El miércoles 4 de diciembre pasado es un día que al abogado Cristian Latrille Tagle (39 años) le será difícil olvidar. No sólo porque esa mañana muy temprano recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, quien vivía en la residencia del Convento de las Siervas de Jesús de la Caridad (Santiago). Lo que nunca imaginó es que esa misma mañana se enfrentaría cara a cara con Fernando Karadima, el ex párroco de El Bosque, quien cumple allí la condena que le impuso el Vaticano por abuso sexual de menores y abuso de ministerio (enero de 2011). Un dictamen que le impide todo contacto con las decenas de jóvenes y adultos, entre ellos más de 20 sacerdotes y cuatro obispos, a los cuales dirigía espiritualmente.

La condena canónica también le prohíbe -a perpetuidad- el ejercicio de todo acto público del ministerio (entre ellos, impartir los sacramentos y celebrar misas, ver comunicado). Y sin embargo, cuando el abogado Latrille ingresó a la capilla del convento, su sorpresa fue mayúscula al ver al propio Karadima celebrando la misa, vestido especialmente para la ocasión. Del estupor pasó a la indignación cuando pasados unos minutos lo vio entregar la comunión y ser invitado él mismo a recibirla de manos del cura abusador.

Fernando Karadima celebrando una misa pública en el Convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, ubicado en calle Bustamante en Santiago.

Poco después, Cristián Latrille tomó una decisión: se paró, le tomó fotos a Karadima en el púlpito y se dirigió al encuentro del cura condenado para enrostrarle que lo que estaba haciendo violentaba las normas de la Iglesia. Lo hizo motivado por su especial sensibilidad con las víctimas de abuso sexual. Lleva ocho años trabajando con sicólogos en un programa de reparación de menores víctimas de abuso sexual y maltrato. Ofrecen atención psicológica y jurídica a las victimas y sus familiares.

Si bien no atiende a los agresores, Latrille recuerda que en alguna ocasión debió enfrentarse a ellos. Pero sólo en el contexto de comunicarles una orden judicial, o de advertirles que tienen prohibición de acercarse a sus víctimas. Lo que tampoco imaginó es que recibiría de parte del protagonista de uno de los mayores escándalos de abuso sexual en la Iglesia Católica chilena, un alegato de su inocencia.

En esta entrevista, Cristián Latrille relata cómo fue el encuentro de ese triste miércoles con el ex párroco, el que  culminó con las fotos exhibidas públicamente para que el arzobispo de Santiago –tal como lo dictaminó el Vaticano- adopte las medidas respectivas para que Karadima cumpla rigurosamente el contenido de su condena.

UN FUNERAL ACCIDENTADO

-¿Cómo fue que usted se percató ese día que el sacerdote que estaba en la capilla del convento era el mismo Karadima?
Ese miércoles 4 de diciembre falleció mi abuela paterna. Nos avisaron a eso de las 7:00, y yo llegué al convento como a las 11:00. Ya estaban en la pieza donde falleció mi abuela, mi padre, mis tías y otros familiares, todos esperando que llegaran los servicios fúnebres. Como al mediodía, y mientras seguían llegando más familiares, una tía nos dice que vio en la capilla de la entrada del convento al cura Fernando Karadima celebrando misa.

Fernando Karadima, poco después de dar la comunión en la misma misa que celebró a pesar de la prohibición vaticana.

-¿Dónde está ubicada esa capilla?
Es una gran capilla que está en el primer piso, justo frente a la puerta de la entrada principal del convento. Cuando mi tía dice esto, yo quedé perplejo. Y pensé durante unos minutos si debía hacer algo, y de hacerlo, qué sería lo correcto. Tomé la decisión de ir a ver si efectivamente era Karadima quién estaba celebrando la misa. Entré a la capilla y me senté a escuchar la misa…

-¿Usted conocía personalmente a Fernando  Karadima?
Sólo por la televisión. No obstante que yo, como toda mi familia, sabíamos que él estaba viviendo ahí. Lo supimos desde el momento mismo en que llegó a vivir al convento. Cuando me senté y miré hacia el altar, lo reconocí de inmediato. Verlo celebrando la misa me provocó ira y una sensación de impotencia. Pero me traté de calmar. Respiré profundamente, y mirando la  estatua de la Virgen Maria, traté de tener claridad y de calmar mis emociones. Al final, conseguí calmarme y decidí mantenerme como un testigo objetivo de la situación.

-¿Fernando Karadima qué hacia en ese momento?
El estaba haciendo todos los pasos de la misa: leyó las lecturas, el Evangelio, dijo unas pocas palabras de comentario de las lecturas que acababa de hacer…

-¿Cuántas personas estaban presentes en esa misa?
Había dos personas adelante, dos señoras, y en la parte de atrás, familiares míos. La misa continuó, pasó una media hora y llegó la comunión. Las dos señoras de adelante se acercaron a comulgar. Una de ellas se da vuelta y nos hace un gesto por si queríamos comulgar. Karadima estaba con las vestimentas que los curas usan en Adviento y en Cuaresma (diciembre y Semana Santa): de color  morado que justamente significan la humildad y la penitencia… El momento en que vi a Karadima entregar la comunión fue lo más impactante: ¡no sólo estaba celebrando misa, si no que ahora daba la comunión!

LA RESPUESTA DE KARADIMA

-¿Qué hizo usted en ese momento?
Karadima empieza a dar la comunión y nos la ofrece a nosotros: a mí y a mi familia. Nosotros hacemos un gesto de rechazo y él volvió a ocupar su lugar en el altar. Las señoras se arrodillaron y la misa continuó. Hasta ese momento yo no sabía qué iba a hacer, seguía meditando en qué era lo correcto. La misa terminó y una de las señoras se acerca a Karadima y lo ayuda a sacarse las vestimentas clericales. Luego se dispone a ordenar el altar: apaga las velas y guarda la bandeja de la comunión. Karadima la observaba y luego se sentó en una silla al lado del altar.

En ese momento decidí levantarme y encararlo. Estaba bastante tranquilo. Caminé en su dirección, me acerqué y le digo que él no podía estar celebrando misa porque fue condenado por abusos sexuales reiterados contra jóvenes adolescentes. Su respuesta me dejó perplejo: me dijo que eso no era cierto. Le replico que sí es cierto, que fue condenado por el Vaticano y que él estaba incumpliendo la sentencia que se le impuso. Me dice: “eso es una mentira”. Y mirando una imagen de Jesús que esta en la capilla, me dice que no hable delante de Jesucristo de esa forma. Ahí le digo que soy abogado, que trabajo con niños víctimas de abuso sexual, que leí el proceso canónico del que fue objeto y que efectivamente él no puede celebrar la misa, ¡que no lo puede hacer! En ese momento me miró y me dijo que él iba a orar por mí y alargó su mano intentando tocar mi brazo. No se lo permití. Aparté inmediatamente mi cuerpo y le pregunté si se arrepentía de lo que había hecho. Karadima me miraba y no respondía. Se lo volví a preguntar. Él sólo miraba a Jesucristo y luego me miraba a mí y repetía que no dijera eso en su presencia.

Yo le seguía preguntando: “¿Se da cuenta de que le robó la inocencia a muchas personas? A jóvenes que confiaron en usted y en la iglesia, a los que confiaron en usted como director espiritual, y con su actitud, usted alejó a muchos de ellos de la Iglesia Católica. ¿Se da cuenta del daño terrible que le hizo a su propia Iglesia Católica?”. Le dije también que como él cree en el infierno, aun tenía tiempo para rezar por él mismo, para pedir perdón y así evitar irse al infierno.

-¿Qué hacía Karadima mientras usted lo encaraba?
Seguía en silencio, sus ojos iban de la imagen de Jesucristo a mí… Es curioso, en ese momento yo sentía que de alguna manera estaba representando a las víctimas. Me acordé mucho de las tres victimas más conocidas de Karadima: José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz  y James  Hamilton. Sentí que debía hacer eso, algo así como un deber moral. Le hablé durante bastante rato, le repetía una y otra vez que si se daba cuenta de todo el daño que le había ocasionado a tanta gente…  Que detrás de las víctimas estaban muchas familias… Karadima agachaba la cabeza, después volvía a mirarme y me decía: “Voy a rezar por usted”. Luego miraba a Jesucristo y me repetía una y otra vez: “¡no diga eso delante de Él!”. Yo estaba de pie y él sentado, y si bien lo increpé y mi tono era enérgico, me cuidé de no levantarle la voz y menos de entrar en descalificaciones.

JUSTICIA Y REPARACIÓN

-¿Por qué cree que tomó la decisión de encarar a Karadima en ese momento? ¿Cuál fue su motivación?
Trabajo hace ocho años con niños y jóvenes víctimas de abusos sexuales y, por eso mismo, sé del dolor de las victimas y de sus familiares. El dolor de las víctimas lo vivo a diario… Sé que las personas que son víctimas de abuso sexual sufren un daño muchas veces irreparable, a menos que puedan resignificar, tengan alguna terapia adecuada o logren justicia. Converso mucho con esas personas y sé que si hay algo común en las víctimas, es que ellos quieren justicia. Quieren que la persona que cometió el abuso vaya a la cárcel o tenga alguna sanción. Por eso sé lo importante que es para las víctimas de abusos sexuales que cuando su abusador es condenado, esa sanción se ejecute.

-De acuerdo a su experiencia, ¿esa condena se cumplió con Fernando Karadima?
Hubo condena, tal vez de forma tardía, pero se obtuvo. Por la justicia canónica y la civil. Y una vez condenado, lo ideal es que esa sentencia se cumpla. No hay nada peor para la víctima que enterarse que “se condenó” al acusado, pero no cumple la condena. Lo hacen sentir que su abusador se vuelve a reír de él. Algunas víctimas lo entienden como otra forma más de abuso. Una prolongación del dolor y del daño.

En ese contexto, y sin ser yo víctima de abuso, lo más fuerte de todo esto que le estoy relatando fue la actitud de Karadima: seguir negando todo. ¡Y más encima me decía que iba a orar por mí! Eso es muy típico de los abusadores: devuelven su culpa a las victimas de sus abusos.

-¿Por qué decidió hacer públicas las fotos donde se ve a Karadima celebrando misa a pesar de prohibición que lo afecta?
En ese momento sentía que el hecho de que se conociera que él seguía celebrando misa en público iba a ser muy violento para las víctimas. Porque lo mínimo después de lo que hizo, es que se cumpla lo que se sentenció. Pero después me di cuenta que eso es también prolongar la impunidad que por años lo benefició.

-¿Su abuela ya estaba viviendo en esa residencia cuando llegó Karadima a vivir ahí?

Abogado Cristian Latrille Tagle

Sí, y precisamente cuando nos enteramos que Fernando Karadima llegó a la residencia a cumplir su condena, muchos familiares quedamos muy incómodos. El lugar es maravilloso, y para mí, la mayoría de las monjas que allí viven son santas. Las he visto cómo dan su vida y se dedican a las abuelas, cómo las atienden, día y noche los siete días de la semana. Por eso mismo, quizás nos chocó que mandaran allí a Karadima. Cuando él llegó, se juntaron varios familiares de las abuelas residentes y la encargada del convento nos aseguró que él iba a ocupar el cuarto piso de la casa, donde no hay piezas de ancianas, y que no iba a bajar a donde están las abuelas. Nos aseguraron que Karadima no iba hacer misa, que iba a hacer sus rezos y su misa en su pieza. Incluso se nos dijo que él no iba a bajar al primer piso. Mi abuela estaba muy viejita y nosotros veníamos a verla en los horarios de visita: de 15:00 a 18:00 horas. Nunca nadie de mi familia se topó con él.

Lo que si recuerdo bien es que el acuerdo fue que él no bajaba a esa capilla principal. Por eso también mi sorpresa al encontrarlo ahí, celebrando misa frente a la entrada principal, por donde pasa la gente que llega a la residencia, además de todo el personal que allí trabaja.

-¿Cómo terminó su encuentro con Fernando Karadima?
En un momento, una de las señoras que asistía a la misa de Karadima se acercó y me dijo que él era un “mártir de la Iglesia Católica”. Acto seguido salió a avisarles a las monjas. Poco después entró la monja que en esos momentos subrogaba a la superiora. Muy molesta me dijo que yo estaba en su casa, que le estaba faltando el respeto a su casa, que no podía sacar fotos y que por qué me había acercado a Karadima. Le expliqué lo mismo que ya le había dicho al cura: que Karadima había sido condenado y que, en virtud de ello, no podía estar haciendo misa, que si ella lo avalaba estaba siendo cómplice del desacato a una prohibición impuesta por el Vaticano. También le dije que esa no era su casa, sino un asilo de ancianas, bastante caro por lo demás, y que mi abuela había llegado antes que Karadima. Que desde que él llegó, la vida en la residencia perdió por un tiempo la paz, ya que habían tirado huevos, habían pintado las paredes externas, pasaba gente gritando… Por último, le dije que a nosotros se nos había asegurado que él no iba a celebrar misa en la capilla y tampoco iba a bajar al piso de las residentes.

-¿Supongo que la monja subrogante de la superiora entendió sus razones?
No, porque en forma muy impropia me replicó que por qué entonces no habíamos sacado a mi abuela de allí si no estábamos contentos. Ahí le expliqué que, a pesar de que a ella nunca antes la había visto, estábamos tremendamente agradecidos con todas las monjas que ahí trabajaban por su enorme dedicación. Fue el momento en que, viendo la sorprendente actitud de la monja, una tía se acercó y le dijo que no debía molestarse porque lo concreto era que el Vaticano había dictaminado que Karadima no podía celebrar misas públicas. Pero la monja no cambió su postura. Y yo me alejé porque el funeral de mi abuela era importante.

El doctor Álvaro Martínez Herold es jefe de Traumatología del Hospital San José. Se declara orgulloso de haber logrado que en su área no existan listas de espera para las operaciones más urgentes y de que los pacientes reciban atención de calidad. Por eso le molestó que su nombre apareciera en un reportaje de CIPER (ver reportaje) que cuestionó la forma en que logró ese objetivo: contratando una empresa que figura a nombre de su esposa y de otro médico del hospital –“Sociedad Médica Oyarzún y Oyarzún Limitada”-, y que en los últimos tres años se ha adjudicado licitaciones por más de $1.000 millones para operar pacientes de la misma unidad que él dirige.

Si se analizan las licitaciones de las operaciones de Traumatología del Hospital San José, el aumento de los montos que ha cobrado la empresa “Oyarzún y Oyarzún Limitada”, es notable. En 2011 obtuvo más de $ 120 millones; en 2012, $300 millones y en 2013, $650 millones. Si todo sigue funcionando como hasta ahora, este año (2014) la empresa del doctor Martínez recibirá otros $1.000 millones, según la licitación que se acaba de cerrar.

En esta entrevista el doctor Martínez reconoce que la empresa es suya y explica por qué, a su juicio, el sistema no sólo es legal, sino también necesario. Admite y también defiende algo que es un secreto a voces: que las empresas proveedoras de insumos médicos les pagan las capacitaciones en el extranjero a los doctores. En el Hospital San José financian, además, desayunos semanales a los funcionarios y en algunas ocasiones los invitan a comer a lugares que él define como “picadas”.

Doctor Alvaro Martínez Herold

Martínez dirige Traumatología desde hace ocho años, el mismo tiempo que viene ejecutando lo que llama “programa para operaciones vespertinas”. Asegura que fue la solución al problema crónico de los hospitales, donde los médicos sólo atienden en las mañanas y en las tardes emigran al sector privado, en busca de salarios más altos. Eso genera largas listas de espera, que en su área implica que pacientes que requieren con urgencia una operación de cadera, corran riesgo vital esperando hasta dos semanas, lo cual además tiene un costo innecesario en hospitalización. El sistema instalado por Martínez permite que los médicos vuelvan al hospital después de las cinco de la tarde y operen hasta las 10 de la noche. Al principio cobraban honorarios, pero desde 2011 el hospital le paga por ellas a una empresa que creó Martínez.

Este miércoles 26 de febrero, el Colegio Médico cuestionó la contratación de sociedades en el Hospital San José (ver nota de CNN Chile), mientras que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, defendió el sistema: “El sistema de salud público funciona en muchos hospitales con la contratación de sociedades médicas y no creo que la intención del Colegio Médico sea que eso termine porque traería enormes perjuicios para sus asociados”.

“SOCIEDAD MÉDICA OYARZÚN Y OYARZÚN”

-¿Por qué un jefe de Traumatología de un hospital público tiene que crear una empresa privada para operar a sus pacientes?
La actual dirección del hospital nos dijo que no podíamos seguir funcionando con honorarios por problemas administrativos con los pagos: significaba una carga brutal que engrosaba mucho los honorarios. Y también algunos colegas, fundamentalmente en el área anestésica, decían que no podían seguir recibiendo honorarios porque se pasaban en la carga tributaria. Nos dijeron que se debería licitar por ChileCompras y que para esto yo debería crear una empresa. A mí no me gustaba esa idea, porque no sabía cómo funcionaba la parte administrativa ni el pago de la gente. Lo que hicimos fue crear una figura para mantener el programa y para seguir pagándole a la gente. O sea, no es que un día decidimos armar una empresa que nos permita ganar dinero y postular a licitaciones con información privilegiada del Hospital San José. Yo, como jefe de Traumatología, junto con el doctor Andrés Oyarzún, dijimos “hagamos una empresa nosotros”, y cuando fuimos a constituirla me dijeron que yo no podía porque había una causal de inhabilidad. Entonces puse a mi señora, pero quien está detrás de esa empresa soy yo. En el artículo de CIPER se menciona que (a la empresa) se le pagaron $1.000 millones. Para que se haga una idea: le pagamos a 20 traumatólogos, a 20 anestesistas y a entre 60 y 70 personas del hospital mensualmente.

-A los médicos del hospital, ¿les conviene más que usted los  contrate en su empresa privada por la tarde?
Por supuesto, por la tarde operan por un valor mayor que el de la mañana, en la que trabajan para el hospital. Por ejemplo, con una cirugía en la tarde le pago al colega el sueldo que gana en el mes en el hospital. Es lo mismo que paga Fonasa por bono y es la mitad de lo que cuesta en una clínica rasca. Con esto tú haces que los médicos no emigren al sector privado.

-Sin embargo, hay personal hospitalario que trabaja en su empresa y que lo hace en horario de su turno en el hospital.
No, eso no es correcto.

-Tengo varios nombres de personas que sí lo hicieron.
El 100% de los médicos trabaja fuera del horario de contratación. Tenemos instructivos de que no puedes trabajar en horario de funcionario. Todo el personal lo sabe.

-Le insisto: personal hospitalario aparecen trabajando en su empresa en horario de funciones en el hospital.
Se pueden dar dos fenómenos: que efectivamente estando de turno no dicen nada y se ponen a trabajar, o que cambien el turno. No tengo la capacidad de controlar. En cada cirugía se paga en promedio a 10 personas. Para evitar esto existen jefaturas de pabellón que saben quién está o no trabajando en horario de funcionario. Si ha pasado, y entiendo que ha habido algunos casos, no supera el 10 %. ¡Y menos que eso!

LICITACIONES SIN COMPETENCIA

-Si otra empresa ganara la licitación, ¿permitiría que operaran en el hospital, siendo usted el jefe de Traumatología?
¡Obvio que sí! Yo participo en la licitación y cruzo los dedos. Si otro la gana, tiene que cumplir los requisitos de la licitación. Eso es muy difícil de conseguir y nosotros los cumplimos. Por esa misma razón es que yo no voy a postular al Hospital Barros Luco. Un paciente es complejo de preparar. Tengo que hacerle exámenes, mandarlo al dentista, al cardiólogo, a un anestesista. Al paciente que operamos nosotros lo conozco, conozco su patología.

-Así como usted lo plantea, las licitaciones de los hospitales son una fachada: usted no se presenta a las licitaciones de otros hospitales y nadie se presenta al San José.
No, entiendo que hubo una licitación que se ganaron en el Hospital San Borja personas externas, pero en la práctica no pudo funcionar. Alguien podría participar pero tendría que tener un equipo de por lo menos cinco anestesistas y cinco cirujanos, más unos tantos técnicos paramédicos. ¿Quién tiene un equipo así que lo pueda mover a todas partes? Nosotros participamos con 14 patologías y en 14 programas distintos. Créame que es tremendamente difícil, entonces nadie se va a meter en una cosa así.

-¿Seguiría siendo jefe de Traumatología si mañana ganara otra empresa y no la suya la licitación?

La capacitación médica está pagada por la empresa privada. No está pagada por los hospitales ni por el Ministerio de Salud

Por supuesto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mi pega es que las intervenciones se hagan en buenas condiciones y si esa empresa cumple las bases de la licitación –y yo no participo en la comisión que adjudica– tengo que aceptarlo. Ahora, en la práctica, hasta el momento he ganado todas las licitaciones. Hay otra razón de por qué es bueno que sea la misma gente del hospital la que se haga cargo de estas licitaciones: es más barato. Por ejemplo, para una prótesis de cadera, Fonasa te paga un bono de más o menos $5 millones y con nosotros le cuesta $3,5 millones al hospital. Ese es el margen que le queda con nosotros. Sin embargo, si manda a ese paciente a operar a una clínica normalita en Santiago, le costará entre $6 y $7 millones. Y en una clínica de la precordillera sube a entre $12 y $14 millones. Entonces, el que tengamos esta empresa le reduce los costos al Estado.

-¿Cree que el sistema que han creado es el mejor para el servicio público? ¿Que lo óptimo es que los jefes de pabellones de cada especialidad se organicen creando una empresa?
Creo que es el mejor sistema que permite hoy la legalidad vigente. El único que te permite usar el tiempo muerto del hospital. Si el Estado tuviera contratado personal en la tarde, esto no tendría justificación. Estoy convencido de que el modelo que hemos creado es súper eficiente y que se puede perfeccionar desde el punto de vista legal, que se vea más “bonito”. El año pasado nos redujeron cerca de 50% los pabellones, que ya eran insuficientes. Y aun así operamos 2.200 enfermos, 800 de ellos en las tardes. Si no lo hubiéramos hecho así, realmente los pacientes se saldrían por las ventanas y no se estarían operando. Tienes millones de dólares invertidos en hospitales que se ocupan a la mitad del tiempo. Nosotros buscando alguna figura viable, logramos hacer que cada día se operen más pacientes. Yo no tengo más que sentirme orgulloso de esta cuestión.

-¿Por qué cree que existe la idea en el hospital de que lo que usted hace en Traumatología es más un negocio personal?
Cuando dentro de un sistema que no funciona pruebas que sí funciona y bien –y también funcionan bien Ginecología y Neonatología–, mientras los otros no funcionan como quisieran, generas envidias. Desde que partió fue un tema. Yo me encargo solo de Traumatología y no de enlodar el resto. Lo de la empresa lo hice como un instrumento, si esto fuera ilegal no lo hubiera hecho. La experiencia que tuvimos con pacientes que salieron a operarse fuera del hospital fue muy mala: estaban mal operados, pero como eran pacientes Auge, para el ministerio fueron resueltas. Hubo que volver a intervenir.

LOS REGALOS DE LOS PROVEEDORES

-Hay otra parte compleja en el mecanismo que funciona para las operaciones que se hacen en el hospital tanto en la mañana en los turnos regulares, como en la tarde, por su empresa privada: como el hospital no licita los insumos que se utilizan, éstos se compran con las recetas que los mismos médicos entregan. ¿Cómo se controla si lo que figura en la receta fue realmente lo que se utilizó?
- Hay hospitales que están licitando todo porque tienen una robustez administrativa que se los permite. Nosotros no tenemos licitación de fierros, como les llamamos a las prótesis. Es súper complejo licitar cada fierrito, cada tornillito. Pero lo más importante es que estamos ad portas de sacar las bases. Lo que yo no puedo es esperar a que exista una licitación para operar a un fracturado. Esto funciona así en todas partes: en las clínicas privadas el médico hace la receta de lo que ocupó. Y eso es lo que hacemos. Que eso esté legalmente comprado o no, no se lo puedo decir. No es mi pega. Para mí sería ideal una licitación. Me importa la plata que le voy ahorrar al hospital y por eso no trabajo con una sola empresa: siempre hay más de una por producto, salvo que desde el punto de vista técnico o económico sea mucho mejor.

-¿Y usted se junta con las empresas de proveedores de insumos?
Sí, claro. Yo tengo que decirles: quiero tal implante y qué precio tienen por esto. Yo sé más o menos cómo se bajan los precios.

-Lo que significa que a su trabajo de jefe de Traumatología le agrega el negociar con las empresas para pedirles rebaja.
No me gusta hacer esa pega, pero como no está licitado, tampoco puedo dejar que la empresa te cobre lo que quiera.

-¿Usted también negocia ayuda de esos proveedores para otros gastos del personal médico?
No, jamás, ¡jamás!

-¿Y entonces por qué se la dan?
Yo jamás he negociado, ni dinero ni ayuda ni curso ni nada.

-Le vuelvo a preguntar: ¿por qué le dan esa ayuda?
Es que tengo un poder de compra enorme. Si yo fuera un hospital que en vez de 2.200 pacientes operara 25, me darían precio de lista y punto.

-¿Y éticamente usted siente que está bien aceptar estos regalos de las empresas?
Yo no he aceptado regalos, salvo una tarjeta de navidad, y creo que una vez una botella de vino hace muchos años.

-Me refiero a que le paguen viajes al extranjero a usted y a miembros de su equipo, que paguen los desayunos de los viernes, que paguen cenas para el personal.
Esta relación con las empresas desde el punto de vista de las comidas, los desayunos, es algo de toda la vida. Las empresas quieren participar porque es una instancia donde ellos muestran sus productos y es una tradición.

-Estos desayunos de los viernes con el personal médico a su cargo, ¿son en horario laboral?
La reunión clínica, que es lo típico, se hace con un desayuno y hay un representante de una empresa.

Por una empanada de camarón yo no defino qué prótesis poner

-¿Y cuál es el interés de la empresa de gastar en ese desayuno si la negociación de los precios, tal como usted me ha dicho, la hace personalmente?
Es que de repente quieren dar una información de algún producto nuevo. Si a mí me dicen “salió un producto nuevo y quiero mostrárselo”, me da lata. Yo puedo darle un tiempo mientras se toman un desayuno y ahí ellos aprovechan de mostrarlo.

-¿Y todos los viernes tienen un producto nuevo para mostrar?
A veces no, pero se comprometen a darte los desayunos. Es una práctica habitual y en todas las especialidades desde tiempos inmemoriales. Como son con todas las empresas importantes, yo no me comprometo con ninguna.

“POR UNA EMPANADA DE CAMARÓN…”

-¿Y cómo funciona eso de que las empresas invitan a cenas por cada 25 prótesis compradas?
No, en absoluto, lo que hemos hecho es que a raíz de estos programas, la gente salía tarde durante muchos meses. En el fondo, yo les conseguí con la empresa una junta en una “picada” para que vayan las personas que barren, que hacen el aseo y que cargan los pacientes.

-Pero en las cenas que se hicieron en el restaurante indio Majestic en Las Condes, y en uno de comida peruana en Providencia, participaron los médicos y la representante de la empresa.
Son dos cosas distintas. Por un lado, están las reuniones con el personal para darles un estímulo. Otra cosa son las reuniones de trabajo a las que yo asisto y que deben ser a lo sumo dos comidas al año. Si ahora me hubiera tenido que juntar con una empresa, me hubiera juntado almorzar en cualquier parte para trabajar.

-¿Las comidas del equipo pagadas por empresas con qué fin se aceptan?
Salimos de vez en cuando a comer con el equipo, generalmente pagamos nosotros. De repente hay una instancia en que uno dice: chuta, hay una empresa que está hinchando hace meses para que vayamos a comer. Son varias las empresas que nos han invitado, cinco o seis. Insisto: es una práctica habitual en el mundo médico. Por una empanada de camarón yo no defino qué prótesis poner.

-¿A usted no le influencia en nada que le inviten a comer con su equipo?
Me influencia en que creas lazos de mayor confianza con la empresa y les crees más. Tengo el teléfono de muchos vendedores y puedo decirles: “necesito esto mañana”. Son lazos de confianza que repercuten finalmente en el paciente.

-¿No cree que se pueda prestar a malas interpretaciones?
Es una práctica que no está permitida en varios lugares. En su mismo hospital hubo una circular prohibiendo los desayunos porque lo que está detrás es que nadie da nada gratis. Debería preguntarle a las empresas qué ganan. Si ves en ChileCompras el valor que nosotros pagamos por las prótesis es menor. Habitualmente, cuando existen coimas en la empresa privada, lo termina pagando el consumidor. Ahora mira qué curioso: la empresa que trabaja con nosotros nos da el precio más barato y eso es súper transparente.

¿QUIEN PAGA LA CAPACITACIÓN MÉDICA?

-¿Alguna vez aceptó viajes pagados por empresas?
Sí, son viajes de formación.

-¿Eso es normal en el mundo médico?
Sí. Más que aceptar, yo voy a los cursos que más me interesan por mi especialidad. La capacitación médica está pagada por la empresa privada. No está pagada por los hospitales ni por el Ministerio de Salud. Del ministerio a mí me regalaron un curso de Excel el año pasado. Pero si yo tengo que hacer un recambio de una prótesis de rodilla, no tengo donde. Aquí me pasan huesos plásticos, pero yo tengo que ir a Miami para hacer un curso con cadáveres. Son empresas especializadas que los ofrecen, con la prótesis que se va a usar para tener la mayor seguridad con el paciente después.

-Y para esa capacitación, ¿la única opción es aceptar los viajes de las empresas?
No sé si es la única, pero es difícil que todos los médicos puedan ir a esos cursos porque son caros. El puro curso son US$5 mil, más el viaje. Hay cursos locales, de repente se hace algún curso cadavérico, no es que no exista, pero es mucho más lo que ves afuera. Si yo invito al tipo más seco en fracturas de pelvis, al tipo lo traen y lo tienen que pagar las empresas privadas, porque aquí no hay cómo. Son carísimos, avión en primera clase, el hotel, etc. Los cursos de nosotros son acotados, vamos en económica, yo no voy con mi familia y acorto el plazo. Y la mayor formación, que fue en Alemania, me le pagué solito.

-¿Eso lo hacen los médicos de todas las especialidades en Chile?
No te puedo decir en todas, pero muchas. Yo entiendo que se pueda ver feo desde afuera, pero en la práctica no hay una instancia para capacitar. La empresa privada hace la capacitación que tú después aplicas en el paciente público. Es una transferencia de lo privado a lo público. Así lo veo yo.

A sólo una semana de que finalice el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Justicia designó al jefe de gabinete de la actual ministra Patricia Pérez, el abogado Andrés Vega Alvarado, como titular de la recién creada cuarta notaría de Puente Alto. El decreto de designación fue ratificado por la Contraloría con fecha 4 de marzo y por lo tanto ya es oficial.

La particularidad de este nombramiento es que precisamente esa cartera ministerial es la que debe elegir a los notarios de todo el país, a partir de las ternas propuestas por las Cortes de Apelaciones. Esta vez, la persona beneficiada es un funcionario de confianza de la propia ministra de Justicia. El abogado Andrés Vega competía en la terna aprobada por la Corte de San Miguel, con Pablo Javier Martínez Loaiza, actual notario titular de la comuna de Hualaihué; y el abogado Hernán José Retamal Grimberg.

Andrés Vega Alvarado

Según la información oficial del Ministerio de Justicia, Andrés Vega figura como funcionario a contrata desde agosto de 2011, con el cargo de jefe de gabinete del entonces ministro Teodoro Ribera. Cuando Ribera debió abandonar su cargo por los conflictos de intereses que se detectaron en el fraude de las acreditaciones de universidades otorgadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Vega siguió en su cargo asesorando a la nueva ministra Patricia Pérez. Cuando ella se fue con prenatal, Vega se mantuvo en su cargo. Sus honorarios iniciales fueron de $4.573.000 y terminó con $5.569.000. Adicionalmente, el abogado aparece contratado a honorarios entre 2010 y 2012 por labores de asesoría a la subsecretaria ministerial.

Antes de llegar al Ministerio de Justicia con Teodoro Ribera, ex diputado (RN), Andrés Vega fue asesor del diputado Cristián Monckeberg, también militante de Renovación Nacional.

La votación que dio paso a su inclusión en la terna para nuevo notario de Puente Alto, tuvo lugar el 13 de enero de 2014, en la Corte de Apelaciones de San Miguel. El concurso público tuvo 54 postulantes. Andrés Vega obtuvo la máxima votación, con 10 votos de los 12 integrantes de dicha corte. La norma exige que los elegidos en la terna tengan la mayoría absoluta en la votación. El segundo elegido, Pablo Javier Martínez, consiguió nueve votos. Y el tercer nombre se dirimió tras un primer empate en la votación.

NOTARIOS BAJO LA MIRA DE LA SUPREMA

La designación de notarios es un tema particularmente sensible por estos días. Y ello, porque la antigua polémica sobre su discrecional elección y funciones cobró nuevos bríos ante las irregularidades descubiertas en las firmas que avalaron a varias de las candidaturas presidenciales en la última elección, las que fueron visadas por notarios. Incluso el nuevo presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, se refirió a los problemas que han surgido con nombramientos discrecionales de notarios en la cuenta pública que dio inicio al Año Judicial:

-Es conveniente que el máximo tribunal revise los procedimientos de elaboración de ternas en las Cortes de Apelaciones, cuando existen reclamos, para garantizar que se cumplan los requisitos legales que establecen los artículos del Código Orgánico de Tribunales -afirmó Sergio Muñoz.

Sergio Muñoz

La designación de Andrés Vega como nuevo notario de Puente Alto no es la única que ha generado controversia en los últimos días. El otro foco de conflicto estuvo en la terna que designó la Corte de Apelaciones de Concepción para llenar el cargo en la recién creada notaria de Coronel. El candidato que obtuvo la primera mayoría en la votación de los trece magistrados de la Corte de Apelaciones, fue Jorge Ulloa, hijo del diputado del mismo nombre por esa zona y militante de la UDI. La nominación del abogado Ulloa motivó severas críticas ya que no cumple con uno de los requisitos para el cargo: dos años de ejercicio profesional como abogado al momento de la postulación.

En la misma terna de Ulloa figuraban René Arriagada y Mauricio Araneda, director jurídico del municipio de Concepción y estrecho colaborador del senador Alejandro Navarro (MAS). Finalmente, el gobierno eligió a René Arriagada, el único de los tres postulantes que no tenía relaciones políticas.

Otras dos ternas que han sido cuestionadas y cuya legalidad podría resolver el pleno de la Corte Suprema el próximo viernes 7 de marzo, son las que determinarán a los nuevos notarios de Rancagua, con asiento en Graneros y Machalí. Las dos ternas fueron elegidas por la Corte de Apelaciones de Rancagua y remitidas al Ministerio de Justicia. En ambos casos, el máximo tribunal pidió los antecedentes y mientras se resuelve, el concurso público quedó paralizado. La duda que debe despejarse es si se puede elegir a abogados externos o sólo corresponde que postulen notarios y conservadores, considerando que son vacantes correspondientes al escalafón de primera categoría.

Entre los postulantes a las notarías de Rancagua, figuran el diputado de la UDI, Enrique Estay, quien deberá abandonar el Congreso ya que no fue reelecto en las pasadas elecciones; la ex seremi Pamela Medina (Independiente pro RN) y el Seremi de Bienes Nacionales de la Región de O´Higgins, Gerardo Carvallo (UDI).

Un cuarto caso reciente en que la Corte Suprema intervino frente a un reclamo formal, ocurrió en la elección de un notario para San Miguel. El pleno del máximo tribunal resolvió que la elección de la terna había sido hecha “con infracción a las reglas que gobiernan la materia” (ver documento), por partida doble. En el primer caso, porque dos de los seleccionados no obtuvieron la mayoría absoluta requerida entre los once magistrados presentes en la única votación que se realizó. Sólo un candidato cumplió el requisito: Eduardo Esteban Rocco Campos. En cambio, Luis Alberto Maldonado Concha (5 votos) y Pablo Javier Martínez Loaiza (4 votos), no lo cumplieron.

La Corte Suprema no sólo subrayó la ilegalidad del procedimiento, sino que objetó además, que los dos postulantes mencionados que no cumplieron los requisitos, estaban inhabilitados para postular al concurso porque no cumplían con los requisitos sobre los escalafones respectivos. Dado que el cargo vacante en la notaría de San Miguel es de primera categoría, sólo podían postular notarios, archiveros o conservadores de bienes raíces de la misma categoría o de la inmediatamente inferior, rango que no cumplían Maldonado Concha ni Martínez Loaiza.

Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, el gobierno que termina su periodo el próximo 11 de marzo, creó diez nuevas notarías a lo largo del país. No todos los concursos para proveer esas nuevas plazas de notarios han sido convocados aún por las respectivas cortes de apelaciones. Eso significa que probablemente los nombramientos serán postergados y serán decididos por la nueva administración de Michelle Bachelet.

Este martes 11, en medio de los ritos republicanos del cambio de mando, volvió a ponerse en movimiento la puerta giratoria que une el lobby y la política: funcionarios públicos se convierten en lobistas y viceversa. El ahora ex subsecretario de Gobierno, Mauricio Lob, desembarcó en Azerta, la empresa de comunicación y lobby que dirigen Cristina Bitar y Gonzalo Cordero. Transitando a contramano, Carlos Correa Bau dejó la gerencia de Imaginacción, la empresa líder del mercado del lobby y propiedad de su padre, el ex ministro Enrique Correa Ríos. Correa Bau se instalará en La Moneda como número dos de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que encabeza la periodista Paula Walker. El equipo será reforzado también por Bárbara Rochefort, quien dejó la gerencia de Burson Marsteller, otra empresa dedicada a las comunicaciones y el lobby que ha representado, entre otros, los intereses del controversial proyecto HidroAysén.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile no hay regulaciones que limiten la fluidez con que se mueven los protagonistas de estas redes de influencia y poder desde el mundo privado al gobierno o al Parlamento, y viceversa. Quienes dejan el negocio del lobby para convertirse en autoridades tampoco enfrentan leyes que los obliguen a declarar las empresas privadas para las que trabajaron, en qué proyectos las representaron y ante qué autoridades lo hicieron. Todos antecedentes necesarios para fiscalizar eventuales conflictos de interés.

Fernanda Otero

El fenómeno no es nuevo. Al debutar el gobierno de Sebastián Piñera, la periodista Fernanda Otero, quien es fundadora de la Agencia B2O, se transformó en una de las asesoras de mayor confianza del ex mandatario. Fernanda Otero dividió su tiempo entre un contrato a honorarios con la Presidencia por $2.315.555, y sus labores en B2O. Esto generó un bochorno público cuando Piñera llegó a inaugurar una central de Pacific Hydro y se encontró con que su asesora estaba ahí en representación de la empresa eléctrica.

La puerta giratoria se movió en sentido inverso cuando el ex jefe de la Secom y uno de los funcionarios de mayor influencia del gobierno de Michelle Bachelet, Juan Carvajal, fue reclutado por Enrique Correa como consultor asociado del área de Asuntos Públicos de Imaginacción, donde se focalizan mayormente las actividades de lobby de la empresa.

Enrique Correa empleó a varios ex funcionarios de la Concertación que quedaron fuera de los círculos de poder tras el cambio de gobierno de 2010. Además de Carvajal, Imaginacción enroló al dirigente Moisés Valenzuela (DC), quien acaba de suceder a Carlos Correa Bau como gerente de Asuntos Públicos de la empresa. También fichó a Jorge Insunza (PPD) como gerente de Comunicación Estratégica en 2011, un año y medio después de que éste perdió su reelección como diputado en el Distrito 28. Ahora Insunza ha vuelto a ocupar un escaño de la Cámara Baja, esta vez por el Distrito 9.

Tanto en el caso de Insunza como en el de Carlos Correa Bau, resultará imposible saber si impulsarán políticas públicas o normas que favorezcan a sus antiguos clientes, pues la nómina de las empresas y grupos de interés representados por Imaginacción se mantiene bajo estricta reserva. Salvo que Insulza o Correa Bau transparenten esos vínculos de forma voluntaria, no habría posibilidad de detectar eventuales conflictos de interés.

EL DOBLE ROL DE ENRIQUE CORREA

Al asumir en la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, Carlos Correa está siguiendo el camino inverso de su padre. Enrique Correa Ríos ingresó muy joven a la política. Aún era un adolescente cuando comenzó a militar en la Juventud Demócrata Cristiana en los tiempos de la mítica Patria Joven. Luego viró a la izquierda para participar en la  fundación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y tras volver del exilio, se integró al Partido Socialista. A su regreso se transformó en uno de los artífices de la transición a la democracia y de la candidatura presidencial de Patricio Aylwin, lo que lo llevó a asumir la Secretaría General de Gobierno durante el primer gobierno de la Concertación. Además de vocero, Correa se transformó –junto a Edgardo Boeninger- en un actor clave en las relaciones cívico militares e impulsor del modelo de la “democracia de los acuerdos”, fórmula que condicionó las metas de la Concertación al entendimiento previo con la derecha.

En 1994 Correa Ríos dejó el gobierno convertido en un consejero imprescindible para los líderes de la Concertación, papel que cumple hasta hoy. En paralelo, en 1996 entró de lleno al mundo privado al fundar Correa y Correa Consultores, empresa que luego sería rebautizada como Imaginacción (vea el resumen de sus empresas de asesorías y consultorías). Su doble rol de asesor político con acceso privilegiado a La Moneda y de influyente consultor privado lo convirtió en el lobista más influyente del país, pero al mismo tiempo se transformó en uno de sus flancos débiles.

Enrique Correa

En el acápite de los objetivos que registra su sociedad Imaginacción Asuntos Públicos Correa & Correa Consultores Limitada, se lee: “Representación por cuenta propia o ajena de todo tipo de personas o empresa, nacionales o extranjeras; análisis y desarrollo de propuestas de políticas públicas en sectores económicos específicos; elaboración de propuestas para sector privado empresarial e industrial en su vínculo con el regulador; desarrollo y manejo de alternativas de solución a controversias; asesorías en autorregulación de sectores industriales y empresariales; evaluación de impacto y viabilidad de proyectos empresariales frente al regulador; exposición de propuestas técnicas ante el legislador por encargo de sus mandantes; elaboración y propuesta de soluciones a conflictos y situaciones de carácter público y privado”.

Aunque Enrique Correa fue el primero en reconocer públicamente que hacía lobby y siempre lo defendió como una actividad lícita, promoviendo desde el comienzo que se legislara para regular y transparentar los contactos con la autoridad, eso no aminoró las críticas que recibió por su doble rol de asesor político y de proyectos privados que buscaban influir en las decisiones del gobierno y el Congreso.

En 2004 se rumoreó que su empresa representaría al Consejo Minero para oponerse al royalty, lo que iba en contra de la postura del PS. Enrique Correa terminó renunciando al partido. No fue el único cuestionamiento que enfrentó en esos días: Correa asesoraba la precampaña presidencial de la ex ministra Soledad Alvear (DC), aunque el PS ya había levantado como candidata a Michelle Bachelet. Esas heridas, en todo caso, ya sanaron. En esta última campaña, Enrique Correa fue mencionado como una de los consejeros más cercanos a la candidata de la Nueva Mayoría.

CARLOS CORREA: CUBA, CAMIROAGA Y BACHELET

En los últimos años, Carlos Correa Bau ha asumido un rol más público en Imaginacción. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con un MBA en la Universidad de Tulane (Estados Unidos), se movió entre lo público y lo privado antes de ingresar a la empresa de su padre. De acuerdo al currículo publicado en la red Linkedin, tras un breve paso por Banestado, trabajó en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (durante el gobierno de Ricardo Lagos) y luego saltó a la contraparte, como gerente de Estudios de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, donde se desempeñó durante dos años.

En 2006 volvió al sector público, esta vez como jefe de la división de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Transportes. Desde marzo de 2008 figura como gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, aunque dos personas que fueron parte de la consultora recuerdan que en algún momento se retiró para iniciar un negocio propio y luego volvió.

Una de las cosas que marcó a Carlos Correa fueron los años que pasó en Cuba, donde creció durante el exilio de su madre (Catalina Bau, ex directora de Conaf). El vínculo con su padre se estrechó al volver a Chile, pues Enrique Correa vivió su exilio en Europa. En su círculo lo definen como trabajólico, obsesivo y pragmático. En la empresa la relación entre padre e hijo se mueve en un plano estrictamente profesional e, incluso, se le exige más que al resto. De hecho, debió pasar por todas las etapas dentro de la agencia, desde consultor hasta llegar a la gerencia.

La principal fortaleza de Correa Bau -añade alguien que trabajó con él- es la implementación de un modelo de negociación que consiste en mapear los objetivos de la empresa y diseñar estrategias para conseguirlos. Tiene la capacidad de detectar muy rápido la visión de la contraparte y negociar en busca de un punto de encuentro.

Carlos Correa Bau

Uno de los encargos más relevantes que debió asumir fue la cuenta de TVN. El director ejecutivo del canal, Mauro Valdés, necesitaba apoyo especializado para enfrentar la crisis generada por el accidente del avión de la FACh en que murieron Felipe Camiroaga y otros funcionarios del canal, en septiembre de 2011. Por la importancia del encargo, ésta había sido asignada originalmente a un subgerente de Imaginacción, pero muy luego fue el propio Correa Bau quien asumió la tarea, secundado por el ahora diputado Jorge Insunza. Según alguien que conoce a Correa, TVN significó un salto cualitativo en su carrera, pues lo sacó del mundo de las empresas para abocarse de lleno en el de las comunicaciones y el poder político.

Correa Bau aumentó su presencia pública durante la larguísima tramitación de la Ley de Lobby que buscó llenar el vacío de una regulación para esta actividad. A fines de 2008, concurrió a la Comisión de Gobierno del Senado, en representación de la empresa de su padre, cuando se discutía ese proyecto. En esa ocasión, las distintas agencias que reconocen que se dedican al lobby -Imaginacción, Burson Marsteller, ICC Crisis y Hill & Knowlton Captiva- se presentaron en bloque y pidieron que la ley considerara como lobistas no solo a las empresas que hacen este trabajo de manera remunerada, sino también a las asociaciones gremiales y sindicatos, entre otros grupos corporativos que presionan por sus intereses ante las autoridades.

En la última fase de la tramitación de la Ley de Lobby, Correa Bau fue invitado el 18 de junio pasado al programa El Informante de TVN. Ahí explicó que la labor de Imaginacción es representar los intereses de empresas ante las autoridades, una tarea en la que reconoció que han tenido clientes de todos los sectores económicos, incluyendo muchos extranjeros.

“Nos contratan para ayudarlos, para hacer representar sus intereses ante las autoridades de manera legítima. Tenemos un código de ética publicado en nuestra web que lo ponemos en los contratos (…), cuando nos juntamos con una autoridad lo primero que decimos es: señor, vengo en representación de X y por tal tema. Eso en Chile poca gente lo hace y en otras legislaciones es obligatorio”, dijo entonces.

En el mismo programa reconoció que Imaginacción mantiene bajo reserva los nombres de sus clientes. La razón, aseguró, es que los clientes piden firmar acuerdos de confidencialidad. También argumentó que algunos clientes podrían considerar que Imaginacción se aprovecha de sus nombres para hacer publicidad. Sólo si la ley así lo exigiera, dijo, estarían de acuerdo con dar a conocer la nómina de las empresas que asesoran: “En nuestra opinión, es suficiente informar a la autoridad a la que voy a ver para hacer lobby”.

Ahora que asume un importante cargo en el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, el secretismo sobre los clientes de Imaginacción cobra un nuevo cariz. La Secom es la encargada de difundir las políticas del gobierno. Si hasta ahora Correa Bau trabajaba en una empresa que hacía justo lo contrario, promover intereses privados ante las autoridades bajo reserva, resulta importante que la opinión pública sepa hoy si puede haber un choque de intereses. ¿Hacía lobby Correa Bau para alguna AFP que bregó por que el Estado no ingresara a ese rubro? ¿O por alguna de las organizaciones gremiales que se oponen a la reforma tributaria? La pregunta corre también para su nueva compañera en la Secom, Bárbara Rochefort, quien representó los intereses de HidroAysén, proyecto que Bachelet ha rechazado.

En el caso de Imaginacción, la lista no oficial de sus clientes, de acuerdo a diversas fuentes, incluye a Lota Protein, Puerto de Antofagasta, Crystal Lagoons, Colbún y Córpora Tres Montes. Según un estudio académico preparado por el periodista Mario Álvarez para la Universidad de Chile, también habría representado a Cruz Verde, Clínicas de Chile, SMU, CorpGroup, ADT, SQM, Claro, Universidad Santo Tomás y la Asociación Chilena de Seguridad.

Imaginacción también fue contratada para diseñar la estrategia comunicacional frente a las acusaciones y el juicio por el rol de la ex Presidenta en el terremoto de 2010. Carlos Correa estuvo a cargo de esa cuenta, lo que afianzó sus lazos con el bacheletismo y lo llevó luego a trabajar directamente en el comando de campaña presidencial. Esta renovada cercanía pudo influir en su nombramiento en la Secom.

El nombramiento de Correa Bau en la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, no pasó inadvertido para los dueños de las agencias de lobby. Uno de ellos afirmó a CIPER: “La llegada de Carlos Correa al corazón de La Moneda es una mala señal para la transparencia e implicará más trabajo para todos. Porque lo que hace Enrique Correa es tratar de mostrar poder instalando a su hijo en Palacio”.

CIPER intentó ubicar a Carlos Correa en sus oficinas de Imaginacción, donde se informó que no tenían contacto con él desde el 4 de marzo pasado, cuando dejó la empresa. También se le enviaron mensajes con personas del nuevo equipo de la Secom, pero no hubo respuesta.

EL DIPUTADO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

La vida del diputado PPD Jorge Insunza Gregorio de las Heras (47) ha estado marcada por cuatro hombres: su padre y dirigente histórico del PC, Jorge Insunza Becker; el ex ministro de la dictadura, Francisco Javier Cuadra; el ex ministro de la UP, ex senador PPD y funcionario del gobierno de Piñera, Fernando Flores, y el ex ministro vocero del primer gobierno de la Concertación, Enrique Correa. De su padre heredó, asegura, la pasión por la política, y de los otros tres recibió parte de su formación profesional como consultor.

Jorge Insunza

Enrique Correa lo reclutó en 2011. No fue la primera vez que Insunza se involucraba en consultorías estratégicas. Su debut fue con Francisco Javier Cuadra, cuando en 1992 ingresó a Civitas, la empresa del ex ministro de Pinochet que entonces asesoraba a importantes grupos económicos durante la transición y a quien conoció mientras estudiaba Derecho en la Universidad Diego Portales. Fue su alumno y ayudante en el curso Temas Fundamentales de la Política.  En un comienzo, cuando se enteró quién sería su profesor, quiso retirarse del ramo, pues temió que podría ser reprobado, pero finalmente Insunza dice que tuvo “una experiencia de mucho aprendizaje” con Cuadra, entre 1992 y 1996 (vea la web personal de Insunza).

A partir de 1996 y junto al sociólogo y doctor en filosofía Max Colodro, creó su propia empresa: Sistema Consultores, orientada a otorgar asesorías a gobiernos, parlamentarios y empresas, a través de análisis de escenarios políticos, tendencias de opinión pública y élites, manejo de crisis y sistemas de inteligencia de mercados.

Codelco fue uno de sus clientes importantes en 1997, cuando recién comenzaba con su empresa de asesorías comunicacionales. Posteriormente, volvió a ser su cliente entre 2002 y 2004. En 1997 recibió de la cuprífera $ 25 mil dólares por sus servicios, y entre diciembre de 2002 y junio de 2004, $ 55 mil dólares.

Su relación con Codelco le significó a Insunza un duro cuestionamiento público. Al momento de ser designado presidente de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el alza de costos de Codelco (ver informe), el diputado no informó del vínculo laboral que había tenido con la cuprífera estatal. Lo peor vino después, porque la comisión investigadora pidió a Codelco información de las asesorías y servicios profesionales prestados entre 2003 y 2007, y según diputados de la UDI, Insunza se opuso.

Luego, el diputado PPD debió hacer un mea culpa por no haber transparentado sus vínculos laborales con Codelco, materializados en informes diarios y mensuales para la División de Comunicaciones de la cuprífera estatal. Y se puso a disposición de la Comisión de Ética de la Cámara, que presidía el también PPD Enrique Accorsi. Entre sus descargos, Insunza citó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso al señalar que las inhabilidades parlamentarias sólo se refieren a los proyectos de ley y no a las facultades fiscalizadoras. Un vacío legal que hasta ahora continúa.

“Me siento orgulloso de haber asesorado a Codelco. Asumí que era un hecho público y conocido que, antes de ser parlamentario, realizaba consultorías, tenía mi propia empresa y que entre ellas asesoraba a Codelco. Asumo que cometí un error al no explicitar ese punto y la verdad es que no se me pasó por la cabeza”, declaró a La Tercera.

Desde 1983 y hasta la fecha, el diputado PPD se ha movido sin problemas a través de una puerta giratoria que lo sitúa alternadamente entre las asesorías estratégicas vinculadas al lobby y en la política partidista. Comenzó ese largo camino en 1983 en las Juventudes Comunistas, cuando estudiaba en el Liceo Manuel de Salas. Siete años más tarde, en 1990, abandonó esas filas en medio de la deserción masiva de militantes marcada por la crisis del socialismo real y se matriculó en el PS. Sin embargo, esta colectividad tampoco le acomodó y finalmente optó por el PPD, tienda en la que logró hacerse un nombre: fue uno de sus vicepresidentes y asesoró a su entonces presidente Sergio Bitar y también al ex senador Fernando Flores, cuando aún militaba en ese partido.

Acaba de terminar Derecho en la Universidad Bolivariana y hoy pertenece al sector tercerista del PPD, que lidera René Jofré. En las elecciones de 2013, Insunza tuvo un rol gravitante en su partido al estructurar y negociar, junto a Alejandro Bahamondes y Gonzalo Navarrete, la plantilla parlamentaria.

Insunza participó en la definición de los candidatos del PPD cuando aún era empleado de una agencia dedicada al lobby. Uno de los objetivos de Imaginacción es estrechar lazos con diputados y senadores e influir en sus decisiones para beneficio de actores privados, por lo que la actuación de Insunza pudo configurar un conflicto de interés que pasó inadvertido y que revela otro vacío legal en la relación del lobby con la política. La plantilla del PPD fue cerrada el 17 de julio de 2013. Insunza reconoce que trabajó para Imaginacción hasta fines de ese mismo mes. Y dejó la empresa de Enrique Correa porque a última hora asumió como candidato en el Distrito 9, en reemplazo del cuestionado ex ministro Víctor Manuel Rebolledo.

Consultado por CIPER, Insunza desestimó un eventual conflicto de interés por su labor en Imaginacción y, en paralelo, haber negociado la plantilla parlamentaria del PPD:

-Toda negociación tiene un proceso bien complejo que tiene que ver con los candidatos disponibles, con las posibilidades que tiene cada cual, con lo que dicen las encuestas, con las probabilidades de ser electo. Es una evaluación electoral de liderazgos, de potencialidades versus la de los demás partidos. Al final, es un proceso bien institucional en el que el equipo negociador expone una mirada y una habilidad negociadora. Incluso, nuestra interlocución con los parlamentarios es mínima. La plantilla no es una negociación personal, sino colectiva. -dijo Insunza a CIPER (vea el recuadro con la entrevista al diputado).

Junto al candidato Luis Lemus (PS), Insunza consolidó un cómodo doblaje en la votación (obtuvieron en conjunto más del 72%) y pavimentó su regresó a la Cámara tras cuatro años de ostracismo por su derrota de 2008, cuando fue desplazado por el dirigente comunista Guillermo Teillier. En este nuevo periodo participará en las comisiones de Energía, Recursos Hídricos, Defensa y Constitución, Legislación y Justicia. El traje de diputado ahora le permitirá legislar en áreas donde algunos de sus ex clientes pudieran eventualmente tener intereses. Así lo advirtió el abogado Renato Garín, especializado en las normas chilenas sobre lobby y financiamiento de la política, en su artículo Dinero y Poder: la microfísica del modelo chileno:

“Un caso interesante es pensar qué ocurre cuando un sujeto activo de lobby, un lobbista, participa a la vez de un partido político e incluso es candidato a un cargo de representación popular. Podemos mejorar nuestro caso e imaginar que este sujeto trabaja para una empresa dedicada al lobby que no revela su lista de clientes, pues mantiene cláusulas de confidencialidad con sus representados. Este caso existe y ocurre actualmente en Chile: el señor Jorge Insunza, militante del PPD, es gerente en la empresa Imaginacción Consultores y candidato a diputado el próximo 17 de noviembre. Su empresa, propiedad de Enrique Correa, no revela su lista de clientes por lo que no sabemos a quién representa”.

A primera hora del pasado viernes 7 de marzo, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, supo que ya no podría seguir colaborando con los siete ministros designados en Santiago para trabajar a tiempo completo en los cientos de procesos pendientes por crímenes y torturas cometidos durante la dictadura. Solo un mes duró en sus funciones. Un lapso que grafica la fuerza que aún mantienen los militares para hacer prevalecer sus intereses. Porque en rigor, lo sucedido con Solís es sólo un fleco de la presión que desde el propio Ejército se inició cuando en noviembre pasado fue procesado y encargado reo un general (r), hermano del general Humberto Oviedo Arriagada, quien acaba de asumir la comandancia en jefe del Ejército.

El fallo dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, cayó como una bomba en el Ejército. Fueron 25 los militares y civiles a quienes Mesa procesó y encargó reos por el asesinato de cinco estudiantes universitarios, un obrero y un agricultor –todos comunistas– en la noche del 10 de noviembre de 1973. Y entre ellos estaba el general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, acusado de ser el autor material de los siete homicidios calificados y cómplice de las torturas a las que fueron sometidos los “prisioneros”. Para entonces, ya era un hecho que su hermano Humberto Oviedo sería nombrado por el Presidente Piñera como el nuevo jefe del Ejército, lo que se oficializó solo diez días más tarde: el 19 de noviembre.

Un primer atisbo de la presión militar recayó sobre el ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, coordinador nacional de los procesos por delitos de Derechos Humanos desde junio de 2012. Consultado por CIPER, Dolmestch negó haber sido presionado, pero reconoció que llamó al ministro Álvaro Mesa, pues éste “se negaba a recibir a la parte militar para coordinar, como se ha hecho siempre, a través del CAE (Comando Administrativo del Ejército) y de la policía militar, el traslado de los uniformados procesados hasta la corte respectiva”.

Desde Temuco, el ministro Álvaro Mesa reconoció haber recibido esa llamada, pero puntualizó: “No es efectivo que yo me haya negado a recibir a la parte militar. De hecho, nunca me pidieron audiencia. Yo le había pedido a los tres policías que trabajan aquí en estos procesos, que coordinaran ese traslado. Cuando el ministro Dolmetsch me llamó, yo accedí a lo que me solicitó porque ya lo esencial estaba hecho: los procesamientos y las encargatorias de reos”.

El ministro Mesa dice no haberse enterado hasta días más tarde de haber emitido su fallo de que uno de los principales inculpados era hermano del nuevo comandante en jefe. Y el ministro Dolmestch no quiso revelar cómo se enteró de que había sido procesado el hermano del nuevo jefe del Ejército y se negó a identificar a quién le expresó el reclamo. Tampoco explicó por qué llamó al ministro Mesa, ya que entre sus atribuciones no está el intervenir frente a las medidas que adoptan cada uno de los 32 jueces que en todo el país se dedican a esta función con plena potestad de sus actos.

Lo que sí es un hecho es que en la Sala Penal de la Corte Suprema, donde tiene su sillón el ministro Hugo Dolmestch, también tiene su lugar el auditor del Ejército, Waldo Martínez, quien la integra sólo cuando se ven en esa sala los procesos que llegan desde la Corte Marcial. Una cercanía que facilita la comunicación.

UNA TARDANZA SIN EXPLICACIÓN

Ministro Álvaro Mesa

Luego de la intervención del ministro Dolmestch, los militares procesados por el ministro Álvaro Mesa en Temuco fueron trasladados con todos los cuidados que exige el Ejército hasta la Corte de Temuco. Una vez notificados de que el fallo del ministro descartaba otórgales la libertad provisional –por considerarlos “un peligro para la sociedad” –, los inculpados fueron llevados al Regimiento Tucapel, a la espera del resultado de la apelación. Como era previsible, todos salieron a los pocos días en libertad por resolución de la Corte de Temuco.

Pero nadie explica por qué asesinatos que se disfrazaron como atentados extremistas, donde hubo premeditación, torturas y ejecuciones sumarias, desprovistas de toda legalidad incluso en un periodo de guerra, demoró 40 años en obtener un fallo que hiciera justicia. Es más, si ese fallo hubiera sido dictado tres años antes, uno de los inculpados, el ex fiscal militar Alfonso Podlech, habría debido enfrentar situaciones más severas en la justicia italiana.

Una de las razones que podrían explicar esa demora es que varios de los militares inculpados llegaron a ocupar posiciones de generalato y alto mando en el Ejército. Y también, que abrir esa compuerta implica sumergirse en la complicidad que tuvieron con la impunidad funcionarios del Poder Judicial de esa zona que hicieron carrera. Otro dato grafica lo anómalo de esta situación en la jurisdicción de Temuco: el ministro Álvaro Mesa, de dedicación exclusiva a los procesos por violaciones a los derechos humanos en la Corte de Apelaciones de Temuco, ostenta el récord de causas ingresadas en 2013 en todo el país: 50. Quien le sigue es el ministro Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, con 49.

El asesinato de las siete personas se llevó a cabo poco antes de la medianoche del 10 de noviembre. Al día siguiente sus familias se enterarían por un bando militar publicado en la prensa que los siete hombres integraban un grupo extremista y fallecieron cuando intentaban asaltar el polvorín ubicado en el sector “Isla Cautín”.

La versión fue de punta a cabo falsa, pero ratificada a la prensa y a las familias de las siete víctimas por el comandante del regimiento, coronel Pablo Iturriaga Marchesse. Y ampliada en los días siguientes con detalles de cómo en una acción heroica el contingente del Regimiento Tucapel logró repeler el ataque para posteriormente salir en búsqueda de los “extremistas” que lograron huir. El mensaje era claro: los extremistas rondaban la ciudad. Y habría después otros muertos, también fríamente ejecutados durante la noche, a los que nuevamente se hizo pasar como muertos en “intento de fuga” o “ataque extremista”.

Nada de heroico hubo en la acción desplegada por el contingente del Regimiento Tucapel en 1973. Matar a hombres amarrados, mutilados y al límite de sus fuerzas producto de la aplicación de electricidad y de los golpes, no es digno de figurar en ninguna bitácora de arrojo y valentía. Pero esa fue la versión que se difundió profusamente por la prensa y que recorrió las calles de Temuco.

De nada sirvieron los testimonios de aquellos que también estuvieron como prisioneros en el Regimiento Tucapel, que lograron salir con vida y afirmaron haber visto a los “extremistas del polvorín” en muy malas condiciones físicas en fecha anterior al supuesto asalto. Nadie los escuchó. Tampoco en los tribunales, donde el personal judicial en comisión de servicio en la fiscalía militar, a cargo de los interrogatorios, ejercía su influencia para la denegación de justicia. Lo que nadie puede explicar es cómo los asesinos y sus cómplices mantuvieron los hilos del poder y lograron que transcurrieran 40 años para que, finalmente, un juez de Temuco hiciera justicia y clarificara paso a paso cómo ocurrió aquel falso ataque al polvorín de “Isla Cautín”.

TORTURA EN EL REGIMIENTO TUCAPEL

Los militares tomaron el control de Temuco el mismo 11 de septiembre de 1973, siendo nombrado gobernador de la ciudad el comandante del Regimiento de Infantería Tucapel, coronel Pablo Iturriaga. Ese mismo día se puso en funcionamiento la Fiscalía Militar regional, a cargo del mayor Luis Jofré Soto, reforzada por actuarios y un relator de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, la que los designó a esa función en “comisión de servicio”.

Alfonso Podlech

El rol primordial en los juicios y procedimientos que se iniciaron lo tuvo el abogado Alfonso Podlech Michaud, quien fue después fiscal militar de Temuco. Podlech fue detenido en 2008 por la justicia de Italia acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Después de permanecer detenido y retenido en ese país, fue liberado en 2011 y pudo regresar a Chile. Hasta el último minuto negó haber participado en torturas y asesinatos de opositores al régimen militar. El fallo del ministro Álvaro Mesa indica que faltó a la verdad.

Volviendo a noviembre de 1973, Podlech era uno de los protagonistas del nuevo poder militar en Temuco en el que ocupaba un rol clave la Sección de Inteligencia del Regimiento Tucapel, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, a la que se agregó personal de Carabineros y de Investigaciones. Sus integrantes hacían los interrogatorios al gran número de prisioneros que muy pronto desbordaron la cárcel local y las dependencias del propio regimiento.

Para esos interrogatorios se habilitaron dos lugares especiales al interior del Regimiento Tucapel: un sitio ubicado entre las compañías de Plana Mayor y la de Morteros; y un gimnasio ubicado a un costado del lugar destinado al rancho de los conscriptos.

La investigación realizada por el ministro Álvaro Mesa pudo determinar que en ambos recintos se torturó. Los testimonios coinciden: a los prisioneros se los amarraba y se les aplicaba electricidad en distintas partes del cuerpo, “además de aplicarles otro tipo de tormentos con golpes de pies y puños”. En los interrogatorios participaba la mayoría de los oficiales del regimiento y algunos soldados regulares.

Un rol importante cumplieron en la custodia y torturas aplicadas a los prisioneros algunos soldados y conscriptos de la Segunda Compañía de Cazadores del Regimiento Tucapel, bajo el mando del teniente Manuel Vásquez Chahuán. El grupo recibió el nombre de “Patrulla Chacal” y quedó a cargo del subteniente Manuel Espinoza Ponce. Vásquez Chahuán siguió ascendiendo en el Ejército, llevando tras de sí la fama que adquirió como uno de los miembros importantes de la DINA, organismo en el que integró dos de sus brigadas más brutales: la Mulchén y la Purén.

En esos meses de fines de 1973 y principios de 1974, al interior del Regimiento Tucapel se asesinó a un número hasta ahora indeterminado de personas, entre los cuales figura el grupo que motivó el procesamiento y encargatoria de reo del hermano del actual comandante en jefe del Ejército y de otros 24 militares y civiles.

Manuel Vásquez Chahuan

Los siete hombres asesinados el 10 de noviembre de 1973, son: Florentino Molina Ruiz, a quien le faltaba un brazo a raíz de un accidente laboral y que fue sacado de su hogar y llevado al Regimiento Tucapel el 6 de noviembre de 1973; Juan Antonio Chávez Rivas, estudiante de la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Usach), quien también fue llevado al regimiento en la misma fecha; Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, detenido en su puesto de trabajo en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco y llevado en calidad de prisionero al regimiento el 7 de noviembre; Juan Carlos Ruiz Mancilla, estudiante de Construcción Civil de la UTE, quien fue detenido en su casa familiar en Punta Arenas y llevado en avión hasta Temuco, ingresando al regimiento el 7 de noviembre; Amador Montero Mosquera, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la UTE, detenido en su hogar y llevado al regimiento el 7 de noviembre; Pedro Mardones Jofré, estudiante de la UTE, detenido en su domicilio y también trasladado al regimiento, y Carlos Aillañir Huenchual, agricultor, detenido por una patrulla militar en la casa de su hermano, en la localidad de Quepe.

La investigación del ministro Mesa, en la que incluso declaró el obispo Bernardino Piñera, estableció la secuencia de lo que efectivamente sucedió esa noche. El movimiento inusual comenzó alrededor de las 23 horas del 10 de noviembre de 1973. Los siete “prisioneros” antes mencionados, se encontraban apiñados en un pequeño gimnasio, al interior del Regimiento Tucapel. Los custodiaban miembros de la “Patrulla Chacal”. Todos estaban en pésimas condiciones físicas. Al punto que el estudiante Pedro Mardones, una de cuyas manos estaba muy dañada, fue incapaz de sujetar el vaso de agua que un conscripto de la Compañía de Cazadores le ofreció (testimonio del propio conscripto).

De improviso, irrumpieron en el recinto el jefe de la compañía, Vásquez Chahuán, y su segundo al mando de los Cazadores, rodeados por otros uniformados del regimiento. El motor de un camión asfixió las voces de mando al estacionarse en la entrada del pequeño gimnasio. La orden de Vásquez Chahuán fue perentoria. Uno a uno los “prisioneros” fueron subidos al camión. Sus custodios también montaron. Sus jefes lo harían en un jeep. Todos partirían en caravana rumbo a la entrada del Regimiento Tucapel.

DISPAROS DIRECTO A LA CABEZA

Poco después, la comitiva llegaba al sector llamado “Isla Cautín”. Y en el polígono de tiro serían ajusticiados por los integrantes de la patrulla. Sin perder tiempo recogieron los cuerpos, los que fueron llevados a la morgue, donde se les practicó la autopsia. La de Florentino Molina, el trabajador que había perdido un brazo en un accidente laboral, concluyó que falleció por un “estallido cráneo encefálico” producto de múltiples proyectiles. Las otras son similares.

Cuarenta años más tarde, faltando sólo dos días para el aniversario de esa masacre, el ministro Álvaro Mesa acusó a 25 militares y civiles como autores y cómplices del asesinato de los siete supuestos atacantes del polvorín y de las torturas de las que fueron objeto. Entre los autores de los siete homicidios calificados, figura el general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, hermano del general que el domingo 9 de marzo asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército.

Jaime García Covarrubias

Como autores de los crímenes y también de las torturas, fueron encargados reos los siguientes militares: Jaime García Covarrubias (fue jefe de Contrainteligencia de la DINA, en 1988 fue nombrado por Pinochet subsecretario general de Gobierno y entre 1995 y 1997 fue director de la Academia de Guerra; también fue alumno de la Escuela de las Américas en 1970); Raimundo García Covarrubias; Pablo Gran López (ascendió al generalato y llegó a ser segunda antigüedad del Ejército y director en 2003 del Instituto Geográfico Militar, registra un curso en la Escuela de Las Américas en 1971, junto al teniente Manuel Espinoza Ponce dirigió el operativo que culminó con el lanzamiento de 18 cadáveres al Río Allipén, fue de la dotación DINA y estuvo a cargo de la custodia del cuartel general); y Mario Hernán Arias Díaz (suboficial de Ejército, fue integrante de la DINA).

Encargados reos como autores de los siete homicidios y cómplices de las torturas a las que fueron sometidos los fallecidos, el ministro Mesa encargó reos a Carlos Eduardo Oviedo; Norberto Uribe Moroni; Pedro Tichahuer Salcedo (trabajó en el área de finanzas de la DINA, incluso tenía poder de girar junto a Manuel Contreras en la cuenta que ese organismo abrió en el Banco de Crédito e Inversiones, aparece recibiendo pagos extras con cheques de la DINA, integrante de la sociedad denominada “Pedro Diet Lobos” pantalla de ese organismo secreto, tiene sociedades comerciales y del rubro de la gastronomía); Romilio Osvaldo Lavín Muñoz (subteniente de Ejército, en 1973 registra un curso en la Escuela de Las Américas y fue integrante de la CNI) y Juan Bautista Labraña Luvecce.

Pedro Tichauer

Como cómplices de los siete homicidios calificados y autores de tortura, fueron procesados: Orlando Moreno Vásquez (ya condenado un año antes como autor de torturas en el mismo tribunal), Aquiles Alfonso Poblete Muller, Raúl Binaldo Schonherr Frías, Daniel San Juan Clavería, Omar Burgos Dejean (suboficial de Carabineros, ya procesado y condenado por su participación en variados delitos, desde aplicación de tortura hasta desapariciones, como la del estudiante ecuatoriano José Félix García Franco, por el cual fue condenado a 10 años de presidio, otorgándosele el beneficio de la libertad vigilada, hace un año, en otro proceso por aplicación de torturas fue condenado a dos penas de 80 días de presidio); Alfonso Podlech Michaud (abogado y ex fiscal militar de Temuco) y Hernán Quiroz Barra.

Como autores de los homicidios, no así de las torturas, fueron procesados: Manuel Campos Ceballos (conscripto), Juan Carlos Concha Belmar (conscripto), Sergio Vallejos Garcés, Gabriel Alfonso Dittus Marín (perteneció a la DINA y a la CNI, al igual que su hermana María) y Héctor Villablanca Huenulao. Y como autores de las torturas: Juan Carrillo Rebolledo; Libardo Hernán Schwartenski Rubio (integrante de la DINA) y José Raúl Insunza Rubio. Por último, el coronel (r) Hernán Ramírez Ramírez, quien fuera comandante del Regimiento La Concepción y jefe administrativo y militar de la provincia de Cautín, fue encargado reo como cómplice de las siete ejecuciones sumarias, así como de las respectivas torturas.

Dada la gravedad de los delitos, el ministro Mesa Latorre no les concedió la libertad provisional. Pero gracias al inmediato fallo de la Corte de Temuco, hoy todos gozan de la libertad.

PROCESOS DE DERECHOS HUMANOS: MUERTE LENTA

Cuando en febrero pasado el ex ministro Alejandro Solís inició su trabajo de colaboración en los juicios de Derechos Humanos, ninguno de los siete ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que tienen esa responsabilidad manifestó su reparo: Mario Carroza, Leopoldo Llanos, Alejandro Madrid, Jorge Zepeda, Miguel Vásquez, Patricia González y Hernán Crisosto.

Ministro Alejandro Solis

Y se entiende, sólo en el estado de plenario se registran 80 causas, sin contar con los cientos que esperan en etapa de sumario y que totalizan 1.022 causas en tramitación, según la cuenta entregada por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el pasado 1 de marzo. Los siete ministros nombrados saben que terminar con esa lista del horror es una tarea imposible. Dada la experiencia en el área de Alejandro Solís, y su capacidad de trabajo y seriedad, su ayuda sería importante.

Fue el propio ministro Sergio Muñoz quien alertó en 2012 al pleno de la Corte Suprema, cuando era el coordinador nacional del área de Derechos Humanos, por la enorme carga de trabajo que representaba la tarea pendiente. Y también de la urgente necesidad de adoptar medidas para agilizar los procesos. De allí la anuencia con que fue recibida la incorporación de Solís, quien fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago hasta diciembre de 2012 y quien llevó hasta el final el juicio por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa (1974), entre otros.

La primera tarea que le encargó el nuevo presidente de la Corte Suprema a Alejandro Solís fue la creación de una base de datos que permita a los 32 ministros de dedicación exclusiva en el país en la materia tener la información clave para poder avanzar en sus investigaciones.

Así lo publicó el diario El Mercurio el pasado 7 de marzo. En la misma nota, el abogado de militares procesados, Jorge Balmaceda, expresó su rechazo al nombramiento de Solís: “Es improcedente, salvo que sea para labores administrativas, pero desempeñar labor de juez, no lo puede hacer. Yo creo que los ministros tienen la capacidad, o si no, me pregunto: ¿se habrán equivocado los altos magistrados al designarlos a ellos?”.

Ministro Hugo Dolmetsch

“Improcedente”. Ese fue exactamente el argumento que esgrimieron en tribunales algunos ministros de la Corte Suprema que siempre han abogado por la amnistía y la prescripción. Lo que resultó sorprendente es que fuera también la causal que argumentaría el ministro Hugo Dolmestch, coordinador nacional del área, para impugnar la contratación de Alejandro Solís. Y ello, porque quién mejor que Dolmetstch, que llevó el caso de la Operación Albania, para conocer de la seriedad del trabajo de Solís.

CIPER consultó a Hugo Dolmestch por las verdaderas razones que lo llevaron a decir que esa contratación era improcedente. Y respondió que lo era porque no corresponde que un ex ministro de la Corte de Apelaciones vuelva a hacer ese trabajo.

-Pero ministro Dolmestch, ¿no es acaso lo que hacen cada día en todos los tribunales del país relatores de cortes y actuarios, que redactan fallos que entregan a los jueces respectivos para que éstos los profundicen, modifiquen o rehagan en el pleno ejercicio de sus funciones?
-Sí, pero le repito, es improcedente, porque no corresponde que un ex ministro de la corte haga ese trabajo. No corresponde.

-Entonces, lo que usted cuestiona es un problema de forma y no de fondo.
-Llámelo como quiera, pero es improcedente. Lo que se debiera haber hecho es contratarlo bajo mi dependencia para organizar la base de datos y otros apoyos. Y eso es lo que yo iba a plantear en el pleno del viernes (7 de marzo). Pero ya renunció. No es de mi responsabilidad.

Más allá de que los militares lograron su objetivo y a partir del 11 de marzo Alejandro Solís ya no colabora en los juicios de derechos humanos, esta historia tendrá nuevos capítulos en los tribunales. La presión ejercida tras el fallo del ministro Álvaro Mesa y la abrupta salida de Alejandro Solís, han provocado molestia e incomodidad en varios ministros de las cortes de Apelaciones y también de la Suprema. Ambos episodios se suman a otros que dejan en evidencia la estrategia utilizada por el Ejército y la Armada para obstaculizar la justicia: dilatar los procesos para que los testigos importantes ya no estén aquí para relatar los hechos o a los condenados se los exima de ir a la cárcel por edad. De allí la urgencia de que la Corte Suprema adopte las medidas de fondo que permitan agilizar de verdad los procesos de Derechos Humanos.

La escena ocurrió en la mañana del 11 de marzo en el Cerro Castillo. En el momento en que los ministros del gabinete que acaba de estrenar Michelle Bachelet posaban para la foto oficial, sus miradas confluyeron hacia el cielo: un extraño objeto volador sobrevolaba a baja altura la residencia de descanso presidencial en Viña del Mar. Al día siguiente, el propio gobierno subió a su página oficial las fotos aéreas tomadas por la cámara del aparato: una nave aérea no tripulada más conocida como “dron”. Las imágenes fueron cedidas por el periodista Ariel Marinkovic, dueño de la empresa X-cam, que realiza vuelos radiocontrolados para tomar imágenes desde la altura. Las fotos de Cerro Castillo son espectaculares, pero el dron que las registró infringió las normas de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que ha prohibido el uso de naves no tripuladas sobre zonas urbanas.

-Iniciaremos un proceso infraccional. Si existen antecedentes de que eventualmente se cometió un delito, se llevaría a los tribunales -anunció a CIPER Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC.

Pagina oficial de La Moneda, muestra fotos aéreas de Cerro Castillo

Si bien aún no existe una regulación especial para los cada vez más populares drones, la autoridad considera que se debe aplicar la normativa regular que rige los vuelos civiles y por lo tanto requieren autorización de la DGAC. La razón es simple: ¿Qué hubiera pasado si el aparato cae sobre la cabeza de alguno de los ministros o autoridades extranjeras?

-Si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil -explicó Sepúlveda (ver entrevista).

Cuándo el 17 de noviembre pasado Michelle Bachelet subió a un escenario instalado en la Alameda, frente a su comando del Hotel San Francisco, para agradecer a quienes votaron por ella en la primera vuelta presidencial, un canal de TV utilizó una pequeña nave a control remoto portando una cámara para realizar tomas aéreas sobre el público (ver nota de la prensa peruana sobre su funcionamiento). Este tipo de cobertura es parte de una tendencia que partió en los medios estadounidenses, a la que hoy le llaman “periodismo dron”, una forma más barata y flexible para hacer tomas en altura. Son útiles, por ejemplo, para grabar manifestaciones o zonas de difícil acceso. Pero de acuerdo a la DGAC, esos vuelos son peligrosos e ilegales.

El boom de los drones no se limita al periodismo. Su uso se ha ido expandiendo y hoy son utilizados en la realización de estudios de impacto ambiental y por empresas mineras y de publicidad, entre otras. También por empresas de seguridad privada e instituciones militares y policiales. Una polémica veta ya explorada en otros países al utilizarlos en el combate al terrorismo y a la delincuencia y acciones de espionaje, un área que abre el debate sobre los derechos que podrían ser vulnerados. CIPER constató que las Fuerzas Armadas de Chile ya cuenta con drones y que Carabineros está en camino de adquirirlos.

AEROVIGILANCIA

En muy poco tiempo los drones se han transformado en una de las nuevas herramientas de vigilancia favoritas para los uniformados. Son más baratos que los aviones y permiten el monitoreo a distancia sin que sean percibidos. Según el sitio FlightGlobal, el año pasado la empresa israelí BlueBird Aero System se adjudicó un contrato por US$ 3 millones con el Ejército chileno para proveerlo de naves no tripuladas.

La ONG Derechos Digitales quiso saber los detalles del proceso de esa licitación, así como el contrato de la adjudicación, utilizando la Ley de Transparencia el 30 de enero último. La respuesta, en que se rechaza la entrega de información por considerarla “secreta”, fue entregada por el vicealmirante José Romero Aguirre, jefe del Estado Mayor Conjunto, basándose en el artículo 436 del Código de Justicia Militar: “Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, entre otros” (ver respuesta). Y hace referencia explícita a la información sobre “pertrechos militares o policiales”.

Según las fuentes consultadas por CIPER, el Ejército de Chile contaría actualmente con 16 drones.

Además de ese contrato con la empresa israelí BlueBird Aero System, en el curso de la investigación para este reportaje dos instituciones del Estado iniciaron procesos de compra de drones para vigilancia, los que finalmente abortaron. El miércoles 12 de febrero se abrió en Mercado Público una licitación de la Subsecretaría de Prevención del Delito solicitando un “Servicio de vigilancia aérea” para operar entre los kilómetros  570 y 692 de la Ruta 5 Sur en la región de La Araucanía (ver documento). El objetivo era claramente monitorear la zona del conflicto mapuche, pues el avión no tripulado era para uso exclusivo de Carabineros. Consultados por CIPER, en Carabineros se dijo que el gobierno saliente no les había comunicado nada acerca de esa licitación.

Blue Bird Spy Lite, uno de los drones probado en La Araucanía para vigilancia. (Fuente: flightglobal.com)

La compra que había decidido realizar la Subsecretaría de Prevención del Delito estaba generando ruido en las empresas del rubro: acusaron que la licitación estaba hecha de tal manera que sólo podía ganarla la misma empresa israelí que ya trabaja con el Ejército. Cuatro días antes del cierre del proceso de compra, CIPER solicitó una entrevista con el entonces subsecretario Cristóbal Lira, la que fue retrasada por problemas de agenda, hasta que el mismo día del vencimiento del plazo fijado, la licitación se declaró desierta.

Según Lira, la decisión de declararla desierta se adoptó “por respeto a las nuevas autoridades”. Una respuesta que no se entiende, ya que las bases y los plazos de la licitación se fijaron a sabiendas de la fecha inamovible del cambio de mando. “(Los drones) me parecen una extraordinaria herramienta. Afortunadamente, estamos ya contando con las cámaras en la Ruta 5 en La Araucanía”, dijo Lira para explicar la falta de urgencia.

Respecto al supuesto acuerdo para que la empresa israelí BlueBird Aero System ganara la licitación de este nuevo dron para vigilancia, el ex subsecretario afirmó:

-Sin duda que cumplía muy bien, era silencioso, simple, pero con poca autonomía y distancia, y sus cámaras no son tan buenas. Los otros tienen otros pros y contra, no está tan claro cuál conviene, habría que probarlos más. También depende de los precios y condiciones. En todo caso, los encuentro muy prácticos y pueden servir como prueba en los juicios. Espero que a mi sucesor le gusten, ya que pienso que ayudará mucho a las policías.

Al día siguiente de que el ex subsecretario Cristóbal Lira declarara desierta esa licitación, el GOPE de Carabineros hizo exactamente lo mismo con el proceso de compra de dos drones cuadricópteros a control remoto (ver documento). Altas fuentes de Carabineros confirmaron que la licitación se canceló luego de que CIPER solicitara información sobre ella, debido a que los antecedentes recogidos indicaban que era “poco prolija”.

El uso de drones ha abierto en Carabineros un frente no cubierto por lo que decidieron formar un equipo de oficiales con estudios de ingeniería y computación para investigar en profundidad los aviones no tripulados. La idea es que es que esa institución no se quede fuera del uso de las nuevas tecnologías.

RIESGO INMINENTE

Mientras el uso de los drones se expande en el mundo civil y militar, la regulación de sus vuelos exhibe otros ritmos. Si cada día es más común ver drones sobrevolar por encima de nuestras cabezas, en la DGAC sólo se han recibido 18 solicitudes de operaciones de esos vuelos entre 2012 y 2013. De éstas, 14 fueron autorizadas para realizar vuelos demostrativos y toma de fotografías, y cuatro rechazadas por tratarse de vuelos en zonas pobladas.

Estos aparatos pueden volar hasta a 500 metros de altura y varios actores de la industria reconocen que las caídas no son poco comunes. Eso explica la prohibición de la DGAC para que vuelen en zonas urbanas. En Estados Unidos se acaban de suspender los vuelos de 10 aviones no tripulados que custodian la frontera con México desde 2005. Uno de estos aviones no tripulados, el MQ-1 Predator, que cuenta con la tecnología más moderna en su categoría y cuesta US$ 12 millones, tuvo que ser estrellado en el Pacífico frente a la costa de San Diego al no responder a la señal de aterrizaje. Se buscó evitar así un accidente de proporciones. En junio del 2012, los tres principales drones de fabricación estadounidense, tuvieron la tasa más alta de accidentes aéreos, el triple del promedio de toda la flota aérea militar de los EE.UU., según datos de Bloomberg (ver estadística).

Drone cae durante presentación de Joan Jett en el Festival Lollapalooza.

En Chile no se conoce con exactitud la cantidad de accidentes que han tenido las naves aéreas no tripuladas. Al no existir un control ni registro en la DGAC, no se tiene una estadística oficial. De todos modos, se conocen algunos casos. La tarde del domingo 1 de abril de 2012, en medio de la presentación de la cantante de rock estadounidense Joan Jett en el Festival Lollapalooza, un octocóptero (nave aérea de ocho hélices y de un peso aproximado de nueve kilos) que realizaba tomas del concierto para una productora contratada por TVN, cayó sobre el escenario a centímetros de la vocalista y su tecladista Kenny Laguna. Afortunadamente, el incidente no pasó de un gran susto para la artista y su grupo. Y se mantuvo en reserva hasta que El Dinamo publicó el video que da cuenta de lo ocurrido.

No ha sido ése el único accidente en Chile con naves no tripuladas. En abril del 2013, radio Biobio informó que un avión no tripulado del Ejército cayó sobre una casa en Hualpén, en la zona de Concepción. La aeronave de 14 kilos se estrelló a pocos minutos del despegue.

-Ya se han caído varios de estos avioncitos a tierra, pero aun así, si has tenido suerte con los proyectos que has ganado, igual te conviene. Es parte de los riesgos que asumes. Y evidentemente a nadie le interesa dar a conocer los que se te caen –comentó a CIPER el gerente de una de estas empresas.

Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC:

“Volar un dron sin autorización es una actividad ilegal”

Lorenzo Sepúlveda es ingeniero en Sistema Aeronáutico, magister en Planificación y Gestión Aeronáutica y piloto. Se desempeña como director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desde hace diez años (2004), además de ser vicepresidente del Grupo Panamericano de Seguridad Operacional. En pocas palabras, la función de Lorenzo Sepúlveda es fiscalizar toda aeronave civil que vuela sobre el cielo de Chile, ya sea en el área de operaciones como en la de mantenimiento, así como también la fiscalización de las licencias de los que vuelan.

Lorenzo Sepúlveda

–Este trabajo –dice Sepúlveda– es estresante: llego aquí las 7:15 y me voy, en promedio, a las 21:00 a casa. No hay fin de semana que no me llamen por teléfono por situaciones que nos pasan aquí o en el extranjero. Porque el problema lo puede tener un avión que está en Frankfurt, y necesita una autorización especial o porque tiene un problema y necesita ir a Madrid. Todos los días del año, las 24 horas del día, tenemos que estar disponibles.

Su función incluye autorizar los cambios de diseños de las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo nacional. Una tarea en la que también se presentan problemas. Como el que recuerda el mismo Sepúlveda: “Por ejemplo, Carabineros compró un avión y quiso hacerle un cambio: un hoyo para colocar unas maquinas. Nosotros no le aprobamos el proyecto y tuvieron que vender el avión. Porque el estudio de ingeniería que presentaron no permitía certificar la aeronave”.

Ahora, a todas esas áreas debe incorporar la fiscalización de quienes operan aparatos voladores no tripulados –drones– y hacen su mantenimiento. De partida deja en claro que su competencia se restringe a la aviación civil: “El uso de los drones desde el punto de vista militar o de operaciones aéreo policiales, no es competencia nuestra. No está dentro de nuestras facultades”.

Y agrega: “En el ámbito civil y a nivel mundial, el tema de los drones se nos vino encima. El mundo entero está relativamente atrasado con respecto a su regulación. En Latinoamérica, donde formamos un grupo que reúne a todos los países, estamos estudiando una normativa común y hay varias cosas que aun no las tenemos resueltas”.

-¿Cuáles son algunos de los problemas específicos que plantea el uso de drones en cada país?
Por ejemplo, tenemos que resolver el tema de la aeronavegabilidad del aparato. Es decir, con qué lo vamos a contrastar para determinar qué es lo seguro y cuáles son las interferencias que pueden tener. Después está el tema de los requisitos que debe cumplir la persona que los va a hacer volar. Porque al igual que los pilotos, estas personas deberían ser sometidas a un exhaustivo examen psicofísico. Pensamos que los que tripulen drones tengan un examen tan riguroso como los pilotos, ya que hay drones de distintos tamaños, distintos pesos, y si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil.

-¿Y qué se hace con los drones que ya están circulando a espera de la nueva normativa?
Tenemos una normativa muy avanzada, y a nivel nacional tenemos normas en la DAN 91 y otros documentos que estamos revisando para regular los vuelos. Y para efectos prácticos, en este momento lo que estamos haciendo es ver, caso a caso, el proyecto que nos presentan y ahí vemos si se aprueba o no. Depende de varios factores, todos referentes a la seguridad. Les pasamos un formulario que indica ciertas exigencias. Por ejemplo, debe presentarse con al menos 10 días de anticipación, indicar el objetivo del vuelo, remitir el área de operación y la línea especifica de sobrevuelo: altura, punto de despegue y aterrizaje, etc. Y también se exige que se describan las características del dron: modelo, peso, largo, velocidad de crucero…

-Eso significa que si yo quiero hacer volar hoy un dron, ¿debo venir aquí a solicitar un permiso trayendo todo eso que usted menciona?
Así es, lo que sí no le vamos a permitir es que vuele en zonas pobladas. Todos esos drones que la gente ha visto volar por encima de las áreas pobladas, no están autorizados por la DGAC. Ahora, el control de los vuelos de los drones es una cuestión tremendamente compleja. Mire, nosotros los podemos ver volando, pero no sabemos dónde están ubicados los que los están operando. Puede que en algunos casos eso se pueda hacer.

-Pero entonces, hacer volar un dron sin autorización, ¿es hoy un delito?
Hoy volar un dron sin la autorización podría constituir delito. De acuerdo al Código Aeronáutico, y si bien éste no dice “el dron es una aeronave”, dada la definición de la ley, el dron es una aeronave, y para poder volar ésta requiere cumplir con determinados requisitos. Y esos drones que se ven volando por ahí, no las cumplen. Porque ninguno ha sido certificado por nosotros y tampoco hemos controlado su tripulación. Por todo aquello, yo diría que volar hoy un dron sin autorización, es una actividad ilegal.

-Pero hasta ahora ustedes en la DGAC han autorizado vuelos de drones en Chile.
Nosotros hemos autorizado algunos proyectos concretos. Si usted viene hoy y dice que quiere volar un dron, le vamos a pedir todos los datos que ya le mencioné y por escrito. Luego, vamos a estudiar la zona donde va a volar, si hay lugares poblados o no, a qué altura va a volar, si existe la posibilidad de que choque con un avión… Analizamos el riesgo, y en base al riesgo de la operación, se autoriza o no. Hemos autorizado drones para prospección de ríos, en donde el dron, un aparato chico, vuela por el río y no por lugares poblados. Caso a caso hemos autorizado algunos vuelos, calculando bien el riesgo.

-¿La DGAC ha dado pocas autorizaciones hasta ahora?
Ha salido por ahí que hay varias empresas autorizadas para hacer volar drones. Eso no es cierto: no hay ninguna empresa autorizada. Lo que hemos autorizado son vuelos concretos de algunos proyectos. No hay ninguna autorización a una empresa o a un particular para hacer lo que quiera en esta materia. Hemos autorizado, por ejemplo, a una empresa para un proyecto de prospección de peces, a otra para control de cables. También ahora la Conaf nos está consultando, porque entiendo que están comprando o ya compraron un dron para utilizarlo en el control de incendios. Hay empresas de marketing que nos han pedido autorización, pero no se la hemos dado porque era para vuelos en lugar poblado.

-Me han dicho que se han visto drones que sobrevuelan el Estadio Nacional para importantes partidos de fútbol, Chilevisión operó uno por ejemplo en la previa del último partido Chile-Ecuador, para registrar al público en el estadio.
Nosotros no los hemos autorizado.

-¿También requieren ellos autorización de la DGAC?
Todo aparato requiere autorización.

-¿Dónde está la diferencia entre los drones y el avión de aeromodelismo que yo salgo a volar a un descampado los fines de semana?

Sr. Jose Dolabella (ANAC-Brasil), Sr. Marco Ospina (Secretario-CLAC) y Sr. Lorenzo Sepulveda (DGAC-Chile)

Fundamentalmente en el tamaño y la altura que alcance, hasta 100 metros, que es lo que vuelan los aviones de aeromodelismo. Como ve, es diferente. Por eso, en el formulario que entregamos a quienes presentan los proyectos, les pedimos las características del dron, porque hay drones que en versiones militares se pueden operar a mucha distancia. Por ejemplo, los que operaban desde los EE.UU. en Medio Oriente. Y esto también se puede hacer en la operación civil: el operador puede estar en Santiago y lo está haciendo volar en la Cordillera de los Andes. Por eso, analizamos el tamaño y las características del vuelo que requiere para poder así autorizar o no, depende del riesgo, de dónde va a despegar. Porque uno puede pedir autorización para volar en la cordillera, pero necesitamos saber desde dónde despega para autorizar caso a caso.

-¿Se plantean entre los requisitos de autorización la protección de la privacidad de las personas? Porque, por ejemplo, podría solicitar autorización una empresa de seguridad privada.
No, y para que lo entienda, se lo explico con el caso de un helicóptero. Usted puede tener un helicóptero para seguir gente. Nosotros autorizamos el vuelo. Ahora, si se usa para algo ilegal, el piloto es el responsable. Nosotros no vamos autorizar vuelos para nada ilegal, pero eso no quita que se pueda utilizar para algo así. Y ahí el autorizado estaría cometiendo la falta, al utilizarlo para otros fines de los que afirmó cuando pidió la autorización.

-Si bien dice que la DGAC no regula los vuelos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, ¿ellos no necesitan ni siquiera avisar cuando están operando estos aparatos?
Lo que necesitan es comunicar, sin precisar la operación, respecto al espacio aéreo para la coordinación de nuestra parte. Lo mismo rige para las operaciones de aviones militares.  Si van hacer prácticas de vuelo en algún espacio aéreo del país, necesitan avisarnos para coordinar con los vuelos civiles. Ahí hacemos una NOTAN (Notificación para Todo Vuelo Aeronáutico), avisando que esa zona está limitada o es zona peligrosa. Siempre que para operaciones militares se vaya a volar en un espacio donde hay tránsito aéreo de civiles, deben avisarnos. De la misma manera que cuando el Ejército va a disparar al aire en sus pruebas, nos avisan y nosotros delimitamos el área para vuelos civiles. Nosotros sólo entramos exclusivamente para la seguridad del espacio aéreo, no tenemos idea por qué están volando. Eso no nos compete.

-Una vez que salga la nueva reglamentación para el uso de drones que aún está en borrador, ¿quién va a ser el encargado de su cumplimiento: el Ministerio de Defensa o Interior?
Desde el punto de vista de las anomalías, nosotros lo que hacemos es cursar las infracciones o hacer la denuncia a tribunales. Lo que pasa hoy por el desconocimiento que existe de este tema, es que hay gente que los está volando sin saber que deben pedir autorización. Nosotros hicimos varios llamados por la prensa a los que están operando estos aparatos, a que se acerquen a pedir la autorización respectiva. Y desde entonces, se han acercado más personas a preguntarnos. Hay que dejar claro que según la interpretación legal nuestra, los drones son aeronaves. Y en consecuencia, en la ley está claro todo lo que debe cumplir una aeronave para volar. Debe tener certificado de aeronavegabilidad, que ninguno de los que anda por ahí lo tiene; el que lo vuela debe tener licencia, que tampoco la tienen. Y hay delitos tipificados para quienes no cumplen: el que vuela un avión sin certificado vigente, comete un delito. En la norma que estamos estudiando se considerara una licencia autorizada por la DGAC. Ahora, insisto, este no es un problema que enfrentamos sólo en Chile, es un problema mundial, ya que si bien hace tiempo que existían, ahora se han disparado de manera más masiva. No hay ningún país en este momento que tenga una normativa clara, ni los EE. UU. ni los europeos, que son los que más tiempo llevan utilizándolos, aún tienen regulado el uso. Hay que estudiar bien las interferencias que pueden sufrir estos aparatos, porque el que está operándolo desde tierra, puede perder el control. Por eso aún hay mucho que estudiar.

-¿Cuánto tiempo estima usted que demorará esa normativa en estar vigente?
Por las razones que le dado, no creo que salga antes de, cómo mínimo, seis meses. Ya llevamos dos años en esto. Estamos trabajando con otros países. El “Sistema Regional para la Vigilancia y la Seguridad Operacional” lo integran todos los países latinoamericanos, y ahí nosotros llevamos todos los grandes problemas que surgen en la aviación: desarrollo de normas, capacitación, se forman inspectores… Y en esto estamos trabajando. El proyecto de las reglas está en la fase de borrador para opinión (ver documento) de los usuarios. Antes de cualquier normativa, ésta se pone durante un periodo a disposición para que los usuarios puedan opinar, dar sugerencias, criticas, aportes y se estudian todas. Lo que tenemos hasta el momento ha sido elaborado con las opiniones de todos los países de Latinoamérica.

-¿Han recibido denuncias de drones volando en espacios urbanos?
Si, hemos recibido algunas, y creo que ya hemos llevado dos a tribunales. En algunos casos, no hemos podido llegar a resultado porque la información es muy vaga. No es fácil. Por ejemplo, una de las cosas que estamos pensando es cómo identificarlos, porque así como los aviones tienen su matrícula en un lugar visible, al ser aparatos tan pequeños, tal vez tengamos que distinguirlos por marca o una matrícula. Y deberíamos ver cómo poder distinguirla. Ahora, estas normas se hacen para las personas que quieren cumplir con la ley, porque si alguien quiere operar un dron para cometer un delito, está claro que no le va a poner la matrícula. Nadie va a saber desde dónde lo está operando. La fiscalización no va a ser fácil. Y por eso se necesitará, como en todas estas cosas, la colaboración ciudadana. Estos aparatos pueden utilizarse para muchas cosas, pueden ser muy útiles y eficientes, como para detectar el fuego, para ver el cableado, para fotografías, publicidad. Para todas estas cosas es una buena herramienta, pero también puede ser usado para fines delictivos.

Pese al intenso trabajo desplegado en los últimos meses por el gobierno de Sebastián Piñera para inaugurar todas las obras emblemáticas iniciadas en su período, hubo una de las más importantes cuya cinta el Presidente no pudo cortar: el Edificio Moneda Bicentenario. A tres días del cambio de mando, el Presidente no se aguantó y el sábado 8 de marzo visitó el avance de las obras y dejó una placa que registra para la historia que es parte de su herencia. “Obra realizada durante el gobierno del Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera Echenique. Marzo 2014”, se lee en la fachada del edificio.

El inmueble se levanta frente a la esquina norponiente de La Moneda, en uno de los últimos sitios que faltaba llenar para terminar el barrio cívico de Santiago, proyectado por el arquitecto austríaco Karl Brunner en la década de 1930. Fue la primera obra del programa Legado Bicentenario en iniciarse y debería haber sido entregada en agosto de 2013, pero diversas complicaciones la fueron retrasando. En calle Moneda, entre Teatinos y Almirante Gotuzzo, se puede observar cómo aún se trabaja en el edificio. Si bien la cara que da hacia el palacio de La Moneda está prácticamente lista, son sus otros ángulos los que aún faltan por terminar y donde los andamios siguen en pie.

El edificio de diez pisos y 39 mil metros cuadrados, tiene un helipuerto en el nivel superior, zócalo y tres subterráneos con estacionamientos. Una de sus características distintivas es que tendrá un paseo peatonal subterráneo que lo unirá con el Palacio de la Moneda. Su habilitación requirió de un decreto especial que permitiera las conexiones subterráneas entre dos inmuebles y el cambio legal benefició de paso a un proyecto vinculado al asesor del Ministerio de Vivienda que lo tramitó (ver reportaje de CIPER).

El paso subterráneo es importante porque el edificio alojará dependencias de ministerios que tienen su sede en La Moneda: Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. También habrá oficinas del Registro Civil y de la Contraloría General de la República, entidad que ha jugado un doble rol: como futura inquilina y como fiscalizadora.  No sólo ha hecho reparos a las obras, sino que también ha debido terciar en las diferencias entre la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el Consorcio RSN, a cargo de la construcción.

Fue a fines de enero de 2011, que la Dirección de Arquitectura del MOP aprobó las bases para la licitación pública del Edificio Moneda Bicentenario. El presupuesto estimado fue de $35.900 millones, contemplaba un plazo de 750 días para su construcción y no exigió a los postulantes estar inscritos en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, permitiendo también la postulación a consorcios.  En otro de los acápites se estipuló que para su edificación se utilizaría el Sistema de Pago Contra Recepción, que consiste en que el pago se realiza de acuerdo al recibo de las etapas de la obra que han sido acabadas, fiscalizadas y que tengan el visto bueno para ser entregadas.

El 7 de febrero de 2011 se aceptó la inscripción de 18 empresas para participar en el proceso. Finalmente, el Consorcio Constructores RSN se adjudicaría el proyecto. La reducción del plazo y del costo fue clave para que esa empresa se quedara con el contrato (ver documento de adjudicación). El consorcio fue constituido especialmente para la licitación por tres empresas: Nadic, Serinco y RVC. Esta última está ligada a las sociedades que participaron en el lucro y los ilícitos de sociedades relacionadas a la Universidad del Mar que aún investiga el Ministerio Público (ver recuadro).

A inicios de abril de 2011, el entonces ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, firmó el documento que estableció la ejecución de la obra en 11 etapas y redujo el plazo máximo a 660 días (90 días menos que lo estipulado en las bases de la licitación). Finalmente, el 18 de octubre comenzó la construcción del edificio, con un presupuesto final de $ 22.185 millones ($13.715 millones menos que lo calculado en las bases de la licitación) y una fecha de término fijada en agosto de 2013.

ATRASOS Y PROBLEMAS

La primera señal de que sería imposible terminar la obra en la fecha fijada vino con los atrasos en la segunda etapa de la construcción, lo que obligó a posponer la fecha de término desde agosto a octubre de 2013. Pero los problemas continuaron y la fecha debió nuevamente aplazarse a marzo de este año. Aún estaba abierta la posibilidad de que el edificio fuera inaugurado por el mandatario saliente justo al término de su gobierno. Pero llegó marzo y la obra no estuvo lista. No hubo más remedio que fijar una nueva fecha, mediados del primer semestre, por lo que será la nueva mandataria quien la inaugurará.

“Es normal el retraso en una construcción de esta magnitud”, explicaba Athos Larraguibel, ‎jefe del Proyecto Legado Bicentenario de la Dirección de Arquitectura, en octubre del año pasado. Una opinión algo distinta tuvo María Teresa Letelier, asesora de Legado Bicentenario, cuando se conoció en la primera semana de marzo, la última postergación: “Si uno lo mira, el edificio está casi listo, se podría incluso inaugurar, pero es preferible terminar todos los detalles y entregarlo”, dijo al diario El Mercurio.

Ya en octubre de 2013, el presidente del Sindicato Nacional de Empresa Consorcio RSN, Sergio Troncoso, había advertido que la obra estaba retrasada: “Nunca terminaremos antes de marzo, y a decir verdad, encuentro poco probable que terminemos en ese mes”. Troncoso mantuvo su pronóstico durante el verano y aún cree que son bajas las probabilidades de que el edificio sea entregado al ciento por ciento a mediados del semestre.

El problema de los atrasos ha afectado la relación entre el Consorcio Constructores RSN y el MOP. Más de una vez ha tenido que intervenir la Contraloría para resolver los problemas. En mayo de 2012, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), a petición de la Dirección de Arquitectura, rechazó un recurso de reposición interpuesto por el Consorcio RSN, en el que pedía que se le otorgara un aumento de 54 días a los plazos estipulados, debido a que los atrasos en la segunda etapa del proyecto fueron ocasionados por el hallazgo de objetos arqueológicos (ver documento).

Pero la Contraloría dictaminó otra cosa. El 26 de abril de 2012 resolvió que en el contrato se “(…) consideran las correspondientes labores de rescate como obras extraordinarias. (…) Corresponde, además de disponer su pago, que se otorgue el pertinente aumento de plazo”. En vista de eso, el MOP tuvo que conceder el plazo pedido y anular las multas. Aun así, la Dirección de Arquitectura notificó en agosto a la empresa de nuevas multas aplicadas por el “atraso en la ejecución de la tercera etapa de la obra; retardo en la entrega de los informes mensuales de seguridad e higiene laboral, y demora en avisar al inspector fiscal de los accidentes ocurridos en la faena” (ver modificación de contrato que amplía plazo).

Otros problemas se fueron sumando, ya que la Contraloría también cuestionó algunos aspectos de la forma en que se publicaron las licitaciones relativas al edificio Moneda Bicentenario. Tras revisar las conclusiones de una auditoría realizada a la Dirección de Arquitectura, concluyó que varias observaciones no habían sido subsanadas. Entre ellas, la no publicación de información básica en el portal Mercado Público acerca de las contrataciones para las excavaciones y la conexión peatonal subterránea del edificio. Por esto, la Contraloría determinó que la Dirección de Arquitectura iniciara un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades (Ver documento).

El 17 de junio de 2013 la Contraloría abrió un nuevo flanco de problemas. Ese día dio a conocer un informe de Inspección Técnica de Obra del Edificio Moneda Bicentenario. Sus conclusiones abarcan 16 inspecciones realizadas a la construcción, desde fines de marzo a fines de julio del 2012. De las 17 observaciones presentadas a la Dirección de Arquitectura, 11 no habían sido solucionadas (ver documento).

Entre las observaciones figuran problemas técnicos, como el de un equipo hidráulico utilizado para la tensión de anclaje que tenía la calibración vencida, y fisuras en las losas de hormigón, una falencia que según el informe “puede afectar la capacidad soportante y la durabilidad”. Los expertos del ente fiscalizador también constataron la diferencia de nivel en losas y capiteles, hormigones húmedos y la falta de un recubrimiento de hormigón en mallas de 15 centímetros como mínimo. El informe consigna además, que en una de las visitas se constató que una de las losas estaba siendo hormigonada mientras llovía y sin protección que la aislara de las precipitaciones.

PRÁCTICAS ANTISINDICALES

En el primer piso del Edificio Moneda Bicentenario que da a la calle Almirante Gotuzzo, donde está ubicada una de sus puertas traseras, se ven los carteles que han puesto los obreros que trabajan en la obra. Uno de color naranjo les indica a los transeúntes que deben caminar por la vereda de enfrente. Hasta hace unos meses también se veían letreros con la cara de Salvador Allende y otros con rayados y consignas sindicales que daban cuenta de las tensas relaciones laborales que han marcado las faenas.

Sergio Troncoso, presidente del Sindicato Nacional de Empresa Consorcio RSN, sigue en su puesto a pesar de que fue despedido el primero de junio de 2012, siete días antes de que se legalizara su sindicato. La empresa no reconoció el fuero especial para la constitución de un sindicato, y que lo protegía desde 10 días antes de la constitución y hasta un mes después de ésta. Troncoso es un dirigente histórico de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y conoce bien sus derechos. Finalmente debió ser recontratado.

No fue ése el único problema que tuvo en el ámbito laboral el Consorcio RSN. La empresa fue denunciada por prácticas antisindicales, específicamente por la vulneración del derecho a la libertad sindical. En la demanda se acusa que algunos jefes de obra amedrentaron a los trabajadores para que no formaran parte del sindicato. La fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT), confirmó las acusaciones.

La DT buscó una mediación, pero la empresa no aceptó. Se presentó entonces una denuncia ante el Juzgado de Letras del Trabajo, donde finalmente la empresa fue sancionada. El 23 de agosto de 2013, el Consorcio RSN fue condenado por prácticas antisindicales, por lo que debió pagar una multa de 150 UF, además de comprometerse a capacitar en el respeto de los derechos laborales a los jefes de obra que habían sido acusados de amedrentar a los trabajadores.

La condena dejó al consorcio en la “lista negra” de las empresas que quedan excluidas de poder participar en licitaciones y trabajar para el Estado hasta dos años después de la sentencia.  Como Consorcio RSN es una figura constituida para la construcción específica de esta obra, es probable que lo que pretende ser una dura sanción, finalmente no tenga ningún efecto práctico para las tres empresas que violaron las normas.

De hecho, después de la intervención de la justicia laboral los problemas al interior de la faena no terminaron. Manuel Ascencio, delegado del Sindicato Nacional de la Construcción, acusa falta de seguridad y de higiene al interior de la construcción. Para la construcción del Edificio Moneda Bicentenario se reclutó a 400 trabajadores aproximadamente. Y sólo se dispuso para ellos 15 baños, de los cuales sólo ocho funcionaban. Esta situación está lejos de lo permitido, ya que el Decreto Supremo Nº 594 Artículo 23 es tajante en este aspecto: debe haber un baño por cada diez trabajadores.

Los problemas sindicales también se extendieron a los montos de los salarios. Cuando comenzó la obra, los trabajadores firmaron sus contratos por el salario mínimo, a sabiendas de que los montos irían aumentando en directa relación con los avances que registrara la obra. “Pero ellos tienen la facultad de subir y bajar los sueldos cuando se les antoja, porque todos son acuerdos verbales”, afirma Manuel Ascencio. Las oscilaciones se reflejan en el salario de uno de los trabajadores: en abril recibió $321.134, en mayo $285.248, en junio $382,335 y el sueldo nuevamente bajó en julio a $229.332. Según Troncoso, esto afecta a los trabajadores, ya que no hay ninguna regularidad en sus ingresos mensuales y “ahí hasta el gato de la casa sufre”.

En enero de este año la falta de mínimas condiciones en higiene y seguridad laboral se mantenía: “Los baños están con fecas, es una asquerosidad enorme. Las mujeres están hacinadas, no tienen dónde guardar su ropa, no tienen nada. Entonces, ¿qué esperamos de esta obra? Vamos a terminar este edificio a 50 metros de La Moneda, con abusos patronales y despidos injustificados”, acusa el dirigente sindical Fernando Hidalgo.

-Esto no partió bien y no se terminará bien. Nos tratan mal y nos niegan lo que deberían pagarnos. Es pura mafia. Dicen que están quebrados no más, que las multas los tienen mal, que no pueden pagarnos. Puras excusas. La verdad es que ni siquiera nos dan la cara- se quejaba en noviembre Sergio Troncoso.

CIPER intentó contactar al Consorcio RSN, pero no se obtuvo respuesta. Nadie que explicara las causas del atraso de una obra emblemática del Bicentenario, las fallas técnicas detectadas por la Contraloría, los juicios laborales y todos los problemas que han acompañado desde 2011 su construcción. Y todo esto a solo metros de La Moneda, de la Dirección del Trabajo y a una cuadra y media del Ministerio de Obras Públicas, el responsable.

* Estudiantes de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado

Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales.

Un desierto salpicado por unos cuantos “oasis”. Esa es la imagen con la que algunos vecinos de Petorca, La Ligua y Cabildo suelen describir las consecuencias de la prolongada crisis hídrica que afecta a estas comunas de la Quinta Región. Sólo en los valles altos y las laderas de los cerros la aridez es interrumpida por algunos paños verdes de paltos y cítricos que, mirados a distancia, parecen superpuestos al seco panorama que envuelve a la provincia.

Fuera de esos vergeles, el escenario dominante es más bien desolador. Actualmente, son más de cuatro mil las hectáreas de propiedad de pequeños agricultores que han tenido que ser abandonadas por falta de agua y tres mil los vecinos cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo. Centenares de familias han denunciado la proliferación de enfermedades estomacales producto de la mala calidad del agua repartida y que no les alcanza siquiera para satisfacer sus necesidades más básicas. Como tirar la cadena del excusado, por ejemplo.

Por ello, la decisión tomada recientemente por la Dirección General de Aguas (DGA) justo en el ocaso de la administración Piñera y que caducó numerosos derechos de agua entregados provisionalmente por afectar el suministro de terceros, fue recibida con cierto alivio por los vecinos de Petorca.

Los efectos de la crisis hídrica en Petorca.

Los afectados son 27 titulares de derechos de agua, entre empresas agrícolas y personas naturales, que en total estaban autorizados para utilizar 1.057 litros por segundo y ya no podrán hacerlo.

Tal como se señala en el documento técnico Nº 17 de la DGA, enviado a la Contraloría General de la República para la toma de razón el pasado jueves 6 de marzo, “las extracciones de todos los derechos provisionales en los acuíferos La Ligua y Petorca causan perjuicios a los titulares de derechos de aprovechamiento definitivos ya constituidos”. Se agrega que “el impacto es claramente manifiesto en los descensos sostenidos y generalizados de los niveles de los acuíferos” (ver resolución).

La decisión, tomada por quien fuera hasta hace unos días director general de Aguas, Francisco Echeverría, compromete directamente los intereses económicos de algunas personalidades vinculadas al gobierno entrante, principalmente a la Democracia Cristiana (DC). Consultado respecto de esta resolución de último minuto, Echeverría señaló a CIPER que ésta responde a criterios exclusivamente técnicos y no políticos.

La lista de titulares cuyos derechos provisionales de agua serán caducados por acelerar el agotamiento de las ya exiguas reservas de los acuíferos de la zona, está encabezada por quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet entre  2008 y 2010, Edmundo Pérez Yoma (DC), el que en reiteradas oportunidades ha sido acusado de usurpación de agua por vecinos de Petorca. En junio de 2011, la Dirección Regional de la DGA de Valparaíso denunció ante el Juzgado de Letras de La Ligua la “existencia de un pozo que tendría vestigios de un dren” para captar agua de manera ilegal en el predio propiedad del ex secretario de Estado, entre otras irregularidades. Aunque la justicia no pudo comprobar esta acusación, sí condenó a Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de su propiedad, al pago de 20 UTM ($825.260 valor actual) por otra infracción al Código de Aguas.

A Pérez Yoma se suma su cuñado Osvaldo Junemann, propietario de la Sociedad Agrícola Los Graneros Limitada y ex director de Palta Hass Chile, también multado por la justicia en 2011 por “extraer agua sin títulos”. En la lista se encuentra además el ex alcalde de Cabildo Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado por el Distrito Nº 10 en la Región de Valparaíso Eduardo Cerda García (DC). En julio de 2011, la DGA de la Quinta Región denunció a Agrícola Pililén, propiedad del ex parlamentario, su esposa e hijos, por usurpación de agua en Petorca, acusación que fue ratificada por la justicia.

Marcha por la defensa del agua en Petorca (Fuente: Modatima).

Luego de una batalla de casi ocho años, dirigentes locales toman la decisión de la DGA como un pequeño triunfo. Sin embargo, manifiestan dudas respecto de si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política para aplicar la medida tal cual fue decretada por la administración saliente.

Petorca es la provincia de Chile más golpeada por la escasez de agua. Y allí, como en varios otros lugares, la falta de lluvias no es la única responsable. Porque a estas alturas la provincia se ha convertido en una de las víctimas más emblemáticas de la débil y anodina legislación que regula desde hace más de 30 años la gestión de los recursos hídricos en el país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación desmedida con fines comerciales en desmedro de las necesidades básicas de la población son sólo algunos de los perniciosos efectos inoculados por el Código de Aguas impuesto en dictadura y que hasta hoy sigue prácticamente intacto.

LOS CODICIADOS DERECHOS PROVISIONALES

Cuesta creerlo, pero la primera alerta respecto de la crítica situación que hoy viven varias comunas de la Provincia de Petorca fue encendida hace 18 años. Un estudio (minuta técnica Nº13) elaborado en 1996 por la DGA concluyó que el acuífero de Petorca se encontraba en una condición que no posibilitaba “la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua subterránea, por sobre el último expediente constituido”. Por entonces,  ya el consumo de agua superaba con creces la recarga natural de los acuíferos.

Con ese antecedente, el 15 de abril de 1997, la DGA declaró al acuífero del valle del río Petorca área de restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas. Años más tarde, en 2004, la misma resolución recayó sobre las aguas subterráneas del acuífero del río La Ligua. Desde entonces, ambos reservorios quedaron cerrados para la solicitud de nuevos derechos de agua.

Amparada en las facultades establecidas en el Código de Aguas –y pese a las evidencias respecto de la depredación de los acuíferos–, la DGA dejó abierta la puerta para seguir entregando derechos de agua, aunque en carácter de provisionales. A diferencia de los derechos permanentes, los provisionales pueden anularse en caso de comprobarse que causen perjuicio a terceros y al equilibrio sustentable de los caudales y acuíferos.

El abastecimiento de agua de 3 mil personas depende de camiones aljibes.

El informe técnico Nº 208 de 2004 dispuso la entrega de nuevos derechos de agua por 1.396 lt/seg en el acuífero de La Ligua y por 588 lt/seg en el de Petorca.

En el reparto de derechos de agua entregados de manera excepcional en la Provincia de Petorca, la sociedad Agrícola Cóndor Limitada recibió la tajada mayor: cuatro derechos por un caudal total de 98 lt/seg, los cuales le fueron entregados entre los años 2004 y 2007.

Agrícola Cóndor fue creada en abril del año 2000, justo un mes después de que su socio mayoritario, Edmundo Pérez Yoma, dejara el cargo de Ministro de Defensa del saliente gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El aporte inicial de capital fue de $5 millones. La inscripción de la sociedad en el Diario Oficial señala que tiene entre sus actividades “la explotación de predios agrícolas bajo cualquier forma y la importación, exportación, elaboración y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, forestales y del agro”.

Un año más tarde, sólo días antes de iniciar sus labores como cónsul general de Chile en Bolivia bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Pérez Yoma creó la sociedad Agrícola La Loica. El 99% del capital inicial fue aportado por Agrícola Cóndor y ascendió a $230 millones de pesos.

Agrícola Cóndor obtuvo sus dos primeros derechos de agua provisionales, por un total de 46.3 lt/seg, en diciembre de 2004. En octubre de 2006 obtuvo el tercero por 30 lt/seg y el cuarto en junio de 2007 por un 28 lt/seg.

Los dos últimos le fueron entregados por la DGA cuando oficiaba como director de la institución el abogado Rodrigo Weisner Lazo. Edmundo Pérez Yoma se desempeñaba por entonces como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Siete meses después de la entrega del último derecho de agua, Pérez Yoma fue nombrado ministro del Interior en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según consta en el historial de distintos procesos judiciales, una vez que dejó su cargo en la DGA Weisner comenzó a actuar en calidad de apoderado y testigo defendiendo al ex secretario de Estado en distintas instancias judiciales. Como en aquella patrocinada en 2011 por la misma DGA (institución en la que el abogado fue director entre los años 2006 y 2010) contra Agrícola Cóndor, tras detectar en el predio que explota la empresa tres infracciones al Código de Aguas. También en la querella criminal que el mismo ex ministro interpuso contra Rodrigo Mundaca, uno de los principales activistas de Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA), tras ser acusado por el dirigente de usurpar agua en la comuna.

El ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma.

Tal como reveló CIPER en un reportaje reciente, además de defender a Pérez Yoma Rodrigo Weisner asesora actualmente a la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), que proyecta instalar una mega planta en Paine y que necesitará extraer grandes cantidades de agua desde un acuífero que el mismo abogado declaró como área de restricción en 2008, cuando dirigía la DGA. Su trayectoria en la Dirección de Aguas y su reconocida experticia en estos temas le han valido una cotizada reputación en la defensa legal y judicial de intereses privados que comprometen el uso de agua (ver reportaje).

Hoy, Agrícola Cóndor cuenta con poco más de 120 lt/seg de agua con los que satisface las ingentes necesidades de riego de sus 104 hectáreas plantadas con paltos, naranjas y tomates. La resolución de la DGA dejaría a la empresa con poca agua para seguir operando.

Edmundo Pérez Yoma dijo a CIPER que Agrícola Cóndor también se ha visto golpeada por la sequía. Según contó, esta situación los forzó a cortar 15 hectáreas de naranjos y dejar a nivel de tocón (un pequeño tronco pegado a la raíz) 50 hectáreas de paltos. “Producto de la sequía, hace tres años Agrícola Cóndor reorientó su plan de negocios hacia la producción intensiva de tomates, los que requieren mucho menos agua”, relató. Y agregó que en esta nueva etapa productiva, dejaron de utilizar la mayoría de los derechos de agua entregados en carácter de provisionales, por lo que la medida no les afecta en lo inmediato.

-Si a futuro se produjera la recarga del acuífero por lluvias y nos viéramos en la obligación de dejar de utilizar esos derechos provisionales de agua, tendríamos que erradicar completamente las plantaciones de paltos reducidos a tocón –puntualizó Edmundo Pérez Yoma.

La resolución que dejó tramitando en Contraloría el último director de la DGA, compromete también al empresario Osvaldo Junemann Gazmuri. Entre 2006 y 2008, su empresa Agrícola Los Graneros obtuvo nueve derechos de agua por un total de 61 lt/seg.  Junemann, por su parte, obtuvo a título personal 54 lt/seg de agua en 2006.

Agrícola Santa María de Vitahue también aparece en la lista de sociedades cuyo ejercicio de derechos de agua ha afectado a terceros. La sociedad fue creada en 2001, entre otros, por Eduardo Cerda Lecaros (DC), ex alcalde de la comuna de Cabildo. Cerda transfirió en 2004 sus derechos correspondientes al 20% de la sociedad a sus dos hijas entonces menores de edad, actuando desde entonces como su representante. En 2005 Agrícola Vitahue obtuvo 27 lt/seg de agua de manos de la DGA.

MALA DECISIÓN

Luego de que Petorca comenzara a secarse, sólo algunos empresarios agrícolas lograron sortear la crisis. Según apuntan los vecinos, fueron principalmente los nuevos y grandes agricultores que cultivaron en los valles altos y las laderas de los cerros y que se vieron beneficiados por el sobre otorgamiento de agua promovido por la Dirección General de Aguas en 2004. Pérez Yoma, Junemann y Cerda Lecaros, entre otros.

4 mil hectáreas agrícolas han sido abandonadas por falta de agua (Fuente: Modatima).

Según quien fuera hasta hace poco director de la DGA, Francisco Echeverría, todos los pozos monitoreados por la DGA han ido en continuo descenso desde que comenzaron a ejercerse los derechos provisionales que sustentaron el explosivo desarrollo de la producción agrícola en el sector, desde el 2004 en adelante. Los nuevos cultivos se extendieron sobre suelos de secano, de muy baja humedad, los que requirieron de enormes cantidades de agua para quedar aptos para la producción agrícola de mediana y gran escala.

Respecto de los derechos provisionales de agua entregados a partir de 2004 a empresas y personas naturales, el estudio técnico de la DGA señala que la extracción actual “supera ampliamente los caudales sustentables determinados para cada acuífero” y que su uso causa perjuicio a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en La Ligua y Petorca. Concluye que el impacto es claramente manifiesto en el sostenido descenso de los acuíferos de ambas comunas (ver estudio).

Respecto de este estudio, del cual Edmundo Pérez Yoma dijo no tener mayor conocimiento, el ex ministro señaló que Agropetorca, instancia gremial que reúne a algunos productores de la zona, está estudiando acciones legales para revertir la resolución.

–Lo curioso es que hace un año y medio la DGA dijo exactamente lo contrario, es decir, que los derechos provisionales no estaban afectando al acuífero, que no existían datos que lo confirmaran. Ahora emite una opinión completamente distinta. Son dos opiniones contrapuestas emitidas por la misma institución. Si este estudio es serio, está bien hecho y se demuestra que la situación es efectiva, bueno, habrá que acatarlo –dijo a CIPER Pérez Yoma.

Para Echeverría, la entrega de estos derechos fue un error (ver entrevista) y las consecuencias las han pagado aquellos agricultores que contaban con derechos permanentes entregados con anterioridad al sobre otorgamiento de agua autorizado por la misma Dirección General de Aguas en 2004.

A la opinión de Echeverría respecto de la mala decisión de entregar nuevos derechos en Petorca, se suma un lapidario estudio publicado en 2012 por una académica de la Universidad de Reading de Reino Unido, Jessica Budds, en la Revista de Geografía Norte Grande. En él se señala que el estudio hidrogeológico que respaldó la entrega de derechos en carácter de provisionales en Petorca tuvo numerosas limitaciones:

–Primero, falló en reconocer adecuadamente el grado de exactitud en que se reproducía el sistema de agua del valle. Segundo, omitió un análisis de sensitividad y los márgenes de error en los resultados, por lo que la exactitud de las simulaciones es desconocida. Tercero, la calidad de ciertos datos aportados fue deficiente –concluye Budds (ver estudio).

Dirigentes sociales de Petorca celebran la decisión impulsada por Echeverría, aunque con cautela. “Fue durante los gobiernos de la Concertación cuando se sobre otorgaron las cuencas. No estamos seguros de que ahora ellos sean capaces de tocar a quienes hoy forman parte una vez más del gobierno”, dijo a CIPER Luis Soto, dirigente de MODATIMA.

LÍOS JUDICIALES

65 drenes ilegales encontró la DGA (Fuente: Modatima).

El sobre otorgamiento de derechos de agua en la zona es sólo una parte del problema de sequía que azota a la Provincia de Petorca. Desde hace años, los principales afectados por esta catástrofe hídrica vienen denunciando la existencia de robo y usurpación del recurso. En mayo de 2011, la DGA difundió los resultados de un estudio satelital en el que se identificó la existencia de al menos 65 drenes enterrados a varios metros de profundidad para desviar y conducir aguas desde ríos y esteros hacia algunos pozos propiedad de privados (ver informe).  En medio de las continuas acusaciones, la DGA tuvo que salir al paso e iniciar una exhaustiva fiscalización.

Tras una visita de inspección a Agrícola Cóndor realizada por personal de la DGA en febrero de 2011, se detectó una serie de irregularidades en el fundo propiedad de Edmundo Pérez Yoma. Entre ellas, vestigios de un dren para captar aguas y conducirlas hacia un pozo en el predio; la modificación del cauce del estero Los Ángeles y una captación abastecida de aguas transportadas por tuberías de aproximadamente un kilómetro de longitud.

El 5 de abril del mismo año se llevó a cabo una nueva inspección por parte de la DGA. La historia ya es conocida. Muchas de las irregularidades detectadas en la primera visita habían sido “corregidas”. Así se señala en la resolución Nº 1.529 del organismo. “Todos los dispositivos fueron removidos del lugar, por lo tanto al momento de practicarse esta última inspección, la DGA no pudo constatar la extracción de aguas desde dicha obra” (ver resolución).

La DGA igualmente llevó a la justicia a Agrícola Cóndor por “no contar con las autorizaciones pertinentes para ejecutar trabajos y obras en el cauce del Estero Los Ángeles”, señala el dictamen (ver documento). Utilizó como prueba la presencia de una tubería encontrada en el cauce del estero.  El 12 de marzo de 2013, la empresa de Pérez Yoma fue multada con el pago de $825.260.

–En mi propiedad no se ha encontrado ningún dren. Producto de la sequía yo le compré agua a un vecino y nosotros tiramos una cañería para traerla hacia nuestro predio. Todo de manera legal con los títulos correspondientes. A nosotros nos multaron por no pedir permiso para tirar la cañería, no por usurpar agua. Creímos de buena fe que no era necesario pedir permiso para eso y todavía lo creemos –se defiende Pérez Yoma.

Respecto de los informes de la DGA en los que primero se constatan vestigios de un dren ilegal para captar agua y llevarla a un pozo en su predio, y luego se le acusa de ocultar las pruebas, el ex ministro señala enfático: “Sólo se está sugiriendo una situación. No pueden hacer eso, es una mariconada. La justicia finalmente desechó las acusaciones y nos dio la razón”.

Ex diputado DC, Eduardo Cerda García.

En julio de 2011, Agrícola Pililén, de propiedad del ex diputado DC Eduardo Cerda García y su familia, tuvo que enfrentar a la justicia por “extraer agua subterránea desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado”, infringiendo 11 artículos del Código de Aguas. Mientras fue parlamentario, Cerda no tuvo problemas para integrar en la Cámara la Comisión Investigadora de extracción Ilegal de aguas y áridos en los ríos del país. Cuando se inició el proceso judicial, Cerda tuvo que inhabilitarse. Según señaló a Radio Biobio, “todo obedeció a un ataque personal, sólo por ser político” (ver nota).

En mayo de 2013, el Juzgado de Letras de La Ligua multó a Pililén con 15 UTM ($618.945, valor actual). La justicia fue clara en señalar que la empresa agrícola de propiedad de la familia Cerda Lecaros extrajo agua ilegalmente. “Sobre cerca del 600% de lo autorizado”, dice el dictamen (ver documento). La sentencia recorrió un largo camino en tribunales. Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de un recurso de reposición presentado por la denunciada, el 14 de marzo de este año el juzgado de La Ligua mantuvo a firme y ejecutó la sentencia de primera instancia contra Agrícola Pililén.

Suerte similar corrió Agrícola Los Graneros. En mayo de 2009, la DGA envió al Juzgado de Letras de La Ligua una resolución en la que pedía multar a la sociedad propiedad de Osvaldo Junemann por “extracción sin título de aguas subterráneas en el acuífero del río La Ligua”. En agosto de 2011 la agrícola fue condenada a pagar una multa de $825.260 a beneficio fiscal por “la extracción no autorizada de aguas subterráneas, hecho ocurrido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal”, señala la resolución (ver documento). Tras el fallo, Agrícola Los Graneros también recurrió a instancias judiciales superiores. En mayo de 2012, la Corte Suprema desestimó por “manifiesta falta de fundamentos” un recurso de casación interpuesto por la denunciada con el que buscó anular la sentencia, según se lee en el dictamen del máximo tribunal.

Otra de las sociedades involucradas en el extenso capítulo de anomalías detectadas por la DGA en Petorca fue Agrícola Liguana, propiedad del ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli Oyarzún y sus hermanos. Según la Resolución Nº 1481 de la DGA, fechada el 10 de mayo de 2011, la empresa construyó un pozo y un dren alimentador sin autorización, modificando el cauce del estero Alicahue. La DGA pidió multar a la empresa por infringir el artículo Nº 32 del Código de Aguas, sin embargo la causa no prosperó en la justicia.

A la memoria de mis hermanos Javier “El Chele” Guerra, Juan Carlos “La Foquita” Herrera, y Francisco “Félix” Meza, que cayeron antes del triunfo de la insurrección

I – Una mirada al presente

El 19 de julio se cumplirán 35 años del triunfo de  la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979. Después de 10 años de revolución, guerra de agresión y guerra civil, el 25 de febrero de 1990 el FSLN fue derrotado en un proceso electoral. Posteriormente se negoció el desmontaje del modelo revolucionario, implementándose un programa de reformas neoliberales que prevalece hasta hoy.

Sin embargo, desde que el comandante Daniel Ortega regresó al poder en el 2007, ganando unas elecciones con el 38% de la votación en primera vuelta, el FSLN proclama que Nicaragua está viviendo una segunda etapa de revolución llamada “cristiana, socialista y solidaria”

La revolución de 1979 representó un hito histórico. Fue la última revolución armada triunfante del siglo XX que expulsó del poder a una dictadura militar dinástica que durante más de cuatro décadas contó con el apoyo de Estados Unidos.

Con la revolución se abrió una expectativa de liberación, cambio social y democratización. Paradójicamente, con la derrota de la revolución en 1990, también se abrió una segunda oportunidad de democratización en Nicaragua, apuntalada en el pluralismo y en las fuerzas políticas y sociales que surgieron de la revolución, tras el fortalecimiento de instituciones clave para dirimir los conflictos y la competencia política como el Consejo Supremo Electoral, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, y las reformas constitucionales de 1995 que establecieron un contrapeso fundamental entre los poderes del estado.

Al cumplirse los primeros 20 años de la revolución, publiqué un texto sobre este mismo tema titulado “Las huellas del 79” (El Nuevo Diario, 19 de julio 1999) en el que destacaba con optimismo el legado político de la revolución, asociándolo a las instituciones antes mencionadas y al peso político del sandinismo, ya no como un partido monolítico, sino como un conjunto de fuerzas dispersas, dentro y fuera del partido FSLN, en las organizaciones sociales, o en la sociedad civil, con el potencial de promover procesos de cambio social y político. Exceptuando la creación de una nueva clase de pequeños propietarios y cooperativas en el campo, el legado económico-social de la revolución había sido barrido por la guerra, la hiperinflación y el ajuste económico de los 90, y en consecuencia, su principal huella era eminentemente política, a pesar del gobierno de turno de Arnoldo Alemán.

Quince años después, no existen bases objetivas para mantener ese optimismo. Por el contrario, en Nicaragua se ha instalado un proceso de regresión autoritaria encabezado por un nuevo FSLN, privatizado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras las instituciones estatales como el Consejo Supremo Electoral o el Ejército Nacional que antes parecían conquistas irreversibles, han sucumbido a la cooptación del caudillismo.

El nuevo régimen de Ortega, en proceso de consolidación, se presenta como una versión del “socialismo del siglo XXI”, cobijado bajo los símbolos rojinegros de Sandino y la revolución sandinista. Pero su trayectoria en estos seis años no representa un proyecto de cambio revolucionario o de reformas sociales. Por el contrario, revela la conformación de un régimen corporativista en alianza con el gran capital nacional e internacional, que ejerce un alto grado de control social sobre importantes grupos organizados de la población, sindicatos, cooperativas, y jóvenes.

En lo político, actúa como un régimen autoritario de ordeno y mando, que invoca la democracia directa pero no admite ningún contrapeso o sistema democrático de rendición de cuentas. Un régimen centralizador del poder que  se maneja con un estilo extremadamente personalista. Esta es quizás su principal debilidad a corto plazo.

En lo económico, es un modelo pro negocios privados en una economía de mercado tutelada por el Fondo Monetario Internacional. Su particularidad ha sido la privatización de la cooperación venezolana, que representa más de 3,300 millones de dólares entre 2007 y 2013, manejados de forma discrecional fuera del presupuesto. Esto le ha permitido a Ortega, sin tener que recurrir a una verdadera reforma fiscal que afecte la alianza con los empresarios, disponer de fondos para financiar programas gubernamentales, pero también para desviarlos hacia actividades partidarias y la creación de un emporio económico privado de negocios familiares al margen de toda supervisión estatal.

En lo social, el régimen impulsa una política asistencialista de transferencias directas y expansión de la cobertura de algunos servicios públicos, a través de mecanismos de participación que promueven el clientelismo político, anulando cualquier iniciativa de gestión de derechos y promoción de ciudadanía.

En el ámbito internacional, el régimen mantiene una retórica antimperialista, mientras colabora con la política de EEUU en los temas de seguridad, drogas y comercio. Y al mismo tiempo, mantiene un alineamiento con las políticas del ALBA y un acercamiento con Rusia, y ahora con China al otorgar a un empresario chino una concesión obscenamente lesiva a la soberanía nacional para promover el megaproyecto del canal interoceánico.

En lo ideológico, el régimen invoca una retórica revolucionaria, pero practica el culto a la personalidad en torno a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, cobijados por un mesianismo religioso ultra conservador.

A estas tendencias estructurales, se agregan la recién aprobada reforma constitucional y la reforma al Código Militar, que despejan el camino para el continuismo y la reelección presidencial indefinida, con el sometimiento de las instituciones armadas a la voluntad política del caudillo. De esta manera el régimen empieza a asemejarse al de Somoza que fue  derrocado por la revolución de 1979, por lo que a Daniel Ortega le calzaría muy bien aquella frase de Marx en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” cuando dijo que “algunos personajes de la historia aparecen dos veces, primero como tragedia y después como farsa”.

Analizar este proceso que Mónica Baltodano ha llamado “las  mutaciones del FSLN” (revista Envío, UCA febrero 2014) y la consolidación del liderazgo familiar de Daniel Ortega ocurrido en las últimas dos décadas, tiene una importancia fundamental para entender la evolución de Nicaragua y su futuro. Estas son algunas de las preguntas que estamos obligados a responder, y ojalá formen parte del debate de las nuevas generaciones

a) ¿Cómo se produjo esta involución del FSLN que pasó de ser un partido revolucionario a una maquinaria electoral, al estilo del PRI de México, pero con un liderazgo continuista y ahora familiar?

b) ¿Cómo ocurrió la “toma del Estado” por el FSLN, empezando por el  pacto bipartidista con Arnoldo Alemán en 1999, para llegar ahora al control del poder total, del sistema electoral, la justicia, del ejército y la policía, y de todas las instancias autónomas del estado?

c) ¿Cuál es la ideología de este proyecto, si es que tiene alguna, y qué relación tiene con la cultura política tradicional nicaragüense y con el legado de la revolución sandinista y su memoria histórica?

d) ¿Cuál es el sustento económico de este proyecto de alianza con el gran capital, en el que el FSLN mantiene el control de la base social, con la migración como válvula de escape? ¿Qué niveles de pobreza y desigualdad social resultan compatibles en este modelo?

e) ¿Es éste un proyecto sostenible a mediano plazo? ¿Puede tolerar el surgimiento de una oposición política y social que le haga contrapeso y plantee un desafío de poder democrático, o inevitablemente derivará en un nuevo ciclo de violencia en Nicaragua?

II- Una mirada al pasado

Permítanme ahora compartir algunas reflexiones sobre la revolución de 1979 y la década revolucionaria, desde la perspectiva de un protagonista que asume la revolución con todos sus aciertos y sus errores, para intentar encontrar algunas claves explicativas desde el pasado.

Así como hoy se suele incurrir en simplificaciones sobre lo que representa el régimen de Daniel Ortega, y se cuestiona el hecho de que siendo éste un régimen autoritario cuente con apoyo social y después de seis años en el poder se haya convertido en una mayoría política, padecemos de una cultura reduccionista sobre lo que fue la dictadura de Somoza y la revolución. Es imperativo, por lo tanto, evitar a toda costa las simplificaciones.

A lo largo de 45 años, la dictadura se mantuvo en el poder combinando cooptación social y represión, con la lealtad de una guardia pretoriana y el respaldo de EEUU, pero también generó apoyo en importantes sectores emergentes. El genocidio ocurrió durante la crisis de la dictadura en 1978 y 1979, pero antes hubo períodos de alto crecimiento económico durante dos décadas. Crecimiento sin desarrollo social; crecimiento sin democracia y con fraudes electorales; crecimiento económico en alianza con los grandes capitales, frente a los cuales Somoza practicaba una máxima que Ortega esta empenado en replicar: “Hagan plata, que de la política me encargo yo”. Antes y ahora, en Nicaragua el hombre fuerte mantiene el monopolio de la política.

La crisis de la dictadura fue el resultado de una acumulación de contradicciones y una combinación de factores: a) El cierre de los espacios políticos electorales y la imposición del continuismo de Somoza; b) El degaste de legitimidad del régimen causado por la represión y las violaciones a los derechos humanos y la corrupción; c) Las luchas sociales y sindicales desatadas tras las tensiones económicas y sociales post terremoto de 1972; d) La “competencia desleal” entre Somoza y otros grupos económicos; e) La pérdida del apoyo de EEUU a raíz de la política de derechos humanos de Carter; f) La persistencia de la lucha y el desafío político-militar planteado por el FSLN en la ciudad y el campo y su estrategia de alianzas nacionales e internacionales; g) La presión del movimiento de masas insurreccional, desatado a raíz del asesinato de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro en enero de 1978; h) Por último, la enconada resistencia de Somoza a abandonar el poder, impidiendo una sucesión reformista del régimen, durante la crisis de 1979.

El derrocamiento de la dictadura representa el momento de mayor consenso nacional que alguna vez se haya alcanzado en la historia de Nicaragua. El objetivo común era erradicar el régimen dictatorial y abrirle paso a una nueva era de democratización y justicia social. El resultado inmediato de esos cambios quedó registrado en grandes movilizaciones como la Cruzada de Alfabetización. Pero ese consenso y la alianza nacional se perdió rápidamente después de la caída de Somoza, no solamente por las contradicciones intrínsecas que conlleva todo proceso de cambio revolucionario, sino además porque el concepto de poder del liderazgo revolucionario era intrínsecamente divisivo.

Aunque el FSLN se distanció de la ortodoxia de la izquierda mundial y planteó una plataforma innovadora basada en el pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento, en la práctica recurría a un esquema de poder total para poner en práctica ese programa. Un esquema hegemónico  en el cual la fusión estado-partido-ejército-organizaciones de masas-aparatos ideológicos, respondía a un mando único. Un concepto vanguardista del poder, bajo la premisa voluntarista de que el sobreesfuerzo de la conciencia política y el alineamiento con el bloque socialista, compensarían las limitaciones materiales objetivas en un país pequeño en transición al socialismo, para emprender las reformas nacionales –educativa, agraria, electoral– que la burguesía no podía desarrollar.

La revolución promovió la democracia participativa y el pluripartidismo, pero subestimó el principio democrático de rendición de cuentas del poder y el papel de las instituciones democráticas autónomas que funcionan como contrapeso del poder. Por una parte, apelaba a la legitimidad del poder revolucionario afirmando que la revolución era fuente de derecho, y por la otra, el esquema ideológico revolucionario despreciaba al Estado de Derecho estigmatizado como un concepto de falsa democracia burguesa. Una creencia que fue reforzada por la experiencia histórica del derrocamiento del gobierno democrático y socialista de Salvador Allende en Chile en 1973.

El modelo de transformación económica, con un fuerte peso de la hegemonía del Estado, generó contradicciones no solo con la clase empresarial, sino también con el campesinado y las etnias de la costa atlántica. De esa resistencia y la intervención de las operaciones encubiertas financiadas por Estados Unidos, surgió el germen de lo que sería una desastrosa combinación de guerra de agresión externa y guerra civil.

Es inútil intentar reescribir el curso de la historia. Pero cuando se analiza el proceso nicaragüense, resulta terriblemente doloroso observar el peso de la ideología de la inevitabilidad de la guerra, al calor de la guerra fría. Del lado sandinista, prevalecía el convencimiento de que la revolución generaría su propia contrarrevolución y la agresión externa, y se proyectaba en la revolución salvadoreña una esperanza para contener y derrotar la agresión de Estados Unidos. Del otro lado, el fundamentalismo ideológico de la Administración Reagan hizo de la guerra en Nicaragua un factor estratégico de su política exterior hacia el tercer mundo. Defender la revolución era, en consecuencia, un parto violento y necesario: una misión de dimensiones históricas. Pero el desenlace de la guerra sería la muerte de decenas de miles de personas, la hiperinflación y el descalabro de la economía nacional.

Nada resume mejor este dilema que una hermosa canción que hizo Salvador Cardenal del Dúo Guardabarranco en 1983. “Guerrero del Amor” se convirtió en un himno generacional para los jóvenes que fueron a la guerra en los 80 y dice en una de sus partes: “Te cambio una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes fundidas al metal con que nos salvas….Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor. Hijo de este tiempo, remolino, pobre niño parido pues en plena selva, para llegar al fin a la victoria. Te cambio estos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria, por la carnosa flor de la esperanza”. Cada vez que escucho esa canción en esta Nicaragua del siglo XXI, me cuestiono en medio del dolor por el sacrificio de esa generación por una utopía que hace mucho tiempo dejo de ser, en un país donde hoy tampoco existe una esperanza.

Aunque el FSLN nunca se propuso construir la democracia representativa, sino más bien promover la justicia social, al aceptar la derrota en las urnas en 1990 sentó las bases de la democracia electoral. Veinticuatro años después, incluso esa conquista básica e insuficiente para la democracia se está perdiendo. Emulando a Somoza, Daniel Ortega regresó al poder enarbolando un proyecto que desprecia la transparencia electoral, aboga por el continuismo, y ha instaurado el clientelismo político en el ejército y la policía. Una vez más, la rueda de la historia de Nicaragua está regresando al mismo punto de partida.

Ante este callejón sin salida, urge un reformismo radical o un radicalismo necesariamente democrático. La construcción democrática no solo requiere fijar reglas del juego, afianzar instituciones, y promover una cultura democrática, sino además emprender las reformas económicas y sociales que no se hicieron en las últimas tres décadas, empezando por la reforma fiscal. Pero nada de esto será posible sin la presión política y el contrapeso de fuerzas sociales que conduzca primero a la reforma electoral. Una democracia inclusiva con instituciones democráticas y reformas económicas y sociales, representa una utopía menos heroica que la que abrazamos hace 35 años, pero está más cerca de los cambios duraderos, irreversibles, que también soñaron los que cayeron por la revolución.

*Texto basado en una presentación para  la conferencia  “Archiving  the Central American Revolutions”,  organizado por el  Centro de Estudios Latinoamericanos (LILLAS) de la Universidad de Texas en Austin , el 19 de Febrero 2014.

Con la presentación de una denuncia al Ministerio Público y el envío de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos terminó la auditoría de la Contraloría que revisó el funcionamiento del Centro Clínico Maruri y las atenciones realizadas para la disminución de las listas de espera no AUGE en el Complejo Hospitalario San José. La investigación se inició tomando como antecedente principal el reportaje de CIPER “Hospital San José: Así opera el sistema que reduce falsamente las listas de espera“, publicado el 10 de junio de 2013, e incluyó la revisión de las prestaciones hechas por los profesionales médicos que atendían en el también llamado Policlínico Maruri desde enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013 (ver informe completo).

La auditoría ordenó iniciar un procedimiento disciplinario por los honorarios de los médicos de Maruri y las prestaciones que cobraban, ya que a éstas se les asignaba el mayor valor que entrega Fonasa por las atenciones de especialistas, sin embargo, ellos son médicos generales. Señala además el informe que eran los mismos médicos contratados quienes determinaban el número de atenciones que hacían diariamente, sin que los directivos las planearan de acuerdo a las reales necesidades que debían ser satisfechas por ese hospital. En la respuesta entregada por el hospital a las observaciones hechas al preinforme se refuerza este punto, ya que médicos declararon que los contratos se redactaban con posterioridad a la realización de las prestaciones.

Llama la atención del ente contralor, además, que los pagos percibidos mensualmente sean por montos casi exactos durante el año 2012. Lo anterior está relacionado con otra de las conclusiones: la cantidad de atenciones informadas para el pago de los honorarios no corresponde a las atenciones efectivamente realizadas por los profesionales. Médicos que trabajaban en Maruri declararon a los auditores de la Contraloría que cobraron montos mayores a lo que les correspondía por prestaciones realizadas y parte de ese dinero “extra” fue entregado al médico identificado en el informe como R. G. S. (Rodrigo Gutiérrez Soto, médico encargado de gestión de camas y médico jefe de Maruri).

Rodrigo Gutiérrez

Además, y tal como se mencionó en el preinforme publicado por CIPER (ver recuadro del reportaje) , se constató que Rodrigo Gutiérrez y otros médicos contaban con autorizaciones notariales de los doctores contratados a honorarios para retirar sus cheques, cobrarlos y repartir el dinero entre ellos, práctica que fue corroborada en las declaraciones de médicos que fueron parte de este sistema de pago. Los antecedentes serán derivados al Servicio de Impuestos Internos porque configurarían una eventual evasión del impuesto global complementario. Esto tiene relación con las declaraciones hechas por los médicos involucrados, entre ellos Rodrigo Gutiérrez, quienes reconocieron que la justificación para que las atenciones realizadas por algunos facultativos las cobraran otros médicos era no reflejar sus ingresos reales y evadir de ese modo los impuestos correspondientes. El ex médico jefe de Maruri, citado en el informe final, señala respecto a esta forma de funcionamiento: “(…) La mayoría de las veces se le paga a un profesional por las prestaciones de él más las de varios médicos más, a los cuales posteriormente se les entregaba el dinero correspondiente a sus atenciones”. Sobre el motivo de tal procedimiento, manifestó que “por flojera y comodidad y porque nunca se les dijo que no podían hacerlo y para efectos del pago del impuesto del global complementario”.

Se menciona también la “creación” de órdenes médicas con la finalidad de acreditar prestaciones no otorgadas. Para esta labor, se verificó que se destinaba a varios funcionarios para llenar papeletas con datos de pacientes del año 2011, con el objeto de cuadrar y justificar los honorarios pagados. En el informe se menciona que el equipo fiscalizador vio en una de sus visitas papeletas en blanco almacenadas en el hospital y que luego estas mismas les fueron presentadas llenadas a mano o impresas. De acuerdo a la Contraloría, esto configuraría el delito de participación de un empleado público en la falsificación de instrumentos públicos o auténticos. Es precisamente sobre esta observación que Contraloría determina la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

Finalmente, respecto al proceso disciplinario, el informe detalla el pago a profesionales que no tenían contratos a honorarios con el centro hospitalario a través de otros facultativos, durante junio de 2012. Tal como se menciona en el preinforme, estos “medios pollos”, como se les llamaba, eran amigos y compañeros de universidad de Gutiérrez.

El informe también pone reparos a las siguientes observaciones: pago de honorarios insuficientemente acreditados, incumplimiento de las funciones pactadas a través de los contratos a honorarios y pagos de honorarios sin informe de la actividad ejecutada. Respecto al primer punto, señala el informe que no existen antecedentes que respalden, íntegramente, el pago de las prestaciones que habrían ejecutado los médicos contratados a honorarios, siendo el total de los gastos insuficientemente acreditados ascendente a Ia suma de $367.963.482.

El informe ordena adicionalmente iniciar un sumario administrativo respecto al registro de las prestaciones médicas del Hospital San José, ya que de una muestra aleatoria de 125 fichas clínicas solicitadas para ser revisadas, y de las cuales el hospital sólo entregó 113, el 100% de ellas no contenían el registro de las atenciones otorgadas a los pacientes. La misma medida solicita respecto del resguardo, custodia y almacenaje de antecedentes, ya que se constató que los formularios con atenciones efectuadas eran almacenados en cajas de cartón repartidas en un box de atención. De la revisión de dichas fichas clínicas se concluyó que en 91 casos no hay registro de la interconsulta por la cual se ingresó al paciente al Repositorio Nacional de Lista de Espera (RNLE).

Otra situación irregular, incluida en el artículo de CIPER ya mencionado, se evidencia respecto a pacientes que salieron de la lista de espera no GES. De una muestra de 73 pacientes, 72 no tenían respaldo del egreso de su ficha médica. Señala el informe también que 30 atenciones que fueron eliminadas del RNLE aparecen en la base de datos entregada al Servicio de Salud Norte como beneficiarios a los que se les prestó atención médica. En otros 13 casos se detectó que los pacientes fueron sacados de la lista de espera porque habían sido atendidos por un especialista o no requerían intervención quirúrgica, en circunstancia que simultáneamente eran citados al policlínico para una nueva atención. También se menciona que Rodrigo Gutiérrez, mediante correo electrónico, informó que 424 pacientes salieron de la lista de espera por la causal “atención realizada”, en circunstancia que esa atención fue realizada por médicos generales y no por especialistas como lo estipula la norma que regula el registro de listas de espera.

El informe también se refiere a tres casos de pacientes que están incluidos en el reportaje de CIPER, quienes fueron sacados de la lista de espera sin que sus respectivos tumores fueran extirpados. El organismo contralor ratifica y detalla dicha información y determina agregarlo al sumario administrativo que deberá iniciar el hospital.

Dicho sumario deberá incluir además la regularización de la situación del policlínico ubicado en calle Maruri, pues no tiene autorización sanitaria para funcionar como tal. A esto se suma que no existe acto administrativo que ratifique la entrega de la administración y traspaso de dependencia y responsabilidad del policlínico desde el Servicio de Salud Norte al Complejo Hospitalario San José, situación que se repite en el nombramiento de Rodrigo Gutiérrez como encargado del Policlínico Maruri y respecto al cierre del mismo. En el mencionado artículo de CIPER de junio de 2013, el director del Hospital San José Raúl Vásquez –quien fue suspendido en febrero de sus funciones por estos mismo hechos– aseguró que se decretó el cierre del Policlínico Maruri. A septiembre del mismo año la resolución de cierre no se había emitido, precisa el informe de Contraloría.

El informe también dictamina el reintegro de $9.716.095 pagados por concepto de asignación de responsabilidad a Rodrigo Gutiérrez Soto, ya que no correspondía que se autorizaran dichos pagos.

Esta es la tercera denuncia que recibe el Ministerio Público sobre posibles delitos en el Hospital San José. A comienzos de febrero, el Ministerio de Salud envió a la Fiscalía Centro Norte los antecedentes sobre la contratación de servicios de hospitalización domiciliaria sin licitación en el Hospital San José que reveló CIPER en enero (ver reportaje) y días más tarde denunció posible fraude y asociación ilícita por los manejos de las listas de espera (ver reportaje).

Aunque para muchos su nombre es desconocido, el Instituto de Educación Rural (IER) llegó a ser el tercer sostenedor con más colegios en Chile, de acuerdo a un ránking elaborado por La Tercera en 2012 (ver nota). Un año antes había alcanzado su máximo crecimiento, al administrar 27 liceos. Las cosas cambiaron rápido.  Hoy el IER sólo cuenta con 15 colegios bajo su alero, con un total de cuatro mil alumnos.

La fundación IER está al borde de la quiebra debido a una deuda millonaria con bancos, funcionarios, ex funcionarios y proveedores, por un monto que alcanza los $8.500 millones aproximadamente. Las cotizaciones previsionales no se han pagado desde agosto del año pasado y tras acusaciones de malversación de fondos públicos, huelgas y paros de alumnos, su consejo directivo fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer como sostenedor de colegios por graves irregularidades en el Liceo Acuícola y Agropecuario de Castro (Ver resolución). El 2013 terminó con el cierre de seis de sus colegios y la transferencia de otros seis a diferentes sostenedores. En palabras de su presidente, Enrique Hrdalo, enfrentan una “crisis casi terminal”.

Enrique Hrdalo

La oficina de Hrdalo está decorada con un retrato de su tío, el obispo Rafael Larraín, quien en 1952 fundó el IER, al alero del movimiento Acción Católica y en pleno auge de la preocupación por el mundo rural de la década del ‘50 y ‘60 (ver historia del IER). Hoy es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, que mantiene su inspiración católica y que gestiona colegios técnico-profesionales en zonas rurales cuya población es considerada vulnerable. Algunos de los establecimientos son propios, pero con el tiempo fueron haciéndose cargo de la administración de liceos públicos. En ese crecimiento está, según Hrdalo, el origen de todos los problemas, ya que el IER funcionó bien “mientras no hubo este crecimiento desorbitado, porque qué necesidad tenía el IER de seguir tomando colegios, en comodato o prestados”.

Las esperanzas de Hrdalo están puestas en un convenio extra judicial con la banca –que está avanzado y esperan cerrar pronto– y en la venta de los terrenos que posee la fundación. El 14 de marzo publicaron en su sitio web la lista con los activos prescindibles que avalúan en más de $13.000 millones. El mayor predio está ubicado en Castro y aunque su avalúo fiscal es de $77 millones, pretenden venderlo en más de $5.000 millones (ver propiedades).

LICEOS SAD: LA RAÍZ DE LA DEUDA

El Estado de Chile, según lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 3.166 de 1980, delega la administración de 70 liceos técnico-profesionales de carácter fiscal a corporaciones sin fines de lucro. Este esquema es conocido como Sistema de Administración Delegada (SAD), a través del cual el Estado entrega los recursos para que un tercero gestione el establecimiento.

Entre los años 2007 y 2009, durante la presidencia de Emiliano Ortega –quien fue ministro de Agricultura del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle–, el IER recibió seis liceos SAD para su administración. El 2007 agregó los liceos Industrial de Angol, Politécnico de Curacautín y el Industrial de Nueva Imperial. El 2009, recibieron los liceos Industrial San Agustín de Puñual en Chillán, el Juan Terrier Dailly y el Liceo Felisa Tolup de San Fernando (Ver decretos de entrega del Ministerio de Educación al IER).

Con estos seis establecimientos, el IER completó 27 liceos bajo su administración, sumando 10.629 alumnos. Con ello, aumentó en 46% su matrícula y en el año 2010 llegó a obtener más de $11 mil millones de pesos en subvenciones por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) y otros aportes fiscales, de acuerdo a los estados financieros y memoria de la institución (los que actualmente están siendo auditados). Sólo para los liceos SAD, el IER recibió más de $3.000 millones en aportes fiscales en 2011, según cifras del Mineduc.

Emiliano Ortega (Fuente: www.ier.cl)

Además el IER recibía aportes del Ministerio de Agricultura, que entre 2008 y 2010 promediaron los $400 millones, como apoyo a la labor del IER, según se lee en el portal de transparencia del ministerio. En 2012, estas transferencias se redujeron a sólo $97 millones, y luego a $72 millones en 2013, pero ahora por concepto de “Becas Barros Luco”, por lo que estaban específicamente destinados a financiar el viaje de alumnos destacados de liceos rurales para una pasantía en Australia y Nueva Zelanda. Gilda Cánepa, una antigua socia del IER, señala que el recorte de estos aportes también sería una explicación para el posterior descalabro financiero de la institución.

Para Enrique Hrdalo, el peor error que pudo haber cometido el IER fue haber aceptado la administración de estos liceos, ya que la subvención sólo alcanzaba para cubrir los gastos de administración: “En definitiva, cualquier gasto adicional que había que hacerle a esos liceos SAD, al final los tuvo que hacer el IER”. Dichos gastos adicionales se hicieron y se costearon a través de créditos bancarios.

Distinta opinión sobre este sistema tiene Arsenio Fernández, gerente general de SNA-Educa, organización que posee la administración de 13 liceos SAD y que participa de este esquema de administración desde que comenzó a operar a principios de los ‘80: “Aquí hay propiedad pública de un establecimiento y administración privada de éste. Y nosotros en SNA Educa y Codesser, estamos muy contentos con el sistema”.

Fernández aclara que algunas de las falencias que presenta este sistema son la imposibilidad legal que tienen los liceos SAD de abrir cursos de 7º y 8º básico, y que no reciben Subvención Escolar Preferencial (SEP), a pesar de que la mayor parte del alumnado de estos establecimientos califica como vulnerable.

En la auditoría de 2012, el IER reconoce una deuda con el Mineduc de más de $600 millones proveniente de este convenio. Sin embargo, el IER reclama que casi la mitad corresponde a gastos realizados por concepto de sueldos impagos por la Corporación Privada de Desarrollo (Corpride), que tuvo antes a cargo dos liceos, y a gastos de reparación de liceos por el terremoto de febrero de 2010.

Finalmente, entre 2011 y 2012, cuando el presidente del IER era Domingo Veloz, el Mineduc no renovó los convenios SAD de tres de los liceos, entregándolos a otras corporaciones, después de una serie de huelgas y conflictos por el manejo financiero, como ocurrió con el Liceo Politécnico de Curacautín (ver nota de radio BioBio). Los estados financieros presentados por el IER en 2012 muestran que las subvenciones y aportes entregados por el Mineduc se redujeron en $2.500 millones tras la pérdida de estos liceos. “Finalmente ese flujo mayor que tenía que estar destinado exclusivamente a los liceos SAD entraba al flujo corriente del IER”, reconoce Hrdalo, haciendo patente el descontrol financiero en que se encontraba la institución.

INHABILITACIÓN PERPETUA COMO SOSTENEDORES

Una de las primeras señales oficiales de que algo andaba mal en el IER tuvo lugar en noviembre de 2012, cuando la Seremi de Educación de Los Lagos emitió un informe con el número 36/2012 (Ver documento) en el que detalla la fiscalización hecha al Liceo Técnico Inmaculada Concepción de Ancud, a solicitud del diputado Fidel Espinoza (PS), que da cuenta que ya entonces el IER presentaba deudas de cotizaciones previsionales. La indagatoria derivó en que se le privó temporalmente de la subvención, aunque después regularizó las deudas.

No obstante, a fines de diciembre de ese año y a principios de enero de 2013, volvieron a reventar los problemas cuando en varios de sus liceos los profesores denunciaron el no pago de sus remuneraciones y atrasos en sus cotizaciones previsionales (ver denuncia del Colegio de Profesores). El mismo reclamo hicieron los profesores del Liceo Agropecuario y Acuícola de Castro (ver nota de prensa).

Domingo Veloz, presidente del IER en ese momento, emitió un comunicado a toda la comunidad expresando los problemas por los que atravesaba la institución, pero negando que la situación pudiese derivar en la quiebra de la fundación. Pedía la comprensión y compromiso de los trabajadores para enfrentar la crisis (Ver comunicado). Por esta misma razón se anticipó la salida a vacaciones del personal (ver memo).

En mayo de 2013, los profesores del Liceo de Los Álamos en Arauco denunciaron también que las remuneraciones y cotizaciones no se les cancelaban a tiempo (ver nota de prensa),una situación similar a la denunciada por profesores del colegio Assunta Pallota de Curimón (ver nota),  haciendo patente la crisis total en que estaba el IER.

Liceo Inmaculada Concepción de Ancud (Fuente: www.ier.cl)

A fines de abril y principios de mayo, el liceo de Castro denunció que el dinero por la venta del terreno en donde funcionaba el colegio originalmente, no fue utilizado en lo que se prometió: la construcción de un nuevo edificio en el lugar. Hasta ese momento, los alumnos usaban las instalaciones arrendadas por el IER a la Congregación Hijas de la Misericordia, facilitadas por el Obispado de Ancud. La situación derivó en un abierto conflicto entre el IER y el obispo local, Juan María Agurto, quien emitió en abril un duro comunicado, detallando la serie de incumplimientos en que habría incurrido el IER con respecto al liceo de Castro (ver declaración pública).

La situación de este liceo se hizo insostenible. La Seremi de Educación encontró una serie de irregularidades tales como que “el establecimiento realiza cobros de manera generalizada a alumnos vulnerables”, tipificada como infracción grave, además de funcionar en lugar no autorizado, lo que redunda en no cumplir “con mantener los requisitos con los cuales obtuvo el reconocimiento oficial”, infracción también considerada grave. El liceo ya había sido sancionado antes “en virtud de un proceso administrativo”, por lo que la autoridad regional de Educación decidió aplicar la revocación del reconocimiento oficial del Estado al establecimiento educacional y la inhabilidad a perpetuidad a la representante legal y administradores del IER, a través de la Resolución Exenta Nº2013/PA/10/1585.

Con esta decisión, el consejo directivo del IER en la práctica quedaba descabezado.

NUEVA DIRECCIÓN CIERRA SEIS COLEGIOS

Luego de la sanción de las autoridades de Educación, el IER tuvo que renovar su consejo directivo en julio de 2013 con un viejo conocido de la fundación a la cabeza, el abogado Enrique Hrdalo, quien ya había sido presidente entre los mandatos de Emiliano Ortega y Domingo Veloz.

Una de las primeras medidas tomadas por la nueva administración, en conjunto con autoridades del Mineduc, fue la realización de una completa auditoría de los estados financieros de la institución durante los años 2011 y 2012 por parte de la empresa Salas y Compañía, la cual aún no termina.

En paralelo, el IER comenzó las conversaciones con el Mineduc y la Superintendencia de Educación para proyectar su futuro. Diego Sotomayor, superintendente (s) de la administración anterior, expresó que en un principio la idea del nuevo consejo directivo era la de terminar con la fundación y cerrar los colegios, pero que luego propusieron un plan de saneamiento que incluye realizar un convenio con los bancos -a los que se les adeuda más de $5.500 millones de pesos- y con el resto de los acreedores, entre los que se encuentran los profesores, para renegociar la deuda total de $8.500 millones.

Como segundo paso está la venta de activos del IER -terrenos y edificios-, para poder solventar esa deuda, y cerrar los colegios que no son viables en su gestión operacional. “En definitiva, hacer un achicamiento de la fundación para dejarla sin deudas, y poder desde ahí mantenerla primero, consolidar y después ver si a futuro ya se puede hacerla crecer nuevamente”, sostiene Hrdalo.

La reducción del IER comenzó de inmediato. Seis colegios cerrarían sus puertas.

El caso del liceo de Castro fue uno de los más polémicos, porque el propio Hrdalo se había reunido con el alcalde en agosto para tranquilizarlo y asegurarle que el liceo seguiría funcionando (ver comunicado de prensa). Sin embargo, en diciembre se informó a la comunidad el colegio no volvería a abrir en marzo, dejando a 113 alumnos sin matrícula para el año 2014 (ver nota).

Lo mismo ocurrió en el Liceo Técnico Profesional de Pailahueque, en donde alrededor de 150 alumnos -mayoritariamente mapuche- fueron los que se quedaron sin colegio y sin internado cuando cerró sus puertas en diciembre de 2013, y provocó manifestaciones de sus alumnos, como se ve en este video.

La dirigente del centro de padres de ese establecimiento, Gloria Quiñilén, expone el drama al que se vio enfrentada una vez que supo del cierre del liceo, y que afectó a uno de sus hijos:

-Mi hijo terminó cuarto medio, terminó con un 5,5 en Mecánica Automotriz y él me dice, “mamá de qué me sirve hacer la práctica si no voy a tener mi cartón, los gobiernos de qué sirven si nadie se ha preocupado”. Hemos conversado, he llorado, me da rabia porque es un maldito país en donde nadie se preocupa de la educación.

Liceo IER Los Álamos

Uno de los liceos que logró revertir el cierre fue el San Pablo, en la comuna de Los Álamos, donde la comunidad fue acompañada por el diputado (PS) por la zona Manuel Monsalve. “Exigimos que el sostenedor cumpliera los requisitos, entre ellos ya había cumplido el de notificar los últimos meses pero no había notificado a los apoderados y además debe ser una notificación oficial”, dice Monsalve, con lo que lograron revertir la situación. Aunque no será por mucho tiempo, según dijo a CIPER el presidente del IER.

El Liceo San Rafael de Chillán, con 150 alumnos, es el último que está dando la pelea por no ser cerrado. Un grupo de padres y apoderados estudia interponer un recurso de protección para evitar el cierre del establecimiento (ver nota de prensa). Ya en mayo el liceo había sido sancionado por la superintendencia por no efectuar rendición de cuentas del Programa de Integración Escolar, falta considerada grave (ver acta de fiscalización).

Además de estos liceos, los establecimientos de Longotoma (La Ligua), Paulino y Margarita Callejas (Vallenar) y Escuadrón (Coronel), fueron cerrados.

Desde la superintendencia, Diego Sotomayor aseguró que hasta fines de febrero no les había llegado ninguna denuncia o reclamo formal con relación a problemas con la reubicación de estos estudiantes.

AUTOCRÉDITO

Un botón de muestra de la falta de control financiero en el IER, de acuerdo a Hrdalo, es un crédito que se habría “auto-autorizado” el ex gerente general de la fundación, Héctor Gómez. En la auditoría de 2011 figura una deuda por más de $25 millones. El origen es un crédito de casi $100 millones que el IER le hizo a Gómez. Cuando éste se desvinculó del organismo, la fundación debía entregarle $75 millones por concepto de indemnización. La diferencia que debe pagar Gómez se pactó ante notario, en más de 50 cuotas de $500 mil. CIPER intentó comunicarse con Gómez en sus nuevas oficinas en el departamento pedagógico e la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.

Fundación de Capacitación Rural - FUNCAR

Otro problema detectado en la administración del IER, es que la Ley General de Educación establece que los sostenedores de colegios no pueden tener más de un giro que no sea el de educación. El IER en sus balances reconoce la existencia de dos instituciones relacionadas que tenían otros objetivos: La Fundación de Capacitación Rural (Funcar) y la Fundación de Superación Campesina (Sucamp).

Hrdalo reconoce que el IER se encontraba en esta irregularidad, sin embargo replica que durante su mandato se están cerrando estos giros: “No vamos a seguir con eso porque nos vamos a dedicar única y exclusivamente a educación”.

EL FUTURO DEL IER

A marzo de 2014, son 15 los colegios que quedan en manos del IER, con alrededor de 4 mil alumnos, de acuerdo a Hrdalo. No obstante, el plan de reestructuración que se han propuesto al interior de la fundación incluye mantener sólo 10 liceos: “La foto que tú vas a sacar dentro de un año, va a ser que el IER sólo va a tener liceos propios, no va a tener liceos prestados, arrendados ni en comodato”.

Los que están en la cuerda floja son: Liceo Sagrados Corazones de Villa Alegre, Liceo Agrícola de Colín, Liceo Inmaculada Concepción de Ancud, Liceo Assunta Pallota de Curimón, y Liceo San Pablo de Los Álamos. Son los establecimientos que presentan menor matrícula y mayores dificultades de gestión. Hrdalo precisa que ninguno de estos liceos le pertenece al IER, salvo Los Álamos, por lo que se les regresarán a los dueños originales, y que será resorte de ellos lo que harán en el futuro.

El desembarco de los ex ministros de Sebastián Piñera al mundo privado viene a toda velocidad y los mercados de las asesorías estratégicas, el manejo de crisis y el lobby están entre los preferidos por los ex funcionarios de gobierno. El movimiento tiene como cabeza de playa a una nueva sociedad que integran Andrés Chadwick, ministro del Interior hasta el 11 de marzo; Pablo Longueira, ex candidato presidencial y ex ministro de Economía y el abogado Luis Hermosilla, asesor del ministerio del Interior hasta el 13 de marzo. Según explicó Chadwick a CIPER, se trata de una “consultora profesional y no una agencia de comunicaciones ni una empresa de lobby”.

–Pensamos que nuestra experiencia en lo público puede ser un aporte para asesorar en el diseño estratégico de proyectos empresariales en el sentido de entregarles información cualitativa y cuantitativa sobre las nuevas realidades sociales, a nivel regional y local. Los cambios sociales que están ocurriendo requieren de nuevos modelos para prevenir situaciones de conflicto, manejar crisis y plantear visiones estratégicas de largo plazo–, es la definición que hace el ex ministro del Interior de su nuevo proyecto.

La sociedad aún no se constituye legalmente y manejan un plazo de 90 días para empezar a funcionar. Aún no tienen oficina ni equipo de trabajo, pero Chadwick aseguró que tendrán un pequeño núcleo ejecutivo que complementarán con apoyo de profesionales externos para estudios o proyectos específicos.

Luis Hermosilla y Andrés Chadwick

Andrés Chadwick precisó que la sociedad no pretende competir con las grandes agencias de comunicación estratégica, como Imaginacción de Enrique Correa, Azerta de Cristina Bitar,  Extend de las hermanas Velasco o Tironi Asociados de Eugenio Tironi. Más bien busca apuntar a un perfil más “boutique”, en el sentido de entregar un servicio más personalizado a los clientes. “Si nos piden asesoría con respecto a los medios, preferimos externalizarla. Lo mismo si se requiere un trabajo de lobby ante autoridades o parlamentarios”, añadió el ex ministro del Interior. Si bien no lo descarta como un área de negocios a futuro, no está contemplado por ahora como un servicio de esta nueva empresa.

Una muestra de que están de lleno en la etapa de planificación, es que hasta el martes 25 de marzo en la noche existía una página web bajo el nombre de “Longueira, Chadwick y Hermosilla Asesorías”. El dominio www.lchh.cl fue inscrito en NIC Chile el pasado 19 de marzo por el hijo del ex ministro de Economía, Juan Pablo Longueira Brinkmann. Como dirección de contacto del sitio figura Tregua!, la empresa de la que es socio el hijo del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick Costa. La página fue bajada ante el llamado telefónico de CIPER. Chadwick aseguró que sólo le pidió a su hijo que le hiciera propuestas para el diseño web y que nada de lo que había ahí era definitivo, sino una maqueta.

EL REGRESO DE LONGUEIRA

El desembarco de Pablo Longueira en el mundo privado marca su retorno a la vida pública, tres ocho meses de ausencia. El 17 de julio de 2013 y producto de una fuerte depresión, bajó su candidatura presidencial de la Alianza, a dos semanas de haber triunfado en la primaria del sector sobre Andrés Allamand y sólo cuatro meses antes de la elección. La decisión generó un descalabro en su sector, que ya se había visto sacudido por la bajada del primer candidato de la UDI, Laurence Golborne.

Cinco meses más tarde, el 4 de diciembre, Longueira hizo otro anuncio que sacudió la estructura del gremialismo al anunciar que se privatizaría, poniendo así fin a su carrera política. “Yo siento que cumplí una etapa y mis horizontes están por el sector privado, y de alguna forma retomar una actividad distinta a la que realicé durante estos últimos 35 años”, sostuvo Longueira. Ponía fin a una larga trayectoria, siempre situado en la primera línea de las decisiones políticas, como dirigente y senador UDI.

La incorporación de Longueira a esta nueva empresa marca también un giro en la sociedad que mantuvieron por años Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, en el estudio de abogados que compartían. Mientras Chadwick estuvo en el gobierno -según se lee en su declaración de intereses- mantuvo la “comunidad de techo estudio jurídico Hermosilla Chadwick”. Durante ese periodo, y tal como informó CIPER (ver reportaje), Hermosilla fue contratado como asesor del Ministerio del Interior, que encabezaba Chadwick, en todas las causas judiciales pendientes. El último contrato a honorarios, firmado por el subsecretario Rodrigo Ubilla, se extendía desde enero a diciembre de 2014, como asesor para las causas que se llevan en la Región de La Araucanía. Sin embargo, El Mercurio informó que el 13 de marzo pasado fue rescindido por el nuevo gobierno. Volverá entonces también a dedicarse en exclusiva a sus clientes privados, entre los que destacan el sacerdote John O’Reilly y la familia del asesinado senador Jaime Guzmán.

LA “GRÚA” DE AZERTA

Miguel Flores, ex subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

Chadwick y Longueira no son los únicos ex funcionarios de gobierno que están reinventándose. A menos de un mes del cambio de mando, figuras políticas y asesores de renombre se reubican en el nuevo mapa de las empresas de comunicaciones, consultorías y asesorías estratégicas. Algunos se integran a empresas ya formadas, mientras que otros se asocian para entrar a un negocio que cada vez pone más acento en los asuntos públicos o lobby, y donde su nueva experiencia en el funcionamiento del aparato del Estado es un activo importante. Un intenso movimiento que anuncia dura competencia para las empresas líderes del área, como la de Enrique Correa –Imaginaccion– la que perdió a su gerente de asuntos públicos, Carlos Correa, quien aterrizó en La Moneda (ver reportaje).

Meses antes de que concluyera la administración Piñera, se iniciaron los primeros contactos informales con algunas figuras políticas y profesionales situados en cargos estratégicos de La Moneda. La “grúa” estaba en marcha. Una de las consultoras que llevó la delantera fue Azerta, sociedad de Felipe Edwards, el histórico militante UDI Gonzalo Cordero y Cristina Bitar, conocida en el mundo del lobby por sus vínculos con el mundo empresarial y político de la derecha.

Miguel Flores, quien hasta el 11 de marzo fue subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, otro militante histórico de la UDI, fue uno de los primeros reclutados. Durante los cuatro años del gobierno Piñera, estuvo en un cargo estratégico, que distribuía recursos a las regiones para proyectos de inversión y desarrollo; por lo tanto, un hombre con una privilegiada red de contactos en todo el país. Según confirmó a CIPER, se integra a partir de abril en un cargo que aún no está definido. Junto con él, se incorpora José Pedro Arana, ex jefe de prensa del ministro de Agricultura Luis Mayol. Arana había trabajado previamente en Azerta Comunicaciones, y ahora regresa con un valor agregado, porque incorporó a su cartera nuevos vínculos, especialmente con el empresariado agrícola. A estos dos profesionales, se suma el periodista Mauricio Lob, quien fue el último subsecretario general de Gobierno de Piñera.

ZALAQUETT Y LA MINISTRA

Más abrupto fue el aterrizaje de Pablo Zalaquett en el mundo de las asesorías estratégicas. En febrero, se generó enorme revuelo cuando lo acusaron de recibir una “beca Piñera”, por un contrato que firmó con el Ministerio de Salud, para una asesoría comunicacional de un mes y medio, por un monto de un millón y medio de pesos. Zalaquett se apuró en aclarar que el trabajo se cumplió de acuerdo a lo pactado y que no se trataba de una regalía.

Pablo Zalaquett

La estrecha derrota en la campaña senatorial por Santiago Poniente frente a Andrés Allamand, fue lo que lo obligó a regresar al mundo privado. Antes de entrar a la arena pública como alcalde de Santiago, fue socio de Cristina Bitar en Captiva Comunicaciones, que luego fue vendida a la consultora internacional Hill & Kknowlton. Ahora regresa al negocio de las comunicaciones estratégicas y lobby, pero esta vez de la mano de nuevas socias: la ex ministra de Sernam, Loreto Seguel y su hermana, la ex diputada UDI Mónica Zalaquett, quien perdió su sillón en la Cámara de Diputados en la pasada elección. El nombre de la empresa aún no está definido.

Zalaquett dijo a CIPER que los asuntos públicos, destinados al lobby, serán un área de negocios en la que van a incursionar en forma explícita, además de aprovechar su experiencia en la alcaldía para generar nexos y puentes con las empresas privadas que quieren invertir y generar proyectos en el gobierno local. “Vamos a inscribirnos en el registro de lobistas (creado por la nueva ley) con todas las personas que trabajen en nuestra consultora, porque queremos ser totalmente transparentes. Nosotros creemos en la autorregulación y por lo mismo, vamos a elegir muy bien a nuestros clientes, porque tenemos un prestigio que cuidar. Sabemos que el lobby es una práctica que a veces está desprestigiada por su relación con el financiamiento de la política. Nosotros no vamos a formar parte de las malas prácticas, de coimas y nada por el estilo. Veremos si podemos ser actores en esta industria o no”.

DEL GABINETE DE CECILIA MOREL A LA CONSULTORIA

Pauline Kantor

En el nuevo mapa de las agencias de comunicaciones estratégicas, también hay viejas caras. Pedro Pablo Díaz, ex embajador en Australia y amigo íntimo del ex presidente Piñera, aterrizó para renovar su antigua empresa consultora, KO2, creada en 2004 junto al fallecido periodista Jaime Moreno. En una de las giras presidenciales coincidió con Pauline Kantor (ex secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario y ex directora del programa Elige Vivir Sano) e iniciaron conversaciones para trabajar juntos. Ella buscaba nuevos horizontes, tras vender su parte en la empresa de comunicaciones estratégicas con María Elena Etcheberry y decidió asociarse con Pedro Pablo Díaz, en KO2. Acordaron revitalizar con nuevos productos la agencia y abrir espacio a lo que llaman la sustentabilidad, o la Responsabilidad empresarial 3.0.

“Creemos que se pueden alinear mejor las políticas públicas con las iniciativas privadas en la comunidad, que muchas veces se descontinúan, por fallas en el modelo de gestión. Y en eso, puedo aportar la experiencia aprendida”, comentó a CIPER Pauline Kantor. En el mundo del lobby, asegura, no van a entrar por el momento.

Al equipo de KO2 se suman Magdalena Díaz, ex jefa de gabinete de Cecilia Morel e hija de Pedro Pablo Díaz. Con ella, se incorpora el periodista Enrique Barrera, ex jefe de prensa de la Primera Dama, quien pondrá énfasis en el análisis de entornos comunicacionales y manejo de crisis. Pedro Pablo Díaz ejercerá como presidente del directorio y Kantor como vicepresidente ejecutiva.

Otra de las novedades en el desembarco al mundo privado es la aparición de Vía Central Comunicaciones, una sociedad constituida en enero de 2014, con participación igualitaria en la propiedad del abogado Herman Chadwick (ex presidente del Consejo Nacional de Televisión), su hija María Irene Chadwick (ex directora de programación de la Presidencia), Carla Munizaga (ex jefa de prensa de la Presidencia) y Gonzalo Gómez (del equipo de prensa de la Presidencia). Según la descripción de la sociedad, prestarán “servicios de asesorías y consultoría en materias periodísticas, de comunicación estratégica, publicidad, marketing y demás servicios relacionados”.

María Irene Chadwick

Nexos es otra de las agencias de comunicaciones estratégicas antiguas en el mercado, pero con variaciones de propiedad. Las socias originales eran Soledad Altamirano, Isabel Izquierdo (esposa de Bernardo Matte) y la periodista Carolina García de la Huerta. Esta última se retiró de la sociedad en 2013, para asumir en el  directorio de Canal 13, por encargo de Andrónico Luksic. Nexos fichó en octubre de 2013 a Claudio Storm, ex director ejecutivo de FOSIS, quien renunció a su cargo en el gobierno un mes antes.

En el área de las comunicaciones de La Moneda, emerge la figura de Fernanda Otero, ex asesora del presidente Piñera en materias de comunicaciones estratégicas durante todo su gobierno, a quien se le reconoce como una de las personas más cercanas y con línea directa al ex presidente.  Este es uno de los activos que ella pone encima de la mesa al momento de contactar potenciales clientes, coinciden quienes la conocen profesionalmente. Tras su salida de La Moneda, regresó de lleno a sus oficinas en la empresa consultora B20, las que en realidad nunca dejó del todo. Siempre se mantuvo como consultora externa de comunicaciones estratégicas de la empresa, cuyos socios son su hermano Jorge Miguel Otero y el ingeniero comercial Luis Hernán Bustos.

José Miguel Izquierdo

Otro asesor presidencial que se las arregló para compatibilizar su rol público con sus actividades privadas es José Miguel Izquierdo, quien en septiembre de 2012 formó la empresa Main Comunicación Estratégica, junto a su señora Alejandra Novoa. Los asuntos públicos son una de las áreas de trabajo de la empresa, en la que por ahora sólo figura Izquierdo. Su carta de presentación no ha sido actualizada: “Actualmente se desempeña como asesor del Presidente Sebastián Piñera E.”, se lee en la página web.

A dos semanas del cambio de ocupantes de La Moneda, el movimiento no cesa en el diseño del nuevo mapa de empresas de comunicaciones y asesorías estratégicas. Todas ellas se renuevan y se multiplican preparando sus fichas para ubicarse en el escenario que crea la recién estrenada Ley de Lobby, con reglas y condiciones nuevas que sólo esperan un reglamento para empezar a operar.

El Ministerio de Vivienda (Minvu) derogó finalmente el controversial Decreto Nº 1 de 2013, promulgado por esa misma cartera en diciembre pasado, que modificaba diversas normas de desarrollo urbano para favorecer la concreción de millonarios negocios inmobiliarios. El decreto contenía reformas prácticamente hechas a la medida para permitir la aprobación de los polémicos malls de Castro y Muelle Barón (Valparaíso) y la instalación de un megaproyecto hotelero en los campos del Club de Golf Los Leones. La derogación quedó plasmada en un nuevo decreto (vea el documento), el que fue publicado en el Diario Oficial de este martes 8 de abril (vea esa edición del Diario Oficial, páginas 3 y 4).

La aprobación del ahora derogado Decreto Nº 1 fue impulsada por el asesor del Minvu durante el gobierno pasado, José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos. Ugarte promovió una serie de cambios normativos adoptados por la cartera, todos tendientes a flexibilizar las normativas que regulan el desarrollo urbano y, de esa forma, posibilitar la concreción de proyectos inmobiliarios. Los alcances de las reformas impulsadas por Ugarte fueron expuestos en la investigación de CIPER “El asesor del Minvu que instaló ‘leyes de amarre’ que favorecen los negocios inmobiliarios” (vea ese reportaje), difundida el 24 de febrero pasado.

La promulgación del Decreto Nº 1 alcanzó ribetes de escándalo al interior del Minvu, pues los funcionarios de la cartera que redactan los decretos que modifican las normas de desarrollo urbano firmaron una carta para oponerse a esta reforma y la enviaron a sus superiores. Seis profesionales del Departamento de Planificación y Normas Urbanas suscribieron el texto, en el que manifestaron que el Minvu estaba aprobando normas contrarias al bien público y que afectaban la calidad de vida de las personas:

“Se nos sindica como partícipes de favorecer, con estos cambios normativos, proyectos específicos que corresponderían a intereses de grandes empresas (…). Al respecto, queremos manifestarles que nos preocupa que se nos vincule profesionalmente con dichos propósitos, y se nos involucre en querer propiciarlos, toda vez que, a nuestro juicio, no están en la línea conceptual del desarrollo urbano y del bien público. De hecho, y como ustedes así lo han decidido, no hemos tenido participación alguna en el proceso final de elaboración de determinadas normas”, señalaba la carta.

Funcionarios del Minvu señalaron a CIPER que el principal impulsor de estas reformas fue Ugarte, quien tenía línea directa con las principales autoridades del ministerio. Ugarte fue contratado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para desempeñarse como asesor de las políticas del Minvu desde 2010 hasta 2013. Pero antes de 2010, Ugarte ya era un asesor del ministerio durante la anterior administración. Cuando asumió en ese cargo la primera ministra de Vivienda del gobierno de Piñera, Magdalena Matte, José Ramón Ugarte esperaba mantener su rol preponderante, pero sin mucha visibilidad. Al final, no hubo acuerdo y Matte no lo conservó ni entre los miembros de su gabinete ni entre sus asesores. Algunas fuentes dijeron a CIPER: “lo despidió”. Pero apenas la ministra Matte fue reemplazada por el ministro Rodrigo Pérez, Ugarte regresó a la primera línea del Ministerio de Vivienda.

El importante rol que jugó bajo la administración del ex ministro Rodrigo Pérez, queda en evidencia al comprobar que en diversas ocasiones representó al ministerio ante el Congreso Nacional cuando se discutían leyes del sector. Además, fue nominado secretario ejecutivo de la comisión que desarrolló la Política Nacional de Desarrollo Urbano PNDU, que se promulgó en octubre de 2013 y que pretende ser una guía del desarrollo que tendrán las ciudades chilenas a futuro.

MALLS Y HOTEL

El derogado Decreto Nº 1  ponía fin a la restricción que se imponía a los proyectos inmobiliarios de alta carga ocupacional destinados a equipamiento (como centros comerciales y torres de oficinas), respecto de que estaban obligados a enfrentar vías expresas y troncales. Así, los malls podrían ubicarse hasta a 300 metros de una vía importante. Esta modificación se interpretó como una “solución express” para los malls de Muelle Barón y Castro. El nuevo decreto que derogó esta reforma explica  que este cambio afecta gravemente los derechos de los habitantes de los barrios donde se podrían emplazar los centros comerciales:

“El cambio permite instalar equipamientos al interior de barrios consolidados, alterando significativamente su estilo de vida y sin que previamente sus habitantes y la comunidad en general pudieran participar en la adopción de esta decisión, cuestión especialmente grave por cuanto la normativa antes vigente les garantizaba que ello no ocurriría”, dice el decreto recién publicado en el Diario Oficial.

De igual forma, el Decreto Nº 1 establecía que los proyectos destinados a alojamiento (como hoteles y apart hoteles) en adelante podrían instalarse en zonas de equipamiento y no solo en zonas residenciales. La Fundación Defendamos la Ciudad denunció que este era un “traje a la medida” para la aprobación de un megaproyecto de la cadena hotelera Four Seasons que se construiría en el Club de Golf Los Leones: once torres de cinco pisos y ocho subterráneos cada una, ubicadas en los faldeos del Cerro San Luis. La iniciativa, que ya cuenta con un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, tiene una superficie a edificar de 25.691 metros cuadrados y fue anunciada en la cuenta anual 2011 que dio el presidente del club de golf, Sergio Urrejola Monckeberg. En esa ocasión, Urrejola dijo que la construcción del proyecto hotelero sería posible gracias a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas.

El nuevo decreto también aborda esta materia: “Del mismo modo, el decreto (que se deroga) contempla beneficios no justificados para las edificaciones destinadas a hospedaje y cambios respecto de los sistemas de cómputo de constructibilidad para construcciones en las áreas verdes que, al igual que en el caso anterior, modifican normas previamente establecidas y en base a las cuales se aprobaron diversos planes reguladores, poniendo en riesgo la existencia de importantes superficies actualmente destinadas a áreas verdes”.

OTRAS REFORMAS POLÉMICAS

Además del Decreto Nº 1, Ugarte participó en la redacción de otras normas y reformas controversiales. Una de ellas fue el Decreto Nº 25 de 2012, que también facilita la concreción de grandes proyectos inmobiliarios. Esta norma permite rebajar a la mitad los estacionamientos exigidos a los proyectos destinados a vivienda que estén ubicado a menos de 300 metros de una estación de Metro. La misma facilidad corre para los proyectos de equipamiento emplazados hasta a 600 metros de una estación del tren subterráneo.

El mismo Decreto Nº 25 contiene  una reforma que favorece la concreción de un negocio en el que Ugarte tiene interés. La norma permite la construcción de túneles bajo la vía pública para unir distintos inmuebles. La compañía Cencosud tiene planificado construir una conexión subterránea de este tipo, entre el mall Alto Las Condes y un centro comercial que proyecta edificar en la esquina nororiente de Kennedy con Padre Hurtado. Ahí, desde 2000 ya está aprobado un permiso de construcción de 270 mil metros cuadrados. Horst Paulmann, dueño de Cencosud, adquirió el terreno al empresario Carlos Celle con el permiso de edificación ya aprobado y, en junio de 2010, El Mercurio informó: “Ahora Paulmann deberá trabajar con el arquitecto que diseñó la iniciativa sobre la que se otorgaron los permisos a Carlos Celle, José Ramón Ugarte, para tener la misma constructibilidad en el terreno que compró”.

Otra reforma contenida en el Decreto Nº 25, y que también facilitaría la instalación de grandes proyectos inmobiliarios, es la que permite reducir a la mitad los estacionamientos que deben habilitarse si la construcción se ubica a no más de 300 metros de una estación de metro, en el caso de proyectos de vivienda, y hasta 600 metros si es un proyecto de equipamiento de servicios.

Carl J. Bauer, profesor asociado de la Escuela de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona (Estados Unidos), es uno de los académicos que más tiempo ha dedicado al estudio del agua y la gestión hídrica en Chile. Una larga serie de papers, artículos y capítulos de libros, en su mayoría referidos al caso chileno, da cuenta de su vasta trayectoria y le ha conferido reconocida autoridad en el medio local.

Bauer no es hidrogeólogo. Su acercamiento al tema ha sido más bien interdisciplinario y eminentemente desde las Ciencias Sociales. Tras una visita como turista en 1989,  regresó a Chile en 1991 para hacer la tesis del doctorado que cursaba en la Universidad de Berkeley en Derecho y Ciencias Sociales. Quiso entender el complejo mundo de las aguas en Chile y diseccionar la  biblia que lo rige: el Código de Aguas de 1981.

-En ese momento, nadie sabía mucho del Código de Aguas. Mi interés básico era entender empíricamente cómo funcionaba el mercado de las aguas en Chile. Lo que no esperé fue que me gustara tanto el país. Me quedé dos años y medio, hasta 1993, y a partir de entonces he regresado a Chile todos los años por algunas semanas e incluso meses. En el 2001 volví para vivir otros tres años y escribir mi segundo libro -dice Bauer desde Estados Unidos, en un perfecto español.

Fruto de su primera estadía, Bauer publicó en 1998 el libro “Against the Current: Privatization, Water Markets and the State in Chile” (“Contra la corriente: Privatización, Mercados de Agua y el Estado en Chile”), traducido al español en el 2002. Su segunda estancia en nuestro país culminó con la publicación de “Canto de Sirenas: El Derecho de Aguas Chileno como Modelo para Reformas Internacionales”, el que fue publicado en español e inglés el año 2004.

Carl Bauer reconoce que Chile goza de un estatus excepcional, a nivel mundial, respecto del manejo de sus recursos hídricos. Todo ello porque, desde 1981, se ha privilegiado un enfoque eminentemente economicista en la gestión del agua, en desmedro de una visión “más integral”, que es la que corrientemente predomina en otros países. Critica la falta de gobernanza de nuestro país en el tema y la porfía en mantener el statu quo y, con ello, las inequidades propias que se desprenden de un sistema de gestión que no duda en catalogar como el más laissez-faire (liberal) del mundo.

-Se escucha a veces en nuestro país que somos el único del mundo que tiene sus aguas completamente privatizadas. ¿Existen mercados de agua en otras partes?
Sí. En California y otros estados del oeste estadounidense, por ejemplo, tenemos exactamente la misma definición jurídica que en Chile, esto es: que las aguas son públicas, pero que existen derechos de uso de esas aguas que son privados y se pueden vender, comprar y transar en muchas partes, tal como se hace en Chile. Pero la gran diferencia es que nuestra propia Dirección General de Aguas (DGA) es mucho más fuerte, tiene más potestad y puede intervenir.

-¿Cómo interviene? ¿Opera allí el principio “úsela o piérdala” respecto del agua? ¿Se puede quitar el agua a quien no la utiliza? En Chile eso no está permitido.
En principio sí. Lo que eso denota es que el derecho de propiedad también debe cumplir con una función social. Para gozar de un derecho privado hay que cumplir con ciertas condiciones sociales. Acá el interés social es que los recursos se utilicen. Hay un principio fundamental que señala que los derechos privados tienen obligaciones públicas.

-En el caso chileno, eso parece haberse perdido de vista.
El modelo chileno tiene un énfasis muy fuerte en un mercado libre y no regulado por el Estado. Hay muchos países que reconocen derechos de propiedad sobre el agua, pero en ningún caso el Estado tiene tan poca potestad para intervenir como sucede en el caso chileno.

-¿Cuáles son las características que hacen de Chile un caso excepcional en el manejo de sus aguas?
Primero, que la privatización de los derechos de uso fue realizada sin condiciones. Segundo, se tiene una fe, una confianza casi ciega en las fuerzas del mercado libre, en un mercado sin regulación como mecanismo para asignar y gestionar el recurso. Tercero, y se desprende de los dos anteriores, la casi nula capacidad regulatoria del Estado. Existe un cuarto elemento, que no es explícito en el Código de Aguas, pero que para mí resulta el punto más débil de todo el modelo. Dice relación con que para dirimir un conflicto sobre aguas se requiere de la intervención del Poder Judicial, porque el Código de Aguas no le entrega a la DGA la potestad para resolverlos. Eso es bastante inusual en todo el mundo. A mi juicio, la justicia no es capaz de cumplir con ese papel, porque se le está pidiendo asumir un rol que ha estado históricamente fuera de la tradición jurídica chilena. Creo que hay ejemplos de sobra que muestran que los jueces normalmente no tienen el conocimiento técnico ni la formación profesional para tratar temas del ámbito de las políticas públicas.

-Usted señala que la legislación de aguas en Chile es la más laissez faire en el mundo y eso genera una serie de consecuencias negativas. ¿Cuál ha sido el costo para el país del Código de Aguas vigente?
En el fondo, que el modelo no se hace cargo ni de la equidad social ni de la sustentabilidad ambiental. Ese es el problema. El modelo se hace cargo de la eficiencia y la rentabilidad económica –los que de todas maneras son puntos importantes– pero a costa de no poder abordar los demás problemas. En toda esta discusión hay que entender que el Código de Aguas es un fiel reflejo del modelo económico en su conjunto, para bien y para mal. Es una especie de subproducto del modelo neoliberal en Chile.

-Imagino que conoce el caso emblemático de Petorca o de Tierra Amarilla, en Copiapó. Ahí hay personas que no tienen agua potable para uso doméstico o sanitario, y que conviven con industrias que funcionan a partir de la explotación intensiva del recurso. Esos casos, que no son únicos en Chile, sugieren que este sistema no se preocupa de distribuir el agua atendiendo a un orden de prioridades.
Es válido preguntarse cómo están distribuidos los beneficios de este modelo. Creo que el hecho de que los conflictos por agua sigan y crezcan en Chile, es un costo del mismo. Si hay tantos conflictos, tantas externalidades sociales y ambientales, y si el marco institucional en su conjunto no es capaz de hacer más que insistir en el statu quo, eso es negativo para el interés nacional, aunque haya beneficios económicos.

Lo que salta a la vista en el caso chileno es que el marco actual es capaz de defender algunos intereses, pero es incapaz de articular bien una serie de intereses públicos. En Chile se ha impuesto una visión economicista en la gestión de los recursos hídricos y la pregunta que planteo en mis estudios es si esa visión es compatible con una gestión integrada de los recursos hídricos.

-¿Y es compatible el enfoque economicista chileno con la gestión integrada de recursos hídricos?
Mi análisis del caso chileno es que justamente la parte integrada es la que no funciona. La capacidad del marco institucional para hacerse cargo de conflictos serios es muy débil. La gestión se ha hecho sin atención a la institucionalidad. El agua es un bien económico, pero también es un bien social y un bien medioambiental. Mi argumento es que hay que buscar un equilibrio entre estas variables y es este balance el que no existe en la legislación ni institucionalidad chilena respecto del agua.

-¿Existe alguna etapa en la historia de Chile en el que el manejo de los recursos hídricos se haya acercado más a un enfoque integral o haya funcionado de mejor manera que el actual? Antes el Estado tenía un rol mucho más activo y más potestad para intervenir en la gestión de las aguas.
El Código de 1951, bajo mi perspectiva, era el más apropiado, justamente porque tiene un equilibrio entre regulación pública y derecho privado. En los ’50 y ’60 el riego era lo que dominaba la discusión política. Los conflictos actuales, de tener que combinar y coordinar usos múltiples, son problemas que vienen con el desarrollo económico y con la regulación ambiental. Los problemas que está abordando Chile actualmente son mucho peores que antes y eso es producto del desarrollo económico de las últimas décadas.

-¿Hay efectos positivos que puedan ser asociados al Código de Aguas de 1981?
Creo que el efecto más positivo, no para todos pero para muchos, es la seguridad legal que existe sobre los derechos de agua. Por tanto, existe un gran incentivo para invertir en actividades que utilizan ese insumo. El otro efecto positivo es la creación de un mercado, aunque creo, según mis estudios, que éste ha tenido una actividad menos dinámica de lo que muchos esperaron en un principio.

-¿Qué le parece la última modificación realizada al Código de Aguas en el 2005, con la introducción de cobro por no uso de agua?
Tiene aspectos valiosos, pero en el fondo el cambio es bastante mínimo. No tocó la filosofía fundamental de la ley. Es una reforma muy restringida y por razones políticas. Era la reforma políticamente posible y eso explica que tenga esa figura tan rara de pagar una patente por no usar el recurso.

-El espíritu inicial de esa reforma, que ingresó a trámite en 1992, era que se legislara sobre las aguas para caducar los derechos si es que la gente no los utilizaba.
Claro como sucede en el resto de mundo. Es el enfoque común de “úsela o piérdala”. Básicamente, a partir del año 1992, hubo una serie de intentos por reformar el Código de Aguas, pero cada intento fracasó por oposición política. Producto de ello, al final, las propuestas del gobierno eran cada vez más limitadas.

La modificación de 2005 representa una mejora, pero es muy limitada. Lo que lamento es que después de muchos años de discusión, de tanto capital político comprometido, se haya obtenido un resultado tan pequeño. Si ese fue el resultado de la famosa reforma, entonces qué otra reforma podemos esperar en los 12 años que vienen.

-A ratos se escuchan voces que piden nacionalizar el agua. ¿Qué piensa de esa posibilidad?
Mi posición es más bien moderada al respecto. El código actual es demasiado liberal, aún después de la reforma. El código anterior (1967), era demasiado estatista. Cuando hoy los críticos dicen que hay que nacionalizar el agua, encuentro bonita la retórica, pero no entiendo qué significa eso. No sé en la práctica cómo eso se va a traducir en un sistema de administrar las aguas, porque eso sigue siendo necesario.

-¿Cuáles son las recetas o modificaciones que introduciría a la gestión de los recursos hídricos en Chile?
Principalmente, fortalecer al Estado en esta área. La Dirección de Aguas tiene que tener más potestad, si no es esa institución otra, pero alguna tiene que tener autoridad y poder para regular. Junto a ello, una reforma fuerte en la parte judicial: habría que fortalecer al Poder Judicial para controlar ese nuevo rol fiscalizador del Estado. Quizá crear una especie de cortes o tribunales especializados en aguas, tener jueces capacitados para entender el tema del cual están hablando. La alternativa de no fortalecer al Estado no existe para mí. Más de lo mismo significa que los conflictos van a explotar en varios lados. Sin embargo, creo que en esta materia hay que evitar el mercado libre total por un lado; y por el otro, el control absoluto del Estado. Yo no estoy en contra de la existencia de un mercado de aguas, pero en un contexto mucho más regulado que el actual.  El Estado debiese ser capaz de corregir los problemas de inequidad del agua. El hecho de que haya gente en Chile que no tiene agua, es en parte resultado de una ley que no ha querido resolver el problema. La ley no fue diseñada para hacerse cargo de ese problema.

-¿Qué sucedería en Chile en 20 ó 30 años si se mantiene la normativa vigente respecto del agua?
Los conflictos, que ya son muy graves a estas alturas, se van a agudizar cada vez más. Ya no son sólo conflictos por agua, sino que tienen ribetes medioambientales y otros que comprometen el desarrollo del país. Hay temas que van mucho más allá del agua. La capacidad de gobernanza de Chile en este ámbito ya está en crisis y creo que va a empeorar en la medida en que no haya cambios.

-Padre, estoy aquí porque he hecho una larga investigación sobre jóvenes de “buena familia” que siendo solteras quedaban embarazadas, a las cuales se les quitaban sus hijos o se les hacía creer que habían muerto, para entregarlos a otras familias en adopción. Y usted, según la mayoría de esos testimonios, tiene un rol principal en esos hechos.
Bueno…, yo de eso tengo poco que decir. Por el sigilo yo me debo a personas que me han confidenciado cosas que no puedo contar.

-Sí, pero hay historias que he confirmado y que vamos a relatar. Y en ellas, le insisto, usted tiene un rol principal en la entrega irregular de niños en adopción. Necesito que me dé su versión. Alguna razón tuvo para actuar como lo hizo.
…Mire, salí del colegio y ocho años después me ordené sacerdote. Partí haciendo clases en el Colegio de los Sagrados Corazones de la Alameda. En aquella época no había colegios en el barrio alto. Santiago llegaba hasta Pedro de Valdivia. Y yo, que partí viviendo en este extremo, tenía que ir a hacer clases allá abajo. Junto con trabajar con los padres franceses, y como siempre he tenido una vocación social muy fuerte, me tocaba ayudar en una parroquia que estaba formándose: la Parroquia de San Pedro y San Pablo en la población que entonces se llamaba Joao Goulart (ahora barrio Brasil). Desde temprano me empecé a relacionar con el mundo juvenil. Ahí comencé a convivir con una realidad: el embarazo adolescente. Y empecé a enterarme cómo algunas jóvenes abortaban.

-¿Cómo se hacían los abortos en esa época?
Yo los encontraba terribles, no sólo por la muerte involucrada, sino porque palpaba -y es algo que hasta hoy confirmo- cómo las jóvenes que se hacían un aborto quedaban dañadas para toda la vida. Los abortos eran clandestinos, por supuesto, y con gran riesgo para las niñas. Existían en esos años unas “brujillas” que hacían estos abortos en las poblaciones en condiciones muy poco higiénicas. Se dedicaban sólo a eso y lo habían convertido en una profesión: cobraban. Y también descubrí una especie de conciencia medio oculta, que permitía que los datos de quienes hacían estos abortos fueran pasando de unos a otros. Para las niñas del barrio alto que quedaban embarazadas, había dos maneras: sacarlas de Chile para abortar, lo que hacían las familias que tenían más dinero; o dar a la guagua en adopción.

-¿Eran las jóvenes o sus padres los que querían abortar?
En la mayoría de estos casos eran los papás los que querían que ellas abortaran. Pero había casos en que la misma joven no quería la guagua.

-¿Y cómo se involucró en las adopciones?
Mi familia era muy amiga de dos ginecólogos bastante conocidos en la época. Si hoy tú vas al barrio alto y averiguas quiénes son los ginecólogos que atienden a la mayoría de las madres que llegan a la Clínica Las Condes y a la Clínica Alemana, se van a repetir los nombres. En ese tiempo también era lo mismo. Dos de esos doctores eran muy amigos de mi familia.

-Uno de ellos es el doctor Gustavo Monckeberg, ¿no es verdad?

Gustavo era muy amigo de mi padre y de mi madre. Un hombre muy bueno. Un día estaba conversando con él sobre el problema de las adolescentes que quedaban embarazadas, y yo le pregunté qué se podía hacer. Y él me dijo: “Si tú quieres que esa guagua viva, habla conmigo y yo veo a quién derivársela. Yo tengo mucha gente que lo único que quiere es tener un hijo y no puede”. Y así fue. Esa fue la fuente. Y el otro doctor…

-¿Quién era el otro doctor, padre?

En esos momentos, una chiquilla que tenía una guagua soltera, era muy mal mirada. No diría que se fregaba la vida, pero estaba muy cerca de eso. De partida, nadie se quería casar con ella.

Prefiero no decirlo… Le dije el otro nombre porque usted lo mencionó. De cualquier manera, están los dos muertos. No es que hicieran nada malo, al contrario, estaban salvando vidas. Ahora, ellos no eran los únicos. Que yo sepa, había al menos unos ocho médicos más que hacían lo mismo. ¿Y qué hacían?: que la joven viajaba; y otras veces, simplemente dejaba de verse en sus círculos y para toda la gente de fuera de su entorno íntimo, estaba de viaje. Ya se había hablado con la pareja que iba a quedarse con la guagua. Ahí los papas, que eran los que preferían esto a que la hija se hiciera un aborto, hacían el traspaso a la familia que adoptaba. Por ejemplo, yo tenía una familia amiga que no podía tener guagua. Un día me llaman por teléfono y me dicen: te tenemos una noticia, vente a comer. Voy, y cuando llego, me dicen: te vamos a presentar a nuestro hijo. “Pero cómo, les dije, ¿tuvieron un hijo?”. Ahí me contaron que el doctor que los atendía, y en vista de que no podían tener guagua, les había preguntado si estaban dispuestos a adoptar. Y así fue como adoptaron una guagua. Era el mismo sistema que hacía yo: les hacía el contacto a las familias con el doctor.

-¿En cuántos casos actuó usted, padre?
No ayudé en muchos…, serán en total unos cuatro, cinco… No sé. No recuerdo. Pero todas las personas lo hicieron con desgarro. Las chiquillas estaban dispuestas a sacrificarse, por darle una mejor calidad de vida, más normal, a su guagua. Porque en esos momentos, una chiquilla que tenía una guagua soltera, era muy mal mirada. No diría que se fregaba la vida, pero estaba muy cerca de eso. De partida, nadie se quería casar con ella. Eso después cambió: no es lo que era antes. Hoy las chiquillas que tienen guagua igual se casan, porque florecen con sus guaguas y demuestran que son buenas madres.

-¿Y cuál era su consejo en esa época? ¿En qué momento de la vida la nueva familia debía contarle a ese hijo que era adoptado?
No, al contrario, yo era partidario de no decirles nunca. Ahora, si casi todo el mundo sabía que ese niño era adoptado, bueno ahí hay que decirle. Pero si nadie supo que esa joven que “estaba viajando” daba a luz, ¿para qué decirlo? Yo participaba en conectar a las personas. Les decía a los doctores: esta persona tiene este problema, los papás quieren a toda costa que ella aborte, y la joven insiste en que no y no. Ella prefiere tener la guagua y hacer feliz a una familia que cargar toda la vida con un dolor. Y yo, por supuesto estoy a favor de la vida y me tocaba convencer a los papás que dejaran a la joven tener su hijo. Ahí me salían con eso de que esto les liquidaba la vida. En el fondo, las razones eran “el qué dirán”. El seguir aparentando algo que no eran. Yo siempre terminaba más o menos mal con estas familias. Pero mi argumento era: yo lo único que hago es ayudar a su hija, porque sé que si su hija aborta, eso sí que le va a destruir la vida.

-¿Le pasó alguna vez que después de su intervención, los padres igual prefirieran llevar a su hija a abortar?
Sí, claro que me pasó. Y ahí perdía el contacto. Mi papel era simplemente que la vida se mantenga y abrirles la conciencia a las personas. Decirles que esa mamá iba ser más feliz si esa vida se salvaba. Eran niñas que se quedaban esperando guagua y muchas de ellas, si no fuera por sus padres, habrían tenido a sus guaguas con ellas. A todas les costaba. Yo nunca le pedí a una persona que regalara su guagua. En eso yo no me metía. Lo que hacía era evitar que se matara a esa guagua. Una vez vino alguien por ahí a decirme que yo había obligado a una joven a entregar su guagua en adopción. Lo paré y le dije: “¡Eso no te lo acepto! Tú no tienes derecho a decir eso de mí”. Además, yo no estoy aquí para pedirles a las personas que tengan actos heroicos. Yo estaba para defender la vida y mi consejo era intentar salvar vidas. Y si mi consejo no les hacía sentido, hasta ahí llegaba yo.

-Una mujer me relató cómo usted fue precisamente la persona que la presionó, junto a su familia, para que entregara a su guagua en adopción. ¿Eso no es cierto?

Yo nunca le pedí a una persona que regalara su guagua. En eso yo no me metía. Lo que hacía era evitar que se matara a esa guagua.

No, yo no hice eso. Y sé quién es esa persona. Esa es una mentira. Y nunca más la he visto. No la he querido ver justamente por eso. Ella es mentirosa, porque yo fui a verla unas dos o tres veces. La fui a acompañar, porque estaba en “esos viajes”, sin que nadie la viera. Y fui de pura buena gente. Ahora, más tarde, ella llevó un día a un tipo para que me amenazara y yo le dije que no se lo aceptaba. ¡Y te vas! ¡Qué te has imaginado!, le dije. Jamás iba a hacer una cosa de esa naturaleza. Esa niñita tenía poca personalidad y su mamá era muy dominante. El padre era buena gente. Tal vez a ella le influyó mucho el carácter de su mamá. Pero que yo le haya dicho algo así, no.

-Otra cosa que me parece muy delicada en todas estas adopciones arregladas, es que varios testimonios lo señalan a usted celebrando misa por una de estas guaguas que había sido entregada en adopción a otra familia. Y usted hacía misa como si esa guagua hubiera muerto. ¿Le hacia misa de difunto, padre?
No, no, yo jamás celebré misa de muerte, yo celebraba una misa en la que pedía por la familia, por supuesto.

-En el caso específico de Pilar, usted celebraba misa por su hija que había muerto y esa niñita no estaba muerta.
No, no, yo celebraba por la experiencia, por darle sentido a ese dolor. Eso es totalmente distinto.

-¿Por cuál experiencia, padre?
Darle gracias a Dios por el gesto de esta persona. No eran misas de difuntos, eran misas donde se daba gracias a Dios por el día en que la joven madre hizo ese tremendo sacrificio.

-Pero si usted dice “sacrificio”, eso quiere decir que ella entonces quería quedarse con ese bebé.

El sacerdote Gerardo Joannon celebrando misa

Pregúntele a ella, no me haga preguntas cuyas respuestas son de ella. Ahora, no tengo ni una duda de que lo que hice en ese momento, era lo que tenía que hacer. Y a Dios gracias eso significó que cuatro o cinco, no recuerdo cuántas niñitas, tuvieran un hogar y se salvaran. Esa guagua nació un primero de febrero, y yo los primeros de febrero siempre me reunía con su mamá o ella venía al lugar donde yo celebraba misa, porque le dábamos sentido a ese dolor.

-Pero familiares y amigos tanto de Pilar como de su ex pololo (Francisco), dicen que usted celebraba la misa por la pérdida, a tal punto que vinieron a saber que esa niñita no estaba muerta cuando apareció con 21 años en 2004.
Bueno, yo estaba seguro de que estaba muerta. El doctor me dijo que estaba muerta.

-¿El doctor le dijo que esa niña había nacido muerta?
Esa niña murió. Esa niña murió…Ese fue el primer caso en el que me involucré. Y esa niña murió. Eso fue lo que me dijo el doctor Gustavo Monckeberg. Después, al parecer, frente a la agresividad del papá que lo encaró, el doctor le dijo que estaba viva… Bueno, yo el detalle no lo sé, porque no tengo por qué saberlo. Yo soy muy amigo de la familia de esa joven, pero nunca he hablado con los papás ni con nadie sobre este tema.

-¿Cuándo se entera usted que esa niñita no había muerto?
Cuando esa joven me vino a ver y me dijo que era la hija de Pilar. Ahí yo me enteré. Hará unos ocho o diez años de eso… ¡Uyy!, ya voy tarde a la misa…

(Decido esperar a que regrese el padre Gerardo Joannon de oficiar la misa para continuar con la entrevista)

-Me hicieron pensar las lecturas de la misa y pensé: ¿para qué está haciendo usted este reportaje? Porque a lo menos en los dos casos que me mencionó, ¡por Dios que ha sido doloroso! ¡Por Dios que ha sufrido la gente! En el caso de la hija de Pilar, yo sé que la familia que la adoptó ha sufrido tremendamente. Yo nunca fui hablar con ellos y no voy a ir tampoco, no me compete. Pero sé lo que han sufrido, ¡y para qué decir Pilar! Usted no sabe muchas cosas. Las desconoce…Hay cosas del terreno íntimo que usted no sabe, como que el padre de esa guagua era deschavetado…

-Pero ese “deschavetado”, como usted dice, buscó a su hija hasta que la encontró. Y ahora tiene una buena relación con ella y su familia.
No te creas, no te creas, es un hombre que conozco desde chico: no es cuerdo. Dice y hace como si lo fuera, pero no es así.

-Y en el caso de la adopción oculta del hijo de Carmen, ¿qué tiene que decir?
Ella era una niña… Su familia eran amigos de mis padres. Yo los conocía y tenía con ellos confianza, y es por eso que llegaron a mí. Pero esa niñita era un pajarito… Yo le aseguro que su artículo hará más daño que bien. ¿A quién le hace bien esto?

-Es el derecho de las personas a contar sus historias. En el caso de Francisco, a él lo despojaron del derecho a ser padre. ¿Quién les dio a ustedes el derecho de quitarle a él y a otros jóvenes sus hijos?
A ese joven no le importaba su hija… ¿Qué es lo que van a sacar con este reportaje?

-¿Quiénes eran ustedes para decidir quitarles a esos jóvenes sus hijos y entregarlos en adopción?

Mi papel era simplemente que la vida se mantenga y abrirles la conciencia a las personas. Decirles que esa mamá iba ser más feliz si esa vida se salvaba.

Yo no era nadie. Y le digo: frente a la posibilidad de que una persona mate, se acrimine, hacía todo lo posible para que no lo hiciera. Eso es lo único que he hecho. Ahora, hay que preguntarse por qué tomaban esa decisión…Creo que no va a ser bueno que usted publique su artículo. Abrir esto de nuevo, para que la gente empiece a comentar estas cosas… ¿Qué derecho tiene usted a que los hijos de las personas involucradas se enteren ahora de esto?

-Yo me debo a las personas que vienen a CIPER a entregar su testimonio con confianza, exponiendo un drama que los afectó de por vida a ellos y a sus familias por culpa de lo que hicieron personas como usted. Y lo que yo hice, por respeto a la ética, fue venir a buscar su versión.
Y lo que yo hice en ese momento fue responsable. Yo también he sufrido y me da pena, pero era mi deber. Pero hoy claro que no lo haría. La sociedad está muy distinta y aguanta mucho más. Es más comprensible y menos cruel con las personas que tropiezan. Esa era mi razón: ¿qué convenía más: que ese niño muriera o se fuera con otra familia?

-¿Haría lo mismo hoy?
Por supuesto que no lo haría. Por ningún motivo. Hoy es natural que una persona se equivoque, o como quiera llamarlo, y quede esperando guagua. Hoy no existe la sanción pública de entonces, cuando era realmente matar a la joven en vida. Es un poco lo que pasa con los gay, es igual. La gente empezó a darse cuenta que hay personas distintas y que hay que respetarlas.

La Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.) nombró al canonista David Albornoz para investigar el rol del sacerdote Gerardo Jonanon en una serie de adopciones irregulares que tuvieron lugar en las décadas de los 70 y 80. La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado por el superior provincial Alex Vigueras, quien explicó que la medida se tomaba luego de los testimonios dados a conocer por una investigación de CIPER publicada el pasado 11 de abril (ver comunicado).

El reportaje revelaba la historia de jóvenes madres solteras cuyos hijos fueron dados por muertos, pese a que habían sido entregados irregularmente en adopción a familias amigas de Gerardo Joannon, engañando incluso a los padres biológicos (ver reportaje). El propio sacerdote reconoció haber intermediado entre las familias y los médicos que participaron en los partos, justificándose en que era una forma de evitar abortos (ver entrevista).

El sacerdote escogido para esta investigación no es parte de la congregación de los SS.CC, sino que es salesiano. Nacido en Punta Arenas en 1963, Albornoz es considerado uno de los canonistas más rigurosos en lo que a investigaciones eclesiásticas se refiere.

Fuente: The Clinic

Albornoz es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, entidad en la que se desempeñó como profesor y decano. Desde principios de febrero se encuentra en la capital italiana, a donde fue a participar del capítulo anual de la orden salesiana, y volverá a Chile en los próximos días para iniciar la indagación sobre el rol de Joannon en la red de adopciones irregulares. Albornoz ya ha participado en investigaciones de alta connotación pública, como la que se realizó sobre las acusaciones contra el sacerdote Cristián Precht y que terminó determinando “la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por un período de cinco años, y prohibición de administrar el sacramento de la confesión y la dirección espiritual a jóvenes y menores de edad”.

El canonista salesiano también participó en los procesos contra los sacerdotes Roberto Salazar y Héctor Valdés, ambos de la Congregación de los Misioneros de San Francisco de Sales, a quienes se los condenó a la pena perpetua de dimisión del estado clerical y dimisión del instituto religioso al cual pertenecían. Actualmente Albornoz participa en otras investigaciones que aún no salen a la luz pública.

El comunicado de la congregación de los Sagrados Corazones hace un llamado a las personas mencionadas en el reportaje –padres e hijos dados por muertos– y a otras nuevas que puedan aparecer, para que se acerquen a la organización religiosa a entregar sus testimonios. Tal como informó CIPER, la congregación también anunció que a Joannon “se le ha solicitado, que suspenda su servicio en la Parroquia de La Anunciación, por el tiempo que dure esta investigación”. Será reemplazado por el sacerdote Fernando Vives.

Este es el segundo comunicado que emite el provincial Alex Vigueras. El mismo día que CIPER publicó la investigación, Vigueras dio a conocer una nota titulada “Las lágrimas son sagradas”, en que empatizaba con el dolor de las víctimas y ponía en duda la justificación de Joannon respecto a que buscaba evitar abortos, pues parecían más bien una forma de evitar la deshonra familiar. Anunciaba también una inminente investigación, la que ahora se ha confirmado (ver comunicado).

Eran las 16 horas del 12 de diciembre de 2012 cuando el nuevo Concejo Municipal de Valparaíso se reunió por primera vez luego de las elecciones comunales de octubre. Debido a la ausencia del reelecto alcalde Jorge Castro (UDI), producto de una operación ambulatoria a la que sería sometido esa misma tarde, la sesión fue presidida por el concejal Carlos Bannen (UDI).

A este concejo llegó el jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, Ricardo Valdés. Sólo tres días antes, el domingo 9 de diciembre, se había desatado un grave incendio en el Cerro Toro, parte del casco histórico de la ciudad. En cosa de minutos, el fuego que se inició en una vivienda ubicada en el Pasaje Benavente, se propagó hacia el inmueble contiguo. Ambas viviendas quedaron completamente destruidas. Cuatro personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y 25 resultaron damnificadas.

Cuando le tocó el turno de intervenir, el jefe de Emergencias de la municipalidad no se guardó nada:

-Nosotros tenemos un problema: la continua falta de recursos para enfrentar una emergencia, lo que para nosotros se traduce en un desastre (…) En este momento, todas las emergencias se traducen en desastre (…) Todo nos afecta: corre viento fuerte, se cae una muralla; nos caen unas gotas de agua, y se producen aluviones.

Ricardo Valdés, jefe de Emergencia del municipio de Valparaíso (Fuente: UCV)

Pero ese día, una de las mayores preocupaciones de Ricardo Valdés eran los incendios forestales. Y no solo por el incendio que se había desatado en el Cerro Toro tres días antes.  Faltaba muy poco para el inicio oficial de la temporada estival y, por esa razón, el jefe municipal se tomó casi todo el tiempo de su exposición para alertar a los miembros del Consejo Municipal de Valparaíso sobre el inminente riesgo de un siniestro de proporciones.

–Se está haciendo un desmalezado con mucho sacrificio y eso me consta porque hay 20 personas trabajando para toda la ciudad. Como mandato, este municipio tiene que hacer cortafuegos por una cantidad de 45 kilómetros de distancia. Debemos haber ejecutado un 5% o 6% de eso. El resto no ha se ha podido hacer por falta de recursos –afirmó.

La emergencia que describió Ricardo Valdés ese 12 de diciembre de 2012, exigía una reacción inmediata de las autoridades. No fue así. Lo dramático es que este escenario se mantuvo sin avances hasta la tarde del sábado 12 de abril de 2014, cuando el fuego se desató sin control arrasando con todo lo que encontró a su paso a los largo de 1.145 hectáreas.

Valdés le describió a los concejales la conveniencia de que el programa de desmalezamiento se realizara al menos una vez al año. Para que ello sucediera, advirtió, la municipalidad debía conseguir recursos extra con la intendencia regional o en instancias superiores, aludiendo al gobierno central.

–Como dato de la causa, por lo menos hace un par de años, el desmalezado de la ciudad le costaba al municipio $170 millones, dinero que en las arcas municipales no está –agregó Valdés.

Según sus cálculos, había un déficit de al menos 80 personas para los trabajos de desmalezamiento y una carencia evidente de herramientas, maquinarias y camiones. Ello explicaba el poco avance en ese frente, según lo recomendado por distintos organismos, entre ellos la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

La preocupación de Valdés era apremiante. En Valparaíso, entre las quebradas y las laderas de cerros, había vuelto a incubarse una bomba de tiempo. Y eran varios los estudios e informes que refrendaban la inquietud del jefe de Emergencias. En 2012 la Revista Territorium publicó un artículo del académico de la Universidad de Chile Miguel Castillo, en el que, entre otros problemas, alertaba de la alta carga combustible acumulada principalmente en lugares de muy difícil acceso de los cerros costeros de Valparaíso y Viña del Mar: “La alta carga de material disponible para la combustión supera largamente las 8-10 toneladas por hectárea, cifra que podría provocar intensidades calóricas superiores a 500 Kcal/m/s”, señala el estudio.

–Espero equivocarme, pero yo creo que este año vamos a tener serios problemas con respecto a los incendios forestales –fue la conclusión principal  que Ricardo Valdés le comunicó a los miembros del Concejo Municipal.

El diagnóstico del jefe de Emergencias de la municipalidad porteña se hizo realidad casi con precisión milimétrica. Sólo dos meses después, la bomba estalló. El 14 de febrero de 2013 casi 300 casas fueron arrasadas por las llamas en el sector de Rodelillos y el Cerro Placeres de Valparaíso, dejando a 1.200 personas damnificadas. Hasta hace poco, este siniestro era considerado el peor desastre ocurrido en Valparaíso desde el incendio de la noche de Año Nuevo de 1953.

Pero eso no fue todo. En abril del mismo año, un incendio originado en el sector El Vergel, en la quebrada que une los cerros La Cruz y Mariposas, consumió 40 hectáreas, destruyendo 35 casas y obligando a la evacuación de 150 personas.

Serían exactamente esos mismos sectores los que volverían a ser los principales focos del megaincendio que se desató este último fin de semana, y que está dejando un saldo de 2.500 viviendas destruidas, 11 mil damnificados y 15 víctimas fatales. La peor pesadilla de Valdés se hacía realidad.

Lo que revela el acta de la sesión del Concejo Municipal del 12 de diciembre de 2012, es que el municipio porteño estaba completamente al tanto del riesgo inminente de desastre en Valparaíso (ver acta municipal). La labor de remoción de la carga combustible –arbustos, maleza y desechos- más la construcción y mantención de cortafuegos, mostraba un mínimo progreso y no había presupuesto para completar la mayor parte de esa urgente tarea. La precaria situación de las arcas municipales quedaba una vez más al descubierto.

11 mil damnificados ha dejado el incendio en el Puerto.

La  carencia de dineros en la Municipalidad e Intendencia de Valparaíso es un problema de larga data. Y no sólo por falta de recursos. Por décadas los escándalos de corrupción han sido la tónica en las distintas administraciones de los gobiernos regionales y comunales. El más reciente se ventila aún en tribunales y en la Cámara de Diputados por un fraude que alcanza a los $1.000 millones de los fondos de la intendencia. Tres de los cuatro grandes escándalos de corrupción que han remecido a la Quinta Región en las últimas dos décadas, totalizan más de $2.389 millones en hechos dolosos.

La municipalidad no se ha quedado atrás en este terreno. Los desvíos de fondos públicos que se iniciaron con la nueva democracia en 1990, con el alcalde Hernán Pinto (DC), quien se mantuvo 14 años en el cargo, perduraron con sus dos sucesores. Así, la deuda de la Municipalidad de Valparaíso creció como una lengua de fuego: a fines de diciembre de 2002, el déficit era de $1.600 millones, la que aumentó en junio de 2003 a $4.100 millones. Actualmente la deuda alcanza a los $35 mil millones.

LOS MILLONES QUE NUNCA LLEGARON

En conversación con CIPER, el jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso desde hace diez años, Ricardo Valdés, señaló que su crudo diagnóstico de 2012 dio pie a la elaboración de un oficio municipal enviado a la intendencia regional con el fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a las urgentes labores preventivas.

–En ese informe detallaba el número de personas, los materiales y las maquinarias que se requerían para ejecutar las recomendaciones de la CONAF respecto de la prevención de incendios. Eran como $238 millones los que necesitábamos para emprender esa tarea –dijo Valdés.

-¿Y qué se hizo con esa información?
–El alcalde (Jorge Castro) elaboró un oficio que fue enviado al Intendente (Raúl Celis) solicitándole los recursos para hacer lo que había que hacer.

-¿Fueron atendidas sus demandas?
–No, esos recursos nunca llegaron.

–Entiendo, entonces, que el desmalezamiento, construcción y mantención de cortafuegos; es decir, la escuálida contención frente a los incendios que presentaba Valparaíso en la tarde del 12 de abril, no era muy distinta a la de diciembre de 2012.
–Lo que estoy diciendo es que en el Concejo Municipal expuse las sugerencias de la CONAF respecto de los cortafuegos y el desmalezamiento para contener los incendios forestales, y que respecto de eso íbamos con un avance menor porque no teníamos los recursos. Esa alerta se transformó en un oficio para solicitar los recursos en la intendencia.

–Le insisto: si no hubo una inyección de dinero para las labores preventivas que usted mismo describió en diciembre de 2012, la situación no cambió desde entonces. ¿Me equivoco?
–Sí, claro, eso es verdad. Hice la mención, se transformó en una solicitud a la autoridad regional y nosotros no recibimos los recursos para abordar eso.

400 millones de pesos era el monto que pidió la municipalidad para limpiar los basurales.

El envío del oficio a la Intendencia de Valparaíso fue confirmado a CIPER por el alcalde Jorge Castro, quien aseguró que se despachó con antelación al incendio de febrero de 2013 en Rodelillos. Castro afirmó también que, a propósito de la alerta sanitaria decretada en noviembre del año pasado, luego del paro de los funcionarios encargados de la recolección de basura y aseo municipal, se volvió a insistir pidiendo los recursos.

–Nosotros tuvimos acá al ministro Jaime Mañalich (ex ministro de Salud), quien prometió que se sacaría toda la basura del fondo de las quebradas. Nos decretaron alerta sanitaria y al final no trajeron ni un peso, ni siquiera para esterilizar un perro. Mañalich pasó y prometió frente a la prensa y al final no sacó ni un kilo de basura. Nunca tuvimos respuesta de la intendencia frente a nuestras solicitudes –dijo Castro.

CIPER le solicitó al alcalde Castro copia de los dos oficios que dice haber enviado a la Intendencia de Valparaíso. Del primero, no hay rastro, aunque la concejal Paula Quintana (PS), afirmó a CIPER que “ese petitorio nunca se formuló”.  Sólo obtuvimos copia del segundo, fechado el 20 de noviembre del año pasado (ver Oficio Nº 468). En ese escrito se solicita que se gestione -ante el Ministerio del Interior- la entrega de $400 millones para paliar “la imposibilidad del retiro de los deshechos domiciliarios dispuestos en las quebradas de la ciudad, lo que conlleva un latente foco de infecciones… y probabilidades de incendio”. En uno de sus acápites se afirma: “la limpieza de quebradas es urgente de implementar”.

PRIORIDAD: MUSEO BABURIZZA

En septiembre de 2009, la CONAF y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) -dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional- firmaron un convenio para la ejecución de un plan de control de microbasurales en la parte alta de Valparaíso, a través de procesos de educación ambiental y participación ciudadana (ver documento).

Ese importante programa contó con un financiamiento inicial de  $1.779 millones.  Cuando se habían ejecutado obras por $780 millones, el gobierno decidió cortar el programa. Hasta entonces (septiembre 2009 – febrero 2011), con ese dinero fueron limpiados 102 microbasurales en toda la comuna, abarcando una superficie de 177.289 metros cuadrados, equivalentes a 25 veces la cancha de fútbol del Estadio de Playa Ancha.

El plan permitió por primera vez incorporar la educación ambiental en 33 colegios de Valparaíso (más del 50% de las escuelas municipales) y dio empleo a más de 200 personas. Pero su logro más importante fue que, con que esa intervención, se disminuyó el peligro que representan los vertederos clandestinos, el mismo foco de los incendios que se repiten todos los años en el Puerto.

Los mil millones de pesos que se le quitaron en 2011 al plan de limpieza de microbasurales, fueron destinados a acciones de “mayor visibilidad”, como aseguró a CIPER un ex encargado del programa. Entre las obras que se financiaron con esos dineros figura la remodelación del Museo Baburizza en el Cerro Alegre, y la reparación y compra de ascensores.

CORRUPCIÓN SIN CORTAFUEGO

Los casos de corrupción en la Quinta Región se arrastran desde comienzos de la década de los ‘90 y sus protagonistas atraviesan todo el arco político. Los miles de millones que se le han escamoteado a los fondos regionales y municipales y que salieron a la luz pública en los sucesivos escándalos de corrupción, fueron acrecentando las deudas de la ciudad al mismo tiempo que la pobreza de sus habitantes.

Hernán Pinto, Aldo Cornejo, Jorge Castro, Iván de La Maza, Raúl Celis.

Según el último estudio de empleo de la Fundación Sol, que mide la Tasa de Desempleo Integral (calculado de las cifras de desempleo abierto u oficial; desempleo oculto y desempleo equivalente por subempleo), la Región de Valparaíso sobrepasa el 13%, compartiendo el primer lugar de la tabla con las regiones de Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

El historial de las denuncias por malversación de fondos públicos y fraude al Fisco comenzó en abril de 1993, cuando el entonces diputado Raúl Urrutia (RN) alertó sobre el pago de $389 millones por el desmalezado de 320 hectáreas de la Refinería de Petróleos de Concón. Seis personas fueron sometidas a proceso por los ilícitos descubiertos. La investigación judicial determinó que hubo desviación de dineros para financiar campañas políticas. Las redes alcanzaron al entonces senador Juan Hamilton (DC) y al que fuera diputado y luego alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo (DC).

Una década más tarde, en 2005, el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció el uso de fondos públicos del Programa de Generación de Empleo (PGE) para pagar a 45 trabajadores de obras viales que nunca se realizaron. Los dineros se habían destinado a paliar la crisis económica que galopaba en Valparaíso, con un plan que buscó disminuir la cesantía, una de las más altas del país.

Fue así como estalló el llamado caso de los “empleos brujos”. El entonces fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, descubrió que esos fondos habían sido desviados a otras provincias para financiar campañas políticas de dirigentes socialistas. Los protagonistas de este nuevo hito en la corrupción que ha azotado la región fueron el seremi del Trabajo José Manuel Mancilla (PS) y el ex presidente del PS regional, Edgardo Lepe. El juicio se cerró en 2009, condenándose a seis de los nueve imputados.

En 2010, un mes después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera, el intendente de Valparaíso, Raúl Celís, presentó una denuncia por malversación de fondos por sobre los $1.000 millones. En estos ilícitos resultaron involucrados tres funcionarios de la división de Administración y Finanzas del gobierno regional anterior, liderado por Iván de la Maza (DC).

En la indagación se detectaron diversos sistemas para apropiarse de los recursos del gobierno regional, los que al igual que en los otros casos serían destinados para financiar campañas políticas. Los involucrados en la operación fueron, entre otros, Lorenzo Leiva, jefe de Finanzas del gobierno regional y Eugenio Aubele, empresario contratista de la zona y uno de los particulares que cobró cheques de la intendencia. Ambos fueron condenados por la justicia. El ex intendente Iván de la Maza (DC), quien no fue procesado, debió declarar ante la fiscalía y la comisión que constituyó la Cámara de Diputados para investigar los desvíos de fondos.

“Aquí no hay ninguna persona de carácter político involucrado. Esto es un delito puro y simple que enloda al gobierno que yo presidí. Es un fraude al Estado y si no tienes información no puedes suponer que la gente con que trabajas es sinvergüenza o ladrona. Yo no sabía nada”, aseguró de La Maza.  Y eso fue todo pues el hilo se cortó por lo más delgado.

CÓMO SE DISTRIBUIAN LOS FONDOS REGIONALES

En medio de las secuelas que ha dejado el megaincendio en Valparaíso, una nueva comisión investigadora deberá constituirse en la Cámara de Diputados durante esta semana. El objetivo: determinar los montos y los responsables del último gran escándalo de corrupción en la Intendencia de Valparaíso y que ahora tiene en el banquillo de los acusados al ex intendente, Raúl Celis (RN).

Puede que la investigación de este nuevo escándalo regional y que nuevamente centra su atención en otros $1.000 millones que habrían sido desviados a campañas políticas, sea la que grafique con mayor crudeza las prácticas de corrupción enquistadas en el gobierno regional y de la cual no se escapa ni un solo partido.

Los comités parlamentarios de la Cámara se reunirán en los próximos días para elegir al presidente de esta instancia investigadora. Esta es la segunda comisión que investigará la misma operación de fraude al Fisco ya que en 2013 hubo una primera comisión que indagó los ilícitos sin llegar a ningún resultado.

Intendencia de Valparaíso.

En este juicio ya se encuentran procesados y en prisión preventiva el ex jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez; y Enrique Kittstteiner Yovanini, jefe de gabinete del intendente Raúl Celis. Otro protagonista de este nuevo fraude al Fisco es el recién asumido diputado por Quillota y Petorca, Christian Urízar (PS), a quien se le indaga por su presunta participación en la malversación de caudales públicos mientras se desempeñó como consejero regional. Hasta ahora, Urízar se había negado a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero “ahora se comprometió a hacerlo”, recalcó a CIPER el diputado Marcelo Schilling (PS).

Desde que asumió como diputado el 11 de marzo de este año, Urízar ha debido declarar ante la fiscalía en dos ocasiones, ya que aparece como uno de los beneficiados del desvío de dineros públicos de la intendencia regional. Su ex jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS), también declaró pero como imputado.

La incautación de 10 computadores personales en la Intendencia de Valparaíso fue la diligencia clave que le permitió a la fiscalía empezar a desentrañar el modus operandi del nuevo fraude que sacudió a la Quinta Región. En el notebook del jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez, se encontró uno de los denominados “libros de cuotas”. Allí estaba el detalle de los proyectos que el gobierno regional tenía en carpeta con los respectivos montos asignados. Y junto a cada ítem los porcentajes que se repartirían entre los consejeros regionales.

En los hechos, el llamado “libro de cuotas” era la contabilidad paralela de la distribución que acordaron los miembros del CORE de Valparaíso, de los $1.000 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

“Una serie de diligencias, más las declaraciones del señor Kittsteiner, nos permitieron establecer la existencia de una especie de cuoteo en el gobierno regional para la asignación de los proyectos. Tenemos actas y archivos al respecto, y estamos investigando este sistema de distribución que sería de antigua data”, dijo el fiscal del caso, José Uribe.

El 13 de marzo de este año, la fiscalía pidió condenas de hasta 10 años de cárcel por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco con dineros destinados al financiamiento de 57 proyectos de interés social. En ellos, aparecen facturas por cerca de $150 millones por trabajos que nunca fueron ejecutados o no tuvieron un fin público. Entre los imputados se encuentran cuatro personas que habrían facilitado las facturas falsas para que en la intendencia se justificaran los millones de pesos que se desviaban hacia los consejeros regionales.

DE PINTO A CASTRO

La alcaldía de Valparaíso también ha sido epicentro de irregularidades financieras partiendo con el ex alcalde Hernán Pinto (DC), quien después de tres periodos debió retirarse temporalmente de la política luego de estallar en 2004 el Caso Spiniak, en el que fue un protagonista lateral.

El abogado Pinto fue designado en 1990 por Patricio Aylwin como alcalde de Valparaíso (aún no había elecciones municipales) y hasta el 2004 mantuvo el control total del municipio por elección popular.

Su historial político incluye un fuerte despliegue de trabajo en los cerros y también duras acusaciones de corrupción en el municipio. Una señal que grafica lo que ocurrió en su período es el aumento de la histórica deuda de la municipalidad porteña.  A fines de diciembre de 2002, el déficit del municipio era de $1.600 millones y cuando asumió  su sucesor Aldo Cornejo la deuda llegaba a $7.613 millones. Pese a que logró bajarla a $5.299, ello fue a punta de venta de recintos municipales, como el Estadio de Playa Ancha y el velódromo (a Chiledeportes) y la ex cárcel de Valparaíso (a Bienes Nacionales), entre otros. Actualmente la deuda de la Municipalidad de Valparaíso, bajo la administración de Jorge Castro, alcanza a los $35 mil millones, lo que incluye el déficit de la Corporación Municipal ($25.000 millones).

Palacio Baburizza fue remodelado con fondos destinados a limpieza de microbasurales.

En su tercer período como edil de Valparaíso (2000-2004), Pinto comenzó a gestionar un préstamo del BID de US$50 millones para “la remodelación de la Plaza Echaurren, el entorno de la Iglesia La Matriz (…) y convertir el edificio Luis Cousiño en un centro de convenciones, capaz de recibir visitas como los reyes de España”, según declaró a El Mercurio de Valparaíso el propio Pinto el 11 de marzo de 2004. Nada de eso se concretó mientras duró el programa.

Entre las irregularidades del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso que se han denunciado se cuenta la contratación de operadores pagados con dineros provenientes de ese programa otorgados por el BID  para levantar el área patrimonial de Valparaíso, que obtuvo la acreditación de la UNESCO en julio de 2003. La estrategia de intervención integral que se hizo entonces para realzar el valor del casco histórico, no logró materializarse completamente.

La corporación no se ha escapado a las prácticas de corrupción que se han convertido en una plaga en el Puerto. Según reveló una investigación de CIPER, la Contraloría detectó que cerca de $1.300 millones provenientes del fondo de Subvención Especial para Uso Educativo (SEP) fueron utilizados para fines distintos a la educación de los niños de sectores más vulnerables, como el arreglo de la sala municipal del Cine Condell.

En ese escenario era imposible que la basura y el material combustible acumulado en los cerros de Valparaíso, sumado a la carga combustible de corrupción que se enquistó en sus gobiernos regionales y municipales, no estallara. Y así fue.

Este artículo fue actualizado el jueves 17 de abril de 2014.

El viernes 18 de abril, Matías Troncoso recibió una invitación para sumarse a un grupo de facebook que armó una joven conocida suya. Lo que parecía un simple ejercicio cotidiano, terminó provocando un fuerte remezón en su vida. En ese grupo estaba el link al recién publicado reportaje de CIPER que hablaba de niños dados por muertos y entregados en adopción por el padre Gerardo Joannon (ver reportaje). Así relata Matías lo que le sucedió:

-Cuando terminé de leer me temblaban las piernas. Ahí parecía estar la pieza que me faltaba para el puzzle que llevo años tratando de reconstruir, gota a gota. Por primera vez alguien me confirmaba que lo que yo buscaba era posible de encontrar. Antes, yo contaba esta historia a mis amigos y pasaba por loco, pero yo siempre supe que había algo más detrás de mi adopción, que mi historia no estaba completa. Sentí una alegría tremenda, porque me di cuenta que ya no estaba solo en esto, que había otros en mi situación, y que entonces, se abría una posibilidad para descubrir finalmente la identidad de mi mamá biológica. Había esperanzas de que asomara toda la verdad.

Matías llamó inmediatamente a su mamá para preguntarle si conocía al padre Gerardo Joannon, sin mencionar el reportaje. Ella le respondió con toda naturalidad: “Sí, claro, ese cura es muy amigo de tu tía”. El dato encajaba en el rompecabezas que durante años había ido armando:

-Mi madre se refería a su hermana, casada con un abogado quien fue el que supuestamente hizo todos los trámites con el doctor Gustavo Monckeberg para regularizar mis papeles. Esa información tan importante sólo me la entregaron cuando mi tío murió hace exactamente seis años. Todo calzaba: Joannon era el nombre que me faltaba.

Llegaba a sus manos una nueva pista, quizás decisiva, en una búsqueda que ha cruzado física y emocionalmente sus 33 años de vida. Un esfuerzo solitario que no ha hecho más que tropezar con obstáculos, silencios, puertas cerradas e información conseguida a cuentagotas, “como sacando pequeñas capas de una cebolla sin poder llegar al centro”, grafica.

Hoy Matías tiene una gran certeza: “Comprobé que mi adopción fue ilegal y que si las personas que tienen información la entregaran, quizás yo podría saber quiénes son mis padres biológicos”.

Matías Troncoso siempre supo que fue adoptado al nacer. “En ese aspecto me siento bendecido, porque siempre me dijeron la verdad y fue un tema tratado con naturalidad, todo el mundo sabía, nunca fue un tema encubierto. Tengo el recuerdo de imágenes muy bellas, todo rodeado de un inmenso amor”.

Hasta los nueve o diez años fue para él fue una verdad absoluta, sin bordes ni dudas. Pero llegó el momento de hacer preguntas más directas. Y ese día lo recuerda con nitidez.

-¿Qué les preguntaste exactamente a tus papás?
Estábamos los tres y les pregunté directamente de quién soy hijo. Yo quiero saber quiénes son mis padres biológicos, por qué no me dan esa información, les dije. Ellos me respondieron que no sabían, que nunca supieron. Hasta el día de hoy es lo que me responden, con algunas variaciones. Insistí en distintas oportunidades y siempre me respondieron lo mismo. Yo siempre les he dicho que para mí ellos son mis papás y me siento parte de mi familia, pero tengo derecho a saber la verdad sobre mi historia y mis orígenes.

A medida que Matías fue creciendo, sus preguntas se fueron haciendo más inquisitivas: “Bueno, aceptando que ustedes no saben quienes son mis padres, quiero saber en qué condiciones ocurrió que yo llegara a esta familia, cómo fue que me adoptaron, quiero detalles. La respuesta de ellos fue: ‘te elegimos a ti’. Nada más”.

-¿Qué te contaron del momento previo a la llegada a tu casa, del proceso mismo de tu adopción?
Todos los antecedentes desde el día que llegué a mi casa están. Me dijeron que me fueron a buscar una noche y que llegué de madrugada, pero nadie me sabe decir si venía directo de la clínica o de otro lugar. Tengo fotos de ese  día, mi mamá me tiene en brazos, era un recién nacido y mi papá me contó que ellos mismos me cortaron el cordón umbilical, así es que no debieron pasar más de quince días del parto. Los antecedentes que no existen es todo lo que pasó antes.

-¿Por qué comenzaste a sospechar que había información que no calzaba en tu historia de adopción?
Es que a medida que fui creciendo, las versiones iban cambiando, no había una sola respuesta frente a mis preguntas, muchas veces eran opuestas las versiones que me daban por separado mi papá y mi mamá. Entonces estaba claro que algo no me estaban diciendo. Cuando estás solo en esta búsqueda, no le puedes creer a nadie. Esto ha sido difícil, porque cada miga de pan que vas recibiendo te sirve para ir componiendo tu propia historia. Pero estos datos están llenos de contradicciones.

-¿Y qué te imaginabas sobre esa información que presentías te estaban ocultando?
Nada específico, la verdad. Por una razón que no me explico, yo tuve consciencia desde muy chico de que no podía formarme ninguna expectativa ni esperanza sobre el tema de mis padres biológicos. Tenía asumido que esta era mi realidad y que yo vivía feliz con mis padres. Sentía que era inútil tratar de imaginar esa realidad paralela, aunque en el fondo quisiera saberlo.

“TÚ TIENES QUE HABLAR CON EL DOCTOR MONCKEBERG”

Las fechas exactas se vuelven algo difusas para Matías en su reconstrucción cronológica de estos años de búsqueda. Sin embargo, recuerda con nitidez dos conversaciones fundamentales con sus papás durante su adolescencia:

-Recuerdo que a los quince años tuvimos una conversación más en profundidad, donde yo los presioné mucho. Les dije: necesito que me digan exactamente cómo fueron las condiciones, porque yo estoy emocionalmente preparado para saber. Yo estoy totalmente seguro que ustedes son mis padres y no tengan miedo porque nada va a pasar, pero por favor, les pido que me digan la verdad. Allí, por primera vez, me aparece el nombre de Monckeberg. Mi mamá me dijo: “tú tienes que hablar con el doctor Gustavo Monckeberg”, y me dio su número de teléfono.

-¿Te explicó por qué ese médico era importante en tu historia?
Me dijo que él se había hecho cargo de mi adopción. Y que ese doctor además, atendió en el parto a mi madre biológica. Hasta ahí yo pensaba que estaba bien que un doctor ayudara a una mamá que quiere dar en adopción a su hijo. Me parecía entendible. Lo que me hizo ruido es que ese médico había atendido otros partos en mi familia y era una persona conocida en mi núcleo familiar.

-Y decidiste entonces contactar al doctor Monckeberg…
Sí, no recuerdo si fue en ese momento o unos días después. Lo llamé por teléfono, le dije quien era y que necesitaba que me dijera quién era mi madre biológica. Monckeberg no se puso nervioso ni nada parecido. Me dijo: ¿en qué año fue esto? En 1981, le respondí. ¿Y ahora en qué año estamos?, le escuché decir. Fue una sensación extraña, como de alguien que no está totalmente cuerdo. El doctor Monckeberg no me dijo nada. Mis papás estaban al lado mío en ese momento y me dijeron que no tenían más información para ayudarme.

Matías no se dio por vencido. Meses después, logró ubicar la dirección de una oficina privada del doctor Gustavo Monckeberg, en el sector de Apoquindo. El médico se había jubilado de la medicina diez años antes:

-No era una consulta, era un departamento y había una secretaria. Me presenté ante ella y pedí hablar con el doctor. Ella me preguntó mucho de dónde venía y para qué quería verlo. Le expliqué que era adoptado, que atendió a mi mamá biológica y que necesitaba ver el registro de partos del médico. La mujer me dijo que tenía que pedírselo a él, pero que no estaba disponible y además, que él ya no se acordaba de nada. Es tremendo toparse con un portazo así, cuando sabes que esa persona sí tiene la información y podría ayudarte. Me fui con la espina clavada. Él no me iba a ayudar y ya no me quedaba más que hacer con la información que tenía hasta ese momento. Nadie me iba a entregar esos registros. De eso estaba seguro.

Ante esa muralla que se le instaló al frente, Matías decidió volver a la carga con sus papás. Entonces, un nuevo antecedente salió a la luz:

-Mi papá me contó que un tiempo antes de mi nacimiento, fue con mi tío abogado a una casa en Vitacura. Ese tío estaba casado con la hermana de mi mamá, la misma tía que hoy sé era muy amiga del padre Gerardo Joannon. Ante mi insistencia por conocer el nombre de mi mamá biológica, mi papá entonces me confesó que le hicieron firmar un documento en el que se comprometió a renunciar a cualquier acción para saber quién era mi madre biológica. Me insistió en que esas fueron las condiciones bajo las cuales pudieron adoptarme. Y me dijo que en función de ese compromiso, los papeles se habían destruido y que no había forma de rastrear esa pista legalmente porque yo soy hijo biológico de mis padres.

En la ardua reconstrucción de su adopción. Matías tiene hoy algunas cosas claras. Y una de ellas es el contradictorio rol del doctor Gustavo Monckeberg en el proceso. En algún momento su papá le contó que se entrevistaron con Monckeberg un par de años antes de la adopción, para ver la factibilidad de acceder a un hijo. En otra ocasión le relató que fue justo antes de que se los entregaran en adopción. Hoy, no tiene cómo verificar esa información porque el doctor Gustavo Monckeberg murió en 2008.

-¿El doctor Monckeberg sería a tu juicio el protagonista central en este sistema de adopciones?
A mí me queda claro que Monckeberg es la figura central de toda esta operación. Mis papás me dijeron que él era la cara visible de todo esto. Aun así yo no me tragaba toda la versión, porque a ratos dudaba de todo.

“MI MAMÁ BIOLÓGICA ME ESTUVO BUSCANDO”

Tras la confesión que le hicieran sus padres sobre el rol del doctor Gustavo Monckeberg en su adopción, Matías recibió un nuevo antecedente, esta vez de boca de su madre. Una información que recién hoy es capaz de aquilatar en toda su dimensión y que explicaría por qué la fecha de nacimiento que figura en su cédula de identidad (5 de marzo de 1981) no coincide con la fecha de inscripción en el Registro Civil: 1986.

-Debo haber tenido como 16 años, cuando un día a mi mamá se le escapó una frase. Fue como un desliz… Me contó que durante los primeros cinco años de mi vida, mi mamá biológica me estuvo buscando. Y que por esa razón, mi carné figura con una inscripción cinco años más tarde de mi nacimiento. Me quedé helado. ¿Qué podía hacer yo con esa nueva información? Cada antecedente  nuevo me  desconcertaba aún más. Ella hoy desmiente que me lo haya dicho, pero yo no tengo de dónde haber inventado una historia así. Mi papá también hoy dice que eso no es cierto.

-¿Qué significó para ti, en ese momento, saber que tu mamá biológica te había estado buscando durante cinco años?
… (guarda silencio un rato) No te puedo mentir, no me surgió ese llamado fuerte, como venido del interior, como para salir corriendo a buscarla. La verdad, es que mirado con ojos de hoy, creo que lo que me pasó fue que no asimilé realmente el valor de la información que estaba recibiendo.

Matías había reparado antes ya en ese detalle. Que su cédula de identidad registra una diferencia de cinco años entre su nacimiento y la inscripción en el Registro Civil. Pero había otro antecedente que le hacía ruido. Su número de RUT era muy diferente al de sus compañeros de generación. Si su número de registro es 17 millones, sus amigos tenían 13 ó 14 millones. “Hasta cierta edad yo me había convencido de que esa diferencia se debía a que yo era un niño adoptado. La verdad es que nunca me cuestioné que hubiera algo más detrás”.

-¿Le preguntaste a tu papá la razón para esa inscripción tan tardía?
Me dijo que mi tío, el abogado que participó en el proceso de adopción, le había explicado que en estos casos debían pasar cinco años antes de inscribirme, para ver si yo era compatible con mi familia adoptiva. La verdad es que a mí me pareció en ese momento una explicación bastante razonable y creíble. Pero con lo que yo he logrado averiguar en todos estos años de búsqueda con personas que han adoptado, ese periodo no es superior a un año y medio. ¡No se tarda cinco años!

Lo que Matías se demoró en entender es que en esos cinco años que mediaron entre su nacimiento y su inscripción había varios secretos involucrados. Uno de ellos podría ser el que efectivamente sus padres demoraron su inscripción para no dar rastros de su paradero a su madre biológica que lo buscaba. Pero había otro secreto que avalaba el silencio de sus padres. Años después, Matías se encontraría de frente con una verdad aplastante e indesmentible.

“LA INFORMACIÓN ESTABA EN LA PIEZA CONTIGUA”

Matías Troncoso cuenta que, en su solitario peregrinar tras la búsqueda de sus orígenes, el siguiente dato concreto lo encontró en una inscripción de nacimiento donde aparece que nació en la Clínica Santa María. Cuando Matías obtuvo esa nueva información sí siguió el impulso que le surgió: decidió ir a la misma clínica a preguntar. Tenía 18 años, lo sabe bien porque recién estrenaba su licencia de conducir:

-Me presenté en el mesón de informaciones de la clínica y fui  directo al grano. Hola sé que soy adoptado, sé que nací acá y me gustaría saber si existe un registro o algo que me permita saber quiénes son mis padres biológicos. La niña que atendía quedó muy sorprendida. Al punto que llamó al jefe de servicio al cliente para que me atendiera. El funcionario hizo un par de llamadas y me respondió que a este registro sólo se podía acceder con una orden judicial. La respuesta me abrumó: una vez más tenía la sensación de que la información estaba en la pieza contigua y yo no podía acceder a ella.

-¿Se te cruzó por la cabeza ir donde un juez para que ayudara en esta búsqueda?
Yo tenía 18 años y entonces no me imaginaba que un juez pudiera dedicarse a buscar este tipo de información. Además, no estaba dispuesto a abrir un juicio que podía demorar 35 años en resolverse. Decidí que no quería desgastar mi energía para un proceso en el que no tenía ya ninguna esperanza. De todos modos, les comenté a mis padres lo ocurrido. Pero no pasó de ahí…

“ESTOY PREPARADO PARA ACEPTAR QUE ELLA NO QUIERA CONOCERME”

Cuando Matías salió del colegio y sus padres lo mandaron a estudiar a Europa por dos años, su inagotable búsqueda quedó en una especie de congelador. A su regreso, se fue a vivir solo. A los 21 años, tuvo su primer hijo con su pareja de entonces y dos años después sería padre por segunda vez. Fueron años de crianza y dedicación exclusiva a sus hijos.

En esos intensos años, Matías Troncoso no sólo se dedicó a ser padre, también construyó una exitosa carrera profesional. Aún así, confiesa que hubo  momentos en que la figura de su madre biológica irrumpía en su vida sin control. Hasta que se cruzó en su camino con una persona que, por su trabajo, tenía conocimiento de cómo se indaga en los orígenes genealógicos. Y fue esa persona quien lo condujo nuevamente a la Clínica Santa María, esta vez con una recomendación precisa: debía solicitar la información sobre todas las defunciones de recién nacidos registradas en torno a la fecha de nacimiento que figura en su carnet de identidad: 5 de marzo de 1981. Esta vez, a través de un abogado, hizo la solicitud oficial. La respuesta de la clínica fue un contundente no.

-Los antecedentes recogidos por CIPER, dan cuenta de adopciones que se hicieron engañando a la madre y dando por muerto al hijo. Pese a la negativa de la clínica, ¿pudiste averiguar si pudo ser ese tu caso?
No, porque eso es imposible sin poder ver los registros de defunción. Y en eso, la clínica ha sido totalmente hermética. Hace pocos días me entregaron otra información. Supe que mi tío, el abogado que además es mi padrino, fue a buscarme cuando me entregaron. No fueron mis papás. Sé que llegué a la casa de madrugada, pero nadie me sabe decir si venía directo de la clínica o de otro lugar.

-Matías, ¿para ti sería diferente saber que tu adopción fue consentida por tu madre biológica o que ella fue engañada y su hijo dado por muerto?
¡Uf!, ¡qué difícil! (guarda silencio)… No sé cuál sería mi reacción si supiera que ella fue obligada o engañada… Rabia, tristeza…, no me imagino cómo sería ese momento y menos cómo sería ese reencuentro. No tengo la respuesta. Me tocaría enfrentar un proceso muy delicado, no sólo con ella sino con mis propios padres. Si fue un acto voluntario o si me entregó por las razones que sean, creo que estoy preparado para aceptar la verdad, sea cual sea. También respetaría el que ella no quisiera conocerme. Sería capaz de aceptarlo. Está en su derecho y así es la vida. En todo caso, cualquiera sea la verdad, para mí sería igualmente importante encontrarla. Me permitiría cerrar el círculo. Tendría la tranquilidad de que hice todo cuanto estuvo a mi alcance para encontrarla y saber la verdad de lo que pasó. No soporto seguir con verdades a medias.

Durante los últimos seis años, Matías Troncoso ha ido obteniendo nuevos detalles que le han permitido dar un nuevo impulso a su búsqueda. Por ejemplo, su mamá le dio el nombre de dos enfermeras matronas que trabajaban junto al doctor Gustavo Monckeberg en esos años. A una de ellas la buscó intensamente hasta lograr ubicarla. Y fue a su encuentro, pero no tuvo suerte. No logró conversar con ella.

La esposa del abogado que participó en su proceso de adopción, su tía materna, le aseguró que antes de morir su marido le había entregado una carta a su papá con todos los antecedentes que rodearon su adopción. Su papá le asegura que jamás la recibió. Hasta hoy Matías no ha logrado que ninguno de sus familiares se decida a entregarle esa carta.

Hace seis años Matías Troncoso logró al fin abrir una puerta que lo condujo a una verdad dolorosa y que no estaba sujeta a ningún desmentido. Fue el último eslabón en una cadena de secretos de familia que le han provocado mucho daño. A través de una persona que conoció su historia y entendió su angustia, pudo acceder al fin a los archivos del Registro Civil. Precisamente a aquellas carpetas altamente reservadas que contienen el historial de quienes han sido adoptados.

-¿Y cuál fue la información sobre tu adopción que allí obtuviste?
Fue un golpe muy duro, tremendo. Porque yo no existo en esa base de datos. No hay historia anterior ni registro alguno sobre algún proceso de adopción que me afecte. Ante la ley, soy hijo biológico de mis padres y punto. No hay historia previa. En ese momento, supe que mi adopción había sido ilegal.

Ahí estaba el gran secreto que ocultaban sus padres sobre su adopción. Al haberlo inscrito como hijo biológico, de manera ilegal, toda la historia de su nacimiento real quedaba sepultada. Sin rastro.

“LE HE MANDADO MUCHOS RECADOS AL PADRE JOANNON”

Sacerdote Gerardo Joannon

Todo cambió nuevamente el viernes 18 de abril. El reportaje de CIPER le proporcionó el eslabón clave que le faltaba. Matías Troncoso sabe hoy que existe una posibilidad de que su historia esté vinculada a los otros casos que dio a conocer CIPER sobre adopciones irregulares. Allí donde el propio sacerdote de los Sagrados Corazones, Gerardo Joannon, reconoce que él fue quien ayudó a algunas familias a entregar en adopción a hijos de madres adolescentes. Y que lo hizo en colaboración con el doctor Gustavo Monckeberg y otros nueve médicos.

-¿Le asignas alguna responsabilidad al padre Joannon en este secreto guardado por años en tu familia?
En mi caso no tengo la certeza que haya sido el cura Joannon el enlace con mi adopción. Lo que me hace mucho sentido es la estrecha relación y amistad que ese sacerdote tenía y tiene con mi familia materna y con el abogado que se hizo cargo de todo el papeleo para validar mi inscripción. A mí nunca me apareció su nombre en mi búsqueda.

-¿Qué esperas ahora del sacerdote Gerardo Joannon?
Que él entregara de una vez  toda la información que tiene. Si está relacionado con mi caso, que me diga la verdad y también lo haga sobre todas las otras personas que como yo han pasado años buscando a sus madres biológicas. A mí no me interesa si sigue siendo cura, si lo sancionan o no. Sólo me tranquilizaría que entregue la información ya y que a todos nosotros nos dejen tranquilos de una vez. Le he mandado mensajes con muchas personas que lo conocen. Hasta ahora no se ha manifestado. Y es urgente que entregue una respuesta.

Quiero ser bien claro. A mí no me interesa juzgar ni condenar a ninguno de los involucrados. A ninguno. Tampoco me interesa levantar polvo, abrir causas judiciales o gastar energías en algo que no conduce a nada. Lo que sí me produce rechazo es la mentira para defender una forma de pensar, para protegerse del qué dirán. Y sostenerla durante tantos años. También quiero ser claro: ¡a mis padres nunca los voy a juzgar! Ellos me han dado todo su amor y yo he sido muy feliz a su lado.

Más de un mes antes de haber leído el reportaje de CIPER, Matías despertó una noche de madrugada con un sueño que todavía recuerda muy nítido: “Estaba con una persona que me decía que había encontrado a mi mamá biológica. Estaba a punto de decirme su nombre cuando desperté. Fue una sensación muy potente. Espero que esta entrevista sirva para que, si alguien sabe algo más sobre mi historia, pueda decirlo. Es lo único que me motiva a exponer públicamente mi historia.

Vea además: “El historial de negligencia y corrupción que hizo arder a Valparaíso”

En medio de las labores de asistencia a los damnificados y reconstrucción de viviendas luego del feroz incendio que devoró a Valparaíso a partir de la tarde del sábado 12 de abril pasado, la Contraloría General de la República aportó nuevos antecedentes respecto de la millonaria malversación de caudales públicos en la intendencia regional con los dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrados por el Gobierno Regional de Valparaíso (GORE). El informe del organismo contralor abre nuevas aristas sobre el mal uso de otros $3.333 millones asignados y utilizados de forma irregular.

Los  graves desórdenes administrativos en el GORE de Valparaíso, develados por la Contraloría, incluyen poco más de $1.100 millones entregados a distintas organizaciones comunitarias para proyectos que no contaron con ningún análisis previo tanto de su calidad como de su factibilidad técnica y fuera de las normas de transparencia que exige el reglamento del fondo respectivo. Otros $2.233 millones no han sido rendidos por las instituciones adjudicatarias y de su realización y cumplimiento nadie sabe nada.

Christian Urízar, diputado socialista por Quillota y Petorca.

Aparte de las irregularidades sobre la adjudicación de esos $3.333 millones por el GORE regional, la Contraloría consigna también la existencia de otro monto que concierne a fondos que fueron rendidos de manera insatisfactoria o incompleta por los particulares beneficiados. En este acápite figuran los ex tenistas Jaime y Álvaro Fillol y el ex futbolista Elías Figueroa.

El organismo contralor, además, señala expresamente que algunos de los proyectos asignados a organismos comunitarios fueron utilizados como plataforma para campañas políticas de cara a las elecciones municipales de 2012 y parlamentarias de 2013. Este punto se suma al desvío de fondos públicos regionales a campañas políticas, delito que ya investiga el Ministerio Público y que fuera informado por CIPER en un reportaje del 16 de abril (ver reportaje).

En ese juicio por fraude al Fisco ya se encuentran procesados y en prisión preventiva el ex jefe de la división de Administración y Finanzas de la Intendencia de Valparaíso, Sergio Núñez; y Enrique Kittstteiner Yovanini, jefe de gabinete del ex intendente Raúl Celis.

Otro protagonista de este fraude al Fisco que sacudió a Valparaíso es el recién asumido diputado por Quillota y Petorca, Christian Urízar (PS), a quien se le investiga por su presunta participación en la malversación de caudales públicos mientras se desempeñó como consejero regional. Urízar también aparece mencionado en este informe de la Contraloría, aprovechándose en su calidad de CORE de las actividades financiadas por el FNDR con fines electorales cuando era candidato a diputado.

Desde que asumió como diputado el 11 de marzo de este año, Urízar ha debido declarar ante la fiscalía en dos ocasiones como uno de los beneficiados del desvío de dineros públicos de la intendencia regional. Su ex jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS), también declaró pero como imputado.

El informe de Contraloría agrava la situación de corrupción al interior del Gobierno Regional de Valparaíso, que en menos de tres años ha tenido dos veces a esa intendencia bajo la lupa de tribunales. Al capítulo donde el diputado Urizar es uno de los protagonistas, se suma el que estalló en 2010, un mes después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera, cuando el intendente de Valparaíso, Raúl Celis, presentó una denuncia por malversación de fondos por sobre los $1.000 millones. En estos ilícitos resultaron involucrados tres funcionarios de la división de Administración y Finanzas del gobierno regional anterior, liderado por Iván de la Maza (DC).

Según reveló CIPER en su reportaje anterior, sólo $400 millones se necesitaban para efectuar las urgentes labores de remoción de basura y desechos de los cerros de Valparaíso que podrían haber prevenido el feroz incendio. Pero la tarea no se realizó porque la autoridad regional no contó con los fondos. Los $400 millones que se necesitaban para las labores preventivas contra incendios en el Puerto, representan una cifra ínfima comparada a la suma de todos los fraudes fiscales que desde hace años se vienen cometiendo en la región.

MÁS DE MIL MILLONES ENTREGADOS A CIEGAS

La fiscalización de Contraloría, tuvo como objetivo revisar las cuotas y montos destinados por el Gobierno Regional (GORE) entre 2011 y 2013 al financiamiento de proyectos para la ejecución de iniciativas en el ámbito de la Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana (ver informe).

Según el informe, entre 2011 y 2013 el GORE adjudicó fondos para 1.092 proyectos en esos tres ítemes, por un total de $3.982 millones, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Las conclusiones del informe final de Contraloría revelan graves desórdenes administrativos y el uso de fondos para apuntalar numerosas campañas políticas en el marco de las elecciones municipales (2012) y parlamentarias (2013).

Respecto de los graves desordenes administrativos, el informe señala que no existe ninguna prueba de que los fondos destinados en el 2012 para iniciativas  de Seguridad Ciudadana hayan sido adjudicados con el debido análisis previo de los equipos técnicos de evaluación del gobierno regional. Son casi $1.100 millones (un cuarto del monto total fiscalizado por Contraloría) que fueron entregados a ciegas y sin ningún tipo de control preventivo. “No ha sido posible verificar que la asignación de los aludidos recursos se haya efectuada en forma transparente y competitiva”, señala el informe.

Lo mismo sucede con los fondos destinados a dos iniciativas de carácter deportivo y que fueron entregados en 2012 por un total de $23.314.000. No hay prueba de los méritos de ambos proyectos que justifiquen el traspaso de dinero.

Respecto de la ejecución e impacto de los proyectos adjudicatarios de fondos en el periodo auditado, la Contraloría señala que el GORE “no implementó de manera oportuna, continua y sistemática, medios de diagnóstico, decisión y control que le permitieran velar por la eficiente y correcta ejecución y rendición de las iniciativas financiadas con el objeto de velar por la correcta aplicación de los recursos entregados exclusivamente para los propósitos que fueron previstos”.

El Gobierno Regional de Valparaíso no sólo fue incapaz de vigilar la correcta asignación de esos fondos, según se desprende del informe de Contraloría, sino que además, aún tiene pendiente la rendición de gastos de 384 proyectos por un monto total de $2.234 millones. Respecto de estas iniciativas, al 21 de abril de este año, fecha en la que fue evacuado este informe, no se tenía información de si los fondos habían sido utilizados correctamente, menos si se habían cumplido los objetivos pactados.

HERMANOS FILLOL Y ELÍAS FIGUEROA

Entre los proyectos que sí fueron rendidos, existen algunos cuyos montos de rendición son inferiores al fondo asignado. Uno de los casos emblemáticos en este frente es el de la entidad “Fundación Fillol Basabe”, de propiedad de los hermanos Jaime, Álvaro y Esteban Fillol Durán. El primero y el segundo reconocidos tenistas chilenos.

Su proyecto “Clínicas Deportivas de Tenis Callejero” se adjudicó dos fondos por un total de $68 millones. Sin embargo, su rendición incluye facturas por un monto total de sólo $51.523.402. Cerca de $17.5 millones quedaron sin respaldo.

Jaime Fillol

Asimismo, según la descripción del proyecto, la clínica se haría en ocho comunas de la Quinta Región. Sin embargo, en Santo Domingo (una de las comunas incluidas en el circuito), la actividad nunca se realizó. Ni el GORE solicitó la devolución de los fondos para esta actividad inexistente, ni la fundación de los Fillol manifestó su intención de reintegrar la proporción de recursos recibidos.

Y hay más. Según el reglamento de postulación para proyectos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, en la ejecución de los proyectos adjudicados está prohibido adquirir bienes o contratar servicios de personas jurídicas o naturales que tengan vínculos de hasta tercer grado de consanguinidad con las directivas de las organizaciones beneficiarias. Ello, sin embargo, no fue respetado por algunas entidades.

Esa es exactamente la situación de la “Corporación Deportiva Social y Cultural Gol Iluminado”, dirigida por el ex futbolista Elías Figueroa, su cónyuge y la hija de ambos en calidad de presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente. La fundación presentó boletas de honorarios y facturas por un total de $19.830.670 a nombre de Ricardo Figueroa (hijo), Juan Carlos Figueroa (sobrino) y Jorge Ramírez (esposo de la nieta de Figueroa). Además, se constató la existencia de una factura de la empresa ECCOS limitada, en la cual Jorge Ramírez tiene un 50% de la propiedad.

“DOÑA ANITA”: LA FAVORITA DE LOS CANDIDATOS

El “Centro de Eventos Doña Anita”, ubicado en la comuna de Olmué, fue el lugar donde al menos cinco organizaciones comunales ejecutaron sus proyectos con los fondos entregados por el Programa Nacional de Desarrollo Regional.

Cuando Contraloría revisó la nómina de los participantes beneficiados por las actividades realizadas en el 2012 por estas entidades, se encontró con que había algunos asistentes que concurrieron a las actividades de más de una fundación. Al cotejar las firmas que acreditaban asistencia con los supuestos participantes, 45 personas señalaron que la “rúbrica no era de su autoría”. Las nóminas de participantes fueron adulteradas con el fin de justificar un gasto que nunca se realizó.

René Lues (DC)

Fue en ese mismo centro de eventos en el que varios participantes acreditaron la presencia de algunos candidatos a cargos de elección popular haciendo campaña. Entre ellos, el mismo diputado Christian Urízar (PS) que aparece involucrado en los desvíos de fondos públicos de la intendencia. En ese momento, Urízar se desempeñaba como consejero regional y era candidato a diputado por Quillota y Petorca. La lista de candidatos continúa con Héctor Lautaro Correa (PS), en ese entonces candidato a alcalde por La Calera; René Lues (DC), secretario del CORE y candidato a alcalde por Viña del Mar; y las candidatas a concejal por Hijuelas, La Cruz y Viña del Mar, Roxana Saavedra (PS), Filomena Navia (PS) y Paola Catalán (PS), respectivamente.

Según la investigación, 60 de los asistentes a las actividades realizadas en el “Centro de Eventos Doña Anita” reconocieron la participación del secretario ejecutivo del CORE, René Lues, en varias de ellas, y señalaron haber recibido de sus propias manos calendarios y afiches relacionados con su campaña para ganar la alcaldía de la Ciudad Jardín. La entrega del material, según reconocieron, fue acompañada de una solicitud para que votaran por él en las municipales de octubre de ese año.

Todos los políticos involucrados contravinieron la normativa del FNDR que señala: “los proyectos durante su período de ejecución no podrán, por ningún motivo, apoyar actividades proselitistas de ningún tipo, ni destacar voluntades políticas ni religiosas”.

“Un intento de golpe tendrá lugar el 11 de Septiembre”, escribió el ex agente de la CIA Jack Devine el 9 de septiembre de 1973, luego de recibir el dato de un empresario y ex oficial naval. El cable fue clasificado como “crítico”, lo que según Devine significa que el entonces Presidente Richard Nixon lo recibió inmediatamente, enterándose dos días antes del golpe que se preparaba en Santiago de Chile (ver documento desclasificado en 1999). El relato es parte de una crónica titulada “Lo que realmente pasó en Chile”, publicada este 22 de mayo en el sitio web de la revista Foreign Affairs como parte del especial “Lo que realmente pasó: Resolviendo los casos no aclarados de la Guerra Fría”.

La publicación apareció un día antes de que el Departamento de Estado diera a conocer el relato histórico del gobierno estadounidense sobre la relación con Chile entre 1969 y 1973. El volumen tiene 1045 páginas y fue elaborado con fuentes oficiales de la época, como los cables que enviaba el embajador Edward Korry, llamados “Korrygrams”, entre muchas otras. Detalla la relación con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la elección de Allende, el apoyo a sus opositores y el rol de la CIA, entre otros hechos que llevaron al derrocamiento del presidente socialista.

Un relato mucho más informal es en cambio el que hace Devine en su artículo, pero que devela también detalles cotidianos de cómo operó la CIA en Chile durante el gobierno de Allende. Si bien el ex agente afirma que “la CIA no complotó con los militares chilenos para derrocar a Allende en 1973”, su narración da cuenta del activo rol que tuvo la agencia estadounidense en financiar y promover los hechos que culminaron con el golpe de estado.

UN AGENTE EN SANTIAGO

Jack Devine era un joven cuya primera destinación internacional fue la de agente encubierto de la CIA en Santiago durante el gobierno de Allende. “Era exactamente el tipo de lugar en que cualquier nuevo agente operativo de la CIA quiere estar”, escribe Devine 40 años más tarde. Según su versión, los oficiales de la agencia destinados en Santiago eran poco entusiastas ante la idea de un golpe y no lo ocultaban, pero el propio director de la CIA Richard Helms envió al jefe de operaciones encubiertas a Santiago “para decirle al jefe de la estación que si no estaba preparado para presionar por un golpe podía volver a Estados Unidos en ese mismo momento”.

El agente también tenía entre sus funciones manejar la “cuenta de medios” de la agencia en Chile, particularmente la relación con El Mercurio (ver reportaje de CIPER sobre la relación de la CIA con El Mercurio para desestabilizar a Allende). Según Devine, el problema del dueño del periódico, Agustín Edwards, era que temía que Allende lo expropiara y tomara el control de los medios, “lo que lo hacía un aliado natural para la agencia”. En ojos de Devine, el diario no usaba propaganda para engañar a los lectores sobre las políticas de Allende, pero sí enfatizaba las historias sobre las estatizaciones, las acciones violentas y el desastre económico.

El agente recalca que la CIA no se metía en la parte editorial de El Mercurio y sólo se reunía con el área gerencial porque no le interesaba cooptar al diario, sino asegurar que existiera la libertad de prensa. El bloqueo del acceso al papel, el retiro del avisaje y las movilizaciones laborales, asegura Devine, fueron lo que gatillaron que “la agencia le diera al diario alrededor de US$ 2 millones a lo largo de dos años, lo que le permitió seguir publicando”.

Devine reconoce el importante rol de la CIA en la agitación política durante el gobierno de Allende. Y si bien no revela grandes operaciones, sí cuenta una anécdota significativa: Una de sus fuentes era una mujer mayor, de clase media, a la que le entregó “varios cientos de dólares” para organizara una manifestación de mujeres con cacerolas vacías para protestar por la falta de alimentos. “Sonaba como una buena idea que al menos justificaba una pequeña inversión”, dice, pero no pensó que reuniría a miles de personas y se transformaría en la primera “Marcha de las cacerola” contra la UP. “Allende trató de mitigar el daño sugiriendo que Estados Unidos estaba detrás de las marchas. Por supuesto, en algún grado tenía razón”, dice el agente, pero ya no era una táctica efectiva.

“Mi tía murió”, era según Devine la frase clave de sus fuentes para anunciar que el golpe estaba en curso y meses antes un “mi tía está enferma y puede no recuperarse” los hizo creer que faltaba poco, pero no pasó nada. Para septiembre de 1973 habían perdido credibilidad estos anuncios en Washington. Por eso creían que el memo que mandó el 9 de septiembre podía ser otro error.

En la víspera del golpe un equipo se quedó a la espera de todos modos. “El bebé nacerá mañana”, fue un mensaje anónimo que recibieron esa noche por teléfono y que no respondía a ningún código previamente acordado. “El tío Jonás estará en la ciudad mañana”, fue otro recado que entre muchos otros de esa noche. Recién a los 8 Am supieron que los preparativos del golpe habían partido en Valparaíso.

“Nixon y su consejero de seguridad nacional, Henry Kissinger, estaban complacidos. También lo estaba la CIA: contra toda probabilidad, la estación en Santiago ayudó a crear el clima para un golpe sin teñir el esfuerzo al involucrarse directamente”, dice Devine. Estaban orgullosos de haber evitado una nueva Cuba en América Latina y él también lo estaba, pero le duró poco.

Después del golpe, se juntó con un socialista que era su fuente. Vio las cicatrices y marcas que tenía después de las sesiones de tortura a las que había sido sometido. Ya el 24 de septiembre la CIA informaba a Washington de los asesinatos en operaciones de limpieza contra los opositores y en octubre reportaban al menos 1,600 muertos. “Mis compañeros en la CIA y yo estábamos seriamente desilusionados por la brutalidad y la represión del régimen de Pinochet”, dice Devine hoy, quien aunque reconoce que el asunto le perturba, mantiene la fe en el potencial que tenía la acción encubierta. Es, de todos modos, una lección a tomar en cuenta para futuras operaciones de Estados Unidos, cree el ex agente.

LA HISTORIA OFICIAL

A diferencia del relato de Devine, que está lleno de detalles personales, el volumen que el Departamento de Estado dio a conocer este viernes 23 de mayo es una visión histórica y oficial del rol de Estados Unidos en el golpe. Aunque la gran mayoría de los documentos ya habían sido desclasificados y analizados por especialistas como Peter Kornbluh del National Security Archive, la nueva publicación organiza la información cronológicamente y por episodios, siempre desde el punto de vista de la diplomacia de Estados Unidos.

De acuerdo al National Security Archive, uno de los documentos desclasificados revela cómo Estados Unidos empezó aplanear el bloqueo de la elección de Allende mucho antes de la votación misma, el 4 de septiembre de 1970. Una minuta del 19 de agosto de ese año señala que Kissinger pidió a la CIA “que el plan fuera tan preciso como fuera posible e incluyera que órdenes serían dadas el 5 de septiembre, a quién y cómo”, de modo de evitar que el Congreso ratificara a Allende.

Además de los siempre interesantes detalles sobre el involucramiento de Nixon y de Kissinger en el derrocamiento de Allende, un episodio sabroso es el de “Los Plomeros”, que reúne todos los antecedentes oficiales sobre la supuesta vinculación entre el caso Watergate y el robo que sufrió la embajada chilena en Washington un fin de semana de mayo de 1972. El incidente había sido calificado de serio, pues no se habían robado nada de valor –unas radios, un número indeterminado de documentos y libros–, lo que hacía pensar que no se trataba de un delito común. Sin embargo, no sería hasta enero del año siguiente que se vincularía este robo con “Los Plomeros”, como eran conocidos los integrantes de un equipo de investigación encubierto de la Casa Blanca durante el caso Watergate.

El robo también fue investigado por la comisión Church del Congreso de Estados Unidos, bajo la premisa de que la que podría estar detrás era la empresa ITT, involucrada en actos contra el gobierno de Allende. Sin embargo, la comisión recibió testimonios de que alguien con fuentes en la comunidad cubana reveló que Frank Sturgis, Eugenio Martínez y Virgilio González –todos involucrados en el caso Watergate– habían entrado a la embajada chilena a fotografiar documentos. Las grabaciones secretas de la oficina de Nixon dan cuenta de que el presidente también creía que estaba vinculado con la irrupción en las oficinas demócratas del edificio Watergate que dio origen al caso del mismo nombre. Si bien nunca hubo evidencia concluyente, el fiscal especial para el caso Watergate concluyó que había factores circunstanciales que “sugieren fuertemente” que ambos hechos estaban vinculados.

El episodio de “Los Plomeros” aparece en el cuarto de los cinco capítulos del informe histórico del Departamento de Estado y que se dividen así: “Una democracia ruidosa: El declive de Eduardo Frei (enero-diciembre, 1969)”; “Una operación arruinada: La elección presidencial de 1970”(1 de enero-4 de septiembre, 1970); “Dos Tracks: La intervención de Estados Unidos en la confirmación del presidente chileno” (5 de septiembre-4 de noviembre, 1970); “Fría y correcta: La respuesta de Estados Unidos a la administración de Allende” (5 de noviembre, 1070-31 de diciembre, 1972); “Este tipo chileno puede tener algunos problemas: La caída de Salvador Allende” (enero-septiembre, 1973). El informe completo puede descargarse aquí.

Aún falta la segunda parte, que analizará el periodo 1973-1976, y que sería dada a conocer en los próximos meses. “El próximo volumen podría avanzar en el registro histórico sobre el apoyo de la CIA a la DINA, el conocimiento de la CIA sobre la Operación Cóndor y el acto de terrorismo internacional de Pinochet en Washington que asesinó al ex canciller Orlando Letelier y a Ronni Karpen Moffit”, dijo Kornbluh.