“Reitero que tuve una reunión en Washington con Helms [Richard, el director de la CIA,]”, testificó bajo juramento el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, ante el juez Mario Carroza a fines de septiembre del año pasado. Y agregó: “Además, esta reunión se efectuó días después de la elección de Salvador Allende, oportunidad donde se comentó la circunstancia de haber sido electo un presidente comunista en un país democrático, pero en ningún caso se pensaba en un Golpe de Estado o algo parecido” (ver la información de El Mostrador sobre su declaración ).

De hecho, Edwards y Helms sí discutieron exhaustivamente y en detalle la necesidad de un Golpe de Estado en Chile en ese encuentro realizado el 14 de septiembre de 1970, diez días después de la elección presidencial en la que Allende obtuvo la primera mayoría. De acuerdo a un documento desclasificado que en diez páginas resume la reunión, el dueño de El Mercurio entregó extensa información de inteligencia sobre los potenciales conspiradores para un Golpe de Estado en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas chilenas y sobre sus preocupaciones respecto al apoyo de Estados Unidos.

Agustín Edwards, quien había decidido abandonar Chile y partir al exilio,también le entregó a la CIA nombres de otros políticos quienes “aún tienen buenos contactos con los militares” que la CIA podría aprovechar: los dirigentes del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes, entre ellos.

La última página del memo: Antigua y nueva versión del mismo documento desclasificado.

Edwards también le hizo un reporte a Helms de las actividades del Presidente Eduardo Frei Montalva contra Allende después de la elección, compartiendo sus opiniones sobre la falta de coraje de Frei para evitar que Allende asumiera la presidencia. “Describió a Frei como alguien que habitualmente colapsa bajo presión”, de acuerdo al memorándum de la conversación. “Edwards dijo que Frei es indeciso, siempre vacilando, siempre esperando que ‘otro dé el primer paso’ ”. Agustín Edwards predijo que Frei “probablemente se acobardará a último minuto”, en vez de avanzar hacia un golpe.

Finalmente, Edwards intentó incitar a la CIA para que hiciera algo para evitar que Allende se convirtiera en Presidente de Chile. Le dijo a Helms que Fidel Castro había aparecido en la televisión en Chile recomendando a los chilenos no preocuparse de una intervención de Estados Unidos pues Washington estaba “neutralizado” por la guerra de Vietnam y la extendida oposición doméstica a ésta. “Una pregunta clave en la mente del chileno medio es: ¿Le importa a Estados Unidos [lo que pase en Chile]?”, le informó Edwards al director de la central de inteligencia estadounidense.

EL “MEMCON” DE LA REUNION HELMS/EDWARDS

El hecho de que Agustín Edwards se reuniera con el director de la CIA el 14 de septiembre en Washington D.C. fue conocido públicamente desde que un comité especial del Senado estadounidense, liderado por el senador Frank Church, reveló en un reporte detallado la acción encubierta de la CIA en Chile hace casi cuarenta años. Pero el contenido de la dramática conversación sólo emergió recientemente. En septiembre pasado, para el 40° aniversario del Golpe de Estado, CIPER publicó las primeras cuatro páginas del memorándum de la CIA sobre esa conversación, titulado “Conversación sobre la situación política chilena” (Ver reportaje).

El documento resume la primera parte de la reunión Edwards/Helms e indica, al contrario del testimonio bajo juramento de Edwards ante el juez Carroza, que discutieron el “timing para una posible acción militar”. Una segunda versión desclasificada del mismo documento (obtenida por el autor y que CIPER publica ahora) totaliza diez páginas fuertemente censuradas y que prueban que más de la mitad de la reunión fue dedicada a una discusión explícita sobre una conspiración para un Golpe de Estado y de cómo Estados Unidos podría apoyarlo (ver documento).

Richard Helms

En ambas versiones de este “memcon” –como son llamados estos documentos en Estados Unidos–, el nombre de Agustín Edwards está tachado. Es claro que la agencia de inteligencia aún quiere proteger su identidad como fuente confidencial. Pero no lo logró. El documento se refiere a que la reunión tuvo lugar a petición de Henry Kissinger, entonces asesor de seguridad del Presidente Nixon, quien había tomado desayuno con Edwards el 14 de septiembre de 1970 en Washington. Transcripciones desclasificadas de las conversaciones telefónicas de Kissinger, obtenidas por el National Security Archive, revelan que Kissinger ese mismo día llamó a Helms para decirle: “Edwards está aquí”. En el mismo llamado, Kissinger le pidió a Helms que personalmente le preguntara a Edwards sobre la situación en Chile. Helms accedió.

Ahora, con la desclasificación la semana pasada de una nueva colección de registros de la oficina histórica del Departamento de Estado, tenemos una nueva versión del famoso “memcon”, una transcripción oficial y mucho memos censurada del gobierno de EE.UU. del documento que identifica a los participantes de la reunión: Agustín Edwards, Donald Kendall, el presidente ejecutivo de Pepsicola, el director de la CIA Richard Helms y un ayudante no identificado de Helms en la CIA, quien tomó notas y escribió el resumen de la reunión. Los censores de la CIA intentaron ocultar el nombre de Agustín Edwards a lo largo de la transcripción, refiriéndose a él como “nombre no desclasificado”. Pero en al menos dos partes del documento, los censores no percibieron  la referencia a Edwards y su nombre es reproducido como la fuente de la información (ver documento).

La reunión fue clave en el impulso que se le dio a partir de ese día a la acción desestabilizadora emprendida por el gobierno de Nixon en contra de Allende. Agustín Edwards no fue sólo el primer civil chileno del que se tenga conocimiento que se haya reunido en esos álgidos días con el director de la CIA. De acuerdo a los documentos desclasificados hasta ahora bien podría ser el único chileno que se sepa se haya reunido con el director de la CIA. Además, no fue coincidencia que la reunión tuviera lugar justo un día antes de que el Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ordenara a Helms iniciar un conjunto de acciones encubiertas para “hacer que la economía chilena chille” y así provocar un Golpe para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia.

Entre los miles documentos de la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU. que han emergido de la decisiva intervención encubierta de Estados Unidos en Chile, no hay otro que deje tan claro el rol de uno de los principales socios chilenos en la conspiración extranjera: Agustín Edwards.

REUNIÓN EN EL MADISON

En la tarde del 14 de septiembre de 1970, acompañado por el presidente de la Pepsi, Donald Kendall, quien era un amigo cercano del Presidente Richard Nixon, Agustín Edwards se reunió con el jefe de la CIA, Richard Helms, en el Hotel Madison, ubicado en el centro de Washington.  El contenido del informe de dicha reunión deja claro que Edwards venía bien preparado para hacer lobby frente a su interlocutor para la necesidad de ejecutar un Golpe de Estado en Chile. De allí que le entregara a Helms información de inteligencia sobre las Fuerzas Armadas chilenas, dirigentes políticos pro-golpe y la situación política general que había provocado la mayoría relativa del candidato de la Unidad Popular sólo diez días antes.

Richard Nixon

Por ejemplo, Edwards le informó a Helms de una reunión secreta que el Presidente Frei Montalva había tenido –usando al vicepresidente del PDC Bernardo Leighton como intermediario– con el candidato presidencial de la derecha y el Partido Nacional, Jorge Alessandri, quien había obtenido la segunda mayoría relativa con sólo 40 mil votos de diferencia con Allende. Allí se había discutido la posibilidad de crear un nuevo escenario en el cual el Congreso chileno –con los votos de la derecha y la Democracia Cristiana– ratificaría a Alessandri y no a Salvador Allende. Inmediatamente después del pronunciamiento del Congreso, Alessandri renunciaría y habría nuevas elecciones presidenciales, en las cuales Frei participaría y probablemente ganaría.

En el memorándum se dice que Agustín Edwards le manifestó a Helms su preocupación sobre la viabilidad y las probabilidades de éxito de dicho plan, conocido como “la solución constitucional”. Según se lee, Edwards le dijo a Helms: “[el plan] podría no funcionar. ¿Entonces qué?”. Agustín Edwards prefería una solución no constitucional.

El grueso de la reunión de Edwards con Richard Helms, según el informe recientemente desclasificado, estuvo dedicado a evaluar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Chile, sus liderazgos y sus verdaderas y potenciales consideraciones para involucrarse en un Golpe de Estado.  Edwards le entregó al jefe de la CIA detalles concretos de comandantes en toda las ramas uniformadas, las tropas que controlaban y lo que costaría hacerlos moverse para un golpe.

Uno de los ejemplos que entregó Agustín Edwards en esa reunión estaba relacionado con los obstáculos que se preveía en la Fuerza Aérea, la que difícilmente jugaría un rol de liderazgo para el golpe. Informando sobre el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Carlos Guerraty, Edwards le dijo a Helms: “Él quiere actuar contra Allende, pero Guerraty no es muy inteligente”.

En otro acápite del informe de la reunión de Agustín Edwards con Richard Helms, se registra que el director y dueño de El Mercurio le dice al jefe de la CIA que antes de dejar Chile había podido hablar personalmente con el general Camilo Valenzuela, jefe de operaciones militares en Santiago, quien semanas después se transformaría en un líder en la operación respaldada por la CIA para instigar un golpe a través de la neutralización del general René Schneider. De acuerdo a Edwards, Valenzuela declaró que “lo haría por su cuenta” si debía, para evitar que Allende se transformara en Presidente de Chile.

En el informe se dice que luego de esa conversación personal con el general Camilo Valenzuela, Edwards le transmitió un mensaje sobre el apoyo de Estados Unidos a cualquier esfuerzo para un Golpe de Estado. De acuerdo a la transcripción de la reunión de Edwards con Helms, el dueño del diario El Mercurio “agregó que al discutir la situación post-electoral con [el general Camilo] Valenzuela y algunos oficinales navales clave, estaban preocupados de dos puntos básicos:

1) Si el gobierno chileno fuera derrocado en una acción militar, ¿recibiría el nuevo gobierno el reconocimiento diplomático de Estados Unidos?

2) ¿Recibirían las Fuerzas Armadas chilenas apoyo logístico por una acción contra el gobierno?”.

Luego Edwards informó a Helms que el subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (y el corazón de la preparación y articulación del Golpe en 1972 y 1973), el capitán Carlos Le May Délano, había identificado dos posibles “gatilladores” para un movimiento militar contra Allende: ruido de sables en Perú o Argentina contra Allende, o una decisión del gobierno de Estados Unidos de retener ayuda.

En algún punto durante la reunión, Richard Helms le preguntó a Agustín Edwards sobre la mejor forma en que el gobierno de Estados Unidos podía enviar un mensaje de “aliento” a los militares chilenos. Edwards respondió que sería “desastroso” si un mensaje así se enviara abiertamente. Y agregó que, no obstante, “si la palabra sobre la actitud de Estados Unidos fuera enviada discretamente, podría ayudar”.

La conversación continuó con la entrega por parte de Agustín Edwards al jefe de la CIA de información de inteligencia muy necesaria sobre quiénes en el establishment político de la derecha tenían lazos cercanos e influyentes con los militares. Allí el dueño de El Mercurio mencionó a Sergio Onofre Jarpa y a Francisco Bulnes, entre otros nombres que, más de 40 años más tarde, la CIA sigue manteniendo en secreto.

USANDO LA EVIDENCIA

Al final del memorándum  de la conversación, el oficial de la CIA que tomó notas entregó su propia opinión sobre Edwards: “Estaba a ratos algo emocional y frecuentemente divagaba. Parecía estar buscando las soluciones posibles pero su conversación no indicaba que ya hubiera encontrado una que considerara factible o efectiva”.

El acta de la reunión deja claro, sin embargo, que ese 14 de septiembre de 1970, Agustín Edwards no sólo abogó por una solución militar para impedir que Allende llegara a La Moneda, sino que asumió el rol de informante de la CIA al proveer a la central de inteligencia de información sobre figuras políticas y militares clave que podrían ayudar en los objetivos ideológicos y económicos de Estados Unidos, los que coincidían con los intereses financieros y políticos que representaba el dueño de la empresa El Mercurio. Para ambos resultaba de vital importancia derrumbar la democracia constitucional en Chile.

Los argumentos e informaciones entregadas por Agustín Edwards al jefe de la CIA ese 14 de septiembre, ayudaron a poner en movimiento el más cuestionado y dañino conjunto de operaciones encubiertas en la historia de Chile y Estados Unidos, que incluyó el Plan “Track II”, ordenado por el Presidente Nixon durante una reunión con Helms al día siguiente (15 de septiembre), para instigar un golpe militar que llevó directamente al asesinato del general René Schneider en octubre de 1970.

Como el propio Richard Helms testificó ante el Comité Church en el Senado estadounidense: “Tengo la impresión de que el Presidente organizó esta reunión -de la que tengo mis notas escritas a mano- por la presencia de [Agustín] Edwards en Washington y que [lo que Nixon] escuchó de Kendall sobre lo que Edwards estaba diciendo sobre las condiciones en Chile y lo que estaba pasando allá”.

Agustin Edwards

En términos de verdad  histórica, este documento entrega la más acabada y precisa versión sobre lo que Agustín Edwards hizo, sabía y dijo para ayudar y apoyar al coloso del norte para intervenir en los asuntos internos de su propio país. Al menos los chilenos ahora saben lo que el más importante empresario de medios de comunicación ya sea por olvido o intencionalmente engañó al juez Carroza cuando testificó que nunca había conspirado con la CIA para presionar por un Golpe de Estado.

Tal vez este documento tenga un rol legal que jugar también para determinar si Edwards cometió perjurio y conspiró con una potencia extranjera para hacer daño y provocar un quiebre institucional en su patria. En efecto, es tiempo de confrontar a Agustín Edwards con las evidencias contundentes de sus verdaderas acciones como un traidor de su país y a su Constitución.

Nadie fiscaliza las declaraciones de patrimonio de las autoridades. Los presidentes, ministros, subsecretarios, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, alcaldes y todos los funcionarios públicos obligados por ley a declarar su patrimonio e intereses, pueden, eventualmente, omitir u ocultar información sin arriesgar sanciones. Queda a la buena fe de las autoridades cumplir el trámite con rigurosa veracidad, porque en Chile no existe institución ni un equipo de funcionarios encargado de verificar que aquello que está escrito en las declaraciones corresponde a la verdad. Así lo constataron dos series de investigaciones -sobre las declaraciones de senadores y alcaldes- difundidas por CIPER entre mayo y octubre de 2008. Y así lo reconfirmó otro reportaje de CIPER, de abril de 2010, acerca de las declaraciones de los ministros del presidente Sebastián Piñera.

Cinco años y medio después de nuestras primeras publicaciones sobre este tema clave de probidad, transparencia y de combate a la corrupción, todo sigue igual. Por eso, CIPER entrega a sus lectores una completa plataforma digital que reúne los datos declarados por los presidentes y ministros de la administración de Sebastián Piñera y del actual gobierno de Michelle Bachelet (vea el especial aquí). Este proyecto está inspirado en la aplicación interactiva que La Nación Data hizo con las declaraciones juradas de las autoridades argentinas (ver sitio).

La plataforma de CIPER  concentra y presenta de manera clara toda la información contenida en las declaraciones de cada uno de los ministros que tuvo Piñera y de los que ha nominado Bachelet, además de las que suscribieron los propios presidentes. En el caso de los ministros de Piñera, se pueden consultar también, mes a mes, los sueldos que percibieron mientras estuvieron al mando de sus carteras. Este último dato no pudo ser incorporado en las fichas de los actuales ministros de Bachelet, debido a que al momento de reunir la información aún no había registro de sus salarios.

En todo caso, esa información sobre sus ingresos regulares, así como cualquier otro cambio relevante en el patrimonio o áreas de interés de las autoridades que incluye nuestra plataforma, será periódicamente actualizada.

Aunque las declaraciones de patrimonio del Presidente y de los ministros se pueden descargar desde las páginas web de las instituciones que encabezan, esta información se pierde cuando son reemplazados en el cargo. En otras palabras, sólo se publica la declaración del Presidente o ministro en ejercicio. De las que llenaron sus antecesores, no queda rastro. Tampoco se publican las declaraciones que hacen las autoridades salientes. Si usted desea consultar alguna, debe pedirla en la Contraloría General de la República, donde son almacenadas. Por lo mismo, CIPER ha creado esta base de datos de fácil navegación para mantener un registro histórico y de acceso permanente, a objeto de que los ciudadanos puedan fiscalizar a quienes han ejercido como principales autoridades del Poder Ejecutivo aun cuando ya hayan dejado sus cargos.

El objetivo principal de este nuevo archivo público es que cualquier ciudadano pueda ejercer una labor de fiscalización, pues le permitirá comparar el patrimonio con que un ministro o Presidente de la República ingresó al gobierno, con los bienes e inversiones que tiene cuando abandona la función pública. Este control ciudadano es importante porque la Ley 18.575, promulgada en 2006, que estableció la obligatoriedad de las declaraciones de patrimonio; y el Decreto Nº 45 de la Secretaría General de la Presidencia, que reglamenta la confección de estos documentos, no determinan quién es responsable de verificar lo declarado. Aunque estas normas establecen sanciones de 10 a 30 UTM ($418.000 a $1.254.000) por la no presentación oportuna de la declaración (hasta 30 días tras asumir el cargo y el mismo lapso después de dejarlo), o por incluir datos inexactos u omitir antecedentes relevantes, no indican mecanismo alguno para constatar los eventuales incumplimientos.

En la Contraloría General de la República informaron a CIPER que, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley, ese organismo no puede hacer un examen crítico de las declaraciones. Solo está facultado para recibirlas, almacenarlas y ponerlas a disposición de la consulta pública. Si una autoridad no presenta a tiempo su declaración, tampoco puede exigirle que cumpla el trámite. Y si ese incumplimiento se produce cuando el funcionario ya dejó su cargo para incorporarse al mundo privado, no hay forma de apremiarlo para que presente el documento, por lo que en este tipo de casos la sanción que establece la ley no es más que letra muerta.

Esto es exactamente lo que ocurrió con el empresario Jaime Ravinet, ex ministro de Defensa del presidente Sebastián Piñera, quien a pesar de haber dejado su cargo el 13 de enero de 2011, aún no presenta la declaración con el patrimonio que tenía al abandonar el sector público. La Contraloría confirmó el 25 de abril a CIPER que “no consta el ingreso de la declaración del ex ministro Ravinet”.

En todo caso, aun cuando un funcionario cumpla con todos los requisitos establecidos por la Ley 18.575, no es posible conocer la totalidad de su patrimonio o las áreas en las que tiene intereses económicos. Y esto, porque las normas no establecen la obligatoriedad de explicitar el monto en que están avaluados los bienes del declarante. Así, el documento permite saber cuántos inmuebles o vehículos tiene el funcionario, pero no el valor de esos bienes. Respecto de las sociedades comerciales en las que participa, también queda a voluntad del declarante consignar el patrimonio que tiene en ellas y el rubro de negocios en que éstas operan. De esta forma, se anula el objetivo original de la ley respecto de que se puedan detectar los eventuales conflictos de interés entre la función pública de las autoridades y sus negocios privados.

A pesar de todas estas inconsistencias normativas que permiten mantener en la nebulosa el patrimonio y los intereses de los declarantes, CIPER considera valioso que sus lectores al menos conozcan lo que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo -las que están en ejercicio y sus antecesoras-, han declarado de manera oficial.

Entre los antecedentes llamativos detectados al preparar esta base de datos, se cuenta el millonario negocio realizado por el subsecretario de Deportes del gobierno anterior, Gabriel Ruiz Tagle. En su declaración de 2012 anotó ocho sociedades comerciales y tres inversiones en valores e instrumentos transables. Estas últimas por un total de $443 millones. En su posterior declaración (2014) ya no figuraban dos sociedades: Papeles Industriales S.A. (PISA) y Distribuidores de Papeles Industriales S.A. Efectivamente, Ruiz Tagle vendió su participación en PISA en abril de 2012 a la papelera Sueca SCA en US$78 millones (equivalentes a más de $38 mil millones, al cambio de la época). En su declaración de 2014, y aunque cumplió con las normas que regulan estos documentos, resulta imposible detectar dónde reinvirtió ese dinero y sólo se aprecia un aumento de alrededor de $554 millones en sus inversiones en valores y títulos transables, las que sumaron $997,4 millones.

Entre los ministros más “austeros”, de acuerdo con lo que consignan en sus declaraciones, están los actuales titulares de Interior, Rodrigo Peñailillo; del Sernam, Claudia Pascual, y de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. Este último no registra inmuebles, vehículos ni sociedades y ni siquiera deudas. Su declaración está prácticamente en blanco. La ministra del Sernam tiene en copropiedad un departamento en Santiago con una tasación fiscal de $34,4 millones, una deuda hipotecaria por 960 UF (unos $22,8 millones) y un Chevrolet Corsa del 2003. Y en el caso del jefe de gabinete, declara un departamento inscrito en Santiago, un sitio eriazo inscrito en Limache, una deuda hipotecaria por $42 millones y una inversión de $35 millones en un fondo mutuo.

En el polo opuesto, el ministro con más patrimonio del actual gabinete es el titular de Energía, Máximo Pacheco, quien declara una inversión en acciones del Banco de Chile por $230 millones y participación en fondos mutuos y otros instrumentos transables por $4.632 millones. Además, Pacheco tiene el 44,8% de la sociedad Inversiones Pushkin Limitada (el porcentaje restante está en manos de su esposa e hijas), la que acumula un patrimonio total de $7.754 millones. A su vez, inversiones Pushkin es propietaria de Inversiones Chejov S.A., sociedad que tiene un patrimonio de US$10,2 millones. El ministro consignó en su declaración tres contratos por los que entregó la administración de su patrimonio -calculado en unos US$20 millones- a un “fideicomiso ciego”, cuyos detalles comentó en una entrevista concedida a revista Qué Pasa.

Otros ministros que han ocupado la figura del “fideicomiso ciego” son el ex titular de Hacienda, Felipe Larraín, y el ex canciller, Alfredo Moreno; ambos de la administración de Sebastián Piñera. El primero utilizó está fórmula para la gestión de sus acciones en diversas compañías por un valor total de $74,5 millones. Moreno entregó al fideicomiso inversiones por un total de $30.400 millones, según consignó en su primera declaración (2010). Esa suma bajó a $29.249 millones en su segunda declaración (2011) y volvió a bajar en la tercera: $22.231 millones (2014).

Quince son los vuelos programados a Brasil por PAL Airlines a contar de este viernes 13 de junio y mientras dure la Copa Mundial de la FIFA. En ese lapso la pequeña línea aérea, que opera principalmente vuelos charter para la gran minería, espera transportar cerca de 2.200 personas. Y si el representativo nacional avanza en el torneo, el entusiasmo de la hinchada podría dar pie a nuevos vuelos. El Mundial de Fútbol se convirtió en un negocio que le cayó del cielo a Aerolíneas Principal Chile S.A. (PAL), una compañía que ha evidenciado serios problemas financieros.

Retraso del pago de sueldos a sus empleados, la suspensión de la cancelación de finiquitos a sus trabajadores desafectados, el incremento de las denuncias en su contra en la Dirección del Trabajo y el atraso permanente de las salidas de sus vuelos, son parte de la bitácora no oficial de la aerolínea en los últimos meses. Un cuadro que se agravó con la suspensión temporal de su licencia como operador aéreo, medida precautoria decretada desde fines de mayo por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La decisión de la DGAC estuvo a punto de derribar el gran negocio que significa la Copa Mundial para las arcas de PAL. Durante las últimas dos semanas, su flota de cuatro aviones debió permanecer en tierra debido a la dura medida precautoria adoptada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la que suspendió la licencia de PAL para operar en Chile por los serios problemas detectados en el área de mantención de sus aeronaves.

El 28 de mayo la DGAC comunicó la suspensión del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de PAL. El riesgo de enfrentarse a una multitud iracunda de hinchas varados en Pudahuel a contar de este viernes 13, jornada en la que están programados los dos primeros vuelos a Brasil, causó preocupación en el Ministerio de Transportes, en el aeropuerto internacional de Santiago y en la DGAC. “PAL mete miedo”, era el chiste que hacían los empleados de la misma aerolínea, parafraseando el eslogan publicitario mundialero.

Finalmente, no hubo autoridades obligadas a poner su rúbrica -y la cara- ante el desastre que se incubaba. En la tarde del miércoles 11 de junio, a sólo horas del inicio de la fiesta futbolera planetaria, la DGAC levantó la suspensión de la AOC de PAL. La empresa quedó en condiciones de volver a operar sus aviones. A sus clientes con pasajes para Brasil les volvió el alma al cuerpo. Pero a sus empleados, no.

CAMBIO DE INSTALACIONES

La DGAC, organismo responsable de la seguridad aérea y del cumplimiento de la normativa aeronáutica, informó a CIPER que, producto de las fiscalizaciones permanentes que aplica a las aerolíneas, “detectó que la empresa (PAL) tenía dificultades en el control de gestión del mantenimiento de las aeronaves, lo cual obligó a suspenderle el Certificado de Operador Aéreo”. En otras palabras, PAL no pudo acreditar que su sistema para gestionar los procedimientos de mantención de los aviones, factor de primer orden en la seguridad de los vuelos, se aplicaba conforme a las reglas.

Para recuperar su licencia, explicaron en la DGAC, PAL debía cumplir con dos requisitos: “recertificar la o las aeronaves con las cuales pretende reanudar las operaciones” y “demostrar el sistema de gestión de control de mantenimiento que llevará a efecto en el futuro”.

Los problemas comenzaron a fines de diciembre del año pasado, cuando la DGAC le comunicó a PAL que debía trasladar sus instalaciones a otro hangar del aeropuerto de Santiago. La razón: la remodelación que se está llevando a cabo en el terminal aéreo incluiría el sector donde funcionaba la aerolínea. La nueva base de operaciones resultó más amplia, pero requería un gran trabajo para ponerla a punto, pues no contaba con red de computación, su sistema eléctrico era anticuado e, incluso, los baños no estaban utilizables.

Los trabajos se iniciaron recién en abril. De allí que, tras una mudanza ejecutada con apuro, la pequeña aerolínea que normalmente opera vuelos a Iquique, Antofagasta, Calama y Concepción, no pudo acreditar que sus procedimientos de mantención eran idóneos.

-Son muchos los factores que condicionan un traslado de este tipo, pero debemos reconocer que nos demoramos más de lo que teníamos planificado -explicó a CIPER el gerente de operaciones de PAL, el piloto y coronel (r) de la FACH, Luis Bolton.

Las inspecciones de la DGAC a las nuevas instalaciones detectaron desorden y falta de control sobre las operaciones de mantenimiento de las aeronaves. Con el Mundial de Brasil ya a la vista, los funcionarios de la DGAC tenían en consideración que PAL efectuaría vuelos internacionales a uno de los eventos que concita más interés a nivel mundial, por lo que resultaba imperativo que todo estuviese en orden. La situación no dio para más a fines de mayo y se procedió a la suspensión del Certificado de Operador Aéreo de la compañía, una de las medidas precautorias más duras que aplica la DGAC para preservar la seguridad de los vuelos.

-Es dura, porque una vez que te suspenden, eso significa una raya grave en la imagen pública de una compañía, porque el mensaje para la gente es que, aunque después te levanten la suspensión, en un momento determinado manejaste con tanto desorden tu trabajo que no fuiste capaz de mantener el control de la mantención de los aviones -señala un tripulante de PAL.

El director de PAL y miembro de la familia propietaria de la compañía, Carlos Musiet, no teme que la empresa sufra un daño grave en su imagen. Según dijo a CIPER, al igual que todas las aerolíneas fiscalizadas por la DGAC, han sido objeto de “observaciones” puntuales por situaciones anómalas, pero todas se han ido corrigiendo con la conformidad de la entidad reguladora:

-Lo importante es que tenemos la seguridad total de que nos van a levantar la suspensión y que vamos a dar los servicios que tenemos comprometidos en el país y hacia Brasil –afirmó Musiet a CIPER un día antes de que la DGAC anunciara que PAL puede volver a volar.

La familia Musiet también tiene negocios en el rubro gastronómico, pero de acuerdo con una nota de La Tercera publicada en noviembre de 2013, tenía proyectado que en 2014 su principal fuente de ingresos sería PAL. En sus cálculos financieros ya destacaba la operación de vuelos charter al Mundial de Brasil, una fórmula en la que tienen experiencia: llevaron hinchas en seis vuelos al Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010 y realizaron una veintena de viajes a la Copa América disputada en Argentina en 2011.

COMBUSTIBLE Y NEUMÁTICOS

Antes de que la DGAC suspendiera la AOC de PAL, la compañía ya evidenciaba problemas internos serios. Los archivos de la Dirección de Trabajo indican que las denuncias contra la aerolínea han aumentado fuertemente en los últimos seis meses. Muchos de estos incumplimientos se relacionan con impagos a sus empleados, lo que indica un problema en los flujos financieros. De acuerdo con la “tabla de denuncias, fiscalizaciones y multas” que involucran a PAL, enviada por la Dirección del Trabajo a CIPER, en los últimos seis meses la compañía ha enfrentado 58 procesos de fiscalización y reclamos (vea la tabla). Un incremento considerable si se considera que cuenta con 140 empleados y que en el semestre anterior solo anotaba 19 de estos procedimientos.

En el último semestre PAL ha registrado 30 multas por fiscalizaciones y reclamos. Entre las materias efectivamente sancionadas se cuentan vulneraciones al contrato de trabajo, a la jornada laboral, remuneraciones, protección a la maternidad y, en 27 casos, transgresión del DFL Nº 2.

Los despidos en PAL se han incrementado y con ello los reclamos por finiquitos impagos. A tal punto llegó esta situación, que el responsable del área de recursos humanos de la compañía se encuentra con licencia médica siquiátrica desde mediados de abril por estrés laboral, debido a que tuvo que enfrentar los reclamos y hasta amenazas de los trabajadores desafectados que exigen lo que se les adeuda. Además, este mismo ejecutivo lidiaba a diario con las protestas por el retraso permanente en el pago de los sueldos, cotizaciones previsionales y de salud pendientes e, incluso, porque no se cancelaban los bonos por sala cuna.

Este contaminado clima laboral también ha afectado a pilotos y tripulantes. Así quedó en evidencia en un correo electrónico enviado a comienzos de mayo pasado por uno de ellos al inspector de la DGAC, Rodolfo Ugarte, uno de los encargados de las fiscalizaciones a la compañía. En él se le explicaba a Ugarte que un vuelo se retrasó por los problemas que enfrenta la empresa para conseguir que los proveedores de combustible reabastezcan a sus aeronaves. En el mensaje también se mencionaban otros factores que afectan el delicado trabajo de los pilotos: atrasos en los sueldos y cotizaciones impagas. Y concluía el empleado de PAL afirmando que, esos problemas en el suministro de combustible, sumado a los atrasos en el pago de sus remuneraciones, generan un pésimo clima laboral en la compañía: “todo lo cual es un potencial riesgo para la actividad”.

Al respecto, y luego de puntualizar que la fiscalización de incumplimientos laborales no está dentro de su competencia, la DGAC informó a CIPER que no ha recibido denuncias de empleados de PAL relacionadas con la mantención de sus aeronaves, ni escritas ni verbales. Sin embargo, trabajadores de la compañía dijeron a CIPER que en reuniones bilaterales con funcionarios de la DGAC sí han comunicado problemas relacionados con la reutilización de neumáticos recauchados al límite de su vida útil. Y también retrasos en los vuelos por falta de servicio para cargar combustible, debido a que, según acusan, los proveedores le han suspendido el crédito a la compañía. Además, mencionan que en esas mismas reuniones con la DGAC reportaron una manipulación indebida de las bitácoras de los aviones (donde se anotan las anomalías que deben ser corregidas por los mecánicos de la empresa).

El gerente de Operaciones de PAL, Luis Bolton, desmintió a CIPER todas estas irregularidades:

-Los neumáticos se utilizan dentro de los límites establecidos por las normas y no es cierto que se hayan adulterado las bitácoras. Eso sería una falta gravísima. La DGAC realiza inspecciones y auditorias de manera permanente y lo habría detectado.

Respecto de los retrasos que han experimentado los vuelos de PAL de manera persistente desde hace un par de meses, Bolton dijo que en la operación de las aeronaves hay múltiples factores que condicionan el trabajo y que uno de ellos es la carga de combustible. El gerente de PAL acotó que no estaba dentro de su competencia pronunciarse sobre las formas de pago con que la compañía adquiere ese importante insumo.

La afirmación de Luis Bolton se contradice con el contenido de un correo electrónico que le envió un empleado de PAL –y al que CIPER tuvo acceso- en el que se le informó que, por problemas en el abastecimiento de combustible, debido a las limitaciones financieras de la compañía, en marzo de este año un avión habría volado bajo riesgo de no tener capacidad para alcanzar un aeropuerto alternativo en caso de emergencia.

En la DGAC informaron a CIPER que, “como resultado de la fiscalización (a PAL), se han iniciado procesos infraccionales”. Dos de las irregularidades que han dado pie a estas investigaciones en curso, son “el eventual transporte de carga por vía aérea sin el amparo de un contrato de manejo y servicios de carga” y “el eventual incumplimiento del procedimiento de traspaso de partes desde una aeronave fuera de vuelo a otras aeronaves de la flota”.

ANTIGUOS CAMARADAS

Los vínculos que existen entre los funcionarios de una entidad reguladora, como lo es la DGAC, y los directivos o ejecutivos de las empresas que deben fiscalizar, constituyen un tema recurrente en la aviación comercial. Varios de los altos funcionarios de la DGAC son oficiales en retiro de la FACH y es común que las compañías del rubro tengan en sus áreas técnicas -como las gerencias de Operación y Mantención- a ex miembros de la misma Fuerza Aérea.

Ese tipo de relación está presente en la situación que está enfrentando PAL Airlines. Tanto el gerente de Operaciones de la compañía, Luis Bolton, como el director de Seguridad Operacional de la DGAC, Lorenzo Sepúlveda, máximo responsable de aplicar y levantar una suspensión de licencia, como la que afectó a esta aerolínea, son ex altos oficiales de la FACH. Para quienes conocen de esa relación, los une incluso una amistad forjada en sus tiempos en la Fuerza Aérea.

Empleados de PAL dicen que, en reuniones de la compañía donde se han abordado problemas detectados por la DGAC, se ha escuchado al gerente Luis Bolton decir que conversará personalmente con Lorenzo Sepúlveda en busca de una solución.

Lorenzo Sepúlveda

Sobre su relación con Sepúlveda, Bolton dijo a CIPER que efectivamente se conocen de muchos años, que en su juventud compartieron destinaciones dentro de la Fuerza Aérea, pero que en la actualidad no mantienen una relación estrecha: “El mundo de la aviación es pequeño y todo el mundo se conoce”, sostuvo.

En la DGAC señalaron que no tenían información sobre nexos entre Sepúlveda y Bolton y que los datos sobre eventuales destinaciones conjuntas mientras sirvieron en la FACH, debían ser solicitados a esa rama de las Fuerzas Armadas. Sepúlveda, informaron en la DGAC, se encuentra fuera de Chile en comisión de servicio.

El coronel (r) Luis Bolton fue investigado en 2009 en el proceso judicial por las coimas pagadas en la compra de aviones Mirage, debido a que recibió US$60 mil dólares de una cuenta de Conrado Ariztía (en el Banco Espirito Santo de Miami), representante en Chile de empresas de aviación y acusado de haber cobrado comisiones  irregulares por la venta de esas aeronaves. También estuvo involucrado en el escándalo por la importación irregular de artículos personales, los que fueron internados como “pertrechos” de la FACH bajo la comandancia en jefe del general Fernando Rojas Vender.

Como piloto de PAL, Bolton estuvo al mando de los vuelos para transportar a la selección chilena de fútbol durante la clasificatoria al Mundial de Sudáfrica y en las últimas eliminatorias. PAL tenía la misión de llevar a la Roja a Brasil, pero la suspensión decretada por la DGAC abortó la misión. Ahora que la DGAC levantó la medida, Luis Bolton no descarta que le encarguen a su compañía el retorno de la selección.

En seis de los 12 meses del año, las temperaturas en Qatar promedian los 37°C. Después del mediodía pueden rozar los 50°C. Pero lo que más hace de Qatar en verano algo parecido a un horno es la humedad que a veces llega al 90%. Es entre mayo y septiembre cuando una sofocante masa de aire caliente cae sin piedad sobre esta pequeña península del Golfo Pérsico.

Por esa razón había algo que no encajaba. Porque jugar al fútbol allí es como hacerlo al interior de un enorme sauna. Si a ello se suma que Qatar tiene una tradición futbolística más o menos equiparable a la que tiene Chile en el rugby –aunque con muchísimos más recursos–, muy pocos creían en el éxito de la candidatura que en marzo de 2009 presentó el país árabe para organizar el Campeonato Mundial de Fútbol de 2022.

Contra todo pronóstico, el 2 de diciembre de 2010 el Comité Ejecutivo de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) encabezado por Joseph Blatter (78 años, suizo) le adjudicó el mundial a los cataríes. Y fue como en esos partidos en los que el resultado se da vuelta en los descuentos. Pero aquí no hubo épica ni evidencia de los méritos que inclinaron la balanza a su favor. Sí hay evidencia, en cambio, de que semanas antes de la votación del comité que determinó al ganador, las aspiraciones de Qatar parecían sepultadas bajo tierra.

Joseph Blatter anuncia victoria de Qatar.

Un reporte comparativo de las siete candidaturas en disputa preparado por un equipo evaluador de la FIFA a cargo de Harold Mayne-Nicholls, así lo sugería. “Alto riesgo” operacional, indicaba el diagnóstico del ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) entregado al Comité Ejecutivo de la FIFA  antes de la crucial votación. De todas las propuestas, la de Qatar era por lejos la que presentaba mayores obstáculos operacionales. Sin embargo, Qatar obtuvo 14 de los 22 votos que se emitieron. Los restantes fueron para Estados Unidos.

Tras anunciar la noticia en la sede de la FIFA en Zürich (Suiza), Blatter señaló con orgullo: “Llevaremos el Mundial a nuevas tierras”. Por primera vez desde que se iniciara este campeonato en 1930 (Uruguay), el codiciado mundial aterrizaría en Medio Oriente.

Había razones suficientes para el optimismo. Porque Qatar es mucho más que una nueva tierra. Es un verdadero paraíso para inversionistas y grandes firmas. Un preciado botín tanto o más jugoso que el de Brasil que acaba de estrenar un nuevo récord: haber organizado el mundial más caro de la historia. Más de US$ 11 mil millones (algunos cifran los gastos en US$ 14 mil millones) han sido desembolsados para hospedar el certamen. Ello, en medio de la revuelta de cientos de miles de ciudadanos brasileños que han visto impacientes cómo esta danza de millones ha pasado frente a sus ojos, mientras esperan por mejoras en el sistema público de educación, salud y transporte.

La FIFA, en tanto, cosechará con el torneo disputado en Brasil ganancias por sobre los US$ 5 mil millones por concepto de licencias, derechos televisivos y contratos de marketing. También cifra récord de ingresos y sobre los que no debe pagar un solo dólar en impuestos.

Qatar era la candidatura que comprometía los mayores costos y todo indica que  terminará por quitarle a Brasil su último logro. Sólo en estadios deberá desenfundar al menos US$ 3 mil millones y se estima que la inversión global para satisfacer los estándares en infraestructura deportiva, vial y de transporte que exige la FIFA ascenderá a US$ 200 mil millones.

Tras la elección de Qatar, el repudio generalizado contra la elección de la FIFA no se hizo esperar. El pitazo inicial del escándalo lo dio el semanario galo France Football en enero de 2013, tras destapar una reunión secreta entre el ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy, el príncipe catarí Tamin Bin Hamad y el ex seleccionado e ídolo del balompié galo Michel Platini, actual presidente de la federación de fútbol europea (UEFA) y uno de los vicepresidentes de la FIFA. En esa reunión, según la versión de France Football, se habría conseguido el voto de Platini a cambio de suculentos favores políticos y económicos.

Portada de France Football, 29 de enero 2013

Pero los cuestionamientos sobre Qatar alcanzaron su punto más álgido en semanas recientes, tras la desclasificación del medio británico The Sunday Times de centenares de correos electrónicos en los que aparece la figura del operador catarí Mohammed Bin Hammam realizando pagos por al menos US$ 7 millones. Ese dinero fue a parar a los bolsillos de dirigentes de las federaciones de Asia, África y Centroamérica para asegurarle el precioso botín a Qatar. El periódico señaló que en la nómina de favorecidos con este dinero se cuentan 30 dirigentes africanos con influencia directa sobre cuatro de los representantes de ese continente que votaron en la elección de la sede para el Mundial de Fútbol 2022.

Pero eso no es todo, también se vincula a Bin Hammam con la articulación de una serie de misteriosas reuniones entre miembros de la elite política y empresarial de Qatar y representantes de la FIFA con derecho a voto, entre ellos el mismo Platini, Blatter y el ex astro alemán de fútbol Franz Beckenbauer.

El inicio del Mundial de Brasil le puso pausa al escándalo. Blatter –que lleva 16 años en el poder–  ha manifestado su intención de ser reelecto en los comicios de mayo de 2015. Algunos piensan que su fiesta está cerca de acabarse. Otros, y de acuerdo a lo que ha sido la tónica de las últimas décadas, que la impunidad será la que impere tal como lo hizo bajo el largo reinado –y aún después– del brasileño Joao Havelange (antecesor de Blatter) y de su corte de colaboradores, encabezada por dos de los máximos dirigentes del fútbol sudamericano: Ricardo Teixeira y Nicolás Leoz.

En las últimas décadas, y a punta de coimas, favores y regalías, la FIFA se ha ido transformando en la antítesis de su propio principio rector: el fair play.

EL DRIBLING DE BIN HAMMAM

Cuando The Sunday Times hizo explotar el último caso de corrupción que remece a la FIFA, Mohamed Bin Hammam ya era una persona conocida. No era la primera vez que se le relacionaba con operaciones ilícitas.

Si hay algo que distingue a este catarí de 65 años es su nutrida agenda de contactos y –tal como se desprende de su historial de sombrías intervenciones– un dribling mortal, como el de Neymar. Pero Bin Hammam lo utiliza fuera de las canchas para seducir, convencer, torcer voluntades. La elección de Qatar –el jugador más débil– como sede del Mundial 2002, es sin duda la anotación más importante de su carrera.  Pero como todo buen jugador, también conoce de derrotas.

Bin Hammam se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y como presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hasta el 15 de diciembre de 2012. Ese día, y tras presentar su renuncia, el organismo rector del fútbol mundial le prohibió ejercer cualquier tipo de cargo o actividad relacionada con este deporte. Ello, por una lluvia de acusaciones de pago de coimas y sobornos para conseguir un triunfo aún más ambicioso que el de Qatar: destronar a Blatter y ponerse él mismo al frente de la FIFA en las elecciones de junio de 2011. Fue un dribling fallido. Bin Hammam se metió con un duro. Terminó en el suelo y con tarjeta roja.

El 9 de mayo de 2011, Bin Hammam aterrizó en el aeropuerto de Port of Spain, en Trinidad y Tobago, decidido a presentar su propia candidatura frente a los representantes de la CFU (Unión Caribeña de Fútbol), instancia en la que además estuvo presente un ex vicepresidente de la FIFA (también presidente de la CFU y de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF), Jack Warner. Bin Hammam iba por su segunda victoria tras haber logrado que Qatar se adjudicara el mundial.

Mohamed Bin Hammam junto a Blatter.

Una vez que Bin Hammam terminó su conferencia en el Hotel Hyatt frente a los representantes caribeños, Warner habría anunciado regalos para todos los asistentes. Se trataba de sobres con US$ 40 mil, los que habrían sido repartidos entre los miembros más influyentes de la concurrencia. Días antes, Bin Hammam, había proveído de fondos a la CFU liderada por Warner por más de US$ 400 mil.

La compra de votos fue destapada, antes de las elecciones, por Chuck Blazer, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Bin Hammam tuvo que bajarse de la carrera. Meses más tarde el catarí llevó el caso al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) el cual concluyó que la evidencia no era suficiente, aunque no se cerró a que nuevos antecedentes pudieran reabrir el caso (ver fallo). Su último dribling no sirvió de nada. A fines de 2012 Bin Hammam fue desvinculado de la FIFA.

QATAR: ALTO RIESGO

Según el ranking de enero de 2014 de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol) que mide, entre otros indicadores, la competitividad de las ligas a nivel mundial, la Qatar Stars League se encuentra en el puesto N° 66 (escaló 15 puestos desde la última medición). Lo preceden las ligas de Angola (64), Tailandia (63), Letonia (57), Kuwait (56) e Irán (37). En ese mismo ranking Chile se ubica en el N° 19 (ver ranking).

La inexistente tradición futbolística de Qatar no era el único obstáculo que se anteponía a sus pretensiones de transformarse en la sede del Mundial 2022. Harold Mayne-Nicholls presidió –desde fines de 2009 hasta diciembre de 2010–el grupo de evaluación que la FIFA designó con el fin de calificar las candidaturas para los mundiales de 2018 y 2022. En un reporte comparativo entregado por este grupo al Comité Ejecutivo de la FIFA semanas antes de la votación, Qatar aparecía como la opción menos deseable de entre todas las candidaturas en competencia (Australia; Holanda & Bélgica; Japón; Corea; España & Portugal, y Estados Unidos). De hecho, fue la única calificada como de “alto riesgo” operacional. Las seis restantes fueron evaluadas de “bajo riesgo” (ver reporte).

“Qatar podría presentar condiciones climáticas muy calurosas durante el campeonato, con temperaturas rara vez por bajo los 37 °C”, dice un segundo informe centrado únicamente en el país árabe firmado por Mayne-Nicholls. Y en él se agrega: “El hecho de que el campeonato esté planeado para junio-julio, los dos meses más calurosos del año en toda la región, debe ser considerado como un riesgo potencial para la salud de los jugadores, árbitros, funcionarios de la FIFA y espectadores” (ver reporte).

Harold Mayne-Nicholls.

Por recomendación médica y para proteger la salud de los futbolistas, en diversas ligas ya se han adoptado normas para evitar partidos en horarios que expongan a los deportistas a más de 30°C o, si resulta inevitable jugar en esas condiciones, que se detengan los encuentros para permitir la rehidratación de los jugadores. La FIFA tomó en cuenta esta consideración para el Mundial que se disputa en Brasil. Por esto mismo, resulta inexplicable que se haya elegido a Qatar para el certamen de 2022.

El calor no es el único riesgo que presentaba la propuesta de Qatar. Además, nueve de los 12 estadios comprometidos para el certamen debían ser levantados desde cero. Lo mismo con prácticamente toda la infraestructura deportiva necesaria para hospedar un campeonato mundial: centros de entrenamiento, de concentración y de alojamiento para las selecciones participantes.

Para contrarrestar el factor climático, Qatar ofreció controlar la temperatura a través de una tecnología de enfriamiento que permitiría refrigerar los estadios. Pero en el informe preparado por Mayne-Nicholls se deja constancia de que el éxito de la propuesta depende de la efectividad y aceptación (de los participantes) de esta innovación tecnológica que hoy no existe: “Aún no ha sido implementada en estadios de estándares FIFA”, se señala en el informe.

Así y todo, la elección de Qatar no sorprendió a Mayne-Nicholls. Así lo señaló a CIPER desde Brasil: “Una cosa es el informe, otra la votación de los miembros del Comité Ejecutivo. Ellos consiguieron los votos y ganaron”.

-Pero en sus informes aparecía como la candidatura menos recomendable, con mayor riesgo…

Con la información de nuestro trabajo, la FIFA ya tiene muy claro dónde debe poner atención para no tener problemas logísticos y operacionales.

-Entonces, ¿qué peso tuvieron en el Comité Ejecutivo los informes del grupo de evaluación que usted lideró?

No puedo contestar esa pregunta, habría que preguntarle a los que votaron.

-¿Recibió algún ofrecimiento o insinuaciones fuera de norma durante el proceso de evaluación de alguna de las candidaturas?

Nunca. Nadie me hizo ofrecimiento alguno.

El gasto previsto por Qatar para levantar las obras de infraestructura para la Copa del Mundo 2022 asciende nada menos que a US$ 200 mil millones. De ellos US$ 25 mil millones están destinados a la construcción de carreteras y US$ 36 mil millones a un nuevo metro, según cifras recogidas por Financial Times. A ello se agregan US$ 13 mil millones para la edificación del New Doha International Airport (NDIA), con capacidad para 50 millones de pasajeros por año. Y por lo menos US$ 3 mil millones para levantar nueve estadios y remodelar tres.

EL MILAGRO DE LOS PETRODÓLARES

Los correos desclasificados por The Sunday Times vuelven a involucrar a Bin Hammam en actos ilícitos, esta vez para asegurar el triunfo de Qatar en su postulación para ser sede del Mundial de Fútbol 2022. En ellos se revelan millonarios pagos –más de US$ 7 millones– efectuados principalmente desde una cuenta bancaria asociada a la empresa inmobiliaria Kemco, propiedad del catarí, a miembros de federaciones de fútbol de África, Asia y Centroamérica.

En esta repartija, más de 30 presidentes de asociaciones de fútbol africanas habrían sido “beneficiados” con montos que en total suman al menos US$ 5 millones. Otros US$ 1,7 millones habrían ido a parar a los bolsillos de directivos de Mongolia, Filipinas, Tailandia, Japón y Corea del Sur, entre otros.

Por su parte, el ex vicepresidente de la FIFA Jack Warner habría recibido US$ 450 mil en dos giros realizados en marzo de 2008 y mayo de 2010 justo antes de la votación que terminó con Qatar como sede del Mundial de Fútbol 2022. Esto, antes de participar junto a Bin Hammam en la presunta operación de compra de votos para sostener su candidatura a la presidencia de la FIFA en el Hyatt de Port of Spain frente a miembros de la CFU y la CONCACAF.

Además de las transferencias de dinero, los archivos de The Sunday Times destapan fastuosas invitaciones extendidas por el mismo Bin Hammam a lujosos hoteles en Doha (capital de Qatar), regalos y otros “lucrativos beneficios”.  Allí aparece la figura del ex presidente del fútbol de Costa de Marfil y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, Jacques Anouma, quien a cambio de US$ 800 mil se habría comprometido, según la versión del periódico inglés, “a empujar con fuerza la candidatura de Qatar”.

BLATTER, PLATINI Y BECKENBAUER EN LA MIRA

Otra de las aristas abiertas por The Sunday Times se relaciona con una serie de reuniones secretas en las que Bin Hammam habría conectado a al menos siete miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA con la familia real catarí y otros conspicuos miembros de la elite económica de ese país. En esa lista aparece Joseph Blatter, Michel Platini y el “Káiser” Franz Beckenbauer.

Un mes antes de la votación, Blatter recibió un correo electrónico de Bin Hammam: “Hola presidente, estoy buscando amigos. ¿Es usted todavía uno de ellos?”. Durante la campaña por obtener el Mundial de 2022, el catarí invitó al suizo a Doha para conocer al emir Tamim bin Hamad Al Thani y hospedarse con la familia real. Según el periódico británico, Blatter habría realizado el viaje y antes de dejar la capital de Qatar, le habría dicho a algunos reporteros: “El mundo árabe merece (organizar) una Copa del Mundo”.

Michel Platini y Franz Beckenbauer.

La reunión que sostuvo Michel Platini con el emir de Qatar en el Elíseo (palacio de gobierno francés) junto a Sarkozy –y en la que según France Football se intercambiaron suculentos favores– no fue la única. Apenas estalló el escándalo, el mismo ex jugador de la selección francesa –y también candidato al timón de la FIFA en las elecciones de 2015– reconoció que Bin Hammam le arregló una nueva cita, esta vez en Suiza, con el emir y otros miembros de la comitiva que impulsaba la candidatura de Qatar.

Pero quien resulta mayormente comprometido con la desclasificación de los e-mails es el ex campeón mundial (como jugador y también como entrenador de Alemania) Franz Beckenbauer. En abril de 2011 el “Káiser” –que hoy se desempeña como presidente honorario del club Bayer Munich– dejó su cargo como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y fue contratado como consultor por una importante firma naviera alemana, especializada en el transporte de petróleo y gas natural (ER Capital Holding). Días más tarde Beckenbauer viajó a Doha acompañado del dueño de la naviera, Erck Rickmers, para evaluar junto a importantes ejecutivos cataríes del sector millonarias inversiones en el país.

EN LAS NARICES DE BLATTER

El “Qatargate” trae al ruedo otro de los bullados casos de corrupción que han manchado el historial de la FIFA y que aún permanece fresco en la memoria de miles de fanáticos del fútbol: las coimas entregadas por el consorcio International Sport and Leisure (ISL) –representante de la FIFA en derechos de transmisión y comercialización– a Joao Havelange (ex presidente de la FIFA) Ricardo Teixeira (ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol) y Nicolás Leoz (ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol).

Las coimas se pagaron desde 1992, cuando Havelange era rector del organismo, hasta dos años después de la llegada de Blatter a la presidencia en 1998.

El caso se destapó definitivamente en 2010 y dejó al desnudo la obtención por parte de altos personeros de la FIFA de millones de dólares a cambio del otorgamiento de las concesiones televisivas y de patrocinio para los mundiales organizados en la década de los ’90.

Una investigación llevada a cabo por la justicia suiza consideró finalmente que la aceptación de coimas por parte de Havelange, Teixeira y Leoz, no constituía “delito punible”. Otra, realizada por la Comisión de Ética de la FIFA y dada a conocer en abril de 2013, llegó a la misma conclusión, aunque sí reconoció la existencia de coimas las que consideró reprochables desde un punto de vista “moral y ético”:

“Existe la evidencia de que se desviaron cantidades considerables de dinero hacia el ex presidente de la FIFA Havelange, su yerno Ricardo Teixeira, así como al Dr. Nicolás Leoz, sin que pueda demostrarse que se haya prestado servicio alguno por ello”, dice el informe del comité (ver informe).

Joao Havelange, Ricardo Teixeira y Nicolás Leoz.

Ricardo Teixeira dimitió a su cargo en marzo de 2012. Lo propio hicieron Havelange (como presidente honorario de la FIFA) y Leoz en abril de 2013, días antes de que el Comité de Ética diera a conocer este informe. La FIFA no consideró que fuese exigible el que los destinatarios de las coimas devolvieran el dinero y el caso se cerró sin condenas para los responsables.

De Blatter se dijo que no había evidencia de que éste estuviese involucrado en los desvíos de dinero, ni de que hubiera recibido pagos de parte del consorcio ISL. Pero el mismo informe estableció que sí estuvo al tanto del dinero que pasó por la FIFA y que estaba destinado a Havelange. Entonces (1997), Blatter era secretario general de la FIFA y supo del 1,5 millón de francos suizos que ISL depositó en cuentas de ese organismo con la indicación de que debían ser pagados al brasileño. Según el informe de la comisión que investigó este caso, Blatter señaló que “no comprendía por qué alguien enviaba dinero a la FIFA destinado a otra persona”.

A Joseph Blatter no se le ha podido probar nada. Tanto en este caso como en el reciente protagonizado por Mohammed Bin Hammam, el desentendimiento es uno de sus más firmes aliados. Tras 16 años al mando de la FIFA, el suizo se ha manifestado una vez más sorprendido con lo que sucede a su alrededor.

Apenas estalló el escándalo del dinero pagado por el empresario catarí, la FIFA instruyó una investigación a su Comité de Ética liderado por el ex fiscal estadounidense Michael García. Blatter cosechó su primera victoria tras lograr que García aplazara la entrega del informe hasta el término del Mundial de Brasil. No quiere empañar la fiesta ni los enormes réditos que ésta traerá a las arcas de la organización.

Pero todos saben que se acerca el plazo fatal. Aunque no se ha determinado la fecha exacta para la entrega del informe de García, está previsto que esto suceda una vez terminada la Copa Mundial de Brasil. La tarde del 13 de julio, cuando se escuche el pitazo final que consagrará al nuevo campeón mundial, se iniciará la cuenta regresiva para que el informe de Harold Mayne-Nicholls vuelva al centro de la mesa, junto con las investigaciones paralelas que en estos minutos se desarrollan para esclarecer cuánto y quiénes recibieron dinero a cambio de votos.

De acuerdo al diseño original, el Tribunal Ambiental de Antofagasta, debería estar cumpliendo un año de funcionamiento.  El nuevo tribunal tendrá jurisdicción desde la Región de Coquimbo al norte, por lo que entre otras causas deberá resolver conflictos ambientales tan importantes como los de la gran minería. Sin embargo, aún no se vislumbra cuándo entrará en funciones, pues la Corte Suprema se niega a aprobar la lista de postulantes para futuros ministros del tribunal.

La Suprema ya ha rechazado dos veces la nómina confeccionada a través del sistema de Alta Dirección Pública con los nombres de los postulantes a convertirse en ministros del futuro tribunal. Y aunque recibió una tercera lista en abril, la Suprema sigue considerando que los candidatos no son idóneos. El impasse no es fácil de resolver. Las raíces del problema están en la ley y hay quienes creen que la mejor solución es un cambio a la normativa, ya sea simplificando el proceso de nombramiento de ministros o sencillamente eliminando el tribunal de Antofagasta.

De los tres tribunales ambientales creados por ley, el primero en entrar en funcionamiento fue el de Santiago, en marzo de 2013. Como era el único, le tocó ver la causa por las irregularidades en el proyecto minero Pascua Lama. A raíz de la mayor judicialización de los conflictos ambientales, este es el tipo de temas que deberá resolver el Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo que implica millonarios proyectos, que involucran poderosos actores y que son capaces de generar impactos irreparables para el medio ambiente.

El rol del Tribunal de Antofagasta será similar al de su par de Valdivia, que entró en funciones a fines del año pasado, y al que probablemente le tocará resolver sobre HidroAysén si es que la empresa decide recurrir a la justicia (aunque en el mundo legal varios apuestan que buscará una forma de que caiga en Santiago, para evitar que el proceso quede en manos de un tribunal que hasta ahora sólo ha fallado una causa). Por eso, es particularmente importante que los futuros ministros sean altamente calificados.

Compleja nominación

El proyecto de ley que crea los tribunales ambientales fue enviado en octubre de 2009, a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet. El mensaje al Congreso indicaba que el modelo estaba basado en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), lo que implicaba que sus integrantes reflejaran una composición mixta de abogados y expertos en ciencias y en economía, quienes funcionarían en una única sede que desde Santiago vería las causas de todo el país. El presidente sería uno de los abogados, designado por el Presidente de la República a partir de una quina enviada por la Corte Suprema, luego de un concurso público. Los otros cuatro integrantes serían expertos en materia ambiental (dos abogados y dos profesionales ligados a la ciencia y la economía), que serían nombrados por el Presidente de una lista seleccionada por el sistema de Alta Dirección Pública.

Rodrigo Egaña, presidente de Consejo de Alta Dirección Pública.

Si el sistema ya era complejo, durante la tramitación parlamentaria se volvió aún más complicado. Ya no sería un tribunal, sino tres (Valdivia, Santiago y Antofagasta). Cada uno estará integrado por tres ministros (dos abogados y un profesional ligado a las ciencias), junto a dos ministros suplentes. A diferencia del proyecto original, los ministros son designados por el Presidente con acuerdo del Senado, a partir de una quina enviada por la Corte Suprema. Además, ésta los debe elegir de una nómina preseleccionada por el Sistema de Alta Dirección Pública. Por cada ministro, la Suprema recibe entre seis y ocho candidatos, de los cuales a su vez debe seleccionar cinco, luego de citarlos a todos a una audiencia pública. “Ya es descabellado que intervengan los tres poderes del Estado”, apunta un abogado experto en medio ambiente.

Aunque la ley señala que los candidatos deben tener al menos diez años de experiencia profesional y haberse destacado en la materia, también determina que es el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) el que debe decidir “el perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo”. Allegados al máximo tribunal comentan que cuando en 2013 recibieron las nóminas para Valdivia, la mitad de los ministros estuvieron por devolver los antecedentes a la Alta Dirección Pública por considerar que los candidatos no eran los suficientemente buenos, pero finalmente ganó la opción de aprobar la quina.

Con Antofagasta fueron más duros y dos veces rechazaron las nóminas de candidatos enviados por la Alta Dirección Pública. Según se lee en una de las resoluciones de la Corte Suprema, aprobaron un perfil de candidatos enviado por el CDAP que incluía el tener estudios de postgrado en materias ligadas al cargo y al menos dos publicaciones sobre temas ambientales. Sin embargo, la gran mayoría de los postulantes no cumplía con alguno de estos requisitos, por lo que no hubo candidatos suficientes para llenar las quinas.

Roces con la Suprema

El diseño original del proyecto buscaba integrar de alguna forma a la Corte Suprema a la elección de los candidatos para evitar roces ante la creación del nuevo tribunal, pero el tema de las designaciones fue complejo desde un inicio. En un oficio enviado al Senado en septiembre de 2010, el entonces presidente de la corte, Milton Juica, sostenía que el nuevo organismo no cumplía con los requisitos mínimos para ser llamado tribunal. Cuestionaban también la denominación y salarios de sus integrantes:

-A los miembros de los tribunales que se pretende crear el proyecto los denomina “Ministros”, en circunstancias que esta designación se reserva en general en la ley para los miembros de los tribunales superiores, naturaleza que no comparten los tribunales ambientales (…). Se les asigna como remuneración una que, en el evento que la que se proponga para el Superintendente del Medio Ambiente sea similar a la de los titulares de otras Superintendencias, será superior a la de un Ministro de Corte de Apelaciones, esto es, a la de un miembro del tribunal superior que está llamado a revisar la cuestión decidida por el Tribunal Ambiental del que ese “Ministro” forma parte, cuestión que esta Corte estima improcedente -escribía Juica.

Además, en dos oportunidades la Suprema cuestionó la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública, el que durante la tramitación legislativa aumentó su rol en el proceso de elección de los ministros: “Atendido el tenor y naturaleza de la modificación que se propone, la Corte Suprema estima pertinente, en esta oportunidad, plantear derechamente una objeción de constitucionalidad al proyecto”, escribió el 12 de enero de 2012 el entonces presidente de la corte, Rubén Ballesteros, al Senado.

Los jueces consideraban que su rol había disminuido, pues la nómina de seis a ocho candidatos la conforma el CDAP, que es un organismo designado por el Presidente de la República. De esa lista, la corte escoge cinco nombres y luego el jefe de Estado eligea uno, el que debe ser ratificado por los senadores. En este esquema, los ministros de la Corte Suprema estiman que prácticamente todo el poder de la decisión queda en manos del Ejecutivo. El paso por el máximo tribunal, que reduce la nómina a cinco candidatos, es finalmente una decisión poco relevante.

“En definitiva, el proyecto en análisis en último término prácticamente priva al Poder Judicial de la potestad de proponer a las personas que integrarán tribunales de justicia, prerrogativa que es en esencia constitucional y que constituye sin duda una de las bases de la separación de los poderes de! Estado, razón por la cual no es posible otorgarle a esos órganos tal calidad”, se quejaba Ballesteros.

Sergio Muñoz

Pese a la molestia de la Corte Suprema, el proyecto se aprobó. Las designaciones para los tribunales de Santiago y Valdivia se llevaron a cabo con inconvenientes menores. Pero al llegar a Antofagasta, la corte hizo valer su voz rechazando dos veces a los candidatos. Pese a que reportes de prensa hablan de que el Consejo de Alta Dirección Pública recibió más de 300 currículos para la primera convocatoria, quienes han visto los antecedentes de los candidatos dicen que efectivamente no hay suficientes nombres que estén a la altura del desafío del cargo.

La última nómina fue enviada a la Corte Suprema en abril pasado.  “Aún no hay postulantes suficientes para llenar los cargos”, señalan en tribunales. Según fuentes cercanas a la corte, los ministros tienen claro que no aprobarán la nómina, pero no la han rechazado formalmente para evitar que el proceso fracase por tercera vez.

En el Consejo de Alta Dirección Pública confirman que se encuentran tratando de solucionar el impasse en conjunto con la Corte Suprema. Destacan que desde que el ministro Sergio Muñoz asumió la presidencia en marzo se nota una mayor disposición al diálogo. El actual presidente del CADP, Rodrigo Egaña, se reunión con él cuando asumió y hay optimismo en que su perfil más político permita articular un acuerdo, pero aún parece estar lejos de salir humo blanco.

“La Corte Suprema entiende que hay un tema de competencia respecto al perfil de los candidatos”, explican en el organismo. Mientras la corte interpreta que los postgrados y publicaciones son requisitos mínimos, el consejo estima que son “atributos deseables”. Y luego de dos rechazos, cada vez hay menos candidatos que cumplan con esos atributos y se hace más difícil conseguir a al menos seis personas por cada uno de los cargos (tres ministros y dos suplentes, es decir 30 candidatos). Eso sin contar que cada uno de los procesos de selección cuesta en promedio $14 millones, es decir ya se han gastado alrededor de $42 millones sin que se elija a ningún postulante.

Por eso, y más allá de los problemas de procedimiento, existe preocupación en el mundo legal de que se esté creando un tribunal que tendrá una función clave para el medio ambiente y para el futuro de algunas de las inversiones más millonarias, y que podría estar a cargo de personas que no están lo suficientemente calificadas.

En enero de 2010, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decidió que el pueblo de Las Canteras de Colina y gran parte de los yacimientos de piedra que explotan los artesanos que allí viven, merecían protección patrimonial. Con esa resolución, la millonaria urbanización que ya estaba desarrollando en ese lugar la Inmobiliaria La Reserva Limitada, se iba a pique. Pero para que ello ocurriera faltaba aún la firma de la ministra de Educación, en ese entonces, Mónica Jiménez de la Jara (actual embajadora ante el Vaticano). La ministra nunca firmó. Tampoco lo hizo ninguno de sus sucesores en el gobierno siguiente: Joaquín Lavín, Felipe Bulnes, Harald Bayer y Carolina Schmidt. Esa firma es la última posibilidad de sobrevivencia para esa comunidad de artesanos, la que desde hace años ha perdido la batalla una y otra vez en tribunales al ser engañados por sus propios dirigentes y por su primer abogado, Álvaro Baeza, quien está acusado de prevaricación.

Carolina Schmidt

La última autoridad que tuvo en sus manos la posibilidad de firmar el decreto fue la entonces ministra Carolina Schmidt, quien poco antes de que se acabara el gobierno de Sebastián Piñera optó por no rubricar el documento. Por el contrario, en línea con lo que quería la empresa inmobiliaria en conflicto con los canteros, en enero pasado Schmidt pidió retrotraer el proceso a su punto inicial, lo que mantiene a los artesanos, a su fuente de trabajo y a su cultura en total desprotección.

El campo de batalla está ubicado en Chicureo (Colina), zona que ha multiplicado su plusvalía en las últimas décadas, consolidándose como el área de extensión del barrio alto al norte de Santiago. Lo que está en juego es el futuro del millonario proyecto que desarrolla Inmobiliaria La Reserva Ltda, que de ejecutarse enterraría la centenaria cultura de la comunidad de los canteros de Colina, pequeños mineros que hace 125 años explotan las piedras para hacer adoquines. Hasta ahora la batalla legal se ha inclinado a favor de la inmobiliaria. La protección patrimonial parecía la única salida para los canteros. Esta es la historia de cómo el Ministerio de Educación se ha encargado de cerrar esa puerta.

LA TRAMPA DEL “ACUERDO MARCO”

Fue en la década de los ’80 que el Grupo Harseim –ex dueños del Hotel Ritz Carlton– compró las 815,9 hectáreas que conforman el ex Fundo Las Canteras, en Chicureo. Era entonces una zona completamente rural y es ahora uno de los suburbios preferidos de la clase alta. A través de la Inmobiliaria La Reserva urbanizaron tres sectores de esos terrenos hasta que se toparon con unos vecinos incómodos: la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina, que desde 1884 explota el basalto, la piedra que se ocupa principalmente para la elaboración de adoquines. Son dueños de unas 300 hectáreas de pertenencias mineras. El conflicto era inevitable. Ambos bandos alegan tener derechos sobre un área de aproximadamente 260 hectáreas, y tanto la inmobiliaria como los canteros tienen razón. Mientras la primera tenía inscrito a su nombre la superficie del terreno, los segundos poseían derechos para explotar lo que hay bajo tierra.

Álvaro Baeza Guiñez

Sobre ese sector en disputa, la inmobiliaria tenía contemplado desarrollar parte de un megaproyecto inmobiliario que fue aprobado por el Ministerio de Vivienda el año 2000 tras definirse “La Reserva” como una de las cinco Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) de Colina. Los canteros, en cambio, defendían su derecho a seguir explotando sus yacimientos. El conflicto no demoró en llegar a tribunales. Para evitar nuevos enfrentamientos, en mayo de 2007 la inmobiliaria y la asociación gremial firmaron un “acuerdo marco” (ver documento). Al suscribirlo, los procesos judiciales previos quedaban sin efecto y los canteros podrían seguir explotando una zona acotada gracias a servidumbres que la inmobiliaria le entregaba de forma gratuita por 12 y 20 años. Además, los canteros se comprometían a entregar el dominio de 210 hectáreas de sus pertenencias mineras a la inmobiliaria a cambio de 40.000 UF (poco más de $800 millones).

Pero ni un solo peso llegó al bolsillo de los canteros. La firma de ese contrato derivó en litigios judiciales por estafa, apropiación indebida y prevaricación en contra del abogado que los “asesoró” y que luego se quedó con los $800 millones: Álvaro Baeza Guiñez, el mismo que en 2011 se hizo conocido por su participación como asesor clave del Serviu en el Caso Kodama (ver reportaje de CIPER). Gracias al ardid de Baeza, los canteros perdían el 70% de sus pertenencias mineras.

Tras la firma de ese “acuerdo marco”, ambas partes iniciaron acciones legales cruzadas: la inmobiliaria, para que los canteros respetaran el contrato y entregaran las pertenencias mineras comprometidas; y los canteros, para que el acuerdo quedara anulado por tratarse de una estafa. Pasó el tiempo y la inmobiliaria cambió sus dueños. Desde septiembre de 2011 es controlada por Inversiones y Construcciones Belfi Ltda., entre cuyos socios están los hermanos Enrique, Héctor, Andrés y Fernando Elgueta Gálmez. Poco después, la ofensiva para defender el proyecto habitacional se endureció.

En mayo de 2012, la nueva administración de Inmobiliaria La Reserva solicitó un juicio arbitral para exigir a los canteros el cumplimiento del “acuerdo marco”. Mientras ese proceso seguía su curso, la empresa comenzó a juntar antecedentes para presentarlos ante el CMN y echar abajo el plan de los canteros de proteger patrimonialmente la zona del avance inmobiliario. La ofensiva de la empresa incluyó un estudio arqueológico confidencial -al que CIPER tuvo acceso- que la inmobiliaria contrató y que luego, al constatar que ratificaba la necesidad de proteger el estilo de vida de los canteros por su valor patrimonial, simplemente lo desechó y ante la consulta de CIPER negó su existencia.

UN MONUMENTO NACIONAL FALLIDO

La primera vez que el CMN votó y aprobó la declaratoria a favor de los canteros de Colina fue en enero de 2010, cuando la entidad era presidida por la ministra de Educación de Michelle Bachelet, Mónica Jiménez. Las pertenencias mineras y el pueblo de los canteros quedaron protegidos al ser calificados como Zona Típica. Al mismo tiempo, se declaró como Monumento Histórico otras dos canteras en desuso (ver mapa). Al menos en el papel. Porque aunque la propuesta fue aprobada en el consejo por ocho votos a favor y tres abstenciones, Mónica Jiménez nunca firmó el decreto que oficializaba la decisión. Cuando terminó su período dos meses más tarde, era como si el CMN nunca hubiera aprobado nada.

Mónica Jiménez

Tras el cambio de gobierno, otra inmobiliaria del sector pidió al CMN reconsiderar la declaratoria ya que ésta incluía terrenos de su propiedad. La solicitud fue desechada, lo mismo que ocurriría en julio de 2010 con una petición de reconsideración de la Junta de Vecinos La Reserva. Pese a la consistencia del CMN en sus argumentos para resolver a favor de la protección, el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, se negó a firmar el decreto pendiente. Por el contrario, en marzo de 2011 devolvió el expediente al CMN y solicitó la redefinición de los límites aprobados. Sus razones: que la explotación realizada por los canteros no se extiende a toda el área y que el acuerdo marco “implica que hay pertenencias que son de propiedad de la inmobiliaria y otras restricciones para ser explotadas”.

La decisión de Lavín no tomó en cuenta que según la Ley 17.288, se otorga la categoría de Monumento Nacional a distintos inmuebles o bienes sin importar quién sea su propietario. De hecho, si el dueño es un particular, éste estará obligado a conservarlo debidamente y no podrá transformarlo sin autorización del CMN. Lo mismo con la declaratoria de Zonas Típicas. La decisión de Lavín de no firmar abrió un nuevo proceso. El Consejo de Monumentos Nacionales decidió pedir un informe jurídico sobre el “acuerdo marco” al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el cual terminaría siendo lapidario (ver reportaje).

El informe del CDE fue entregado al CMN en enero de 2012. Define el “acuerdo marco” firmado entre la Inmobiliaria La Reserva Ltda. y los canteros como “un ardid engañoso” y califica al proceso completo como un despojo. Por esas mismas razones, se presume –dice el informe– “que es necesario otorgar cierta protección al sitio o zona Las Canteras uno a seis, si es que, en concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, cumpliere la zona o lugar con los requisitos para declararlos Zona Típica”.

Joaquín Lavín

Tras revisar el informe del CDE y otros documentos, la comisión jurídica del CMN le propuso al consejo ratificar la declaratoria original, conservando la delimitación establecida en enero de 2010, ya que la consideraba “adecuada para la conservación del carácter ambiental y propio de la población y del lugar, de las ruinas cuya declaración como Monumento Histórico se pide, y del aspecto típico y pintoresco del área en general”. Sin embargo, tras debatir aspectos como la naturaleza del valor patrimonial del sitio, la actividad de los canteros, la variable geológica y la presencia inmobiliaria en la zona, los consejeros optaron por acoger la solicitud de Lavín, a pesar de que ya ni siquiera era ministro de Educación ni presidente del CMN (lo había reemplazado Harald Beyer). Se acordó una visita a terreno y reestudiar los límites propuestos para la Zona Típica. En otras palabras, revocar la aprobación de 2010.

EL INCÓMODO ESTUDIO QUE LA EMPRESA OCULTÓ

Mientras el CMN reevaluaba las condiciones bajo las cuales se podría proteger el estilo de vida de los canteros, Inmobiliaria La Reserva comenzó reunir información para entregar a los consejeros y así fundamentar su rechazo a que la zona que afecta sus intereses comerciales fuera resguardada. Desde un comienzo, la empresa manifestó no tener inconvenientes en la declaratoria como Zona Típica del pueblo, donde no tiene propiedades, pero sí rechazó la de las canteras. Según explicó a CIPER el gerente general de la empresa, Cristóbal Westenenk, lo hicieron para contrarrestar los antecedentes considerados en la decisión del CMN, “que curiosamente eran sólo estudios presentados por la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina”.

Durante 2013 fueron arqueólogos al sector a sacar fotos, tomar medidas y conversar con algunos canteros acerca de sus condiciones de vida y su historia. Revisaron las construcciones del pueblo e indagaron sobre sus mecanismos para explotar la roca. Según las personas consultadas, los profesionales se identificaron como empleados de una empresa que había sido contratada por la inmobiliaria para realizar un estudio arqueológico que sería presentado ante el CMN. Sin embargo, de ese estudio no hay rastro en el expediente entregado. Uno de los consejeros señaló que efectivamente la empresa anunció que sería entregado, pero que finalmente nunca llegó.

CIPER le preguntó a Westenenk por este informe. Su respuesta fue que la empresa estuvo “en conversaciones con una arqueóloga para realizar el estudio, y aunque se había acotado bien el alcance, al final no llegamos a acuerdo porque eran posiciones diferentes y era algo distinto a lo que nosotros habíamos pensado”.

-¿Por qué era distinto?
-Porque la investigación se fue más por el lado del valor patrimonial de las canteras que por el valor arqueológico de La Reserva que habíamos acordado.

-¿El resultado era contraproducente para ustedes?
-No lo sé…

En ese momento, el abogado de la empresa, Javier San Martín –del estudio Barros & Errázuriz–, que también estaba en la reunión, intervino: “No hubo resultados, porque ese estudio no se hizo”.

-¿Cómo? ¿El estudio no se hizo?
-O sea…, se empezó, pero no se terminó.

Lo cierto es que ese informe sí llegó a término y CIPER conoció ese documento. Sus autores son profesionales de la empresa Tagua Tagua Consultores, quienes decidieron no hacer comentarios al respecto.

El informe se extiende en 81 páginas y su contenido es contrario a los intereses de la Inmobiliaria La Reserva Limitada: concluye que la zona debe ser protegida por su valor patrimonial. Para la elaboración del estudio, los consultores consideraron aspectos históricos y antropológicos de los canteros y de la zona en la que viven. Los datos analizados concluyen que, en un contexto en que la actividad minera en piedra está poco estudiada, el establecimiento hace más de 125 años de esta comunidad y la perduración de su modo de vida en un ambiente aislado, sin injerencia del Estado ni de particulares, son desde el punto de vista de la Historia y la Antropología, un hito cultural significativo.

Sobre los problemas legales entre los canteros y la inmobiliaria, los consultores señalan que no parece razonable que los trabajadores de las piedras hayan accedido libremente a firmar el “acuerdo marco” y a ceder sus terrenos, ya que eso implicaría la destrucción a corto plazo de su propia cultura y el término de su modo de vida. Esa conclusión está avalada en el informe por estudios geológicos que dan cuenta de que los yacimientos poseen reservas de rocas para 200 años más de explotación, es decir, diez veces más que el período contemplado en el “acuerdo marco” para que los canteros entreguen la propiedad total de sus propiedades mineras a Inmobiliaria La Reserva.

En ese informe también se señala que la baja escolaridad de los canteros y su débil estructura organizacional -que otorga poder casi absoluto a su presidente- podría haber favorecido la redacción y posterior firma de un acuerdo que podría presentar irregularidades ético-sociales, mas no necesariamente legales.

En definitiva, los consultores contratados por la inmobiliaria para respaldar el rechazo a la declaratoria de zona protegida por parte del CMN al área en disputa con los canteros, reforzaron en su informe la tesis de que el estilo de vida de los artesanos de Colina y sus canteras es patrimonio histórico y debe ser protegido.

El problema es que ese estudio nunca fue conocido por los consejeros del CMN. La inmobiliaria lo recibió y luego hizo como si nunca hubiera existido. La Reserva Limitada decidió entonces apostar todas sus fichas a otro proceso que estaba en curso: el juicio arbitral que solicitó para exigir el cumplimiento del “acuerdo marco”.

A FOJAS CERO

En octubre de 2013, los miembros del CMN se reunieron para tomar una decisión. Para entonces, la instancia era encabezada por Carolina Schmidt, la quinta ministra de Educación que ejerció el cargo desde que la protección de las Canteras de Colina fue aprobada por primera vez a comienzos de 2010. Ya estaba lista la nueva propuesta de límites que consideraba variables como las concesiones mineras, propiedad de los predios, Plano Regulador de Colina, permisos de edificación vigentes y un mapa geológico. Solamente quedaba votar.

La nueva delimitación redujo en un 40% el terreno que originalmente iba a ser protegido. Esto, a consecuencias de que una de las pertenencias mineras de los canteros ya había sido traspasada a la Inmobiliaria La Reserva Limitada, uno de los pocos puntos del “acuerdo marco” que logró concretarse (ver mapa).

En resumen, el nuevo plano protegía tan solo 196,8 hectáreas, es decir, apenas el 60% de la superficie aprobada en 2010. Finalmente sólo tres consejeros del CMN votaron a favor de la nueva delimitación. Otros siete se abstuvieron. De todos modos, se aprobó por mayoría simple. Para que entrara en vigencia sólo faltaba que la ministra Schmidt firmara el decreto correspondiente. La protección de las Canteras de Colina, aunque más limitada que antes, estaba a una firma de distancia. Pero la ministra no lo hizo.

En el CMN comentan que su entonces presidenta argumentó que aún había procesos abiertos, como el juicio arbitral que determinaría si el “acuerdo marco” debía o no cumplirse. Según un abogado que siguió el proceso, dicha explicación omite que el trámite para declarar la protección patrimonial y el juicio arbitral, son independientes. Mientras el primero es un acto administrativo para proteger un bien considerado patrimonio nacional, el segundo es un proceso para definir quién tiene la propiedad sobre ese bien. Y como la legislación privilegia la conservación patrimonial por sobre los intereses de los propietarios, lo que ocurrió fue que la ministra de Educación no tuvo la voluntad política para asegurar la protección de las Canteras de Colina. En rigor, para lo que le correspondía dirimir, daba lo mismo quién era el propietario de las canteras.

La empresa, además, presentó un recurso de reposición para impedir que se protegiera a las canteras. Fue revisado por el CMN el pasado 8 de enero de 2014. Ese día la ministra Schmidt se excusó de asistir y no pudo escuchar a Cristóbal Westenenk, el gerente de Inmobiliaria La Reserva. Westenenk presentó ante los consejeros diversos documentos, pero no hizo mención alguna al informe de Tagua Tagua Consultores.

Lo más importante que Westenenk presentó ante los miembros del CMN fue el fallo definitivo que el juez árbitro Ricardo Peralta Valenzuela dictó cinco días antes validando el “acuerdo marco”. En su sentencia, Peralta acogió íntegramente la demanda de la inmobiliaria contra los canteros por incumplimiento de contrato, obligando a estos últimos a “dar cumplimiento, ya sea en forma voluntaria o forzada”, a la obligación de transferir sus pertenencias mineras a Inmobiliaria La Reserva.

En su sesión del 30 de enero de 2014, el CMN debía resolver sobre el recurso presentado por Westenenk, pero eso no fue necesario. Ese mismo día, la ministra Schmidt pidió a los miembros del Consejo que volvieran a analizar los límites de la superficie que sería protegida “a la luz de los nuevos antecedentes disponibles, en particular, del fallo arbitral del 3 de enero de 2014”.  Los consejeros resolvieron por unanimidad acoger la solicitud de la ministra: todo se echaba para atrás.

Hasta ahora no hay señales respecto de cómo enfrentará este tema el nuevo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Sobre lo que sí hay certeza es que, en este momento, con el fallo arbitral sobre el “acuerdo marco” favorable a la empresa y sin un decreto que proteja las canteras, el megaproyecto de urbanización tiene luz verde. Para apurar el desenlace, en marzo de este año Inmobiliaria La Reserva Limitada presentó una demanda en el Juzgado de Letras de Colina para que los artesanos cumplan el fallo del “acuerdo marco” y le entreguen sus pertenencias mineras. Ese proceso sigue abierto. También sigue en curso la causa criminal que interpusieron los canteros contra su ex abogado, Álvaro Baeza, quien está formalizado por prevaricación, justamente por haber perjudicado a sus clientes en la firma del “acuerdo marco” validado por el juicio arbitral.

La jornada del lunes 7 de julio será recordada por muchos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría como el despertar del marido engañado. Porque fue ese día que algunos medios de comunicación golpearon a la opinión pública con los primeros entretelones de un acuerdo entre el gobierno y la derecha que modifica el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo. El inesperado giro a la derecha se había concretado ese fin de semana, a puertas cerradas, en una vorágine de reuniones. El resultado de ellas fue un protocolo que remeció al oficialismo por sus efectos políticos y tributarios (ver protocolo). Y ello porque, básicamente, el acuerdo significó abrirle un forado a uno de los aspectos claves del proyecto original: cerrarle la puerta a la elusión de los grandes contribuyentes.

En las horas que siguieron se fueron conociendo detalles del acuerdo que no sólo había tocado el llamado “corazón” de la reforma, sino que también mantenía beneficios tributarios para ciertos sectores, anulando así el objetivo principal del proyecto: darle un vuelco al sistema para garantizar mayor equidad al obligar a los contribuyentes a pagar según sus ingresos reales. Las zonas ambiguas que dejó el protocolo de acuerdo no hicieron más que acrecentar la incertidumbre sobre cuánto había cedido el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

DOS FONTAINE EN LA COCINA

Bernando Fontaine

Los insertos de dos páginas publicados el fin de semana del 6 de julio en los principales diarios del país abogando por “una reforma a la reforma tributaria”, parecieron un último intento de Bernardo Fontaine (director de Bicecorp, el brazo financiero del grupo Matte, además de La Polar y Embonor) por presionar por cambios a un proyecto que a su juicio traería serios daños a la economía. Pero Fontaine (ver perfil) no era un outsider que necesitaba pagar insertos para hacer escuchar su opinión. Mientras los chilenos leían el controvertido aviso en los diarios, Fontaine estaba reunido con la cúpula del Ministerio de Hacienda en casa de su hermano Juan Andrés, ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, sellando el protocolo que cambiaría el rumbo de la reforma tributaria. Hasta su ingreso al gobierno de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine era uno de los hombres de confianza del Grupo Luksic, pues integraba los directorios de Quiñenco y Banco de Chile. Hoy es director de Embotelladora Andina y Sigdo Koppers, además de consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI.

Pero cuando los dos hermanos Fontaine Talavera se sentaron a la mesa con el ministro Arenas y sus asesores, lo hicieron como negociadores de Renovación Nacional. El ministro de Hacienda llegó a la casa de Fontaine con una proyección de crecimiento menor al esperado en los inicios del gobierno (marzo), lo que amenaza la expectativa de recaudar los US$ 8.200 millones comprometidos para financiar la reforma educacional. A ello se sumaron la caída del apoyo ciudadano a la reforma tributaria que marcaban las encuestas y las críticas al proyecto ya no sólo de la DC, sino también de los expertos ligados a la Nueva Mayoría, como Eduardo Engel y Claudio Agostini. El anuncio de que como último recurso para bloquear la reforma, la derecha recurriría al Tribunal Constitucional, cerró el cuadro que hacía peligrar los votos para aprobar el proyecto en el Senado.

No obstante, en vez de negociar con la Democracia  Cristiana las modificaciones necesarias para garantizar los votos de sus senadores, y de escuchar a los expertos que criticaban algunos acápites del proyecto, el ministro Alberto Arenas eligió pactar con la oposición. El resultado fue la firma de un protocolo que Hacienda, la derecha y Andrés Zaldívar califican como “histórico”, pero sobre el cual se han instalado dudas técnicas y severas críticas políticas.

Cuando el lunes 7 de julio los diarios comenzaron a filtrar los detalles del acuerdo entre el gobierno y la derecha, en el ala izquierda de la Nueva Mayoría se encendieron las alarmas. Los puntos que se conocieron eran claramente distintos a los que estaban negociando con Arenas los senadores de la coalición oficialista que participan en la Comisión de Hacienda del Senado: Andrés Zaldívar (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS).

Andrés Zaldivar, Alberto Arenas, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes.

Aunque la prensa había mostrado a los tres senadores entrando y saliendo desde el Ministerio de Hacienda durante el fin de semana, lo que pocos sabían era que la verdadera negociación tenía lugar en la casa de Fontaine. A pesar de lo avanzado de las tratativas del ministro con la derecha, ese lunes 7 los senadores oficialistas tampoco recibieron de Alberto Arenas el detalle de los acuerdos logrados. Según los testimonios recogidos por CIPER, incluso les suspendieron una reunión que tendrían esa misma noche del lunes con el ministro, y no sería hasta el mediodía del martes 8 que el trío de senadores conocería formalmente el contenido del protocolo. A partir de ese momento se iniciaría una tarde de frenéticas conversaciones entre los parlamentarios del ala izquierda de la coalición para decidir si lo apoyaban o no.

Primero hubo un almuerzo de los senadores de la Nueva Mayoría y luego las conversaciones se trasladaron a las distintas bancadas. La del Partido Socialista fue particularmente dura. En ella participaron sus diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara: Marcelo Schilling y Manuel Monsalve. Por momentos, lo que se escuchó fue un mayoritario rechazo al protocolo, por lo que se requirió la intervención del presidente del PS, Osvaldo Andrade. En paralelo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), junto al senador Carlos Montes (PS), intentaban que el gobierno incorporara ciertas garantías al protocolo. Más allá del compromiso verbal de Arenas de que se eliminarían los espacios que se habían vuelto a abrir a la elusión, el texto no sufrió mayores cambios.

Luego vendría el anuncio público transmitido en horario prime por los canales de televisión, con la firma de senadores desde la UDI al Partido Socialista. En las horas siguientes se iniciaba la disputa por la “paternidad” del protocolo. El presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, sería el primero en declararse el “papito” de la criatura. Más tarde, Juan Andrés Fontaine contaría en radio Duna que las conversaciones se llevaron a cabo en su casa mientras comían “galletitas”. Y su hermano Bernardo revelaría en CNN Chile que se juntó, reservadamente, día por medio con los técnicos de Hacienda “en una oficina perdida de la Alameda” hasta conseguir un “trasplante del corazón” de la reforma.

Finalmente, el senador Andrés Zaldívar (DC) se incorporaría a la competencia por la paternidad del acuerdo, agregando nuevos datos: su casa también había sido sede de muchas reuniones con personas cuyos nombres –dijo- no revelaría. Una de sus acotaciones avivó las iras en la Nueva Mayoría: este tipo de negociaciones “no pueden hacerse de cara a la opinión pública”, ya que no todos pueden estar en la “cocina” política.

La “cocina” de la modificación a la reforma tributaria quedaba así exhibida. Pero según pudo constatar CIPER con algunos de los involucrados, faltaban nombres de los “cocineros”, pues hasta los más grandes empresarios que urgían por los cambios fueron recibidos secretamente. Y los consiguieron.

LOS QUE GANAN CON LOS CAMBIOS

La discusión técnica y política está lejos de terminar, pero ya está claro que la forma cómo se negoció la modificación al proyecto de reforma tributaria no resistiría ni siquiera una Ley de Lobby básica, como la que comenzará a regir en Chile en los próximos meses. Las reuniones en casas particulares en que participaron autoridades del gobierno y del Congreso con representantes del sector privado debieron haber quedado registradas en las respectivas agendas de los funcionarios. No fue así porque la ley aún no entra en vigencia. Y aún cuando estuviera vigente dicha ley, se mantendría oculto un punto relevante: si quienes hicieron lobby  financiaron las campañas políticas de aquellos que tomaron las decisiones.

Claudio Agostini

-Al final tú dices: aquí ganó la Cámara Chilena de la Construcción, ganó la Sociedad Nacional de Agricultura, ganaron los viñateros… De verdad, soy partidario de los acuerdos, me parece que es mejor tener un sistema tributario consensuado por una mayoría grande, porque es más estable, no está sujeto a que lo van a cambiar todos los años. Pero si la forma de llegar a acuerdo es decirle que sí a todos los que piden exenciones y beneficios, a uno le surgen serias dudas de las ventajas. Además, así es muy fácil llegar a acuerdos –dijo a CIPER el economista Claudio Agostini, quien participó en el proyecto tributario del ex candidato presidencial Claudio Orrego (DC), y uno de los ideólogos del fin del FUT, además de duro cuestionador de la fórmula original de la reforma del gobierno (ver entrevista en revista Qué Pasa),

Un punto el ministro Arenas ha repetido una y otra vez: después del protocolo la reforma de todos modos recaudará los US$ 8.200 millones requeridos para financiar la reforma educacional. La insistencia se debe a que expertos de todos los sectores lo han puesto en duda. El economista de la Universidad de Maryland Ramón López, explicó a CIPER que, con la información disponible hasta ahora, él estima que la recaudación podría ser hasta un 25% menor a lo esperado por el gobierno. No se conoce aún un informe financiero del Ministerio de Hacienda que sustente la convicción de Arenas y sólo se podrá hacer un cálculo preciso cuando se presenten las indicaciones al proyecto, pero las dudas ya están instaladas.

Una potencial menor recaudación podría originarse en el nivel de elusión y evasión que emergen de los cambios a la reforma tributaria negociados con la derecha. El proyecto de ley original estimaba recaudar medio punto del PIB recortando estos niveles. Una arista clave si se considera que, según el actual director de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, la evasión del impuesto a la renta alcanzaría al 46% (ver nota de CIPER). Precisamente, una de las vías para atacar la evasión era fortalecer el trabajo y las atribuciones del SII, pero el protocolo de acuerdo atenúa estos cambios.

Tanto Ramón López como Claudio Agostini expresaron a CIPER su temor por los enormes espacios de evasión y elusión que se abren con los nuevos cambios que estipula el protocolo de acuerdo. Un temor que comparte el senador Carlos Montes (quien en la sala del Senado pidió 14 precisiones al protocolo) y que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a despejar vía indicaciones. Sin embargo, los detalles que se conocen hasta ahora, se focalizan mayoritariamente en cambios que buscan evitar que el nuevo sistema “semi-integrado” replique los vicios del viejo FUT (ver nota de La Tercera).

“Yo debería estarme frotando las manos, porque esto será mucha más pega para los abogados tributaristas, pero la verdad es que la propuesta es tan compleja que me preocupa su efecto”, comenta un experto, quien reconoce que los cambios serán terreno fértil para la “ingeniería tributaria”, y por lo tanto, focos de nuevas formas de elusión.

El protocolo firmado con la derecha, deja también muchas preguntas abiertas respecto a la implementación de este nuevo régimen. Aún no se sabe, por ejemplo, cómo será la transición, cuál será considerado el “régimen general”, si las empresas podrán cambiarse cuando quieran de un sistema a otro o cómo se protegerán los intereses de los accionistas minoritarios.

Todas estas dudas debieran resolverse en las indicaciones que Hacienda deberá presentar antes del 8 de agosto en el Senado. Sin contar con el principal escollo que el proyecto, con sus nuevas modificaciones, debe enfrentar cuando retorne a la Cámara de Diputados. Allí se da por descontado que muchos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, que en su primer trámite se alinearon disciplinadamente con el proyecto original presentado por el gobierno, ahora le cobrarán la cuenta al ministro Arenas.

DEL FUT al “FUTITO”

El protocolo despeja el temor que generó en amplios sectores el cambio propuesto en el proyecto original de un sistema que grava las utilidades distribuidas a uno basado en las utilidades atribuidas (donde las utilidades pagan impuestos sin importar si fueron repartidas entre los socios o fueron reinvertidas). La propuesta terminaba así con el cuestionado Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), aumentaba la tasa del impuesto a las empresas de un 20% a un 25%, y bajaba el tramo máximo del impuesto a las personas de 40% a 35%. El nuevo acuerdo entrega a los contribuyentes la posibilidad de usar ese esquema o de optar por un régimen alternativo nuevo. En este segundo sistema, la tasa de impuesto a las empresas será de 27% en vez de 25%, y sólo el 65% del pago sobre las utilidades retiradas se descontará como crédito sobre el impuesto global complementario (en vez de 100%, como es actualmente). Es por eso que se le ha llamado “sistema parcialmente integrado” y es el primer punto del protocolo, piedra angular del acuerdo.

Al contemplar un tratamiento tributario especial para las utilidades reinvertidas, el sistema parcialmente integrado se presenta en el protocolo como un incentivo a la inversión. Se incorpora además, un incentivo al ahorro de las empresas que vendan hasta 100.000 UF (unos US$ 4,5 millones), las que podrán deducir como gasto el 20% de las utilidades que reinviertan: hasta 4.000 UF ($96,2 millones), si es que optan por el régimen de renta atribuida; y 50% si es que optan por el régimen parcialmente integrado.

Alberto Arenas

Según los cálculos del economista de la Universidad de Maryland, Ramón López, el régimen semi integrado será el elegido por la gran mayoría de las empresas, lo que implicará recaudar unos US$1.000 millones menos que lo proyectado originalmente. López explica que el impuesto efectivamente pagado es actualmente de alrededor de 24% (considerando que se distribuye el 33% de las utilidades). En la práctica, la tasa subía a 35% con la fórmula de renta atribuida, pero aumenta sólo a 27% con el sistema semi-integrado. Eso en el papel, pues como recalca López, la elusión del impuesto a la renta es de alrededor del 50% y el pago efectivo de impuestos hoy es en realidad de 13.5%. “Y es muy probable que la tasa de evasión, lejos de mejorar, empeore”, recalca.

Para Claudio Agostini, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez y experto en tributos, sería preferible dejar el sistema como está y sólo subir la tasa, que incorporar los nuevos sistemas incluidos en el protocolo de acuerdo: “Esto abre nuevos espacios de planificación tributaria. Estos regímenes hacen más cara la fiscalización y administrar el sistema. Además, generan más espacios de elusión”.

Estos espacios de elusión preocupan también al senador socialista Carlos Montes, quien insiste en que las indicaciones que debe presentar el Ministerio de Hacienda deben precisar mucho más lo declarado en el protocolo de acuerdo, donde sólo se explicita que se implementarán las “debidas normas de control destinadas a evitar posibles focos de elusión tributaria”. Según Montes, es necesario buscar una fórmula para que los fondos sólo puedan ser reinvertidos en la propia empresa, no puedan sacarse del país y el pago de los tributos correspondientes pueda diferirse sólo por un tiempo acotado. La idea es evitar que la reforma cree de facto un nuevo FUT con otro nombre, algo que desde la derecha han admitido senadores como Hernán Larraín (UDI) y que algunos parlamentarios han denominado “Futito”. “Si este punto queda tal como está en el protocolo, no es tan distinto al FUT”, dijo Montes a CIPER.

Pero la experiencia demuestra que no es un asunto fácil de regular. En la práctica, el FUT es un mecanismo utilizado ampliamente para eludir el pago de impuestos a través de diversas fórmulas que nada tienen que ver con la reinversión de utilidades. Se usan trampas que todos conocen y que sin embargo siguen ahí. Eso explica, en parte, que el proyecto original intentara eliminar de cuajo el FUT, en vez de limitar su uso. Como señala Agostini, parte del problema es que el sistema legal chileno permite utilizar los vacíos de la ley mientras esos mecanismos no estén explícitamente prohibidos, a diferencia del sistema anglosajón que sanciona los resquicios si van contra el espíritu de la ley. Y los resquicios podrían multiplicarse si prospera el protocolo de acuerdo firmado por el ministro Arenas con la derecha.

Senadores Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber

-En Chile hay mucho cinismo en la discusión. Todo el mundo conoce estos abusos. Está lleno de gente que se dedica a crear sociedades de papel para otros, a administrarlas. Esto crece y crece, pero cuando alguien dice “esta cuestión se deroga, no da para más”, entonces todos empiezan con que “hay que fiscalizar, para qué vamos a echarle la culpa a los inocentes por lo que hacen unos pocos culpables”. Eso es cinismo, porque son un montón de pecadores por unos poquitos justos. Y cuando dices “demos más atribuciones para fiscalizar y sancionar fuerte”, resulta que acá el SII no puede tener tantas atribuciones. Es un muy hipócrita esta discusión -enfatiza Agostini.

Parte del problema es que más de la mitad de los fondos del FUT están en sociedades de inversión y una cantidad indeterminada sale del país, donde queda lejos de la fiscalización de Impuestos Internos.

-Cuando uno ve que el FUT crece y crece y los niveles de inversión no crecen en esa magnitud, uno se pregunta dónde está la plata que falta. Uno sospecha que los números son grandes -reflexiona Agostini.

De allí que sea clave en la reforma tributaria dirimir qué se hará con los dineros acumulados en el FUT histórico. Un punto que para el senador Carlos Montes urge resolver, pues hay US$ 270 mil millones acumulados, de los cuales US$50 mil a US$ 60 mil millones son impuestos no pagados. Según el parlamentario, existía la idea de incentivar el uso de estos fondos, de modo de que esos impuestos se paguen, pero por alguna razón que Montes no conoce, este punto no se incluyó en el protocolo.

UN ARTICULO CON NOMBRE DE PYME

“Modificaremos la denominación de este artículo que en adelante se llamará “Artículo 14 TER (PYME)”, dice un peculiar punto del protocolo que bautiza así uno de los acápites de la Ley de Impuesto a la Renta con el nombre de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Este es uno de los sectores que hizo un fuerte lobby para conseguir cambios a la reforma tributaria. El 14 TER es uno de los artículos de la ley que permite a las empresas pequeñas llevar una contabilidad simplificada. La reforma original eliminaba otros artículos que eran flancos de evasión y elusión y concentraba todo en este, triplicando el monto de ventas permitido de 5.000 UTM ($210 millones) a 25.000 UF ($600 millones), techo que el protocolo de acuerdo duplicó hasta llevarlo a las 50.000 UF ($1.200 millones, poco más de US$ 2 millones). El capital inicial, en tanto, subió de las 6.000 UTM ($250 millones) que exige hoy la ley, a 60.000 UF ($1.440 millones).

“No estamos hablando del kiosco de la esquina precisamente”, bromea Agostini, quien cree que nuevamente, esta ampliación abre espacios grandes a la elusión. No sólo se multiplicó el número de beneficiarios, sino que se estableció que los socios de estas empresas tendrán “la opción de eximirse del pago del impuesto de primera categoría”. Ramón López coincide y añade que, “esta es otra ventana más que va a permitir disfrazarse de Pyme y de nuevo no pagar nada de impuestos, porque si no distribuyen utilidades, pagan cero.”.

-Esto va justo en la dirección opuesta de lo que uno quiere hacer, que es idealmente acercar las tasas (de primera categoría y global complementario) para evitar incentivos a que se disfracen los ahorros personales como utilidades de empresas. Pero cuando dices que el pago es voluntario, separas al máximo las tasas: ahora es cero si decides que no pagas y si pagas, es hasta 35% para los más ricos. Es realmente sorprendente, es abrir un espacio de elusión enorme –enfatizó Claudio Agostini a CIPER.

RENTA PRESUNTA: EL TRIUNFO DE LA SNA

Si hay un punto del protocolo de acuerdo donde se puede identificar el resultado de un lobby poderoso, es en la ampliación del uso de la renta presunta. Este beneficio rige actualmente para la agricultura, minería, explotación de bienes raíces y transporte. Permite que las pequeñas empresas tributen solamente el 10% del valor de sus vehículos, predios o ventas mineras, según corresponda, independientemente de sus utilidades.

(Fuente: Senado)

El proyecto original de reforma tributaria derogaba este beneficio. “Se han prestado en algunos casos para eludir impuestos, pero también para que contribuyentes tributen aun teniendo pérdidas”, decía el mensaje presidencial que acompaña a la reforma. Y creaba un nuevo sistema exclusivamente para las microempresas, identificadas como aquellas que venden menos de 2.400 UF ($57 millones). El protocolo de acuerdo sube el techo, estableciendo 5.000 UF ($120 millones) en el caso de transporte, 9.000 UF ($216 millones) en agricultura y 17.000 UF ($408 millones) para la minería. El acuerdo permite también que se acojan personas o sociedades, y modifica las normas que buscaban limitar el abuso de la renta presunta por la vía de poner límites al parentesco de que quienes acceden al beneficio, estableciendo ahora que el nuevo criterio será determinar si hay o no control o administración conjunta.

El economista Claudio Agostini es muy crítico del uso de la renta presunta en general y de esta ampliación en particular. “Nadie en el mundo académico defiende la renta presunta, porque la evidencia es que es un mecanismo de elusión grande y que las empresas que lo usan tienen un incentivo a no crecer, y si crecen, a volverse informales”, explica. Para Agostini, la renta presunta ya no se justifica en Chile, y al relajar los límites a los lazos familiares, lo que pasará es que se van a crear varias empresas con distintos montos de participación para que no haya control conjunto, lo que aumentará la elusión.

La Sociedad Nacional de Agricultura fue la organización que con más fuerza defendió la renta presunta. Según Agostini, esa organización gremial utilizó “datos mentirosos”, pues argumentó que el 99% de las empresas agrícolas en Chile son Pymes cuando se trata de “Pymes de papel”, creadas justamente para acogerse a la renta presunta y pagar menos impuestos. Además, explica que los datos del SII demuestran que el 86% de las utilidades de esas empresas pertenece al 8% más rico de Chile, que así se las arreglan para pagar la mitad de lo que les correspondería. “Eso la SNA no lo dice. Los datos son bien escandalosos y de verdad me parece indefendible”, enfatiza.

Coincide Ramón López: “Con esta modificación (incluida en el protocolo de acuerdo) se abre una ventana de elusión mucho más amplia que la que ya existía y que obviamente se va a usar. Eso, combinado con la cirugía que se le hizo en el protocolo a Impuestos Internos, que disminuyó su capacidad de controlar, es dramático”.

Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile (CET), en cambio, defiende el sistema de renta presunta siempre que éste tenga una fiscalización adecuada. “Este régimen no es un ideal teórico. Efectivamente produce distorsiones, y podría ser que algunas personas terminaran pagando menos de lo que deberían pagar. Pero existe porque hay un segmento de población cuyo nivel de instrucción en materia tributaria es muy básica y si pasa a un sistema de contabilidad completa no saben cómo llevar una contabilidad”.

PUNTO PARA LA CChC

“Las viviendas en general, sin excepciones, debiesen estar exentas del IVA, dado su carácter de bien social”, dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Daniel Hurtado, al diario Pulso al día siguiente de conocerse el protocolo de acuerdo, mostrándose cauto respecto a los beneficios obtenidos. El gremio inmobiliario fue uno de los que más advirtió de los riesgos de la reforma original, argumentando que aumentaría los precios de las propiedades y desaceleraría la demanda. Se vieron incluso avisos de empresas del rubro que urgían a la gente a comprar casas antes de que se aprobara la reforma.

Lo cierto es que la construcción era uno de los sectores que vería disminuidos sus beneficios tributarios con la reforma original, pues le imponía el pago de IVA. Con el protocolo de acuerdo, es uno de los que más se benefició. Porque, entre otras cosas, se “clarifica” que se mantiene el crédito especial de IVA a las constructoras, se repone el crédito de 225 UF ($5,4 millones) a la construcción de viviendas de hasta 2.000 UF ($48 millones) y establece que quienes obtengan hasta 8.000 UF ($192 millones) en ganancia de capital por ventas de inmuebles no pagaran impuesto a la renta por ello.

-Los cambios benefician a la gente que tiene inversiones inmobiliarias versus la que tiene otros ahorros e inversiones. Tu negocio inmobiliario puede ganar hasta 8.000 UF al año, libre de impuesto. ¡Nadie tiene esa granjería en ninguna otra pega! -cuestiona Agostini.

Para el senador Montes el IVA a la construcción y la ganancia de capital deben ser parte de la discusión que está pendiente. Si este punto del protocolo de acuerdo no se modifica y se sigue beneficiando a las empresas constructoras, debiera compensarse de alguna forma, pues implica medio punto del PIB en menor recaudación.

EL GOL DEL SENADOR LETELIER

Juan Pablo Letelier

El senador socialista Juan Pablo Letelier consiguió un inesperado triunfo en el protocolo de acuerdo que firmó el ministro Alberto Arenas con la derecha. En las modificaciones a la reforma tributaria se incluyó una vieja propuesta suya como una forma de compensar los menores ingresos que supondrán algunos de los cambios. Se trata de una norma transitoria para la repatriación de capitales chilenos en el extranjero, iniciativa que Letelier viene promoviendo al menos desde 2010.

Letelier dijo a El Mercurio que la medida podría recaudar hasta US$ 1.200 millones por esta vía, pues estima que hay unos US$ 50 mil millones chilenos alojados en otros países, aunque aún no se sabe qué tasa espera cobrar el gobierno.

Este punto causa recelo en distintos sectores, pues aunque el protocolo establece que se seguirán “los más estrictos estándares de la OCED”, es difícil tener certeza del origen de los fondos. Según un ex funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, en dos ocasiones estuvieron a punto de acoger la propuesta del senador Letelier y en el Ministerio de Hacienda se hicieron informes detallados al respecto. Fue el propio Piñera quien lo desestimó porque nunca quiso correr el riesgo de que, por esta vía, se produjera algún tipo de blanqueo de capitales.

Su trayectoria es, como mínimo, sorprendente. Su personalidad, poliédrica, camaleónica e imprevisible. Sus convicciones, un enigma. La suya es una historia plagada de interrogantes que se reducen a una sola pregunta: ¿Qué lleva a un hombre de pasado trotskista y juventud revolucionaria a situarse bajo el paraguas de la extrema derecha?

Su nombre es Robert Ménard, y responde: “Je m’en fiche”.

Ménard gobierna como alcalde en Béziers, la cuarta ciudad más pobre de Francia. Béziers, con sus 71.000 habitantes, también es la ciudad más grande en poder del Frente Nacional (Front National, FN) de Jean Marie y Marine Le Pen tras las elecciones municipales de marzo pasado. “Je m’en fiche”, sí, es lo que dice Ménard. O lo que es lo mismo, que le importa “un rábano” tener que gobernar a nombre del fascistón y chauvinista FN.

¿Cómo es que este hiperactivo incansable, que dedicó 23 años de su vida a recorrer medio mundo para salvar periodistas perseguidos, acaba convirtiéndose en un animal catódico que se pasea por los estudios de televisión defendiendo la pena de muerte y enarbolando otras ideas que flirtean con las pasiones más bajas del Frente Nacional? En cuestión de pocos años, pasó de subir a uno de los campanarios de Notre Dame para desplegar una bandera contra los Juegos Olímpicos de Beijing –boicot que terminó en fracaso– a publicar un panfleto titulado Vive Le Pen! (Mordicus, 2012).

Fue por esos días que el director general de la revista Actuel de París, Fabrice Rebois, tuvo “la idea loca” de hacer una edición especial, donde recopilaron más de 4500 números de fax de China, con textos que denunciaban la masacre en mandarín, para que los lectores enviaran los faxes y, así, esquivaran la censura del régimen comunista.

En la terraza del archiconocido Café de Flore, Jean-Michel Boissier, fundador del Courrier International y actual tesorero de RSF, hojea el álbum que la organización publica cada año, en colaboración con prestigiosas agencias de fotoperiodismo. “Fue él quien tuvo la idea de lanzar este libro anualmente”, explica y reconoce que “consiguió que la organización se autofinanciara en un 65%”. Publicaciones como ésta son una importante fuente de ingresos de la organización.

En 2006, el informe de RSF levantó ampollas al sacar a ETA del listado de “predadores” de la libertad de prensa, barbarismo que usa la organización para enumerar las principales amenazas al oficio. La noticia cogió por sorpresa incluso a Dolors Massana, entonces al frente de RSF en Madrid: “No me dijeron nada”, recuerda. “Y salgo yo a hacer la rueda de prensa, y con todos los micrófonos en la cara, me entero del tema”. Massana puso el grito en el cielo: “Es algo que no se puede hacer. No puedes tomar decisiones unilaterales de este tipo”. Ella también se aseguraba de traducir los comunicados al euskera: “Lo peor es que poco antes ETA había cometido un atentado. Y los periodistas del País Vasco iban con escoltas”.

El superior provincial de los Sagrados Corazones (SS.CC.), Alex Vigueras, confirmó que el sacerdote de esa orden Gerardo Joannon “participó activamente” en los dos casos de adopciones irregulares revelados por CIPER (ver reportaje) y que dieron origen a una investigación previa que dirigió el canonista David Albornoz. El informe final consigna que Joannon además mantuvo “una relación inadecuada” con la madre de una de las guaguas entregadas en adopción. Dado que los delitos canónicos están prescritos, no se iniciará un proceso eclesiástico, sin embargo se le pidió a Joannon viajar a España para un proceso de “acompañamiento”.

El provincial entregó una declaración pública (ver texto completo), donde detalló las conclusiones de la investigación previa, que ahora pasa a manos del superior general de la Congregación, “por otras aristas” que surgieron en la indagación. Tras tomar declaración a 31 personas, se estableció que son “verosímiles” las acusaciones contra el sacerdote. En el caso de la hija de Andrés Rillón, a quien se le dijo que la niña había muerto, la declaración sostiene que “no es verosímil” afirmar que el doctor Gustavo Monckeberg actuara por iniciativa propia al entregar a la guagua en adopción, y que Gerardo Joannon participó activamente en el proceso.  Añade que la motivación en este caso no fue “evitar un aborto”, como dijo Joannon (ver entrevista), y confirma que el sacerdote celebró durante años misa de difuntos por la hija de Rillón “a sabiendas de que no estaba muerta”.

Con respecto al segundo caso, en que se entregó en adopción ilegal a la hija de María Alicia Häussler, se establece que “a pesar de la presión de sus padres, ella nunca quiso abortar”. Dice el informe que Joannon siempre supo que la guagua no murió al nacer, como se dijo en su momento a la madre.

La declaración consigna que cada vez que los afectados se acercaron a pedirle al sacerdote que colaborara diciendo lo que sabe, “no los acogió como es debido y como se esperaría de su condición de pastor”.

El sacerdote Gerardo Joannon celebrando misa

Por primera vez en forma oficial, la congregación se pronuncia sobre la relación de Gerardo Joannon con la mamá de una de las guaguas. Establece como “verosímil” que el sacerdote ha mantenido desde esa época una relación “inapropiada” con ella y que esa relación fue importante para que él “interviniera activamente” en el proceso de adopción. Agrega que si bien la relación ha dado “frutos pastorales”, también ha sido motivo de escándalo por su condición de religioso, admitiendo veladamente que dicha relación era conocida.

El superior admite que los delitos canónicos están prescritos, y por lo tanto no caben investigaciones canónicas. Sin embargo, considera que se trata de “faltas graves a la verdad, que dañan la dignidad del ministerio sacerdotal y que atentan contra el derecho natural de los padres de conocer y criar a sus hijos”, y que además, parece ser que en el sacerdote “subsiste una conducta de negación por su responsabilidad”. Por lo tanto, la orden le recomendó que haga un gesto de reparación, reconociendo la verdad, asumiendo su responsabilidad y pidiendo perdón a los afectados. Adicionalmente, le piden que viaje a Madrid, en octubre próximo, para iniciar un proceso de acompañamiento “sicológico y espiritual”, con la comunidad provincial respectiva.

Finalmente, el provincial Alex Vigueras pidió perdón a Andrés Rillón, a María Alicia Häussler y a sus familias en nombre de su congregación,“porque no reaccionamos a tiempo cuando tuvimos los primeros indicios; porque con esa actitud pusimos en duda la veracidad de su palabra; porque nuestros errores han profundizado y prolongado su dolor” al haber sido descalificados en su capacidad para asumir la paternidad y maternidad que les correspondía.

El sacerdote Gerardo Joannon tiene 77 años y actualmente se encuentra suspendido de su labor de párroco en La Anunciación, medida que adoptó la congregación durante la investigación previa. Ésta se inició luego de que CIPER publicara en abril pasado un reportaje en que se relataba cómo Joannon había participado en adopciones irregulares de menores, en las que se dijo a los padres que sus hijos habían muerto. En esa ocasión se tomó la decisión editorial de no dar a conocer los nombres de los padres afectados, algunos de los cuales fueron dados a conocer en el comunicado de los SS.CC.

Fuente: The Clinic

Pese a la prescripción canónica, en la justicia penal el futuro de Joannon es menos claro. El ministro en visita Mario Carroza inició una investigación poco después de publicado el artículo de CIPER, la que sigue en curso. Joannon declaró como testigo a fines de julio pasado. Originalmente la indagación estaba en manos de la Fiscalía Centro Norte, pero ésta se declaró incompetente y fue traspasada a Carroza, quien acumuló así una serie de denuncias de adopciones irregulares gatilladas por el caso Joannon.

Respecto al desarrollo que podría seguir esta causa en la justicia, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís publicó en CIPER una columna en que plantea que las adopciones irregulares pueden ser consideradas un delito permanente y por lo tanto no prescriben (ver artículo).

En 2004, Estrategia publicó una entrevista que remeció al mercado: provocó en un día un alza de 419% en el valor de las acciones de Schwager S.A. El dueño del diario, Víctor Ojeda, obtuvo una ganancia del 313% sobre su inversión por la venta de sus acciones de Schwager. Así comenzó una investigación de la SVS que terminó con Ojeda sancionado por difundir “información tendenciosa” y obtener ganancias con ello. La Corte de Apelaciones de Santiago está pronta a dirimir si es culpable o no. De serlo, se transformaría en el primer propietario de un medio condenado en Chile por publicar intencionadamente noticias que inducen a error al mercado para obtener ganancias.

“La valorización del papel de la compañía se sustenta en el potencial que ofrece el negocio de la venta de bonos de carbono y estimamos que a la acción le queda mucho por crecer, pues debería llegar por este concepto a $100. Estamos muy avanzados en proyectos que apuntan a la reducción de emisiones y la captación de agentes contaminantes.”

Sólo bastaron estas dos frases para que la crisis se desatara. Pocos meses antes de que las dijera al diario Estrategia el último día de septiembre de 2004, Carlos Flores Azzalini había dejado su puesto a cargo de la división forestal de Schwager S.A. para asumir la gerencia general. Desde esa nueva posición, Flores era la voz autorizada de la ex empresa carbonífera para hablar de los prometedores proyectos que la compañía había anunciado días atrás a la Superintendencia de Valores de Seguros (SVS): su ingreso al mercado de bonos de carbono.

Las declaraciones de Flores hicieron que las acciones de Schwager subieran desde $7,7 a $40 en un solo día. Poco después el ejecutivo desmintió la información. Pero ya se habían cerrado millonarios negocios que favorecieron a vendedores de las acciones. Uno de ellos fue el dueño y director de Estrategia, Víctor Ojeda Méndez, quien obtuvo más de $183 millones de ganancias. La SVS inició una investigación que culminó con Ojeda sancionado con una multa de 15.000 UF por difundir “información tendenciosa” que le reportó provecho.

Ojeda llevó el caso a la justicia en 2005 y en enero del año pasado –siete años después de la controversial publicación- un fallo de primera instancia ratificó la multa. El dueño de Estrategia apeló y hoy el proceso está en su recta final en la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado del juicio tiene en ascuas al mercado de medios de comunicación en Chile. De ser encontrado culpable, Ojeda se convertiría en el primer dueño de un medio nacional condenado por publicar intencionadamente noticias que inducen a error en el mercado para su propio beneficio. El fallo puede ser lapidario para los negocios de Ojeda, cuya delicada situación financiera ya le significó perder uno de sus principales activos: el edificio de cinco pisos donde opera el diario en Vitacura. (ver recuadro “El edificio que Ojeda perdió”).

Aunque no se sabe cuál será la decisión del tribunal, lo que sí está claro es que para Ojeda, independiente de que la publicación de la entrevista a Flores haya o no tenido alguna intencionalidad, el negocio de 2004 resultó redondo.

LA ENTREVISTA DE LOS $100

La operación que investigó la SVS comenzó a gestarse el 19 de septiembre de 2004. Ese día Schwager S.A. comunicó a la SVS, a través de un “hecho esencial”, que el directorio de la empresa había acordado contratar a la consultora Poch Ambiental S.A. para evaluar tres proyectos que le permitirían entrar al emergente mercado de los bonos de carbono: la forestación de grandes extensiones de tierra desértica y semidesértica, el desarrollo de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante y el tratamiento de residuos líquidos para las diversas pesqueras que operaban en el Golfo de Arauco.

El anuncio hecho por Schwager a la SVS acerca de la apertura de su nueva área de negocios, sumado al aumento de capital acordado el mes anterior (con el cual la compañía totalizó $3.375 millones), significó que el valor de sus acciones se dispararan. Entre el aviso a la SVS y el último día de septiembre de 2004, el papel registró un alza de 328%, pasando de poco más de $2 a $7,7 por cada título. Un aumento que, en todo caso, resultaría marginal al que se produjo tras las declaraciones de Flores.

Desde hacía unos 15 días que el periodista del diario Estrategia, Ítalo Cornejo, perseguía a Flores. Quería preguntarle sobre la proyección del negocio, un tema que había surgido en las reuniones de pauta del medio y que, al menos dos veces a la semana, eran encabezadas por su dueño y director, Víctor Ojeda Méndez. Cornejo llamaba a Flores a su oficina y le dejaba mensajes con su secretaria, pero no obtenía respuesta. Más adelante, el gerente general de Schwager S.A. declararía ante la SVS que lo evadía porque no se “sentía capacitado para responder los temas técnicos a tratarse”. Pero ese día, el jueves 30 de septiembre de 2004, Cornejo llamó a Flores a su celular y ya no pudo evitar responder. Lo que Flores le habría dicho –que las acciones llegarían a $100– se publicó al día siguiente en Estrategia.

Si se considera que la jornada previa el valor del papel había cerrado en $7,70, la información era una bomba.

El mercado se remeció con la noticia y varias personas se abocaron a transar los papeles de la compañía influenciados por lo publicado en Estrategia. Ese mismo primero de octubre, en sólo 13 minutos, las acciones de Schwager S.A. se alzaron a los $40. La SVS se vio obligada a suspender su transacción.

En los días siguientes, el mismo diario publicó otro artículo sobre empresas chilenas interesadas en ingresar al negocio de los bonos de carbono. La nota resaltaba que Schwager S.A. contaba con una posición preferente porque tenía la ventaja de haberse adelantado a la competencia. También difundió uno sobre la carrera que se desataría en ese mercado a nivel regional. Pero la bomba tardó poco en estallar. Flores envió una carta a Estrategia para desmentir la información. Como Cornejo, según declaró ante la SVS, había grabado sobre la cinta que contenía la entrevista y no había forma de probar lo que realmente había dicho Flores, su misiva se publicó en el diario el 5 de octubre de 2004 y en ella aseguraba que “no hizo mención o referencia alguna al valor a que podría llegar la acción de la empresa (…) como tampoco señaló un precio específico como el que aparece en dicha publicación”.

Flores diría después que probablemente habría mencionado un aumento del 100%, pero que jamás dijo que el precio llegaría a $100. Luego se comprobaría que los proyectos anunciados por Schwager al mercado no estaban tan avanzados como se había hecho creer. Pero para entonces ya daba lo mismo: con la noticia, el valor de las acciones de Schwager S.A. aumentó como nunca y uno de los principales beneficiados fue el dueño de Estrategia. Por eso, la SVS lo investigó y concluyó que el diario que preside y dirige “fue utilizado como medio para llevar adelante una estrategia comunicacional destinada a favorecer el incremento del precio de la acción de Schwager y sus volúmenes transados”. A través de un documento emitido en diciembre de 2005, la SVS lo multó con el monto máximo que establece la Ley Nº 18.045: 15.000 UF (unos $322 millones). Los cargos: difundir en el mercado de valores información tendenciosa y obtener ganancias para él o para terceros.

LA FAMILIA ESTRATEGIA

La actividad empresarial de Ojeda partió en los años 70. A fines de esa década formó la sociedad que dio origen al diario Estrategia. Las empresas y sociedades que ha constituido son familiares y giran en torno el negocio editorial, salvo una. Esta última es Francorp (Chile) S.A., precisamente la que lo vincula con los controladores de Schwager.

En 1976 Ojeda se asoció con Jorge Claro Mimica y Ernesto Silva Bafalluy para crear la sociedad Editorial CEDE Ltda. Según el extracto de la escritura publicado el 19 de abril de 1976 en el Diario Oficial, la nueva sociedad tenía por objeto la “explotación de una empresa periodística para edición, publicación y comercialización de toda clase de impresos, folletos y revistas de carácter técnico y de asesoría y estudio”. Para eso, contaban con un capital inicial de sólo $9.000. Un año después, Claro y Silva se retiraron para dejar como únicos socios a Ojeda y su esposa, Patricia González Palacios.

Lo siguiente que hizo la pareja fue cambiar la razón social de la sociedad y transformarla en la matriz de su naciente grupo de empresas. Desde entonces que el conglomerado de Ojeda y su familia funciona bajo el nombre de Editorial Gestión Ltda. Sociedad que desde octubre de 1978 publica Estrategia, que apareció en los kioscos como el primer periódico especializado en negocios del país.

En los años siguientes, además de hacerse del control total de otras dos empresas que Ojeda había constituido a mediados de los ’70 con distintos socios (CEDE Ltda. y Testmerc Mercado y Opinión Pública Ltda.), el matrimonio Ojeda-González creó una nueva sociedad editorial (Editorial Desarrollo Ltda.), una empresa de transportes (que ahora se llama Transportes TIR Ltda.) y una sociedad anónima cerrada en la que ellos dos eran los únicos socios. A esta última, con un capital de $1.000.000, la convirtieron en la base de todos sus negocios. Su nombre: Gestión S.A.

En 1984, un año después de haber sido creada, Gestión S.A. dejó de ser una sociedad anónima y se transformó en una empresa de responsabilidad limitada llamada Inversiones Gestión Ltda. Para llegar a ese punto, Ojeda y González hicieron una serie de modificaciones en la propiedad de sus sociedades. Así, los únicos socios de Editorial Gestión Ltda. pasaron a ser Inversiones Gestión Ltda. y CEDE Ltda. En esta última, la modificación consistió en que el 100% de la participación se repartió entre la sociedad de inversiones de los Ojeda-González y Editorial Gestión Ltda. Sus otras sociedades también sufrieron cambios en la misma línea y en todas aparecería como factor común la presencia de Inversiones Gestión Ltda. Aunque todos esos cambios parecen complicados y enredados, al final dan lo mismo: Ojeda y su esposa continuaron siendo los únicos dueños de las empresas ligadas al diario Estrategia, pero ya no como personas naturales, sino a través de sus sociedades.

La única sociedad donde participa el matrimonio Ojeda-González y que no pertenece al grupo del diario fue creada en 1995 bajo el nombre de Francorp (Chile) S.A. Es una compañía dedicada a la asesoría de empresas para el desarrollo de sistemas de franquicias donde la pareja controla el 50% a través de Inversiones Gestión Ltda. El resto de la propiedad se repartió en dos sociedades ligadas a la familia Urenda: Trass Inmobiliaria S.A. y María Elena de Inversiones S.A. La participación de los dueños de Estrategia en esta empresa –o más bien, la relación con sus socios– sería irrelevante si no fuera porque casi una década después de su creación se transformó en uno de los dos hechos clave que podrían jugar en contra de Víctor Ojeda en la decisión que deberá tomar la Corte de Apelaciones en los próximos meses.

En la memoria anual que Schwager S.A. publicó en 2004, María Elena de Inversiones S.A. figura como uno de sus principales accionistas, con el 8,57% de la propiedad. También tenía un representante en el directorio: su vicepresidente, Gabriel Urenda Salamanca. Además, hasta mediados de ese año, Edmundo Crespo Pisano, director ejecutivo de Francorp (Chile) S.A., había sido representante de los accionistas minoritarios en el directorio de la ex carbonífera. Por lo tanto, cuando ese año el diario de Ojeda publicó la entrevista que en un solo día provocó un alza de 419% en el valor de las acciones de Schwager, no sólo difundía información contingente que interesaba al mercado y a los posibles accionistas, sino que también provocaba un efecto que valorizó las acciones que sus socios en Francorp (Chile) S.A. tenían en esa empresa.

Si el tribunal considera que las publicaciones de Estrategia tenían la intencionalidad de provocar la volatilidad de las acciones de Schwager S.A., ese nexo directo de Ojeda con la familia Urenda –que hasta ahora no ha sido considerado ni en la sanción que le impuso la SVS ni en el fallo de primera instancia del Primer Juzgado Civil de Santiago– podría ser interpretado como agravante. Sobretodo porque desde entonces esa familia ha ampliado su participación en Schwager para convertirse hoy en su grupo controlador. En todo caso, mayor relevancia tiene el otro hecho clave que, a fin de cuentas, fue el que le significó la acusación desde un principio: con el alza en el precio de los papeles que provocó la entrevista, Ojeda también aumentó su patrimonio.

LAS INVERSIONES DE OJEDA

Antes de que Estrategia publicara el 1 de octubre de 2004 la entrevista al gerente general de la ex carbonífera, Inversiones Gestión Ltda. adquirió un paquete de más de $58,6 millones en acciones de Schwager S.A. En total, entre el 6 y el 24 de septiembre de ese año, la sociedad compró casi 19.258.000 títulos por los que pagó un valor unitario que osciló entre $2,3 y $5,7. Después vino la publicación de las declaraciones de Carlos Flores y el impresionante alza en su valor. El paso siguiente que dio la empresa fue vender esas acciones. Ese proceso de compra y venta fue el que encendió las alarmas en la SVS: el responsable editorial de la publicación que generó el incremento, Víctor Ojeda, era el principal socio de Inversiones Gestión Ltda.

El 5 de octubre, el mismo día en que su diario publicó el desmentido de Schwager S.A., Inversiones Gestión Ltda. vendió casi 4,7 millones de acciones en $23 cada una. Sólo ese día, con la venta del 24,4% de títulos adquiridos los días previos, la sociedad del matrimonio Ojeda-González percibió ingresos que prácticamente duplicaron su inversión total inicial. En los días siguientes, y hasta el 30 de noviembre de 2004, la sociedad vendió los demás papeles a un precio promedio de $12. Las transacciones, que comenzaron justo después de que la información publicada en el diario de su propiedad generara la valorización de esos papeles, les generaron utilidades por $183.392.000, lo que equivale a un retorno del 313% sobre la inversión.

Para la SVS, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, parecía claro que la volatilidad que sufrió el precio de la acción de Schwager S.A. se debió al impacto en el mercado que tuvieron las publicaciones del diario de Ojeda. Por eso inició una investigación administrativa que se extendió por más de un año. Durante ese proceso, desfilaron ante la SVS para prestar declaración más de una decena de personas. Entre ellas, además de trabajadores del diario y directores de Schwager S.A., había accionistas que compraron títulos esos días y que aseguraron que de no haber sido por la entrevista a Carlos Flores y las demás publicaciones de Estrategia, jamás lo habrían hecho.

En un reportaje que publicó la periodista Lorena Medel en revista Capital en abril de 2006, una fuente anónima de la SVS aseguraba: “Todas nuestras investigaciones nos hacían estimar que entre los siete directores de Schwager, la administración de la compañía y el director del diario Estrategia se infló la burbuja para hacer caer a los accionistas incautos”. Ojeda odió el reportaje. Días después se querelló contra Medel por injurias graves, pero en poco tiempo la denuncia fue desestimada porque ni las pruebas ni el contexto del artículo permitían configurar la existencia de delito. A pesar de que la revista del Grupo Claro fue amonestada por el Consejo de Ética de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), el texto de Medel resultó finalista en el Premio Periodismo de Excelencia que en 2006 entregó la Universidad Alberto Hurtado.

Aunque la SVS emitió un comunicado desmintiendo que alguno de sus funcionarios haya conversado con la periodista, lo cierto es que precisamente esos fueron los resultados que arrojó su investigación y que le permitieron formular cargos contra Ojeda a mediados de 2005 por difundir noticias falsas o tendenciosas para inducir a error en el mercado y así obtener beneficios para sí o para terceros. Así fue que se desató la pelea judicial que, después de ocho años, está pronta a cerrarse en la Corte de Apelaciones de Santiago.

CARGOS Y DESCARGOS

El 24 de junio de 2005, la SVS le hizo llegar a Víctor Ojeda un documento que en su encabezado dice “Reservado Nº 142”. Para entonces, la entidad fiscalizadora del mercado de valores ya contaba con declaraciones del periodista que realizó la entrevista, del entrevistado, de su editor, de los directores de Schwager S.A., de ejecutivos de corredoras de bolsa, de sus clientes y hasta del mismo Ojeda. En la carpeta que incluía esos archivos había también copia de todas las publicaciones que difundió Estrategia en el segundo semestre de 2004 sobre el ingreso de Schwager S.A. al negocio de bonos de carbono. A eso se sumaban informes detallados de los movimientos accionarios de la ex carbonífera durante todo ese período, todos los hechos esenciales presentados por la empresa ese año y los análisis que Poch Ambiental S.A. había realizado sobre la viabilidad de sus proyectos. Estos últimos reportes aseguraban que recién estaban en etapa de prefactibilidad y que aún debían cumplirse varios requisitos para poder desarrollarlos como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), lo que quiere decir que todavía faltaba mucho para materializar estos negocios.

Con todos esos datos sobre la mesa, la SVS determinó que la información publicada no era veraz y que además era tendenciosa, porque presentaba como proyectos concretos negocios que “eran sólo meras iniciativas carentes de respaldo técnico”. También cuestionó que ninguno de los artículos publicados por Estrategia analizaba técnicamente los proyectos anunciados por Schwager S.A., “desestimando fuentes objetivas y disponibles en el mercado nacional (a la cual hacen referencia otros medios) para referirse certeramente sobre este tema”. El oficio concluye:

“Abona esta conclusión preliminar la circunstancia de que usted (Ojeda) ejerce un papel absolutamente activo en la definición de la línea de contenidos del diario, presidiendo las reuniones de pauta para las ediciones de los días lunes y viernes, días que coinciden con las principales publicaciones hechas por ese medio en relación a Schwager y al tema de los bonos de carbono”.

Después de recibir el documento, Ojeda tenía 10 días hábiles para responder. Y cuando lo hizo, el 11 de julio de 2005, fue a través de un texto de casi 70 páginas donde en cuatro capítulos cuestionaba las atribuciones que tenía la SVS para fiscalizarlo y la acusaba de actuar “sobre la extraña lógica de una censura”. Ojeda argumentó que, por tratarse de un medio de comunicación, el marco legal que lo rige es la Ley de Prensa y no la Ley de Mercado de Valores, por lo que la sanción de la SVS era ilegal e inconstitucional.

En sus descargos, Ojeda arguyó que el precio y el volumen de transacción de la acción de Schwager S.A. venían al alza al menos desde el 23 de agosto de 2004 y no desde septiembre, como lo estipulaba la SVS. También que esos movimientos bursátiles habrían comenzado al menos tres semanas antes de que Schwager S.A. informara su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, por lo que no podían ser producto de –como la SVS calificó las publicaciones del diario– “una serie de rumores que circularon en el mercado”. Y que como los anuncios de la empresa se hicieron a través de hechos esenciales que la SVS nunca objetó, era imposible que las noticias divulgadas por su diario no hayan sido veraces. En ese sentido, Ojeda aseguraba que si la información disponible en el mercado era falsa y aun así se permitió la transacción de las acciones, la responsabilidad era exclusivamente de la SVS.

Sobre el cuestionamiento que hizo la Superintendencia a las publicaciones, especialmente a la entrevista al gerente general de Schwager S.A. donde se anuncia que la valorización de los títulos de la compañía podía llegar a $100, el dueño y director de Estrategia señaló que éstas se realizaron dentro de los márgenes legales y éticos y que cuando se solicitó una rectificación, ésta se publicó. Por lo tanto, a su juicio el ejercicio periodístico habría cumplido con obligaciones legales sobre las cuales la SVS nada tenía que opinar. Y que si en los artículos no se profundizaba en aspectos técnicos del negocio de los bonos de carbono, la decisión de hasta dónde llegar en la especialización de los temas que publica es responsabilidad exclusiva de su diario. A juicio de Ojeda, el sólo hecho de que la entidad lo haya cuestionado es “un desborde legal de autoridad (…) inaceptable e injustificable”.

El documento continúa refutando cada uno de los párrafos contenidos en la acusación de la SVS. Que no es efectivo que Inversiones Gestión Ltda. sea de su propiedad, porque pertenece a distintas personas. Que a través de esa sociedad poseía acciones de Schwager S.A. desde 1995 y que aumentó su inversión histórica y luego vendió por recomendación de Banchile Corredores de Bolsa. Que si alguien recibió utilidades, fue la persona jurídica y no él. Que no existe prohibición para que el dueño de un medio participe en el mercado de valores. Que jamás hubo una estrategia comunicacional y que acusarlo de aquello es “una injuria de una gravedad sin límite”.

Al final del texto, Ojeda solicita formalmente la inadmisibilidad jurídica de la investigación y que se declare nula por carecer la SVS de atribuciones para sancionarlo. Además, pide más tiempo para hacer llegar nuevos antecedentes que lo respalden. La SVS le exigió especificar qué pruebas presentaría, cómo lo haría y en qué plazos. El detalle de las pruebas que utilizarían, las personas que llevarían a testificar y las preguntas que les harían, fue presentado por los abogados de Ojeda el 1 de agosto de 2005. El documento consta de 166 páginas y enumera, entre otros elementos probatorios, una serie de publicaciones de otros medios sobre el tema, documentos oficiales y cuestionarios a realizar a una veintena de testigos.

Durante los cuatro meses siguientes se presentaron las pruebas y todos los que ya habían declarado antes lo hicieron de nuevo. Incluso la defensa de Ojeda trató de suspender la investigación cuando se abrió una nueva arista que salpicó a tres directores de Schwager S.A. por omitir información al mercado y hacer uso de información privilegiada (ver recuadro “La arista de los directores”). Pero no fue suficiente. El 5 de diciembre de 2005, la SVS ratificó los cargos y multó a Ojeda con 15.000 UF. Recién entonces, el Caso Schwager-Estrategia pasó a ser materia judicial.

A LA CORTE DE APELACIONES

Ojeda llegó el 16 de diciembre de 2005 hasta el Primer Juzgado Civil de Santiago con un extenso documento y un fin claro: interponer un recurso de reclamación que dejara sin efecto la sanción que le había impuesto la SVS once días antes.

Por otro lado, entre la multa y la judicialización del caso, a Ojeda se le había abierto otro flanco. En los días que siguieron a la notificación de la sanción, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Luis Sommers, anunció que todos los antecedentes serían revisados por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social. Pero esa vía no le acarreó mayor problema al dueño de Estrategia: los consejeros resolvieron no sancionar ni a Ojeda ni a su diario. En cambio, emitieron en junio de 2006 un dictamen general sobre la cobertura de noticias económicas que en ninguna parte hace mención a la sanción de la SVS contra Ojeda. Si el caso se extendía, sería por la vía legal.

En el texto que presentó ante el tribunal, el dueño y director de Estrategia aseguraba que la resolución de la SVS no era clara en cuanto a si la sanción era por sus actos personales o los del diario que dirige. Pero eso le daba lo mismo. Si la sanción era contra él, no era válida porque la SVS no tendría atribuciones para sancionarlo por no ser una persona objeto de su fiscalización. Si era contra el diario, la multa debería ser para la sociedad que lo controla (Editorial Gestión Ltda.) y no para él. A juicio de Ojeda, el documento completo de la SVS era “contrario a derecho”.

También dijo que toda la información que publicó su medio era la que venía de Schwager S.A., así que si alguien difundía información falsa o tendenciosa, eran ellos. Sobre las transacciones que realizó Inversiones Gestión Ltda., dijo que nada tenían que ver con la información que publicó Estrategia. Y además, que él no había tenido ninguna injerencia en las publicaciones y que ni siquiera estuvo en la reunión de pauta del día previo a la publicación de la entrevista al gerente general de Schwager S.A. Que sobre eso último tenía testigos: dos de sus empleados. Tanto el periodista que realizó la entrevista como su editor declararon que Ojeda no había intervenido en la decisión de difundir las noticias sobre Schwager.

-Mi calidad de presidente y director del diario Estrategia no me transforma en personalmente responsable de todo cuanto aparezca publicado en dicho diario –declaró Ojeda.

Para la SVS, todos sus argumentos eran falsos. En su presentación ante el tribunal, la Superintendencia indicó que Ojeda debía ser objeto de su fiscalización “desde que realiza actos que la ley le encomienda (a la SVS) vigilar y tutelar”. Agregó que él mismo antes había declarado que dentro de sus labores en el diario estaba la participación activa en las pautas y que aunque no estuvo en la reunión previa a la publicación de la entrevista, sí estuvo cuando su realización se puso en agenda.

La etapa probatoria del juicio se extendió hasta julio de 2008. Durante ese período, a las personas que antes habían desfilado ante la SVS y que nuevamente prestaron declaración judicial, se sumaron antiguos trabajadores de Estrategia que corroboraron la injerencia de Ojeda en la definición de los temas que se publican. Ellos aseguraron que, a veces, incluso hacía cambios de última hora. También se recolectaron otras pruebas, como el informe que envió Banchile Corredores de Bolsa indicando que jamás recomendó a sus clientes –entre ellos Ojeda e Inversiones Gestión- comprar acciones de Schwager. Además, se adjuntaron escrituras, cartolas de inversiones y otros documentos de las sociedades del matrimonio Ojeda-González, aunque sus balances, a pesar de haber sido solicitados en dos oportunidades, nunca fueron entregados al tribunal.

Durante cinco años la defensa de Ojeda se esmeró en probar que la SVS había intentado instrumentalizar a su representado para generar debate, que todo el proceso había sido una persecución en su contra y que la sanción era un acto arbitrario basado en conjeturas. Pero de poco le sirvió. El 29 de diciembre de 2010 el tribunal rechazó la acción de reclamación de Ojeda y lo sentenció a pagar la multa de 15.000 UF, más reajustes e intereses.

Ojeda se negó a pagar. Días después, el dueño de Estrategia cambió sus abogados por tercera vez desde que se desató el escándalo en 2004. Desde entonces es representado por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, del que fue socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Con ellos a cargo de su defensa, y con la convicción de que “el fallo adolece de errores”, el 11 de enero de 2011 interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de casación en la forma que fue admitido el 26 del mismo mes.

El juicio sigue abierto y la justicia se apronta a dirimir si Víctor Ojeda es culpable o inocente. Antes de él, nunca un dueño de un medio de comunicación en Chile había sido sancionado por sacar provecho indebido con sus publicaciones. Si el fallo le resulta adverso, se transformaría en el primero y dejaría la puerta abierta para que otros puedan ser cuestionados y sancionados si incurren en faltas similares. Pero pase lo que pase, al final ya se cumplió lo que en diciembre de 2005 declaró a la prensa el entonces superintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro: “Lo más importante de todo esto, mucho más que el resultado judicial (que seguramente demore), es que se genere un debate conducente al mejor tratamiento de la información económica especializada”.

Vea aquí la respuesta de los abogados de Víctor Ojeda

-¿Qué espera su gremio de la anunciada reforma al Código de Aguas?
La política en Chile desgraciadamente está muy influida por expresiones de grupos, algunos muy fundamentalistas –la ecología está muy de moda–, cuyas visiones no conversan con la realidad. “No es posible que los privados tengan tantas facultades en circunstancias que las aguas son bienes de uso público”, es lo que se reclama sin tener en cuenta las verdaderas razones de por qué es así. Eso es lo que está pasando aquí. Y es por eso que no hemos querido ir muy lejos en nuestro debate público porque creo que es discutir con personas que tienen poco conocimiento de la realidad.

-¿Cree probable que se produzcan transformaciones que afecten los intereses de su gremio?
Natural, pero cuando se ponga el debate en serio y se sepa qué se va a debatir, tenemos las convicciones más profundas y 200 años de experiencia que nos respaldan. En el agro, los privados hemos aprendido a respetarnos, a velar por los más chicos. La Sexta Región tiene 28 mil regantes y 190 mil hectáreas, eso le habla de la dispersión de la propiedad agrícola y de que el sistema que hoy existe funciona.

Lecho del Río Copiapó

-En zonas como Petorca, Copiapó y otros lugares de Chile el sistema que usted ilustra no está funcionado…
Funciona siempre y cuando todos acepten que cuando cae la oferta de agua, todos tienen que limitar la demanda de acuerdo a la oferta disponible. En Petorca el Estado incurrió en el error de entregar derechos provisionales cuando no debió hacerlo. El Código de Aguas chileno es una joya de la ingeniería hidráulica en el mundo por lo sofisticado. El Estado delegó todas las facultades en el mundo privado y éste no lo ha defraudado.

-Pero usted está consciente imagino que esa visión no la comparten muchas personas.
Bueno, porque los que opinan son justamente los que no operan. Son justamente aquellos que por ideología han construido imágenes que no se compadecen con la realidad. El Estado de Chile no gasta un peso en distribuir el agua y hemos pasado cuatro años de sequía sin conflicto.

-La escasez que se está viviendo en Petorca se ha convertido en un caso emblemático y ahí…
Pero es que Petorca es un caso especialísimo.

-Pero afecta a más de tres mil personas que reciban agua con camiones aljibe y a cientos de agricultores. Se han perdido cuatro mil hectáreas si no me equivoco…
Por favor, no extrapolemos el caso de Petorca al riego de Chile, porque ahí hay un caso de corrupción. Ahí lo que falló no fue el Código de Aguas, fue el Estado que no aplicó el código ni las facultades que le entrega la ley.

-Pero antes de 1981, el Estado tenía bastantes más facultades para intervenir y controlar…
¡Las mismas! ¡Las mismas!

-Antes podía caducar, ahora no puede caducar derechos de agua entregados a perpetuidad…
¡Pero los otorga! Los concede con ciertas restricciones. Los derechos mal concedidos, cuando la gente los utiliza para otros fines, se pueden revocar.

-Hay varios ejemplos concretos de personas que lucran con el recurso en forma cotidiana, y no hemos encontrado casos en que se caduquen derechos por mal uso. Al contrario, eso sigue sucediendo y es parte de lo que se quiere corregir.
Si usted pide derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA) y después los vende, eso se puede atacar hoy. Yo mismo he ido a la DGA a acusar a personas que han utilizado su agua para otros propósitos y les han caducado derechos. Hay que hacer la pega.

-La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados ha aprobado indicaciones para establecer un orden de prelación en el uso, primero el uso sanitario…
Luego la agricultura.

-No, la pequeña agricultura.
Eso es inconstitucional.

-Déjeme seguir: en segundo lugar está el satisfacer requerimientos ecológicos y de biodiversidad, y al final requerimientos productivos.
El tema es que el Estado da la norma y luego desparece. ¿Me va a crecer que la DGA tiene a su cargo 15 inspectores? Cuando la sequía comenzó a afectarnos, comenzaron a escucharse voces que decían que el Estado se hiciera cargo del agua. Es la peor garantía que me pueden dar a mí. Pánico me da.

-¿Por qué?
Porque el Estado es absolutamente incapaz de hacerse cargo de nada en esta materia. No tiene experiencia, no tiene gente y estaría abandonando una cultura de siglos acumulada en pequeños, medianos y grandes empresarios agrícolas que han hecho de esta administración de aguas un lujo que es admirada en todo el mundo.

-¿Quién la admira?
La gente que viene a Chile y examina con ojo profesional, no con ojo político. Se admiran de que al Estado no le cuesta un peso regar anualmente 1 millón 400 mil hectáreas, con todo lo que ello implica: construcción, limpieza, mantención…

-Si uno ve la realidad de Chile hacia el norte se encuentra con un panorama completamente distinto al que usted describe en la zona centro sur. Con gente que, bajo la lógica del Código de Aguas, no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas, gente que ha debido migrar de sus actividades tradicionales hacia otras porque no tienen agua, etc. ¿Se puede alabar el Código de Aguas?
No es culpa del Código de Aguas. Si usted cambia el Código de Aguas, no va a haber más lluvias, nada de eso cambia. El Estado cuenta hoy con todas las facultades para intervenir en cauces que estén en problemas. En los hechos, le cuesta mucho tomar medidas de esa magnitud, porque los políticos no están para pasar rabia y echarse gente encima.

-Se está planteando modificar el régimen de propiedad del agua para poder establecer de modo efectivo un orden de prelación que asegure el consumo humano y otros consumos llamados prioritarios…
Lo que se está planteando es restringir el ejercicio del derecho, cortarle un poquito la cola. No extinguirlo, sino restringirlo. Pero esas facultades están. Acá hay algo de fondo. Esta discusión tiene una raíz ideológica. A algunos les parece impropio que el agua, que el derecho de agua, sea privado y eso choca con sus convicciones. El otro problema que hay es falta de información.

-Desde su punto de vista, ¿no hay que tocar el Código de Aguas?
En temas como el de Copiapó o en el Valle de Petorca, el Estado tiene que aplicar la ley. Y si se han entregado derechos en exceso, que se puedan caducar esos derechos. Por no gastar no se hace. No se midió la recarga de los acuíferos antes de entregar esos derechos y ahí están las consecuencias.

-¿Qué le preocupa de la discusión actual sobre la regulación del agua en el parlamento?
Que esas voces que andan vendiendo estas ilusiones se impongan en el proceso de deliberación legislativa. Por ejemplo, intentando convencernos dentro del país de que a causa de estos dos lunares (Copiapó y Petorca) corresponde modificar toda la estructura jurídica del derecho de aprovechamiento en Chile. Lo que hay que hacer es ejercer la ley, ponerse los pantalones y aplicar la ley.

-¿Qué le parece la idea de que los derechos de propiedad sean concesiones que entrega el Estado a los privados, en vez que sean entregados de modo perpetuo y sin condiciones?
Eso es lo que piensan algunos. Lo que me ha dicho el delegado presidencial es que no quieren ir tan lejos, que no quieren comprarse un conflicto más. Nosotros estamos esperando que cada quien ejerza su rol. La Presidenta creó esta figura del delegado, él conversó, con una paciencia infinita, escuchando a medio mundo, y entregó su informe.

-Se han demorado los anuncios…
Es que como es un conflicto más… Para los agricultores que les toquen el agua usted no sabe lo que es…, entonces el gobierno sabe que se puede generar un problema. Yo se lo hice ver con claridad al delegado y al ministro de Agricultura.

-¿Qué esperan entonces de los anuncios?
El gobierno tiene todas las facultades para proponer lo que estime conveniente. Nosotros vamos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Ya estamos haciendo una campaña de información a nivel de las organizaciones de usuarios de agua: 330 mil usuarios de agua en Chile. Les informamos sobre las ideas que se están manejando, y estoy haciendo conciencia de la naturaleza del derecho que tienen, las franquicias que nos otorga la ley, la naturaleza del derecho que tenemos: un derecho privado tal como el derecho de propiedad. En fin, estamos informando sobre las ideas que se barajan de restringir el uso y las limitaciones que eso plantea. Lo que nosotros sostenemos es que el agua, tal como está concebida hoy en Chile, tiene todos los resguardos para garantizarle a la gente el acceso al agua de bebida.

-Si usted está llevando a cabo conversaciones en su gremio para que sus afiliados  tomen conciencia de sus derechos, eso quiere decir se están preparando para un escenario de transformaciones estructurales…
No sé lo que venga. La gente tiene que estar informada, así como con la Reforma Tributaria. Creo que la reforma va a ser bastante más moderada, la Presidenta tiene clara conciencia de que hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no la tienen, y se formará su propio juicio. Mi rol no es especular, es prepararme para lo que venga, informar a mi gente, que ellos tomen acuerdos y me mandaten para hacer los planteamientos que haya que hacer en el Congreso. Nosotros no vamos a salir a la calle a gritar ni a tomarnos nada. Tenemos la fuerza de los argumentos y la legitimidad que nos da el haber alimentado a Chile por tantos años. Hay una cosa muy rica en el mundo del agua, un ordenamiento natural, somos todos iguales, todos nos cooperamos. Esto el país lo desconoce.

-Quizá eso funcione así en su zona, pero hacia el norte el problema del agua demuestra que no somos todos iguales y que el sistema no es nada de democrático. Hay gente que no tiene agua que tomar mientras al lado hay gente vendiendo agua que le ha sido entregada gratuitamente por el Estado.
Pero esa gente tiene derechos de papel, no tiene agua efectivamente.

-Sí la tiene. De hecho, en plena sequía, se han constatado transacciones millonarias de agua en las mismas zonas donde hay gente que no tiene acceso al recurso…
Nadie tiene reservas de agua guardadas. Son derechos, pero no los pueden vender porque no tienen agua.

-Sí, esas transacciones de agua de las que le hablo son recientes. Las mineras no están comprando papeles, están comprando agua subterránea y pagando millones de dólares a especuladores que han acaparado agua desde años.
A ver, vamos al caso concreto. Yo tengo por ejemplo 60 litros por segundo en Marchigüe, si los vendo, el que compra tiene que saber y medir cuánto existe. Yo le garantizo que hoy no tengo más de 30 litros, porque el pozo bajó. En la cuarta sección del Copiapó se entregaron derechos por 19 m3/seg., y la recarga son 4 m3/seg. Faltan 15.

-¿Cuándo espera escuchar los primeros anuncios del gobierno sobre la reforma al Código de Aguas?
No tengo idea. El gobierno creo que lo está dilatando porque no quiere abrirse a otro frente de discusión pública. Y no le quepa duda que nosotros vamos a entrar a ese debate y lo vamos a hacer con fuerza. Si por los problemas que hay en Petorca, Copiapó y otros lugares, vamos a poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua, eso es un error.

El próximo lunes 18 de agosto el gobierno debiera presentar en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el proyecto de reforma al Código de Aguas para su aprobación y posterior ingreso a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. A medida que la fecha se acerca, aumenta la expectación y el temor de importantes gremios empresariales por las inminentes modificaciones a la normativa que regula la gestión y el uso de las aguas en Chile.

Porque lo que se pondrá en juego es el derecho de propiedad y la necesidad de que las aguas funcionen efectivamente como bienes nacionales de uso público y no como lo que son hoy: activos de mercado.

La legislación sobre aguas vigente en Chile arrastra falencias desde hace más de 30 años.

La reforma al Código de Aguas de 1981, es uno de los proyectos prioritarios anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo. El debate que se avecina puede tornarse tanto o más candente que el que se está dando en torno a los dos proyectos emblemáticos del gobierno en discusión: las reformas tributaria y educacional.

El gobierno tiene claro de que para introducir cambios profundos, las reformas no pueden limitarse a regular la manera en que se entreguen a futuro los pocos derechos de agua que están aún bajo dominio público. La magnitud del problema requiere intervenir y regular retroactivamente el uso de todos los derechos que han sido entregados en Chile, incluso antes de la normativa impuesta en dictadura. Y para ello deberá recurrir a un cambio constitucional que asegure la prevalencia de agua como un “bien nacional de uso público” –principio que aún no tiene rango constitucional- por sobre los derechos que los particulares tengan sobre ella.

Aunque no hay estadísticas oficiales, se calcula que actualmente existen en Chile alrededor de 400 mil derechos de agua en manos de particulares. Y lo que queda por entregar no es mucho. Desde la Sexta Región hacia el norte, rigen decretos de restricción o prohibición de entrega de nuevos derechos producto de la sobreexplotación y sobreotorgamiento de títulos. Hacia el sur, la mayor parte de los caudales ya está en manos de privados.

La tarea no será fácil. El gobierno tendrá que intervenir sustantivamente un sistema que viene operando desde hace 33 años y en el que el mercado ha sido el principal asignador del agua. Eso ha derivado en que en varias zonas del centro y norte del país, donde se viven situaciones dramáticas de sequía, la propiedad del agua esté en manos de aquellos que tienen los recursos económicos para hacerse de ella. Esto ha provocado el abandono de miles de hectáreas de pequeños agricultores y serios problemas de abastecimiento en numerosas comunidades rurales. También ha permitido la irrupción de especuladores que han obtenido millonarias utilidades con la venta del agua que el Estado les entregó gratuitamente (ver reportaje de CIPER).

En ese contexto, la reforma al Código de Aguas abre un nuevo foco de enfrentamiento con el sector empresarial. Así lo anunció el ex director de la Dirección General de Aguas (DGA) de la administración de Sebastián Piñera, Matías Desmadryl, cuando acusó a La Moneda de querer propiciar una “expropiación encubierta sin una indemnización asociada” de los derechos de agua. De allí que para el gobierno sea una de las condiciones hacer una propuesta que le permita intervenir la propiedad de esos derechos sin recurrir a la figura de la expropiación.

En estos días, los equipos técnicos de los ministerios de Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente, Minería y Agricultura, afinan la fórmula. Según dijeron a CIPER distintos expertos que han trabajado en la reforma, ella contempla herramientas para limitar -sin restricción de tiempo- el ejercicio de derechos de agua en zonas comprometidas por la sequía, para atender los usos prioritarios: el consumo humano para bebida y saneamiento.

A la espera de los anuncios algunos sectores productivos preparan su artillería. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, advierte: “Esto va a generar ruido… No por los problemas que hay en Petorca y Copiapó, vamos a poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua”. Y acota: “Para los agricultores que les toquen el agua, no sabe usted lo que es…”.

La agricultura compromete actualmente el 73% de la demanda por agua en Chile. Por ello, la SNA ya inició gestiones al interior del gremio –que reúne a más de 300 mil usuarios de agua– para informar sobre los alcances de la reforma en un escenario de eventual modificación a la propiedad de los derechos de agua y para “hacer conciencia de que éstos son por naturaleza derechos privados”, señaló Patricio Crespo.

LA AGENDA LEGISLATIVA DEL AGUA

Fueron pocos los que se percataron del mensaje que apareció en la cuenta Twitter del Ministerio de Agricultura el 28 de julio pasado. Allí se señalaba que los cambios al Código de Aguas se trasladarían para el próximo año, en el contexto de la discusión de la reforma constitucional. La frase fue borrada a los pocos minutos. Pero generó dudas entre aquellos que esperan que los anuncios hechos por el gobierno para enfrentar la crisis hídrica se den a conocer en los plazos comprometidos (inicios del segundo semestre).

Junio era el plazo establecido por el Ejecutivo para que el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz (designado por Bachelet a dos semanas de haber asumido), entregara las propuestas para “avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país”. El informe fue entregado en el plazo acordado y al menos desde inicios de julio estaría siendo discutido por la Mandataria en conjunto con los ministerios de Obras Públicas, Energía, Minería, Agricultura y Medio Ambiente.

Fue durante la espera del informe del delegado presidencial que el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC) y la ministra de la Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón (DC), pidieron congelar por 60 días la tramitación del proyecto que reforma el Código de Aguas y que desde 2012 trabaja la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara (el 4 de junio).

Alberto Undurraga

Ya cumplido el plazo solicitado por el gobierno, la comisión de la Cámara de Diputados volvió a sesionar el pasado 6 de agosto, pero el Ejecutivo no presentó las indicaciones. Consultado respecto de si la “agenda del agua” se postergaría para el próximo año, el ministro Alberto Undurraga señaló a CIPER que la reforma, según el mandato presidencial, se debía cumplir este año:

–La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara viene trabajando desde hace dos años y no valía la pena presentar un proyecto nuevo, porque varias de las iniciativas que hemos estado discutiendo ya estaban siendo trabajadas. Lo lógico era llegar a un acuerdo en la Cámara y, a partir de su trabajo, hacer las indicaciones complementarias y sustitutivas. El plazo de 60 días que pedimos para elaborar el articulado con las indicaciones se cumplió la primera semana de agosto y no llegamos con ellas porque debemos primero discutirlas en el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, el que sesionará el 18 de agosto para ver este tema.

La Reforma al Código de Aguas que se tramita en la Cámara de Diputados sistematiza una serie de mociones presentadas en el parlamento desde 2005 a la fecha. Entre ellas, hay algunas que refuerzan el estatus de las aguas como bienes nacionales de uso público; para que el Estado tenga la facultad de reservar caudales para asegurar el abastecimiento humano; y para establecer un orden de usos en el que las funciones sociales y ambientales tengan prioridad por sobre las productivas.

Entre las indicaciones ya aprobadas por la comisión está la que reformula el artículo N° 5 de Código de Aguas, referido a la propiedad del recurso y que actualmente entrega “a los particulares el derecho de aprovechamiento de las aguas”. En el nuevo articulado se estipula que “el Estado tiene la administración absoluta y exclusiva de todas las aguas continentales dulces y salobres (…) sin perjuicio de poder reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares; como así mismo limitar y restringir el ejercicio de los derechos de aprovechamiento”.

En este mismo artículo se basa la propuesta de la comisión para establecer las prioridades de uso de las aguas, reconociendo en primer lugar “las funciones sociales que garantizan la bebida, el saneamiento, producción de alimentos y actividades económicas locales. Las funciones culturales y escénicas acordes a la cosmovisión, espiritualidad y tradiciones de los diversos pueblos y comunidades que habitan el territorio nacional; como asimismo los referidos al goce y recreación de la sociedad en su conjunto. Y las funciones productivas referidas a la generación de bienes y servicios, tales como la generación eléctrica, el desarrollo minero, agrícola e industrial”.

La duda que aún subsiste es si la propuesta del gobierno va a respaldar o atenuar el articulado ya aprobado en la comisión por los diputados. Al respecto, el ministro Undurraga dijo a CIPER: “El espíritu de lo que allí se propone se condice absolutamente con los lineamientos de reforma que está diseñando el gobierno y, en algunos puntos, se profundiza”.

Si lo que señala el ministro Undurraga es efectivo, el Ejecutivo deberá impulsar paralelamente una reforma que le dé rango constitucional a las aguas como bien nacional de uso público. Lo que no está definido aún es si esta reforma constitucional se pondrá en discusión en el Congreso junto con las modificaciones estructurales al Código de Aguas. Porque existe la opción de que ese proyecto, que requiere de quórum más altos, se traslade al próximo año, cuando se inicie la discusión general de reformas constitucionales anunciadas por el Ejecutivo.

EL IMPERIO DEL CÓDIGO DE AGUAS

El único cambio que ha experimentado el Código de Aguas desde que fue promulgado en 1981, fue el que originó la Ley N° 20.017 de 2005, proyecto enviado por el ex presidente Patricio Aylwin al parlamento en 1992 y que hizo hincapié en la importancia de que el Estado tuviera mayores atribuciones en la gestión del agua, con facultad para caducar derechos mal utilizados.

Lo que se buscaba era promover el uso efectivo de los derechos de agua evitando su mercantilización. Para ello, proponía devolverle al Estado la facultad de recuperar los títulos de agua que en un plazo de cinco años desde que fueron entregados no hubieran sido utilizados. Así ocurría antes de 1981. La reforma causó resistencia principalmente entre las empresas del rubro y la oposición, y fue modificada sustancialmente durante los 13 años en los que estuvo en trámite en el Congreso.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Así, lo que en un principio fue planteado como una reforma estructural al sistema derivó en reformulaciones cosméticas que en estos nueve años han demostrado su ineficacia.

El cobro de una multa por no usar el agua, sanción que permitiría controlar la especulación y lucro en el mercado, no ha logrado su cometido. Y la razón corresponde a la lógica del mercado: el precio que tiene el agua es muy superior al valor que se debe pagar por no usarla. Para los especuladores, el pago de una multa por el agua que guardan para después venderla a altos precios, equivale a una propina.

Fue en esa misma Ley N° 20.017 que quedó consignada la obligación que desde entonces tienen los solicitantes de derechos de agua: especificar para qué la van a utilizar. En los hechos, esa obligación no ha pasado de un mero formalismo. La escasa capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas (DGA), impide saber con exactitud si los derechos que el Estado entrega gratuitamente y a perpetuidad a particulares están siendo utilizados para los fines explicitados.

LAS RESISTENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO

Después de la agricultura, sector que incluye la actividad forestal y que como se dijo demanda un 73% del total de las extracciones consuntivas (el agua se consume y no se devuelve al caudal), la industria es el segundo rubro que consume más agua con un 12%. Le sigue con un 9% la minería. Respecto del agua no consuntiva (se devuelve al caudal), su demanda la monopoliza la industria hidroeléctrica.

Hay un punto en que coinciden los representantes de los gremios de todos esos sectores: los problemas en materia hídrica se solucionan con perfeccionamientos al Código de Aguas y no con cambios estructurales. Para todos ellos, las herramientas para solucionar los problemas actuales ya están contempladas en la normativa vigente, lo que hace inútil cualquier reforma. “No contaminar la discusión con presupuestos ideológicos”, es una de sus exigencias.

Esa es exactamente la posición de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyo presidente Patricio Crespo, acusa que las reformas a la legislación sobre aguas se están diseñando desde la ideología y han sido influenciadas por “voces que andan vendiendo ilusiones”:

–La aproximación que se tiene desde el mundo de la política, en general, no siempre conversa adecuadamente con la realidad. La política en Chile está desgraciadamente muy influida por expresiones de grupos, algunos bastante fundamentalistas, como los ecologistas, pero sus visiones no conversan con la realidad –señaló a CIPER el presidente de la SNA.

Uno de los principales temores entre los representantes de los distintos sectores empresariales, es que se afecte el derecho de propiedad y las “certezas jurídicas que actualmente existen para la inversión”.

René Muga

–En muchos casos el problema de abastecimiento no tiene que ver necesariamente con un mal funcionamiento del Código de Aguas, sino con la sequía y otras situaciones. Hay muchos perfeccionamientos que se pueden hacer y que requieren de urgencia. Para nosotros lo fundamental es que esta discusión no afecte la certeza y seguridad jurídica para el desarrollo del sector hidroeléctrico, que se respete el derecho de propiedad que se ha establecido –dijo a CIPER René Muga, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile, asociación que reúne a empresas como Endesa, Colbún y Aes Gener.

Respecto de una eventual limitación en el uso de derechos de agua en zonas de sequía, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, señaló a CIPER sentirse “confiado en que las autoridades no actuarán en base a mitos, sino que fundarán sus medidas en información real. Está claro que el uso humano de agua es prioritario y, de hecho, el Estado ya dispone de facultades para asegurarlo. Una vez satisfecha esa prioridad, creemos que cualquier limitación adicional a los derechos de aprovechamiento de agua no debiera se discriminatoria entre sectores productivos”.

Las mineras, cuyos procesos productivos son altamente demandantes de agua, son las primeras que podrían resentir el cambio a la normativa. Sobre todo, si prospera la iniciativa planteada en el Congreso de establecer un orden de prelación en el que las funciones sociales y ambientales tengan prioridad. Es justamente en el norte de Chile, zona en la opera mayoritariamente esa industria, donde se han incubado los conflictos más crudos por el desabastecimiento y contaminación de aguas provocadas en gran medida por la actividad minera.

Otro de los puntos en discusión que podrían afectar directamente a la minería tiene que ver con las llamadas “aguas del minero”. La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados ya aprobó una indicación para que los propietarios de pertenencias mineras deban “informar a la autoridad sobre las aguas halladas dentro del territorio de ellas y solicitar la concesión de uso temporal de dichas aguas en caso de requerir su uso para la explotación de la pertenencia”.

Actualmente, el Código de Aguas le entrega a los dueños de pertenencias mineras el agua que éstos encuentren en el área de explotación de su propiedad, sin necesidad de solicitar ese derecho ni inscribirlo en el catastro de aguas.

Según estudios del propio Consejo Minero, estas aguas “fuera de régimen” representan poco más del 10% de la extracción total de agua que realiza la minería.

Dos minutos después de que se emitió el reportaje sobre el anunciado estadio de la “U” por las pantallas del Canal del Fútbol (CDF), el jueves 31 de julio, sonó el teléfono de su editor periodístico, Patricio Torres. Lo alertaban de que la dirigencia de Azul Azul, la sociedad anónima que administra el club, estaba indignada por la nota. El director ejecutivo del canal, Martín Awad, recibió un llamado similar en momentos en que participaba del directorio del CDF, al que asistían representantes de los clubes, entre ellos de la “U”.  A partir de entonces se desataría un episodio que golpeó duramente al equipo del canal y que –al contrario de lo que buscaban los dirigentes del club– puso en el centro de las miradas al anunciado estadio de Azul Azul, la gran promesa con que Carlos Heller asumió la presidencia de la sociedad anónima en abril de 2014.

La controversia terminó con dos despidos y cuatro renuncias de periodistas. Las salidas se concretaron pocos días antes de que la voz emblemática del relator Claudio Palma dejara el Canal del Fútbol para seguir emocionando a las hinchadas desde los micrófonos del canal Fox Sports Chile. Así, se cerró la semana más negra que ha vivido hasta ahora el CDF, la estación que se ha convertido en el negocio multimillonario de los dirigentes del fútbol (ver reportaje).

Maqueta estadio de la "U" (Fuente: quintopoder.cl)

La molestia que provocó el reportaje, según explicó a CIPER un alto dirigente del equipo azul, fue por lo que en la sociedad anónima se califica como “evidente sesgo”. La nota, dijo, “presentó este proyecto (el estadio) como algo incierto, dudoso, que no tiene probabilidades de tener éxito y generar, de ese modo, una enorme incertidumbre en nuestros seguidores”.

Más allá de los calificativos que emanan de Azul Azul sobre ese trabajo del periodista Roberto Gálvez, lo cierto es que su reportaje acreditó que aún no se ha presentado el anteproyecto del estadio al municipio de Pudahuel (trámite esencial para que sea aprobada su construcción), porque aún no se firma con el rector de la Universidad de Chile el contrato de arriendo que le permita a la “U” construir su estadio en los terrenos de laguna Carén que pertenecen a esa casa de estudios. Incluso, el periodista consignó las declaraciones de uno de los integrantes de la “comisión estadio” de la “U”, Andrés Weintraub, quien confirmó todo lo anterior.

Así presentado, el tema resultó altamente sensible para la sociedad anónima que preside Carlos Heller, un empresario que además es presidente del canal de televisión Mega y encabeza el grupo Bethia. Azul Azul cotiza en bolsa y, por lo tanto, cualquier información que sugiera un retraso en la principal inversión que proyectan sus controladores puede tener un impacto negativo en el valor de su acción. Y ese, no es un dato menor para la dirigencia.

Tras los reclamos airados de esa noche, las huellas del reportaje desaparecieron rápidamente. Sólo se emitió una vez, no se subió al sitio de internet del CDF e incluso fue levantada la repetición habitual del noticiero a la medianoche y en su reemplazo se programó otro espacio.

Temprano al día siguiente, 1 de agosto, llegó una carta dirigida al vicepresidente del directorio y administrador del CDF, Jorge Claro. Estaba firmada por Carlos Heller y Sergio Weinstein, director del club y responsable de la “comisión estadio”. La carta -a cuyo contenido tuvo acceso CIPER- plantea en duros términos su “profunda indignación” por el contenido del reportaje, sentenciando que “tiene claramente una intención malintencionada y tendenciosa”, lo que buscaría generar conflicto al interior del club, con sus hinchas y con la comunidad de Pudahuel (donde se levantaría el estadio). “Nada es casual y voluntario”, continúa el texto, especialmente el que se hiciera aparecer a los presidentes anteriores y al actual como dirigentes que “han prometido y luego desdicho o postergado” este proyecto.

Aunque en el reportaje aparece Andrés Weintraub, miembro de la “comisión estadio” de la “U”, ratificando que no se ha presentado el anteproyecto ante la municipalidad, porque aún no se firma el contrato con la rectoría, un dirigente de Azul Azul dijo a CIPER que “debieron entrevistar al presidente de la comisión o a quien realmente ha estado en todas las negociaciones y conoce el detalle de los avances, y esa no parece ser la persona entrevistada”.

Un alto directivo del CDF va un paso más allá y sostiene que tiene “sospechas fundadas” de que en el origen de este reportaje “hubo manos moras”, personas que habrían “influido” sobre los periodistas para que se hiciera el tema, interesados en que se pusiera en duda la iniciativa que podría catapultar a Carlos Heller como el hombre que concretó la obra más esperada y anhelada por los hinchas azules.

Los periodistas involucrados en la realización y revisión del reportaje han rechazado las acusaciones de falta de rigor e intenciones tendenciosas. “Sólo pretendimos responder a una inquietud periodística legítima frente a un tema de enorme interés para los hinchas de la “U”, que está en el tapete desde que se anunció el estadio y que interesa al público que sigue el CDF. Tomamos todas las versiones, incluida la de la “U” y cumplimos con los estándares editoriales y periodísticos”, asegura uno de los profesionales que salieron del canal.

¿INMINENTE ACUERDO CON EL RECTOR?

La carta que envió Carlos Heller a Jorge Claro entrega un antecedente hasta ahora desconocido en la trama sobre la construcción del estadio. En el texto, el dirigente reclama que no se les haya pedido información en forma oficial y, tras recordarle a Claro que la “U” es socia del CDF, le señaló que “estamos a días de cerrar un contrato de arrendamiento por 45 años con la Universidad”. La carta agrega que trabajan hace meses en el anteproyecto que van a presentar al municipio, además de reunirse periódicamente con los vecinos de la comuna, para perfeccionar la iniciativa en beneficio de la comunidad:

Carlos Heller

“Hemos estado trabajando en forma intensa, sigilosa y consistente en lograr avanzar en este tan importante proyecto de nuestro club. Sin embargo, lo realizado por ustedes, nuestro socio, solo nos genera problemas con nuestros accionistas, hinchada y abonados, además de reclamos y muchos dolores de cabeza”, dice la carta, a la que tuvo acceso CIPER.

Esta versión fue contrastada con la rectoría de la Universidad de Chile. La respuesta entregada en la casa central moderó las expectativas en torno a la rapidez con que podría firmarse el contrato de arrendamiento. Efectivamente, el 15 de julio (quince días antes que se emitiera el reportaje), hubo una reunión protocolar entre el directorio de Azul Azul y el nuevo rector de la universidad, Ennio Vivaldi. En esa oportunidad, Carlos Heller le planteó el tema pendiente sobre el estadio, entre otras materias que abordaron.

En la cita, el rector informó que el abogado externo Mauricio Tapia sería la contraparte del club en la negociación. A partir de este punto, las interpretaciones difieren. Según representantes de Azul Azul, en ese encuentro el nuevo rector dio luz verde para seguir adelante con la redacción del contrato de arrendamiento. “El rector dijo que no va a deshacer el acuerdo que firmamos con el anterior rector, Víctor Pérez, y que ahora tiene que pasar por los abogados para ratificar ese preacuerdo y redactar el contrato”, asegura uno de los participantes, en representación del club, en esa reunión.

La versión de la rectoría difiere. Según explicaron a CIPER, el rector Vivaldi contrató a un equipo de abogados externos para que elaboren un informe técnico sobre los alcances del llamado Memorandum de Entendimiento, que firmaron Carlos Heller y el ex rector Víctor Pérez el 12 de junio. En síntesis, el preacuerdo fija las bases sobre las que se redactará el contrato de arrendamiento entre las partes. El plazo que dispuso el rector para determinar si sigue adelante con el acuerdo es mediados de septiembre.

Según explicaron en la rectoría, hay dos caminos posibles. El primero es la vía corta: que Vivaldi reciba el informe de los abogados externos y tome la decisión solo con la asesoría de los vicerrectores. El segundo es el camino largo: someter el informe técnico a la consulta del Consejo Universitario y posteriormente al Senado Universitario, lo que dilataría los plazos que Carlos Heller intenta apurar a toda máquina.

Aún cuando el rector autorice avanzar en la redacción y firma del contrato de arrendamiento, dijeron en la rectoría, el documento final debe ser visado, sí o sí, por las dos instancias colegiadas de la universidad.

Los plazos están corriendo. Desde que se firmó el preacuerdo, hay 90 días para suscribir el contrato definitivo de arrendamiento de los terrenos, los que se cumplirían el 12 de septiembre, según explicó a CIPER el gerente general de Azul Azul, Cristián Auberth. Esto coincide con el plazo que se ha fijado el rector Vivaldi para decidir sobre el contrato con la “U”.

Según la información enviada por la sociedad anónima a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el pasado 12 de junio, una vez que se firme el convenio, que se extendería por 45 años, la “U” se compromete a construir un club de campo para la Universidad de Chile por un monto no superior a 210 mil UF ($4.830 millones), además de financiar la mantención de un parque público ubicado en cerro Amapolas por un monto máximo anual de 1.800 UF ($41,4 millones) (Vea el “hecho esencial” enviado por Azul Azul a la SVS).

El terreno donde se emplazaría el recinto deportivo, ubicado en la laguna Carén, fue cedido por el Estado a la casa de estudios para construir algo muy distinto a un estadio de fútbol: un gran polo tecnológico y de investigación (ver reportaje CIPER).

“MEDIDAS DURAS Y EJEMPLARIZADORAS”

La carta enviada por Carlos Heller y Sergio Weinstein a Jorge Claro no se quedó sólo en el reclamo por el contenido del reportaje. En uno de los pasajes más drásticos, los dirigentes indican que situaciones como ésta no pueden volver a suceder: “Requerimos que el CDF tome medidas duras y ejemplarizadoras, que incorpore filtros y/o reportes necesarios que deben existir para evitar que este tipo de graves situaciones se vuelvan a repetir”.

Jorge Claro

Ese lunes 4 de agosto, el empresario Jorge Claro, vicepresidente del directorio del CDF, respondió la carta de Azul Azul. Claro afirmó que la línea editorial del canal es “apoyar y potenciar” el fútbol chileno y todos sus clubes, por lo que estaban haciendo “todos los esfuerzos necesarios” para determinar qué sucedió y evitar que en el futuro “nuestros socios se sientan afectados por reportajes del CDF, para lo cual se adoptarán todas las medidas necesarias”.

La decisión estaba tomada. El martes 5, el director ejecutivo del Canal, Martín Awad, les comunicó a los dos editores, Cristian Urbina y Patricio Torres, que el episodio “remeció los cimientos del canal”, por lo que habría una restructuración en Prensa donde ellos no estaban contemplados. La medida provocó impacto e indignación entre los periodistas y, acto seguido, renunciaron el autor de la nota, Roberto Gálvez, y los tres subeditores de las noticias: Claudio Lara, Pablo Sepúlveda y José Manuel García.

Los periodistas cuentan que en este desenlace fue gravitante la opinión de Juan Luis Alcalde, quien ejerce como director subrogante de Jorge Claro, de quien es su brazo derecho. Aunque no tiene cargo formal en la plana ejecutiva del CDF, la opinión de Alcalde pesa al momento de tomar decisiones relevantes como ésta.

Alcalde y Claro no fueron los únicos que participaron en la decisión. CIPER supo que, ese mismo día, el presidente del directorio del CDF, Alberto Eguiguren, envió un correo electrónico al gerente general de Azul Azul, Cristián Auberth, asegurando que las personas involucradas serían marginadas.

En el directorio del canal dijeron a CIPER que “la medida se adoptó porque no podemos aceptar que se usen nuestras pantallas para fines malintencionados. Acá no hubo un error o una torpeza simplemente”. La pregunta es si el CDF hubiese tomado la misma medida drástica si no hubiese existido la carta de la “U”.

A pesar de la elocuencia de la carta, ejecutivos cercanos a Carlos Heller insisten en que “él nunca tuvo la intención de que se despidiera a los periodistas, su carta sólo era un reclamo, porque se sintieron maltratados”.

No es la primera vez que se produce un conflicto entre el CDF y los dirigentes de uno de los clubes del fútbol profesional, todos dueños del canal a través de la ANFP, entidad que controla el 80% de la propiedad de la estación de TV. Hubo un episodio reciente que involucró al club O’Higgins, pero que no tuvo la misma consecuencia que el reportaje sobre la “U”, a pesar de haber desatado la ira del presidente de la ANFP, Sergio Jadue.

Hace dos meses hubo un encontrón fuerte de los directivos del CDF con Jadue fruto de la transmisión en vivo de la inauguración del Monasterio Celeste, campo de entrenamiento de O’Higgins. Cuentan los testigos que el discurso de Ricardo Abumohor -presidente del club y reconocido crítico de la gestión de Jadue- molestó al presidente de la ANFP. En su discurso, Abumohor deslizó cuestionamientos a gestionar el fútbol profesional sólo con objetivos de rentabilidad económica, olvidando el sentido social que tradicionalmente ha tenido la actividad. Jadue y sus cercanos consideraron que era una crítica soterrada a la gestión de la actual directiva de la ANFP.

Las protestas no tardaron en llegar a la sede del canal. Pero el tema se zanjó rápidamente, cuando se supo que había sido el gerente de producción quien había solicitado que se transmitiera en vivo el evento. Esa vez no rodaron cabezas. Pero sí se estableció un protocolo a futuro para que los informativos “extra” siempre tengan el visto bueno de Martín Awad o de quien lo reemplace.

El rayado de cancha editorial para los periodistas del CDF está bastante definido después del bullado caso de las elecciones en la ANFP, cuando se produjo la salida de Harold Mayne-Nicholls y la renuncia de Marcelo Bielsa, a fines de 2010. El entonces vicepresidente Jorge Segovia, dirigente de Unión Española y dueño de la Universidad SEK, contrató al periodista Cristián Urbina para que ejerciera el control editorial del CDF, cargo que no existía hasta entonces. El mandato fue claro, según recuerda el propio Urbina: a partir de ahora, el CDF es un canal centrado en potenciar el espectáculo en la cancha, sólo en lo deportivo, sin generar polémicas. De los dirigentes no se habla.

A cinco meses de dejar su cargo de ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz se asoció con Inversiones Fanalca Chile Limitada, controladora de la concesionaria Subus que opera dos recorridos del Transantiago. Junto a otras tres sociedades de inversión, Errázuriz y Fanalca formaron una nueva empresa de asesorías mineras: Servicios Integrales para la Minería S.A. (Servimin S.A.). El ex ministro considera que no ha incurrido en conflicto de interés al concretar esta nueva inversión. “Me pareció interesante el proyecto y no veo problema, porque se trata de un ámbito totalmente diferente al transporte”, dijo a CIPER.

La ley restringe las “relaciones laborales” de las ex autoridades de gobierno, para evitar que sean empleados por empresas que antes debían fiscalizar, pero no hace alusión a los vínculos societarios. El artículo 58 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado señala: “Son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones”.

En el caso de que esta sociedad formada por el ex ministro e Inversiones Fanalca diera origen a una “relación laboral” –si Errázuriz asumiera una labor ejecutiva en Servimin-, no se habrían cumplido los plazos requeridos por la ley. La constitución de la sociedad fue publicada en el Diario Oficial el 1 de agosto pasado, es decir sólo cinco meses después de que Pedro Pablo Errázuriz dejó el gobierno el 11 de marzo último.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Ximena Rincón, anunció en abril, durante el seminario Transparencia 2014, que la actual administración está preparando cambios a la ley, precisamente para acotar otro tipo de relaciones comerciales que no sean estrictamente laborales. Como están las cosas hoy, incluso se puede burlar la norma por la vía de contratar a honorarios a una ex autoridad. De ese modo, no se establece una relación laboral entre las partes.

RENEGOCIACIÓN CON SUBUS

Pedro Pablo Errázuriz, en su rol de ministro, tenía a su cargo la fiscalización de todos los operadores de transporte público, incluida la empresa Subus. Cuando asumió en 2011, su principal tarea fue renegociar los contratos de los operadores del Transantiago.

Como resultado de la gestión del ex ministro, a Subus le aumentaron las exigencias y, al igual que los otros operadores, debió hacerse responsable del cobro y la evasión, mientras que sus ingresos fijos -el piso mínimo asegurado por el Estado- pasaron a representar solo el 30% de sus entradas. De esta forma, la gestión de Errázuriz obligó a Subus a ser más competitiva y entregar un mejor servicio para hacer rentable el negocio. Pero, al mismo tiempo, la negociación con el ex ministro amplió el negocio de Subus: el nuevo contrato le permitió a este operador incrementar el radio de cobertura de su Línea Troncal 2 al incorporar la Línea Alimentadora G, que da servicio a cinco comunas de la zona sur de Santiago. Esto permite a la empresa aprovechar sinergias y hacer economías de escala, lo que le generaría mayores ingresos.

Prácticamente hasta fines del gobierno de Sebastián Piñera el ministerio hizo revisiones y adecuaciones de contrato con cada empresa operadora en particular. En el caso de Subus, el último addendum o agregado contractual fue ratificado por la Contraloría un mes antes del cambio de gobierno, en febrero de 2014. Según se lee en el hecho esencial enviado por Subus a la Superintendencia de Valores (SVS), esos ajustes se relacionan con compensaciones ante las nuevas exigencias económicas y logísticas (ver hecho esencial).

En su papel de ministro, Pedro Pablo Errázuriz le negó a un particular el acceso -vía Ley de Transparencia- a todos los correos electrónicos enviados desde y hacia el Ministerio de Transporte, durante la negociación de los nuevos contratos. Lo anterior generó una controversia entre el Consejo para la Transparencia y ese ministerio, la que fue zanjada a fines de 2013 por la Corte Suprema. El máximo tribunal le dio finalmente la razón al solicitante y estimó que esos correos no son privados, como argumentó en su momento el ex ministro Errázuriz. Desde el Consejo para la Transparencia se informó a CIPER que, tras el fallo de la Corte Suprema, la información requerida fue entregada en un CD al solicitante.

Un mes después de haber dejado el gobierno, Errázuriz asumió un cargo que ahora podría abrirle otro flanco por conflicto de intereses, debido a su nueva relación comercial con los controladores de Subus. En abril fue nombrado integrante del  Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, creado a instancias de la Presidenta Michelle Bachelet. Este organismo consultivo debe revisar y proponer políticas para el desarrollo armónico de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo mismo, una de sus tareas prioritarias es sugerir políticas relacionadas con el transporte de pasajeros.

SOCIOS COLOMBIANOS

El nuevo socio de Pedro Pablo Errázuriz en la empresa Servimin S.A., es Inversiones Fanalca Chile Limitada, formada con capitales colombianos y propietaria del 66,3% de la operadora del Transantiago Subus. A partir de noviembre de 2008, la filial chilena de Fanalca es controlada en un 99% por Fanalca Panamá S.A. y el 1% restante está en manos de Alberto Losada Torres, empresario colombiano, cuya familia fundó Fanalca.

La nueva empresa Servimin S.A. está orientada a la asesoría y servicios en la actividad minera, privada o pública, incluido el transporte, según se lee en el extracto de su constitución (vea una copia del registro publicado en el Diario Oficial).

Pedro Pablo Errázuriz

El ex ministro dijo a CIPER que Servimin “es una iniciativa que está recién comenzando, en etapa muy preliminar. Son capitales de riesgo, orientados a buscar posibilidades de servicios a la actividad minera, aprovechando la experiencia en el rubro que tienen los otros socios”.

Errázuriz insistió en que no ve conflicto alguno en asociarse con el controlador de una de las empresas que sirve al Transantiago, habiendo sido él titular de Transportes y el negociador de los nuevos contratos:

-Fanalca tiene experiencia en muchos otros negocios, entre ellos la minería, y lo que estamos buscando son nuevas oportunidades, un nuevo emprendimiento. De hecho, a mí me invitó a integrar la sociedad otro de los socios y me incorporé cuando ellos ya estaban. No fui yo quien contactó a Fanalca para sumarse a la sociedad.

El capital con que se inicia este nuevo negocio es de $120 millones que, según explicó el mismo Errázuriz, aportarán en partes iguales los cinco socios en un plazo de seis meses. Los otros tres integrantes son Inversiones Lede Limitada, de propiedad de Jorge Lesser García-Huidobro y María Olga de Heeckeren; Inversiones Buriti e Inversiones Brod Limitada, propiedad de Maristella Ranzetta Anelli, José Antonio y Felipe Trevizan Ranzetta.

El ex ministro de Transportes constituyó este año otras dos sociedades. La primera de ellas es la consultora Veta Tres SpA, en sociedad con Abel Ignacio Bouchon –ex gerente general de Embotelladora Andina y director de Madeco- y Juan Carlos Jobet Eluchans, ex ministro del Trabajo. El giro de esta empresa es la inversión y la asesoría profesional para el desarrollo de negocios. La segunda es la Sociedad de Inversiones y Consultoria Quiz SpA, una inversión que emprendió junto a la ex subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, y Cecilia Godoy Cruz, ex coordinadora de planificación y desarrollo del mismo ministerio.

Desde abril de este año, Pedro Pablo Errázuriz integra además al directorio de la mayor empresa constructora peruana: Graña y Montero, que opera en Chile desde 2011. El año pasado la compañía anunció que proyecta invertir unos US$ 400 millones en Chile, principalmente en las áreas de minería y energía. En esta última espera desarrollar proyectos relacionados con hidro y termo electricidad.

Una de las últimas apariciones públicas del ex subcomisario de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, Rodrigo Escobar, ocurrió el 9 de mayo de 2013. Ese día, Escobar logró poner a disposición del Juzgado de Garantía de esa ciudad a un padre que había abusado de su hija de 8 años. Según lo que contó en esa oportunidad el policía de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme), el padre de la niña estaba separado de la madre y la hija lo visitaba frecuentemente en su domicilio de la Población Anef de Puerto Montt. Allí el sujeto cometía los delitos.

No era la primera vez que Escobar aparecía públicamente liderando un procedimiento policial relacionado con abusos sexuales. En marzo del 2010, logró dar con el paradero de un hombre de 37 años que exhibía sus genitales en la vía pública a menores de edad en el sector La Paloma de la misma ciudad. Y meses más tarde, detuvo a un sujeto de 23 años que violentó sexualmente a una anciana de 83 en su domicilio de la localidad de Maullín (al sur de Puerto Montt). “Numerosas contusiones faciales y abdominales dan cuenta de la extrema violencia con la que actuó el imputado”, dijo a la prensa Escobar tras el exitoso operativo.

Pese a sus logros profesionales, la brillante y ascendente carrera del subcomisario Escobar en la PDI terminó de manera abrupta. Su salida se concretó a fines de junio y, tras obtener la baja, se trasladó de ciudad. Según la versión que entregó la PDI de Puerto Montt, Escobar renunció a la institución en busca de mejores expectativas económicas.

Fiscal Marcello Sambuceti

Pero la fiscalía regional maneja antecedentes que apuntan a que el cambio de rumbo del policía podría haberse producido por otros motivos, muy distintos a los señalados por la PDI. Hoy Rodrigo Escobar está siendo investigado junto a otras personas por la Fiscalía de la Región de los Lagos para esclarecer su presunta participación en una red de explotación sexual infantil en Puerto Montt. Una de las menores involucradas en esta red ilícita reveló haberle prestado servicios sexuales al ex policía en varias oportunidades. La confesión surgió en medio de una investigación que lideraba el mismo Escobar iniciada a partir de una denuncia por violación en la vía pública presentada por la madre de la misma menor que confesó haber tenido relaciones sexuales con el ex sub comisario.

Ésta es sólo una de la decena de denuncias por abuso sexual contra menores de edad que se han presentado desde enero de 2012 ante los tribunales de la Décima Región, muchas de las cuales estaban siendo investigadas precisamente por el equipo de la PDI que integraba Escobar. El miércoles 20 de agosto la situación cambió. Se designó a un fiscal con dedicación preferente para investigar todas las denuncias y la unidad en la que Escobar se desempeñó como subcomisario quedó al margen. Es la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros (SIP) la que asumió las diligencias para desbaratar la red de explotación sexual de menores que opera en completa impunidad desde hace varios años en una de las arterias más conocidas de esa ciudad (Antonio Varas).

Según lo señalado a CIPER por el fiscal a cargo de la investigación, Marcello Sambuceti, a la indagatoria se sumó también el Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar), parte de cuyos efectivos trabajan con dedicación exclusiva en el caso.

MÁS QUE RUMORES

El martes 19 de agosto, el jefe regional de la PDI de Puerto Montt, Cristián Moena, salió al paso de un artículo publicado por el diario El Llanquihue, que refería a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público para esclarecer la presunta participación de un “ex funcionario de la Brisexme en la explotación sexual de menores”. El prefecto argumentó que las versiones que apuntaban a un funcionario policial en el caso estaban “en el ámbito sólo del rumor”.

Lo que Moena no dijo fue que aquello que catalogó de “rumor” ya había tomado forma jurídica semanas atrás, poco después de que Escobar dejara la institución. CIPER tuvo acceso a una querella criminal presentada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt el 7 de julio pasado por el organismo Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de la Región de Los Lagos (que trabaja con niños y adolescentes vulnerables) “en contra de quienes resultaren responsables de todos aquellos delitos que en el curso de la investigación se determine”. La querella se sustenta en una serie de acusaciones que vinculan directamente a Rodrigo Escobar con la red de explotación sexual.

Calle Antonio Varas, Puerto Montt.

Tal como se relata en el escrito, a principios de junio de este año la madre de una menor involucrada en la red fue citada a declarar  por efectivos de la Brisexme. Ello, producto de una denuncia que la mujer había presentado tiempo atrás por una violación de la que fue objeto su hija en la vía pública.

La madre acudió al cuartel de Investigaciones acompañada de la menor y allí prestaron declaración. El subcomisario de la unidad encargada de investigar delitos sexuales, Rodrigo Escobar, se sentó frente a ellas y escuchó. Según relató después la madre de la menor, a los pocos minutos de haberse iniciado el procedimiento, percibió un  inusual trato de confianza entre su hija y Escobar. Como si se conocieran de antes. Siempre según el relato de la madre, ella decidió encarar al subcomisario y pedirle explicaciones. Y fue entonces que el efectivo policial le habría confesado que efectivamente conocía desde hace un tiempo a su hija y que, en una sola oportunidad, habría intimado con la adolescente.

Según relató la mujer, la versión del policía fue refrendada por su hija. Con una diferencia respecto de la versión de Escobar: la menor insistió en que la relación sexual se concretó en más de una ocasión. Según consigna la querella criminal, la madre grabó con su celular la conversación que sostuvo con el entonces subcomisario y la entregó al Ministerio Público de Puerto Montt.

Esa grabación es ahora una de las pistas clave que analiza el fiscal con dedicación preferente  Marcello Sambuceti, quien lleva la investigación de todas las causas relacionadas a la red de explotación sexual de menores en la región, incluida la que involucra al ex subcomisario de la Brisexme de Puerto Montt.

-Sí, efectivamente (la grabación) es parte de diversas aristas de la investigación y el resultado de aquello no lo puedo informar aún precisamente para no entorpecer la investigación. Pero sí, forma parte de distintos elementos –dijo el fiscal Sambuceti a CIPER.

Dos nuevos antecedentes fueron entregados al fiscal Sambuceti. El primero de ellos ocurrió días después del episodio en que el ahora ex detective le habría confesado a la madre de la víctima su relación con la menor. Según el relato de la mujer, dos miembros de la PDI se presentaron en su domicilio y allanaron la morada. Los funcionarios no contaban con una orden y tampoco se identificaron, se señala en la querella.

GOLPIZA POR ENCARGO

El segundo hecho relacionado con la denuncia que involucra a un policía en la red de explotación sexual infantil, ocurrió el 20 de junio, día en que según la Policía de Investigaciones renunció el subcomisario Rodrigo Escobar. El comunicado oficial de la PDI, entregado el 19 de agosto, señala que Escobar presentó su renuncia a la institución, “a contar del 20 de junio de 2014”.

La mañana de ese mismo 20 de junio, la misma menor que había confesado haberle prestado servicios sexuales al policía, fue trasladada por el SAMU al servicio de urgencia del Hospital de Puerto Montt. Carabineros la había encontrado inconsciente y malherida en la calle.

Según informaron desde el Hospital de Puerto Montt  a CIPER, la adolescente ingresó al centro asistencial a las 10 de la mañana con contusiones faciales y fractura nasal. Era la segunda vez que la menor era llevada al hospital en el último mes. La anterior, según registros del mismo establecimiento, fue producto de la violación que sufrió en la vía pública y que dio origen a la investigación que inició la Brisexme a cargo del subcomisario Escobar.

En la querella criminal presentada ante el tribunal de garantía, se señala que la adolescente identificó a otras menores de la red de explotación sexual como responsables de la agresión. En particular, a una adolescente a quien se refirió como una persona muy cercana al policía (Escobar) y con la que éste habría mantenido relaciones sexuales en reiteradas oportunidades. La menor atribuyó la golpiza a una venganza por encargo del efectivo policial.

Ese mismo 20 de junio, el subcomisario Rodrigo Escobar entregó su armamento y dejó la institución. Poco después se sabría que también había abandonado la ciudad para radicarse en Chiloé. Según señaló el prefecto de la PDI, Cristián Moena, el ex subcomisario se fue de la institución “por mejores expectativas económicas en la vida privada y no por este tema, ya que es ingeniero civil industrial, es de los subcomisarios profesionales”.

LOS ALCANCES DE LA RED

Las primeras noticias sobre la red de explotación sexual de menores en Puerto Montt se hicieron públicas a fines de febrero de este año, cuando cuatro menores de entre 13 y 15 años fueron halladas junto a dos hombres en una casa abandonada en la intersección de las calles Antonio Varas y Copiapó. Las menores se habían fugado semanas antes de un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Pamela Soto, directora regional del Sename.

En marzo de este año el Sename presentó las primeras querellas en tribunales de Puerto Montt y Castro para que se investigara una red que reclutaba menores para explotarlos sexualmente en distintos puntos de la región. Las denuncias del organismo público se sumaron a las que anteriormente ya había interpuesto en tribunales y por el mismo motivo el Serpaj.

Las modalidades que asume la explotación sexual de menores en la Región de Los Lagos están ampliamente documentadas. Al respecto, existe un informe publicado en diciembre de 2011 por el mismo Serpaj que no sólo resulta esclarecedor, también estremece.

En él se identifican distintas fórmulas bajo las cuales opera la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas se destaca la “trata interna”, modalidad en la que redes concertadas trasladan jóvenes a islas cercanas al puerto de Quellón (Chiloé) con el fin de ser explotadas sexualmente. Esta variante estaría asociada a la creciente demanda por servicios sexuales de parte de la población flotante de trabajadores que llegan a la región para realizar labores específicas en algunos periodos del año.

Otra de las fórmulas que se identifica en el informe son los “cabañazos”: fiestas privadas a las que se lleva a las adolescentes y que tienen “como escenario alguna cabaña arrendada para esos fines en las que habría un elevado consumo de alcohol y drogas, acompañado de encuentros sexuales entre todos los participantes”.

Sobre las formas de reclutamiento de las menores y las condiciones en las que se las iniciaba en esta red de prostitución, el informe señala: “Existen indicios de que habría jóvenes que concurrían a los establecimientos educacionales, con el fin de captar a otras potenciales víctimas.  Según se pudo precisar, las víctimas adquirían cierto nivel de estatus al participar de estas fiestas, convirtiéndose en foco de envidia de parte de sus pares al relacionarse con adultos que las conducen en vehículos ‘tuning’ (enchulados), generando la ilusión de participar de un mundo de permanente diversión”.

Por último, se describe otro de los métodos detectados para el comercio sexual de menores en la zona, el que se realiza en pequeñas embarcaciones de pescadores artesanales que al término de su jornada laboral recalan en el puerto de Quellón. Allí recogen a las menores y luego las llevan mar adentro para “proceder a tener algún tipo de intercambio sexual”.

El miércoles 20 de agosto el Sename volvió a presentar nuevas querellas (en total suman cinco las que han sido interpuestas por el organismo a la fecha) con el fin de identificar a los responsables de operar estas redes ilícitas de comercio sexual con menores de edad, las que se extienden a distintos puntos de la Región de Los Lagos.

En el último piso de un edificio de Plaza Italia y con una imponente vista a la Cordillera de Los Andes, funciona el Panel Técnico de Concesiones. Todos los meses el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cursa los pagos de sus integrantes, monto que en el caso de su presidente puede llegar a superar incluso el sueldo del ministro del ramo e igualar el de la Presidenta Michelle Bachelet. El panel sesiona tres veces al mes y en cada ocasión sus miembros se reúnen por cerca de tres horas. Lo llamativo es que en sus cuatro años de funcionamiento -fue creado en 2010-  todavía no ha debido resolver ninguna controversia entre el MOP y las concesionarias, que fue el argumento por el cual se creó y la justificación para los altos sueldos de sus integrantes.

Fueron justamente los altos salarios y la falta de casos los que encendieron las alertas en el MOP, cuando se intentó poner en práctica el instructivo que ordenaba que dentro de los ministerios no hubiera sueldos superiores a los del subsecretario. Hasta entonces, el panel había funcionado silenciosamente y sin que se pusiera en cuestión su labor.

Los honorarios de sus integrantes están determinados por el número de sesiones a las que asisten. Hasta ahora no ha habido controversias que los obliguen a reunirse, por lo que son ellos mismos los que definen cuántas veces se juntan y, por lo mismo, deciden parte de lo que ganan. Los primeros integrantes del consejo definieron las normas de funcionamiento del panel, estableciendo que se reunirían al menos dos veces al mes. Sin embargo, habitualmente lo hacen tres veces.

Por ley, el presidente recibe una remuneración mensual de 150 UTM ($ 6,3 millones), más 25 UTM por cada sesión a la que asista ($ 1 millón), con un tope de 300 UTM ($ 12,6 millones). Considerando que en promedio preside tres sesiones al mes, su sueldo habitual supera los $ 9 millones, un monto similar al bruto de la Presidenta Michelle Bachelet (ver sitio de Transparencia). El sueldo bruto del ministro de Obras Públicas es de $ 8,6 millones, lo que tras los descuentos legales queda en $ 6,3 millones (ver especial de CIPER).

Los otros miembros del panel tienen un salario fijo de 100 UTM ($ 4.200.000) más 20 UTM ($ 840 mil) por cada sesión, por lo que habitualmente reciben unos $ 6.7 millones. A diferencia del presidente, quien tiene dedicación exclusiva, los consejeros sólo asisten a las sesiones, por lo tanto ganan, en promedio, unos $2,2 millones por reunión o unos $ 700 mil por hora.

A los cuatro integrantes del panel se suma la secretaria abogada, Paula Silva, quien por ley gana 150 UTM ($ 6,3 millones). Hasta 2013, el convenio anual que firmaba con el MOP contemplaba que debía cumplir 44 horas de trabajo a la semana, un requerimiento que eliminó para el 2014. Según Erwin Stagno, presidente del panel, se trata de una formalidad y en la práctica de todos modos trabaja jornada completa.

Los altos salarios no son pagados íntegramente con fondos públicos. Si bien el MOP debe cubrir los gastos administrativos, la ley establece que sólo la mitad de los honorarios de los integrantes del panel deben ser financiados por el Estado, mientras que el resto es pagado por las empresas concesionarias que tienen proyectos que pueden ser revisados por esta instancia.

Alberto Undurraga

En el MOP cuentan que cuando asumió Alberto Undurraga de todos modos se sorprendió cuando vio la magnitud de los montos. Su molestia aumentó cuando supo que dos de los integrantes del panel habían sido nombrados tres días antes del cambio de gobierno (se elijen vía Alta Dirección Pública) y que por ley él no los podía cambiar. En un comienzo, Undurraga simplemente retuvo los pagos cuando llegaron las boletas del panel, hasta tener claridad de qué se trataba y tener una opinión jurídica sobre si podía limitar de alguna forma los montos. De acuerdo a las actas del panel, sus integrantes no recibieron sus honorarios ni en marzo ni en abril.

En mayo tuvo lugar la primera reunión protocolar entre el nuevo ministro y los integrantes del panel de concesiones. Pese a que había un problema evidente –los sueldos de los invitados se habían retrasado–, el tema no se trató formalmente durante el encuentro, sino que después de la reunión Undurraga le planteó la inquietud en privado al presidente de la entidad, Erwin Stagno. En el ministerio aseguran que pese a que el secretario de Estado le hizo ver que era impresentable tener esos niveles de sueldos si no estaban resolviendo controversias, legalmente no puede impedir que el panel se reúna las veces que sus integrantes lo decidan. Y tiene que cursar los cheques.

Stagno niega que el ministro le haya planteado este tema y enfatiza que los honorarios “están determinados por ley. No es algo que el ministro pueda conversar conmigo”. Pero la ley no establece cuántas sesiones debe haber mensualmente y eso determina parte de la remuneración que reciben. “Pudiéramos sesionar bastante más de lo que sesionamos. El presidente puede asistir a seis sesiones y no sesionamos más de tres. Es lo mínimo necesario, no puede ser menos. La envergadura de los contratos y su importancia hacen que no podamos estar dejando de cumplir nuestras funciones”, argumenta Stagno.

LOS ARGUMENTOS DEL PANEL

Erwin Stagno es ingeniero civil, tiene un MBA y ahora estudia Derecho. Trabajó por años en el MOP y desde marzo de 2011 preside el Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas, un cargo que por ley dura seis años. Fue elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública, lo que a su juicio garantiza algo fundamental: que es independiente del gobierno de turno y de los concesionarios.

Stagno se preocupa de explicar la importancia del panel y de mostrar que no es que haya estado de brazos cruzados los últimos tres años. Monitorean desde el principio las concesiones que son susceptibles de tener controversias ante el panel, se reúnen con las empresas, con los inspectores fiscales y él mismo realiza visitas a terreno. Cree que la sola existencia del panel hace que haya menos renegociaciones y controversias en el sector, aunque está seguro de que van a llegar pronto.

-A ojos de la opinión pública o de quien no conoce bien el tema, alguien puede decir “esta gente no tiene trabajo, no desempeña labores”, pero es al contrario, es una labor ingrata porque esta contención y ordenamiento del sistema que está permitiendo el panel técnico hacen que bajen los niveles de controversia y bajen los niveles de renegociación. Y eso nadie lo va a saber porque no van a llegar reclamaciones -dice Stagno.

Actualmente están desarrollándose concesiones por US$ 3.500 millones que quedan bajo el ámbito de solución de controversias de este panel. Antes de la existencia de este mecanismo, el Estado tuvo que pagar US$ 520 millones por fallos arbitrales y renegociar contratos por US$ 2.500 millones, lo que Stagno expone como un argumento que reafirma que era necesaria una institucionalidad distinta, que hiciera seguimiento a los proyectos desde el inicio y tuviera plazos acotados para resolver.

LA HISTORIA DE LA LEY

Durante su primer gobierno (junio de 2007), la presidenta Bachelet envió un proyecto que modificaba la Ley de Concesiones. Entre los puntos que se buscaba perfeccionar, estaba el hacer más eficiente el  trabajo de la comisión conciliadora y la comisión arbitral que dirime las diferencias entre el Estado y la empresa concesionaria.

Fue en el Senado que empezó a hablarse de crear un panel de expertos. De acuerdo al primer informe de la Comisión de Obras Públicas, algunos académicos invitados, como Alexander Galetovic y Eduardo Engel, propusieron un panel que resolvería las controversias entre las concesionarias de obras públicas y el Estado.

Ronald Fischer (Fuente: www.dii.uchile.cl)

Otro de los que abogó por este tipo de institucionalidad fue Ronald Fischer, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quien puso como modelo el panel de expertos del sector eléctrico, del que él mismo fue integrante. Expuso que éste ha bajado la conflictividad del área eléctrica, que en sólo 35 días hábiles resuelve las controversias y está compuesto por personas que tienen expertise en la materia. De acuerdo al acta, Fischer dijo que no se habían presentado quejas por falta de independencia ni por fallos mal hechos, lo que a su juicio se debía a la experiencia y conocimientos de los integrantes del panel, con lo cual se había reducido el riesgo para los inversionistas y el Estado no debía compensar a las empresas.  Actualmente el propio Fischer es uno de los integrantes del Panel de Concesiones de Obras Públicas.

La recomendación de Fischer, Engel y Galetovic, fue escuchada y en varios aspectos el panel de concesiones se parece al panel eléctrico, pero tienen una gran diferencia: los dictámenes de este último son vinculantes para las partes, en cambio en el sector de las concesiones se trata de una simple recomendación. Lo que decida el panel de concesiones puede ser acatado o no, y las partes de todos modos pueden recurrir a un arbitraje, donde el dictamen del panel será considerado como un peritaje independiente.

A diferencia de las concesiones de obras públicas, el panel eléctrico resolvió 14 discrepancias en su primer año de funcionamiento, en 2004, y desde entonces el nivel de controversias ha sido muy variable, oscilando entre 2 y 35 casos por año.  Dicha instancia tiene además 7 integrantes, cuyos salarios son aún más altos que los del panel de concesiones.

Los integrantes del panel eléctrico reciben, por ley, una remuneración de 320 UTM ($13,5 millones). Pese a que estos salarios son íntegramente pagados por las empresas eléctricas, de todos modos en los últimos meses se han presentado dos iniciativas que buscan disminuir sus honorarios. El primer proyecto de ley fue enviado por Sebastián Piñera pocos días antes de dejar La Moneda, el 4 de marzo pasado. El segundo ingresó recién el 22 de julio y lleva la firma del diputado Felipe Ward y de otros parlamentarios de oposición.

Curiosamente, ambos proyectos de ley buscan igualar las remuneraciones del panel eléctrico a su par de concesiones. Eso implica que el presidente del primero gane más que el resto de sus integrantes y que parte de sus remuneraciones sea variable, pues dependerían del número de sesiones realizadas cada mes. “Los diputados firmantes de esta iniciativa legislativa, concordamos en la idea que esta homogeneización es necesaria, toda vez que el panel de expertos eléctrico, que es de dedicación parcial, tiene una remuneración claramente exorbitante, tomando en consideración las otras entidades de similar composición y funciones”, dice el texto.

El diputado Ward explica que decidieron reponer el proyecto de Piñera, descartado por el nuevo gobierno, porque les parece que hay “una falta de sintonía entre las remuneraciones de esta gente y las del resto de la administración pública”. El parlamentario asegura que no ha tenido contacto con las empresas eléctricas, que son las que en realidad pagan dichos salarios.

CONTROVERSIA CON LA CONTRALORÍA

Inicialmente el MOP pagó de forma íntegra los honorarios de los miembros del panel, porque aún no había suficientes empresas concesionarias que se hicieran cargo del 50% de sus remuneraciones. En junio de 2012, el ministerio recurrió a la Contraloría para que ésta resolviera cuándo terminaba el plazo de dos años establecido por la ley durante los cuales el Estado debía pagar por completo los honorarios del panel de concesiones, así como también para aclarar cómo debían realizarse dichos pagos una vez que las empresas comenzarán a cancelar su parte.

El organismo contralor determinó en diciembre de ese año que el plazo había vencido en enero y que es el MOP el que debe definir cómo se prorratea entre las empresas concesionarias el pago del 50% que les corresponde. Además, estableció que es dicho ministerio el que debe requerir los montos a los privados y pagar los honorarios a los integrantes del panel.

Para 2014, el presupuesto máximo aprobado para el panel es de $425 millones. Dicho monto toma en cuenta el máximo de sesiones permitidas por la ley, por lo que probablemente el gasto efectivo sea menor. La mitad de esos honorarios, además, debe dividirse este año entre 14 empresas concesionarias.

Una peculiar invitación copó la discusión del Concejo Municipal de San Carlos el 2 de junio pasado. El alcalde Hugo Gebrie Asfura (RN) quería que lo autorizaran a viajar a la XV Cumbre Iberoamericana de Educación y X Cátedra Magistral de Pedagogía Mundial, organizada por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE) y la Honorable Academia Mundial de Educación (HAME). El evento se desarrollaría en Puebla (México), entre el 26 y el 29 de agosto y allí el alcalde Gebrie Asfura recibiría el título de “Doctor en Filosofía de la Educación Ph.D.”.

La solicitud de Gebrie, quien también pidió que el municipio le pagara los gastos del viaje a Puebla, generó un debate entre los concejales sobre la idoneidad del título y de la institución que lo entrega. Ya en 2013, cuando el mismo alcalde planteó asistir a la cumbre del CIHCE, que ese año se hizo en Lima, hubo cuestionamientos en el concejo municipal al viaje y a la validez de los títulos entregados por ese organismo.

Hugo Gebrie en Puebla

“Léalo bien y verá que es comprar un premio”, dijo entonces el concejal independiente Roberto Tapia. No obstante las críticas, en 2013 el alcalde de San Carlos finalmente consiguió permiso para viajar a Lima y el CIHCE le otorgó el diploma de “Doctor Honoris Causa en Administración Educativa”. El viaje lo financió con fondos municipales: Gebrie recibió $3 millones de la Municipalidad de San Carlos.

Los cuestionamientos a la idoneidad de la CIHCE y al viaje eran sólidos. Ya en 2008, el Ministerio de Educación de Ecuador –donde se hizo la cumbre del CIHCE de ese año– publicó una carta firmada por 10 ex ministros en la que se afirmó que “de la información recabada, la selección se efectúa enviando oficios a instituciones educativas y personas dedicadas a la educación para promocionar los reconocimientos que el CIHCE otorga, los mismos que son entregados a cambio de un rubro económico al que denominan membresía” (vea la declaración).

En el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE) no responden a los cuestionamientos. “No necesito comentar al respecto ya que, como con toda organización, siempre hay gente que quiere ver lo malo”, dice Adelina Susanibar, quien trabaja desde 2008 como consultora internacional del CIHCE, donde “canaliza información para la participación en la cumbre iberoamericana, y proyectos educativos internacionales”. Antes trabajó como consultora en Éxito Awards, uno de los patrocinadores del CIHCE.

LOS EVANGELIOS DEL CIHCE

El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad se fundó en Lima (Perú), el 9 de julio de 2001. Según la versión entregada a CIPER por Adelina Susanibar, cada año, a través de su consejo directivo internacional, el CIHCE selecciona a quienes les parecen dignos de recibir alguno de sus títulos honoríficos. Entre ellos, a “centros educacionales que no necesariamente tienen infraestructura, pero sí proyectan excelencia en educación integral”.

Los encargados de la selección de los candidatos son 23 personas, entre ellos dos chilenos. El primero es Nelson Olaf González González, “director de ética y moral de Chile, quien recibió este título por su forma de ser y por lo que él proyecta”, afirma Susanibar. González es ingeniero agrónomo, magíster en Educación de la Universidad Las Américas y divulgador oficial del Sistema Luz de lecto-escritura, creado por su madre, la profesora Alicia González Opazo, para enseñar a niños a leer y escribir usando fonemas. Según el sitio oficial del sistema, “supera totalmente la dislexia y permite que niños y adolescentes con supuesto retardo mental leve y moderado, puedan leer y escribir dentro de tres meses”. En la misma reseña se dice que, González “ejerce como conferencista y expositor, traductor e instructor, especializado en educación no formal (capacitación de adultos), educación informal y técnicas de súper-aprendizaje, aprendidas en viajes de observación e investigación en varios países (1987-88)”.

La otra chilena que aparece en la nómina de los seleccionadores de títulos es Odett Carrasco Fray, rectora del Instituto Profesional de Los Ángeles, a quien se la identifica en la página web del CIHCE como “directora regional de Chile”. Según Adelina Susanibar, Odett Carrasco “espiritualmente es una guía para los miembros del CIHCE”, pero ya no integra el consejo “por razones de salud”. Fue reemplazada por Misael Valenzuela Castro, sostenedor del Liceo Los Andes, en San Pedro de La Paz, y Carlos Véjar Sepúlveda, sostenedor del Colegio Santa Bernardita, de Talcahuano. Ambos establecimientos son particulares subvencionados.

Jorge Morán, director ejecutivo del CIHCE

El director ejecutivo del CIHCE es Jorge Morán Terrones. Este pastor evangélico, quien es presentado en el sitio web del organismo como “doctor”, fue condenado en 2009 en Lima por defraudación tributaria y contra la fe pública en agravio del Estado, según una sentencia del Tribunal Constitucional de Lima.

Morán es también quien recibe a los visitantes del sitio web con un mensaje: “El modelo de educación integral que promovemos es la única respuesta a un mundo que es deteriorado cada día por una sociedad enferma de hedonismo, egoísmo y de escasos principios morales y éticos”.  El modelo del que habla es ampliamente descrito: está destinado a la “preparación completa de todas nuestras potencialidades y condiciones de desarrollo, con el propósito de dirigir, enseñar y transformar a los seres humanos en personas de éxito, felices, sanas y prósperas durante todo su periodo de vida” (vea aquí el documento).

El sitio profundiza en cinco ámbitos: el cuerpo, la mente, el espíritu, las relaciones humanas y el conocimiento especializado. El acápite que más llama la atención es el referido al espíritu, que el CIHCE define como “enseñando la admiración, el amor, el respeto y el temor al Ser Supremo como fuente de inspiración para desarrollar valores éticos”.

Jorge Morán también enseña la admiración y el temor al “Ser Supremo” en la Iglesia Bertolotto de Cristo, donde él y su esposa, Milena Felipa Ponce Estrada de Morán, son pastores. Esa iglesia evangélica tiene la misma dirección que registran en las páginas amarillas de Lima, el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa y la Honorable Academia Mundial de Educación (HAME), uno de los principales patrocinadores del CIHCE y que también es dirigida por Morán: calle Federico Gallese 753, San Miguel, Lima. La otra dirección que comparten CIHCE, HAME y Milena Ponce es Bertolotto 730, también en San Miguel, Lima. Las dos direcciones están a sólo metros de distancia.

LOS PROBLEMAS EN SAN CARLOS

El alcalde Hugo Gebrie Asfura debió llevar a votación cinco veces, en tres sesiones distintas, su solicitud de ir este año a la Cumbre Iberoamericana de Educación del CIHCE. La primera se la rechazaron, las otras cuatro fueron empate.

Gebrie necesitaba para ese viaje a Puebla $2 millones, según él mismo dijo al diario La Discusión, de Chillán. Con eso pagaría los gastos de traslado y viáticos y también los USD$1.200 que el CIHCE cobra por concepto de membresía, monto que incluye talleres y una cena de gala para dos personas. Además, Gebrie pidió la autorización del concejo municipal para llevar como invitado a Jaime Rebolledo Alfaro, director de la Escuela Las Arboledas de la misma comuna, a quien también se le debían financiar sus gastos.

Pero el motivo principal del rechazo expresado por el concejo municipal de San Carlos al viaje fue el gasto que representaba para una municipalidad que ostenta un déficit de $540 millones justamente en educación. Ese es el balance que exhibe el alcalde Gebrie, investido por el CIHCE como Doctor Honoris Causa en Administración Educativa. El déficit tiene su origen, según lo expuesto en las sesiones del concejo municipal, en la baja asistencia en cuatro liceos y gastos en personal, principalmente en dotación del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).

El otro punto en que los concejales de San Carlos fundamentaron su rechazo fue en la insistencia del alcalde de llevar al profesor Jaime Rebolledo a la reunión de la CIHCE. Ya habían ido juntos a otras dos cumbres de esta institución: en la primera, realizada en Puerto Rico, Rebolledo recibió el “Premio Internacional a la Excelencia Educativa”; en la segunda, en Lima en 2013, Rebolledo y el alcalde Gebrier recibieron diplomas. Mientras a Rebolledo le entregaron el “Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa”, Hugo Gebrie recibió el título de “Doctor Honoris Causa en Administración Educativa”.

Ninguno de esos títulos es reconocido en nuestro país. La Universidad de Chile, institución que valida los títulos entregados en el extranjero, no reconoce las distinciones entregadas por el CIHCE por ser honoríficas.

Ante la insistencia del alcalde Gebrie de viajar a Puebla acompañado por el profesor Rebolledo, los concejales argumentaron que si en esa cumbre se hacían talleres y ponencias sobre educación, era hora de darle la oportunidad de asistir al congreso a directores de otras escuelas destacadas de la comuna.

El alcalde les explicó entonces que el profesor Rebolledo tenía una buena asistencia en su colegio y contaba con el presupuesto para financiar el viaje, pues obtendría los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), una subvención especial destinada a apoyar a los alumnos vulnerables de los establecimientos que reciben recursos públicos. No obstante los dichos de Gebrie, en el Ministerio de Educación puntualizaron a CIPER que los dineros SEP no pueden ser usados en el pago de viáticos, pasajes o membresía de una premiación. El concejal independiente Roberto Tapia dijo a CIPER que los miembros del concejo harán una presentación a la Contraloría, para que ésta investigue y se pronuncie sobre el uso de estos recursos.

Cuando los concejales reiteraron su rechazo a que Jaime Rebolledo acompañara a Gebrie a la cumbre de la CIHCE en Puebla, el alcalde replicó que Rebolledo haría en la cumbre una ponencia sobre los tres años del premio, y amenazó con no ir si no le permitían que el profesor Rebolledo lo acompañara.

-Los méritos de Jaime Rebolledo están a la vista y yo cumplo, como jefe de educación de San Carlos, con llevar al líder, al número uno –dijo el alcalde Gebrie a CIPER.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En junio de este año, Gebrie recibió oficialmente la convocatoria para asistir al congreso de Puebla, la que fue extendida por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa CIHCE y la Honorable Academia Mundial de la Educación HAME.

Según el mismo Gebrie contó a CIPER, no es fácil ser premiado en estos encuentros: “seleccionan gente a través de los 22 países que representan, pero ahí no eligen a cualquiera, ni a alguien que no tenga méritos, y eso sí que lo tengo claro”. Aunque no existe una lista pública oficial, el alcalde de San Carlos no es el primer chileno que recibe títulos honoríficos del CIHCE.

Entre los premiados figura Raúl Baeza, ex rector y uno de los cuatro dueños y fundadores de la Universidad del Mar, quien recibió el “Premio de honor a la excelencia educativa” en 2006. Baeza, quien falleció en 2013 cuando era investigado por la justicia por la acreditación fraudulenta de su universidad, es un rostro emblemático cuando se habla de lucro y mala calidad de la Educación Superior por el estrepitoso desplome y quiebra de la Universidad del Mar.

Otros chilenos galardonados por el CIHCE son Camilo Arenas, ex director de la Escuela La Greda, en Puchuncaví, nombrado “Máster en Gestión Educativa en Iberoamérica” y “Doctor Honoris Causa de Iberoamérica”; y la Escuela LORMAX, con giro en educación extraescolar (de conducción, música y modelaje, entre otros).

María Luisa Piraquive

A nivel internacional, con el título “Doctor Honoris Causa Summa Cum Laude” figura la colombiana María Luisa Piraquive, cofundadora y líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, acusada este año en su país de lavado de activos. Aunque en su país se la cuestiona por discriminación a los discapacitados, en Puebla se le premió justamente por un proyecto con población discapacitada.  Junto a Piraquive aparece el argentino Gabriel Pirato Mazza, presidente de la Asociación de Rectores de Argentina (patrocinadora de la cumbre del CIHCE de este año en Puebla), quien recibió el título de “Patriarca Iberoamericano de la Educación, Cultura y la Democracia”. Un galardón similar le fue otorgado en 2008 al pastor mexicano Samuel Flores, a quien se le identifica como “excelentísimo apóstol de Jesucristo”.

XV CUMBRE IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN

Después de tantas horas dedicadas al viaje del alcalde a Puebla, el Concejo Municipal de San Carlos no llegó a acuerdo. Se decidió entonces realizar una sesión extraordinaria el 7 de julio a las 15.30 horas. De esa reunión no hay actas registradas, pero algunas semanas después la prensa local informó que al alcalde le habían rechazado su viaje junto al profesor Jaime Rebolledo, por lo que Hugo Gebrie  decidió pagar él mismo los costos.

-Al final yo eliminé la temática pidiendo mis vacaciones, sacando mi chequecito del bolsillo, sin pedirle plata al concejo ni tener que mirarle la cara a nadie -contó a CIPER Hugo Gebrie.

El domingo 24 de agosto Hugo Gebrie Asfura llegó a la ciudad mexicana de Puebla, acompañado de Jaime Rebolledo, para asistir a la XV Cumbre Iberoamericana de Educación y X Cátedra Magistral de Pedagogía Mundial cuyo tema principal fue: “Educando para formar seres humanos de excelencia”.

El alcalde contó a CIPER que en el evento habría “dieciséis charlistas del más alto nivel internacional, que harán capacitaciones entre el 26 y el 29 de agosto”. Los ejes temáticos iban desde “El amor en la educación como catalizador de la preparación para la vida” hasta “El participar de la oración como parte de la entrega de nuestro trabajo diario para la educación” y “La importancia de la reconciliación a través del perdón para una buena educación”.

En Puebla, el estado patrocinador del evento, un 8% de la población no sabe leer ni escribir, según el último estudio entregado por el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) de México. El medio mexicano Animal Político cuestionó el carácter religioso del evento patrocinado por el estado. A Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, le CIHCE le entregó el título de “Ilustrísimo Caballero de la Educación”, con toga, birrete, guantes y espada incluidos.

Fallas graves en el sistema de ventilación del Hospital El Carmen de Maipú y que podrían provocar que el aire contaminado con infecciones reingrese al establecimiento, obligaron a suspender todas las intervenciones quirúrgicas de riesgo. La decisión fue adoptada este lunes 15 de septiembre por el director del hospital, doctor Ricardo Saavedra, debido a la alta probabilidad de que pacientes y funcionarios se vean afectados por infecciones intrahospitalarias. La alerta sanitaria vuelve a poner en el debate público la controversia respecto de si el primer hospital concesionado del país estaba en condiciones de abrir sus puertas cuando fue inaugurado hace sólo nueve meses.

Los problemas en el mecanismo de extracción y reposición del aire, además de otras falencias técnicas graves, quedaron al descubierto en una investigación encargada por el doctor Saavedra. La inspección en terreno arrojó un lapidario diagnóstico sobre la calidad de las obras realizadas por la empresa española que obtuvo la concesión de la construcción y operación del hospital: el “Consorcio San José-Tecnocontrol S.A.”, al cual el Fisco debe pagar más de US$30 millones cada año. Además, la investigación pone en jaque el desempeño de los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas, encargados de fiscalizar el trabajo de la concesionaria, los que habían dado luz verde al funcionamiento definitivo del hospital recién en junio de este año.

Inicio de obras Hospital El Carmen

Los nueve informes de la investigación técnica solicitada por la dirección del hospital, a los que CIPER tuvo acceso, detuvieron los esfuerzos de la concesionaria y de los inspectores fiscales por conseguir la llamada “Puesta en Marcha Definitiva” del establecimiento, el que hasta ahora funciona de manera provisoria.

Además de la suspensión de las operaciones calificadas de riesgo, en el estamento médico del hospital existe la voluntad de suspender los pagos a la concesionaria hasta que repare las fallas. Pero la empresa hasta ahora se niega a reconocer las deficiencias, que abarcan desde el mal funcionamiento de ascensores a incumplimientos en los sistemas que mantienen las temperaturas en pabellones y recintos críticos.

La prolongada crisis del hospital también ha fracturado la relación entre los funcionarios, pues una parte está firmemente dispuesta a exigir las mejoras, mientras otros se inclinan por evitar conflictos.

En este crítico ambiente ha salido a colación la existencia de un grupo de directivos de El Carmen que reciben sobresueldos adicionales a su contrato por la vía de otra remuneración que paga el Centro Referencial de Salud de Maipú.

LUZ VERDE FALLIDA

El 20 de junio pasado se constituyó la Comisión de Puesta en Servicio Definitiva (CPSD) de las obras del Hospital de Maipú, instancia formada para dar luz verde a la operación del centro hospitalario concesionado que abrió sus puertas el 7 de diciembre de 2013. Allí, el inspector fiscal del contrato de concesión del hospital y asesor del CPSD, Jorge Muñoz, señaló a los asistentes del Ministerio de Obras Públicas y del Servicio de Salud Metropolitano Central que se había logrado verificar el levantamiento de todas las observaciones que la comisión anterior –la de Puesta en Servicio Provisorio (PSP)– había realizado al hospital pocos días antes de su apertura. A la luz de esos antecedentes correspondía proceder con la autorización definitiva para su funcionamiento.

Según el acta de esa sesión (ver aquí), a la que CIPER tuvo acceso, el inspector fiscal hizo entrega formal a la comisión de los antecedentes que daban por superadas las observaciones, señalando que los puntos “están resueltos y respaldados a través de fichas de recepción que se encuentran en su poder”.

La absoluta conformidad del inspector fiscal respecto del estado de las obras e infraestructura del Hospital El Carmen de Maipú (HEC), contrastaba radicalmente con la visión de uno de los asistentes a esa misma reunión del 20 de junio: Cristián Alarcón. El ingeniero Alarcón, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), había desarrollado en paralelo a la labor de la CPSD, una investigación en terreno solicitada por el director del hospital. Para ello encabezó un equipo de especialistas técnicos que levantaron observaciones respecto del estado del establecimiento, a objeto de apoyar su proceso de puesta en servicio definitiva.

En calidad de representante del SSMC, Cristián Alarcón expuso las conclusiones preliminares de su investigación ante la CPSD en esa reunión del 20 de junio, advirtiendo que existía una serie de observaciones técnicas complementarias que debían ser subsanadas antes de entregarle el permiso definitivo al hospital. Al tratarse de observaciones preliminares, lo que allí dijo el ingeniero no pareció tan grave. Así y todo, la comisión decidió revisar esas observaciones y considerarlas en el análisis. Al mismo tiempo, se autorizó a Alarcón y su equipo a revisar la totalidad de las observaciones aprobadas por el inspector fiscal y, para ello, el éste pidió las fichas de recepción de las obras que justificaban el “Informe de estado de situación hospital de Maipú al 20 de junio de 2014”, documento según el cual el hospital podía operar ya no de manera provisoria, sino definitiva.

LAPIDARIAS CONCLUSIONES

Las conclusiones preliminares presentadas por Cristián Alarcón al CPSD fueron incluidas en nueve informes entregados hace sólo unos días a los miembros de esa misma comisión y también a las planas directivas del Hospital El Carmen y del SSMC. La información contenida en los documentos es lapidaria y sus conclusiones sugieren que algunos recintos críticos del HEC (pabellones, UCI y UTI) no debieran estar funcionando.

Fue por esa razón que este lunes 15 de septiembre el director del Hospital, Ricardo Saavedra, convocó a los principales directivos del establecimiento a un Comité Estratégico de Riesgo Clínico, en el que se tomó la decisión de suspender todas las operaciones de riesgo ante la probabilidad de infecciones intrahospitalarias. De hecho, para ese día estaba programada una operación de prótesis de caderas, la que debió ser aplazada por orden del director del hospital.

Hospital El Carmen de Maipú

De los nueve informes, en los que se pueden apreciar 410 objeciones y situaciones de no cumplimiento respecto de la arquitectura y construcción; seguridad contra incendios, terremotos y señalética; instalaciones de agua potable y alcantarillado; mobiliario y gases clínicos, entre otras, hay una que resulta especialmente grave. Se trata del informe en el que se analizan las instalaciones de climatización en el recinto de acuerdo a parámetros reconocidos y validados internacionalmente (normas UNE y ASHRAE, entre otras). Son los mismos parámetros cuyo cumplimiento estaba comprometido en el origen del proyecto.

Señala el informe que en los pabellones del hospital existen “fugas importantes tanto en las unidades manejadoras de aire, como en los ductos”. Además, que no se controla la humedad del ambiente y que las presiones medidas en pabellones son “extremadamente bajas, representando el 10% del valor recomendado”. También que existen espacios donde se corre el peligro de que “las descargas de aires viciados puedan retornar aire contaminado a salas limpias”, producto de fallas en el diseño de los espacios.

La situación más grave afecta a los pabellones 2 y 3 del recinto, los cuales no cuentan con extracción para los residuos provenientes de los “gases anestésicos”. Respecto de este punto, el informe señala que la literatura médica describe que este tipo de contaminación puede producir consecuencias graves:

“En exposiciones prolongadas en el tiempo, se ha detectado en el personal médico de pabellones problemas de salud considerables, como abortos espontáneos, anemias, aumento de malformaciones congénitas en hijos de madres expuestas, aparición de problemas hepáticos, renales y neurológicos e, incluso, ciertos tipos de cáncer”.

Situaciones similares afectan a los recintos de la UCI-UTI de adultos y también infantil. En ambos, la presión ambiente se encuentra en niveles negativos: “Situación anormal, fuera de norma y fuera de lo indicado en el estándar de especificaciones técnicas del proyecto”, señala el informe. Asimismo, en las salas UCI-UTI se detectó que el retorno del aire se mezcla con la toma de aire exterior para ser nuevamente inyectado a los recintos. Tampoco cuentan con “control sobre la presión diferencial”, lo que impide mantener aislados a pacientes contagiosos o inmunodeprimidos (con defensas bajas).

“No se ha filtrado el aire de expulsión al exterior proveniente de recintos infecciosos y de salas de pacientes aislados. Existe gran probabilidad de que los aires contaminados expulsados puedan reingresar al hospital. Parte del aire que proviene de recintos aislados se está reinyectando a los recintos de UCI-UTI. La falta de climatización implica que los niveles de temperatura en verano pondrán en riesgo las muestras médicas y mezclas químicas. La falta de control de humedad podría aumentar los problemas en el aparato respiratorio de los pacientes y favorecer la proliferación de bacterias, gérmenes y virus”, son parte de las conclusiones del documento (vea aquí conclusiones del informe).

Otras irregularidades detectadas se refieren al estado de los ascensores. Según el informe, en dos de los pisos se verificó la existencia de grietas a la entrada de los elevadores y que éstos no cuentan con certificación del fabricante, ni menos con la de un revisor independiente, tal cual exige la norma.

Pero la situación es más grave en otros dos módulos del hospital donde sencillamente los ascensores se encuentran “constantemente fuera de servicio”, según señala el informe (vea el informe sobre transporte vertical).

¿SUSPENSIÓN DE PAGOS?

El Hospital El Carmen -junto al de La Florida- fue adjudicado como un solo paquete en noviembre de 2009 al Consorcio San José-Tecnocontrol, que postuló a la concesión con la oferta más barata por la construcción de ambos: 9.757.184 UF, equivalentes hoy a $235.506 millones -pagaderos en ocho años- más un subsidio a la operación (SFO) de 240 mil UF ($5.793 millones) por 15 años.

El decreto adjudicatorio entró en vigencia en noviembre de 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y está firmado por la misma mandataria, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, y el de Hacienda, Andrés Velasco. El proyecto de esta primera concesión hospitalaria en Chile se venía incubando desde el gobierno de Ricardo Lagos.

Ambos establecimientos -considerados de mediana complejidad- son similares en metros construidos, pabellones y camas. Del total antes mencionado, a El Carmen le toca desembolsar 532.836 UF  ($12.861 millones) cada año para cancelar la construcción. La emisión de los cheques se hace cada cuatro meses y el primero que recibió la concesionaria por este concepto fue de $4.300 millones, aproximadamente.

Pero cada mes, el hospital debe hacer otro cheque a la empresa, que bordea el millón de dólares ($590 millones). Es para pagar el SFO, vale decir los servicios que proporciona la concesionaria: aseo, ropería, alimentación, mantenimiento de infraestructura, cafetería, vigilancia, estacionamientos y jardín infantil, cuenta que no incluye servicios básicos como la luz ni el agua, por ejemplo, que los paga el Fisco.

Los pagos a la concesionaria deben ser visados por el director del hospital. Miembros del estamento médico del establecimiento dijeron a CIPER que el director Saavedra está evaluando suspender las millonarias cuotas por la construcción, mientras no sean subsanadas las graves fallas y riesgos de salud detectados en las inspecciones propias. Las mismas fuentes aseguran que en igual postura estaría la jefatura de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que desautorizó al inspector fiscal del MOP, Jorge Muñoz, quien había dado luz verde a la puesta en marcha definitiva del hospital, paso indispensable para que se pague a la empresa española.

MILLONARIOS GALLEGOS

Jacinto Rey, presidente del grupo San José. (Fuente: bolsasymercados.es)

La operadora del Hospital El Carmen partió en Galicia como Constructora San José, pero en 50 años se convirtió en Grupo San José, cuyos dueños están ahora entre los 200 más ricos de España. La compañía la preside Jacinto Rey González, quien expandió los negocios a lo inmobiliario, la energía y las concesiones, con una facturación el año pasado de 567 millones de euros ($435 mil millones) y presencia en Europa, América, África y Asia. Rey y sus socios también son dueños de enormes extensiones en Paraguay, donde el grupo ha sido apuntado por denuncias ambientales relacionadas con la tala no autorizada de bosques, confirmadas por las autoridades.

Jacinto Rey ya en 2009 había clavado sus ojos en Latinoamérica, y particularmente en Chile. “Aquel subcontinente es muy importante para nosotros; no sé cómo la gente no se da cuenta de eso”, subrayó a la revista española Bolsas y Mercados. Y reveló otro de sus intereses: el proyecto de Corredor Bioceánico Chile-Argentina, con la construcción de un túnel de baja altura entre ambos países.

En su presentación on line, el grupo destaca como experiencia en el sector de la salud su gestión en  los “hospitales de Maipú y La Florida en Santiago de Chile; hospitales del Servicio de Salud de Cataluña, Andalucía y Madrid”. En Santiago, su centro de operaciones está en Las Condes, donde tiene asiento la concesionaria, que se constituyó el 9 de diciembre de 2009 con la concurrencia del economista español José Vicente de Haro Andreu en representación de la Constructora San José S.A. y Tecnocontrol S.A., con un capital de $11 mil millones.

PROBLEMAS DESDE EL PRIMER MINUTO

En diciembre de 2013, con un atraso de medio año y a las puertas de la segunda vuelta de la elección presidencial, el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros de Salud, Jaime Mañalich, y del MOP, Loreto Silva, inauguraron el Hospital El Carmen. El establecimiento había entrado en “marcha blanca” tres días antes, con atención a pacientes, según reveló el mismo Mañalich. Eso le valió un inmediato conflicto con el alcalde de Maipú, Christian Vittori, porque el establecimiento carecía de permiso municipal para su funcionamiento. El asunto llegó hasta la Contraloría General de la República que meses después dictaminó que efectivamente El Carmen no tenía recepción de obras al abrir sus puertas.

Inauguración Hospital El Carmen, diciembre 2013.

Apenas un mes abierto, en enero de 2104, estalló un paro de los funcionarios, que reclamaron por la falta de vigilancia, de medicamentos y las largas esperas de los pacientes -hasta de 11 horas-, un cóctel desastroso que atribuyeron a que el hospital nunca estuvo en condiciones de ser inaugurado.

En noviembre de 2013, Julio Sarmiento, entonces médico del Centro de Referencia de Salud de Maipú, hoy asesor del Ministerio de Salud y pareja de la diputada PC Camila Vallejo, ya advertía que “no están las condiciones técnicas y materiales para su puesta en funcionamiento, ya que no se han realizado con el tiempo suficiente las pruebas técnicas de las instalaciones (equipamiento médico e industrial), no se han realizado las capacitaciones a los funcionarios que operarán dichos equipamientos y, finalmente, no se cuenta con la dotación completa y necesaria para la operación de dicho establecimiento”.

La Municipalidad de Maipú no le quitó los ojos al hospital y en marzo pasado volvió a levantar la voz denunciando que acumulaba 600 reclamos y que en los hechos funcionaba al 30% de su capacidad. En julio, el director Saavedra aseveraba que, a pesar de las dificultades, El Carmen había logrado operar al 60% de su capacidad. Ahora, en septiembre, hay informes que arrojan que llegó al 90%, faltando aún la puesta en marcha del servicio de Salud Mental.

SOBRESUELDO DE FUNCIONARIOS

Las observaciones realizadas por Cristián Alarcón y su equipo no agotan el cúmulo de irregularidades enquistadas al interior de Hospital El Carmen de Maipú.

CIPER revisó la nómina de remuneraciones de directivos y jefaturas del recinto hospitalario y detectó que varios de ellos reciben desde hace meses doble sueldo: uno en calidad de funcionarios a contrata, que proviene del mismo HEC, y otro bajo la modalidad de honorarios y que es pagado por el Centro de Referencia de Salud Maipú (CRS). Los sobresueldos en algunos casos superan el millón y medio de pesos.

El total de sobresueldos pagados, entre junio y septiembre, a distintos funcionarios del HEC suma $12 millones.

Uno de los casos más llamativos es el de la subdirectora de Administración y Finanzas de Hospital El Carmen, Verónica Navarrete Aravena, quien desde abril de 2014 recibe mensualmente $2,5 millones de pesos por sus servicios en el HEC. Al mismo tiempo, desde mayo pasado, la funcionaria recibe mes a mes cerca de $1,8 millón extra desde el CRS Maipú. Así lo confirma el historial de remuneraciones de ambos establecimientos, actualizado al 12 de septiembre de este año.

La jefa de Especialidades Médicas del HEC, Cynthia Chacón Figueroa, está en una situación similar. Desde junio de este año recibe una remuneración mensual desde el HEC de $2 millones. A partir del mismo mes y hasta la última actualización de remuneraciones, la funcionaria percibía además $1,4 millón desde el CRS.

La situación también involucra a la jefa del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas, Carolina Barrios Arredondo; al jefe de Satisfacción Usuaria del HEC, Mario Celedón Mimica; al jefe del Departamento de Abastecimiento, Delfín Gutiérrez Cancino; y al enfermero Mauricio Bizama Fuentealba, todos ellos con sobresueldos entre $500.000 y $850.000, y que provienen del Centro de Referencia de Salud Maipú (vea la tabla con los sobresueldos).

Cerca de la una de la tarde de este viernes 26 de septiembre, los alumnos, profesores y administrativos del Campus Santiago Centro de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), fueron desalojados. Funcionarios de la Municipalidad de Santiago llegaron a hasta esa sede de la UPV, donde se imparte la carrera de Medicina, y procedieron a clausurarla. Por la tarde, las puertas del establecimiento lucían cerradas y sobre ellas se dispuso un vistoso cartel de colores blanco y rojo que informaba la clausura indefinida. Trabajadores del sector dijeron a CIPER que después del mediodía llegaron hasta el lugar los funcionarios municipales y de inmediato comenzaron a salir, en masa, los ocupantes del edificio.

El cartel que anuncia la clausura indica que esta acción se funda en el Decreto Sección Segunda Nº 306 de la secretaría municipal, el que está fechado el 15 de febrero de 2013 y se originó por la falta de regularización de las remodelaciones que se han hecho en el inmueble. En la web de transparencia de la Municipalidad de Santiago se puede leer ese decreto (vea el documento), que ordenó la “clausura inmediata del inmueble con uso Educación, ubicado en calles Nueva de San Martín N° 1525 al 1527 y Huérfanos N° 1520 al 1530, mientras no se acredite el permiso de obras y recepción final por la totalidad de las obras ejecutadas de remodelación”. El decreto exige, además la notificación a la Inmobiliaria e Inversiones San Jorge Limitada, representada legalmente por Jorge Nazal Manzur.

El Campus Santiago Centro de la UPV alberga las carreras del sector salud que imparte esa universidad: Medicina, Enfermería y Tecnología Médica. Su clausura complica aún más la compleja situación que enfrenta la Facultad de Medicina de la UPV, la que está a punto de quedarse sin campos clínicos para que sus alumnos puedan desarrollar prácticas e internados, lo que pone en serio riesgo la posibilidad de que vuelva a ser acreditada. A fines de este año culmina el periodo de acreditación del que goza actualmente. CIPER publicó este martes 23 un extenso reportaje dando cuenta de los problemas que tiene la UPV para conseguir la reacreditación y las irregularidades que se verificaron en el anterior proceso de certificación (vea el reportaje “Lazos entre UPV y Akredita QA ponen en jaque certificación de su Escuela de Medicina”).

En la tarde de este viernes 26 CIPER pidió a la Municipalidad de Santiago que ampliara la información acerca de los factores que desencadenaron la clausura. Sin embargo, esos antecedentes no fueron entregados debido a que el responsable de la Dirección de Obras se encontraba con licencia médica. Según se nos informó, este funcionario es el único que maneja la información oficial. En la municipalidad indicaron que el lunes 29 entregarían un comunicado.

A su vez, en la Universidad Pedro de Valdivia se informó que el único autorizado para entregar información sobre las razones de clausura y las medidas de mitigación que se adoptarán a objeto de dar continuidad a las clases, ya sea mediante la reapertura de la sede o reubicando a los alumnos, es el vicerrector de Administración y Finanzas, Rodrigo Fuentes. CIPER se comunicó con el vicerrector, pero su celular lo respondió uno de sus colaboradores, quien dijo que Fuentes estaba en una reunión, pero que devolvería el llamado apenas se desocupara. Pero nunca llamó. Después, el departamento de comunicaciones de la UPV informó a CIPER que no se entregarían declaraciones oficiales sobre la materia hasta este lunes 29.

En el Ministerio de Educación (Mineduc) señalaron que esa secretaría de Estado no puede tomar cartas en el asunto hasta ser informada de lo ocurrido. Tres son las vías por la cuales la cartera puede darse por enterada: que la universidad le informe, que reciba una denuncia (de un alumno, profesor o administrativo) o que un funcionario del ministerio compruebe en terreno la clausura (lo que probablemente ocurrirá después de que ésta trascienda en la prensa).

Una vez que el Mineduc tome conocimiento, la División de Educación Superior debe oficiar a la universidad consultando las razones de la clausura y las medidas de mitigación para asegurar la continuidad de las clases. Dependiendo de la respuesta y si se evalúa que la situación reviste gravedad (por ejemplo, que la clausura se prolongue de manera indefinida o que no existan alternativas para reubicar a los estudiantes), puede determinar que se realice una visita a terreno o que se inicie una investigación. La situación puede complicarse en este caso particular, debido a que el campus cerrado tiene varios laboratorios y salas especializadas que no existen en otras facultades.

El miércoles 23 de julio la discusión se prolongó más de lo habitual entre los diputados que revisaban el proyecto de ley que modifica el sistema electoral binominal. Esa tarde, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) presentaron indicaciones que cambiarían el foco del debate político, al prohibir los aportes reservados de dinero a las campañas electorales, así como las donaciones de empresas. Cinco días después, el lunes 28, fallecía a los 68 años el martillero público y ex “ayudista” de la CNI, Jorge Luis Valdivia Rodríguez. Entre ambos sucesos parece no haber conexión, pero poco antes, cuando el cáncer que lo aquejaba ya estaba avanzado, Valdivia había realizado una declaración judicial que en pocas semanas transformaría un juicio tributario en una investigación al corazón de las zonas oscuras del financiamiento de la política.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Fue un eslabón más de una cadena de delaciones que tendría como primer herido al grupo Penta, cuyos dueños Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron acusados a fines de agosto por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de evasión tributaria. Délano y Lavín administran uno de los grandes imperios económicos del país y están entre los más conocidos financistas de la UDI. Fue un ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, quien al verse involucrado en la investigación arrastró a ese partido. El foco del fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, a cargo del caso, está hoy puesto en presuntas donaciones secretas y fuera del procedimiento legal realizadas principalmente a candidatos parlamentarios de la UDI y también al precandidato presidencial independiente Andrés Velasco.

Nuevos antecedentes indagados por CIPER dan cuenta de que las denuncias llegan al núcleo del gremialismo, pues entre las imputaciones de Bravo aparece la figura del ex senador e histórico “coronel” de la UDI, Jovino Novoa, a quien se individualiza como la persona que decidía a qué candidatos debían asignarse las platas de Penta. De acuerdo a esa versión, la senadora Ena Von Baer fue una de las más favorecidas por las supuestas decisiones de Novoa. Un rol importante en este esquema habría tenido también el ex senador UDI Carlos Bombal, quien ahora trabaja en el grupo Penta. Novoa, actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán, declinó responder las consultas de CIPER, pero sus cercanos dijeron estar seguros de que nunca ha operado como correa transportadora de platas reservadas para campañas.

Los otros candidatos que están siendo indagados son el ex alcalde de Santiago y ex candidato a senador Pablo Zalaquett, el ex ministro y ex precandidato presidencial Laurence Golborne, y el actual senador Iván Moreira.  Los tres han negado públicamente haber cometido alguna irregularidad. Lo mismo hizo el presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien además es sobrino de uno de los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano. Este lunes 29, el diputado Silva argumentó que todas las cuentas de gastos electorales fueron aprobadas por el Servicio Electoral (Servel) y dio por cerrado el tema. Lo cierto es que si bien todo indica que algunas de las donaciones se hicieron a través del Servel y son legales, también se han detectado aportes que no se hicieron por esa vía, por lo que la labor de la fiscalía será determinar exactamente quiénes cometieron alguna irregularidad.

La indagatoria pone en una difícil posición pública al gremialismo, ya que en este partido están los más férreos defensores de mantener la reserva de las donaciones políticas y ahora destacadas figuras de la tienda han sido mencionadas como receptoras de dineros que podrían tener origen oscuro. Hace sólo unos días el senador Hernán Larraín advertía que transparentar las donaciones políticas podría hacer que muchos “prefieran el camino de la oscuridad” y ahora, tras las acusaciones, salió a defender la integridad del grupo Penta a través de una carta publicada por El Mercurio.

Andrés Velasco

No menos complicado está Andrés Velasco. Políticamente, no se ve bien que un candidato que se dice de centro izquierda reciba platas del principal financista de la UDI, pero mucho más compleja aún es la posibilidad de que más encima esos fondos no hayan seguido los canales legales, luego de enarbolar la bandera de la transparencia en la política. Aunque Velasco está fuera de Chile, sus colaboradores aún están haciendo un arqueo de documentos para intentar detectar cualquier vínculo con el grupo Penta.

Esta arista política de la investigación tributaria recién comienza a develarse. Está por verse si golpea mortalmente al cuestionado modelo de financiamiento de las campañas políticas, al que Mirosevic y Jackson quieren introducir mayor transparencia y que ha permanecido inalterable para comodidad de los partidos de todo el espectro desde que se creó en 2003, tras el escándalo del caso MOP-Gate.

LAS PLATAS NEGRAS DE LA POLITICA

El hombre que puso a la UDI en la mira de la fiscalía es Hugo Bravo López, un ejecutivo de confianza de los Penta, que incluso llegó a ser gerente general del grupo. Fue él quien declaró ante el fiscal Carlos Gajardo que ese grupo hizo aportes para financiar campañas electorales. Y eso se hizo, dijo, no sólo a través de las vías dispuestas por la ley electoral, sino también mediante aportes de “platas negras” que quedaron lejos del escrutinio del Servel.

El ex ejecutivo de Penta no sólo entregó los nombres de los ex candidatos favorecidos con los aportes, sino que añadió un antecedente que, de confirmarse, puede ser demoledor para la UDI. Porque ante la fiscalía afirmó que existiría un sistema de recaudación para las campañas del gremialismo totalmente divorciado de las normas que regulan el financiamiento de la política. Bravo declaró que Penta habría puesto una millonaria suma directamente a disposición del partido y que una de las figuras más emblemática de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, habría sido el encargado de distribuirla entre las candidaturas que la colectividad priorizaba. Con esta acusación de Bravo, por primera vez en un proceso judicial se detalla una de las fórmulas con las que un partido habría hecho caja para una campaña para luego repartir lo recaudado.

Hugo Bravo

Hugo Bravo López, las empresas Penta y los políticos involucrados aterrizaron en el expediente que lleva el fiscal Carlos Gajardo por una inesperada carambola. Lo que Gajardo estaba investigando era una denuncia del SII por un fraude al mecanismo del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) que permitió a diversos contribuyentes obtener millonarias devoluciones de impuestos indebidas. Para acceder a ese beneficio los contribuyentes se coludían con funcionarios del SII que modificaban sus declaraciones de renta una vez que estas ingresaban a Impuestos Internos, a objeto de que quedaran habilitadas para obtener devoluciones del FUT. Uno de estos funcionarios era Iván Álvarez. Al declarar ante la fiscalía, Álvarez reveló que el martillero Jorge Luis Valdivia reclutaba contribuyentes dispuestos a participar en el fraude. Y Valdivia fue la hebra que tiró el fiscal Gajardo y que lo llevó hasta la madeja en la que figuran Bravo, Penta y los ex candidatos involucrados.

Sin las declaraciones de Valdivia y Álvarez, posiblemente los abogados del SII y la fiscalía no hubieran llegado jamás hasta el nombre de Bravo, el millonario ingeniero comercial y hasta ese momento director de empresas del grupo Penta.

Hugo Bravo López, montado en su Porsche y con una billetera de $20.000 millones en el mercado de capitales, se enredó en el fraude al FUT reclutado por Valdivia, su amigo por décadas. A través del ex martillero, logró que se modificaran las declaraciones de renta de dos de sus sociedades, gracias a lo cual el fisco le devolvió $260 millones de manera indebida.

Una vez que la fiscalía le puso las manos encima, Bravo fue rápidamente expulsado de los sillones de directorio de las empresas Penta, en un inútil intento de evitar que el escándalo salpicara al grupo que encabezan Délano y Lavín. Su desvinculación se anunció el 17 de julio pasado en un hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

En un abrir y cerrar de ojos, Bravo se quedó sin los $ 25 millones que recibía mensualmente como remuneración -de los cuales $5 millones serían bonos cancelados con boletas de familiares para evadir impuestos- y arriesgando hasta 15 años de cárcel. Lo más complicado para el ex ejecutivo, es que se quedó sin respaldo de sus antiguos amigos y empleadores. En esa adversa circunstancia, Hugo Bravo se dispuso a colaborar con la fiscalía. En agosto pasado le pagó al Fisco $ 1.098.626.952, correspondiente a lo defraudado más intereses y multas. Después se dispuso a entregar la información clave que manejaba.

Inicialmente, Bravo involucró a los dueños de Penta, de quienes dijo que también habían evadido impuestos mediante la presentación de boletas de honorarios de sus esposas por trabajos que jamás se hicieron. Luego, envió al frente a los candidatos que presuntamente recibieron dineros bajo cuerda desde Penta para sus campañas. También declaró que algunos de esos aportes electorales se hicieron mediante el pago de boletas extendidas por personas de confianza de los candidatos, las que se apuntaban en la contabilidad de Penta como honorarios por trabajos que en realidad no se habrían realizado. De hecho, diversas versiones de prensa indican que el chofer del senador Moreira ya declaró ante la fiscalía para explicar por qué figura con una boleta extendida a Penta por varios millones de pesos.

Hasta el momento, la investigación por el fraude al FUT tiene a 125 formalizados: seis contadores, dos ex funcionaros del SII y el resto contribuyentes que usaron a sabiendas el método para defraudar que había ideado Iván Álvarez. Sin embargo, las pesquisas hacia el interior del SII no se han detenido y hay indicios de que los funcionarios involucrados en el fraude serían cuatro o cinco.

Todos los involucrados caen bajo la figura del artículo 97 número 4 del Código Tributario que persigue a quienes realicen “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad (…), la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”.

La misma norma especifica que quien “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio”, que va desde 3 años y un día a 15 años.

Adicionalmente, la Fiscalía de Delitos Complejos de Ñuñoa abrió desde el año pasado una investigación por lavado de activos en relación al fraude al FUT. El lavado de activos requiere de un delito base para sostenerse jurídicamente y esa figura sería el cohecho o coimas pagadas a funcionarios públicos, en este caso al ex inspector Álvarez del SII.

EL PAPEL CLAVE DEL SII

El fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora ha manejado el caso en completa reserva, realizó una sorpresiva rueda de prensa durante la tarde de este martes 30. Fiel a su estilo, no negó ni confirmó la existencia de una arista política en la investigación del FUT, y sólo reconoció en general la existencia de “algunos hallazgos que pueden ser constitutivos de delito en términos tributarios”.

Iván Moreira

El vínculo entre los delitos tributarios y las platas políticas se debe a que supuestamente se entregaron fondos contra factura por servicios que nunca se prestaron. El más complicado es el senador Moreira, pues existen correos electrónicos que lo involucran y las boletas habrían sido emitidas por su chofer. Moreira negó cualquier irregularidad y según The Clinic su chofer habría declarado ante el fiscal que realizó trabajos eléctricos por $10 millones para el grupo Penta, lo que justificaría las boletas.

Gajardo informó que todos los antecedentes se pusieron en conocimientos del SII para que decida si se querella o no, ya que la fiscalía sólo puede indagar delitos tributarios si previamente existe una acción de dicho organismo. Se espera que esta misma semana el SII resuelva si iniciará acciones legales, pero todo indica que sí lo hará.

Cuando el fiscal Gajardo expresó que sólo puede seguir investigando si Impuestos Internos se querella, no sólo hacía una precisión legal. Su declaración presiona al SII para que adopte una resolución pronto, pues en los inicios del caso el organismo tributario incurrió en una inexplicable dilación que podría haber sepultado la indagatoria.

El SII detectó los primeros fraudes en 2010, pero no se querelló hasta agosto de 2013. La demora quedó expuesta en un correo electrónico suscrito por la ex jefa de Litigación del SII, Marisa Navarrete Novoa, quien al despedirse de sus compañeros de trabajo se quejó por este retraso y acusó que se habían manipulado fechas en los informes internos del servicio.

La demora se dio justo en medio de la polémica que envolvía al SII y su máximo jefe, Julio Pereira, por la condonación de US$ 100 millones de dólares en impuestos a Johnson’s. Que aparecieran inspectores involucrados en un fraude fiscal era otro golpe para la institución. Tuvo que mediar una petición de antecedentes de la fiscalía para que el SII finalmente hiciera la denuncia el 13 de agosto de 2013 contra 122 contribuyentes, contadores y ex funcionarios, los que finalmente fueron formalizados en marzo pasado.

LOS PERSONAJES DE LA TRAMA

Un “efecto dominó” es el que finalmente llevó a destapar la insospechada arista política del caso fraude al FUT. Todo partió con un contribuyente que denunció ante el SII que el contador Sergio Díaz Córdova le había ofrecido un negocio ilícito para recibir devoluciones de impuestos. El cruce de información llevó a detectar a otros cinco contadores que realizaban estas maniobras: Juan Carlos Prieto, Orlando Carvajal, Hernán Díaz, Francisco Sivit y Horacio Mayquel.

Viéndose descubierto, Sergio Díaz se autodenunció y entregó el siguiente nombre clave: el inspector del SII Iván Álvarez Díaz. El funcionario, que renunció a su trabajo el 13 de diciembre de 2012, resultó ser el creador del sistema defraudatorio. Álvarez comenzó a entregar información. Mencionó a Jorge Luis Valdivia y a Hugo Bravo, como sus clientes.

De allí había un paso para que Valdivia decidiera contar lo que sabía. Lo interrogaron y no sólo declaró, sino que entregó un disco con información a la fiscalía. A los pocos días falleció.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

El 29 de julio pasado, las oficinas de Hugo Bravo en Penta fueron allanadas por la fiscalía e incautados documentos y computadores. Casi un mes después, el 26 de agosto, el SII interpuso la denuncia contra los dueños de Penta, Délano y Lavín, por supuesto uso de boletas falsas de sus esposas para rebajar impuestos de la sociedad de Inversiones Penta III Ltda. La acción también fue dirigida contra un yerno de Délano, Samuel Irarrázaval Larraín, más el contador de la empresa Marcos Castro, y contra Hugo Bravo, quien también figuraba como representante de la sociedad.

Bravo, por su parte, tras ser despedido de Penta intentó infructuosamente comunicarse con sus ex jefes, pero nunca obtuvo respuesta. Les dejó mensajes y finalmente envió un escrito el 13 de septiembre al ex senador UDI Carlos Bombal, quien es asesor de las empresas Penta. Según reveló La Segunda, de su puño escribió: “no tengo ébola ni nada que se le parezca, pero sí mucha información”, y le advirtió a Bombal que sea un “caballero” y le “conteste”. A raíz de ese mensaje, los Penta se querellaron por amenazas contra Bravo.

Desde ese momento se desencadenó la arista política. Los rumores de que se estaban investigando las platas políticas comenzaron poco antes de las fiestas patrias y se confirmaron la semana pasada, justo cuando perdían fuerza en el Senado las indicaciones de Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson para eliminar los aportes reservados a las campañas electorales. El gobierno propuso incluirlas en un proyecto de ley especial de financiamiento de la política, lo que alejaba la posibilidad de una reforma en el corto plazo. La evolución del caso Penta parece estar removiendo las aguas y reactivando el debate. Como dijo Mirosevic: “Lamentablemente parece que en Chile se necesita que haya un escándalo para mejorar la calidad de la política”.