mecanismos para que estas cosas no vuelvan a pasar, porque lo que aquí hay es que son las sociedades anónimas las que dolosamente solicitaron recursos al Estado. Finalmente, ellos son los principales responsables por haber engañado al Estado –dijo Galaz.

Entre las medidas anunciadas por el director jurídico del ministerio, se cuenta “mejorar las bases de postulación, borrar de los registros a los clubes que sabemos que son sociedades anónimas y hacer una investigación específica a aquellas organizaciones con denominaciones de ‘fútbol joven’”. De esta forma, el Mindep iniciaría un plan de supervigilancia a todas las instituciones que lleven el nombre de “fútbol joven” o que estén vinculadas a una Organización Deportiva Profesional. De esta manera, se verificará si existen más sociedades que estén incurriendo en la misma irregularidad.

EL CABO SUELTO

Otra arista denunciada por el reportaje inicial de CIPER fueron las “agencias” deportivas, quienes se presentan ante el Instituto Nacional del Deporte como clubes sin fines de lucro, pero en verdad cobran una comisión a las empresas que desean organizar eventos deportivos y rebajar impuestos.

Las agencias operan presentando ante el IND una serie de proyectos deportivos (corridas, baile entretenido, cicletadas, entre otros) que han sido pactados previamente con las empresas que desean pagar menos impuestos. El IND aprueba esos proyectos y los incluye en las nóminas que se publican cuatro veces al año para recibir donaciones. Finalmente, el dinero lo pone la misma empresa interesada en descontar tributos. Con este modelo de negocios, las “agencias” capturaron el 66% de las donaciones (más de $11.697 millones) en 2013.

El director jurídico del Mindep, Ernesto Galaz, señaló que también están estudiando medidas para que el sistema privilegie a las organizaciones deportivas sin fines de lucro por sobre estas agencias:

- Para el sistema de donaciones de 2015 ya cambiamos los criterios de selección (de los proyectos que son habilitados para recibir donaciones) y vamos a cambiar las bases de participación para limitar al máximo las contraprestaciones. Se limitará la participación de agencias o personas jurídicas. Antes no había límite. Todavía estamos buscando cuál es el mejor número, pero se va a buscar una manera más concreta de controlar, para que no sea un conjunto de agencias las que se lleven un 50% o un 60% de las donaciones.

“No tenemos imperio para decir sabe que más, las agencias no van a participar, porque así como hay agencias buenas, hay agencias malas”,  remató Galaz.  Por eso, el Ministerio del Deporte hará una campaña de capacitación a organizaciones deportivas, para que ellas mismas puedan postular y no tengan que acudir a agencias.

El fin del grifo de oro

Entre las múltiples funciones y actividades que desempeñó Agustín Edwards en los años sesenta, también estaba la de ser el presidente de una universidad. Doonie encabezaba el consejo directivo de la Universidad Técnica Federico Santa María, un cargo que había heredado de su padre y que este, a su vez, había heredado del suyo. En efecto, desde su creación en 1931, la universidad siempre había estado bajo la tutela de un Agustín Edwards.

Como en otras empresas y organizaciones, Edwards se aseguró de que sus intereses estuvieran bien representados en el consejo. Así, desde fines de los años cincuenta figuraban como directores del consejo su hermano Roberto Edwards y su fiel abogado Carlos Urenda Zegers. El vicepresidente era Jorge Ross Ossa. Además, en el directorio también estaban dos personas que, debido a los estatus de la institución, habían sido escogidas por Edwards. Uno era el administrador general de la Fundación Santa María, Gustavo Olivares Cosulich, que también se desempeñaba como miembro del directorio en otras cuatro empresas de Agustín Edwards, y el rector de la universidad, Carlos Ceruti Gardeazábal.

Edwards tenía buenos motivos para ejercer un estrecho control sobre el directorio de esa universidad ubicada en Valparaíso.  Y estos no se relacionaban necesariamente con el proyecto educativo, sino con intereses financieros. A través de la Fundación Federico Santa María, Doonie controlaba  las inversiones de la universidad, las que se extendían a muchos ámbitos económicos. Una parte importante de esos dineros estaba colocada en empresas que él mismo controlaba o en las que quería lograr una mayor participación, como lo eran la CCU, la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada, la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), que era presidida por Jorge Ross Ossa, o Cementos Melón, que estaba parcialmente en manos de la familia Eastman, sus parientes políticos. El agente inversor de la universidad era el Banco de A. Edwards, el que, a su vez, también era el banco oficial para todo tipo de transacciones administrativas de la universidad, como el pago a profesores y proveedores.

El propio Jorge Ross Ossa recordó muchos años después cómo funcionaban estos vínculos:

Existía una estrecha vinculación mía con el grupo Edwards, que tenía una influencia importante en la CCU a través del Banco Edwards, el que administraba el patrimonio de la Fundación Santa María con una inversión importante en acciones de CCU […] Mi vinculación con la CCU nació de un cambio generacional en los años 1950 a raíz del fallecimiento de don Agustín Edwards Budge [cuando] don Agustín Edwards Eastman reemplazó a su padre en la presidencia de la fundación.

En efecto, la universidad había sido, desde su fundación, un importante vehículo de inversiones para los Edwards. Durante décadas fue una suerte de línea de crédito permanente que les permitió usar los fondos de la inmensa herencia de Federico Santa María —un corredor de bolsa chileno que se había enriquecido a comienzos de siglo en París—, para invertirlos en todo tipo de títulos financieros y corporativos.
Pero la importancia que la universidad y la Fundación Santa María tuvieron para el imperio económico de los Edwards era desconocida en esa época. Tras casi cuarenta años de plácido dominio, todo cambió de golpe para la familia Edwards en octubre de 1967, cuando los estudiantes del plantel de Valparaíso se tomaron la casa central. «Las tomas universitarias en esa época revelaban la documentación oculta de los planteles —afirma Luis Maira, entonces un diputado de la DC que investigó a fondo el caso de la Universidad Santa María—. Eran una suerte de mecanismo de transparencia de información y, en este caso, mostraban todos los vínculos desconocidos entre los Edwards y la Universidad Santa María, el cordón umbilical que unía a ambos.»

A partir de la toma, la situación empeoró con rapidez. Las críticas a Edwards y su manejo de la universidad se hicieron cada vez más bulliciosas. Los estudiantes, parte del profesorado y muchos miembros del Congreso comenzaron a exigir el fin del predominio de los Edwards en la universidad. La delicada situación en esa universidad suponía un ataque directo al sistema nervioso central del grupo Edwards, que durante tantas décadas se había beneficiado de administrar las finanzas de la institución y asimismo la herencia de Federico Santa María. Además, para Doonie también tocaba una delicada fibra emocional. Después de todo, había sido su abuelo el que encabezó todo el proceso de erigir desde cero la universidad, aunque haya sido con el dinero de otro.

La historia de los vínculos entre los Edwards y la universidad se remontaba a una época en que esa institución de educación no era más que un anhelo del magnate Federico Santa María. En la primavera de 1919, Santa María visitó a Agustín Edwards Mac Clure en Londres, donde el abuelo de Doonie se desempeñaba  como embajador de Chile. Santa María había tratado en sus años mozos con un ya viejo Agustín Edwards Ossandón, el patriarca original del clan, del cual guardaba gratos recuerdos. Durante la conversación, que duró más de cuatro horas, Santa María le explicó a Edwards Mac Clure su idea de crear, tras su muerte, una institución técnica e industrial en su ciudad natal de Valparaíso.  Y le pidió al embajador que fuera él quien llevara a cabo esa tarea.

«Hasta ese día —escribió unos años después Edwards Mac Clure en tercera persona— no conocía al señor Santa María sino por referencias de amigos comunes y por haberse encontrado con él casualmente en una o dos ocasiones por cortos instantes.»  Más de treinta años mayor que el tercer Agustín, no está claro por qué Santa María escogió a Edwards Mac Clure. Pero una posibilidad es que le diera confianza el hecho de que este era tan o más rico que él mismo. Aunque halagado, Edwards le hizo ver el inconveniente de nombrar a una sola persona para ejecutar esa idea testamentaria y le sugirió varios nombres adicionales.

Federico Santa María falleció seis años después en París, a los ochenta años. Dos meses más tarde, en febrero de 1926, se abrió en Valparaíso su testamento. Y este reflejaba que Santa María había sido un millonario chileno atípico para su época. Profundamente anticlerical, muy liberal en su vida privada —nunca se casó, pero convivió durante décadas con la francesa Anna Guillaud—, uno de sus deseos era «levantar al proletariado de mi país [porque] es el deber de las clases pudientes contribuir al desarrollo intelectual del proletariado».

En su testamento, Santa María nombró como albaceas y ejecutores de sus disposiciones testamentarias a Agustín Edwards Mac Clure, Juan Brown, Carlos van Buren y Andrew Geddes, siendo estos últimos tres hombres los que el propio Edwards le había propuesto en sus conversaciones de 1919. En su última voluntad, el multimillonario agente de bolsa pidió que se estableciera en Valparaíso una escuela de artes y oficios y, después, un colegio de ingenieros, «poniendo al alcance del desvalido meritorio llegar al más alto grado del saber humano». Y en un fiel reflejo de su liberalismo, Santa María agregó:

En ningún caso se admitirán al internado de la escuela y del colegio alumnos de parientes pudientes, pero podrán estos matricularse en el externado de ambos establecimientos […] Siendo estas instituciones esencialmente laicas, toda instrucción religiosa queda de hecho prohibida dentro de los colegios, la que debe ser dada por sus parientes a domicilio […] Tanto la escuela de artes y oficios como el colegio de ingenieros, y toda otra institución que pudiera crearse más tarde, deben agregar a su título el nombre de JOSÉ MIGUEL CARRERA [sic], en homenaje al gran patriota que dio el primer grito de independencia en Chile.

Pero, además, Santa María añadió una frase que sería crucial para el control que ejercería la familia Edwards sobre la futura universidad:

En los hechos, a los pocos años del fallecimiento de Santa María, Agustín Edwards Mac Clure era el único albacea que quedaba en pie. Juan Brown renunció a su función nada más conocerse el testamento. Andrew Geddes murió pocos meses después. Y Carlos van Buren, que había hecho carrera en el Banco de A. Edwards, falleció solo tres años después de abrirse el testamento de Santa María.

Así que gran parte de la labor de cumplir con la voluntad de Santa María recayó en el abuelo de Doonie. Fue él quien encabezó el concurso para contratar a una firma de arquitectos para construir el campus del futuro centro educacional.  Y también fue él quien comandó la búsqueda de profesores extranjeros, que era una de las disposiciones de Santa María, optando por pedagogos alemanes, que en esa época eran los más avanzados en educación técnica.

«En ningún país está mejor organizada y más desarrollada que en Alemania la enseñanza técnica —afirmó en 1929 Edwards Mac Clure—. Además, el profesorado alemán había dado ya en Chile espléndidos resultados y su carácter parecía más adaptable al medio ambiente nacional.»

En mayo de 1929 se reunió por primera vez el consejo directivo de la Fundación Santa María que los albaceas habían establecido a comienzos de 1927. Agustín Edwards Mac Clure viajó especialmente desde su exilio en París a Valparaíso para hacer su exposición. El régimen de Carlos Ibáñez no le puso inconvenientes para ello. «De los tres [albaceas] que aceptaron hacerse cargo de la tarea —comenzó Edwards Mac Clure—, solo quedo yo para dar cuenta de la labor común realizada en los tres años que han transcurrido desde que se abrió su testamento.»

Además, el balance revelaba que la fundación le debía algo más de medio millón pesos al Banco de A. Edwards. En una gimnasia contable que hoy en día no sería muy común, también registró como pasivo una donación de 2,2 millones que el propio Edwards Mac Clure le hizo a la fundación.

Según Ricardo Nazer, que es uno de los historiadores que más ha investigado y escrito sobre la fortuna del clan Edwards en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la enorme herencia de Federico Santa María fue un «verdadero salvavidas para los Edwards, ya que les permitió acceder a un fondo de inversión inmenso y así ganar directorios por doquier».  Es decir, al igual que la lógica financiera que aplicó la familia en el siglo XIX, el clan no creaba empresas propiamente tales, sino que invertía en compañías existentes y trataba de hacerse con el control mayoritario de estas.

Además, la herencia de Santa María llegó a manos de los Edwards en un momento oportuno. La Gran Depresión de los años treinta sorprendió al clan en un paulatino desfinanciamiento, provocado por el costoso estilo de vida de varios de sus numerosos herederos, e inversiones financieras fallidas de los Agustines, como la apuesta por el salitre en momentos en que ese mineral ya estaba en plena decadencia.

A la muerte del abuelo, el padre de Doonie heredó el cargo de presidente de la Universidad Federico Santa María. Fiel a su carácter retraído, el nuevo Edwards al mando siguió con las cosas tal como estaban. Probablemente, el mayor aporte que hizo Agustín Edwards Budge fue componer el nuevo himno de la universidad en 1956, pocos meses antes de fallecer.

Sin embargo, Doonie era mucho más ambicioso que su padre. También él había heredado el cargo, pero quería dejar su huella. La primera gran oportunidad para intervenir en los asuntos de la universidad llegó en 1958, cuando el rector Francisco Cereceda, que había desempeñado su cargo desde 1936, fue llamado por el recién electo Jorge Alessandri Rodríguez para asumir el Ministerio de Educación. Eso le dio la oportunidad de nombrar al nuevo rector. El consejo directivo optó por Carlos Ceruti, un ingeniero mecánico de cuarenta años que se había graduado en el propio establecimiento. Probablemente fue una sugerencia de Jorge Ross Ossa, que había trabajado con Ceruti en varios proyectos en Valparaíso y Viña del Mar.

El perfil de Ceruti calzaba plenamente con el proyecto modernizador que el poderoso triángulo de Edwards, Ross y Urenda tenía en mente, y que se podía resumir en una simple idea: había que acercar la universidad al mundo de la empresa privada. Tras graduarse en 1940, Ceruti se había desempeñado como ingeniero en la Compañía de Gas de Valparaíso, en la que la familia Edwards poseía acciones hacía casi un siglo y en la que el padre de Doonie había sido miembro del directorio. Después cofundó la firma de ingenieros Edwards, Ceruti y Compañía, la que se dedicaba a la fabricación de aparatos mecánicos y montajes de equipos industriales. Aunque no era un académico, el perfil de Ceruti calzaba con la idea de Edwards de tener a alguien a la cabeza de la universidad que apreciara el vínculo entre el mundo universitario y el mundo productivo.

El diagnóstico que compartían los hombres a cargo de la Universidad Santa María era que las universidades tradicionales, en especial las estatales, estaban demasiado encerradas en su mundo académico, y que solo se dedicaban a impartir las profesiones liberales, por lo que contribuían poco al desarrollo económico del país. «Es absurdo seguir pretendiendo formar solo a humanistas abstractos en países como los nuestros», afirmó en una ocasión el rector Ceruti.

El propio Agustín Edwards delineó por primera vez estas ideas en un discurso que dio en diciembre de 1961, con motivo de la ceremonia de clausura del año académico:

En años anteriores […] planteamos algunos de los problemas que detienen el progreso industrial, entre los cuales el más sobresaliente es la carencia de personal especializado […] La cuestión álgida es la falta de material humano adecuado, no tanto por las condiciones de inteligencia, intuición y rendimiento de nuestra raza, que todos reconocen, como por la desarticulación que ha existido durante largos años en el proceso educativo y la falta de conexiones entre este proceso y las metas de desarrollo que debemos alcanzar.

Un año después, Edwards y el rector Ceruti se embarcaron en un publicitado viaje de estudios que llevó a quince altos dirigentes universitarios y empresariales chilenos a México y Estados Unidos, con el fin de «estudiar las relaciones entre las universidades y la industria, [y] discutir la organización y los propósitos de las escuelas profesionales, en especial las de administración de empresas y de ingeniería industrial».  En la delegación chilena estaban Juan Gómez Millas, rector de la Universidad de Chile; monseñor Alfredo Silva, rector de la Universidad Católica de Santiago, y José Piñera, el representante de la Corfo y padre del futuro presidente chileno. La gira fue auspiciada por el Consejo de Rectores, que en esa época agrupaba a las siete universidades  existentes en el país, el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), fundado en 1953, y por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (Usaid). Entre las instituciones que visitó la delegación chilena estaban el Instituto Tecnológico de Monterrey, las universidades de California, Stanford, Harvard y Yale, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), las fundaciones Rockefeller y Ford, y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Al final de la estadía en Estados Unidos, la delegación chilena fue recibida en la oficina oval por el presidente John F. Kennedy.

Era el 2 de marzo a las 3.25 de la tarde. Una foto de ese encuentro muestra a un joven Edwards deambulando con actitud distraída detrás del mandatario norteamericano.

Tras ver en terreno la estrecha colaboración científica y de investigación que existía entre la educación superior y el mundo productivo en Estados Unidos, Agustín Edwards y Carlos Ceruti retornaron a Chile más convencidos que nunca de la necesidad de realizar un importante giro hacia la empresa. La falta de personas calificadas para ingresar al mundo de las empresas era, a juicio de ellos, una situación alarmante que incluso podría frenar el desarrollo económico del país.

El diagnóstico no era del todo errado. En efecto, en esa época la educación técnico-profesional en Chile era bastante escasa. A nivel de educación superior, solo la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Técnica del Estado, que se había creado en 1947 al fusionar más de una decena de escuelas técnicas e industriales de todo el país, tenían como foco educar a técnicos e ingenieros para las industrias nacionales. El propio Gobierno de Frei se hizo cargo de esta carencia. En 1966, la Corfo creó el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap), que contó con el apoyo financiero de varios gobiernos europeos.

En una conferencia para empresarios latinoamericanos que se realizó en marzo de 1964, el rector de la Universidad Santa María hizo una larga exposición titulada «La educación  y la empresa privada». En esta, Carlos Ceruti hizo un llamado a favor de una mayor interacción entre el mundo de la industria y el de la enseñanza.

«La iniciativa privada debe asumir sin tardanza la parte que le corresponde en el proceso educativo y formativo de nuestros países para suplir los vacíos que presentará todavía por muchos años la educación pública estatal», afirmó el rector y, acto seguido, lanzó un desafío ante los más de cien empresarios presentes. «Ante estos problemas, ¿por qué no usar, entonces, como escuelas las propias fábricas y las propias empresas productoras?  Allí están los talleres, las máquinas, las herramientas.»

Y eso era, en efecto, lo que la Universidad Técnica Federico Santa María ya estaba haciendo. En 1964, la Escuela de Artes y Oficios de la universidad contaba con trece escuelas industriales instaladas en distintas empresas, desde mineras en Iquique hasta lecheras en Osorno. Algunas de estas empresas pertenecían a Agustín Edwards. Las llamadas «escuelas satélite» de la universidad funcionaban, por ejemplo, en una fábrica de la CCU en Limache, en los talleres de prensa de El Mercurio S.A.P. y editorial Lord Cochrane en Santiago, en una fábrica de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones en Laja, en una planta de la CRAV en Penco, en las labores de cabotaje de la Compañía Sudamericana de Vapores en Valparaíso, en algunas plantas textiles de la familia Yarur en Santiago, y en la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno.

Además, a partir de 1963, la universidad recibió asesorías de un grupo de ejecutivos de grandes empresas chilenas. En varias de ellas, Jorge Ross Ossa desempeñaba un papel clave. Como ingeniero químico y director en varias empresas industriales y mineras, Ross Ossa fue uno de los grandes impulsores de esta política educativa. La labor de este grupo de ejecutivos, en el cual también participó Hernán Cubillos, era buscar formas de estrechar aún más los lazos con el mundo de la producción privada. Una idea, por ejemplo, fue que las universidades hicieran y financiaran investigaciones que fueran pertinentes a las necesidades de las empresas.

Pese a estar en casi una veintena de directorios de empresas y asociaciones, Agustín Edwards se daba el tiempo de llevar personalmente algunos asuntos de la universidad. En especial, aquellos que tenían que ver con las relaciones internacionales.  Así, el 21 de febrero de 1963, por ejemplo, le escribió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Mora, contándole que el consejo directivo de la universidad había creado una beca internacional y que «es la idea de este consejo que sea la propia Organización de Estados Americanos quien proponga candidatos idóneos de cualquier país miembro». La beca era en honor a Juan Marín Rojas, un reconocido médico, profesor universitario y escritor chileno, que había fallecido unas semanas antes.

La gestión de Ceruti y la activa participación de Agustín Edwards en el diseño de ese nuevo modelo educacional fue generando, con los años, un fuerte resentimiento al interior de la universidad. En un documento elaborado en 1970, después de la reforma universitaria, la secretaría general de la Universidad Federico Santa María hizo un breve recuento de los años en los que Doonie estuvo al mando:

Elemento de fundamental importancia en este período es la participación del grupo Edwards, que [hasta 1958] había tenido un papel más bien pasivo de mera administración financiera, en virtud de sus vinculaciones legales con la institución. Con el cambio de dirección se produjo una injerencia decisiva de dicho grupo en la planificación global y la dirección general de la universidad en términos de largo plazo.

Mientras el consejo directivo empujaba cada vez más por estos cambios, al interior de la institución se estaban incubando tres elementos que, al fusionarse en 1967, hicieron volar por los aires el proyecto educativo de Agustín Edwards.

El primero era que este enfoque de enseñanza, que hoy en día se ha extendido por gran parte del sistema de educación superior del país, causó resquemores en amplios sectores de la sociedad chilena de la época. Muchos temieron que este modelo educacional pusiera a la universidad al servicio de las empresas privadas y de sus propios intereses y necesidades.  Y estos no necesariamente coincidían con el desarrollo nacional y el «bien común», que eran grandes aspiraciones en esa década. El joven diputado democratacristiano Luis Maira, que había sido elegido en 1965 a los veinticuatro años de edad, denunció en octubre de 1967 que «no es posible que este tipo de universidad técnica sirva el interés de un pequeño grupo de capitalistas, ya que su tarea es garantizar el desarrollo chileno».

El senador del Partido Comunista Volodia Teitelboim se sumó a esta crítica, denunciando que «el clan Edwards gobierna, maneja y negocia con las disposiciones testamentarias de don Federico Santa María».

El ambiente en el Congreso a fines de los años sesenta era abiertamente hostil a los grandes grupos económicos y muy sensible al tema de la educación. En la elección parlamentaria de 1965, más de una decena de jóvenes menores de treinta años había ingresado al Congreso. Y entre ellos estaban varios ex dirigentes universitarios, como Luis Maira (ex presidente de la FECH), Pedro Urra (ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción), Guido Castilla (ex presidente de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado), entre otros.

Dentro de la propia Universidad Federico Santa María surgieron cada vez más voces que se quejaban de que la institución era administrada como una empresa. Por ejemplo, muchos profesores tenían contratos anuales, que eran susceptibles de ser revocados. Aunque hoy es una práctica bastante común, en esa época era vista como un atentado en contra de la dignidad académica. De hecho, en marzo de 1967 hubo un movimiento docente en la universidad que amenazó con una renuncia masiva de profesores. La protesta exigía mejoras salariales y de condiciones laborales, además de reclamar por una mayor dignidad académica. En efecto, como parte del plan de modernización impulsado por Ceruti y Edwards, desde mediados de la década la universidad comenzó a utilizar a jóvenes universitarios del Cuerpo de Paz estadounidense en funciones docentes. Los profesores también reclamaron por la estructura del consejo directivo, afirmando que este no cumplía con la voluntad de Federico Santa María. En su testamento, él estableció que el consejo debía estar conformado por sus albaceas y por representantes del cuerpo docente. Sin embargo, desde el comienzo, Agustín Edwards Mac Clure dispuso que solo un miembro del profesorado participara en el directorio. Y esa situación se mantuvo hasta fines de los años sesenta. En cambio, el abuelo de Doonie estipuló que, de manera permanente, tres miembros del consejo serían el presidente del Banco Central, el rector de la Universidad de Chile y el alcalde de Valparaíso.

El segundo elemento era el financiamiento de la universidad. Aunque era una institución privada, al igual que las universidades católicas del país, sus recursos provenían cada vez más del Estado. Hacia 1967, el fisco aportaba más del 80 por ciento de todo el dinero que el establecimiento requería para funcionar. La pregunta que muchos se hicieron era por qué el Estado tenía que subsidiar un modelo educativo que, cada vez más, favorecía a empresas privadas, muchas de las cuales incluso pertenecían a miembros del consejo directivo. «Estos albaceas —alegó en noviembre de 1967 el senador Teitelboim, refiriéndose a Agustín Edwards, Jorge Ross Ossa y Carlos Urenda Zegers— se preocupan de la Universidad Santa María solamente para administrar los bienes de la fundación y participar en los directorios de la CRAV, de La Chilena Consolidada, de Cervecerías Unidas.»

Y el tercer elemento, que proveyó la chispa para que el caso de esta universidad estallara en público, fue la toma de la casa central de la Federico Santa María a comienzos de octubre de 1967. La toma se pudo evitar. Dos semanas antes, el 20 de septiembre, el presidente y el vicepresidente de la Federación de Estudiantes del plantel le escribieron una carta a Agustín Edwards. Reclamaron que, pese a una movilización de treinta y dos días que realizaron los estudiantes en 1966, después de la cual se les prometieron algunos cambios en la forma de gestión, nada había sucedido. Edwards nunca les respondió formalmente.  Su secretaria les hizo saber a los estudiantes que el presidente del consejo estaba de viaje en el extranjero. Lo mismo sucedió con Jorge Ross Ossa, que era el vicepresidente del consejo. Tampoco respondió a los estudiantes por encontrarse de viaje. El rector Carlos Ceruti y Carlos Urenda Zegers, que era miembro del directorio, estaban en Chile pero tampoco recibieron a los universitarios.  Y cuando estos se tomaron la casa central, las autoridades  de la universidad se negaron a conversar con ellos mientras no desalojaran el lugar. Incluso pidieron la intervención de la fuerza pública para desalojarlos, pero las autoridades políticas no accedieron a esa petición.

El movimiento estudiantil se radicalizó. Además de exigir reformas que estaban en boga en ese tiempo, como el gobierno triestamental, el pliego de peticiones incluyó derechamente la destitución del rector Ceruti y la anulación de los estatutos de la Fundación Santa María que otorgaban tanto poder a los descendientes de los albaceas. Es decir, pedían también la salida de Agustín Edwards.

Las autoridades de la universidad perdieron el control de la situación. Y así, lo que inicialmente fue un conflicto de orden universitario interno, pronto adquirió una dimensión nacional. El Gobierno de Eduardo Frei trató de mediar, pero no tuvo éxito. El que recogió el guante fue el Congreso, el que en esa época podía legislar por sí mismo y después someter sus proyectos de ley a la aprobación —o veto— del Poder Ejecutivo. Provistos de la documentación financiera que les entregaban profesores y estudiantes, la Cámara de Diputados pasó a la ofensiva.

El 18 de octubre de 1967, dos semanas después de iniciada la toma, el diputado Luis Maira pidió a la Contraloría un informe sobre los manejos financieros de los bienes de la universidad. Además, el legislador llamó a sus colegas a «no dar curso a la asignación de fondos públicos a favor de esta universidad» mientras no se resolviera el conflicto.  Y elevando las apuestas, el Comité Demócrata Cristiano de la Cámara Baja dejó en claro que la permanencia de Carlos Ceruti en la rectoría era un obstáculo para avanzar en una solución.

En enero de 1968 llegó el informe de la Contraloría. Aunque esa institución no podía dar cuenta de las inversiones y los manejos financieros de la Fundación Santa María, por cuanto era un ente privado, sí desglosó los aportes fiscales a la universidad. Y estos correspondían, para 1967, al 84 por ciento del presupuesto total de la institución.

Poco a poco comenzó a dilucidarse la relación entre las inversiones que realizaba la Universidad Federico Santa María en distintas compañías y el papel que desempeñaban algunos de sus directores en esas mismas empresas.  «Al principio era solo un rumor, se intuía que había nexos —recuerda hoy Luis Maira—. Pero muy pronto tuvimos entre manos un caso nítido de vínculos entre un grupo empresarial y una universidad, para provecho del primero.»

Por ejemplo, en esas semanas se reveló que la universidad tenía inversiones en la CCU. El presidente y vicepresidente de esa compañía eran Agustín Edwards y Jorge Ross. Y ambos ocupaban los mismos cargos en el consejo directivo de la Universidad Federico Santa María. También salió a luz que la universidad tenía acciones en la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada y en la Compañía Industrial. En ambas empresas figuraban como directores Agustín Edwards, su hermano Roberto Edwards y Carlos Urenda Zegers, que simultáneamente también estaban en el consejo de la universidad.

Estos descubrimientos llevaron al senador socialista  Tomás Chadwick a acusar a los Edwards de «haber transformado la fundación de beneficencia Federico Santa María en un verdadero holding de empresas, para mover capitales, controlar sociedades y montar un imperio económico». Y a comienzos de 1968, Luis Maira auspició un proyecto de ley para anular la Fundación Santa María y convertirla en una corporación de derecho privado. Con ello buscaba sacar definitivamente  a Edwards de la universidad.

Las revelaciones fueron un fuerte golpe de imagen, del cual Agustín Edwards difícilmente se podía recuperar. Sin embargo, Doonie contraatacó. De la mano de Carlos Urenda, cuya firma de abogados obtenía a estas alturas casi la mitad de sus ingresos del grupo Edwards, desplegó una fuerte ofensiva legal. Su gran arma era una disposición que Federico Santa María había dejado en su breve testamento de cinco páginas. En unas pocas líneas, el testamentario afirmaba que ante cualquier cambio de su última voluntad, sus albaceas deberían trasladar sus bienes para contribuir «al fomento y desarrollo de una o más instituciones científicas de Estados Unidos de América […] a elección de mi heredero». Fue esta afirmación la que usaron los abogados de Edwards para intimidar a sus adversarios con la amenaza de cerrar la universidad y trasladar los recursos a Estados Unidos.

En paralelo, congresistas de la derecha salieron en defensa de Edwards. El senador Pedro Ibáñez, que en 1966 había fundado a partir de las cenizas de los partidos Liberal y Conservador el Partido Nacional, afirmó que «existe una actitud evidentemente persecutoria contra quienes conducen ese establecimiento […] se les persigue, de manera principal, por la posición política que sustentan».

Durante el largo proceso de la reforma universitaria, la derecha siempre sostuvo la tesis de que los conflictos universitarios que el país estaba experimentando, sobre todo a partir de 1967, eran reflejo de un intento de la Democracia Cristiana de hacerse con el control de las universidades.  «El Partido Demócrata Cristiano desarrolló y difundió innumerables doctrinas tendientes a destruir el principio de autoridad —afirmó Ibáñez en febrero de 1968—. Esto explica lo que sucede ahora en la Universidad Santa María de Valparaíso.»

Y unas semanas después, el mismo congresista denunció indignado:

«El Gobierno pretende incautarse de una universidad privada».

Claro que Pedro Ibáñez tenía motivos para estar asustado. Él mismo había fundado en 1953 la Escuela de Negocios de Valparaíso, a la que después le puso el nombre de Adolfo Ibáñez en honor a su padre.

El conflicto puso a La Moneda en una situación incómoda. Frei y Edwards todavía mantenían una relación  estrecha.  Y la ofensiva del equipo jurídico de Doonie, amenazando con cerrar la institución y trasladar sus recursos a Estados Unidos, contaba con buenos fundamentos legales. Pero el Gobierno estaba bajo la presión de sus propios parlamentarios, en especial del llamado sector tercerista, que era más de izquierda. Ellos, pero también los legisladores socialistas, comunistas y radicales, estaban exigiendo anular la personalidad jurídica de la Fundación Santa María. También tenían buenos argumentos. Por ejemplo, después de detallar cómo el ex presidente Arturo Alessandri había disuelto en 1933 por mero decreto el conglomerado salitrero Cosach, en parte para salvaguardar los intereses de su amigo Agustín Edwards Mac Clure, el senadorsocialista Tomás Chadwick preguntó a sus colegas de la Cámara Alta: «¿Se puede, entonces, negar al Parlamento chileno la facultad de resolver una situación que se ha hecho odiosa e insostenible y que financieramente  significa haber transformado a la Fundación Federico Santa María en un holding de empresas?».

Al final, el presidente Frei vetó en marzo de 1968 el proyecto de ley de Maira, que había sido aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, fue solo una victoria pírrica para los intereses de Agustín Edwards. En efecto, el veto sustitutivo contemplaba que Frei podía escoger al nuevo rector entre una quina elegida por una asamblea de profesores. Ello significó la caída del rector Carlos Ceruti, satisfaciendo así una de las demandas de los estudiantes.

Aunque la intervención de La Moneda no llevó a la expulsión inmediata de los albaceas controlados por la familia Edwards, a los pocos meses se cambiaron los estatutos, convirtiendo la fundación en una corporación de derecho privado. Así, a partir de 1969, Agustín Edwards y sus directores secuaces tuvieron que abandonar la universidad. Fue un duro traspié para Doonie. Se cerraba así de golpe el gran grifo de capitales frescos que la herencia de Santa María había proporcionado a su familia por cuatro décadas.

Los estudiantes de la universidad cantaron victoria. Habían logrado doblarle la mano a uno de los grupos económicos más poderosos del país. Como recordaron solo dos años después, en 1970:

El conflicto significó, antes que nada, quitar la universidad a un grupo oligárquico que junto con ejercer dominio sobre sectores importantes de la economía nacional, había tomado el control de ella, ejerciendo un poder y determinando orientaciones que estaban en desacuerdo con los intereses y concepciones del movimiento estudiantil y sectores importantes del profesorado.

Curiosamente, los acontecimientos de 1967 y 1968 no se mencionan actualmente en las reseñas históricas que la propia universidad divulga.

El conflicto en la Universidad Federico Santa María duró seis largos meses, en los que se paralizaron todas sus actividades. «Los funcionarios no trabajábamos y solo íbamos el día 25 de cada mes a la administración general a cobrar el sueldo», rememoró un ex funcionario años después.

Por cierto, la administración general de la universidad funcionaba en una sucursal del Banco de A. Edwards, en la calle Prat de Valparaíso.

Perder la Universidad Técnica Federico Santa María fue un enorme revés para Agustín Edwards. No fue solo una derrota comercial, sino también una ideológica. «El caso de la Universidad Santa María tuvo un importante efecto pedagógico —recuerda el ex diputado Maira—. Contribuyó a cuestionar la legitimidad de Edwards y El Mercurio.»

Durante meses, el diario había sostenido en sus editoriales que los movimientos estudiantiles de 1967 formaban parte de un plan de infiltración comunista. Los estudiantes reaccionaron. El 11 de agosto de 1967, los alumnos que se habían tomado la casa central de la Universidad Católica de Santiago desplegaron en plena Alameda un cartel que, hasta hoy, persigue al diario y su dueño. Este rezaba: «Chileno: El Mercurio miente».

El diario de Agustín Edwards reaccionó ante el desafío estudiantil con su tradicional estilo pausado, insistiendo en su tesis de infiltración.  Al día siguiente afirmó en un editorial que «lo lamentable es que el movimiento que promueven ciertos grupos de estudiantes en las universidades católicas no nace de estas, sino que corresponde a un plan elaborado y divulgado por los comunistas».

El redactor de esa pieza fue probablemente Thomas Mac Hale, el editorialista de El Mercurio que en esos años estaba a cargo de los temas de educación. A fines de los años setenta, un asesor del Senado estadounidense, Fred Landis, identificó a Mac Hale como uno de los periodistas remunerados por la CIA para implantar editoriales y noticias en el diario de Edwards.

La dura oposición de El Mercurio a los movimientos estudiantiles católicos de mediados de 1967 guardaba relación con el temor de Agustín Edwards de que estos se extendieran  a otras universidades, entre ellas la Federico Santa María. Fiel a una práctica que mantiene hasta hoy, en toda la cobertura noticiosa y editorial de los acontecimientos universitarios de 1967 y 1968, el periódico nunca mencionó que su propio dueño tenía intereses frente al conflicto.

Al principio, Edwards y los editores en el diario no tomaron muy en serio la pancarta de «El Mercurio miente».  Pero al poco andar se dieron cuenta de que los estudiantes de la UC habían logrado desnudar, en una sola frase de fácil recordación, todo el poder y la red de influencias ocultas que en esa década muchos le atribuían a ese diario y su dueño.

«La izquierda  tenía muy clara la intromisión del grupo Edwards y El Mercurio en la gestación de leyes —afirma Manuel Cabieses, quien entonces era el jefe de la redacción de la revista Punto Final—. Eran un suprapoder,  muchas veces por encima de la propia institucionalidad del país.»  De cierta manera, el cartel de los estudiantes puso esto en evidencia.

«A nosotros nos golpeó mucho, nos dolió mucho —se lamentó años después Arturo Fontaine, quien entonces ya era el subdirector del periódico—. Para un diario que se precia de su seriedad, decirle que miente es lo más ofensivo que le pueden imputar.»

Durante dos años los fiscalizadores de la Contraloría General de la República revisaron las cuentas de 105 municipalidades de todo el país para inspeccionar el uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada al mejoramiento de la educación de los niños más pobres. Los resultados estuvieron listos en mayo de 2012 y fueron demoledores: $25 mil millones se ocuparon en fines distintos a los señalados por la ley o están “perdidos” (vea el reportaje publicado entonces por CIPER). Casi dos años y medio después aún no hay sanciones por el desvío de esos fondos. Y todo indica que no las habrá.

La Contraloría hizo la denuncia en el Ministerio Público y entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que hasta septiembre de este año había originado 32 procesos judiciales. Pero las causas están prácticamente paralizadas y probablemente se cerrarán sin sanciones, debido a que el Congreso Nacional despachó una ley que brindó un “perdonazo” a los municipios y alcaldes infractores. Una fórmula que fue considerada como una puñalada por los funcionarios de Contraloría, porque los legisladores les quitaron el piso y los convirtieron en un león sin dientes ante los departamentos y corporaciones de educación municipales.

En la entidad fiscalizadora persiste un clima de preocupación, pues el “perdonazo” podría repetirse ahora que una serie de auditorías han dejado al descubierto otro multimillonario desvío de recursos destinados a la educación municipal: más de $7 mil millones del Programa de Integración Escolar (PIE) también están “perdidos” (vea el reportaje de CIPER con el detalle). Para la fecha de publicación del reportaje, se habían divulgado 153 informes. Semanas más tarde se agregaron los informes de La Serena y Ovalle, que en conjunto exhiben una pérdida de casi $3 mil millones del programa. Cifra que, sumado a los $7 mil millones mencionados en el artículo, muestra que los dineros perdidos sobrepasan los $10 mil millones.

En estos días se completa el proceso con la publicación de las últimas auditorías. Son 244 informes en total que darán paso a la confección de un informe consolidado.

“Tuvimos un resultado tremendo en las cifras, pero nulo”, dijo el contralor Ramiro Mendoza el pasado 22 de septiembre ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que busca esclarecer qué ocurrió con los fondos SEP confiados a municipalidades. La comisión es presidida por el diputado Claudio Arriagada (DC), quien jugó un rol clave en la aprobación del “perdonazo”, pues cuando era alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades encabezó el lobby de los jefes comunales ante el Parlamento para conseguir la reforma que legalizó el desvío de estos fondos (ver recuadro).

La formación de la comisión investigadora fue aprobada en la Cámara el 23 de julio y hasta la fecha lleva seis sesiones realizadas.

“DESPELOTE”

En la Contraloría se evalúa como un precedente nefasto la reforma legal que posibilitó dejar sin sanción el mal uso de los recursos SEP. Porque los parlamentarios la aprobaron cuando ya sabían que la Contraloría estaba auditando los gastos de esa subvención y ya estaban además advertidos de las múltiples y graves irregularidades detectadas. En los hechos, con el “perdonazo”, los legisladores dejaron sin piso a la entidad fiscalizadora y pusieron a los alcaldes a salvo de procesos sancionatorios.

El trabajo realizado por la entidad fiscalizadora, que se refiere a las horas utilizadas en cada una de las 105 auditorías y en la confección del informe consolidado que destapó el mal uso de los fondos de la Ley SEP por parte de los municipios, tuvo un costo superior a los $650 millones.  Algo que tampoco pareció importar al momento de amnistiar los gastos con fines distintos a los establecidos en la ley.

“Hay una suerte de cultura del despelote en el gasto público”, dijo el contralor Ramiro Mendoza en su exposición ante la comisión investigadora de la Cámara. Y agregó: “El ambiente de falta de control nos puede producir hallazgos de peor o de mayor claridad desde el punto de vista del reproche ético más adelante”. Y, precisamente en relación a lo que puede suceder “más adelante”, mencionó las nuevas irregularidades detectadas en el Programa de Integración Escolar. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados intentará incluir también estos recursos en su investigación, por lo que acordó solicitar autorización para ampliar sus objetivos.

Ramiro Mendoza

Una semana después de su intervención ante la comisión investigadora de la Cámara, el contralor Mendoza amplió sus críticas y disparó, en un tono desenfadado e inusual para su investidura, contra diversas reformas institucionales, entre ellas la que creó el Ministerio Público. Lo hizo al impartir una clase magistral para el II Seminario de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Sociedad Libre (UC), la que fue ampliamente citada en un artículo de La Segunda del pasado miércoles 1 de octubre, desatando una aguda controversia en el mundo político.

Aunque el contralor declaró con posterioridad que sus palabras fueron “diseccionadas” y “distorsionadas”, el ex senador Camilo Escalona (PS) dijo en radio Cooperativa que la intervención de Mendoza daba pie para el estudio de una acusación constitucional en su contra.

El round entre Escalona y el contralor tiene su historia. Fue precisamente Camilo Escalona, cuando aún era senador, quien introdujo en el debate legislativo la indicación que en octubre de 2011 terminó concediendo el “perdonazo” a los alcaldes que malgastaron los recursos SEP. Para cerrar con éxito esa iniciativa, que resultó crucial para las aspiraciones de los alcaldes que deseaban presentarse a la reelección en 2012, Escalona contó con el apoyo del entonces senador Eduardo Frei (DC).

La modificación legal que generó el “perdonazo” -propuesta por Escalona y Frei-  fue una reforma al artículo Nº 15 transitorio de la Ley SEP, el que luego fue promovido también por el gobierno de Sebastián Piñera. El cambio estableció que un 15% de los gastos realizados con fondos SEP hasta el 31 de agosto del 2011 podían ser distintos a los establecidos por la ley, siempre que se hubiesen ocupado en otro ítem relacionado con educación. Así fue “blanqueado” el uso indebido de una subvención destinada a los alumnos vulnerables y que fue ocupada en el pago de deudas previsionales de profesores y servicios básicos de los colegios, entre otros ítems.

GOLPE A CONTRALORÍA Y CDE

Tanto Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado, como el contralor Ramiro Mendoza, piensan que esta modificación a la Ley de Subvención Escolar Preferencial efectuada en 2011 fue un duro golpe para la fiscalización y persecución que realizan ambas entidades.

Juan Ignacio Piña

En la sesión de la comisión investigadora de la Cámara celebrada el pasado 25 de septiembre, Juan Ignacio Piña aseguró ante los diputados que “la persecución penal emprendida por el CDE se vio seriamente afectada” por la modificación de la ley efectuada en 2011. Y sostuvo que la reforma provocó que las rendiciones de gastos de los municipios fuesen aceptadas por el Ministerio de Educación (Mineduc), lo que avalaría que el dinero se haya destinado a otros fines, restando fuerza a los alegatos del CDE. Según el presidente del Consejo, “las fichas que se han jugado a favor de la regulación han provocado un impacto en la persecución de los delitos que es relativamente claro”.

Juan Ignacio Piña mostró su desánimo por los escasos avances de los procesos judiciales: “Las investigaciones habían ido avanzando y, si bien a juicio del Consejo existen una serie de antecedentes que ameritan a lo menos una formalización, ello no ha sucedido”. Por esta razón, reconoció que en varias ocasiones han tenido “discrepancias con el Ministerio Público”, entidad que no siempre persevera en la persecución.

Entre los 32 procesos judiciales que impulsa el CDE por gastos fuera de la norma de la Subvención Escolar Preferencial, las diez comunas con las cifras más abultadas son: Ovalle ($2.420 millones), San Bernardo ($2.861 millones), La Florida ($1.793 millones), Cerro Navia ($1.688 millones), Conchalí (1.555 millones), La Serena ($1.489 millones), Maipú ($1.225 millones), Copiapó ($1.120 millones), San Fernando ($1.139 millones) y Quinta Normal ($914 millones). (Vea aquí la nómina completa).

Tras la publicación del informe de  las auditorías a los fondos SEP, difundido en 2012, la Contraloría presentó seis denuncias ante el Ministerio Público y presentó al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes de 43 casos. Las denuncias ante el Ministerio Público involucraban  $2.975 millones que pudieron ser objeto de malversación de fondos públicos y corresponden a fondos que administraron los municipios de San Bernardo, La Florida, Conchalí, Ancud, Longaví y Curacaví.

Con los antecedentes que recibió, el CDE ha iniciado o se ha hecho parte hasta fines de septiembre pasado de 32 causas judiciales (ver la nómina de todos los procesos), también por posible malversación de recursos públicos. Según explican en el Consejo de Defensa del Estado, el número de causas es inferior a la cantidad de municipios en los que la Contraloría detectó irregularidades, debido a que se dejaron de lado aquellos casos donde las objeciones se debían sólo a faltas administrativas que no daban pie a una persecución penal.

Del total de causas, ninguna cuenta con formalizados. En paralelo, la Fiscalía Centro Norte recibió una denuncia (en abril pasado) sobre un supuesto fraude que involucra $ 774 millones de fondos SEP y $170 millones de recursos provenientes de la Junji en la comuna de Quilicura. En la acusación se vincula a Marcia Ibarra, prima de la esposa del alcalde de esa comuna, Juan Carrasco, con la desaparición del dinero. Se investiga si parte de esos recursos se habrían utilizado para solventar viajes a Europa.

En junio se realizaron las primeras diligencias, donde se incautaron una serie de documentos, discos duros y notebooks. Además, se pidió una fotocopia de un certificado de título de Ingeniera Civil Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) de Ibarra que, según la denuncia, sería falso. Según explicó el fiscal Jaime Retamal a La Tercera, “se sospecha que había algún tipo de apoderamiento de fondos del SEP y también de fondos provenientes de Junji”. Siete meses más tarde, la investigación realizada por Retamal, persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, permitió formalizar a Ibarra por fraude al fisco, quedando con medidas cautelares. El CDE también se hizo parte de esta querella, transformándose así en la querella número 33 de los casos SEP.

PROBLEMAS EN LA FISCALÍA

Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, dice que el escaso avance de los juicios no es responsabilidad de un mal manejo del Ministerio Público. En materia penal, explicó a CIPER, es muy complicado establecer un delito en este tipo de casos, debido a que los recursos públicos no fueron utilizados en fines particulares, sino en otros fines públicos: “La aplicación pública diferente es un delito que ha sido sumamente criticado por la doctrina penal, porque establece que la desviación de recursos tiene que haber sido arbitraría”, argumenta.

Marta Herrera, Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción

Gran parte de estos recursos SEP mal utilizados se ocuparon en deudas previsionales o servicios básicos de colegios, algo que para la mayoría de los jueces no es considerado un gasto arbitrario.

-Cuesta pensar para qué fin público se podría gastar dinero, que sea realmente arbitrario, cuando todo va encontrar una justificación -dice Marta Herrera.

El abogado y profesor de la Universidad Católica, Cristóbal Bonacic, señala que, si los fiscales tienen la convicción de que aquí hubo un delito, deben perseverar, más allá de las discrepancias doctrinales que mantengan con los jueces: “Lo que está haciendo el Ministerio Público es sustentar la decisión que adoptó de no seguir adelante con una investigación porque es muy difícil de probar. Pero ese es un tema probatorio, no de derecho”.

Uno de los problemas que tiene la fiscalía y que le dificulta perseverar en este tipo de casos, es la falta de presupuesto. La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, creada en 2007, cuenta con 92 fiscales especializados –no exclusivos– y sólo dos analistas financieros contables para todo el país. Según información entregada por la Asociación de Fiscales (AF), cada fiscal atiende en promedio dos mil causas, el doble de la carga laboral que debería tener un profesional según los criterios de esa entidad gremial. Claudio Uribe, presidente de la AF, dice que esto se ve reflejado en el aumento de las absoluciones (ver gráfico):

-Cada año aumenta la cantidad de sentencias absolutorias en el país y eso dice relación con un problema de la calidad del trabajo nuestro, el cual lamentablemente no tenemos cómo mejorar, porque los colegas están al límite de sus capacidades –señala Uribe.

La nueva Fiscalía Especial de Alta Complejidad, anunciada el pasado viernes 26 de septiembre por Michelle Bachelet, contará con jurisdicción en todo el territorio nacional y reforzará con peritos propios y 25 persecutores las investigaciones de largo aliento.

De lobista a fiscalizador

Los fondos SEP comenzaron a entregarse en 2008 y a fines del año siguiente ya se sabía que algunos municipios estaban ocupando parte de esos recursos en fines no estipulados por la ley. Por eso, sólo dos años después de que se pusiera en marcha el sistema SEP, la Asociación Chilena de Municipalidades se presentó en 2010 en el Congreso Nacional para hacer lobby a favor de flexibilizar los límites a los gastos que se podía hacer con esta subvención escolar.

Fue el presidente de la asociación y entonces alcalde de La Granja, Claudio Arriagada (DC), quien en 2010 se presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados encabezando el lobby de los municipios. Hoy Arriagada es diputado y preside la Comisión Investigadora que debe esclarecer qué pasó con los recursos SEP que no se ocuparon en los fines determinados por la ley.

En el informe de la Comisión de Educación de los diputados publicado el 13 de octubre de 2010, el entonces alcalde Claudio Arriagada aparece justificando el uso indebido de los recursos SEP al afirmar que el costo de impartir enseñanza era mayor al estimado por el Ministerio de Educación: “Mientras no se corrija el costo real del servicio educativo, existirán municipios con déficit con la tendencia a hacer uso de los recursos SEP para financiar otras obligaciones”.

Claudio Arriagada

Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, Arriagada reiteró sus argumentos ese mismo año 2010. Al año siguiente, siempre como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, hizo una defensa similar ante la Comisión de Educación del Senado. Allí, el entonces senador Juan Antonio Gómez (PRSD) le consultó de manera directa si el uso de los fondos SEP se había realizado de manera deficiente. Arriagada reconoció que, efectivamente, había municipios que “emplearon dichos fondos en fines distintos de aquellos para los que fueron creados”. Pero aseguró que se vieron en la obligación de hacer esos gastos no permitidos por la ley, pero siempre dentro del ámbito educacional y con el único objeto de asegurar el correcto funcionamiento de los colegios.

En paralelo al lobby desplegado por los alcaldes, la Contraloría ya había finalizando sus primeros informes de auditoría y había solicitado a algunos municipios que explicaran las anomalías en las cuentas. Por eso, cuando el 11 de octubre de 2011 se votó en la Cámara de Diputados el “perdonazo” para las municipales infractoras, fue aprobado a sabiendas de que la Contraloría ya había detectado las millonarias irregularidades.

La diputada María José Hoffman (UDI) lo dijo directamente en la discusión en sala: “En el artículo decimoquinto transitorio se recogieron las solicitudes presentadas en forma transversal por distintas municipalidades”. En cambio, el senador Jaime Orpis (UDI) manifestó su preocupación porque “los dineros destinados a la subvención preferencial hayan sido derivados a otros fines, porque se hipoteca precisamente el futuro de los alumnos de que se trata de ayudar. Considero que no se puede alegar ignorancia o falta de información en no haber destinado los fondos a su objetivo”. No obstante sus reparos, Orpis votó también a favor.

El ahora diputado Claudio Arriaga se siente “éticamente habilitado” para presidir la comisión investigadora. Y fue taxativo al señalar a CIPER que “no existió tal perdonazo”:

-Nosotros advertimos el riesgo, en el sentido que hay un problema estructural del financiamiento municipal, y que los municipios cayeran en la tentación para gastar las platas de la SEP en cosas distintas, era alto.

Según el diputado, fue “el sistema de control completo que falló. Incluyendo la Contraloría. Partiendo por los consejos municipales, las oficinas de control de cada municipio. Después, la propia fiscalización de la Cámara de Diputados”. A su juicio, el problema es que Contraloría no hace un trabajo preventivo:

-A mí no me sirve una Contraloría que llega cuando la fechoría está cometida. En los países desarrollados las contralorías tienen un rol distinto, preventivo. La Contraloría llegó tarde y ojalá algún día le hicieran un examen a ella.

En el listado de 242 empresas y personas jurídicas que se acogieron a beneficios tributarios por donaciones a campañas políticas en 2013, publicada por el diario La Tercera (ver nómina), saltan a la vista dos instituciones ligadas a la educación que directa o indirectamente reciben aportes económicos del Estado: El Instituto Profesional de Chile (IP de Chile Ltda) y Cepech S.A.  Ambas sociedades están relacionadas bajo el paraguas del Grupo Educacional Cepech (GEC S.A), que integran los colegios particulares subvencionados Terraustral (6 mil alumnos), la Universidad UCINF (6.200 alumnos), el Preuniversitario Cepech y Ceac Educación a Distancia. Eso, sin contar la red paralela de inmobiliarias, sociedades de inversión y empresas de servicios que tienen vasos comunicantes con el grupo educacional.

Aun cuando es reservado el monto del aporte a campañas que hicieron IP de Chile y Cepech S.A., sí hay constancia de que las sociedades y empresas relacionadas al grupo GEC realizan operaciones de préstamos y traspasos de dineros entre sí, tal como lo constató CIPER al revisar los Estados Financieros del IP de Chile, correspondiente a 2010 y 2011 (ver documento). Sin embargo, dado que no existe transparencia respecto del origen de los fondos donados a la política, no se puede establecer si las platas aportadas por el Estado para la educación en algunas de los establecimientos educacionales del grupo GEC, fueron a parar al financiamiento de campañas.

Si se suman los aportes estatales entre 2010 y 2013 recibidos vía Crédito con Aval del Estado (CAE) por el IP de Chile ($13.382 millones) y la UCINF ($3.425 millones), además de la subvención por alumno que recibieron los colegios Terraustral en 2013, la suma total es de aproximadamente $19.964 millones.

Los socios controladores del grupo GEC son: Inversiones Berna Limitada, representada por Carlos Schaerer Jiménez (ex subdirector y actual secretario de Redacción de El Mercurio, ex embajador en Suiza); Inversiones El Peumo Limitada, representada por Cristián Moreno Benavente (fundador de Cepech); Inversiones Tecnión S.A., representado por Eduardo Miguel Avayú Guiloff (inversionista y socio de Empresas Indumotora S.A.) e Inversiones Camacho y Compañía Limitada, representado por Fernando Camacho Ives. Simultáneamente, los mismos socios crearon en 2008 la sociedad de Inversiones GEC S.A., que controla los negocios del grupo.

EL CIERRE DE CEPECH

El Instituto Profesional de Chile es la nueva cara del desaparecido Instituto Profesional Cepech, que el 9 de agosto de 2004 fue eliminado de los registros de las instituciones de educación superior del Ministerio de Educación al retirársele el reconocimiento oficial. Una medida extrema que fue precedida por una larga agonía, durante la cual el Consejo Superior de Educación levantó sucesivas alertas al Instituto Cepech por reiterados incumplimientos a las normas en las tres fiscalizaciones realizadas en 1999, 2001 y 2003.

Las objeciones no eran menores: inconsistencias en el Programa General de Desarrollo Institucional; falencias en la evaluación y calidad del cuerpo docente, resultados deficientes en el nivel académico de los alumnos examinados, carencias de infraestructura y una biblioteca de bajo estándar. El Consejo subrayó como medida urgente a ejecutar la “administración financiera independiente de las empresas relacionadas”, para así avanzar hacia una administración más autónoma. Y alertó sobre los problemas financieros que amenazaban la estabilidad del Instituto Cepech (ver acta del Consejo Superior de Educación 2004).

Otro de los temas cuestionados fue la infraestructura insuficiente frente al crecimiento de alumnos. Para subsanar el problema, los controladores propusieron la compra de un inmueble “que no fuera realizada directamente por ellos, sino por la inmobiliaria del Grupo de Empresas Cepech (GEC S.A.), la que entregaría en arriendo a la institución”. Esta es una modalidad recurrente en las universidades privadas para burlar la prohibición de lucro, retirando por esta vía dineros en beneficio de los controladores. La diferencia es que, en el caso de los institutos profesionales, el lucro no está sancionado por la ley, pese a la enorme masividad y perfil más vulnerable de su alumnado.

Ante las exigencias perentorias que puso el Consejo Superior de Educación y que amenazaban con despojar al instituto del reconocimiento oficial, los controladores hicieron un movimiento estratégico para salvar la situación extrema. El 27 de octubre de 2003, comunicaron al CSE “la decisión de terminar voluntariamente con las actividades académicas de la institución y dar inicio al proceso de cierre”.

Tres días antes los dueños del agónico Instituto Profesional Cepech habían concretado la compra del Instituto Profesional San  Bartolomé de La Serena, por un monto de $235.620.000 (99% de la sociedad). El 1% restante lo compró Ilunsa S.A., representada por Francisco Javier Luna Schmidt. Por parte del Instituto Cepech concurrieron como socios: Carlos Schaerer Jimenez, Cristián Moreno Benavente, Eduardo Avayú Guiloff, Fernando Camacho Ives y Javier Ovalle Andrade, el único socio que no forma parte del conglomerado educacional GEC.

En noviembre de 2003, la Sociedad Educacional San Bartolomé de La Serena cambió de nombre por Instituto Profesional de Chile Limitada (I.P. de Chile Ltda.). Pero es en abril de 2004 cuando se concreta el traspaso de todos los bienes del Instituto Profesional Cepech a su continuador, mediante el pago de  $353.770.051, a través de un aumento de capital que incluyó “dominio de bienes muebles, créditos e intangibles”. El mismo día, transforman la sociedad del instituto en anónima cerrada.

El IP de Chile –con 23.776 alumnos- fue acreditado en 2010 por tres años, cuando presidía la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Eugenio Díaz, quien se encuentra formalizado por haber vendido acreditaciones precisamente ese mismo año. Un año después y tras una apelación, la CNA extendió el plazo de certificación a cuatro años, esta vez bajo la presidencia de Iñigo Díaz. Con la acreditación en mano, el instituto profesional recibe ingresos vía crédito con garantía estatal para los alumnos (CAE) y es en ese contexto que realiza donaciones a actividades políticas que luego se acogieron a beneficio tributario. El monto que recibió el IP de Chile entre 2010 y 2013 por concepto de CAE asciende a $13.382 millones.

Fuentes de la CNA confirmaron a CIPER que en octubre se inició una investigación para revisar la acreditación de la carrera de Kinesiología que imparte el IP de Chile. La denuncia provino de un grupo gremial de profesionales y apunta a irregularidades en el proceso encabezado por la Agencia Acreditadora de Chile A&C, que le concedió en diciembre de 2013 un periodo de cuatro años de certificación. Kinesiología es una de las doce carreras acreditadas por el instituto, de un total de 32 que imparte en sus cinco sedes (dos en Santiago, La Serena, Rancagua y Temuco).

A pesar de que el Instituto Cepech fue eliminado de los registros oficiales del Ministerio de Educación en agosto de 2004, la sociedad no se disolvió. Un mes después que el Consejo Superior de Educación pidiera al ministerio que se les quitara el reconocimiento oficial, los socios del Instituto Cepech acordaron ampliar el objeto social a la inversión y el negocio inmobiliario. En noviembre de 2011, cambió la razón social del Instituto Cepech y pasó a llamarse Servicios IPEC S.A. En la trama de traspasos de dineros que constató CIPER entre las empresas relacionadas al IP de Chile, figura precisamente esta empresa Servicios IPEC S.A.

PRÉSTAMOS Y TRASPASOS ENTRE RELACIONADOS

La segunda hebra de las donaciones del grupo GEC a campañas políticas en 2013 conduce a Cepech S.A., una sociedad que formó Federico Valdés y que traspasó en 1995 a Carlos Schaerer, Cristián Moreno, y Teodoro Sabate Canadell (empresario) e Inversiones Tecnion Limitada (que representa Eduardo Avayú). Los socios acordaron duplicar el capital de la sociedad en 1999, pasando de $626, 7 millones a $1.126,7 millones. Actualmente, la sociedad sigue vigente, asociada al preuniversitario del mismo nombre y opera también en el rubro de asesoría en gestión empresarial. Dado el crecimiento del grupo, hoy la gestión se maneja a través de GEC S.A. e Inversiones GEC S.A.

En los Estados Financieros que informó el IP de Chile al Ministerio de Educación en 2012, figuran documentos por cobrar y por pagar a un listado de empresas relacionadas bajo el paraguas del conglomerado GEC S.A. e Inversiones GEC S.A.  A largo plazo, los principales deudores de este instituto son Cepech S.A. ($310 millones) y la Inmobiliaria Metropolitana Limitada ($1.874.755.30), sociedad que integran los mismos socios y que en 2013 se transformó en sociedad anónima, aumentando su capital de $10 millones a $1.891 millones.

En el detalle de obligaciones pendientes en el corto plazo,  figuran como deudores del IP de Chile las empresas relacionadas por un total de $136 millones: Cepech S.A., Servicios Ipec S.A. (continuadora del Instituto Profesional Cepech S.A.), Servicios y Franquicias S.A. (controlada por sociedades de los controladores del grupo GEC), Inmobiliaria Metropolitana Ltda.; Inmobiliaria España Ltda.; Ceac S.A. y los colegios Terraustral Del Sol S.A. y Terraustral Oeste S.A.

Los colegios Terraustral pertenecen al mismo conglomerado y reciben aportes del Estado a través de la subvención por alumno, que es de libre disponibilidad. Sumando ambos aportes, en 2013 el Colegio Terraustral Del Sol percibió $1.627, 5 millones, mientras el Colegio Terraustral Oeste percibió $1.507, 5 millones.

En 2011 el Instituto Profesional de Chile firmó como aval del Colegio Terraustral del Sol ante el Banco Santander por un monto de $4.700 millones. Un año antes, se constituyó como aval para la construcción de nuevas instalaciones en Maipú.

En caso de que los colegios Terraustral hayan participado con aportes para las donaciones del grupo GEC a las campañas, los montos no podrían exceder el 15% del total de sus ingresos en los dos años anteriores a la donación, según estipula expresamente la Ley 19.884 para las instituciones que reciben aportes en dinero del Estado, como es el caso. CIPER intentó obtener una explicación por parte de los controladores del grupo GEC, para conocer el origen de las platas que donaron a la campaña de 2013, pero no hubo respuesta.

El último escalón en la red educacional GEC es la UCINF, universidad privada que imparte 29 carreras profesionales y técnicas. En 2010, el mismo año en que fue acreditado el IP de Chile por la CNA, cuando era presidida por Eugenio Díaz, esta universidad fue también certificada por dos años. Con ese aval oficial la UCINF recibió en ese periodo dineros por Créditos con Aval del Estado (CAE) que alcanzan a los $3.426 millones. Poco le duró el beneplácito de la autoridad, pues en 2012 la CNA le rechazó la acreditación institucional, lo que le significó quedarse sin esos aportes y un duro golpe a su sustento financiero.

Vea además:
Sostenedores vinculados a la DC recibieron en 2013 más de $41 mil millones en subvenciones escolares

Alejandro Hasbún Ramírez representa al grupo de colegios particulares subvencionados que recibe más recursos estatales en la Región Metropolitana: los registros del Ministerio de Educación dicen que en 2013 esta red de establecimientos recibió subvenciones que sumaron $15.166 millones y que sus apoderados, mediante el “copago”, cancelaron $2.771 millones. En total, los ingresos del grupo alcanzaron los $17.937 millones.

Controlado por las familias Hasbún Ramírez y Ramírez Caselli, el grupo gestiona 19 colegios a través de 14 sociedades sostenedoras. Todos los establecimientos tienen fines de lucro y están agrupados bajo la Corporación San Isidoro. Actualmente, atiende a casi 23.000 alumnos repartidos entre Santiago, La Florida, La Cisterna, El Bosque, Puente Alto, Quilicura, Maipú, San Miguel, Peñalolén y Estación Central.

El grupo estaba gestionando la compra de un terreno en San Bernardo para instalar otro colegio, pero en medio del debate sobre la reforma educacional decidieron congelar el proyecto. Así lo comentó a CIPER el vicepresidente de la Corporación San Isidoro, el abogado Alejandro Hasbún Ramírez, quien también es el segundo al mando de la Conacep, la asociación de empresarios de la educación subvencionada. Políticamente independiente, comparte allí la testera con el DC Hernán Herrera (presidente) y el PPD Rodrigo Ketterer (secretario general). Además forma parte del directorio de la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo rector es el ex presidente DC Gutenberg Martínez.

Alejandro Hasbún dice que mantiene la esperanza de que se logre un “acuerdo nacional” en la reforma, que es una manera alternativa para plantear que se modere el proyecto prometido en el programa de gobierno. En el sensible tema de los arriendos que los colegios cancelan a sociedades relacionadas y que promete ser uno de los puntos más controversiales del debate en el Senado, Hasbún propone que si finalmente se fija un rango para esos alquileres, que este sea del 11% del valor comercial de la propiedad y no del avalúo fiscal. El sostenedor respondió por escrito las consultas de CIPER.

-¿Espera modificaciones al proyecto en el Senado? ¿Cuál es el “mínimo” que permitiría mantener la continuidad de los servicios del sector particular subvencionado?

Nosotros participamos en educación hace más de 60 años, por lo que me cuesta imaginar la salida total del sistema. Por lo mismo, en nuestro caso sólo podríamos convertirnos en corporación (sin fines de lucro) en algunos proyectos, no en todos

Lo que más nos gustaría en materia educacional es un amplio acuerdo nacional que permita recuperar las confianzas y que nos posibilite apuntar todos como sociedad en un mismo sentido: el de la calidad e inclusión (…). Solicitamos que el marco normativo sea claro, para que pueda coexistir una educación pública potente con una educación privada de muy buena calidad. Es fundamental que se establezca algún mecanismo para que se efectúen a futuro inversiones en los colegios, ya que será muy difícil que los bancos o que inversionistas privados las financien, lo que condenaría a los establecimientos a su obsolescencia. Finalmente, pienso que es muy injusto que se busque una solución para colegios confesionales, donde se permita que se les pague un arrendamiento al 11% del avalúo y que en colegios como los nuestros ese mismo valor sea el que se pague como precio de venta. En síntesis, para nosotros un mínimo es que las normas sean iguales para todos los sostenedores.

-¿Cree factible que sociedades como la de su familia se constituyan en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro como lo plantea el proyecto?

Nosotros participamos en educación hace más de 60 años, por lo que me cuesta imaginar la salida total del sistema. Por lo mismo, en nuestro caso sólo podríamos convertirnos en corporación (sin fines de lucro) en algunos proyectos, no en todos. Ahora, en estos casos, es decir, donde sea factible continuar, no tengo dudas que el colegio existente nunca será el mismo, ya que la administración a través de corporaciones ha demostrado ser menos eficiente. Ahora, para tomar una decisión final, es imprescindible esperar el texto definitivo de la ley.

-Algunos sostenedores señalan que el Mineduc les ha expresado que los colegios podrán seguir pagando arriendos a las corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, aunque sean entidades relacionadas. ¿Es la misma información que ustedes tienen?

Este año los sostenedores hemos recibido todo tipo de rumores, lo que probablemente se debe a que aún en el Mineduc no existe unanimidad en esta materia. Respecto de los arrendamientos, pienso que si se quiere terminar con el lucro en educación, no debiera apuntarse a éstos, ya que los arrendamientos no son lucro, sino que un gasto imprescindible para el colegio, el que para impedir abusos, es adecuado regular. El valor del arrendamiento podría ser el 11% del valor comercial del inmueble, ya que las tasaciones fiscales están muy desactualizadas. Esperamos que en el Senado se encuentre una justa solución en este tema.

-¿Hay proyectos educacionales de su familia que se detuvieron por la reforma?

Durante muchos años nuestra familia tenía la percepción de que lo que se nos pedía era crecer, ampliar la matrícula, ampliar y mejorar los espacios de los colegios para ofrecer alternativas de calidad creciente a las comunidades educativas. Por ello hemos concentrado gran parte de nuestro esfuerzo en esta área. Hoy, en cambio, sentimos que la señal es que la autoridad no quiere sostenedores con varios colegios, por lo que naturalmente miramos atentos el debate educacional para adaptarnos a las nuevas condiciones. Seremos respetuosos de lo que finalmente la ley diga (…). Estábamos comprando a través del banco un terreno en San Bernardo para un proyecto educativo. En las actuales condiciones, hemos decidido no ejecutarlo. Además, teníamos pensado poner drenajes y graderías a una cancha de fútbol, pero ese proyecto se ha detenido por falta de financiamiento bancario.

-Varios sostenedores de colegios, como usted, son miembros del directorio de la Universidad Miguel de Cervantes. ¿A qué se debe ello, es por afinidad ideológica con la DC o un sector de ella?

-Soy independiente en materia política, pero respeto lo que la UMC realiza, especialmente por su vocación social, la que comparto y me identifica. También me motivó a ingresar como director la posibilidad de encontrar un camino que acercara a los estudiantes de nuestros colegios a la educación superior para incentivar su continuidad de estudios, ya que nuestros alumnos no tienen los medios para ingresar a universidades que no tengan esta vocación. Además nos interesa la posibilidad de celebrar convenios de capacitación y perfeccionamiento para nuestros docentes.

El debate al interior del gobierno para dar cuerpo al reglamento que normará el nuevo etiquetado de alimentos y que debe entrar en vigencia en junio de 2015, se encuentra en un punto de quiebre. Este martes 18 de noviembre se produjo una acalorada discusión entre los equipos ministeriales que afinan el documento. Los ánimos se tensaron al máximo entre los representantes de Salud y los del área económica, cuando estos últimos pusieron en cuestión la idea de incorporar en los envases la etiqueta negra que imita un disco PARE que alertará el “exceso de” nutrientes críticos y, además, pujaron por flexibilizar los límites propuestos para el contenido máximo permitido de sodio, grasas, calorías y azúcares en los alimentos.

Las partes se mostraron los dientes, porque las “sugerencias” del equipo económico en la práctica echan por tierra lo más relevante de la propuesta de reglamento elaborada por Salud. Además, recogen gran parte de las exigencias que ha hecho la industria, lo que da cuenta del fuerte lobby de las empresas del rubro. Pero aún no está todo dicho. “El elástico no está cortado”, grafica uno de los asistentes. La próxima semana volverán a reunirse, pero lo que quedó claro es que las divergencias son de fondo y no será fácil conciliar las posturas de los especialistas del Ministerio de Salud con su contraparte, representada por los subsecretarios de Economía, Kathia Trusich, y Hacienda, Alejandro Micco.

Katia Trusich

A la postura de los subsecretarios Trusich y Micco se suma la preocupación expresada por la Dirección Económica de la Cancillería (Direcon), respecto a alertas de organizaciones de comercio internacional que vislumbran efectos negativos si los productos chilenos llevan el etiquetado que ha propuesto el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud.

El tema está en su punto más álgido. Y no solo en Chile. En Roma se inició el 17 de noviembre la Segunda Conferencia para la Nutrición, organizada por la FAO. Desde allá, el senador Guido Girardi (PPD) lanzó altisonantes declaraciones contra cuatro transnacionales del rubro alimentario -Coca Cola, Kellogg’s, McDonald’s y Nestlé-, calificándolas como “pedófilos del siglo XXI que violan los derechos humanos de los niños”, pues sostuvo que sus productos tendrían incidencia en el desarrollo de enfermedades como obesidad, diabetes, cáncer, hipertensión e infartos.

Girardi justificó su dura reacción debido a lo que calificó como una amenaza latente de la industria alimentaria de demandar a Chile ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) si se aprueba el reglamento de etiquetado tal como está propuesto por Salud. Lo que está en debate en la Conferencia es una propuesta de las principales organizaciones de consumidores del mundo para firmar un “convenio global para proteger y promover las dietas saludables”, que obligue a los gobiernos a aplicar políticas, como lo fue en su momento el convenio marco para el tabaco.

LAS FUERZAS EN PUGNA

En el Ministerio de Salud saben que el reglamento de etiquetado corre una carrera contra el tiempo, porque debe entrar en vigencia en junio de 2015 y antes de fin de año debiera visarlo la Presidenta Michelle Bachelet y luego la Contraloría. El mandato desde La Moneda, según dijeron a CIPER en el gobierno, es que se llegue a un acuerdo en esta mesa para que no escale el conflicto y tenga que dirimir finalmente la Presidenta.

Lo que está detrás de esta discusión no es sólo una argumentación técnica. En la mesa de negociaciones se expresan dos miradas que conviven en el gobierno -a ratos irreconciliables- respecto a los objetivos del reglamento que debe poner en práctica la ley sobre etiquetado, aprobada en 2012. Si se concreta la propuesta del Ministerio de Salud, podría modificar sustantivamente las reglas para la industria alimentaria.

Jaime Borrows

Para dicha cartera, este es un tema de salud pública y resulta urgente dar un giro radical en el contenido de los nutrientes críticos de los alimentos, porque Chile exhibe índices crecientes de obesidad y sobrepeso (33% en niños), de diabetes y de hipertensión, asociados en una buena parte al tipo de alimentación que consume la población. Según cifras del ministerio, una de cada diez muertes en Chile se atribuye al sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, consideran urgente un golpe de timón.

En la otra vereda, el equipo económico incorpora a la discusión los argumentos de una industria que se siente amenazada por estándares más exigentes que las normas internacionales de comercio. Se suma la preocupación del gobierno por no generar impacto negativo en un sector productivo esencial, más aún en medio de un escenario de crisis de crecimiento y aumento del desempleo. El rubro de la producción de alimentos procesados contribuye en un 20% al producto del país, con más de 2.000 empresas pequeñas y medianas y unas 300 que son grandes conglomerados.

En la hora de las definiciones, los que están sentados a la mesa para medir fuerzas son los subsecretarios Jaime Borrows (Salud), Katia Trusich (Economía), Alejandro Micco (Hacienda) y Claudio Ternicier (Agricultura), además de representantes de la Dirección Económica de la Cancillería (Direcon), Junaeb, Sernac, Instituto de Propiedad Industrial (Inapi) y Elige Vivir Sano.

IMPORTACIÓN DEL SEMÁFORO ROJO

La propuesta de reglamento que hoy está sobre la mesa arrastra un camino pedregoso de cambios y tironeos desde el gobierno anterior. El primer intento llegó a Contraloría firmado por el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Esa propuesta de reglamento fue retirada por el gobierno actual cuando estaba recién asumido, pues las nuevas autoridades de Salud –con el respaldo de la Presidenta Bachelet– consideraron insuficiente los límites que puso a los nutrientes críticos y confusa la señalética de advertencia que proponía usar en los envases. El reglamento de Mañalich debía entrar en vigencia en junio pasado, pero el gobierno, junto con anular lo obrado por la administración anterior, extendió por un año el plazo para que comenzara a regir una nueva versión. Así, se abrió una consulta pública y sus resultados son los que ahora se estaban consolidando para elaborar el reglamento definitivo que se someterá a consideración de la Presidenta.

Rodrigo Alvarez

En medio de este proceso, las empresas del rubro, agrupadas en la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (ABChile), comenzaron a manifestar reparos y pusieron en marcha su lobby para permear a las autoridades. A cargo de la ofensiva pusieron al ex diputado, ex subsecretario de Hacienda y ex ministro de Energía bajo el gobierno pasado, Rodrigo Álvarez (UDI), quien asumió como presidente de ABChile.

La preocupación de las empresas es entendible. A más dos años de promulgada la ley sobre etiquetado de alimentos (junio de 2012), está a punto de ver la luz un reglamento que produce cambios drásticos en las exigencias para la industria de alimentos envasados. Por primera vez, se fijan por norma límites máximos al contenido de los llamados nutrientes críticos: azúcares, sodio y grasas saturadas, además de calorías.

Hoy, la oferta en el mercado no tiene restricción alguna en esta materia. Sólo se advierten esfuerzos individuales y voluntarios por parte de algunas empresas. El cambio va a obligarlas a invertir en tecnología para ponerse a tono con las exigencias, disminuyendo los contenidos dañinos para la salud. “Estamos librando una batalla de las más importantes en el último tiempo y como hay mucho en juego, todos están jugando sus cartas con toda la artillería necesaria”, afirmó a CIPER un especialista que participa en la mesa técnica.

En una primera etapa, en la administración Bachelet la preparación del nuevo se ancló sólo en el Ministerio de Salud, con un equipo de asesores y especialistas en el tema alimentario. Los límites propuestos para los nutrientes críticos son drásticos y se planificó que entraran en vigencia de una vez, sin gradualidad alguna. (vea los detalles en el reportaje de CIPER: “Lo que está en juego en el último round de la guerra por la ‘ley del Súper Ocho’”).

Este fue el borrador que se sometió a consulta pública y diálogos ciudadanos, proceso que finalizó el 23 de octubre. Los especialistas del ministerio revisaron una a una las observaciones recibidas e incorporaron algunas de las propuestas en un nuevo reglamento corregido. En esta etapa entró a la cancha el equipo de las subsecretarías de Economía, Hacienda, Agricultura y Direcon, que hasta ese entonces no habían sido incorporados al proceso.  Comenzaron de inmediato las discrepancias, que fueron subiendo de tono con declaraciones públicas cruzadas entre Salud y Economía. A tal punto, que el gobierno encomendó a la ministra de Segpres, Ximena Rincón, que mediara entre las partes para allanar posiciones y, sobre todo, para evitar un nuevo frente que enturbiara las relaciones del gobierno con el mundo empresarial.

En ese clima, se presentaron juntos en el Congreso el subsecretario de Salud, Jaime Borrows,  y la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, con la nueva versión del reglamento bajo el brazo. Un parlamentario de la Nueva Mayoría que integra la Comisión de Salud de la Cámara recuerda la sorpresa con que recibieron el giro del gobierno: “El día anterior nos llamaron de La Moneda para pedirnos que ayudáramos a que no se tensionara más el ambiente, claramente los habían alineado. Pero a nosotros nos cayó como un balde de agua fría, porque nos enteramos ahí de una serie de cambios que daban un vuelco a la gran promesa de apoyar un plan de salud para reducir drásticamente las enfermedades asociadas a la mala alimentación. Sin duda, estaba la mano de la industria en ese nuevo reglamento”.

Originalmente, el Ministerio de Salud propuso una tabla con los límites máximos que podían contener los alimentos sólidos y líquidos. Se medía cada 100 gramos respecto a tres componentes: grasas saturadas, sodio y azúcares, además de calorías (ver primer borrador). En ese modelo, el día uno de entrada en vigencia del reglamento los productos debían ajustarse a la norma. Así, por ejemplo un paquete de papas fritas que hoy tiene 13,9 gramos de azúcares por cada 100 gramos, debía bajar el componente a 10 gramos de una vez para no cruzar la línea de lo saludable de acuerdo a los etiquetados. O unos cereales con miel que tienen 386 calorías por cada 100 grs, debían bajar a 275 calorías de una vez.

Esos valores de referencia se inspiraron en la normativa inglesa, que se instaló a inicios de 2013 y es voluntaria. Allá se usa un semáforo (ver documento gobierno inglés) y en Chile se tomó la el equivalente a la luz roja como piso de referencia para fijar los límites máximos permitidos, como explica la doctora Lorena Rodríguez, jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal y asesora del subsecretario en la elaboración del reglamento:

-Es cierto que nuestros límites son bastante estrictos, respecto de otras normas obligatorias o voluntarias en el mundo, pero creemos que es la única forma posible de poner atajo a los graves problemas de salud pública asociados a la alimentación. Es más, la OPS (Organización Panamericana para la Salud) publicó recientemente unos límites recomendados que incluso son más estrictos que los nuestros, lo cual nos apoya.

En el caso de los límites máximos de calorías permitidos por cada 100 gramos, la normativa chilena tomó como referencia la norma sugerida por el World Council Foundation (dependiente de la Organización Mundial para la Salud), que fija el máximo aceptable en 275 calorías.

Alejandro Micco

El primer gallito lo ganó el equipo económico del gobierno, en el sentido de conseguir que se graduara el plazo para que las empresas llegaran -en un periodo de cuatro años- a los índices permitidos por la norma y no de una vez, como proponía el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Economía explican que este cambio es razonable porque da un tiempo a las empresas -especialmente medianas y pequeñas- para adaptar sus tecnologías e invertir en innovación, de modo que sus productos sean más saludables y se adapten a la norma.

De este modo, se estableció que al año cuarto de entrada en vigencia el nuevo reglamento se llegue a los valores que originalmente se pedían desde el minuto uno (ver tabla de gradualidad). En otro ejemplo, unas salchichas que informan 567 mg de sodio por cada 100 gramos, durante los dos primeros años de vigencia del reglamento estarían en norma, pero al tercer año tendrían que bajar a 500, para quedar finalmente en el cuarto año en 400 mg por cada 100 grs si no quieren caer en la categoría de exceso de sodio.

Un sector de la Nueva Mayoría se alineó con el acuerdo político, como el senador Guido Girardi, y respaldó la gradualidad como una forma de avanzar en el despacho del reglamento. Sin embargo, otros representantes del oficialismo e incluso de la oposición, mantienen sus diferencias públicamente. La Comisión de Salud de la Cámara envió un oficio a la Ministra de Salud manifestando su “extrema preocupación” por la flexibilidad en los límites y por la postergación de la completa entrada en vigencia del reglamento.

En voz baja, quienes defienden a Salud en esta discusión sostienen que “el lobby de la industria ha sido muy poderoso y logró penetrar en el equipo económico. Esto es un tema de poder, las empresas no quieren restricciones y para ello, se amparan en argumentos falaces”. Una fuente del Ministerio de Economía replica: “Aquí se ha demonizado nuestra posición. Lo que nosotros pretendemos es que se logre un reglamento integral, porque no se puede abordar solo desde el punto de vista de la salud pública. Es fundamental incorporar otras miradas complementarias y sobre todo, subir a los empresarios a este carro para que colaboren en campañas públicas y con un compromiso genuino de aportar a reducir los niveles de nutrientes críticos en los alimentos, que es el objetivo final”.

“LO QUE NACE CHORIZO, MUERE CHORIZO”

La siguiente disputa al interior de la mesa técnica se instaló por la forma como se agrupa y clasifica a los alimentos en la normativa propuesta por el Ministerio de Salud. El reglamento que hoy está en discusión propone una sola tabla de valores, común para todos los alimentos envasados y que distingue sólo entre sólidos y líquidos. En esa propuesta, cualquier alimento que supere esos límites permitidos representa un riesgo para la salud y por lo tanto debe llevar una etiqueta negra tipo disco PARE con la lectura “exceso de…”. Bajo esta modalidad, se mide con la misma vara una salchicha y una barra de cereales.

En cambio, el equipo económico recoge una propuesta de la industria que propone flexibilizar esa tabla, estableciendo límites y valores diferenciados por categorías de alimentos. De este modo, los consumidores podrían elegir, dentro de una misma categoría de alimentos, entre los alimentos sanos y “menos sanos”, aunque estos últimos sobrepasen el límite considerado saludable por los especialistas del Minsal. Este punto central fue el que trabó la mesa cuando se reunieron los equipos interministeriales el pasado martes 18 en el Ministerio de Salud.

Rodrigo Álvarez, presidente de ABChile  y quien ha liderado la ofensiva mediática para defender la posición de la industria, explicó a CIPER por qué proponen más categorías:

-Estos límites uniformes no nos permiten distinguir entre alimentos, aunque sean totalmente diferentes en su composición y naturaleza. Por ejemplo, si un cereal está por sobre el límite permitido de sal, va a tener la misma etiqueta negra de “exceso de” que una salchicha que también esté fuera de norma, siendo productos no comparables.

La industria alimentaria, que agrupa a las principales empresas, sugirió una tabla con 14 categorías especificas (ver tabla) con un compromiso de metas de reducción diferenciadas por parte de la industria, en los cuatro nutrientes críticos. Entre ellas, cereales para el desayuno, cecinas, galletas dulces, productos cárneos, helados y mayonesa. “Queremos ayudar a que el consumidor pueda elegir entre iguales qué es más saludable y qué no y, además, hacer un esfuerzo por aportar a una política de vida sana, porque es un objetivo totalmente compartido con la política de salud pública del gobierno”, afirma Álvarez.

En la contraparte, especialistas en nutrición rebaten su argumentación asegurando que los alimentos que están excedidos en nutrientes críticos son perjudiciales para la salud, sin importar el tipo de producto. La doctora Cecilia Castillo, especialista en nutrición, dijo a CIPER: “Lo que nace chorizo muere chorizo, y si le quitas la grasa o la sal deja de ser chorizo. Hay alimentos que nunca van a caer en categoría saludable, por más esfuerzo que se haga, entonces la gente tiene derecho a elegir informadamente y saber cuáles productos pueden ser no recomendados o deben consumirlos moderadamente”.

ETIQUETA NEGRA Y DISCO PARE

Los conflictos en la mesa de trabajo no terminan ahí. Otra de las voces que se ha alineado con las aprensiones del equipo económico es la DIRECON, que vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia económica y en este caso particular, el llamado Codex de los alimentos, suscrito al amparo de la OMC.
Ellos levantaron la alerta, poniendo sobre la mesa las inquietudes planteadas por 32 países, desde que se inició la redacción del reglamento en 2013, ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), dependiente de la OMC. Las aprensiones apuntan a que puede resultar amenazante para el consumidor rotular con un disco negro los envases, emulando la señal del disco PARE, y que la normativa chilena esté por sobre las exigencias recomendadas en el Codex de alimentos, a nivel internacional. En el seno de estas inquietudes planteadas, es que algunos alertan que Chile podría ser llevado a instancias jurídicas internacionales, para revertir la norma.

La propuesta del Ministerio de Salud incluye una etiqueta negra, cuya leyenda indicaría “exceso de” para marcar los alimentos que sobrepasan los índices permitidos de sodio, grasas saturadas, azúcares y calorías. Dado que los límites permitidos son elevados –como admiten en Salud–, Rodrigo Álvarez estima que hay categorías completas de alimentos en que cerca del 90% de sus productos van a quedar etiquetados con el sello negro.

-El efecto que se persigue con este rotulado no se va a lograr, porque las personas no van a poder distinguir entre uno y otro si todos tienen la misma etiqueta. Tampoco es un incentivo adecuado para que las empresas mejoren los índices, porque si me ponen ese rótulo el año uno es una suerte de lápida difícil de revertir, -sentencia Álvarez.

El Ministerio de Salud tuvo que desplegar sus argumentos técnicos para defender esta modalidad en la mesa de trabajo, estando en franca minoría. Según los estudios encargados por el gobierno anterior al INTA (ver estudio) y complementados con focus group, los consumidores no advertían el disco PARE como una amenaza, sino una advertencia, dado que muy pocos leen o entienden la información nutricional al dorso de los envases, en tamaño por lo general ilegible.

-La idea es que aumente la oferta de alimentos saludables. Si hay alguno que no puede, por razones tecnológicas o de otra índole, alcanzar esos límites máximos permitidos, entonces que rotule con el sello negro de exceso, de modo de advertir a la población que si consume ese producto, debe hacerlo en forma moderada o simplemente, no es conveniente que lo consuma, -afirma la especialista del ministerio, Lorena Rodríguez.

Las empresas de alimentos proponen que se elimine el rótulo negro y que en cambio, se perfeccione la llamada guía diaria de alimentación, esa información que está en la cara frontal del envase y que informa cuánto representan los nutrientes críticos que contiene ese producto, respecto a las cantidades permitidas en una dieta estándar de 2.000 calorías diarias. El ministerio lo descarta como información válida, asumiendo que esa no es la dieta indicada para un niño y tampoco la dieta estándar que sigue una población con altos índices de obesidad.

Tal y como están las cosas, nadie descarta al interior de la mesa técnica que pueda modificarse el rotulado del envase, si las posiciones mayoritarias se inclinan por eliminar la etiqueta negra. Aunque hoy, no parece estar en la prioridad de la discusión.

100 GRAMOS VS. UNA PORCIÓN

Una de las banderas que enarboló con energía la industria de los alimentos, en esta discusión, fue la necesidad de calcular los límites máximos permitidos en base a una porción y no en base a 100 gramos, como está escrito hoy en la propuesta de reglamento.

El presidente de ABChile asegura que no es práctico ni realista calcular los límites máximos en base a 100 gramos: “Es confuso para las personas, porque la gente no consume 18 galletas de agua o un pan de mantequilla que sería el equivalente a 100 gramos, es más fácil hablar de porciones porque es lo que realmente ingieren las personas y así les es más fácil calcular”. En la otra vereda, los especialistas del ministerio de Salud aseguran que no es posible usar la medida de una porción porque no está estandarizado cuál es la recomendable y que por lo mismo, no es posible de comparar un producto con otro.

La consulta pública que antecedió el trabajo de la mesa técnica generó 350 opiniones y más de mil sugerencias, que fueron analizadas por los equipos técnicos del Ministerio de Salud. A partir de las propuestas, se introdujo cambios en la normativa original, entre ellas, la gradualidad en los límites exigidos de nutrientes críticos.

Otra de las peticiones que se acogieron en el reglamento fue permitir que los productos envasados incluyan en los beneficios del alimento en categorías diferentes a las sancionadas, aun cuando tengan etiqueta “exceso de”. Por ejemplo, si un producto tiene exceso de azúcar, puede incluir en el envase el aviso de alto en fibras, para poder diferenciarse de otros alimentos en su misma categoría.

Hoy, se han ido acotando los focos de conflicto a aquellos temas que son realmente esenciales en la propuesta de reglamento. Uno de los temas que sobrevoló la discusión fue la publicidad prohibida para menores de 14 años y las restricciones excesivas que reclamaron las instituciones en la consulta pública. Hoy ese punto está zanjado y corregido en la nueva propuesta. Para el caso de la llamada “cajita feliz”, por ejemplo, no tendrá rotulado porque es venta a granel, pero sí les está prohibido hacer cualquier publicidad con gancho de juguetes o regalos para los niños.

Las dos semanas que vienen son decisivas para el curso que tome el reglamento. Si las partes no logran tender puentes, será la presidenta Bachelet quien dirima finalmente con cuál fórmula se queda.

El capital en el siglo XXI

INTRODUCCIÓN

La distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controversiales y debatidas en la actualidad. Pero, ¿qué se sabe realmente de su evolución a lo largo del tiempo? ¿Acaso la dinámica de la acumulación del capital privado conduce inevitablemente a una concentración cada vez mayor de la riqueza y del poder en unas cuantas manos, como lo creyó Marx en el siglo xix? O bien, ¿acaso las fuerzas que ponen en equilibrio el desarrollo, la competencia y el progreso técnico llevan espontáneamente a una reducción de las desigualdades y a una armoniosa estabilización en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kuznets en el siglo xx? ¿Qué se sabe en realidad de la evolución de la distribución de los ingresos y de la riqueza desde el siglo xviii, y qué lecciones podemos sacar para el siglo xxi? Éstas son las preguntas a las que intento dar respuesta en este libro. Digámoslo de entrada: las respuestas presentadas son imperfectas e incompletas, pero se basan en datos históricos y comparativos mucho más extensos que todos los trabajos anteriores — abarcando tres siglos y más de veinte países —, y en un marco teórico renovado que permite comprender mejor las tendencias y los mecanismos subyacentes.

El crecimiento moderno y la difusión de los conocimientos permitieron evitar el apocalipsis marxista, mas no modificaron las estructuras profundas del capital y de las desigualdades, o por lo menos no tanto como se imaginó en las décadas optimistas posteriores a la segunda Guerra Mundial. Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de incremento de la producción y del ingreso —lo que sucedía hasta el siglo xix y amenaza con volverse la norma en el siglo xxi—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas. Sin embargo, existen medios para que la democracia y el interés general logren retomar el control del capitalismo y de los intereses privados, al mismo tiempo que mantienen la apertura económica y evitan reacciones proteccionistas y nacionalistas. Este libro intenta hacer propuestas en este sentido, apoyándose en las lecciones de esas experiencias históricas, cuyo relato constituye la trama principal de la obra.

¿UN DEBATE SIN FUENTE?

Durante mucho tiempo los debates intelectuales y políticos sobre la distribución de la riqueza se alimentaron de muchos prejuicios, y de muy pocos hechos. Desde luego, cometeríamos un error al subestimar la importancia de los conocimientos intuitivos que desarrolla cada persona acerca de los ingresos y de la riqueza de su época, en ausencia de todo marco teórico y de toda estadística representativa. Veremos, por ejemplo, que el cine y la literatura —en particular la novela del siglo xix—, rebosan de informaciones sumamente precisas acerca de los niveles de vida y fortuna de los diferentes grupos sociales, y sobre todo acerca de la estructura profunda de las desigualdades, sus justifi caciones, y sus implicaciones en la vida de cada uno. Las novelas de Jane Austen y de Balzac, en particular, presentan cuadros pasmosos de la distribución de la riqueza en el Reino Unido y en Francia en los años de 1790 a 1830. Los dos novelistas poseían un conocimiento íntimo de la jerarquía de la riqueza en sus respectivas sociedades; comprendían sus fronteras secretas, conocían sus implacables consecuencias en la vida de esos hombres y mujeres, incluyendo sus estrategias maritales, sus esperanzas y sus desgracias; desarrollaron sus implicaciones con una veracidad y un poder evocador que no lograría igualar ninguna estadística, ningún análisis erudito.

En efecto, el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los economistas, los sociólogos, los historiadores y demás filósofos. Atañe a todo el mundo, y más vale que así sea. La realidad concreta y burda de la desigualdad se ofrece a la vista de todos los que la viven, y suscita naturalmente juicios políticos tajantes y contradictorios.

Campesino o noble, obrero o industrial, sirviente o banquero: desde su personal punto de vista, cada uno ve las cosas importantes sobre las condiciones de vida de unos y otros, sobre las relaciones de poder y de dominio entre los grupos sociales, y se forja su propio concepto de lo que es justo y de lo que no lo es. El tema de la distribución de la riqueza tendrá siempre esta dimensión eminentemente subjetiva y psicológica, que irreductiblemente genera conflicto político y que ningún análisis que se diga científico podría apaciguar. Por fortuna, la democracia jamás será reemplazada por la república de los expertos. Por ello, el asunto de la distribución también merece ser estudiado de modo sistemático y metódico. A falta de fuentes, de métodos, de conceptos definidos con precisión, es posible decir todo y su contrario.

Thomas Piketty

Para algunos las desigualdades son siempre crecientes, y el mundo cada vez más injusto, por definición. Para otros las desigualdades son naturalmente decrecientes, o bien se armonizan de manera espontánea, y ante todo no debe hacerse nada que pudiera perturbar ese feliz equilibrio. Frente a este diálogo de sordos, en el que a menudo cada campo justifica su propia pereza intelectual mediante la del campo contrario, existe un cometido para un procedimiento de investigación sistemática y metódica, aun cuando no sea plenamente científica. El análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad. La investigación en ciencias sociales es y será siempre balbuceante e imperfecta; no tiene la pretensión de transformar la economía, la sociología ni la historia en ciencias exactas, sino que al establecer con paciencia hechos y regularidades, y al analizar con serenidad los mecanismos económicos, sociales, políticos, que sean capaces de dar cuenta de éstos puede procurar que el debate democrático esté mejor informado y se centre en las preguntas correctas; además puede contribuir a redefinir siempre los términos del debate, revelar las certezas estereotipadas y las imposturas, acusar y cuestionarlo todo siempre. Éste es, a mi entender, el papel que pueden y deben desempeñar los intelectuales y, entre ellos, los investigadores en ciencias sociales, ciudadanos como todos, pero que tienen la suerte de disponer de más tiempo que otros para consagrarse al estudio (y al mismo tiempo recibir un pago por ello, un privilegio considerable).

Ahora bien, debemos advertir que durante mucho tiempo las investigaciones eruditas consagradas a la distribución de la riqueza se basaron en relativamente escasos hechos establecidos con solidez, y en muchas especulaciones puramente teóricas. Antes de exponer con más precisión las fuentes de las que partí y que intenté reunir en el marco de este libro, es útil elaborar un rápido historial de las reflexiones sobre estos temas.

MALTHUS, YOUNG Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Cuando nació la economía política clásica en el Reino Unido y en Francia a fines del siglo xviii y principios del xix, el tema de la distribución ya era el centro de todos los análisis. Todos veían claramente que habían empezado transformaciones radicales, sobre todo con un crecimiento demográfico sostenido — desconocido hasta entonces — y los inicios del éxodo rural y de la Revolución industrial. ¿Cuáles serían las consecuencias de esos trastornos en el reparto de la riqueza, la estructura social y el equilibrio político de las sociedades europeas?

Para Thomas Malthus, que en 1798 publicó su Ensayo sobre el principio de población, no cabía ninguna duda: la principal amenaza era la sobrepoblación. Sus fuentes eran escasas, pero las utilizó de la mejor manera posible. Influyeron en él sobre todo los relatos de viaje de Arthur Young, agrónomo inglés que recorrió los caminos del reino de Francia en 1787-1788, en vísperas de la Revolución, desde Calais hasta los Pirineos, pasando por la Bretaña y el Franco Condado, y quien relató la miseria de las campiñas francesas.

No todo era impreciso en ese apasionante relato, lejos de eso. En esa época, Francia era por mucho el país europeo más poblado, y por tanto constituía un punto de observación ideal. Hacia 1700, el reino de Francia contaba ya con más de 20 millones de habitantes, en un momento en que el Reino Unido constaba de poco más de ocho millones de almas (e Inglaterra de alrededor de cinco millones). Francia presenció el crecimiento de su población a un ritmo sostenido a lo largo del siglo xviii, desde fines del reinado de Luis XIV al de Luis XVI, hasta el punto en que su población se acercó a los 30 millones de habitantes en la década de 1780. Todo permite pensar que, en efecto, ese dinamismo demográfico, desconocido durante los siglos anteriores, contribuyó al estancamiento de los salarios agrícolas y al incremento de la renta de la tierra en las décadas previas a la deflagración de 1789. Sin hacer de ello la causa única de la Revolución francesa, parece evidente que esta evolución sólo incrementó la creciente impopularidad de la aristocracia y del régimen político imperante.

Sin embargo, el relato de Young, publicado en 1792, estaba asimismo impregnado de prejuicios nacionalistas y de comparaciones engañosas. Nuestro gran agrónomo estaba muy insatisfecho con los mesones y con los modales de los sirvientes que le llevaban de comer, a los que describió con asco. De sus observaciones, a menudo bastante triviales y anecdóticas, pretendía deducir consecuencias para la historia universal. Sobre todo le preocupaba mucho la agitación política a la que podía llevar la miseria de las masas. Young estaba particularmente convencido de que sólo un sistema político a la inglesa —con Cámaras separadas para la aristocracia y el Estado llano, y el derecho de veto para la nobleza— permitiría un desarrollo armonioso y apacible, dirigido por personas responsables. Estaba convencido de que Francia estaba condenada al fracaso al aceptar en 1789-1790 que ocuparan un escaño unos y otros en un mismo Parlamento. No es exagerado decir que el conjunto de su relato estaba predeterminado por un temor a la Revolución francesa. Cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está muy distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época.

Cuando en 1798 el reverendo Malthus publicó su famoso Ensayo, fue aún más radical en sus conclusiones. Al igual que su compatriota, estaba muy preocupado por las noticias políticas que llegaban de Francia, y consideraba que para asegurarse de que semejantes excesos no se extendieran un día al Reino Unido era urgente suprimir todo el sistema de asistencia a los pobres y controlar severamente su natalidad, a falta de lo cual el mundo entero caería en sobrepoblación, caos y miseria. Es ciertamente imposible entender las excesivamente sombrías previsiones malthusianas sin tomar en cuenta el miedo que abrumaba a una buena parte de las élites europeas en la década de 1790.

RICARDO: EL PRINCIPIO DE LA ESCASEZ

Retrospectivamente, es muy fácil burlarse de los profetas de la desgracia, pero objetivamente, es importante darse cuenta de que las transformaciones económicas y sociales que estaban en curso a finales del siglo xviii y principios del xix eran bastante impresionantes, incluso traumáticas. En realidad, la mayoría de los observadores de la época —y no sólo Malthus y Young— tenían una visión por demás sombría, aun apocalíptica, de la evolución a largo plazo de la distribución de la riqueza y de la estructura social. Esto se aprecia sobre todo en David Ricardo y Karl Marx —sin lugar a dudas los dos economistas más influyentes del siglo xix—, quienes imaginaban que un pequeño grupo social—los terratenientes en el caso de Ricardo, los capitalistas industriales en el de Marx— se adueñarían inevitablemente de una parte siempre creciente de la producción y del ingreso.[1]

Para Ricardo, que en 1817 publicó sus Principios de economía política y tributación, la principal preocupación era la evolución a largo plazo del precio de la tierra y del nivel de la renta del suelo. Al igual que Malthus, casi no disponía de ninguna fuente estadística digna de ese nombre, pero eso no le impedía poseer un conocimiento íntimo del capitalismo de su época. Al pertenecer a una familia de financieros judíos de origen portugués, parecía tener menos prejuicios políticos que Malthus, Young o Smith. Influyó en él el modelo de Malthus, pero llevó el razonamiento más lejos. Se interesó sobre todo en la siguiente paradoja lógica: desde el momento en que el incremento de la población y de la producción se prolonga de modo duradero, la tierra tiende a volverse cada vez más escasa en comparación con otros bienes. La ley de la oferta y la demanda debería conducir a un alza continua del precio de la tierra y de las rentas pagadas a los terratenientes. Con el tiempo, estos últimos recibirían una parte cada vez más importante del producto nacional, y el resto de la población una fracción cada vez más reducida, lo que sería destructivo para el equilibrio social. Para Ricardo, la única salida lógica y políticamente satisfactoria es un impuesto cada vez más gravoso sobre la renta del suelo.

Esta sombría predicción no se confirmó: desde luego, la renta del suelo permaneció mucho tiempo en niveles elevados, pero en resumidas cuentas, a medida que disminuía el peso de la agricultura en el producto nacional el valor de las tierras agrícolas decayó inexorablemente respecto de las demás formas de riqueza. Al escribir en la década de 1810, sin lugar a dudas Ricardo no podía anticipar la amplitud del progreso técnico y del desarrollo industrial que se daría en el siglo que iniciaba. Al igual que Malthus y Young, no lograba imaginar una humanidad totalmente liberada del apremio alimenticio y agrícola. No por ello su intuición sobre el precio de la tierra deja de ser interesante: el “principio de escasez” sobre el que se apoya puede potencialmente llevar a algunos precios a alcanzar valores extremos durante largos decenios. Esto bastaría para desestabilizar de modo profundo a sociedades enteras. El sistema de precios tiene un papel irreemplazable en la coordinación de las acciones de millones de individuos, hasta de miles de millones de individuos en el marco de la nueva economía mundial. El problema estriba en que este sistema no conoce ni límite ni moral.

Cometeríamos un error al despreciar la importancia de este principio en el análisis de la distribución mundial de la riqueza en el siglo xxi; para convencerse de ello, baste con reemplazar en el modelo de Ricardo el precio de las tierras agrícolas por el de los bienes raíces urbanos en las grandes capitales, o también por el precio del petróleo. En ambos casos, si se prolongara para el periodo 2010-2050 o 2010- 2100 la tendencia observada a lo largo de los años 1970-2010,  entonces se llegaría a desequilibrios económicos, sociales y políticos de considerable amplitud —tanto entre países como en el interior de ellos—, que no distan de evocar el apocalipsis ricardiano.

Desde luego, en principio existe un mecanismo económico muy simple que permite equilibrar el proceso: el juego de la oferta y la demanda. Si un bien tiene una oferta insuficiente y si su precio es demasiado elevado, entonces debe disminuir la demanda de ese bien, lo que permitirá reducir el precio. Dicho de otra manera, si se incrementan los precios inmobiliarios y petroleros, basta con ir a vivir al campo, o bien utilizar una bicicleta (o ambas cosas al mismo tiempo). No obstante, además de que esto puede ser un poco molesto y complicado, semejante ajuste requeriría varias décadas, a lo largo de las cuales es posible que los dueños de los inmuebles y del petróleo acumulen créditos tan importantes sobre el resto de la población que a largo plazo se volverían propietarios de todo lo que se pueda poseer, incluso de la campiña y de las bicicletas. [2] Como de costumbre, es posible que lo peor nunca ocurra. Es demasiado pronto para anunciar al

lector que tendrá que pagar su renta al emir de Qatar de aquí a 2050: este tema será examinado en su momento, y desde luego la respuesta que daremos será más matizada, aunque  medianamente tranquilizadora.

Pero es importante entender desde ahora que el juego de la oferta y la demanda no impide en lo absoluto semejante posibilidad, a saber una divergencia mayor y perdurable de la distribución de la riqueza, vinculada con los movimientos extremos de ciertos precios relativos. Éste es el mensaje principal del principio de escasez introducido por Ricardo. Nada nos obliga a dejarlo al azar.

MARX: EL PRINCIPIO DE ACUMULACIÓN INFINITA

Cuando Marx publicó en 1867 el primer tomo de El capital, es decir exactamente medio siglo después de la publicación de los Principios de Ricardo, había ocurrido una profunda evolución de la realidad económica y social: ya no se trataba de saber si la agricultura podría alimentar a una población creciente o si el precio de la tierra aumentaría hasta las nubes, sino más bien de comprender la dinámica de un capitalismo en pleno desarrollo. El suceso más destacado de la época era la miseria del proletariado industrial. A pesar del desarrollo —o tal vez en parte debido a él— y del enorme éxodo rural que había empezado a provocar el incremento de la población y de la productividad agrícola, los obreros se apiñaban en cuchitriles. Las jornadas de trabajo eran largas, con sueldos muy bajos. Se desarrollaba una nueva miseria urbana, más visible, más

chocante, y en ciertos aspectos aún más extrema que la miseria rural del Antiguo Régimen. Germinal, Oliver Twist o Los miserables no nacieron de la imaginación de los novelistas, ni así lo hicieron las leyes que en 1841 prohibieron el trabajo de niños menores de ocho años en las manufacturas en Francia, o el de los menores de 10 años en las minas del Reino Unido en 1842.

El Cuadro del estado físico y moral de los obreros empleados en las manufacturas, publicado en Francia en 1840 por el Dr. Villermé y que inspiró la tímida legislación de 1841, describía la misma realidad sórdida que La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado por Engels en 1845. [3 ]

De hecho, todos los datos históricos de los que disponemos en la actualidad indican que no fue sino hasta la segunda mitad — o más bien hasta el último tercio — del siglo xix cuando ocurrió un incremento signifi cativo del poder adquisitivo de los salarios. De la década de 1800-1810 a la de 1850-1860, los salarios de los obreros se estancaron en niveles muy bajos, cercanos a los del siglo xviii y los siglos anteriores, e incluso inferiores en algunos casos. Esta larga fase de estancamiento salarial, que se observa tanto en el Reino Unido como en Francia, es impresionante particularmente debido a que el crecimiento económico se aceleró durante ese periodo. La participación del capital —beneficios industriales, renta del suelo, rentas urbanas— en el producto nacional, en la medida en que se le puede estimar a partir de las fuentes imperfectas de las que disponemos hoy día, se incrementó fuertemente en ambos países durante la primera mitad del siglo xix.[4] Disminuiría ligeramente en los últimos decenios del siglo xix, cuando los salarios se recuperarían parcialmente del retraso en su incremento. Sin embargo, los datos que reunimos indican que no hubo disminución estructural alguna de la desigualdad antes de la primera Guerra Mundial. En el transcurso de 1870-1914, en el mejor de los casos se presenció una estabilización de la desigualdad en un nivel muy elevado, y en ciertos aspectos una espiral inequitativa sin fi n, en particular con una concentración cada vez mayor de la riqueza. Es muy difícil decir a dónde habría conducido esta trayectoria sin los importantes choques económicos y políticos provocados por la deflagración de 1914-1918, que a la luz del análisis histórico, y con la retrospectiva de la que disponemos hoy día, se revelan como las únicas fuerzas que podían llevar a la reducción de las desigualdades desde la Revolución industrial.

Lo cierto es que la prosperidad del capital y de los beneficios industriales, en comparación con el estancamiento de los ingresos destinados al trabajo, era una realidad tan evidente en la década de 1840-1850 que todos estaban perfectamente conscientes de ello, aún si en ese momento nadie disponía de estadísticas nacionales representativas. Es en este contexto donde se desarrollaron los primeros movimientos comunistas y socialistas. La pregunta central es simple: ¿para qué sirvió el desarrollo de la industria, para qué sirvieron todas esas innovaciones técnicas, ese trabajo, esos éxodos, si al cabo de medio siglo de desarrollo industrial la situación de las masas siguió siendo igual de miserable, sin más remedio que prohibir en las fábricas el trabajo de los niños menores de ocho años? Parecía evidente el fracaso del sistema económico y político imperante.

Esto llevó a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué se puede decir de la evolución que tendría semejante sistema a largo plazo?

Marx se consagró a esta tarea. En 1848, en vísperas de la “Primavera de los pueblos”, ya había publicado el Manifiesto comunista,[5] texto corto y eficaz que inicia con el famoso “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”6 y concluye con la no menos célebre predicción revolucionaria: “[6]l desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía

las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables”.[7] En las dos siguientes décadas, Marx se dedicó a escribir el voluminoso tratado que justifi caría esta conclusión, y a fundamentar el análisis del capitalismo y de su desplome. Esta obra quedaría inconclusa: el primer tomo de El capital se publicó en 1867, pero

Marx falleció en 1883 sin haber terminado los dos siguientes tomos, que publicaría después de su muerte su amigo Engels, a partir de los fragmentos de manuscritos —a menudo oscuros— que dejó.

A semejanza de Ricardo, Marx basó su trabajo en el análisis de las contradicciones lógicas internas del sistema capitalista. De esta manera, buscó distinguirse tanto de los economistas burgueses (que concebían en el mercado un sistema autorregulado, es decir capaz de equilibrarse solo, sin mayor divergencia, similar a la “mano invisible” de Smith y a la “ley de Say”), como de los socialistas utópicos o proudhonianos quienes, según él, se contentaban con denunciar la miseria obrera, sin proponer un estudio verdaderamente científi co de los procesos económicos operantes.[8] En resumen: Marx partió del modelo ricardiano del precio del capital y del principio de escasez, y ahondó en el análisis de la dinámica del capital, al considerar un mundo en el que el capital es ante todo industrial (máquinas, equipos, etc.) y no rural, y puede, entonces, acumularse potencialmente sin límite. De hecho, su principal conclusión es lo que se puede llamar el “principio de acumulación infinita”, es decir la inevitable tendencia del capital a acumularse y a concentrarse en proporciones infinitas, sin límite natural; de ahí el resultado apocalíptico previsto por Marx: ya sea que haya una baja tendencial de la tasa de rendimiento del capital (lo que destruye el motor de la acumulación y puede llevar a los capitalistas a desgarrarse entre sí), o bien que el porcentaje del capital en el producto nacional aumente indefinidamente (lo que, tarde o temprano, provoca que los trabajadores se unan y se rebelen).

En todo caso, no es posible ningún equilibrio socioeconómico o político estable. Esta negra profecía de Marx no estuvo más cerca de ocurrir que aquella prevista por Ricardo. A partir del último tercio del siglo xix, por fin los sueldos empezaron a subir: se generalizó la mejora del poder adquisitivo, lo que cambió radicalmente la situación, a pesar de que siguieron siendo muy importantes las desigualdades, y en algunos aspectos éstas no dejaron de crecer hasta la primera Guerra Mundial. En efecto, la Revolución comunista tuvo lugar, pero en el país más atrasado de Europa, aquél en el que apenas se iniciaba la Revolución industrial (Rusia), mientras los países europeos más adelantados exploraban otras vías —socialdemócratas— para la fortuna de sus habitantes.

Al igual que los autores anteriores, Marx pasó totalmente por alto la posibilidad de un progreso técnico duradero y de un crecimiento continuo de la productividad, una fuerza que, como veremos, permite equilibrar —en cierta medida— el proceso de acumulación y de creciente concentración del capital privado.

Sin duda carecía de datos estadísticos para precisar sus predicciones. Sin duda también fue víctima del hecho de haber fijado sus conclusiones desde 1848, aun antes de iniciar las investigaciones que podrían justificarlas. Es por demás evidente que Marx escribía en un clima de gran exaltación política, lo que a veces conduce a atajos apresurados que es difícil evitar; de ahí la absoluta necesidad de vincular el discurso teórico con fuentes históricas tan completas como sea posible, a lo que en realidad Marx no se abocó.[9] A esto se suma que Marx ni siquiera se cuestionó sobre cómo sería la organización política y económica de una sociedad en la que se hubiera abolido por completo la propiedad privada del capital —problema complejo, si lo hubiera— como lo demuestran las dramáticas improvisaciones totalitarias de los regímenes que intentaron llevarla a cabo.

Sin embargo, veremos que, a pesar de todos sus límites, en muchos aspectos el análisis marxista conserva cierta pertinencia. Primero, Marx partió de una pregunta importante (relativa a una concentración inverosímil de la riqueza durante la Revolución industrial) e intentó darle respuesta, con los medios de los que disponía: he aquí un proceder en el que los economistas actuales harían bien en inspirarse. Entonces, cabe destacar que el principio de acumulación infinita defendido por Marx contiene una intuición fundamental para el análisis tanto del siglo xxi como del xix, y es en cierta manera aún más inquietante que el principio de escasez tan apreciado por Ricardo.

Ya que la tasa de incremento de la población y de la productividad permanece relativamente baja, las riquezas acumuladas en el pasado adquieren naturalmente una importancia considerable, potencialmente desmedida y desestabilizadora para las sociedades a las que atañen. Dicho de otra manera, un bajo crecimiento permite equilibrar tan sólo frágilmente el principio marxista de acumulación infinita: de ello resulta un equilibrio que no es tan apocalíptico como el previsto por Marx, pero que no deja de ser bastante perturbador. La acumulación se detiene en un punto fi nito, pero ese punto puede ser sumamente elevado y desestabilizador. Veremos que el enorme incremento del valor total de la riqueza privada —medido en años de producto nacional—, que se observa desde la década de 1970-1980 en el conjunto de los países ricos —en particular en Europa y en Japón—, obedece directamente a esta lógica.

DE MARX A KUZNETS: DEL APOCALIPSIS AL CUENTO DE HADAS

Al pasar de los análisis de Ricardo y de Marx en el siglo xix a los de Simon Kuznets en el siglo xx, se puede decir que la investigación económica pasó de un gusto pronunciado —y sin duda excesivo— por las predicciones apocalípticas a una atracción no menos excesiva por los cuentos de hadas, o por lo menos por los finales felices. Según la teoría de Kuznets, en efecto la desigualdad del ingreso se ve destinada a disminuir en las fases avanzadas del desarrollo capitalista, sin importar las políticas seguidas o las características del país, y luego tiende a estabilizarse en un nivel aceptable. Propuesta en 1955, se trata realmente de una teoría para el mundo encantado del periodo conocido como los “Treinta Gloriosos”: para Kuznets basta con ser paciente y esperar un poco para que el desarrollo beneficie a todos.[10] Una expresión anglosajona resume fielmente la filosofía del momento: “Growth is a rising tide that lifts all boats” [El crecimiento es una marea ascendente que levanta todos los barcos]. Es necesario relacionar también ese momento optimista con el análisis de Robert Solow en 1956 de las condiciones de un “sendero de crecimiento equilibrado”, es decir una trayectoria de incremento en la que todas las magnitudes —producción, ingresos, beneficios, sueldos, capital, precios de los activos, etc.— progresan al mismo ritmo, de tal manera que cada grupo social saca provecho del crecimiento en las mismas proporciones, sin mayor divergencia. Se trata de la visión diametralmente opuesta a la espiral desigualitaria ricardiana o marxista y de los análisis apocalípticos del siglo xix.

Para entender bien la considerable influencia de la teoría de Kuznets, por lo menos hasta la década de 1980-1990, y en cierta medida hasta nuestros días, debemos insistir en el hecho de que se trataba de la primera teoría en este campo basada en un profundo trabajo estadístico. De hecho, habría que esperar hasta mediados del siglo xx para que por fin se establecieran las primeras series históricas sobre la distribución del ingreso, con la publicación en 1953 de la monumental obra de Kuznets La Part des hauts revenus dans le revenu et l’épargne [La participación de los ingresos elevados en el ingreso y el ahorro]. Concretamente, las series de Kuznets sólo se refi eren a un país (los Estados Unidos) y a un periodo de 35 años (1913-1948). Sin embargo, se trata de una importante contribución que se basa en dos fuentes de datos totalmente inaccesibles para los autores del siglo xix: por una parte, las declaraciones de ingresos tomadas del impuesto federal sobre el ingreso creado en los Estados Unidos en 1913; por la otra, las estimaciones del producto nacional de los Estados Unidos, establecidas por el propio Kuznets algunos años antes. Fue la primera vez que salió a la luz una tentativa tan ambiciosa de medición de la desigualdad de una sociedad.[11]

Es importante entender bien que sin estas dos fuentes indispensables y complementarias es simplemente imposible medir la desigualdad en la distribución del ingreso y su evolución. Las primeras tentativas de estimación del producto nacional datan desde luego de fi nales del siglo xvii y de principios del xviii, tanto en el Reino Unido como en Francia, y se multiplicaron a lo largo del xix. Pero eran siempre estimaciones aisladas: habría que esperar el siglo xx y el periodo entre las dos Guerras para que se desarrollaran, a iniciativa de investigadores como Kuznets y Kendrick en los Estados Unidos, Bowley y Clark en el Reino Unido, o Dugé de Bernonville en Francia, las primeras series anuales del producto nacional. Esta primera fuente permite medir el producto total del país. Para medir los ingresos altos y su participación en el producto nacional, también es necesario disponer de las declaraciones de ingresos: esta segunda fuente fue suministrada, en todos los países, por el impuesto progresivo sobre el ingreso, adoptado por varios países alrededor de la primera Guerra Mundial (1913 en los Estados Unidos, 1914 en Francia, 1909 en el Reino Unido, 1922 en la India,1932 en Argentina).[12]

Es esencial darse cuenta de que aún en ausencia de un impuesto sobre el ingreso existían todo tipo de estadísticas relativas a las bases tributarias en vigor en un momento dado (por ejemplo sobre la distribución del número de puertas y ventanas por jurisdicción en la Francia del siglo xix, lo que además no deja de ser interesante). Estos datos, sin embargo, no nos dicen nada sobre los ingresos. Por otra parte, a menudo las personas interesadas no conocen bien su ingreso mientras no tengan que declararlo. Lo mismo sucede con el impuesto sobre las sociedades y sobre el patrimonio. El impuesto no sólo es una manera de hacer contribuir a unos y otros con el financiamiento de las cargas públicas y de los proyectos comunes, y de distribuir esas  contribuciones de la manera más aceptable posible; también es una manera de producir categorías, conocimiento y transparencia democrática.

Lo cierto es que los datos que recolectó Kuznets le permitieron calcular la evolución de la participación en el producto nacional estadunidense de los diferentes deciles y percentiles superiores de la distribución del ingreso. Ahora bien, ¿qué encontró? Advirtió que entre 1913 y 1948 en los Estados Unidos se dio una fuerte reducción de las desigualdades en los ingresos.

Concretamente, en la década de 1910-1920, el decil superior de la distribución, es decir el 10% de los estadunidenses más ricos, recibía cada año hasta el 45-50% del producto nacional. A fi nes de la década de 1940, la proporción de ese mismo decil superior pasó a aproximadamente el 30-35% del producto nacional.

La disminución —de más de diez puntos del producto nacional— es considerable: es equivalente, por ejemplo, a la mitad de lo que recibe el 50% de los estadunidenses más pobres.[13] La reducción de la desigualdad fue clara y contundente. Este resultado fue de importancia considerable, y tuvo un enorme impacto en los debates económicos de la posguerra, tanto en las universidades como en las organizaciones internacionales.

Hacía décadas que Malthus, Ricardo, Marx y muchos otros hablaban de las desigualdades, pero sin aportar ni la más mínima fuente, el más mínimo método que permitiera comparar con precisión las diferentes épocas y, por consiguiente, clasificar las diferentes hipótesis. Ahora, por primera vez, se proponía una base objetiva; desde luego imperfecta, pero con el mérito de existir. Además, el trabajo realizado estaba sumamente bien documentado: el grueso volumen publicado por Kuznets en 1953 expuso de la manera más transparente posible todos los detalles sobre sus fuentes y sus métodos, de tal modo que pudiera reproducirse cada cálculo. Y, por añadidura, Kuznets presentó una buena nueva: la desigualdad disminuía.

LA CURVA DE KUZNETS: UNA BUENA NUEVA EN LA ÉPOCA DE LA GUERRA FRÍA

A decir verdad, el propio Kuznets estaba perfectamente consciente del carácter accidental de la compresión de los elevados ingresos estadunidenses entre 1913 y 1948, que debía mucho a los múltiples choques provocados por la crisis de la década de 1930 y la segunda Guerra Mundial, y que tenía poco que ver con un proceso natural y espontáneo. En su grueso volumen publicado en 1953, Kuznets analizó sus series de manera detallada y advirtió al lector del riesgo de cualquier generalización apresurada. Pero en diciembre de 1954, en el marco de la conferencia que dictó como presidente de la American Economic Association reunida en un congreso en Detroit, optó por proponer a sus colegas una interpretación mucho más optimista de los resultados de su libro de 1953. Esta conferencia, publicada en 1955 bajo el título “Crecimiento económico y desigualdad de ingresos” es la que daría origen a la teoría de la “curva de Kuznets”. Según esta teoría, la desigualdad en cualquier lugar estaría destinada a seguir una “curva en forma de campana” —es decir, primero crecería y luego decrecería— a lo largo del proceso de industrialización y de desarrollo económico. Según Kuznets, a una fase de crecimiento natural de la desigualdad característica de las primeras etapas de la industrialización — y que en los Estados Unidos correspondería grosso modo al siglo xix —, seguiría una fase de fuerte disminución de la desigualdad, que en los Estados Unidos se habría iniciado durante la primera mitad del siglo xx.

1953. Esta conferencia, publicada en 1955 bajo el título “Crecimiento económico y desigualdad de ingresos” es la que daría origen a la teoría de la “curva de Kuznets”. Según esta teoría, la desigualdad en cualquier lugar estaría destinada a seguir una “curva en forma de campana” —es decir, primero crecería y luego decrecería— a lo largo del proceso de industrialización y de desarrollo económico. Según Kuznets, a una fase de crecimiento natural de la desigualdad característica de las primeras etapas de la industrialización —y que en los Estados Unidos correspondería grosso modo al siglo xix—, seguiría una fase de fuerte disminución de la desigualdad, que en los Estados Unidos se habría iniciado durante la primera mitad del siglo xx.

La lectura del texto de 1955 es esclarecedora. Tras haber recordado todas las razones para ser prudente, y la evidente importancia de los choques exógenos en la reciente disminución de la desigualdad estadunidenses, Kuznets sugirió, de manera casi anodina, que la lógica interna del desarrollo económico, independientemente de toda intervención política y de todo choque exterior, podría llevar igualmente al mismo resultado. La idea sería que la desigualdad aumenta durante las primeras fases de la industrialización (sólo una minoría está en condiciones de sacar provecho de las nuevas riquezas producidas por la industrialización), antes de empezar a disminuir espontáneamente durante las fases avanzadas del desarrollo (cuando una fracción cada vez más importante de la población se beneficia del crecimiento económico, de ahí una reducción espontánea de la desigualdad).[14]

Estas “fases avanzadas” se habrían iniciado a fines del siglo xix o a principios del xx en los países industrializados, y la reducción de la desigualdad ocurrida en los Estados Unidos durante los años de 1913-1948 sólo sería el testimonio de un fenómeno más general, que en principio todos los países, incluso los países subdesarrollados sumergidos en ese entonces en la pobreza y la descolonización, deberían experimentar tarde o temprano. Los hechos puestos en evidencia por Kuznets en su libro de 1953 se volvieron súbitamente un arma política de gran poder.[15]

Kuznets estaba perfectamente consciente del carácter por demás especulativo de una teoría como ésta. [16]

Sin embargo, al presentar una teoría tan optimista en el marco de su Presidential address a los economistas estadunidenses, que estaban muy dispuestos a creer y a difundir la buena nueva presentada por su prestigioso colega, Kuznets sabía que tendría una enorme infl uencia: había nacido la “curva de Kuznets”. A fi n de cerciorarse de que todo el mundo había entendido bien de qué se trataba, se esforzó además por precisar que el objetivo de sus predicciones optimistas era simplemente mantener a los países subdesarrollados en “la órbita del mundo libre”.

En gran medida, la teoría de la “curva de Kuznets” es producto de la Guerra Fría.

Entiéndanme bien: el trabajo realizado por Kuznets para establecer las primeras cuentas nacionales estadunidenses y las primeras series históricas sobre la desigualdad es muy considerable, y es evidente al leer sus libros — tanto más que sus artículos — que tenía una verdadera ética de investigador. Por otro lado, el importante crecimiento que tienen todos los países desarrollados en la posguerra es un acontecimiento fundamental, y el hecho de que todos los grupos sociales hayan sacado provecho de él lo es aún más. Es comprensible que haya prevalecido cierto optimismo durante los años conocidos como los Treinta Gloriosos y que hayan perdido popularidad las predicciones apocalípticas del siglo xix sobre la dinámica de la distribución de la riqueza.

Sin embargo, la mágica teoría de la “curva de Kuznets” fue formulada en gran medida por malas razones, y su fundamento empírico es muy frágil. Veremos que la fuerte reducción de las desigualdades en los ingresos que se produce en casi todos los países ricos entre 1914 y 1945, es ante todo producto de las guerras mundiales y de los violentos choques económicos y políticos que éstas provocaron (sobre todo para los poseedores de fortunas importantes), y poco tiene que ver con el proceso apacible de movilidad intersectorial descrito por Kuznets.

REUBICAR EL TEMA DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL CENTRO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

El tema es importante, y no sólo por razones históricas. Desde la década de 1970 la desigualdad creció significativamente en los países ricos, sobre todo en los Estados Unidos, donde en la década de 2000-2010 la concentración de los ingresos recuperó —incluso rebasó ligeramente— el nivel récord de la década de 1910-1920: es pues esencial comprender bien cómo y por qué la desigualdad disminuyó la primera vez.

Desde luego, el fuerte desarrollo de los países pobres y emergentes —y sobre todo de China— potencialmente es una poderosa fuerza de reducción de la desigualdad en todo el mundo, a semejanza del crecimiento de los países ricos durante los Treinta Gloriosos.

Sin embargo, este proceso genera fuertes inquietudes en el seno de los países emergentes, y más aún en el de los países ricos. Además, los impresionantes desequilibrios observados en las últimas décadas en los mercados financieros, petroleros e inmobiliarios, de manera bastante natural pueden suscitar dudas respecto del carácter ineluctable del “sendero de crecimiento equilibrado” descrito por Solow y Kuznets, y conforme al cual supuestamente todas las variables económicas clave crecen al mismo ritmo.

¿Acaso el mundo de 2050 o de 2100 será poseído por los traders, los súper ejecutivos y los poseedores de fortunas importantes, o bien por los países petroleros, o incluso por el Banco de China, o quizá lo sea por los paraísos fiscales que resguarden de una u otra manera al conjunto de esos actores? Sería absurdo no preguntárselo y suponer por principio que a largo plazo el desarrollo se “equilibra” naturalmente.

En cierta forma, en este inicio del siglo xxi estamos en la misma situación que los observadores del siglo xix: asistimos a transformaciones impresionantes y es muy difícil saber hasta dónde pueden llegar y qué aspecto tendrá la distribución mundial de las riquezas, tanto entre los países como en el interior de ellos, en el horizonte de algunas décadas. Los economistas del siglo xix tenían un inmenso mérito: situaban el tema de la distribución en el centro del análisis e intentaban estudiar las tendencias de largo alcance. Sus respuestas no siempre eran satisfactorias, pero por lo menos se hacían las preguntas correctas.

En el fondo no tenemos ninguna razón para creer en el carácter autoequilibrado del crecimiento. Ya es tiempo de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico y de replantear las cuestiones propuestas en el siglo xix. Durante demasiado tiempo, el asunto de la distribución de la riqueza fue menospreciado por los economistas, en parte debido a las conclusiones optimistas de Kuznets, y en parte por un gusto excesivo de la profesión por los modelos matemáticos simplistas llamados “de agente representativo”.17 Y para reubicar el tema de la distribución en el centro del análisis se debe empezar por reunir un máximo de datos históricos que permita comprender mejor las evoluciones del pasado y las tendencias en curso, pues al establecer primero pacientemente los hechos y las regularidades, al cotejar las experiencias de los diferentes países, podemos tener la esperanza de circunscribir mejor los mecanismos en juego y darnos luz para el porvenir.

Traducción de Eliane Cazenave-Tapie Isoard. Extracto de la introducción de El capital en el siglo xxi, de Thomas Piketty, cuya edición en español tenemos en preparación y saldrá a la luz en el otoño de 2014

1 Desde luego que existía una escuela liberal más optimista: al parecer Adam Smith pertenece a ella, y a decir verdad no se cuestionaba realmente sobre una posible divergencia de la distribución de la riqueza a largo plazo. Lo mismo sucedía con Jean-Baptiste Say (1767-1832), quien también creía en la armonía natural.

2 Desde luego, la otra posibilidad es incrementar la oferta, descubriendo nuevos yacimientos (o nuevas fuentes de energía, de ser posible más limpias), o mediante una densifi cación del hábitat urbano (por ejemplo, construyendo torres más altas), lo que plantea otras dificultades. En todo caso, esto también puede tomar decenios. 

3 Friedrich Engels (1820-1895), quien se volvería amigo y colaborador de Marx, tuvo una experiencia directa con su objeto de estudio, pues en 1842 se instaló en Manchester y dirigió una fábrica de su padre.

4 Recientemente, el historiador Robert Allen propuso llamar “pausa de Engels” a ese largo estancamiento salarial.

5 K. Marx y F. Engels, El manifi esto comunista, Jesús Izquierdo Martín (trad.), Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 155

6 Y la primera frase prosigue así: “Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”. Idem. El talento literario y polémico de Karl Marx (1818-1883), fi lósofo y economista alemán, explica sin duda parte de su inmensa influencia.

7 Ibid., pp. 167-168.

8 Marx había publicado en 1847 La miseria de la fi losofía, libro en el que ridiculizó La fi losofía de la miseria, publicada por Proudhon algunos años antes.

9 Marx intentó a veces utilizar de la mejor manera posible el aparato estadístico de su época (que era mejor que el de la época de Malthus y Ricardo, aunque objetivamente seguía siendo bastante rudimentario), pero muy a menudo lo hizo de manera relativamente impresionista y, sin establecer de manera muy clara el vínculo con sus desarrollos teóricos.

10 Los Treinta Gloriosos es el nombre dado a menudo — sobre todo en Europa continental — a las tres décadas posteriores a la segunda Guerra Mundial, caracterizadas por un crecimiento particularmente fuerte.

11 Simon Kuznets fue un economista estadunidense nacido en Ucrania en 1901, quien se mudó a los Estados Unidos a partir de 1922. Fue estudiante en Columbia, luego profesor en Harvard; falleció en 1985. Es autor tanto de las primeras cuentas nacionales estadunidenses como de las primeras series históricas sobre la desigualdad.

12 Ya que a menudo las declaraciones de los ingresos sólo atañen a una parte de la población y de los ingresos, es esencial disponer también de las cuentas nacionales para calcular el total de los ingresos.

13 Dicho de otra manera, las clases populares y medias — a las que se puede definir como el 90 por ciento de los estadunidenses más pobres — vieron que se incrementó claramente su participación en el producto nacional: de 50-55 por ciento en la década de 1910-1920 a 65-70 por ciento a finales de la década de 1940.

14 Esta curva también es conocida como “curva en U invertida”. El mecanismo específico descrito por Kuznets se basa en la idea de una progresiva transferencia de la población de un sector agrícola pobre hacia un sector industrial rico (al principio sólo una minoría goza de las riquezas del sector industrial, de ahí el incremento de la desigualdad, luego todo el mundo goza de ellas, por lo que se da una reducción de la desigualdad), pero es evidente que ese mecanismo muy estilizado puede adquirir una forma más general (por ejemplo, la forma de transferencias progresivas de mano de obra entre diferentes sectores industriales o entre diferentes empleos más o menos bien remunerados, etcétera).

15 Es interesante señalar que Kuznets no tenía ninguna serie que demostrara el incremento de la desigualdad en el siglo xix, pero que ello le pareciera evidente (como a la mayoría de los observadores de la época).

16 Como lo precisa él mismo: “Esto es tal vez un 5 por ciento de información empírica y 95 por ciento de especulación, y posiblemente parte de esto no sea más que una ilusión”. la enseñanza de la economía desde la década de 1960-1970, se supone por regla general que cada uno recibe el mismo salario, posee la misma riqueza y dispone de los mismos ingresos, de tal manera que por definición todos los grupos sociales gozan del crecimiento en las mismas proporciones. Semejante simplificación de la realidad puede justificarse para estudiar ciertos problemas muy específicos, pero desde luego limita drásticamente al conjunto de las cuestiones económicas que pueden plantearse.

A mediados de noviembre renunció a Codelco uno de sus ejecutivos más importantes: Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas. La renuncia se haría efectiva el 15 de diciembre, pero el 2 de este mes ya se anunciaba que el nuevo destino de Arriagada será la presidencia ejecutiva de Antofagasta Minerals, la minera del grupo Luksic, a donde arribará en febrero. La ruta de Arriagada es idéntica a la que siguió Diego Hernández. Ambos hicieron carrera en BHP Billiton (que en Chile opera Escondida, entre otras minas) y luego saltaron a Codelco, desde donde luego de un par de años emigraron a Antofagasta Minerals (ver línea de tiempo de Arriagada y de Hernández). De hecho, Arriagada llega a reemplazar a Hernández, quien asumió recientemente un puesto más alto en el holding.

Iván Arriagada

No es poco habitual un tránsito sin pausa como el de estos ejecutivos mineros desde el mundo privado al público. Incluso, pueden dar la vuelta completa, volviendo a la misma empresa privada después de ostentar un cargo público donde sus decisiones pudieron afectar los intereses de sus empleadores. Para graficar este movimiento entre el mundo público y el privado suele hablarse de “puerta giratoria”, un término originario del mundo anglosajón.

Cuando el tránsito es desde un cargo público a un puesto privado en una misma área, suelen producirse conflictos de intereses que en países como Chile no están bien regulados: ministros que terminan en directorios o gerencias de empresas en la misma área de negocios en que antes se desempeñaron como reguladores públicos. O personas que ocuparon cargos menores en el aparato público, pero estratégicos, que trasladan información sensible o influencia de un lado a otro de la puerta giratoria.

¿Cuántas personas que adquieren experiencia e información clave del aparato del Estado cruzan esta puerta? ¿Cómo monitorearlos? Esas dos preguntas motivaron el proyecto de CIPER “La Puerta Giratoria del Poder”. El objetivo es mostrar de la manera más clara posible el tránsito de los funcionarios desde un sector a otro y ponerlo a disposición de la ciudadanía, de modo que, con esa información a la vista, exista un escrutinio público de las decisiones que toman quienes han tenido la responsabilidad de un cargo público.

Para armar la base de datos con la información, definimos una lista de cargos estratégicos (ministros, subsecretarios, intendentes, gerentes de las principales empresas del Estado, entre otros) y buscamos a las personas que los ocuparon a partir de 2010, es decir, en la administración de Sebastián Piñera y el segundo mandato de Michelle Bachelet. Luego, rastreamos los trabajos que esas personas han desempeñado a partir del año 2000, antes y/o después de ejercer sus cargos públicos.

El listado busca ser lo más completo posible y se irá actualizando con los futuros cambios laborales. Por lo tanto, no implica que todos los que aparecen en este mapa sean protagonistas de una puerta giratoria. Sí hay un grupo que destaca entre el resto, porque en su tránsito entre los sectores público y privado se producen conflictos o potenciales conflictos de interés. Ellos están señalizados con una puerta giratoria roja y amarilla, respectivamente.

Se considera que los conflictos de interés pueden tener lugar cuando:

• Una persona que trabaja en el sector privado entra al gobierno y tiene el potencial de influir en políticas públicas que beneficien a un ex empleador o a una sociedad en la que tiene participación.
• Cuando la puerta gira en sentido contrario, es decir, cuando alguien deja el sector público y transita al privado, pues un ex funcionario público llevará inevitablemente un cúmulo de información sensible para quienes desde el sector privado interactúan con regulaciones.

Las categorías usadas son más amplias que los límites establecidos en la normativa chilena, que es bastante laxa en materia de conflictos de interés. Para quienes han ejercido labores fiscalizadoras, tras dejar su cargo público, la Ley de Probidad establece una ventana de seis meses en que no pueden ocupar cargos en empresas que fueron objeto de su fiscalización.

Cuando el movimiento es el contrario, es decir, cuando un empleado del sector privado asume una función pública, la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo establece que no podrá tomar decisiones que afecten a quien le prestó servicios profesionales en los últimos dos años. Es lo que se llama el “principio de abstención” y se extiende también a aquellos asuntos en que el funcionario tenga algún interés personal.

Los criterios de La Puerta Giratoria del Poder son más estrictos. Consideramos que están expuestos a potenciales conflictos de interés quienes han trabajado en la misma área en el sector público y en el privado, o tienen cargos cuyo espectro es amplio, como un ministerio que coordina el trámite legislativo o un parlamentario que puede votar un proyecto que afecta a una empresa de la que es director, por poner un ejemplo. En general, quienes tienen puertas giratorias amarillas han sido empleados y no dueños de empresas, y están expuestos a potenciales conflictos, pero no sabemos si éstos se materializaron o no.

Quienes tienen puertas giratorias rojas enfrentan situaciones más complejas. Por ejemplo, fueron y volvieron a la misma área e incluso al mismo trabajo que tenían antes, lo que deja al cargo público como una excepción dentro de su carrera, con el riesgo de haber favorecido a su empleador privado, con quien mantiene un compromiso más permanente. También se aplica a quienes tienen participación en sociedades del mismo rubro del cargo público que ejercen. O alguien que tuvo la posibilidad de tomar una decisión que le evitara el conflicto –como vender su parte de una empresa– y no lo hizo. El caso más evidente y grave es el de aquel funcionario que toma decisiones que favorecen a su compañía o a su ex empleador.

Este proyecto busca visibilizar y encender una luz de alerta –amarilla o roja– para que los ciudadanos tengan la información necesaria que les permita reconocer a quiénes favorecen las decisiones de sus autoridades. No busca acusar a quienes aparecen con puertas giratorias rojas y amarillas de haberse beneficiado de sus cargos públicos, sino que simplemente se muestra que estuvieron o están expuestos a eventuales conflictos de interés.

A través de una visualización de nodos hexagonales, la página permite navegar por sector (público, privado u otro). El tamaño del hexágono dependerá de la cantidad de conexiones entre las distintas áreas. Los nodos se van abriendo hacia las instituciones, luego hacia los cargos, hasta llegar finalmente a las personas. Cada sujeto tiene además una línea de tiempo en la que es posible ver todos los empleos que ha tenido en cada uno de los sectores y los conflictos a los que se ha visto enfrentada.

El proyecto cuenta con el apoyo del Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales (CIP-UDP) y está alojado en el sitio www.lapuertagiratoria.cl. El diseño es de Manuela Garretón, de Diatomea; y el desarrollo es de Cristhian López y Diego Chávez, de Zoohash. Las actualizaciones serán notificadas a través de la cuenta de Twitter @puertadelpoder y el canal de contacto para recibir datos, sugerencias o correcciones es puertagiratoria@ciperchile.cl.

UNA PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

Existen distintas formas de entender la puerta giratoria entre los organismos que han estudiado sus riesgos y hecho propuestas regulatorias para enfrentarla. “El fenómeno de la puerta giratoria se refiere al movimiento de personas desde y hacia puestos clave en la formulación de políticas públicas en el Poder Ejecutivo, Legislativo y en las agencias regulatorias. Esto acarrea el riesgo de que aumente la probabilidad de que quienes hacen las políticas públicas empaticen excesivamente con las necesidades de negocios particulares, ya sea porque vienen de ese mundo como porque planean moverse hacia el sector privado después de trabajar en el gobierno”, explicaba un documento de la OECD en 2009.

Transparencia Internacional, en cambio, es más dura a la hora de sacar conclusiones sobre los efectos y las intenciones de quienes se mueven desde el sector público al privado: “El término puerta giratoria se refiere al movimiento desde y hacia cargos públicos y compañías privadas, con el fin de explotar su periodo de servicio en beneficio de su actual empleador”. El organismo, además, define las áreas más comunes en que esto se produciría: salud, agricultura, finanzas, energía y defensa.  “Funcionarios públicos pueden incluso favorecer a ciertas compañías o sectores en sus decisiones mientras están en el gobierno con la esperanza de obtener un trabajo en el mundo corporativo una vez que dejen la administración pública”, advierte Transparencia Internacional. Y en el sentido contrario, hace notar que la migración hacia el sector público “eleva la posibilidad de un sesgo pro empresarial en la formulación de políticas y cumplimiento de regulaciones”.

En 2010, la OECD advertía de los riesgos que acarrea la migración del sector público al privado: “La partida desde cargos públicos plantea legítimas preguntas sobre el potencial uso o mal uso de conocimientos específicos o internos de los funcionarios públicos cuando dejan sus puestos y –tanto temporal como permanentemente– trabajan en el sector privado o sin fines de lucro”. El uso de información que no es accesible para el público general, incluyendo información clasificada y de seguridad nacional, datos personales o secretos comerciales están entre aquellos que pueden ser utilizados por ex funcionarios públicos para beneficios privados, lo que según la OECD es una preocupación entre los países que la integran (lo que incluye a Chile). Entre otras cosas, puede minar la confianza en el aparato público.

Según explica Transparencia Internacional en su documento, los países que han intentado regular estos tránsitos no pretenden “cerrar completamente la puerta, pues los movimientos de expertos calificados entre sectores ayuda a introducir innovación y perspectivas diferentes al gobierno y los negocios”. Lo que se busca entonces, es regular los tránsitos para intentar evitar los abusos.

¿Cómo se soluciona el problema? Las medidas más recurrentes son prohibir decisiones que afectan al empleador privado cuando los funcionarios entran al aparato público y establecer “períodos de enfriamiento” cuando el movimiento es hacia el sector privado. Mientras en Chile se contemplan seis meses y en casos muy específicos –cuando se trata de fiscalizadores–, otros países de la OECD exigen un año (Irlanda, Polonia, Eslovaquia) o dos (Japón, Holanda y Reino Unido), y hasta cinco, cuando se trata de cargos muy sensibles (Francia, Alemania y Canadá). Para la OECD, el fijar plazos muy rígidos puede ser injusto, pues el tiempo necesario depende del cargo y del “tiempo de vida” de los asuntos tratados, lo que es difícil de prever por adelantado. Por ello, en algunos países los períodos de enfriamiento son muy largos, pero los ex funcionarios pueden pedir a una comisión especial que analice sus casos y levante las restricciones.

EL FACTOR LOBBY

La crisis económica que comenzó en 2008 gatilló una fuerte reacción internacional contra la puerta giratoria, al quedar expuestos los tránsitos desde las entidades financieras a organismos reguladores que influyeron en reacciones tardías o derechamente nulas ante las irregularidades cometidas por importantes empresas privadas. Gran parte de estos vasos comunicantes tuvieron lugar en Estados Unidos, país donde existe una combinación de regulaciones federales y estatales.

La preocupación era tal que una de las primeras medidas que tomó Barack Obama, apenas un día después de asumir en la Casa Blanca, fue dictar una orden que ponía atajo a este fenómeno. Todos los funcionarios que asumieron con él debieron atenerse a las nuevas normas, que incluían la firma de un documento con una cláusula denominada “prohibición de puerta giratoria”.  “Durante dos años desde la fecha de mi nombramiento no participaré en ningún asunto que involucre asuntos específicos que estén directa y sustancialmente relacionados con mi antiguo empleador o ex clientes, incluyendo regulaciones y contratos”, era el compromiso de todos los funcionarios. Al dejar el gobierno, tienen prohibido comunicarse durante dos años con empleados de la repartición pública en la cual trabajaron.

Barack Obama

Quienes además hubieren estado registrados como lobistas en los dos años anteriores, deben firmar una cláusula adicional en que se comprometen a que en los dos siguientes años no participarán en ningún asunto relacionados con los temas en los que habían hecho lobby desde dos años antes de asumir. Tampoco podrán trabajar en ninguna agencia ante la cual hubieran hecho lobby en los dos años anteriores. Quienes dejan sus cargos para dedicarse al lobby están impedidos de realizar acciones de cabildeo ante el gobierno por todo el resto del periodo presidencial.

“Necesitamos cerrar la puerta giratoria que deja a los lobistas entrar libremente al gobierno y les permite usar su periodo en el servicio público como una forma de promover sus propios intereses por sobre los intereses del pueblo americano cuando se van”, dijo Obama al anunciar la medida.

En Chile, la Ley de Lobby que acaba de entrar en vigencia no considera este asunto. El larguísimo debate parlamentario dejó fuera la posibilidad de crear un registro obligatorio de lobistas, por lo que los actores más importantes no tienen una regulación específica.

Existe, sin embargo, un puñado de agencias de comunicaciones que han reconocido públicamente que entre sus actividades se encuentra el lobby ante los funcionarios de la administración pública. En la base de datos de La Puerta Giratoria del Poder dos personas fueron incluidas entre quienes presentan potenciales conflictos de intereses por estar relacionados laboralmente con algunas de estas empresas.

Nuestro nuevo proyecto La Puerta Giratoria del Poder permite detectar y analizar los conflictos y potenciales conflictos de interés que han tenido –o tienen- los funcionarios de la administración de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet al transitar desde el mundo público al sector privado o viceversa.

Al analizar los datos, se aprecia que en la nómina hay más funcionarios de la administración Piñera que de Bachelet que presentan conflictos de interés. La explicación es simple. En el caso del gobierno anterior, la muestra toma el periodo completo, por lo tanto, incluye a más personas de esa administración que de la actual, que lleva menos de un año instalada. Además, la derecha no estaba en el gobierno desde 1990, por lo cual, al llegar a La Moneda en 2010, prácticamente todos los cargos estratégicos del gobierno de Piñera provenían del sector privado, lo que los hace más susceptibles a enfrentar conflictos de interés. Esto se acentúa por el hecho de que entre los elegidos para desempeñar cargos en la administración anterior había muchos empresarios y no todos vendieron sus participaciones, sino que se desligaron temporalmente de la administración de sus compañías.

A través de la Ley de Transparencia pedimos al Servicio Civil las estadísticas de los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.

En cuanto a las áreas más sensibles para al fenómeno de la puerta giratoria, los casos analizados para este proyecto dan cuenta de que la mayor cantidad de conflictos se dan en medio ambiente, seguida por minería, obras públicas y energía. Más atrás los siguen economía, laboral y política, y luego agricultura, salud y telecomunicaciones.

En medio ambiente, un caso emblemático es el de María Ignacia Benítez, ex ministra de Piñera. Hasta antes de asumir en esa cartera, trabajó en Gestión Ambiental Consultores (GAC), empresa especializada en estudios de impacto ambiental. Tres de sus colegas en GAC la siguieron y asumieron responsabilidades en el gobierno: Ricardo Katz, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente; Leonel Sierralta, jefe de división de la Subsecretaría del Medio Ambiente e Ignacio Toro, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. La senadora Soledad Alvear los acusó de conflicto de interés en la evaluación de un proyecto termoeléctrico de cuyo estudio habían participado. Si bien la Contraloría confirmó que habían hecho el estudio y por lo tanto estaban afectos al deber de abstención, respondió que no se habían adjuntado antecedentes que demostraran que los funcionarios hubieran participado posteriormente en la evaluación del proyecto.

Más allá de los criterios aplicados por la Contraloría, el hecho de que la ministra de Medio Ambiente hubiera sido jefa de proyectos de una empresa que realizaba estudios en el mismo rubro, la tuvo permanentemente frente a potenciales conflictos de interés. Tras dejar el ministerio apareció como consultora medioambiental de Longueira, Chadwick y Hermosilla Asesorías, un proyecto que fracasó antes de echarse a andar tras ser criticada la alianza de los ex ministros de Piñera con el lobista Enrique Correa. Finalmente, seis meses después de su salida del gobierno, María Ignacia Benítez se sumó a otros ex ministros de Piñera para formar la consultora Teamfex, donde también hace asesorías ambientales y, por lo tanto, nuevamente enfrenta potenciales conflictos de interés (ver línea de tiempo de Benítez).

Gabriel Ruiz-Tagle

El caso de Benítez no fue aislado en el gabinete de Piñera. El más conocido fue el del subsecretario y posteriormente ministro del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle. Al igual que el propio Piñera, tenía acciones en Blanco y Negro, sociedad de la que fue presidente y que administra los bienes y derechos del club de fútbol Colo Colo. En 2010 se negó a vender su participación hasta que la Contraloría le advirtió que no podría tomar decisiones ligadas al fútbol profesional pues debía respetar el principio de abstención (ver línea de tiempo de Ruiz-Tagle).

La Universidad del Desarrollo penó a otros dos de los ministros de ese gabinete. Tanto Joaquín Lavín como Cristián Larroulet fueron fundadores y socios de esa casa de estudios (a través de una red de empresas inmobiliarias, pues la ley prohíbe a las universidades lucrar). El primero vendió su participación días antes de asumir la cartera de Educación, pero la agenda política se centró justamente en el lucro de las universidades privadas, lo que convirtió el vínculo del ministro en combustible del movimiento estudiantil.

No menos compleja aunque de más bajo perfil fue la situación de Cristián Larroulet, quien desde la Secretaría General de la Presidencia debió coordinar la agenda legislativa marcada por la educación. A diferencia de Lavín, no vendió su participación en la UDD. Ha dicho que no incurrió en conflicto porque su patrimonio quedó en un fideicomiso ciego y delegó en el subsecretario la tramitación de proyectos de educación. La Contraloría ratificó que no tomó decisiones relativas a educación. A pesar de que el ex ministro Larroulet ha argumentado que nunca se pronunció sobre el tema, sí hay registro de que participó de la agenda política del gobierno respecto a la educación superior. Como parte del comité político del gobierno, difícilmente pudo estar ajeno a la discusión sobre las políticas educativas, tema central del periodo. Si antes de entrar al gobierno Larroulet había sido decano de la Facultad de Negocios de la UDD por 20 años, tras salir de La Moneda volvió como académico (ver línea de tiempo de Larroulet). Y su decanato en la UDD fue asumido por Joaquín Lavín (ver línea de tiempo de Lavín).

EL PROBLEMA DE TRABAJO

También es esperable que en las áreas que exigen mayor especialización existan tránsitos más habituales entre el sector público y el privado. Pero el hecho de que sea necesario tener especialistas no los exime de los conflictos de interés. Es el caso de Fernando Arab, quien acaba de ser el abogado sub 35 más votado en el ránking Leading Lawyers Chile que publica revista Qué Pasa. “Desde el 2006 trabaja en el estudio Morales & Besa, donde actualmente es asociado senior y lidera la práctica Laboral y Migratoria. Entre junio de 2013 y marzo de 2014 se desempeñó como subsecretario del Trabajo”, dice la presentación del premio en la revista. Su perfil en Linkedin, la red social profesional más popular, confirma el dato: trabaja en Morales & Besa desde 2006. Su desempeño como subsecretario del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera parece ser un paréntesis en el ejercicio privado del derecho laboral, en un estudio específico donde asesora empleadores y los representa en litigios laborales y otros asuntos relacionados con el trabajo, incluyendo negociaciones colectivas (ver línea de tiempo de Arab).

Patricia Silva

En la misma área, la ex directora del Trabajo Patricia Silva (actual subsecretaria de la Presidencia) creó posteriormente una consultora laboral (ver línea de tiempo de Silva). Y el actual director del Trabajo, Christian Melis, fue jefe de fiscalización de ese organismo y luego creó una empresa en que hacía asesorías laborales, la que dejó para volver a la DT (ver línea de tiempo de Melis).

En el área de salud el más expuesto fue el ex ministro Jaime Mañalich, por haber tenido participación en la Clínica Las Condes, de la cual era directivo médico hasta que asumió la cartera en el gobierno de Piñera. Los cuestionamientos apuntaban a que esa clínica privada se adjudicó millonarias licitaciones durante su gestión (ver línea de tiempo de Mañalich). Sin embargo, fue el ex superintendente de Salud Luis Romero quien dio la vuelta completa de la puerta giratoria: trabajó como subgerente de Colmena hasta seis meses antes de asumir y volvió a la misma isapre meses después de dejar el gobierno, esta vez como gerente general. ¿Dejó pasar los dos años que exige la ley para tomar decisiones respecto a Colmena en la superintendencia? ¿Cómo pudo el superintendente fiscalizar y regular a uno de los principales actores del sistema privado de salud si estaba por ley inhibido de hacerlo? (ver línea de tiempo de Romero).

En el actual gobierno existen potenciales conflictos de interés que no hay que perder de vista porque aún está por verse cómo se resuelven. Una situación incómoda, por ejemplo, enfrenta la ministra de Cultura, Claudia Barattini, quien trabajaba en la Fundación Teatro a Mil, entidad que históricamente ha recibido fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ahora ella preside. En 2014 fueron $283 millones los que recibió la fundación, monto que de acuerdo al Observatorio de Políticas Culturales aumentará un 10% para 2015, en el marco de un crecimiento general de los fondos de 22,6% para el próximo año (ver línea de tiempo de Barattini).

PROBLEMA RECURRENTE EN LA DGA

Una situación similar a la del área laboral se vive en los cargos ligados a la regulación del agua. Por ejemplo, Mariana Concha, quien asumió como subdirectora de la Dirección General de Aguas (DGA) en 2010 y en 2011 pasó a encabezar la Dirección General de Obras Hidráulicas, había sido previamente subgerenta de Aguas Andinas (ver línea de tiempo de Concha). Y tres de los últimos cuatro directores de la DGA enfrentaron conflictos de interés.

Francisco Echeverría

Por ser un área sensible, incluimos en la base de datos a Rodrigo Weisner, quien estuvo a cargo de la DGA durante el primer gobierno de Bachelet. Ya en enero de 2010 –dos meses antes de que dejara el gobierno– la prensa anunciaba que había cerrado un trato con el poderoso estudio de abogados Puga y Ortiz, al que se integraría como socio en abril. Weisner llevaba 12 años en el Ministerio de Obras Públicas (del que depende la Dirección General de Aguas), donde llegó poco después de titularse de abogado de la Universidad Andrés Bello. En la DGA se hizo un experto en Derecho de Aguas y se convirtió en un activo para Puga y Ortiz. Ahí defendería a poderosos actores del mercado del agua, desde el grupo Luksic a Edmundo Pérez Yoma, al punto de tratar de impugnar normas que él mismo había dictado en la DGA (ver línea de tiempo de Weisner).

Su sucesor, Matías Desmadryl, combina la ruta de Concha y Weisner. Antes de entrar a la DGA estuvo a cargo de asuntos regulatorios de Aguas Andinas y un año después de dejar el sector público fue fichado por un estudio de abogados donde, entre otras cosas, ve asuntos relacionados con temas hídricos (ver línea de tiempo de Desmadryl).

A Desmadryl lo reemplazó Francisco Echeverría, quien tras una carrera ligada al derecho de agua en el sector privado, había asumido un año antes como fiscal de la DGA. Echeverría lideró el organismo hasta el final del gobierno de Piñera y un mes después abrió un estudio (H2O), donde obviamente el foco está puesto en los recursos hídricos. Allí también trabaja un ex director regional de aguas (ver línea de tiempo de Echeverría).

LA PUERTA DEL LOBBY

Entre los funcionarios que dejaron la administración Piñera, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, emigró a Azerta, una de las grandes empresas de comunicaciones que además realiza lobby y donde se desempeña como director (ver línea de tiempo de Flores). Con una trayectoria en el mundo político –antes fue director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán– el ex alto funcionario público es ahora parte del equipo de una compañía que representa intereses privados ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el sentido inverso fue el movimiento de Carlos Correa, quien hasta marzo pasado era el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, la empresa que lidera su padre, el lobista Enrique Correa, y cuyos clientes no son informados públicamente. Ahí dirigía el área que justamente se dedica a representar los intereses de clientes privados ante la administración pública. En la administración de Michelle Bachelet, Correa es el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno (ver línea de tiempo de Correa). Por el tipo de trabajo que realizaba anteriormente, es posible asumir que tiene una amplia gama de potenciales conflictos de interés.

Para evitar nuevas filtraciones, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, guarda en su escritorio una sola copia del proyecto que modifica el sistema de financiamiento y gasto electoral, un asunto que se ha tomado la agenda en los últimos meses a raíz de las revelaciones sobre financiamiento ilegal de campañas que han comprometido a parlamentarios de la derecha en el caso Penta. La ministra Rincón aseguró a CIPER que el documento está “prácticamente listo” y lo va a revisar con la presidenta Bachelet durante el fin de semana, para enviarlo a la Cámara de Diputados a más tardar el miércoles 17 de diciembre, como acordaron en el protocolo que firmaron este miércoles 11 con cuatro de los cinco senadores de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (ver protocolo).

Ximena Rincón

El protocolo precipitó el envío del proyecto al Congreso, que originalmente estaba programado para el 2015, junto a otras leyes políticas como la reestructuración del Servicio Electoral y la nueva Ley de Partidos Políticos, según dijeron a CIPER fuentes del gobierno. La idea es evitar que la comisión comience a discutir las indicaciones de los diputados Vlado Mirosevic (ind.) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) que introducan cambios al financiamiento electoral pero que fueron incluidas en el proyecto de ley que elimina el sistema electoral binominal. El gobierno se ha comprometido a promulgar el proyecto del binominal antes del 31 de enero. “Si entrábamos a la votación sobre financiamiento –dijo un senador de la comisión–, íbamos a entramparnos en una larga discusión, con más indicaciones y un debate que podía extenderse por meses”.

Los diputados Jackson y Mirosevic no lo ven así y por eso han intentado presionar públicamente al gobierno y a los senadores para que se aprueben sus indicaciones, que ponen fin a los aportes reservados y a las donaciones de personas jurídicas a las campañas. Si bien ambos puntos están comprometidos en el proyecto del gobierno, temen que el trámite legislativo se eternice –como ha sucedido anteriormente– o sea modificado hasta desvirtuarlo. Después de todo, el financiamiento electoral es un tema que afecta justamente a quienes deben legislar. Y creen que este es el momento político para impulsar cambios mayores.

Pero tras semanas de un intenso lobby por parte de La Moneda para que se rechazara la iniciativa de los diputados, los senadores Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI), Pedro Araya (DC) y Felipe Harboe (PPD) acordaron suscribir un acuerdo con el gobierno que evitó la votación de las polémicas indicaciones, a cambio del envío del proyecto específico. Sólo se marginó el senador Alfonso De Urresti (PS), argumentando que no cree en este tipo de protocolos pero que comparte el criterio de los otros senadores en el sentido de tratar separadamente este tema del financiamiento con los cambios del sistema electoral que va a regir en el país.

ALMUERZO CON PEÑAILILLO

Según dijeron a CIPER senadores de la comisión, este protocolo se venía trabajando desde mucho antes con la Segpres y el Ministerio del Interior y no fue producto de la presión mediática que ejercieron Jackson y Mirosevic en los últimos meses, con el corolario de una transmisión prácticamente en línea de lo que ocurría en la sesión del miércoles vía Twitter, pues el canal de TV del Senado estaba transmitiendo otra comisión. Mientras el ex dirigente universitario presenciaba la sesión, su equipo informaba y retwitteaba: “Senadores que votan eliminar las donaciones de empresas, recibieron de empresas: Larraín 100%, Espina 71%, Harboe 70%, De Urresti 16%, Araya 14%”.

Giorgio Jackson

El primer protocolo de acuerdo se firmó a fines de junio, antes de que se votaran las indicaciones de Jackson y Mirosevic, quienes también lo suscribieron. Buscaba asegurar los votos para el cambio al binominal y si bien se habla de reducir el límite del gasto electoral, no se entra en mayor detalle (ver protocolo 1).

Un mes después la Comisión de Constitución de la Cámara declaraba inadmisible las indicaciones de los dos diputados para limitar las donaciones de las empresas. El 13 de agosto volvieron a la carga en la Sala con la firma de 30 diputados que respaldaron su iniciativa y esta vez, lograron que se aprobara, con lo cual pasó al Senado incorporada al texto del proyecto sobre el nuevo sistema electoral. Para entonces, un nuevo protocolo comprometía al gobierno a avanzar en una serie de temas que habían sido incluidos como indicaciones pero dejados a un lado para privilegiar el trámite del binominal. Entre ellos, mayor transparencia y límites del gasto de electoral, incluyendo el fin de aportes de empresas y donaciones reservadas (ver protocolo 2).

Uno de los senadores de la Nueva Mayoría recuerda que hace tres meses, el mismo día del atentado con bomba en la estación de metro Escuela Militar (lunes 8 de septiembre), fueron a La Moneda a almorzar con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a discutir el proyecto sobre los cambios al sistema binominal que ya había pasado al Senado. Este es uno de los proyectos que el titular de Interior ha jineteado desde el comienzo y donde ha puesto en juego su capital político. Según dijeron a CIPER, los tres senadores oficialistas de la comisión que asistieron a ese encuentro le plantearon al ministro que no estaban dispuestos a despachar el proyecto de cambio al sistema binominal si no estaba sobre la mesa el proyecto que promete corregir el sistema de financiamiento a la política. Es decir, el gobierno estaba notificado de la intención de “amarrar” ambos temas, desde el punto de vista de la agenda legislativa. Pero no había hasta ese momento, compromiso de fechas concretas para el envío del proyecto sobre cambios al financiamiento.

Vlado Mirosevic

Al interior de La Moneda, la iniciativa de Jackson y Mirosevic provocó profunda molestia, porque se interpretó como una “movida de agenda personal”. Fuentes de la Segpres explicaron a CIPER que en el protocolo de junio con todos los partidos de gobierno y oposición se acordó trabajar con grupos independientes, centros de estudios y expertos para iniciar un estudio minucioso de un proyecto integral, que regule de mejor forma la propaganda, el gasto y el financiamiento de la política. Según dijeron, Jackson fue invitado a participar en esta instancia, pero se marginó. En cambio, entregó a la ministra Rincón su propuesta en octubre (ver propuesta diputados Jackson y Mirosevic), cuando el trabajo pre legislativo ya estaba prácticamente finalizado.

El diputado Jackson señaló a CIPER que efectivamente se restó de participar en la mesa de trabajo de la Segpres porque creía que era necesario mantener en paralelo las indicaciones que habían adjuntado al proyecto del binominal. A diferencia de La Moneda, donde se considera que esas indicaciones son un error de técnica legislativa pues se requiere de un proyecto integral que regule la materia, los parlamentarios están convencidos de que sólo aprobar esos puntos ahora garantiza que una ley específica sea despachada antes de las próximas elecciones municipales. Jackson enfatiza además que el proyecto del binominal ya contiene artículos ajenos al sistema electoral y que involucran, por ejemplo la Ley de Partidos Políticos, pero que a diferencia del financiamiento electoral, a nadie parece molestarle.

OFENSIVA DE LA MONEDA

Al interior de la Comisión de Constitución, los senadores de oposición y de gobierno coinciden en que la propuesta de Jackson y Mirosevic es “incompleta y parcial” porque se limita a restringir el aporte de empresas y a terminar con aportes reservados pero no contempla otros aspectos necesarios, como definir el rol fiscalizador del Servel, el aporte del Estado a las campañas y partidos políticos, la propaganda, entre otros punto que promete zanjar la nueva ley.

Para Interior, el problema es que desvía la atención del foco principal del proyecto que es rediseñar el mapa electoral del país, y en el caso de la Segpres, consideran que este tema debe tratarse en un proyecto específico. La estrategia de los diputados es que sus indicaciones presionen la tramitación de dicho proyecto, no que lo reemplacen.

En la sesión del miércoles, la ministra Rincón presentó un power point con los aspectos centrales que contempla el proyecto sobre financiamiento de la política (ver documento). En lo medular, se disminuye en un 50% el límite del gasto electoral para cada elección, con el detalle para las presidenciales, parlamentarias y municipales; se duplica el aporte estatal inicial en las campañas, se elimina el aporte de personas jurídicas (empresas) y en el caso de personas naturales se restringe sustantivamente (en el trabajo pre legislativo habría oscilado la cifra desde 50 a 1.000 UF). Solo se permite el aporte reservado a las campañas por montos muy bajos (aun no definidos), en los casos de personas dependientes que no quieren revelar el destino de su aporte por temor a sufrir represalias laborales.

Una novedad que incorpora el proyecto es limitar el aporte personal del candidato, en no más de un 10% del total del gasto de su campaña. Esta medida estaría orientada a “igualar la cancha” evitando campañas millonarias en desmedro de candidatos con menos patrimonio. Algunos senadores consideran que esto podría perjudicar, de paso, a quienes piden créditos para financiar sus campañas apostando a recuperar ese dinero con el aporte fiscal por votos obtenidos, y que no tienen otras fuentes de financiamiento.

Alberto Espina

En la presentación de la ministra de Segpres, se detallan algunas sanciones que debieran operar si se violan las normas sobre financiamiento. Como ejemplo, si un candidato recibe aportes “mediante falsedad, engaño o maliciosa omisión” será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio.

Una de las tensiones que se vivió en la sesión del miércoles de la comisión, ad portas de que se votara la indicación de los diputados, la protagonizó el senador Alberto Espina con Giorgio Jackson. El senador de RN consideró “inadmisible” que el diputado presionara la votación, a través de su cuenta de twitter “haciéndonos aparecer como si nos opusiéramos a la transparencia del financiamiento de la política, en circunstancias que nos oponemos a una indicación con graves falencias, y que no tiene sentido tramitar en forma aislada en medio de un proyecto totalmente distinto”.

Espina se declaró partidario de “un financiamiento totalmente público, donde las empresas y particulares puedan donar dinero sin restricciones, pero donde todos sepamos quién da a quién”. Explicó a CIPER que coincide con el proyecto del gobierno en permitir gastos reservados en montos muy bajos, sólo para personas que no quieren revelar sus donaciones, por consideraciones laborales.

La explicación de Espina da cuenta de que el gobierno está lejos de tener un consenso en torno al contenido de su proyecto, aunque aún es muy pronto para saber si cuenta con los votos necesarios para probarlo. O, si como temen Jackson y Mirosevic, se ablandará durante el trámite legislativo.

¿MONEDA DE CAMBIO?

En el diseño del nuevo mapa electoral, se han barajado diferentes propuestas. El más reciente cambio rompe la paridad de dos senadores por circunscripción en Antofagasta y Los Ríos, agregando un tercer parlamentario, pero quitándole dos a la Región Metropolitana. El anuncio generó suspicacia en algunos sectores porque beneficia precisamente las circunscripciones de Alfonso De Urresti y Pedro Araya, dos de los senadores que integran la comisión de Constitución, Legislación y Justicia donde está radicado el proyecto de término al sistema binominal. La noticia del cambio se publicó en los medios días antes de que se votara la indicación de Jackson y Mirosevic sobre el fin del aporte empresarial a las campañas políticas, y que terminó con la firma del protocolo del gobierno.

Pedro Araya

Pedro Araya dijo enfáticamente a CIPER: “Es una tontera pensar que pudimos ser beneficiados, a cambio de asegurar que votáramos en contra de la indicación de los diputados. Esa es una propuesta que nos hizo el ministro del Interior hace mucho tiempo y que responde a una lógica indesmentible. Ambas regiones son las más grandes en cantidad de electores, después de la Región Metropolitana y por lo tanto, les correspondía tener un senador más”.

A su turno, la ministra Ximena Rincón dijo a CIPER:

-Me parece muy bajo que alguien pretenda imputar otros intereses a esos dos cupos que se agregaron en las regiones de los dos senadores de la comisión. Era lo que en justicia y por lógica correspondía. Por eso, quien piense eso que lo diga y justifique públicamente con nombre y apellido, porque es algo muy bajo.

De acuerdo al protocolo suscrito el miércoles, el proyecto que cambia el sistema de financiamiento y gasto electoral debe ingresar al Congreso por la Cámara. El siguiente proyecto que debiera entrar a la arena política es el que modifica atribuciones y funcionamiento del Servicio Electoral, una pata esencial de esta mesa, porque sin herramientas poderosas, cualquier ley electoral se convertiría finalmente en letra muerta.

EL DESTINO DE LAS PLATAS

Un reportaje de CIPER reveló recientemente que el 90% del financiamiento privado de las últimas elecciones (presidente, senadores, diputados y consejeros regionales) provino de fuentes secretas. Se trata mayoritariamente de donaciones reservadas, que en total suman $21 mil millones. Los datos del Servicio Electoral (Servel) dan cuenta de que ese monto fue desembolsado entre 297 personas jurídicas y 12 personas naturales. Si se mira un poco más allá, se puede concluir que las empresas privadas desembolsaron un monto similar al que aportó el Fisco ($20 mil millones), pero si este último dividió los fondos de acuerdo a los votos que la ciudadanía le entrega a los candidatos, las empresas definieron sus estrategias de acuerdo a sus intereses particulares. Y el resultado claramente no es equitativo (ver reportaje).

¿Qué dice el “voto” de las empresas? Entre los senadores electos, el mayor monto lo obtuvo el PPD Guido Girardi, seguido de Andrés Allamand (RN) y Ena Von Baer (UDI) (ver ránking). En cuanto a los diputados, los preferidos fueron Ernesto Silva (UDI), Felipe Kast (Evopoli) y Nicolás Monckeberg (RN) (ver ránking).

La influencia que pueden tener estas empresas en el resultado final de la votación y luego en el desempeño legislativo de los candidatos electos están en el corazón de las argumentaciones para poner límites o prohibir que personas jurídicas hagan donaciones políticas. Es por lo mismo un tema complejo de legislar, pues afecta a la clase política en general, produciéndose una inevitable tensión entre intereses personales o políticos, y bien común.

La opacidad en las donaciones políticas ha demostrado contaminar las tramitaciones de proyectos de ley en el Congreso. Uno de los casos más bullados fue destapado por CIPER el año pasado, al revelar que la ex diputada Marta Isasi había recibido fondos de Corpesca y luego se había alineado con sus intereses durante la votación de la Ley de Pesca. Dichos dineros se canalizaron tanto a través de las donaciones reservadas legales como en forma paralela (ver reportaje de CIPER). En mayo pasado, Isasi fue formalizada por fraude al Fisco.

Desde entonces, el tema del financiamiento electoral ha vuelto numerosas veces a la agenda pública, lo que ha presionado al mundo político a introducir cambios al sistema de financiamiento. En noviembre de 2013, CIPER publicó por primera vez las actas de directorios de empresas que aprobaban millonarias donaciones políticas. El monto más alto detectado fue el de Endesa y Enersis, que juntas sumaban US$ 3,5 millones (ver reportaje). La sesión de Endesa fue presidida por Jorge Rosenblut, quien hoy ocupa la presidencia de Enersis y es la pareja de la ministra Rincón, que a su vez lidera desde La Moneda el proyecto que prohibiría este tipo de aportes.

Otro punto de inflexión se produjo este año, cuando La Tercera publicó la lista completa de las empresas que habían obtenido beneficios tributarios de sus donaciones políticas (ver listado). Luego, la evolución del caso Penta ha hecho ineludible el tema del rol de las empresas en el financiamiento de la política.

Además, CIPER publicó un especial que detalla los montos de donaciones reservadas en las últimas elecciones (ver especial). Ahí se puede revisar, por ejemplo, cuáles fueron las donaciones que recibieron los senadores de la Comisión de Constitución que esta semana sellaron el futuro de los cambios legales en la materia.

Pedro Araya sólo recibió $13 millones de aportes reservados, lo que equivale al 18% de sus donaciones privadas (ver información de Antofagasta). El mismo monto registra Alfonso de Urresti, aunque en su caso representa 42,2% del total de aportes privados (ver información de Los Ríos). Hernán Larraín, en cambio, obtuvo $248 millones por vía reservada, equivalente al 100% de todo lo que recaudó, pues ni siquiera requirió de aporte fiscal (ver información de Maule Sur). Alberto Espina recibió $133 millones reservados, correspondientes al 98% de sus aportes privados (ver información de Araucanía Norte). Felipe Harboe, en tanto, registra $272 millones de aportes reservados, 88,9% de sus fondos privados (ver información de BíoBío Cordillera).

El caos del transporte capitalino que se vivió el 14 de noviembre, con la caída de las líneas 1, 2 y 5 del Metro, dejó al descubierto la fragilidad del ferrocarril subterráneo que crujió por todos sus costados, convirtiéndose para La Moneda en una nueva urgencia en su agenda. La falla se sumó a otras dos que provocaron -en las horas peak de la mañana (13 de agosto) y de la tarde (20 de agosto)- la interrupción del principal medio de transporte de Santiago. A partir de ese día los ciudadanos entendieron que las averías reiteradas escondían un cúmulo de errores que terminó arrastrando al Metro a sus crisis más profunda.

A un mes de la gran falla, recién comienza a develarse el impacto que provocó la política de despidos de la anterior administración y que afectó a profesionales y trabajadores con larga experiencia en una empresa con tecnología única en el país. Y también, la débil supervisión a los contratistas externos que asumieron labores estratégicas de mantenimiento de la red, como la inglesa Balfour Beatty. Y fue nítido que, pese al cambio de gobierno, durante ocho meses no hubo correcciones. Tuvo que producirse el caos de ese viernes para que sonaran todas las alarmas.

CIPER recogió los testimonios de expertos, ingenieros, trabajadores y ejecutivos del Metro para indagar las causas y el historial que llevaron a esta crisis. Una información que permite dimensionar las medidas anunciadas el fin de semana pasado por los directivos de la empresa, que incluyen, entre otras, revisar el cumplimiento de los contratistas, reforzar la supervisión con 33 nuevos fiscalizadores y definir aquellos riesgos de averías sobre los que se pondrá toda la atención para evitar que se repita el 14 de noviembre.

“TORMENTA PERFECTA”

Una intensa luz blanca iluminó el túnel del Metro en la estación La Moneda, seguida del sonido agudo de un latigazo. Eran exactamente las 6:16 de la madrugada y las líneas 1, 2 y 5 quedaron sin energía a partir de ese minuto, cuando se produjo el segundo y definitivo cortocircuito que pasó a la historia como la peor avería del ferrocarril subterráneo en sus 40 años de existencia.

Ministro de Transporte, Andrés Gómez-Lobo

Fue la “tormenta perfecta”, porque juntó tres condiciones: una falla clave en el lugar más estratégico de la red, pues desde la Subestación de Alta Tensión (SEAT), ubicada en Alonso Ovalle con Lord Cochrane, salen los cables que alimentan las tres líneas con más alto tráfico de la capital. A ello se sumó una descarga de alta energía y un cúmulo de basura sin retirar junto al tendido eléctrico.

Lo que ocurrió después es bien conocido: caos del transporte en la ciudad con 500 mil personas que no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos. Nerviosas reuniones en La Moneda. La Presidenta Bachelet ordenó una auditoría inmediata y el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, ofreció disculpas a los santiaguinos, aunque ya en ese momento desde el oficialismo y la oposición algunos pedían su salida. Al final, rodó una sola cabeza: Aldo González (DC), presidente del Metro, fue reemplazado por Rodrigo Azócar (DC), quien ya contaba con varios años en la gerencia general del Metro (1997-2006).

Transcurrido un mes del caos que trizó la confianza de los santiaguinos en el Metro, sus causas directas y las responsabilidades involucradas permanecen en una nebulosa. Mientras la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados comenzaba a citar a los protagonistas en busca de certezas, CIPER buscó las respuestas que expliquen el por qué de las reiteradas fallas en el principal medio de transporte capitalino. La mayoría de los trabajadores accedió a relatar bajo reserva de identidad cómo se vive en las vías subterráneas una crisis que está en pleno desarrollo. Porque otra de sus consecuencias es el aumento del temor a los despidos. Al terminar el periplo, hablamos también con el máximo responsable de la gestión del Metro: el gerente general Rubén Alvarado.

El catastro de averías significativas, revisado por CIPER a partir de la propia información del Metro, arroja una inédita concentración durante este año. Desde mediados de 2009 se registran 30 fallas que causaron la detención y/o evacuación de trenes y cierre de estaciones: en 2009 hubo tres, en 2010 fueron cinco, en 2011 bajaron a dos, subieron a cinco en 2012, se mantuvieron en cinco el año pasado y saltaron abruptamente a 10 desperfectos en este año.

En 12 ocasiones la causa reportada fue eléctrica, la que se repite este año 2014 y lleva la delantera con seis anotaciones (ver catastro de averías).

Aldo González. Renunció a la presidencia del Metro.

Los testimonios recogidos por CIPER indican que la crisis del 14 de noviembre fue el resultado de un cúmulo de decisiones y omisiones, de las cuales son responsables el Ministerio de Transporte, los directorios y las gerencias del Metro desde 2010, incluyendo a los directivos nombrados por el actual gobierno, que mantuvieron el statu quo de la compañía hasta que “saltaron los tapones” en esa fecha ya convertida en hito.

Entre las omisiones destaca la no modificación de los protocolos del mantenimiento, pese a la acelerada mayor exigencia que recayó sobre el tren subterráneo producto del mal funcionamiento del Transantiago (saltó de 1 millón, 200 mil pasajeros diarios a 2 millones, 600 mil). A ello se sumó una política de despidos -para hacer más rentable la operación- que omitió las consecuencias de perder a trabajadores cuya experiencia de años en reparaciones era única y no fue reemplazada. Los costos de personal bajaron entre 2010 y 2011 de $41,2 mil millones a $37,5 mil millones.

Pese a las persistentes advertencias de los sindicatos por riesgos de averías, falta de repuestos y por el mal desempeño de contratistas que asumieron funciones como empresas externas, primó la sordera de los directivos del Metro.

Dos ejemplos sirven para graficar la negligencia que ha mostrado la gestión del Metro. Las deficiencias en líneas y estaciones descubiertas en 2012 por auditores de la Contraloría, aun no terminan de corregirse. Un error cuya responsabilidad la mayoría de los testimonios le asigna al ex gerente de Mantenimiento, Raúl Elgueta, cuyas polémicas decisiones habrían contribuido a la crisis del 14 de noviembre. Un historial aparte merece la empresa externa inglesa Balfour Beatty, contratada precisamente para reemplazar la función de mantenimiento de las vías que realizaban operarios internos.

LA GRAN FALLA SEGUN LOS TRABAJADORES

¿Qué ocurrió en las horas previas a esa madrugada en que gran parte de Santiago se quedó a pie? No hay una versión idéntica a la otra.

Los técnicos en mantenimiento, ingenieros y trabajadores aseguraron a CIPER que la acumulación de virutas metálicas fue el origen y que el incendio de la basura tuvo un rol decisivo.

-El paso de un tren por las vías puede causar desprendimiento de virutas metálicas (de acero, fierro y cobre) por el desgaste que se produce cuando las “escobillas” de los trenes frotan la “barra guía”, que está cargada con 750 voltios de electricidad –relató a CIPER un trabajador especializado que se desempeña en el Metro desde 1978 (ver diagrama).

Las “barras” son perfiles metálicos de color óxido que se pueden distinguir sobre los rieles en las estaciones. Ellas son las que reciben la corriente desde las subestaciones más pequeñas donde la alta tensión de 20 mil voltios, que sale desde la Planta Alimentadora de Lord Cochrane, es reducida a 750.

Las “escobillas” salen desde las base de los trenes hacia los costados, tienen forma rectangular y se van deslizando sobre las “barras”. Durante ese frotamiento, los motores reciben la energía. A su vez, los aisladores están apernados cada tres metros a las bases de las vías, y sujetan las “barras” energizadas, al tiempo que evitan que la electricidad se vaya a tierra.

El polvillo que se desprende del frotamiento es complicado -dicen los entrevistados- porque no sólo puede acumularse en los aisladores provocando que pierdan su condición y escape la electricidad. También se puede introducir en otros equipos y originando incluso que las personas que están en el comando centralizado, monitoreando la circulación de los trenes, reciban la señal de un convoy que no existe. Es lo que llaman falsas ocupaciones de la línea.

El humo del incendio escapa por la ventilación del Metro.

La respuesta es unánime entre los entrevistados: uno de los aisladores falló esa madrugada del 14 de noviembre y provocó un “arco eléctrico” (una descarga brusca de 750 voltios). En lo que ocurrió a partir de ese momento las versiones difieren. Para muchos, fue producto del polvillo metálico acumulado que asfixió al aislante convirtiéndolo en conductor de electricidad. Del aislador salió un “arco eléctrico” buscando un polo negativo. Y lo encontró en la puerta de salida de la zona de cables de 20 mil voltios (que alimenta a las líneas 1, 2 y 5 del Metro). Esos cables van a un costado de la vía, en unas canaletas de cemento que tienen tapa (“bandejas”).

En esa salida había una pila de hojas, palos de helado y basura acumulada. La mayoría de los entrevistados aseguró que esa basura se dejó de limpiar permanentemente en 2012, por orden del entonces gerente de Mantenimiento, Raúl Elgueta, el que consideró que ya no era una labor importante. No obstante, Rubén Alvarado, actual gerente general de la empresa, afirmó a CIPER que desconocía esa instrucción.

Rápidamente el fuego prendió en esa basura, avivado por estar junto a una escotilla de ventilación que da a los jardines del bandejón central de la Alameda. Los cables de 20 mil voltios se quemaron y fueron perdiendo su material aislante.

-Esos cables soportan temperaturas elevadas, pero no un incendio, ahí quedaron inutilizados,  operaron las protecciones automáticas (del sistema eléctrico) y se produjo la desconexión. Puede haber una zona que no se limpie, pero no donde salen los cables de alta tensión. Me pregunto si de parte de la gente que hace las inspecciones visuales hubo alguna advertencia de que estaban sucias las “bandejas” de los cables en ese lugar crítico -afirmó a CIPER un técnico del ferrocarril.

“Se acumuló mucha basura, y frente a un ‘arco eléctrico’, eso fue lo que generó un incendio que quemó los cables. No hubo falla de cables. Si no hubiese habido basura, ese arco se desvanece en el aire”, dice el presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, Eugenio Valenzuela.

La revisión y limpieza de estos aisladores es parte de las obligaciones de la empresa Balfour Beatty, filial de la gigante británica del mismo nombre, que firmó el convenio de mantenimiento de todas las vías del Metro hasta el 30 de junio de 2015. La relación lleva ya una década, pues la Balfour participó en la construcción de la Línea 4, y en 2011 asumió el mantenimiento de las líneas 1, 2 y 5. El ferrocarril subterráneo de Santiago tiene, además, 36 contratos con otras 26 empresas externas que le prestan servicios en distintas áreas de mantenimiento  (ver listado de empresas contratistas del Metro).

LA GRAN FALLA SEGUN LA EMPRESA

La versión del gerente general del Metro, Rubén Alvarado, es distinta: la acumulación de basura y el incendio de ella no fue relevante en la caída de las tres líneas. Según sus registros, todo comenzó a las 5:56 del 14 de noviembre en el extremo poniente de la estación La Moneda. El “arco eléctrico” se habría ocasionado por la falla del aislador frente a una galería de cables de 20 mil voltios. La alta temperatura generada por la descarga eléctrica dañó el aislamiento de esos cables, provocando a las 6:16 un segundo cortocircuito con fallas simultáneas en el tendido de alta tensión, causando la pérdida de energía en las tres líneas. Lo que Alvarado sí reconoce es que esa descarga “provocó la combustión de la basura que había en el lugar”.

Rubén Alvarado, gerente general del Metro.

Alvarado llevaba un mes y medio en el cargo cuando se produjo la gran crisis. No es un novato en temas de mantenimiento, pues fue vicepresidente de esa área en Lan (2007 a 2012), “y nunca se nos cayó un avión”, comentó durante la entrevista con CIPER.

-La mayoría de los testimonios recogidos afirma que el incendio de la basura aceleró el cortocircuito porque el aislante no resistió el calor. ¿Fue así como ocurrió?

-Una explicación previa: en la subestación eléctrica de alta tensión (Lord Cochrane) recibimos 110 mil voltios de Chilectra y los bajamos a 20 mil. Los cables van por unas canaletas y dan energía a diversas subestaciones a lo largo de las vías. Allí, los 20 mil voltios en corriente alterna se bajan a 750 en corriente continua, los que llegan a la barra energizada que alimenta los trenes. Esta barra está sustentada en la línea sobre unos aisladores que la sujetan y evitan que la energía se pierda a tierra. De estos aisladores hay 30 mil en la Línea 1, uno cada tres metros. ¿Cuántos habían fallado en los últimos 24 meses?: sólo cuatro. El 14 de noviembre se produce el “arco eléctrico” que hace que los cables de 20 mil voltios se quemen. Había basura porque la falla ocurre junto a un shaft conectado al exterior y probablemente hubo gente que tiró basura desde la superficie, pero no quiere decir que fuera la causa basal.

-Entonces, usted dice que si no hubiera habido basura quemándose, ¿igual se habría producido la caída de las líneas?

-Creo que sí, porque se estaban quemando los cables de 20 mil voltios y se produjo un cortocircuito. Se “pelaron” los cables y eso hizo “saltar” los automáticos y esta subestación, que es la principal, cae, y también las líneas 1, 2 y 5. La Línea 4 no, porque se alimenta de la subestación del centro de despacho de carga, que está en la estación Vicente Valdés. Y después, igual que en la casa, uno empieza a levantar por zonas. Lo primero que levantamos fue la Línea 2, porque no se afectaron físicamente los cables. Los dañados fueron de las líneas 1 y 5. Intentamos armar una red de transporte, tratando de llegar primero de Plaza de Maipú a San Pablo, porque de esa manera podíamos conectar con la Línea 1; y después de San Pablo a Baquedano, hasta que finalmente nos quedó fuera la vía entre Los Leones y La Moneda, zona físicamente dañada y por eso debimos esperar hasta el otro día.

Rubén Alvarado calcula que hubo que cambiar 1.000 metros de cable de alta tensión y asegura que esa crisis gatilló un nuevo enfoque de mantenimiento en la empresa:

-Tenemos que preguntarnos si en las zonas críticas (como el empalme de tres líneas con la subestación SEAT) podemos aplicar el mismo protocolo que para el resto. Y derechamente tenemos que hacernos cargo de la vulnerabilidad de nuestra red y en aquellos puntos que estructuralmente son vulnerables yo tengo que tener un protocolo de mantenimiento más intenso.

-Pero igual alguien tiene que revisar los aisladores aunque fallen muy poco. ¿Cada cuánto tiempo se inspeccionan?

-Hoy se revisa la vía por zonas y se da la vuelta completa de todas las líneas en dos semanas, porque en promedio hay tres días a la semana para el mantenimiento de vías. 

-¿Y qué fue entonces lo que pasó con el aislador que falló el 14 de noviembre?

-A ese aislador lo estamos peritando con apoyo de expertos. En parte se destruyó porque tiene un material dieléctrico (aislante) que lo cubre, que es visiblemente como vidrio y se quebró.

EL ROL DE LA BALFOUR BEATTY

Un punto crítico en el que chocan las versiones de los ingenieros y trabajadores del Metro con la que entregó el gerente general de la empresa, es en el rol que se le asigna en la crisis a Balfour Beatty, empresa a cargo de la revisión de las vías y también responsable de la limpieza de la red y de que no hubiera basura en la zona de la falla del 14 de noviembre.

Cables quemados en la falla del 14 de noviembre.

Alvarado afirma que la gerencia del Metro está analizando los contratos con Balfour:

-Los contratos de limpieza de vías que hoy tenemos los estamos conversando con las empresas para que se entiendan bien. Y si no está claro, terminar de aclararlo. Tienen que hacer el aseo de la zona inmediata de la vía y también limpiar canaletas, así que estamos preocupándonos y ocupándonos de que este contratista (Balfour) -o el que sea- tenga absoluta claridad de que ése también es el alcance.

-¿Y no era factible que Balfour detectara que el aislador estaba defectuoso cuando hicieron su inspección rutinaria?

-Si uno lo mide probabilísticamente, y dada la tasa de la falla, era muy difícil detectarla, pero eso no quiere decir que no nos podemos hacer cargo de administrar ese tipo de riesgo. La clave está en no mirar todas las averías como iguales. Entonces, uno puede decir: “La tasa de esta avería es baja y en estos puntos estoy dispuesto a tolerarla, pero aquí no”. Y luego tomar acciones para lograr una mayor mitigación de ese riesgo. Eso es lo que estamos haciendo. Entre las acciones correctivas que se evalúan está duplicar las inspecciones en las zonas críticas, para que sean una vez por semana. Eso se compensaría alargando el plazo de las revisiones en áreas no críticas de la vía.

-¿Metro considera que en este caso no hubo incumplimiento de Balfour Beatty?

-No tengo elementos hoy como para plantear eso y tampoco lo puedo terminar de descartar. Estamos revisando. Sería apresurado decir una cosa u otra.

LOS DESPIDOS

Ante la Cámara de Diputados, el ministro de Transporte Andrés Gómez-Lobo, miembro del directorio del Metro en el primer gobierno de Michelle Bachelet, comprometió una nueva “hoja de ruta” el pasado 18 de noviembre. También describió algunas de las conclusiones de la auditoría externa que el gobierno pidió a una comisión de ingenieros  -tres chilenos y tres franceses- después de la fisura en un riel en la Línea 4 (13 de agosto). Lo que el ministro aún no explica es por qué su ministerio no ha hecho público ese informe clave, a pesar de que CIPER lo pidió vía Ley de Transparencia.

Frente al pleno de la Cámara de Diputados, el ministro Gómez-Lobo dirigió la responsabilidad de la crisis a la gestión de la administración de Sebastián Piñera: “La mayor demanda registrada en los últimos años no sólo provocó mayores necesidades de mantenimiento, sino (…) una presión por reducción de costos que se ha traducido en sustitución de personal, disminución de existencia de repuestos. Personal de larga experiencia ha sido sustituido por profesionales técnicos y trabajadores de muy poca o ninguna experiencia, sin un adecuado proceso de transición”.

El ministro dio cuenta de una realidad reiteradamente advertida por los sindicatos de la empresa y los estamentos técnicos. Lo que sorprende, es que nada cambió con las nuevas autoridades a partir de marzo. Incluso, se dejó vacante el cargo clave del gerente general hasta fines de septiembre (ver comunicado del directorio de la empresa en abril 2014).

Ese fue precisamente el punto que eligió para interpelarlo -en la misma sesión de la Cámara- el diputado Jorge Rathgeb (RN): “Si se ha despedido a tantos trabajadores, me parece que en los últimos ocho meses deberían tener la capacidad para recontratarlos y hacer la pega. ¿O no? ¿Acaso ocho meses es muy poco tiempo?”.

ALTA ROTACIÓN

Sobre la política de despidos de trabajadores experimentados de la anterior administración no hay dos versiones. Todos apuntan a la responsabilidad que le cupo al ex gerente general del ferrocarril subterráneo, Roberto Bianchi (2010-2013). Eugenio Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, recuerda: “Bianchi nos dijo que venían a cambiar la cultura del Metro, pero lo que ocurrió fue muy distinto, porque se empezó a despedir gente con mucho conocimiento técnico”.

Eugenio Valenzuela, presidente de los sindicatos.

En total, los gremios contabilizan que 672 personas fueron finiquitadas entre 2011 y 2012. El 10% de ellos era del área de Mantenimiento. Mónica Bustamante, una de las directoras del Sindicato 1, revive una reunión con Roberto Bianchi:

-En un momento Bianchi dice algo que me sorprendió mucho: “¿Qué tienen que ver los trabajadores con la capacitación?, ¿qué tienen que ver con eso ustedes?”. Otra de las ideas del entonces gerente general fue acortar la capacitación de los conductores de trenes de cuatro meses a un mes y medio. Nos opusimos y por suerte no se cambió.

Un ingeniero con 30 años de experiencia en el Metro, señaló a CIPER que en los años 80 las capacitaciones a los nuevos empleados duraban un año, con una fase teórica y luego práctica en terreno. Esto cambió con la llegada del gerente general Bianchi, quien redujo el periodo de entrenamiento de los ingenieros a un mes. Su argumento: “ya vienen preparados”.

A los despidos se ha sumado la alta rotación de trabajadores y técnicos en funciones clave. Así lo grafica Washington Muñoz, vocero del Sindicato 1, cuando cuenta que los despidos afectaron a personas con 20 ó 30 años de experiencia: “Sin desmerecer a los que llegan de universidades e institutos, ahora ellos vienen a hacer curriculum, están seis meses y se van por mejores sueldos. Así no se traspasan los conocimientos”.

La misma crítica que concita la política de despidos se replica sobre la calidad del trabajo de la contratista Balfour Beatty:

-Esa empresa exhibe mucha rotación de gente. De esa manera, no tienen trabajadores que logren conocer bien las vías y qué es lo que tienen que mirar para prevenir fallas. Estos cabros pueden caminar dos veces por los túneles hasta la estación San Pablo y no van a ver lo que descubriría un viejo. Y son esos viejos los que despidieron -se queja Eugenio Valenzuela.

La opinión del gerente general Rubén Alvarado es distinta:

-Se perdió algún nivel de transferencia de conocimientos en el Metro, particularmente en las áreas de sistemas y vías, pero para ser franco, aquí no ha habido disminución en el gasto de mantenimiento o que se haya pretendido hacer ahorro a costa de mantenimiento.

-¿Han recontratado a algunos de los trabajadores con experiencia en mantenimiento que fueron despedidos en la administración anterior?

-La verdad, uno no encuentra tanta evidencia numérica de que aquí hubo un éxodo de mantenedores calificados. Hemos recontratado a dos personas, uno de ellos es el subgerente de Planificación de Mantenimiento. Y se está realizando una revisión de la dotación para determinar si es o no necesario contratar más personal.

Otra de las medidas correctivas -según Alvarado- será promover a gente con “larga permanencia” en el ferrocarril, como el recién nombrado gerente de Mantenimiento, Felipe Bravo, con 18 años en el Metro; y Ricardo Cárdenas, subgerente de Vías y Sistemas, con 19 años. El área de Capacitación también se ha puesto en la coctelera con la que hoy se pretende enfrentar la crisis, hoy en manos del gerente de Mantenimiento (Bravo) y del nuevo gerente de Recursos Humanos, Patricio Baronti.

LA FISURA DEL RIEL: OTRA FALLA SIN AUTOR 

Que 2014 es un año para olvidar es otro consenso en las vías subterráneas del Metro. El 13 de agosto los habitantes de Puente Alto y La Florida despertaron con el servicio suspendido entre las estaciones Vicente Valdés (La Florida) y Grecia (Peñalolén). La revisión de esa madrugada detectó una fisura en un riel con el consiguiente riesgo de seguridad para los pasajeros. Treinta mil personas de esas populosas comunas se vieron impedidas de utilizar el Metro durante todo el día. Como para cambiar el riel había que cortar la electricidad de la vía, los trabajos de reparación se realizaron durante la noche para evitar suspender todo el servicio de la Línea 4.

Reparación del riel fisurado.

Hasta hoy, Metro asegura que se desconoce la causa de la fisura. Las versiones de la empresa y los trabajadores nuevamente son distintas.

“Lo que pasó originalmente no fue una fisura, eso vino después”, afirma Eugenio Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro. La información que ellos recogieron indica que, días antes, se detectó un ruido al pasar el tren por el sitio de la falla (cerca de Quilín). Los técnicos de Balfour Beatty habrían constatado que la superficie bajo el riel tenía una deformación, por lo que prepararon una nueva losa. Pero el paso del tren sobre ella, que no estaba completamente fraguada, fisuró el riel.

Otro técnico del Metro corroboró a CIPER esa versión, la que se repitió una y otra vez con detalles técnicos. El más reiterado: el problema estuvo en que el material usado por la empresa Balfour para la nueva losa no habría sido el adecuado. Balfour Beatty no respondió las consultas de CIPER.

Le pedimos a los directivos del Metro una conversación con los ingenieros de Mantenimiento para profundizar sobre el origen de la fisura. No fue posible. Finalmente, desde la Dirección de Comunicaciones se envió una respuesta por escrito:

“La fisura fue detectada por personal de Mantenimiento de Balfour Beatty, quienes la identificaron mientras realizaban labores de inspección preventiva de las vías. Previo a ello, no hubo trabajo de hormigoneado, lo que sí hubo fueron trabajos de mantenimiento habitual, como la revisión de los soportes de fijación del aparato de cambio al piso“.

LAS POLEMICAS DECISIONES DE ELGUETA

Al entonces gerente de Mantenimiento, Raúl Elgueta, el desperfecto del riel le costó el cargo. Este ingeniero especialista en electrónica, con experiencia en minería y ferrocarriles, llegó en 2012 con la misión de aplicar una nueva estrategia y preparar a sus trabajadores ante el desafío de dos nuevas líneas. El directorio del Metro, responsable de fijar las políticas y vigilar su marcha, estaba integrado por Fernando Cañas B. (presidente), José Luis Domínguez C. (vicepresidente) y los directores Domingo Arteaga E., Bernado Fontaine T., Clemente Pérez E. (que había sido presidente en el gobierno anterior de Bachelet), Carlos Zepeda H., y Luis De Grange C.

En su ficha de LinkedIn, Elgueta expresa que fue líder en los procesos de redefinición y estandarización del mantenimiento del Metro, así como responsable de la disminución del 37% de las fallas “catastróficas” del ferrocarril. En las vías subterráneas CIPER encontró un coro de críticas que lo responsabilizan de erradas decisiones, como suspender la limpieza regular de la basura acumulada en las vías y dejar de fabricar en Chile repuestos para los trenes (ver declaración de la Federación de Sindicatos de julio 2014).

Eugenio Valenzuela relata que fue en 2012 cuando el nuevo gerente dijo que no era necesario hacer el mantenimiento menor con la rigurosidad de ese momento, porque el Metro era relativamente limpio. Hasta ese momento, la rutina era que un “ejército” de contratistas de aseo iba barriendo y sacando papeles, bolsas, cuadernos “y hasta repollos” de las vías cuando se desenergizaban

-Una vez escuché decir a Elgueta que nosotros debemos hacer lo importante para el funcionamiento del Metro y el resto dejar de hacerlo. Él no sabía nada del Metro y no era capaz de ver las consecuencias de sus decisiones a largo plazo -dice el sindicalista.

Un técnico con casi 30 años de experiencia en el ferrocarril subterráneo, recuerda que por decisión de Elgueta también se dejaron de hacer otras labores consideradas “poco relevantes”, como el “saneamiento  eléctrico”, que consistía en revisar y reemplazar cables carcomidos por los ratones: “Producen pequeñas fallas que no son catastróficas, pero que causan problemas a la operación y a los usuarios, como el funcionamiento de escaleras mecánicas y puertas de los carros. Le dijimos (a Elgueta) que eso podía causar daños a mediano plazo, pero no hizo caso”.

Al intentar confirmar estas versiones con el actual gerente general, Rubén Alvarado, no fue posible entrar en ningún detalle:

-¿Sabe usted si en el periodo en que fue gerente de Mantenimiento Raúl Elgueta se instruyó suspender o distanciar la limpieza menor de la vías?

-No manejamos información que respalde esa aseveración. La frecuencia del mantenimiento de vías, incluida su limpieza, está definida en un contrato que se firmó el 2011 con Balfour Beatty, el que no ha sido modificado en esa materia.

Bajo la administración del ingeniero electrónico también hubo un cambio total en la política de abastecimiento de repuestos. Durante 25 años la empresa se había abastecido parcialmente en el mercado nacional a través de la “homologación” de algunos repuestos. Elgueta, argumentando razones de seguridad, decidió que sólo se compraran piezas originales

-Advertimos a la gerencia que los trenes más antiguos, los NS 74 (los carros cuadrados, de color celeste, que corren desde 1974), ya no se fabrican y que por eso habíamos creado un departamento de homologación con los planos y las matrices, pero de un día para otro lo cerraron y avisaron que en adelante se usaban piezas originales -recuerda Washington Muñoz.

Pero esos repuestos no sólo podían ser más caros, sino que tardaban más tiempo en llegar. A veces, hasta tres meses, mientras los fabricados en Chile demoraban un mes. “Y así ocurrió el problema, porque en marzo de 2013 y entre julio y septiembre de ese mismo año, tuvimos trenes detenidos por falta de repuestos. Pero Elgueta insistía en que los repuestos iban a llegar”, acota Muñoz

Ahora, la nueva administración de Metro afirmó a CIPER que se volverá a la producción de repuestos con proveedores nacionales.

AGUA ENTRE BELLAS ARTES Y BAQUEDANO

El 14 de octubre de 2011, la gerencia de Mantenimiento del Metro notificó de una falla entre las estaciones Baquedano y Bellas Artes de la Línea 5. Han pasado tres años, la avería por afloramiento de agua no ha sido subsanada y persiste como una de las observaciones pendientes que la Contraloría anotó en el Informe Final 46/12, enviado el 27 de mayo de 2013 al entonces gerente general, Roberto Bianchi y al ministro de Transportes de la época, Pedro Pablo Errázuriz.

Línea 5. Tiene problemas de afloramiento de agua.

En dicho documento -”Informe Final Nº 46 de 2012, sobre Auditoría efectuada al contrato de mantenimiento de vías de las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 de la empresa Metro S.A.”- se dice que en el punto-kilómetro 3.277 se detectó “inestabilidad vertical de la superficie de rodado, junto con la aparición de fisuras en dos pistas de hormigón y afloramiento de agua en las juntas de dilatación de la vía al paso de los trenes, lo que fue causal de una restricción de velocidad en el sector”. Si bien se le ordenó a Balfour Beatty la reparación, luego de que los auditores visitaran el lugar el 24 de agosto de 2012, la Contraloría concluyó: “Las medidas (…) no han sido suficientes para subsanar las averías detectadas en las pistas”.

Una nueva inspección de los auditores el 9 de octubre de 2013, descrita en el “Informe de Seguimiento” del 10 de abril de 2014, revela: “Las reparaciones transitorias no han detenido en su totalidad el afloramiento de agua observada” (ver informe Final de Auditoría 46/12). 

Cuando CIPER le consultó al gerente general del Metro por el no cumplimiento de las medidas ordenadas por la Contraloría, la respuesta fue sorprendente: las nuevas autoridades de la empresa no conocían el informe. El anterior gerente, Roberto Bianchi, sí lo conoció, pero nada se hizo. Según relató un ingeniero, Bianchi afirmaba que no había que hacerle caso a lo que dictaminaba la Contraloría porque muchas veces se referían a temas poco relevantes.

Los hechos indican que no hay sanción para el no cumplimiento de los dictámenes de la Contraloría. Lo mismo ocurre con la empresa Balfour Beatty, cuyo trabajo –según la versión de los trabajadores- no es fiscalizado, por lo que se ven obligados a firmar minutas pero sin revisar lo que efectivamente se hizo.

Los anterior fue nuevamente advertido por la Federación de Sindicatos del Metro en una carta enviada a la Presidenta Bachelet, tres días después del caos del 14 de noviembre. En ella, reiteran que la profundización de la externalización de funciones clave “ha significado la pérdida del control directo sobre la operación”. E insisten en que es urgente dejar atrás esa política que tiene a siete de cada 10 empleados del Metro, como externos.

Vea además:
- “Radiografía a las denuncias de Hugo Bravo sobre fraude tributario en las empresas PCR de Penta”
- “La lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta”

El miércoles 23 de julio la discusión se prolongó más de lo habitual entre los diputados que revisaban el proyecto de ley que modifica el sistema electoral binominal. Esa tarde, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) presentaron indicaciones que cambiarían el foco del debate político, al prohibir los aportes reservados de dinero a las campañas electorales, así como las donaciones de empresas. Cinco días después, el lunes 28, fallecía a los 68 años el martillero público y ex “ayudista” de la CNI, Jorge Luis Valdivia Rodríguez. Entre ambos sucesos parece no haber conexión, pero poco antes, cuando el cáncer que lo aquejaba ya estaba avanzado, Valdivia había realizado una declaración judicial que en pocas semanas transformaría un juicio tributario en una investigación al corazón de las zonas oscuras del financiamiento de la política.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Fue un eslabón más de una cadena de delaciones que tendría como primer herido al grupo Penta, cuyos dueños Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron acusados a fines de agosto por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de evasión tributaria. Délano y Lavín administran uno de los grandes imperios económicos del país y están entre los más conocidos financistas de la UDI. Fue un ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, quien al verse involucrado en la investigación arrastró a ese partido. El foco del fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, a cargo del caso, está hoy puesto en presuntas donaciones secretas y fuera del procedimiento legal realizadas principalmente a candidatos parlamentarios de la UDI y también al precandidato presidencial independiente Andrés Velasco.

Nuevos antecedentes indagados por CIPER dan cuenta de que las denuncias llegan al núcleo del gremialismo, pues entre las imputaciones de Bravo aparece la figura del ex senador e histórico “coronel” de la UDI, Jovino Novoa, a quien se individualiza como la persona que decidía a qué candidatos debían asignarse las platas de Penta. De acuerdo a esa versión, la senadora Ena Von Baer fue una de las más favorecidas por las supuestas decisiones de Novoa. Un rol importante en este esquema habría tenido también el ex senador UDI Carlos Bombal, quien ahora trabaja en el grupo Penta. Novoa, actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán, declinó responder las consultas de CIPER, pero sus cercanos dijeron estar seguros de que nunca ha operado como correa transportadora de platas reservadas para campañas.

Los otros candidatos que están siendo indagados son el ex alcalde de Santiago y ex candidato a senador Pablo Zalaquett, el ex ministro y ex precandidato presidencial Laurence Golborne, y el actual senador Iván Moreira.  Los tres han negado públicamente haber cometido alguna irregularidad. Lo mismo hizo el presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien además es sobrino de uno de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano. Este lunes 29, el diputado Silva argumentó que todas las cuentas de gastos electorales fueron aprobadas por el Servicio Electoral (Servel) y dio por cerrado el tema. Lo cierto es que si bien todo indica que algunas de las donaciones se hicieron a través del Servel y son legales, también se han detectado aportes que no se hicieron por esa vía, por lo que la labor de la fiscalía será determinar exactamente quiénes cometieron alguna irregularidad.

La indagatoria pone en una difícil posición pública al gremialismo, ya que en este partido están los más férreos defensores de mantener la reserva de las donaciones políticas y ahora destacadas figuras de la tienda han sido mencionadas como receptoras de dineros que podrían tener origen oscuro. Hace sólo unos días el senador Hernán Larraín advertía que transparentar las donaciones políticas podría hacer que muchos “prefieran el camino de la oscuridad” y ahora, tras las acusaciones, salió a defender la integridad del grupo Penta a través de una carta publicada por El Mercurio.

Andrés Velasco

No menos complicado está Andrés Velasco. Políticamente, no se ve bien que un candidato que se dice de centro izquierda reciba platas del principal financista de la UDI, pero mucho más compleja aún es la posibilidad de que más encima esos fondos no hayan seguido los canales legales, luego de enarbolar la bandera de la transparencia en la política. Aunque Velasco está fuera de Chile, sus colaboradores aún están haciendo un arqueo de documentos para intentar detectar cualquier vínculo con el grupo Penta.

Esta arista política de la investigación tributaria recién comienza a develarse. Está por verse si golpea mortalmente al cuestionado modelo de financiamiento de las campañas políticas, al que Mirosevic y Jackson quieren introducir mayor transparencia y que ha permanecido inalterable para comodidad de los partidos de todo el espectro desde que se creó en 2003, tras el escándalo del caso MOP-Gate.

LAS PLATAS NEGRAS DE LA POLITICA

El hombre que puso a la UDI en la mira de la fiscalía es Hugo Bravo López, un ejecutivo de confianza de los Penta, que incluso llegó a ser gerente general del grupo. Fue él quien declaró ante el fiscal Carlos Gajardo que ese grupo hizo aportes para financiar campañas electorales. Y eso se hizo, dijo, no sólo a través de las vías dispuestas por la ley electoral, sino también mediante aportes de “platas negras” que quedaron lejos del escrutinio del Servel.

El ex ejecutivo de Penta no sólo entregó los nombres de los ex candidatos favorecidos con los aportes, sino que añadió un antecedente que, de confirmarse, puede ser demoledor para la UDI. Porque ante la fiscalía afirmó que existiría un sistema de recaudación para las campañas del gremialismo totalmente divorciado de las normas que regulan el financiamiento de la política. Bravo declaró que Penta habría puesto una millonaria suma directamente a disposición del partido y que una de las figuras más emblemática de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, habría sido el encargado de distribuirla entre las candidaturas que la colectividad priorizaba. Con esta acusación de Bravo, por primera vez en un proceso judicial se detalla una de las fórmulas con las que un partido habría hecho caja para una campaña para luego repartir lo recaudado.

Hugo Bravo

Hugo Bravo López, las empresas Penta y los políticos involucrados aterrizaron en el expediente que lleva el fiscal Carlos Gajardo por una inesperada carambola. Lo que Gajardo estaba investigando era una denuncia del SII por un fraude al mecanismo del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) que permitió a diversos contribuyentes obtener millonarias devoluciones de impuestos indebidas. Para acceder a ese beneficio los contribuyentes se coludían con funcionarios del SII que modificaban sus declaraciones de renta una vez que estas ingresaban a Impuestos Internos, a objeto de que quedaran habilitadas para obtener devoluciones del FUT. Uno de estos funcionarios era Iván Álvarez. Al declarar ante la fiscalía, Álvarez reveló que el martillero Jorge Luis Valdivia reclutaba contribuyentes dispuestos a participar en el fraude. Y Valdivia fue la hebra que tiró el fiscal Gajardo y que lo llevó hasta la madeja en la que figuran Bravo, Penta y los ex candidatos involucrados.

Sin las declaraciones de Valdivia y Álvarez, posiblemente los abogados del SII y la fiscalía no hubieran llegado jamás hasta el nombre de Bravo, el millonario ingeniero comercial y hasta ese momento director de empresas del grupo Penta.

Hugo Bravo López, montado en su Porsche y con una billetera de $20.000 millones en el mercado de capitales, se enredó en el fraude al FUT reclutado por Valdivia, su amigo por décadas. A través del ex martillero, logró que se modificaran las declaraciones de renta de dos de sus sociedades, gracias a lo cual el fisco le devolvió $260 millones de manera indebida.

Una vez que la fiscalía le puso las manos encima, Bravo fue rápidamente expulsado de los sillones de directorio de las empresas Penta, en un inútil intento de evitar que el escándalo salpicara al grupo que encabezan Délano y Lavín. Su desvinculación se anunció el 17 de julio pasado en un hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

En un abrir y cerrar de ojos, Bravo se quedó sin los $ 25 millones que recibía mensualmente como remuneración -de los cuales $5 millones serían bonos cancelados con boletas de familiares para evadir impuestos- y arriesgando hasta 15 años de cárcel. Lo más complicado para el ex ejecutivo, es que se quedó sin respaldo de sus antiguos amigos y empleadores. En esa adversa circunstancia, Hugo Bravo se dispuso a colaborar con la fiscalía. En agosto pasado le pagó al Fisco $ 1.098.626.952, correspondiente a lo defraudado más intereses y multas. Después se dispuso a entregar la información clave que manejaba.

Inicialmente, Bravo involucró a los dueños de Penta, de quienes dijo que también habían evadido impuestos mediante la presentación de boletas de honorarios de sus esposas por trabajos que jamás se hicieron. Luego, envió al frente a los candidatos que presuntamente recibieron dineros bajo cuerda desde Penta para sus campañas. También declaró que algunos de esos aportes electorales se hicieron mediante el pago de boletas extendidas por personas de confianza de los candidatos, las que se apuntaban en la contabilidad de Penta como honorarios por trabajos que en realidad no se habrían realizado. De hecho, diversas versiones de prensa indican que el chofer del senador Moreira ya declaró ante la fiscalía para explicar por qué figura con una boleta extendida a Penta por varios millones de pesos.

Hasta el momento, la investigación por el fraude al FUT tiene a 125 formalizados: seis contadores, dos ex funcionaros del SII y el resto contribuyentes que usaron a sabiendas el método para defraudar que había ideado Iván Álvarez. Sin embargo, las pesquisas hacia el interior del SII no se han detenido y hay indicios de que los funcionarios involucrados en el fraude serían cuatro o cinco.

Todos los involucrados caen bajo la figura del artículo 97 número 4 del Código Tributario que persigue a quienes realicen “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad (…), la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”.

La misma norma especifica que quien “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio”, que va desde 3 años y un día a 15 años.

Adicionalmente, la Fiscalía de Delitos Complejos de Ñuñoa abrió desde el año pasado una investigación por lavado de activos en relación al fraude al FUT. El lavado de activos requiere de un delito base para sostenerse jurídicamente y esa figura sería el cohecho o coimas pagadas a funcionarios públicos, en este caso al ex inspector Álvarez del SII.

EL PAPEL CLAVE DEL SII

El fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora ha manejado el caso en completa reserva, realizó una sorpresiva rueda de prensa durante la tarde de este martes 30. Fiel a su estilo, no negó ni confirmó la existencia de una arista política en la investigación del FUT, y sólo reconoció en general la existencia de “algunos hallazgos que pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios”.

Iván Moreira

El vínculo entre los delitos tributarios y las platas políticas se debe a que supuestamente se entregaron fondos contra factura por servicios que nunca se prestaron. El más complicado es el senador Moreira, pues existen correos electrónicos que lo involucran y las boletas habrían sido emitidas por su chofer. Moreira negó cualquier irregularidad y según The Clinic su chofer habría declarado ante el fiscal que realizó trabajos eléctricos por $10 millones para el grupo Penta, lo que justificaría las boletas.

Gajardo informó que todos los antecedentes se pusieron en conocimientos del SII para que decida si se querella o no, ya que la fiscalía sólo puede indagar delitos tributarios si previamente existe una acción de dicho organismo. Se espera que esta misma semana el SII resuelva si iniciará acciones legales, pero todo indica que sí lo hará.

Cuando el fiscal Gajardo expresó que sólo puede seguir investigando si Impuestos Internos se querella, no sólo hacía una precisión legal. Su declaración presiona al SII para que adopte una resolución pronto, pues en los inicios del caso el organismo tributario incurrió en una inexplicable dilación que podría haber sepultado la indagatoria.

El SII detectó los primeros fraudes en 2010, pero no se querelló hasta agosto de 2013. La demora quedó expuesta en un correo electrónico suscrito por la ex jefa de Litigación del SII, Marisa Navarrete Novoa, quien al despedirse de sus compañeros de trabajo se quejó por este retraso y acusó que se habían manipulado fechas en los informes internos del servicio.

La demora se dio justo en medio de la polémica que envolvía al SII y su máximo jefe, Julio Pereira, por la condonación de US$ 100 millones de dólares en impuestos a Johnson’s. Que aparecieran inspectores involucrados en un fraude fiscal era otro golpe para la institución. Tuvo que mediar una petición de antecedentes de la fiscalía para que el SII finalmente hiciera la denuncia el 13 de agosto de 2013 contra 122 contribuyentes, contadores y ex funcionarios, los que finalmente fueron formalizados en marzo pasado.

LOS PERSONAJES DE LA TRAMA

Un “efecto dominó” es el que finalmente llevó a destapar la insospechada arista política del caso fraude al FUT. Todo partió con un contribuyente que denunció ante el SII que el contador Sergio Díaz Córdova le había ofrecido un negocio ilícito para recibir devoluciones de impuestos. El cruce de información llevó a detectar a otros cinco contadores que realizaban estas maniobras: Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel.

Viéndose descubierto, Sergio Díaz se autodenunció y entregó el siguiente nombre clave: el inspector del SII Iván Álvarez Díaz. El funcionario, que renunció a su trabajo el 13 de diciembre de 2012, resultó ser el creador del sistema defraudatorio. Álvarez comenzó a entregar información. Mencionó a Jorge Luis Valdivia y a Hugo Bravo, como sus clientes.

De allí había un paso para que Valdivia decidiera contar lo que sabía. Lo interrogaron y no sólo declaró, sino que entregó un disco con información a la fiscalía. A los pocos días falleció.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

El 29 de julio pasado, las oficinas de Hugo Bravo en Penta fueron allanadas por la fiscalía e incautados documentos y computadores. Casi un mes después, el 26 de agosto, el SII interpuso la denuncia contra los dueños de Penta, Délano y Lavín, por supuesto uso de boletas falsas de sus esposas para rebajar impuestos de la sociedad de Inversiones Penta III Ltda. La acción también fue dirigida contra un yerno de Délano, Samuel Irarrázaval Larraín, más el contador de la empresa Marcos Castro, y contra Hugo Bravo, quien también figuraba como representante de la sociedad.

Bravo, por su parte, tras ser despedido de Penta intentó infructuosamente comunicarse con sus ex jefes, pero nunca obtuvo respuesta. Les dejó mensajes y finalmente envió un escrito el 13 de septiembre al ex senador UDI Carlos Bombal, quien es asesor de las empresas Penta. Según reveló La Segunda, de su puño escribió: “no tengo ébola ni nada que se le parezca, pero sí mucha información”, y le advirtió a Bombal que sea un “caballero” y le “conteste”. A raíz de ese mensaje, los Penta se querellaron por amenazas contra Bravo.

Desde ese momento se desencadenó la arista política. Los rumores de que se estaban investigando las platas políticas comenzaron poco antes de las fiestas patrias y se confirmaron la semana pasada, justo cuando perdían fuerza en el Senado las indicaciones de Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson para eliminar los aportes reservados a las campañas electorales. El gobierno propuso incluirlas en un proyecto de ley especial de financiamiento de la política, lo que alejaba la posibilidad de una reforma en el corto plazo. La evolución del caso Penta parece estar removiendo las aguas y reactivando el debate. Como dijo Mirosevic: “Lamentablemente parece que en Chile se necesita que haya un escándalo para mejorar la calidad de la política”.

Haber sido parte del semillero de Manuel Cruzat Infante era hasta hace poco tiempo sinónimo de destreza en los negocios y de éxito empresarial. En estos días, el grupo de jóvenes ingenieros comerciales que a fines de los años ’70 y comienzos de los ’80 integró las oficinas del Grupo Cruzat, muestra un panorama menos glamoroso. Casi sombrío. Carlos Alberto Délano (66 años), Carlos Eugenio Lavín (72) y Juan Bilbao (55) integran la lista de quienes han caído en desgracia y que encabeza el propio Manuel Cruzat (74).

Manuel Cruzat

Diciembre fue un mes negro para el grupo. El día 2, Délano y Lavín renunciaron a todos los directorios de sus empresas y anunciaron haber pagado al Fisco más de $1.100 millones por las boletas que el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuestionó en el llamado Caso Penta. La crisis que los afecta y que ha remecido a la clase política –particularmente a la UDI, por el financiamiento ilegal de campañas-, ha sido enfrentada por un comité que lidera el ex canciller Alfredo Moreno (58 años), quien también inició su carrera en el semillero de Manuel Cruzat. Durante el 2014, Moreno asumió cinco directorios de empresas Penta, además de un cupo en el consejo directivo de la Universidad del Desarrollo, vinculado a los dueños del mismo holding; y también reemplazó a Délano en la Teletón. El 30 de diciembre cerraría el año sumando la presidencia del Banco Penta, consolidándose como el hombre fuerte del cuestionado grupo económico.

Pocos días antes, el 22 de diciembre, uno de los primeros socios de Moreno y también ex aliado en los negocios de Penta, el presidente del Grupo Consorcio, Juan Bilbao, sería acusado por la agencia reguladora de valores estadounidense (SEC) por uso de información privilegiada en la venta de CFR a Laboratorios Abott, y denunciado a la justicia en Nueva York. También Bilbao tendría que dejar varios directorios. Al día siguiente, su ex mentor Manuel Cruzat cerraba el capítulo más oscuro de su carrera empresarial, al conseguir un acuerdo con el grupo Falabella, que lo acusó de apropiación indebida. Debió compensarlos con un millonario pago, financiado por otros socios del Grupo Consorcio y por su cuñado Fernando Larraín Peña.

Siempre hay alguien dispuesto a tenderle una mano a Manuel Cruzat, fundador de una verdadera tribu empresarial. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y partió a la Universidad de Chicago, donde realizó su master a comienzo de los años ’60. Aunque terminó sus estudios en Harvard, fue parte del grupo de Chicago Boys que regresó a hacer clases en la UC. Desde ahí reclutó a muchos de los alumnos que se convertirían en las estrellas de su grupo económico. Pero también fue uno de los evangelizadores de una nueve economía basada en los principios del neoliberalismo, que clamaba por la libertad económica, con menores regulaciones y una mínima presencia del Estado.

En su libro Los economistas y el ex presidente Pinochet, Arturo Fontaine Aldunate recuerda que Cruzat estuvo entre los pioneros que en 1965 salió de las aulas a exponer la teoría ante los empresarios, en cursos que se impartían en la sede de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Ahí se sentaron las bases del programa de la fallida candidatura de Jorge Alessandri. Tras la victoria de Salvador Allende, Cruzat seguiría siendo parte del grupo que elaboró “El Ladrillo”, en reuniones periódicas realizadas en Suecia 286 –la actual sede de la UDI–, según relata Sergio de Castro en el prólogo de ese documento que se transformaría en la piedra angular de la gestión económica del régimen de Pinochet.

A mediados de los ’70, Cruzat dejó el Grupo BHC de Javier Vial, Ricardo Claro y Fernando Larraín Peña, conocidos como “Los Piraña” por la voracidad con que crecían. Junto a su cuñado Larraín Peña, conformaría el Grupo Cruzat-Larraín y durante el resto de la década se expandirían hasta llegar a representar el 5% del PIB del país, consolidándose como el mayor grupo económico, con presencia en todos los sectores. Fue en esa carrera ascendente que dieron sus primeros pasos muchos de quienes conforman hoy la elite empresarial del país.

Pedro Pablo Díaz, Sebastián Piñera, Carlos Alberto Délano y Juan Bilbao

Cruzat asignaba importantes responsabilidades a jóvenes ejecutivos y les transmitía su forma de ver los negocios. Además de Délano, Lavín y Bilbao, por ahí pasaron el principal ejecutivo del grupo Luksic, Francisco Pérez-Mackenna; el ex gerente de Celulosa Arauco y actual presidente de la Universidad San Sebastián, Alejandro Pérez; el ex canciller y ex ejecutivo del grupo Falabella-Del Río, Alfredo Moreno, y el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, ambos de la administración de Sebastián Piñera. Este último también se sumó a las filas de Cruzat, quien lo reclutó cuando tenía 30 años como gerente general de Citicorp-Chile, donde era accionista a través del Banco de Santiago. Cruzat estaba casado con la hermana de su mejor amigo, Fabio Valdés, y había sido su profesor en la UC: según una nota de La Tercera el ex presidente aún se refiere a él como “el profe”. De acuerdo a la biografía Piñera, historia de un ascenso, de Loreto Daza y Bernardita del Solar, Cruzat ha sido una de las personas más influyentes para él en el mundo de los negocios.

La lealtad de esos jóvenes ejecutivos y de algunos ex socios y familiares, como Juan Hurtado Vicuña y Fernando Larraín Peña, ayudaría a Cruzat a salir de las sucesivas y profundas crisis económicas que ha vivido desde la debacle del ‘82, cuando perdió gran parte de su fortuna. La última terminó hace sólo un par de semanas, en medio de un juicio penal. “Muchos sienten que le deben y, por eso, siguen creyendo en él. Fue mentor de muchos empresarios que hoy son muy exitosos”, explicaba en 2004 un ex colaborador de Cruzat a revista Qué Pasa.

LOS DISCIPULOS DE PENTA

Carlos Eugenio Lavín lo resumió en una entrevista con la desaparecida revista Siete+7 en 2003: la fórmula del Grupo Penta consiste en repetir y mejorar lo que aprendieron con Manuel Cruzat. Se trata básicamente de ofrecer seguridad: asegurar la vida, asegurar el patrimonio y asegurar las inversiones. Además, comprar barato y actuar fríamente para vender caro cuando las empresas alcanzan su máximo valor. Así lo hicieron con Consorcio, Cuprum y el Banco de Chile, aunque esta última operación los hiciera acreedores de una millonaria multa por uso de información privilegiada. En ese proceso intervinieron otros tres discípulos de Cruzat: Alfredo Moreno, Francisco Pérez-Mackenna y Juan Bilbao.

Hugo Bravo

Los Penta aprendieron las lecciones de Cruzat a poco de egresar de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, cuando el empresario los fichó para el área aseguradora de su grupo económico. Lavín, un poco mayor y con algo de experiencia en el BHC, asumiría como gerente general y Délano lo acompañaría como gerente comercial. Poco después llegaría Hugo Bravo, quien había sido compañero en la Universidad Católica de Lavín, como gerente de Administración y Finanzas. La dupla Délano-Lavín pasaría luego a hacerse cargo de la AFP del grupo (Provida) y con el tiempo se consolidaría como una de las más exitosas de los negocios en las últimas dos décadas.  Bravo nunca dejaría de ser un ejecutivo, pero ya a mediados de los ‘70 estaba plantada la semilla que lo transformaría en el ejecutivo de la más absoluta confianza de Délano y Lavín.

La crisis del ‘82 los dejó a todos ellos en el suelo. Las empresas del grupo Cruzat estaban intervenidas y los negocios inmobiliarios que hacían por fuera eran un desastre. Hasta que Délano y Lavín lograron vender un sitio que habían comprado en Américo Vespucio con Kennedy, lo que les permitió adquirir el 6% del Consorcio Nacional de Seguros, la misma empresa que había perdido Cruzat. Luego la vendieron al Bankers Trust, pero se quedaron con la parte de seguros generales de la empresa. El libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, de María Olivia Mönckeberg, los acusa de haber usado información privilegiada en la operación.

Originalmente, los socios de Penta eran cinco –de ahí el nombre– y además de Lavín y Délano lo integraban el padre de éste último (Sergio), Felipe Briones y Rodrigo Miquel. Cuando poco más tarde quedó solo la dupla, mantuvieron el nombre. En 1988, la nueva sociedad Penta se adjudicaría el Instituto de Seguros del Estado (ISE), cuando fue privatizado en un proceso que María Olivia Mönckeberg califica de “misterioso”. Aunque no hay claridad respecto a cómo se produjo la privatización, una versión que circula en el mercado habla de que el principal candidato para quedarse con la aseguradora era el grupo Angelini, pero los Penta convencieron a los militares a cargo de la venta de que era riesgoso y lograron quedarse con los activos pese a que su oferta era menor.

El crecimiento incluyó la compra de Cuprum, la AFP más pequeña de ese momento, la que vendieron en 2013 en casi US$ 1.000 millones. La arremetida en el área de los seguros siguió con la salud, con la adquisición de la Isapre Vida Tres, un negocio que ha crecido sin pausa y que hoy los tiene como el actor más importante del sector gracias una red que incluye Banmédica y Clínica Santa María, entre muchos otros activos.

Su presencia en el área financiera incluye su paso por el Banco de Chile (donde llegaron a controlar el 16%) y luego la creación del Banco Penta. Su importante área inmobiliaria partió en 1988, cuando se asociaron con Sebastián Piñera para construir el Edificio Las Américas. A esto hay que sumar su participación en la Universidad del Desarrollo, que fundaron junto al fallecido cuñado de Délano, Ernesto Silva Bafalluy –padre del presidente de la UDI, Ernesto Silva Méndez–, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Federico Valdés. Un grupo al que después se integraría Hernán Büchi.

Alfredo Moreno

El imperio financiero de los Penta se ve ahora amenazado por la investigación del Ministerio Público cuyo primeros resultados apuntan a que está construido sobre la base de millonarias evasiones tributarias. El primero en confesar fue su histórico hombre de confianza, Hugo Bravo, el mismo con quien trabajan desde el semillero de Manuel Cruzat, el que entregó los antecedentes clave de las irregularidades a la justicia. La dupla Délano-Lavín ya devolvió más de $1.100 millones a la Tesorería y los datos revelados hasta ahora muestran que incluso utilizaron a sus esposas e hijos para disminuir su carga tributaria.

Délano y Lavín siempre se han caracterizado por sus estilos diferentes. Mientras el primero es hiperkinético e impulsivo, el segundo es más serio y reflexivo. Además, Délano siempre ha sido un importante actor político vinculado a la UDI, particularmente por su cercanía con Joaquín Lavín, de quien ha sido uno de los principales consejeros. Incluso, fue uno de sus llamados “samuráis” y cerebro de su marketing electoral en sus fallidos intentos por llegar a La Moneda. Y aunque siempre se supo que Délano era un importante financista de la UDI, las recientes revelaciones de Hugo Bravo, ratificadas por documentos tributarios, correos electrónicos y declaraciones ante el Ministerio Público, revelan la existencia de una maquinaria bien aceitada de financiamiento irregular que Penta puso a disposición de sus más cercanos en el gremialismo. Entre ellos, históricos personeros de la UDI, como Jovino Novoa.

Con un perfil mucho menos político que Délano, los manejos de platas electorales afectan por igual a Carlos Eugenio Lavín. En agosto de 2003, la revista Siete+7 le preguntó a Lavín por su relación con el financiamiento político:

-¿Usted es militante de la UDI?

-A mí la parte política no me atrae. Pienso que es incompatible ser empresario y hacer política.

-¿Los Penta financian la campaña de Joaquín Lavín?

-Mire, aquí todos vienen a pedir financiamiento.

-¿Y le dan a todos?

-No, no somos democráticos para dar.

En esa época (2003) preparaban la apertura del Banco Penta, que se concretaría en 2004. Lo harían de la mano de Alfredo Moreno, que por esos días era conocido como un gran negociador por su protagonismo en operaciones como la fusión entre Falabella y Sodimac. Aunque los tres trabajaron en el grupo Cruzat, de acuerdo a una entrevista que dieron en forma conjunta a El Mercurio, se conocieron e hicieron amigos cuando fueron directores del Banco de Chile. En su nueva incursión en la banca, los Penta nombrarían a Moreno como vicepresidente. Sólo dejaría el directorio del Banco Penta en marzo de 2010, cuando fue designado canciller por Piñera.

A mediados de 2014, tras dejar del gobierno, Moreno volvió a las oficinas de Penta. Fue entonces que comenzó la debacle y debió aumentar sus responsabilidades, tomando el timón del comité de crisis como presidente de Empresas Penta. Además, se fue incorporando a los distintos directorios del grupo: Penta Vida, Penta Security, Banmédica, Penta Las Américas y, en diciembre pasado, asumió la presidencia de Banco Penta. También ocupó un sillón de consejero en la Universidad del Desarrollo y entró al directorio de la Fundación Teletón, cuya presidencia su socio Carlos Alberto Délano debió abandonar en plena crisis (ver línea de tiempo laboral de Moreno).

BILBAO FRENTE A LA JUSTICIA DE EE.UU.

Alfredo Moreno, Francisco Pérez-Mackenna y Juan Bilbao fueron contemporáneos en la Universidad Católica. Tras egresar, los tres fueron reclutados por Manuel Cruzat para su mítico departamento de estudios. No sólo trabajarían juntos ahí: los tres siguieron la ruta lógica y partieron a estudiar a la Universidad de Chicago. En 1982 formarían la sociedad “Bilbao, Moreno y Pérez Limitada”. Por esa época, el trío tendría un nuevo cliente: Citicorp, donde Cruzat había puesto a Sebastián Piñera como gerente general. Conforme con la asesoría, Piñera les ofreció trabajo. Bilbao y Pérez-Mackenna aceptaron y se les sumó Patricio Parodi, quien también venía del “semillero”. Moreno, en cambio, prefirió volver a trabajar con Cruzat, que estaba en medio de una profunda crisis.

Para Bilbao, su trabajo en Citicorp fue el trampolín que lo llevaría a ocupar altos cargos en importantes bancos en Nueva York. De regreso en Chile se convirtió en un cotizado ejecutivo y empresario, con un 6,1% de participación en el Grupo Consorcio, del que fue presidente hasta el 23 de diciembre pasado. El día anterior, desde Nueva York llegó el comunicado de la Securities and Exchange Comission (SEC, regulador de valores) que lo acusó de usar información privilegiada.

La denuncia presentada por el organismo ante la justicia estadounidense, indica que Bilbao participó telefónicamente de una reunión de directorio de CFR Pharmaceuticals, que él integraba, donde se informó la intención de Laboratorio Abbott de adquirir esa empresa. Tres días más tarde y durante dos meses, utilizó la cuenta de una sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas (Somerton Resources Limited) para adquirir, a través de 13 operaciones distintas, más acciones de CFR por US$ 14,35 millones. Otro ejecutivo de Consorcio, Andrés Hurtado Rourke (40 años), fue quien materializó la operación a través de CG Compass y a su vez adquirió US$ 700 mil en acciones para él. Tras el anuncio público de la compra de CFR por parte de Abbott, sólo en los dos primeros días los papeles subieron 65%. Como resultado, al finalizar la operación de Abbott, Bilbao obtuvo ganancias por US$ 10 millones y Hurtado por US$500 mil.

Juan Bilbao

Además, la SEC pidió el congelamiento de activos de Bilbao, Hurtado y Somerton Resources. De acuerdo a los documentos presentados ante la corte, la cuenta utilizada para las cuestionadas compras tenía un contrato que obligaba al pago en efectivo de las operaciones y el retiro inmediato del dinero obtenido de la venta de las acciones. Como se trata de una cuenta ubicada en un paraíso fiscal, los demandantes dicen no saber dónde se encuentran las ganancias que a su juicio fueron obtenidas ilícitamente.

Entre las evidencias mencionadas en los documentos oficiales de la SEC como prueba de que Bilbao actuaba maliciosamente, se menciona el hecho de que usara una cuenta offshore para comprar las acciones; que lo hiciera en Estados Unidos en vez de hacer las transacciones en Chile, y utilizando a un tercero (Hurtado) para ejecutarlas. Según la SEC, Bilbao arriesga el pago de hasta US$ 40 millones, correspondientes a lo obtenido por la operación, los intereses y un cargo del triple de lo ganado ilegalmente.

Las sospechas sobre la participación de Bilbao en transacciones irregulares de CFR ya circulaban entre los más informados actores del mercado antes de que estallara el escándalo en Estados Unidos. En ese círculo Bilbao es considerado como alguien que opera al límite de la legalidad. Pocas semanas antes de que la SEC revelara la acusación contra Bilbao, el diario electrónico El Mostrador publicó una serie de dos reportajes titulada “Los chicos listos de Consorcio”. Allí se relatan diversos episodios en donde su afán por hacer buenas pasadas lo hizo actuar en la frontera de lo presentable (ver parte I y parte II).

LA GUERRA POR EL BANCO DE CHILE

Si hubiera que elegir una operación polémica y cuestionada que reúne a este grupo de discípulos de Cruzat, esa es la guerra contra el Grupo Luksic por el control del Banco de Chile y que se desarrolló en los primeros días de diciembre del año 2000. Hasta entonces, los Penta controlaban el banco a través de un pacto de accionistas con Juan Cúneo y Reynaldo Solari, del grupo Falabella, y el Grupo Consorcio Financiero (Eduardo Fernández León, Juan Hurtado Vicuña, José Antonio Garcés, Juan José Mac Auliffe, Juan Bilbao y Patricio Parodi), además de Alfredo Moreno y Sergio Larraín. El grupo se había formalizado como un pacto para evitar que Andrónico Luksic Craig, entonces dueño del Banco Edwards, aumentara su participación en el Chile. Leonidas Vial, socio de Larraín Vial, hoy multado por el Caso Cascadas, hizo de intermediario entre ambos grupos.

El problema fue que Luksic hizo explícita su intención de aumentar su participación en el banco y de, incluso, fusionarlo con el Edwards. Entonces, los integrantes del pacto decidieron salir a comprar más acciones para mantener el control. Los precios se dispararon, al punto de suspenderse las transacciones, y el pacto optó por sentarse a negociar con Luksic. Así lo recordó Francisco Pérez-Mackenna, gerente general de Quiñenco, en su declaración ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS): “Me vine a Santiago y me junté con Alfredo Moreno y Juan Bilbao el día miércoles en la mañana. Ahí partió la negociación”. Pese a la cercanía histórica de los tres amigos, el asunto era complejo. Ambos grupos sabían que no podían convivir en el banco, pero ninguno quería salir por el precio que la contraparte estaba dispuesta a pagar.

Finalmente Luksic ganó el gallito y terminó comprando, pero Délano, Lavín, Fernández León, Garcés, Mac Auliffe y Parodi fueron multados con 1.000 UF más intereses por comprar acciones haciendo uso de información privilegiada, las que vendieron luego mucho más caras.

OCASO Y SALVATAJES DE CRUZAT

Manuel Cruzat

Hay algo curioso en Manuel Cruzat: si bien muchos de los empresarios más exitosos del país lo admiran porque lo consideran un visionario, la suya es más bien una historia de un éxito y muchos fracasos. Tras participar de la promoción del modelo neoliberal en Chile, fue sin duda el más beneficiado con las nuevas políticas económicas del régimen de Pinochet. Pero su éxito fue efímero. La crisis del ‘82 lo tumbó y si bien consiguió levantarse, no volvió a ser lo que era. De hecho, fue adelantado por varios de sus ex discípulos y ex socios, a quienes ha recurrido en los momentos difíciles.

Juan Hurtado Vicuña, con quien fue socio en los tiempos del auge, lo ha rescatado varias veces, aunque él ha insistido en que lo que hace son negocios. Parece ser cierto, son negocios que por alguna razón Cruzat no logra administrar bien. En 1996, Hurtado Vicuña le compró la Isapre Cruz Blanca en US$ 62 millones, con lo que Cruzat logró salir de un duro momento de iliquidez, pero dos años después Hurtado la vendió en US$ 200 millones, según informó revista Capital. Por esa misma época, Sebastián Piñera y Andrés Navarro hicieron un aporte de capital de US$ 24 millones que le dio oxígeno al holding CB, y más tarde Piñera le compraría Bahía Coique.

Con el tiempo, sus principales activos serían inmobiliarios, como los fundos Curauma y Lo Aguirre (donde también entró hace unos años el grupo Hurtado Vicuña), pero Cruzat no renunciaría a los nuevos emprendimientos. Lanzó negocios digitales, como miscuentas.com, una plataforma para el pago de servicios en línea que se transformó en la causa de su última caída. Con una importante crisis de liquidez y mientras negociaba la venta de Curauma a Hurtado Vicuña, al parecer tuvo problemas de caja que le hicieron demorar el traspaso de los pagos a las empresas de servicios que los clientes hacían a través de miscuentas.com, además de problemas importantes con la Corredora CB.

Pero fue Falabella la que le puso una lápida, al denunciar en 2012 que miscuentas.com se había apropiado indebidamente de US$ 40 millones. El Ministerio Público estimó que había antecedentes suficientes para formalizar a Cruzat junto a dos de sus hijos en 2013. El proceso iba directo a un juicio oral, donde arriesgaban prisión. Finalmente, el 23 de diciembre pasado, Cruzat recibió un nuevo salvavidas. Esta vez fueron Pedro Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León (Consorcio) y Fernando Larraín Peña quienes le pagaron US$ 6 millones por un fundo en Temuco, monto por el cual llegó a un acuerdo reparatorio con Falabella.

Así, Cruzat terminó el 2014 cerrando en tribunales una de sus más graves crisis. Pero esta vez no fue el único de su semillero que debió lamentar haber cruzado la línea de lo prohibido. Tres de sus discípulos más exitosos comenzaron el 2015 sometidos al escrutinio de la justicia. El fin del secreto de la carpeta investigativa del Caso Penta dejó al descubierto que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín están más complicados de lo que se pensaba, tanto en la arista tributaria como la política. Juan Bilbao, por su parte, recién comienza un proceso judicial en Estados Unidos, mientras en Chile AFP Provida ya pidió a la SVS que Investigue si las transacciones cuestionadas afectaron a los inversionistas.

Desde que el 22 de diciembre pasado la Securities and Exchange Comission (SEC, el regulador de valores estadounidense) acusó al empresario chileno Juan Bilbao de uso de información privilegiada, sus abogados comenzaron a moverse rápido. Inmediatamente se acercaron a la SEC y consiguieron una extensión en los plazos para responder a la denuncia judicial. Luego, el miércoles 7 de enero llegaron a un acuerdo con el organismo para acotar a US$ 40 millones el monto de sus activos que será congelado.

A Bilbao, hasta entonces presidente del Grupo Consorcio, se le imputa que siendo en los primeros meses de 2014 director de CFR Pharmaceuticals, fue informado del interés de Laboratorio Abbott de adquirir la empresa, luego de lo cual Bilbao inició un proceso de compra de acciones por US$ 14,35 millones, lo que le reportó finalmente una ganancia de US$ 10 millones. Las transacciones se hicieron a través de Somerton Resources Limited, una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Fue Tomás Hurtado Rourke, ejecutivo de Consorcio, quien materializó la operación a través de CG Compass. Para sí mismo  Hurtado compró US$ 700 mil en acciones.

Originalmente, el juez Richard Sullivan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, había dictaminado que el presidente de Consorcio, Juan Bilbao, el representante de sociedad en las Islas Vírgenes Británicas Somerton Resources Limited y el ejecutivo de Consorcio Tomás Hurtado, se presentaran a una audiencia el 9 de enero para exponer sus argumentos respecto a la solicitud de congelamiento de activos hecha por la SEC. Sin embargo, dicha solicitud no especificaba los montos que debían ser congelados ni dónde se encontraban.

El nuevo escrito presentado por los abogados de la SEC Daniel J. Wadley, William B. McKean y Alexander M. Vasilescu, lleva también la firma de los abogados de Bilbao y su sociedad Somerton Resources, Lawrence S. Spiegel y Benjamin S. Goldberg del bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; y también la de los defensores de Hurtado, Lewis J. Liman y Alexandra Eber, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.  Originalmente, el organismo regulador no especificó el monto que solicitó congelar, pero lo hizo después de llegar a un acuerdo con los abogados de Bilbao y Hurtado para que éstos pongan a disposición de la corte los montos equivalentes a las sanciones máximas a que están expuestos. El tope es la restitución de las ganancias y una multa por el triple de ese monto, lo que en el caso de Bilbao suma US$ 40 millones y en el de Hurtado casi US$ 2 millones. De allí que en el documento se solicite al juez Sullivan enmendar la petición original de congelamiento de activos, poniendo estos montos como tope.

“Bilbao y Somerton estipulan y acuerdan que los activos en posesión de Morgan Stanley Wealth Management en la cuenta de Somerton Resources Ltd., Amicorp Swiss Trustees GMBH, cuenta No. *****8901-272, por un valor de hasta, pero que no exceda los US$40.805.075 al 6 de enero de 2015, deben permanecer congelados a la espera de la resolución final de este caso u otra orden de esta corte. Bilbao y Somerton estipulan y acuerdan que estos activos, o montos derivados de los mismos, son controlados por Bilbao y pueden y serán usado cumplir cualquier sentencia”, se lee en el escrito judicial. En el caso de Hurtado, el monto comprometido se encuentra en manos de CG Compass.

El documento revela que Somerton, la sociedad usada por Bilbao para las transacciones, no sólo está domiciliada en un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes Británicas, sino que sus fondos están en Suiza, administrados por Amicorp. Según su página web, la empresa asesora a personas de altos ingresos y corporaciones para “alcanzar el más alto nivel de ahorro tributario, protección de activos, discreción y seguridad disponible”.

LA FORTUNA DE BILBAO

Al momento de conocerse la acusación de la SEC, Juan Bilbao era presidente del Consorcio Financiero, del que posee 6,1%. Inmediatamente después de conocida la acusación de la SEC estadounidense renunció al cargo. Abandonó además los directorios de otras empresas ligadas al mismo grupo: Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. y CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. Al mismo tiempo renunció a los directorios de Blumar S.A., Entel S.A., Paz Corp S.A. y Watt’s S.A.

Según lo informado por el diario La Tercera, Bilbao tenía planeado dejar Chile para instalarse en España. Durante el último año, realizó importantes cambios a sus sociedades familiares, que aumentaron notablemente su patrimonio. Por ejemplo, en enero de 2014, a BT Inversiones Limitada, en la que participa junto a su mujer María Carolina Uribe, se integró Inversiones Río Claro, con un aporte que aumentó su patrimonio de $455 millones a más de $16 mil millones. No hay pistas de los verdaderos dueños de Río Claro, pero podrían ser los mismos Bilbao y Uribe. Seis meses más tarde, transformaron a BT Inversiones en una sociedad por acciones (SpA), lo que dificulta rastrear nuevos cambios societarios.  El mismo día, 5 de junio de 2014, Bilbao y Uribe convirtieron en SpA a otra de sus empresas, Asesorías Maitenhuapi, Colectiva Civil, la que contaba con un capital de $15 mil 600 millones.

Juan Bilbao

A fines de ese mes de junio de 2014, Bilbao y su esposa protagonizarían otro cambio importante, esta vez a modificaron varias sociedades de manera simultánea: Yelcho Inmobiliaria Limitada, Asesorías e Inversiones Las Mercedes Limitada, Agrícola Pangue Limitada y Agrícola San Agustín Limitada, transformándolas todas en sociedades por acciones. En San Agustín, se retiró Felipe del Río Wilson y entró Bilbao, quedando como único socio con Uribe. Luego, junto a Pangue y Las Mercedes, San Agustín se incorporó a Yelcho, donde quedaron como socios Bilbao, Uribe, sus hijos, Juan, María Carolina y María Fernanda, y Río Claro Fondo de Inversión Privado, representado su sociedad administradora: San Rafael Administradora de Fondos S.A. (constituida a su vez por los mismos Bilbao y Uribe). También se incorporó a Yelcho a Inversiones Río Claro S.A., y tal como había hecho en BT, hace un enorme aporte que eleva el capital de dicha sociedad a $2.500 millones, y se queda con el 94,8% de la empresa.

Tras las modificaciones aquí reseñadas, el capital de estas sociedades de Juan Bilbao estaría superando el máximo de la multa posible a la que está expuesto, pues bordean los US$ 55 millones.

Fue el eslabón que le faltaba a la cadena de cuestionamientos que han caído sobre el diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, desde que estalló el escándalo por el fraude tributario y el financiamiento ilegal de la política protagonizado por los dueños del Grupo Penta. El comunicado del Servicio de Impuestos Internos anunciando la querella contra Pablo Wagner, también militante de la UDI y ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, por delito tributario, incluyó la acusación de haber extendido boletas falsas a la sociedad “Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada”, de la cual el diputado Silva es socio desde 2005.

Pablo Wagner

Al vínculo directo de Silva con uno de los principales imputados en la investigación judicial –Wagner también está acusado de cohecho-, se suma su estrecha cercanía familiar y financiera con los dueños del Grupo Penta. Silva es sobrino de Carlos Alberto Délano e hijo de quien fuera el histórico socio de Délano y Lavín en la Universidad del Desarrollo (Luis Ernesto Silva Bafalluy). Además, es uno de los pocos candidatos de la UDI a quien los dueños de Penta entregaron un cuantioso financiamiento electoral para su campaña, pero sin hacer uso de boletas falsas, sino por la vía legal del Servel a través de aportes reservados.

Por si ello fuera poco, en estos días se ha conocido el contenido de un correo enviado al diputado Silva por uno de los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín, en el que le pide que busque una solución para desactivar una indicación a la modificación a la Ley de Isapres en trámite. De aprobarse, afectaba directamente uno de los negocios más lucrativos del Grupo Penta: Banmédica y Vida Tres. El negocio de la salud privada Silva lo conoce bien, pues a través de las sociedades familiares que su padre formó, tiene participación.

En su declaración de patrimonio de 2010, el diputado Silva dio cuenta de que poseía acciones a título personal en Banmédica, las que desaparecieron en su declaración de 2014. Sin embargo, nunca ha dejado de tener participación en esa compañía, debido a que su familia posee acciones en ella a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Sydarta. Según el último registro de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), correspondiente a diciembre de 2014, Sydarta figura en la nómina de accionistas de Banmédica que poseen menos del 1% de la compañía. Por tal razón, cuando Carlos Eugenio Lavín le preguntó en su correo qué podían hacer respecto a la indicación a la Ley de Isapres, le estaba planteando un tema que tenía incidencia directa en el patrimonio de Silva.

Ernesto Silva no consignó la sociedad Sydarta en su declaración de patrimonio de 2014, pero sí incluyó las sociedades Nyrvana y Rentas Baker Sur, además de la “Sucesión Luis Ernesto Silva Bafalluy” (Silva Bafalluy falleció en 2011), sin especificar en dónde están invertidos sus dineros. La sociedad Sydarta, que posee las acciones de Banmédica, es controlada por Nyrvana. Y, a su vez, en Nyrvana participa Rentas Baker Sur.

La sociedad que ahora el SII identifica como receptora de boletas falsas para obtener devoluciones de impuestos indebidas y omitir ingresos que le permitían al ex subsecretario de Minería eludir el pago de impuestos (“Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada”), se formó en marzo de 2005. Menos de un mes antes (el 28 de febrero), Pablo Wagner San Martín creó junto a su esposa Irene de la Cerda Iñiguez “Inversiones y Asesorías Santa Irene Limitada” (nombre de fantasía: “Santa Irene Ltda.”), con un capital de $500.000, de los cuales Wagner aportó $495.000. El objeto de dicha sociedad fue “asesorías, consultorías, investigación, organización de eventos, y capacitación, entre otros.

Pocos días más tarde, el 21 de marzo, la sociedad de Wagner –Asesorías e Inversiones Santa Irene- se asociaba a Ernesto Silva Méndez y a William Alejandro Díaz Román –vicepresidente ejecutivo de Enami entre marzo de 2010 y noviembre de 2011- para constituir “Díaz, Silva y Wagner Gestores Limitada”, cuyo nombre de fantasía fue “DSW Limitada”. Su capital fue de $3 millones y su objeto: “asesorías, consultorías, investigación, organización de eventos, y capacitación en áreas comerciales, económicas, administrativas, educacionales y publicitarias, comunicacionales y de relaciones públicas; b) promoción, organización, y desarrollo de inversiones y/o negocios por cuenta propia o de terceros, a través de la adquisición, explotación, comercialización y/o administración de toda clase de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, de la negociación de valores mobiliarios, desarrollar actividades comerciales en todas las formas, constitución de sociedades, ingresar a sociedades ya constituidas”.

El último socio en incorporarse a la ahora cuestionada sociedad fue el conocido actor y animador de TV Vasco Moulian. Lo hizo el 9 de noviembre de 2005 a través de su sociedad M & Moulian Producciones Limitada, aportando $1 millón como capital.

En su querella, el SII identificó 59 boletas de honorarios falsas extendidas entre 2009 y 2014 a siete empresas, entre las que destacan la sociedad que formó con Silva y la “Sociedad Química y Minera de Chile S.A.” (SQM), esta última ligada directamente al rubro sobre el cual Wagner ejerció autoridad como subsecretario y encabezada por Julio Ponce Lerou. Wagner debió dejar la subsecretaria debido a la crisis sectorial que provocó la licitación del litio que favoreció a SQM. En el proceso se omitió que esa empresa tenía conflictos con el Estado, por lo que la adjudicación finalmente fue anulada (ver reportaje de CIPER).

Las otras sociedades receptoras de boletas detectadas por el SII son: Inversiones Banpenta Ltda., Inversiones Penta III ltda., Empresas Penta S.A., Administradora Génesis Capital S.A. y Génesis Consulting & Capital S.A.

Javier Macaya, secretario general de la UDI

La delicada situación en la que ha quedado el presidente de la UDI Ernesto Silva Méndez, se suma a la del secretario general de ese partido, el diputado Javier Macaya, quien en la investigación de la Fiscalía figura recibiendo aportes del Grupo Penta, pero a través de dineros que fueron a su campaña por la vía estrictamente legal, como aportes reservados canalizados por medio del Servel. El Grupo Penta aparece en los registros del Servel aportando aproximadamente $750 millones a campañas políticas, a través de Empresas Penta y Banmédica.

Macaya fue presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en 2011 y 2012 y hoy la sigue integrando. En estos días ha hecho declaraciones reforzando la defensa corporativa de la UDI desplegada por el diputado Silva y que hoy concita duras críticas de muchos dirigentes de la colectividad, quienes consideran que ha llegado la hora de renovar la presidencia de la UDI.

(Actualizado a las 17:55 horas del viernes 9 de enero de 2015)