La candidata cerró su discurso con un “¡viva Chile!” y la música volvió a retumbar. Un centenar de adherentes la aclamaba y ella, sonriente y entusiasta, batió sus palmas al compás de los acordes y hasta se atrevió a ensayar unos pasos tropicales. Parecía una fiesta, pero no lo era. Cuando bajó del escenario y atravesó el lobby del Hotel Plaza San Francisco, donde instaló su cuartel central, algunos invitados sostenían copas de champán. Michelle Bachelet no brindó con ellos. Apenas repartió algunos saludos y besos a la pasada y subió rauda el segundo piso, donde su círculo más estrecho seguía analizando resultados de distritos y circunscripciones.

Bachelet volvió a bajar unos 20 minutos después, siempre sonriente, y ahora sí encabezó el brindis de rigor. Afuera, la Sonora de Tommy Rey aceleraba los ánimos, pero adentro el termómetro no subía. El brindis fue una intervención escueta, hasta mezquina si se quiere, para un presidenciable que marcó más de 21 puntos de diferencia sobre su más cercano competidor. Fue cálido, pero protocolar, con un saludo a los invitados internacionales, agradecimiento para su equipo y un llamado a seguir bregando para abrochar la victoria en la segunda vuelta. Ese era, precisamente, el principal factor que ahogó la fiesta del bacheletismo: la segunda vuelta. Pero no fue el único. Esa misma noche, apenas cerradas las mesas y contados los votos, quedaron también en evidencia las dificultades que deberá sortear Bachelet para sostener los equilibrios y las fidelidades en una coalición que incluye desde el ala más conservadora de la DC hasta el Partido Comunista.

Soledad Alvear y Alberto Undurraga, candidatos DC al senado derrotados.

A la misma hora en que las cumbias de Tommy Rey resonaban en el escenario, los militantes DC comenzaron a desaparecer del hotel. Las noticias que les llegaban desde la sede de su partido eran ingratas: la senadora Soledad Alvear había sido derrotada y numerosos dirigentes DC estaban furiosos con la mesa encabezada por el senador Ignacio Walker, a quien responsabilizaban por la derrota de cinco de sus siete aspirantes a la Cámara Alta (Alvear, Sabag, Undurraga, Latorre y Ascencio). La crítica apuntaba a que había permitido la “izquierdización” del comando y el programa de Bachelet, lo que finalmente habría socavado la votación del partido.

Volvía a instalarse en la DC el debate acerca de la conveniencia de abrir las puertas de la coalición al comunismo. Recién cerrados los recuentos de sufragios, los corrillos en la sede DC apuntaban a que la presencia del PC había sido clave para que el programa de gobierno de Bachelet enfatizara temas emblemáticos del bloque progresista que habrían “asustado” al votante de centro: una nueva Constitución (punto en el que aún no se resuelve si incluirá o no Asamblea Constituyente), matrimonio igualitario, aborto terapéutico, reformas laborales, el fin del lucro y gratuidad universal en la educación.

En contraste, el Partido Comunista se alzaba como uno de los grandes ganadores de la jornada: de sus nueve aspirantes a diputados, consiguió escaños para seis y duplicó su actual bancada. La cosecha de votos comunista fue asombrosa: cuatro de sus candidatos electos bordearon o superaron el 40%. Además, el partido logró poner en la Cámara a dos jóvenes diputadas que prometen concitar el interés mediático: Camila Vallejo y Karol Cariola.

La fiesta que había programado el comando de Bachelet para celebrar el triunfo que no llegó, terminó convertida en una suerte de ampliado político. En cada rincón del lobby del hotel se debatía el único tema para el que hubo espacio una vez conocidos los resultados generales de la elección: cuál será la apuesta de Bachelet, si “suavizar” el discurso e ir por el electorado de centro, o bien insistir en la necesidad de los cambios institucionales profundos y buscar los votos a la izquierda del espectro político. Hacia donde ella incline finalmente la balanza no sólo marcará el mes de campaña que le queda por delante, pues se interpretará también como una señal de lo que puede esperarse de su casi seguro segundo periodo presidencial.

CORCOVEOS EN LA DC

Tras la elección del domingo 17, Bachelet retornó al ruedo electoral el martes 19 con una intervención pública que fue interpretada como una señal de que optaría por el camino de la izquierda. Lo hizo con un acto en el distrito de Recoleta e Independencia, una plaza donde el PC se ha hecho fuerte bajo el liderazgo del alcalde Daniel Jadue y la flamante diputada electa Karol Cariola. Allí, la abanderada compartió escenario con la secretaria general de las JJ CC, con Camila Vallejo y con la diputada electa por Ñuñoa y Providencia, Maya Fernández, militante socialista y nieta de Salvador Allende. El evento y su carga simbólica no fue del gusto DC.

Acto en Indpendencia: Karol Cariola, Michelle Bachelet, Maya Fernández y Camila Vallejo.

El tablero de la coalición bacheletista ha comenzado a crujir y el comando no ha podido soslayar el corcoveo DC. El mismo martes 19 en que Bachelet se fotografiaba junto a Karol Cariola, Camila Vallejo y Maya Fernández, el histórico dirigente DC y esposo de la derrotada senadora Soledad Alvear, vertió en la prensa el primer síntoma del descontento. Consultado, en radio Cooperativa, acerca de una eventual molestia en la DC porque el comando de Bachelet supuestamente favoreció al compañero de lista de su mujer, Carlos Montes (PS), Martínez respondió: “Muchos piensan que eso es así”.

Bachelet tuvo que hacerse cargo de la estocada: “Lo que puedo decir es que nunca hice ni un solo acto con un solo candidato, siempre estuve en todas partes, en la publicidad, en el ‘bachemóvil’, el camioncito, con los dos candidatos a senadores”, dijo a Chilevisión.

La queja de Martínez podría haber sido interpretada como un hecho aislado. Pero, la verdad es que fue un eslabón más dentro de una cadena de declaraciones que pusieron de manifiesto la tensión entre el polo progresista y el ala más conservadora de la Nueva Mayoría. El lunes 18, por ejemplo, fue Camila Vallejo la que puso sal en la herida de la DC: “Dentro de la Nueva Mayoría las fuerzas de mayor avanzada también tuvieron una mayor votación que las más conservadoras. Eso se demuestra por ejemplo con la elección de Carlos Montes, que le ganó a Soledad Alvear, que si bien es parte de la Nueva Mayoría, comparte este proyecto, tiene una posición más conservadora”, dijo a CNN.

Este viernes 22 El Mercurio publicó una declaración del diputado Montes que sacó chispas en la DC: “No se a cuántos militantes representa Gutenberg Martínez”. Cristián Cuevas, reconocido sindicalista del PC y derrotado candidato a la Cámara Baja, había saltado al ruedo el día anterior con otra frase afilada: “Nosotros queremos derrotar a los sectores ultraconservadores y neoliberales de la Nueva Mayoría, o liberales, porque para algunas cosas son de mayor avanzada (en términos valóricos); pero en términos económicos, conservadores, porque quieren sostener este modelo”, señaló a El Mostrador.

El mismo jueves 21, Michelle Bachelet le hizo un guiño a la DC al recibir a los candidatos electos en cupos de ese partido en las regiones de Aysén y Magallanes. Con seguridad, no será esta la última vez en que deba jugar sus cartas para aliviar la tensión entre el sector más conservador de la DC y el bloque progresista de la Nueva Mayoría. Por lo pronto, para encauzar este debate que ya corre soterrado, los presidentes de la DC y el PC acordaron realizar en enero un encuentro oficial entre ambas colectividades para analizar puntos de convergencia y limar asperezas en las materias discordantes. Así lo informó el diario Pulso del miércoles 20. De concretarse ese evento, no será más que la primera cita protocolar de un pololeo a escondidas que ya lleva un par de años y que nació cuando los estudiantes salieron a las calles a mediados de 2011.

EL RETORNO DEL PC A LAS LIGAS MAYORES

Las masivas marchas de 2011 contra el lucro en la educación no solo damnificaron al gobierno de Sebastián Piñera. También tumbaron a una Concertación cuyos dirigentes y parlamentarios no podían subirse al carro de la protesta, debido a que sus gobiernos fueron los principales responsables de la crisis. Bajo las administraciones concertacionistas se permitió el lucro en las universidades privadas, al punto de convertirlas en negocios que se transaban en varios millones de dólares (vea los reportajes de CIPER sobre la U. del Mar y la U. San Sebastián), se incubó un sistema corrupto de acreditación de la educación superior (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas”) y se estableció un Crédito con Aval de Estado que ahogaba a las familias de estudiantes vulnerables al mismo tiempo que generaba multimillonarias utilidades a la banca (vea el reportaje de CIPER “CAE: Cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por $150 mil millones”).

La oferta que entonces hicieron los tres diputados del PC a las bancadas de la Concertación, fue como un vaso de agua en medio de la pampa. La propuesta consistió en explorar en conjunto, como “oposición amplia”, una reforma universitaria. El PC estaba bien posicionado ante la opinión pública por el liderazgo de sus dirigentes estudiantiles, particularmente de Camila Vallejo, y le tendió una mano a la Concertación para devolverle el habla. Además, en su centro de estudios ICAL y en el CENDA ya se había sistematizado información sobre la crisis universitaria que servía de base argumental para las propuestas estudiantiles, por lo que el equipo que modeló la reforma universitaria avanzó rápido. Al punto que, a poco andar, entró en un terreno espinudo: cómo se financiaría la reforma. Así, surgió la idea de elaborar también una propuesta conjunta de reforma tributaria.

Alejandro Micco

En noviembre de 2011 se constituyó el equipo de la “oposición amplia” que trabajó la reforma tributaria. Por el PPD concurrió Ricardo Lagos Weber, por la DC fue Alejandro Micco, en representación del PS participó Hernán Frigolett y en nombre del PC se integró Patricio Palma. El grupo trabajó durante cinco semanas y en enero de 2012 dio a conocer su propuesta. La principal novedad era la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), una proposición que a la larga se convertiría en el corazón de la reforma tributaria contenida en el programa de Bachelet.

La metodología de trabajo incluyó consultas a organizaciones sociales y gremiales como la FECH, la CUT y la Sofofa. También fueron citados académicos, ex funcionarios de Hacienda y ex directores del SII. La idea era no repetir el error de la Concertación de elaborar políticas a espaldas de los afectados: “Con el fantasma de los errores del Transantiago y del Crédito con Aval de Estado conseguimos que un tema de política económica volviera a vincularse con el mundo social y no solo con los técnicos. Fue un aprendizaje para todos”, dice uno de los miembros de ese equipo. Este modelo de “consulta amplia” sería retomado después por el comando de Bachelet para la elaboración de su programa.

Aunque el PC ya había negociado pactos electorales por omisión con los partidos de la Concertación, hasta ese minuto jamás se había sentado a la mesa a elaborar políticas con ellos. La labor en torno a la reforma tributaria marcó un hito para los comunistas, porque los sacó del ostracismo en que habían estado durante más de dos décadas. Al mismo tiempo les permitió generar confianzas, particularmente entre el DC Alejandro Micco y el PC Patricio Palma, quienes más tarde se encontrarían en el equipo programático de Bachelet.

Quienes participaron en el grupo que elaboró la reforma tributaria propuesta en 2012 se llevaron una buena impresión de los aportes comunistas, principalmente acuñados por los investigadores del CENDA que dirige el economista Hugo Fazio. “Presentaron trabajos serios. Las posturas del PC fueron sensatas y aunque puso sus énfasis, como lo hicieron todos los partidos, también hubo generosidad para llegar a consensos”, dice uno de los concertacionistas que integró ese equipo. A partir de ese hito, comenzó a abrirse camino de manera seria la posibilidad de que el PC se uniera a la coalición opositora.

Para el entendimiento con el PC en la reforma tributaria y para integrarlo finalmente a la coalición, fue clave la presencia del ingeniero comunista Patricio Palma en las conversaciones: “Tiene una personalidad muy distinta de la caricatura que se hace del comunista agitador y confrontacional. Es muy sereno para analizar las divergencias y, aunque las plantea directamente, no las convierte en un caso de vida o muerte. Es muy ejecutivo, por su formación de ingeniero”, dice un DC que se ha sentado a la mesa de negociaciones con Palma.

A fines de 2012 e inicios de 2013 el bloque progresista de la Concertación empujaba un entendimiento amplio con el PC. La tensión de la DC con el resto del conglomerado iba en aumento por la novela en que se había convertido el esperado aterrizaje de Michelle Bachelet para competir en las primarias. En ese escenario, a un sector de la DC no le parecía propicio que los comunistas se unieran a la coalición. No obstante, se abría paso la tesis de que la Concertación debía “refrescarse” y que ampliarla hacia la izquierda era el único camino viable para que la carrera hacia La Moneda no pareciera “más de lo mismo”. Fue en esos días que el fallecido dirigente DC Eugenio Ortega, a través de un amigo común, le envío un mensaje a Patricio Palma. Quería conocerlo.

Los encuentros entre Ortega y Palma fueron varios. Ortega quería que Palma le explicara si el PC estaba realmente comprometido con el sistema democrático y a las citas se fueron agregando otros militantes de ambos partidos. Las reuniones se manejaron en el ámbito privado y de ellas solo se supo a comienzos de este mes, cuando fueron reveladas por La Tercera.

En abril de este año, finalmente, la Nueva Mayoría fue inscrita como una coalición integrada por los partidos de la Concertación, más el PC, la Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social. Tanto en el PC como en la DC aseguran que, si bien no fueron determinantes, las conversaciones entre Ortega y Palma, así como la buena relación entre este último y Alejandro Micco, facilitaron la inclusión.

EL PROGRAMA DE BACHELET

“Cuando sacó un millón y medio de votos en las primarias, Bachelet se despegó definitivamente de los partidos y le puso al comando y a la elaboración del programa los énfasis que ella quería”, cuenta un colaborador de la candidata. Y esos énfasis, agrega, “son más de izquierda y eso empezó a verse en los discursos que se le preparaban, en el tipo de eventos que se le organizaban con muchas organizaciones sociales, donde la gente reclamaba por cómo había gobernado la Concertación y ella asentía, tomaba nota, y después pedía que esas cosas se consideraran en el trabajo del equipo”.

Alberto Arenas

El equipo programático fue encabezado por el ex director de Presupuesto Alberto Arenas, economista, ex militante de la JJ CC en los años 80 e integrante del PS desde inicios de los 90. Quienes lo conocen dicen que es de perfil más técnico que político, ejecutivo, buen gerente de equipos y directo a la hora de expresar discrepancias. Él coordinó las mesas sectoriales y cauteló que abordaran los temas con los énfasis que quería Bachelet.

Arenas es, por lejos, el hombre de mayor confianza de la candidata en esta campaña. Su relación con Bachelet se inició en la campaña del 2005, cuando, junto a Mario Marcel, la convencieron de la necesidad de efectuar una profunda reforma previsional. Después de trabajar por 15 años en la Dirección de Presupuestos (Dipres), Arenas fue clave para transmitir a Bachelet que había recursos disponibles para realizar esa reforma sin afectar los equilibrios macroeconómicos. El economista está orgulloso de esa política desarrollada en el gobierno de Bachelet, pues se le considera el primer giro exitoso de un sistema neoliberal hacia un enfoque con equidad social. A tal punto aprecia ese trabajo que escribió un libro sobre el tema: “Historia de la reforma previsional chilena: Una experiencia exitosa de política pública en democracia”.

“Si hay un sector de la Nueva Mayoría que piensa que el programa es muy de izquierda o radical, debe tener claro que quedó tal como lo quería Michelle Bachelet, porque ella y Arenas lo monitorearon al detalle”, dice uno de los integrantes del equipo programático.

Una de las novedades es que en las comisiones sectoriales participaron, a un mismo nivel, representantes de partidos y de organismos sociales o académicos. A diferencia de experiencias anteriores y por expresa instrucción de la candidata, en las comisiones no se privilegió la voz de los partidos y no se admitieron vetos temáticos. Las comisiones trabajaron poco más de un mes, a presión, y entregaron sus borradores a Arenas. En los puntos donde no hubo consenso, cada sector puso sus argumentos por escrito para que Bachelet zanjara.

Tanto en la comisión de reforma tributaria como en la de reforma educacional, el trabajo fue intenso, pero ejecutivo y con un alto nivel de consenso. Las conversaciones en torno a la reforma universitaria y a la reforma tributaria que tuvieron lugar en 2012 y que ya habían reunido desde la DC hasta el PC, dieron sus frutos y rápidamente hubo acuerdo en torno a temas que inicialmente prometían ser más complejos, como la eliminación del FUT y avanzar a la gratuidad universal en educación.

El tono progresista que fue adquiriendo el programa provocó resquemores en un sector de la DC, donde se miraba con preocupación que sus tres ejes -reforma tributaria, reforma educacional y nueva Constitución- afectaran el crecimiento económico, el empleo, la libertad de enseñanza y la estabilidad institucional. Las críticas internas en la DC sobre el rol de su representante en el equipo de programa, Alejandro Micco, se intensificaron. Para el gusto de los “guatones” DC, Micco había exagerado la sintonía con el bloque progresista. Por eso, en agosto el desembarco en el comando de figuras DC con perfil liberal, como José de Gregorio y René Cortázar, encendió luces rojas en el PS, PPD y PC. “Darles gratuidad a todos los estudiantes es partir al revés”, fue una de las declaraciones de De Gregorio que precedieron su aterrizaje en el comando.

A la izquierda, Patricio Palma junto a Lautaro Carmona y Guillermo Teillier en el comando de Michelle Bachelet

En ese escenario, Patricio Palma elaboró una declaración del PC donde expuso la posición de su partido: “Nada más, pero nada menos”. La tesis era que los acuerdos que ya se habían alcanzado en torno a las reformas tributaria y educacional y a la nueva Constitución, no se podían tocar. El PS y el PPD estaban en la misma posición, pero más importante fue que Alberto Arenas también se mostró de acuerdo. Al ala liberal solo le quedó espacio para intervenir en otros temas que no se habían zanjado aún, por lo que se concentró en evitar cambios radicales al modelo previsional y a la participación de la inversión privada en obras públicas, así como a evitar definiciones que pudiesen afectar drásticamente los proyectos energéticos.  El “corazón” del programa, como lo dice uno los integrantes del equipo que lo elaboró, “superó la arremetida liberal”.

Una vez que las comisiones sectoriales entregaron sus borradores, Alberto Arenas los trabajó junto a un equipo ejecutivo de su entera confianza. Ese grupo pequeño y a prueba de filtraciones sistematizó todos los documentos. En este equipo tuvo un rol clave Andrea Palma, ex jefa de gabinete de Arenas en la Dipres y que ahora realizó funciones de apoyo y coordinación en el trabajo programático. Ella se encargó de la edición y síntesis de los borradores de cada mesa sectorial para ponerlos a disposición de Arenas y Bachelet. En esa labor fue secundada por Gonzalo Pereira, economista con quien Arenas también trabajó en la Dipres. Fidel Miranda fue otro de los colaboradores de confianza de Arenas proveniente de la Dipres, donde fue uno de sus principales asesores para llevar a cabo la reforma previsional.

Una vez que el programa estuvo a disposición de Bachelet, ella lo discutió a puertas cerradas con Arenas, zanjó los puntos donde no había consenso y puso acentos en algunos temas que le interesan de manera particular. En el comando y en el equipo programático no saben si Bachelet discutió aspectos de la versión final del programa con consejeros ajenos al comando. Un miembro del círculo más estrecho de la candidata dice que ella no es de tener “asesores de segundo piso” y que prefiere “pimponear” temas con algunas personas de confianza cuando requiere segundas opiniones. Entre quienes conversan de política con la ex mandataria se cuenta al abogado DC y miembro del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney, y el ex asesor presidencial bajo el mandato de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone.

La versión definitiva del programa se redactó bajo la estricta supervisión de la candidata. Al equipo que había elaborado el borrador le sorprendió que ella agregara correcciones específicas que le dieron un énfasis más progresista a la redacción final de ciertos puntos del texto. Entre estos se cuentan algunas reformas laborales que apuntan a fortalecer el sindicalismo y la propuesta tendiente a detener el proceso de privatización de los hospitales.

LA FIDELIDAD DE LOS PARTIDOS

Bachelet no le dejó espacio a los partidos para que intervinieran en la versión final del programa. Se la entregó a los presidentes de las colectividades el 27 de octubre pasado, el mismo día en que el documento fue presentado al público en el teatro Huemul. De hecho, en esa reunión el presidente DC, Ignacio Walker, apenas alcanzó a manifestar algunos reparos a las propuestas en educación, porque rápidamente Bachelet le cerró el paso.

Ignacio Walker

Ya en la campaña de 2005 Bachelet marcó distancia de los partidos y constituyó un gabinete más técnico que político, lo que a la postre fue evaluado como un error. Cuando su gobierno comenzó a enfrentar problemas, como la desastrosa puesta en marcha del Transantiago y la “revolución de los pingüinos”, las colectividades le cobraron la cuenta y Bachelet debió tender puentes para configurar un gabinete más político y contar con respaldo en las cámaras del Congreso. En las tiendas de la Nueva Mayoría, esperan que no vuelva a ocurrir algo semejante. Pero, en los antiguos partidos de la Concertación, especialmente el PS y la DC, se ha resentido la falta de espacio para participar en las decisiones del programa y la campaña. La vieja guardia socialista no considera a Arenas como representante de la colectividad, aunque tiempo atrás participó en la tendencia Nueva Izquierda y tejió lazos con Camilo Escalona. Esas relaciones, dicen, se diluyeron.

En la DC también surgió con fuerza una crítica a lo que consideran “falta de realismo” del programa de gobierno, pues estiman que contiene muchas metas “monumentales” para un periodo presidencial de apenas cuatro años:

-Ha generado mucha expectativa y la gente se ha entusiasmado, pero las tareas son muchas y ambiciosas. No solo por la reforma tributaria, la reforma educacional y la nueva Constitución, que ya son metas difíciles, sino también por algunas metas sectoriales que pudieron ser menores sin perder impacto. Por ejemplo, ofrecer 20 hospitales nuevos construidos, otros 20 en construcción y 20 diseñados, es francamente imposible. Podrían haber sido cinco construidos y cinco en construcción e igual sería una meta de alto impacto- dice un dirigente DC que apoyó la campaña de Bachelet.

En el comando señalan que la orientación programática que impulsó Arenas fue para sintonizar con los ciudadanos y no con los partidos. Ya en su recorrido por Chile durante la campaña de primarias, Bachelet se convenció de que los partidos están muy distantes de la gente. Por eso, las comisiones sectoriales trabajaron con la metodología participativa de integrar a organizaciones sociales y gremiales. “Bachelet le quitó el micrófono a los tecnócratas de la Concertación y se lo pasó a los dirigentes sociales y a la gente que trabaja en terreno, pero no para caer en el populismo, como caricaturiza la derecha, sino con la idea de hacer una mezcla virtuosa entre lo técnico y lo social”, dice un integrante del equipo programático.

En todo caso, tanto Bachelet como Arenas se han cuidado de no golpear de manera gratuita a los partidos, aunque han sido inflexibles en la tesis de que la biblia de la Nueva Mayoría es el programa de gobierno. Por eso, lo que viene por delante es mantener alineados a los partidos y las bancadas, primero para ganar el 15 de diciembre y luego para sacar adelante las reformas ofrecidas al país: “La disciplina y fidelidad debe ir desde los partidos hacia Bachelet, pero también de ella hacia los partidos. Ella tiene que procurar un buen clima y evitar controversias gratuitas, porque los quórums parlamentarios para hacer los cambios son altos y no nos podemos dar el lujo de provocar berrinches y pataletas que nos hagan perder un voto de los diputados y senadores”, señala un dirigente DC.

En efecto, respecto de los quórums que se requieren para concretar el programa, los resultados de la elección parlamentaria le dieron a Bachelet luz verde sólo para realizar su reforma tributaria, pero la dejaron a un paso de concretar su reforma educacional y con buenas perspectivas de acceder a acuerdos con senadores de derecha -como Antonio Horvath,  Manuel José Ossandón, Andrés Allamand y el independiente Carlos Bianchi-, para materializar otras reformas institucionales. Pero, para alcanzar esos quórums requiere también de los votos de los diputados progresistas que se eligieron por fuera de la Nueva Mayoría, como Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic (electo en Arica por el pacto de MEO). Por lo mismo, Bachelet debe jugar sus cartas con precisión, a objeto de no “suavizar” el discurso al punto de perder el apoyo de esos diputados, pero tampoco “radicalizarlo” hasta quedarse sin los votos de algunos diputados DC.

Gutenberg Martínez

A pesar de la controversia pública de estos días entre la candidata y Gutenberg Martínez, la lectura que se hace en la interna DC es tranquilizadora para el comando. Los resquemores que ha manifestado el grupo más conservador de ese partido no debiesen afectar mucho la “fidelidad” de la bancada de 23 diputados electos en cupos DC -incluido el dirigente social de Aysén, Iván Fuentes- con el programa de la Nueva Mayoría. Aunque se da por descontado que varios parlamentarios DC apelarán al “voto en conciencia” si se legislan temas valóricos, como el matrimonio igualitario y el aborto, en general, dicen en la DC, la bancada se alineará con las reformas sociales y políticas. Eso, siempre que las señales de Bachelet sean de un trato equitativo para todos los partidos. Lo mismo ocurriría con los seis votos DC en el Senado, donde se espera que la presencia de Ignacio Walker y Jorge Pizarro sea garantía de disciplina.

En el horizonte inmediato solo se aprecia un diputado DC que podría salirse de la fila: Jorge Sabag, quien ya se alineado antes con la derecha en la votación de proyectos emblemáticos, al igual que su padre, el derrotado senador Hosain Sabag.

Entre los nuevos diputados destaca el ex ministro de Transportes Sergio Espejo, electo por el distrito de Colchagua y apoyado por el príncipe Claudio Orrego. Espejo adelanta que la bancada DC deberá actuar cohesionada en el apoyo al programa, porque ello servirá para que el partido se reconecte con la ciudadanía: “Esta no será la hora para darse gustitos”, dice.

El temor de que las filas se desordenen por la izquierda, debido a la conexión del PC con el movimiento social, podría desactivarse, en parte, con la inclusión de ese partido en el gobierno, tema que podría comenzar a despejarse con la decisión que al respecto tomará esa colectividad este fin de semana. Sobre la supuesta contradicción entre “estar en la calle y estar en la Moneda”, la respuesta de uno de los principales dirigentes comunistas es taxativa:

-No nos vamos a apartar ni una coma del programa. No vamos a pedir nada más, pero nada menos. Y esperamos que el futuro gobierno de Michelle Bachelet tampoco se aparte. Si cumple con todo lo que ha ofrecido y el movimiento social sale a la calle, será para apoyar las mismas reformas que quiere el gobierno.

-¿Y si no cumple?
-Entonces, no seriamos nosotros los que habríamos roto los compromisos. Mire, pedirle al PC que se desentienda del movimiento social, es como pedirle que deje de existir. Nosotros queremos que el movimiento social muestre su fuerza a favor de los mismos cambios que quiere Bachelet. Lo raro sería que le prohibieran a la gente que salga a marchar por la educación gratuita, el fin del lucro, el fortalecimiento de los sindicatos y una nueva Constitución, si es lo mismo que quiere La Moneda.

“Sí, se puede”, alentaba entusiasmado el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán la noche del domingo 17 de noviembre, improvisando una consigna que se transformaría en el slogan de la candidata Evelyn Matthei para la segunda vuelta presidencial. Mientras un puñado de dirigentes y ministros de segunda línea celebraban en el hotel Intercontinental el tener la posibilidad de ir al balotaje, gran parte de la atención estaba centrada en los comandos de Andrés Allamand y de Manuel José Ossandón, quienes a esa hora disputaban los últimos votos para erigirse como los dos senadores electos por Santiago Poniente y Oriente, respectivamente.

Dos figuras que brillaron y brillarán por su ausencia -de hecho se tomaron vacaciones- durante esta nueva fase de la campaña de Matthei. Hay quienes les atribuyen cierta responsabilidad en la baja votación de la candidata, pero hoy Allamand y Ossandón emergen como cartas presidenciales para el 2017. La mayor sorpresa la dio Ossandón, quien no estaba contemplado entre las opciones de RN, pero que con su triunfo quedó catapultado la noche del 17 como una figura con posibilidades, tras remontar una derrota que parecía segura y desplazar a Laurence Golborne. Él mismo se encargó de confirmar que está dispuesto a disputar la carrera presidencial y que lo hará con quien sea necesario (ver entrevista en La Tercera). En la UDI, en cambio, coinciden en que no emergió en esta elección ningún presidenciable para el 2017. Laurence Golborne, derrotado por Ossandón, entró en una suerte de “pausa” y no se sabe si logrará emerger de ella como una figura con futuro político.

Francisco Chahuán entusiasmado por haber pasado a segunda vuelta en la "celebración" del domingo.

Con los resultados electorales en la mano, lo que se viene es un importante reacomodo al interior de las filas de ambos partidos de la Alianza. Eso en el mediano plazo, porque hoy las urgencias están puestas en salir a la caza de los votos que necesita Matthei para alcanzar, dicen, “un umbral digno” frente a Bachelet y evitar una “paliza” el 15 de diciembre, en un escenario más que adverso para la centroderecha en el Congreso.

La misión de la derecha debe al menos estrechar la diferencia entre los 2 millones 245 mil 114 votos obtenidos en las parlamentarias y el millón 645 mil 271 sufragios que Matthei consiguió en la primera vuelta.

El reciente encuentro del senador Antonio Horvath (RN) con Michelle Bachelet para poner a disposición el programa de gobierno de Franco Parisi, activó la preocupación en la Alianza. De acuerdo al propio Horvarth (ver entrevista), Bachelet acogió sus propuestas programáticas, lo que podría traducirse en dos hechos: sumar parte del 10% para el balotaje que obtuvo Parisi en primera vuelta y también añadir un voto para la Nueva Mayoría en el Senado. De este modo, la hoy oposición podría acercarse a la mayoría necesaria para aprobar las reformas que necesitan de más quórum, como el fin al sistema binominal. Tiene 21 votos y sumando a Horvath y eventualmente al independiente Carlos Bianchi, podría sumar 23.  Eso si la Alianza no logra retenerlo.

De todos modos las cuentas no son muy auspiciosas para la derecha en el Congreso frente a, por ejemplo, interpelaciones y acusaciones constitucionales contra ministros en un próximo gobierno de Bachelet, pues tienen 50 diputados y requieren 48 para aprobar un libelo. Si tres de ellos llegaran a resfriarse, esa alternativa se viene al suelo de inmediato.

DUPLA EXPLOSIVA

En medio de este reacomodo político, el vía crucis de la derecha se proyecta con más estaciones que el simple balotaje. Vendrán las pasadas de cuentas por la inminente pérdida del gobierno; proliferarán papers y congresos doctrinarios que sacarán lecciones de la derrota presidencial por no haber sabido “leer” los cambios que la sociedad chilena estaba experimentando. Luego se renovarán las mesas directivas de los dos partidos de la Alianza.

En la UDI anuncian el “cobro de cuentas” a la actual directiva que encabeza Patricio Melero, dado que el partido perdió 9 diputados y los dos senadores por Santiago –Pablo Zalaquett y Laurence Golborne– , aunque mantiene su número en la Cámara Alta por los triunfos de Iván Moreira y Jacqueline van Rysselberghe. Los diputados de la nueva generación en la UDI ya hablan de necesario recambio pero “en un esquema acordado”. Es decir, están por generar cambios desde dentro. Al estilo UDI.

Ya comenzó la disputa entre Allamand y Ossandón por posicionarse en la carrera de 2017.

En RN se avecina un consejo general en mayo y una segura elección interna, donde la salida de Carlos Larraín es un hecho, para dar paso a un nuevo presidente, que algunos aventuran podría ser Andrés Allamand, como trampolín para las elecciones de 2017. Algunos parlamentarios dan por sentado que “pretenderá tomarse el partido”. Pero saldrá competencia al ruedo, ya lo anuncian internamente. El senador Alberto Espina estaría decidido a presentar su candidatura a la presidencia del partido, en lo que podría ser la contraparte más cercana a Piñera, en RN.

Si Allamand recibe el apoyo de Carlos Larraín, tendría a su favor el traspaso de una “maquinaria aceitada”, como grafica un diputado la influencia que ejerce el actual presidente del partido sobre los militantes. Aun cuando los resultados de las últimas parlamentarias no fueron auspiciosos, el triunfo de las dos senadurías en Santiago y el aumento en 3 diputados aplacó las derrotas en la Región de Los Lagos, Biobío Cordillera y Costa.

Otro parlamentario apunta que “no tenemos nada contra la figura de Allamand, pero la dupla con Carlos Larraín sería explosiva, porque la bancada más joven no quiere más ese viejo estilo de conducción. En ese escenario, lo más probable es que surja una lista paralela, o muchos simplemente pueden tomar el camino de renunciar al partido y formar un nuevo referente como lo fue Evópoli en su momento”. En esa línea, mencionan el triunfo de Felipe Kast como un ejemplo de que “ya no es un pecado” no tener partido y que “el precio de la división bajó”, más aún cuando los diputados ya fueron elegidos y en teoría, no necesitan del apoyo financiero del partido dentro de los próximos cuatro años.

¿UNA NUEVA DERECHA?

De cara a la segunda vuelta de diciembre, las voces de la Alianza piden a gritos un cambio de estilo y de discurso de la candidata Evelyn Matthei. “Se necesita un cambio de switch total, dejar de lado el discurso confrontacional y agresivo y volverse más amable, menos severa”, comenta un parlamentario de RN. No sólo para atraer nuevos electores, sino pensando en sentar las bases de lo que viene para este sector, una redefinición profunda del proyecto que ofrecen al país, a la luz de los pálidos resultados electorales.

–Me impresionan las caras de fiesta que hay en el comando –comentó a CIPER el domingo un militante UDI– cuando la realidad es que los resultados fueron malos y cuanto antes hagamos la autocrítica, mejor.

Felipe Kast, junto a Hernán Larraín e Ignacio Rivadeneira, es el único Evópoli que estará en el Congreso.

En este punto, emergen las dos almas de la Alianza. En la UDI hay quienes aseguran que esta nueva elección es una oportunidad para marcar el proyecto de continuidad con el gobierno de Piñera y no de abrirse a la conquista a un centro político cada vez mas diluido. “Con Piñera no ganamos en clave política, sino en clave social, pero la gente tiene que saber qué ofrecemos acá”. Otro parlamentario apunta al contenido de la campaña: “Un 7 para Chile no habla de un proyecto, es sinónimo de eficiencia, pero eso ya no convoca. Tenemos que ser más concretos con lo que vamos a plantear”.

En una postura más transversal a los dos partidos están quienes sostienen que “tenemos que hacernos cargo y asumir el brutal descontento que se expresa con el mundo político, tenemos que ser más directos con nuestras propuestas y asumir las responsabilidades que correspondan, no eludirlas porque así nos vamos a quedar empantanados”.

En medio de este proceso, la llamada “nueva derecha” comienza a incomodar a algunos. Precisamente ese mismo nombre era el que le había puesto el senador RN Francisco Chahuán al libro que viene escribiendo desde hace un año y medio y en el que intenta dar cuenta de las profundas transformaciones experimentadas en Chile.

–En 2011 se produjo un quiebre de crisis institucional, acompañado de un empoderamiento ciudadano, que generó un cambio en las expectativas, con una ciudadanía más demandante. La tesis de mi libro es que la derecha no fue capaz de generar una visión en base a sus principios. Y eso se tradujo en que frente a las consignas de la izquierda no hubo posibilidad de contrastarlas con la acción política eficaz y oportuna del gobierno. Las consignas de la izquierda fueron generando un cambio de eje y ese es el mayor tema que la Alianza deberá enfrentar ahora–, reseña Chahuán.

Su visión se enfrenta abiertamente con la de los defensores del modelo económico que se aglutinan principalmente en la UDI, como el histórico dirigente Gonzalo Cordero.

–La centroderecha en Chile, cualquiera sean los partidos en que se articule, debe tener una opción de defender, sostener, impulsar nuestro modelo de desarrollo, un modelo de economía libre, de valoración del emprendimiento y de las libertades individuales que debe ser muy fuerte, nítido y claro, y que no lo ha tenido en los últimos años y eso ha hecho que más que un problema electoral para la derecha se trate de un problema cultural–, dijo Cordero al diario Pulso (ver entrevista).

GENERACIÓN DE RECAMBIO

Ese choque de posiciones estará presente en los próximos meses en la Alianza y marcará el futuro del sector, independientemente de los resultados de la segunda vuelta. Todos apuestan a que la discusión se torne más intensa, especialmente con el recambio generacional de los hijos de los dirigentes de la derecha, como el Horizontal Hernán Larraín Matte, quien desde ese think tank intenta establecer una plataforma de ideas y de políticas públicas, en una convergencia desde el mundo liberal de centroderecha al mundo liberal de centro y eventualmente al sector que podría escindirse de la Nueva Mayoría, si Michelle Bachelet realiza un giro hacia al estatismo, según indican a CIPER en ese centro de estudio.

“Hay muchos jóvenes del gobierno de Piñera que no quieren volver a la Bolsa, si no mantenerse en el mundo público”, aseguran en Horizontal, centro en el trabajan solo ocho personas y que proyecta, en un eventual gobierno de Bachelet, realizar estudios respecto de temas estratégicos, como son las reformas que ha levantado la Nueva Mayoría.

Parte de esos sectores liberales, representado en Evolución Política (Evópoli) por su líder Felipe Kast, han tomado el pulso a la radiografía del nuevo Chile a partir de las últimas encuestas con especial interés. Y advierten que es indispensable realizar un giro en cómo la derecha se aproxima a esos cambios. Ya la última encuesta del CEP reveló que un 86% de los encuestados está de acuerdo con la protección a los consumidores; un 85% con reducir la diferencia de ingresos; un 83% con la nacionalización del cobre; y un 36% con el matrimonio entre parejas del mismo sexo (ver lámina).

La victoria de Felipe Kast sobre la UDI Mónica Zalaquett activó a la generación que busca posicionar a una nueva derecha.

El sondeo a jóvenes de la Universidad Diego Portales revela que el 64% está de acuerdo con el matrimonio igualitario y el 79% con legalizar el consumo de la marihuana. Es precisamente en estos últimos temas donde la candidata presidencial de la Alianza aparece más distante de la opinión de la ciudadanía. Para algunos analistas de su sector, tal distanciamiento no sería real, sino más bien se trata de imperiosa necesidad de amarrar el hasta ahora huidizo voto duro de la derecha. “Si nosotros aceptáramos el matrimonio homosexual, ¿tendríamos que aceptar que dos mujeres convivan con un hombre y se casen los tres? Tengo amigos homosexuales, todo el respeto y el cariño para ellos, si quieren tener un nuevo estado lo tendrán. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer”, fue la categórica respuesta de Matthei en una de sus últimas performances televisivas en el programa de Las Caras de La Moneda conducido por Mario Kreutzberger.

Los sondeos de opinión desde hace años venían evidenciando las transformaciones asumidas en el ideario colectivo de los chilenos, que se ha visto impactado por los escándalos de la colusión de las farmacias, del lucro en las universidades y del abuso del retail, frente a un Estado condescendiente frente al poder de los grupos económicos.  Por lo mismo, quienes ven en peligro la continuidad de la Alianza ante el rumbo que está teniendo la población, plantean la necesidad de que ese sector tome las banderas de los “progresistas sociales” para terminar con la verdadera vergüenza moral de la distribución en Chile y ser capaces así de generar mayor igualdad de oportunidades, dejando atrás la vetusta discusión de libertad versus igualdad. “Debemos establecer regulaciones en un sistema de libertades, de manera de disminuir la sensación de abusos y desprotección que se ha ido instalando en la sociedad chilena. Ese nudo debe ser resuelto y será tarea de la derecha hacerse cargo”, advierte el senador Francisco Chahuán.

En Evópoli la lectura que hacen es diametralmente distinta, pues consideran que no se ha agotado el modelo, sino una generación que fue incapaz de evolucionar y profundizar un proyecto político, que pudiera mantenerse en el tiempo y no ser solo un paréntesis de cuatro años. “Piñera tuvo en sus manos proyectar lo realizado, pero por responsabilidades compartidas del propio Presidente y de dos partidos sin cultura interna que le hicieron la vida imposible al gobierno, ello no ocurrió”, es la conclusión de los jóvenes líderes de la derecha.

Este último escenario es desestimado por el diputado UDI Javier Macaya, quien sostiene que es “una lógica equivocada ningunear la labor que por décadas ha tenido RN y la UDI. Obviamente el recambio generacional es positivo, pero no deben existir vetos para nadie: ni a jóvenes ni a militantes de trayectoria”.

Empresarios ligados al piñerismo agregan su visión al afirmar que mientras Chile cambió, algunos partidos como la UDI y el sector que comanda el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se mantienen agarrados a un ideario que ya no les permitirá volver al poder.

CIPER conversó con un hombre de negocio y amigo de Sebastián Piñera, quien confía en que el mandatario podría posicionarse como la carta post Bachelet, pero para eso no necesitaría de RN, ni de la UDI, ni tampoco de una nueva fundación o partido. “Sólo debe esperar en Apoquindo 3000 (edificio donde Piñera tiene sus oficinas privadas) a que pasen los cuatro años de Bachelet, y seguramente llegarán en peregrinación a pedirle que vuelva a apostar por la empresa que más lo ha motivado en estos últimos años”, afirma.

Las elecciones parlamentarias reacomodaron el naipe de poder de la derecha chilena.

Sin embargo, no todos en el círculo de amigos de Piñera opinan lo mismo. Otro empresario que tiene una gran cercanía con el mandatario discrepa en que deba esperar pasivamente en sus oficinas y levanta la tesis de la conformación de un nuevo referente político. Esto porque el Presidente ya habría realizado “la sepultura de la derecha tradicional” en septiembre, cuando se distanció de su sector y acuñó el término “cómplices pasivos”, cerró el Penal Cordillera y trasladó a los militares violadores de derechos humanos a Punta Peuco. Al dar ese paso, rompió con la derecha tradicional y se anotó en la historia de Chile como el primer Presidente de la Alianza que reconocía una verdad escondida por generaciones, añade el estrecho amigo del mandatario.

No entiende cómo los símbolos partidistas, al menos de Renovación Nacional, aún se mantienen vigentes, rememorando al jarpismo de inicio de los ´90 y que, a su juicio, no identifican al nuevo electorado. Se requiere de un “referente fresco” que esté dispuesto a votar nuevamente por Piñera, porque la derecha conservadora no volverá a hacerlo, añade.

MATAR AL PADRE

Para el coordinador de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrolo, José Francisco García, la “nueva derecha” instaló la idea de un proyecto de renovación, pero más ligado a la edad, por lo que sería inviable que Sebastián Piñera pudiera liderarlo. Y aunque admite que el jefe de Estado entregó un legado a la centroderecha, a través de una mirada progresista en estos cuatro años de gobierno, el desafío de las nuevas generaciones implicará –en términos freudianos– matar al padre. Ello, sin duda, significa levantar una candidatura propia que se oponga a la de Piñera y al menos competirle testimonialmente en las primarias del sector.

José Francisco García.

La nómina de los Edipos es extensa y –de acuerdo a dirigentes de la UDI– ésta podría ir desde el diputado de ese partido Ernesto Silva al representante y candidato de Evópoli por Santiago, Felipe Kast. Para este independiente que fue ministro de Estado y luego se desempeñó como delegado presidencial para los campamentos que ocupaban los damnificados del terremoto de febrero de 2010, esa posibilidad es un hecho de la causa después de haber aplastado electoralmente a la diputada UDI Mónica Zalaquett. Hoy el economista de 36 años se transformó en un gran ganador, en medio de un escenario adverso, donde fue capaz de levantar un movimiento y sin partido. Por lo mismo, algunos en el sector miran a Evópoli como la posibilidad cierta de transformarse en una colectividad más de la Alianza, aunque hay otros que plantean que le será difícil pues Kast fue el único de los seis candidatos que resultó electo, de manera que es cosa de meses para que comprenda que deberá incorporarse a un comité de bancada. Y lo más probable es que Renovación Nacional sea su opción final, considerando que el cupo le fue entregado por el partido de Carlos Larraín.

EL ARTICULADOR

El rol que desempeñará Andrés Allamand en el Congreso ya es un hecho y estará determinado por la salida de históricos dirigentes de la Alianza que hicieron las veces de articuladores con la oposición.  Lo que está por verse es si le permitirán capitanear Renovación Nacional, tienda en la que Carlos Larraín pasaría a tener un rol secundario, aunque no alejado del mecenazgo que durante su administración y antes también, ha ejercido.

Andrés Allamand se proyecta como uno de los nombres para suceder a Carlos Larraín en la presidencia de RN.

La victoria de Allamand sobre Zalaquett frenó este domingo 17 de noviembre que los liberales se apoderaran de RN, en la repetición del mismo sueño que mantuvo unida a la noventera Patrulla Juvenil, integrada por Matthei, Alberto Espina, Piñera y Allamand. Aunque 20 años después, la rueda de la fortuna nuevamente podría sorprender a algunos en RN que esperan que Cristián y Nicolás Monckeberg, José Manuel Edwards, Pedro Browne y Karla Rubilar se tomen el partido, ya libre de las ataduras del pasado y con una visión distinta para el futuro.

Quienes querían jubilar a Allamand –por, entre otras cosas, no atreverse a decir dictadura en los foros– y a Carlos Larraín, ven con buenos ojos también a Lily Pérez, como una carta adecuada que podría congregar a parte del sector liberal.

EMPRESARIOS: “BACHELET NO ES EVO”

Mientras la derecha realiza todo tipo de cálculo electoral de cómo remontar en la segunda vuelta, los empresarios también sacan sus cuentas y se aproximan a cómo sería el nuevo gobierno y al binomio que más le preocupa: estabilidad y crecimiento económico. El presidente de Celfin-Capital y amigo de Piñera, Jorge Errázuriz, afirma sin remilgos que si Michelle Bachelet regresa a La Moneda, el país no variará demasiado.

Jorge Errázuriz.

“Aquí no pasará nada que ya no hayamos visto. A La Moneda no llegará Evo Morales, ni tampoco se producirá una sensación de inestabilidad. Bachelet no es una outsider. No va a desarmar el país. En materia parlamentaria, la Nueva Mayoría tendrá mayoría, pero ésta no será abrumadora y las transformaciones que se hagan en el país deberán ser con acuerdos de los distintos sectores”, dijo a CIPER.

Lo que sí llama Errázuriz al próximo gobierno es “a evitar exacerbar el odio, pues lo que nos ocurrió en los años 70 con la demonización del otro fue muy grave y no puede volver a repetirse”.

El empresario no ve problemas en la eventual subida de impuestos para las empresas, de 20% a 25%, siempre y cuando ese aumento no afecte la inversión. “Es un tema en que nos podemos poner de acuerdo, pero el futuro gobierno deberá identificar qué es lo que persigue con la subida de los impuestos y explicitarlo”. Y es en ese punto precisamente en el que Errázuriz insiste en su temor que ya evidenció en julio a CIPER: “Ya no se habla de expropiarte la casa, los campos o la industria, sino la propuesta de la izquierda quiere expropiar los flujos, a través de los impuestos” (ver entrevista).

PÉRDIDA DE PARLAMENTARIOS

Mientras los análisis sobre el eventual control de daños se desatan en las filas de la derecha, el esfuerzo de esta nueva fase de la campaña se concentrará en apuntalar las regiones donde Evelyn Matthei resultó perdedora. Cada parlamentario electo asumirá un rol destacado en esta segunda vuelta. Y ya sin la camisa de fuerza de las parlamentarias, en el comando esperan que puedan volcarse a la campaña presidencial.

La pérdida de 9 diputados en la UDI impactó al gremialismo, pues es la primera vez desde 1989 en que declinó su ascendente curva electoral. Ese año tuvo 11 escaños en la Cámara Baja y en la elección de 2009 consiguió 38 diputados, convirtiéndose en la bancada con mayor número de representantes. En marzo tendrá 29. En el Senado, la UDI partió con dos y en 2010 llegó a tener ocho senadores, el mismo número que mantiene hoy.

RN, en cambio, ha tenido una suerte distinta, pues partió con 29 diputados, pero en 2009 solo obtuvo 18. Contando a Felipe Kast, hoy tendría 20 diputados y si Antonio Horvath no se aleja de RN se mantendrá con 8 senadores. El panorama de la derecha comenzará a resolverse a partir del 15 de diciembre, cuando las directivas de sus dos partidos concluyan la evaluación del proceso electoral. Y lo más seguro es que luego del balotaje tengan que empezar a planear lo que harán como oposición a la Nueva Mayoría.

“Yo vengo llegando de vacaciones. No sé si mis colegas han estado conversando de la elección del presidente. No tengo conocimiento en lo absoluto de que alguien estuviera pensando en que no se siguiera el curso de la antigüedad en esta oportunidad. No obstante que el ministro que sigue, don Sergio Muñoz, es un hombre muy joven que tiene todavía muchos años para acceder a la presidencia”. La respuesta sobre el futuro del más probable magistrado que encabezará la Corte Suprema durante 2014 y 2015 la hizo a CIPER el actual presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros. A sólo días del pleno que deberá elegir al futuro presidente –fijado para el miércoles 18 de diciembre- sus dichos evidencian la incógnita que circula soterradamente por los pasillos de los tribunales respecto de quién será, finalmente, el hombre que conducirá la Corte Suprema en los decisivos dos años que vienen.

Si bien la decisión ha respondido históricamente a criterios de antigüedad, las palabras de Ballesteros indican que existe la posibilidad de que, en completa reserva, haya quienes estén  barajando una alternativa diferente a la del ministro Muñoz. Porque lo que todos tienen claro es que esta elección no será una más. El próximo presidente no tendrá solo que bregar por la autonomía económica del Poder Judicial, un objetivo institucional de años, sino que el inicio de su gestión coincidirá exactamente con la partida de un nuevo gobierno. Si tal cual se pronostica Michelle Bachelet es electa Presidenta el 15 de diciembre, tres días más tarde el pleno de la Suprema deberá elegir al hombre que deberá enfrentar desde el Poder Judicial los numerosos y sustantivos cambios que la candidata ya ha anunciado en materias tributaria, educacional, constitucional y de regulación. A ello habría que agregar la solución que el empresariado exige para el incremento de la judicialización de los conflictos en materia de energía y de Isapres, y que han convertido a los tribunales en un actor clave en los cuestionamientos al sistema.

El 18 de diciembre los ministros de la Suprema elegen al sucesor de Ballesteros (Dir. de com. Poder Judicial).

Luego de que el ministro Nibaldo Segura anunciara que por razones estrictamente personales no está disponible para asumir la presidencia de la Suprema, por antigüedad esa designación le corresponde al ministro Sergio Muñoz (56 años), quien llegó en 2005 al  máximo tribunal como el ministro más joven de su historia. No fue un ascenso sorpresivo. Su fama de juez implacable la forjó como investigador al resolver el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, construir el prontuario financiero de Augusto Pinochet sobre la base de una metodología investigativa pocas veces vista en el Poder Judicial, develar las mentiras de Gemita Bueno en el Caso Spiniak y construir la nueva cara de los Tribunales de Justicia con cambios informáticos y de gestión.

Precisamente por esas características hay quienes creen que la decisión estratégica sería postergar la llegada de Sergio Muñoz en dos años y dejar que otro ministro, menos convencido de la necesidad de ejecutar grandes cambios, asuma la presidencia en enero de 2014.

El nombre de reemplazo que hasta ahora circula es el del magistrado Hugo Dolmestch, actual vocero de la Corte Suprema y a quien le correspondería la presidencia en el período siguiente. Nombrado bajo el gobierno de Michele Bachelet, masón y con amplios contactos en el mundo político y judicial,  la figura de Dolmestch emerge como un presidenciable para los detractores de Sergio Muñoz por sus habilidades políticas y su propensión al diálogo. Una opción que sus más cercanos rechazan de plano porque aseguran que él “nunca marcaría su nombre en la papeleta”:

-Dolmestch cree fielmente en la antigüedad del Poder Judicial y está convencido que Sergio Muñoz debe ser el futuro presidente de la Corte Suprema -afirma un ministro de la corte que ha conversado con él sobre su futuro.

La decisión está en manos de los 19 jueces que componen el máximo tribunal, y podría aumentar a 20 si el Presidente Sebastián Piñera logra destrabar en estos días en el Senado una de las dos designaciones pendientes de ministros de la Suprema. El nombre del juez Carlos Aránguiz ha sido la insistente carta de La Moneda, pero la oposición lo rechazó argumentando que el gobierno, luego de conseguir apoyo transversal para elegir a la ministra Gloria Ana Chevesich en agosto pasado, se había comprometido a nombrar esta vez al ministro Carlos Cerda, quien ha sido vetado en reiteradas ocasiones por la derecha por su rol de investigador de violaciones a los derechos humanos desde los tiempos de la dictadura (fue el primer juez que condenó a la plana mayor de la FACH por su responsabilidad en los crímenes del Comando Conjunto en 1986) y en el juicio por la fortuna secreta de Pinochet.

Hugo Dolmestch es otra opción para presidir la Suprema.

A diferencia de otras elecciones en la Corte Suprema, esta vez los alineamientos políticos están bastante desdibujados. Por lo mismo, las decisiones del máximo tribunal pueden ser impredecibles. De hecho, a pesar de que hay 10 ministros designados bajo la administración de Michelle Bachelet (Piñera designó a cinco), es evidente que no todos ellos adscriben a una postura de centro-izquierda. De los 19 ministros, en los tribunales se identifica sólo a siete de ellos como claramente alineados con una visión de centro derecha. La foto de la actual Corte Suprema da cuenta de la renovación del máximo tribunal, una radiografía que dista mucho de los tribunales cooptados ideológicamente por el ex ministro de Pinochet, Hugo Rosende.

Fue durante el gobierno de Eduardo Frei cuando su entonces ministra de Justicia Soledad Alvear generó un significativo recambio de los rostros de la Corte Suprema, aumentando en cinco los sillones del pleno con abogados externos, los que llegaron a darle nuevos aires a una institución anquilosada.

DE TALCA A “SÚPER MINISTRO”

Sergio Muñoz partió su carrera en 1982 como oficial en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso y se mantuvo por casi toda esa década en distintos puestos en la magistratura de la Quinta Región, después de haberse titulado de abogado en la Universidad Católica porteña. Uno de sus profesores fue Pedro Pierry, también ministro y con quien comparte actualmente sala en la Corte Suprema. A fines de 1989, Muñoz  se desempeñó como relator interino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y apenas dos meses antes que Pinochet debiera entregar la banda presidencial a Aylwin, se trasladó a Santiago como relator titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel. A esa altura, su carrera meteórica comenzaba a mostrar las primeras señales de lo lejos que llegaría.

Hasta 2032 estará Sergio Muñoz en la Suprema (Fuente: Dir. de com. Poder Judicial).

En julio de 1994 ascendió a juez del 12º Juzgado del Crimen de Santiago y en un tiempo récord llegó a la Corte Suprema como relator (1996-1998). En diciembre de 1998, bajo el gobierno de Eduardo Frei y con apenas 41 años, fue designado miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En esos años, su carácter introvertido y su actuar acucioso y tenaz empezaron a dejar su impronta en juicios de derechos humanos de alta connotación pública. En solo tres años logró lo que su colega Sergio Valenzuela Patiño no hizo en 17 años: resolver el crimen de Tucapel Jiménez, ejecutado el 25 de febrero de 1982 por el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, condenado a presidio perpetuo en el penal de Punta Peuco; dictar 12 condenas a los máximos mandos y agentes de la DINE y CNI; y reconstituir el organigrama de la CNI. Precisamente, es esa investigación de la estructura represiva la que le permitió con posterioridad armar el rompecabezas de otros crímenes. En 2002, se hizo cargo de 20 investigaciones de derechos humanos y los medios de comunicación lo comenzaron a llamar “el súper ministro”.

No sorprendió a nadie que en 2005 Sergio Muñoz diera el salto que le faltaba y llegara a la Corte Suprema. Entre sus pares, Muñoz es sindicado como un juez extremadamente independiente, trabajólico e imparcial y con una gran capacidad investigativa que lo llevó a carear simultáneamente a 20 implicados en el asesinato de Tucapel Jiménez, a quienes fotografió y grabó durante el procedimiento. Modus operandi con el que debutó en un poder que a fines de 1999 aún no lograba sacarse la carga de responsabilidad por las graves acciones y omisiones cometidas durante la dictadura de Pinochet.

Estricto, riguroso, llega a ser antipático al rechazar a los abogados que intentan abordarlo por algún juicio que está dirimiéndose en su sala. Pero si se le pide la opinión a quienes han sido condenados por sus investigaciones, habrá sorpresas. Todos coinciden en su trato humano. Así logró desarmar a Gemita Bueno. Y es que una de las estrategias de Muñoz es conocer cada punto débil de los hombres y mujeres que investigaba. La misma rigurosidad aplica en el control de tareas en tribunales. Por eso no son pocos los que temen su forma frontal de abordar los errores y deficiencias.

En lo que todos coinciden en que es ha sido uno de los pocos ministros que ha asumido con una persistencia a toda prueba la introducción de nuevas herramientas digitales para el control de tareas. Por ejemplo, al crearse recientemente la Dirección de Asuntos Internacionales, Muñoz anunció que con un sistema informático se hará un efectivo cumplimiento de los convenios suscritos en el exterior por el Poder Judicial, como las peticiones de extradición, órdenes de aprehensión o exhortos que presentan una demora injustificada en su tramitación.

Como presidente de la Tercera Sala (Constitucional) de la Suprema, Muñoz ha jugado un rol clave en dictámenes tales como el que instruyó a las Isapres no subir los planes de salud pues dicha determinación resultaría “arbitraria”. La resolución de los ministros Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia, provocó una dura reacción en la Asociación de Isapres, cuyos directivos no podían entender cómo después de más de tres décadas se ponía en cuestión un mecanismo usual de esas instituciones privadas.

“La materia sometida al conocimiento de los tribunales con motivo del ejercicio de la acción constitucional de protección dice relación con un contrato de salud previsional celebrado entre un cotizante y una Institución de Salud Previsional. Es en relación con ese contrato de salud que se ha declarado que el alza anual efectuada unilateralmente por la isapre vulnera las garantías constitucionales del afiliado, de modo que, según se ha dicho, tal proceder resulta arbitrario”, sentencia el fallo.

JUDICIALIZACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS

Con el término del mandato del ministro Rubén Ballesteros, y el  virtual aterrizaje del ministro Sergio Muñoz a la presidencia de la Corte Suprema, se sucederán una serie de cambios en la composición de las cuatro salas que integran los 19 magistrados con un consiguiente reordenamiento de sus miembros. Es así como Ballesteros deberá volver a ocupar una de esas instancias, al mismo tiempo que Muñoz dejará de presidir la Sala Constitucional.

Desde que llegó a la Suprema, el 6 de septiembre de 2005, Rubén Ballesteros fue miembro de la Sala Penal, donde se dirimen los juicios de derechos humanos. Como esa sala está completa, Ballesteros no podrá reintegrarse a ella: “Habría una vacante en la Tercera Sala, la Constitucional; y en la Cuarta Sala, la Laboral y de Familia. Pero es una cuestión que tendré que resolver en la última semana de diciembre. Por ahora estamos reflexionando”, dijo el actual presidente a CIPER.

La judicialización de los proyectos energéticos ha generado críticas en el sector empresarial

La salida de Muñoz de la presidencia de la Sala Constitucional y su reemplazo es mirada con expectación. Podría marcar un cambio de rumbo respecto de sus decisiones que han tenido como consecuencia la paralización de varios proyectos eléctricos, generando críticas en el sector empresarial. Hasta ahora, la sala que preside Muñoz, quien redacta personalmente la mayoría de los fallos, ha sentado jurisprudencia en varias investigaciones, como el fallo de la termoeléctrica de la Central Castilla, que invitó a las partes a una conciliación en circunstancias que hasta ese momento nunca se las había llamado a negociar durante la tramitación de un recurso de protección.

La alegría de los pescadores y habitantes de la localidad de Totoral, en la Región de Atacama, fue explícita cuando se enteraron que la Corte Suprema había acogido su recurso contra la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó la construcción de un puerto y la central Castilla. Así, el fallo paralizó una inversión que ascendía a US$5.000 millones.

La preocupación de las compañías eléctricas por los fallos adversos en tribunales quedó plasmada en una nota de El Mercurio en la que se advierte: “La Justicia bloquea el 24% de la energía aprobada en los últimos cuatro años” (ver nota). En el artículo publicado el 21 de noviembre de 2013, se hace mención a que la votación de la Corte Suprema que paralizó la construcción de la central Punta Alcalde ratifica la incidencia que “han ido ganando los tribunales de justicia sobre el destino de los proyectos eléctricos en el país”.

APUESTAS PARA EL CAMBIO EN LA TERCERA SALA

El actuar de la Sala Constitucional no es solo foco de controversia en los círculos ambientales y empresariales, sino también en la misma corte, que se divide en torno a la llamada judicialización de los proyectos eléctricos. Éste fue uno de los temas principales de la XVI Jornada de Reflexión realizada entre el 17 y 20 de octubre de este año en Castro, oportunidad en que Ballesteros encargó al ministro Hugo Dolmestch y a la Corporación de Estudios de la Corte Suprema un análisis sobre esta materia, y se invitó a juristas como Jorge Correa Sutil y Gastón Gómez, además del sociólogo Manuel Antonio Garretón, para que expusieran sus puntos de vista.

-Este periodo estuvo signado por la judicialización de proyectos ambientales, pero creo que seguiremos teniendo este enfrentamiento entre la sociedad civil que recurre a los tribunales para paralizarlos. Quisiéramos que los problemas que están llegando por distintas redes sociales de distintos pueblos de Chile se resolvieran a través de la acción de los organismos que el Estado tiene. Sin embargo, mientras dichos órganos no tengan la adhesión, la confianza y la gente no los acepte, nosotros vamos a seguir recibiendo esos recursos y resolviendo, porque estamos obligados por disposición del Código Orgánico de Tribunales y por la Constitución Política de la Republica a resolver los asuntos que se presenten, aunque no haya ley que resuelva el asunto -indicó Ballesteros a CIPER.

Para el ministro Patricio Valdés, en cambio, “el Poder Judicial no puede cogobernar y los poderes del Estado tienen todos diferentes funciones”. Este ministro, que entre 1975 y 1979 fue gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril y que ingresó como abogado externo a la Corte en octubre de 2006, es enfático en señalar que las investigaciones de causas medioambientales, que en la práctica están paralizando el desarrollo del país y que llegan a la Tercera Sala, “deben ser analizados en su justo mérito”.

Rubén Ballesteros dejará la presidencia de la corte suprema durante la primera semana de enero de 2014.

La opinión del ministro Valdés es recogida en parte por las críticas del sector privado en áreas mineras y de energía las que se centraron en el rol preponderante alcanzado por el ministro Sergio Muñoz en los fallos que les eran adversos en la Sala Constitucional. Según sus detractores, el juez se ha convertido en el “artífice de una nueva forma de entender las leyes del rubro”, dejando en entredicho la estructura actual basada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) (ver nota de La Tercera).

En esta discusión, el presidente de la Suprema, Rubén Ballesteros, es categórico y defiende lo realizado por Muñoz: “La obligación del juez es de una drasticidad tremenda. Por ningún motivo puede un juez negarse a resolver un asunto y lo debe hacer conforme a los conocimientos que tiene, a la experiencia y a principios generales de derecho que están algunos escritos y otros no escritos”.

En ese contexto, la pregunta que se hacen muchos en los tribunales es si la llegada de Muñoz a la presidencia podría inhibir su protagonismo en materias jurisdiccionales, obligándolo a dejar de reinterpretar la forma de ejercer el derecho en el país. Si para algunos lo anterior es una incógnita por resolver, para la mayoría de los ministros de la Suprema esa no es una disyuntiva. Así lo expresó a CIPER el ministro Lamberto Cisternas, quien afirmó que los temas ambientales responden a decisiones propias de un tribunal, como acoger o rechazar recursos de protección o casaciones (trámite con el se busca buscan anular una sentencia judicial); pero en ningún caso corresponden a un desafío que debe resolver el presidente de la Corte: “Él debe abocarse fundamentalmente a la labor de gobierno, de  coordinación. Y es la Sala Constitucional la que debe estudiar los antecedentes en esas materias”.

Para el ex presidente de la Suprema y actual presidente de la Sala Penal, Milton Juica, el plan estratégico del Poder Judicial que concluye en 2015 es la “hoja de ruta que los presidentes deben seguir naturalmente con asentimiento de la Corte Suprema, porque él es su representante y ejecutor de lo que decida el máximo tribunal. Pese a tener mucha autonomía en varios aspectos, él es la voz  de la Corte Suprema”.

Mientras La Moneda insiste en nombrar a Aránguiz, la oposición apoya a Cerda para llegar a la Suprema.

Si el ministro Muñoz es elegido presidente, como todo lo indica, debería por tanto y a pesar de su conocido perfil díscolo, navegar con el timón de la Suprema de acuerdo a una hoja de ruta muy bien delineada. Pero todos saben que Muñoz no llegará a la presidencia para marcar el paso. Cambios habrá, innovaciones también y nuevas exigencias para todos. Para ello cuenta con una experiencia que pocos tienen en el manejo interno, la que profundizó en su paso por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en el Tribunal Calificador de Elecciones, entidad que presidió entre 2008 y 2012. Y también con un ritmo que pocos pueden seguir, lo que grafica su imbatible récord de eficiencia, una característica que es ratificada por su colega, el ministro Juan Araya:

-Al ministro Sergio Muñoz le corresponde y se merece con creces asumir la presidencia de la Corte Suprema. Él será un gran presidente pues tiene una gran capacidad de trabajo e inteligencia, además de un gran sentido de la justicia.

El entusiasmo del ministro Araya por la casi segura llegada de Sergio Muñoz a la presidencia fue ratificado por otros ministros a CIPER sin que entregaran mayores argumentos. Aunque también fueron varios los que dijeron que no habría ningún trauma si esta vez no se respeta la antigüedad.

-En relación a las presidencias, nunca ha sido traumatizante el tema. Hay una secuencia histórica y tradicional de que asume la presidencia el más antiguo. En muy pocas oportunidades ha sido modificado, no por vetos, sino porque ha habido personas que anticipadamente han manifestado que no están en condiciones de asumir ese cargo -dijo Milton Juica.

Este es precisamente el caso, pues el ministro Segura ha depuesto su opción por antigüedad, lo que dejó el campo libre para que se eligiera a Muñoz, pero con algún grado de incertidumbre. Así lo grafica el ministro Lamberto Cisternas:

-Para ser bien honrado, en este tema no ha habido conversaciones, entonces no podría decir si alguien tiene antecedentes de otro tipo o si se ha propuesto a otro colega (que no sea Sergio Muñoz). Tal como están las cosas las aguas caminan hacia allá, pero siempre las instituciones tienen un período de conversación, de reflexión y eso no se ha dado. Aquí no son 13 millones de votantes, sino somos bien poquitos, entonces podemos conversar unos días antes. El Código es muy claro en el sentido que el presidente lo eligen los ministros de la Corte, por lo tanto podrán elegir a cualquiera de los ministros.

Ajeno a todos los rumores y conversaciones entre los supremos sobre su destino inmediato, el ministro Sergio Muñoz ha permanecido fuera del país en las últimas dos semanas y seguirá ausente. Hasta el domingo 1 de diciembre estuvo en Colombia representando al Poder Judicial en el seminario “Gobierno y disciplina del juez: un modelo constitucional en expansión”, y el martes 3 volvió a viajar, esta vez a Bolivia, para participar en la reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá lugar en Chile en abril de 2015 y de la que es coordinador nacional. Fiel a su costumbre, ha sido impenetrable a entregar cualquier opinión sobre lo que ocurrirá el miércoles 18 de diciembre. Pero quienes han seguido sus polémicos votos de minoría en el pleno saben que ya tiene su plan de trabajo bien diseñado.

Ver galería de fotos del interior del centro de Sename en Tiltil

A 64 kilómetros de Santiago, justo al lado del Penal de Punta Peuco, separado sólo por un muro de los principales violadores de derechos humanos de la dictadura, se encuentra el centro de reclusión cerrada más moderno del SENAME: el Centro Metropolitano Norte de Tiltil. Allí residen hoy 88 jóvenes cuyos prontuarios hablan de su historial de abandono y violencia. Pero hasta hace sólo días eran 93. Daniel Ballesteros es uno de los cinco jóvenes que faltan. Y ya no regresará más. Fue asesinado a sus 17 años por sus propios compañeros de reclusión al interior del recinto. Por esa razón, otros cuatro jóvenes, a los que se investiga como autores de su muerte, fueron derivados a otros centros del SENAME. Pero hay una sexta persona que ya no está, aún cuando su huella está viva en las conversaciones de los internos. Es Juan Carlos Bustos (50 años), quien fuera su director hasta el jueves 28 de noviembre.

Juan Carlos Bustos con un grupo de jóvenes del Centro del Sename en La Cisterna.

Bustos fue despedido cinco días después del asesinato de Daniel Ballesteros. La muerte de uno de sus “regalones” puso fin a 19 años de una carrera funcionaria impecable. Una hoja de vida de la que todos hablan y alaban. Su tarea no era fácil. Sólo en Tiltil tenía a su cargo a 31 adolescentes condenados por robo con violencia y a otros 17 cumpliendo penas por homicidio. Entre estos últimos, algunos tienen a su haber hasta seis homicidios (ver historial de los jóvenes recluidos en Tiltil).

Daniel Ballesteros, en cambio, era un primerizo en la cancha delictual. Le dieron tres años por un robo con intimidación y en enero, es decir dentro de pocos días, optaría a la libertad condicional y podría volver a su casa en la comuna de Pudahuel, donde lo esperaba ansiosa su madre. Bustos pensaba que lo más seguro es que la obtendría, porque Daniel Ballesteros no sólo era cariñoso y alegre: tenía excelente conducta.

-Era mi regalón… Siempre que llegaba a la “Casa 2”, en la que vivía Daniel, enseguida se me acercaba y me decía: “Director, hagamos un gallito, si yo gano usted me da la libertad”. Nunca me ganó… -cuenta Juan Carlos Bustos, a quien se le llenan lo ojos de lágrimas y debe hacer una larga pausa antes de poder seguir hablando.

Hace solo cinco días –el jueves 28 de noviembre-, Bustos fue llamado por la encargada de personal del SENAME, quien le comunicó que por decisión superior a partir de ese momento se le ponía punto final a su contrato. Lo que Bustos no cuenta es que sus 19 años de trabajo en el SENAME se acaban y sin derecho a indemnización. Se va sin un peso. En estos días, además de refugiarse junto a su mujer e hijos, Juan Carlos ha revisado una y otra vez sus años en el SENAME. Intenta comprender qué hizo tan mal para que sus 19  años de trabajo con excelentes calificaciones terminen así.

En Pudahuel, en su modesta casa, la madre de Daniel Ballesteros busca también comprender. Eliana Pérez todavía no quiere creer que su hijo ya no volverá. Recuerda que tenía plena confianza en Juan Carlos Bustos, al que siempre le decía “¡cuídemelo!”, cuando cada quince días, con gran esfuerzo, se desplazaba hasta Tiltil para visitarlo. No puede entender que ya no escuchará la voz de Daniel, al que llamaba por teléfono cada día. Todo eso terminó al estallar una disputa por un celular que derivó en inaudita violencia.

-Cuando llegó la camioneta hasta mi casa y divisé al director Juan Carlos Bustos, creí que me habían traído de sorpresa a mi hijo… Y no, me venían a avisar de su muerte… Me ha dado mucha pena que lo hayan despedido. Lo llamé para disculparme por el trato que le di cuando me comunicó la noticia… Mi hijo lo quería -dice Eliana Pérez.

Bustos lo sabe. También está al tanto de que el motivo de la riña que culminó con la muerte de Daniel fue un celular, la mercancía que más se trafica en esos recintos de reclusión. El ex director de Tiltil conoce como nadie los secretos de los miedos que copan la vida de esos jóvenes y donde se origina la violencia que los invade en cada recodo. En su juventud quiso ser sacerdote y fue durante tres años seminarista. Cuando supo que ése no era su camino, estudió teatro y fue allí donde descubrió su vocación social al empezar a dar clases de teatro a jóvenes en riesgo social en La Legua. Fue en esa población donde lo reclutaron para trabajar en el SENAME. Corría el año 1994, un año que no olvida ya que a los pocos días de iniciarse en su nuevo trabajo le tocó enterrar a tres jóvenes.

-Yo llegué en 1994 a trabajar a un centro de reclusión del SENAME en San Bernardo. Mi aterrizaje fue turbulento. En los primeros días, unos jóvenes del centro encendieron unos colchones a modo de protesta y terminaron muriendo tres de ellos… En estos 19 años me ha tocado enterrar a unos siete adolescentes, pero Daniel (Ballesteros) es el primero que se muere en un centro donde yo era el encargado. Sí, estuve varias veces por dar un paso al lado. Muchas veces llegaba a casa y hablaba con mi señora, con mis hijos (los dos universitarios, cursando carreras para seguir los pasos de su padre en el servicio público) y les decía que estaba con ganas de dar un paso al lado, que las cosas así como estaban no iban bien. Pero no lo hice, porque quería sacar adelante un proyecto que, a pesar de que yo sabía que tenía un montón de cuestionamientos, igual se había echado a andar. Mire, al final, los que terminan pagando son los jóvenes privados de libertad.  Y eso es lo que te motiva a seguir, para que las cosas funcionen. Era el primero en llegar al centro y el último en retirarme…

CENTRO DE RECLUSION MODELO

La puesta en marcha del Centro Metropolitano Tiltil del SENAME se inició hace exactamente un año, en noviembre de 2012. Pero el diseño del que sería el centro “modelo” de la entidad se gestionó mucho antes, durante la administración del gobierno anterior y continuó bajo la supervisión de la actual ministra Patricia Pérez, cuando ella era subsecretaria de Justicia.

Celdas-habitaciones individuales con baño privado.

Las reuniones se sucedieron cada quince días y en ellas participaron la subsecretaria, el director del SENAME, seremis, abogados del ministerio, directores de centros y otros profesionales para debatir las dificultades que implicaba, por primera vez, dejar en manos de privados, a través de una licitación, la responsabilidad de la intervención de los menores del centro: el proceso de reinserción a cargo de terapeutas, sicólogos, educadores y asistentes sociales, todos los cuales asumen el trato directo y cotidiano con los jóvenes infractores y que debieran ser altamente calificados. Un punto sobre el que ya no había vuelta atrás.

-Al final, así se hizo. A pesar de los reclamos de los funcionarios del SENAME, cuestionamientos que yo también compartía. Pero nosotros sabíamos que poco y nada había que hacer frente a esa decisión política. Lo que quedaba era tomarlo como un desafío y poner una vez más lo mejor de nosotros –reflexiona Bustos.

Finalmente, la licitación determinó que la Corporación de Educación, Rehabilitación y Capacitación (CERCAP) tomara el control del nuevo centro de Tiltil con aproximadamente 70 profesionales que asumieron el área de intervención directa de los menores. Otros privados se instalaron con talleres de oficios y una escuela, los que pronto se transformaron en un centro de atracción para los jóvenes. De los 91 internos que registraba el centro en octubre pasado, 87 estaban matriculados en la escuela con una asistencia promedio de 52 %. “Si bien no tenemos a todos los jóvenes matriculados, estamos muy contentos con los resultados de los que asisten a clases ya que incluso hay jóvenes que rendirán la PSU”, comentó a CIPER, María José Vicencio, directora de la escuela.

Los talleres de oficios -licitados por el Centro de Formación Técnica La Araucana- también tuvieron óptimos resultados. Así, 81 jóvenes que cumplían condena en el centro de Tiltil pudieron capacitarse de lunes a viernes en cursos de Electricidad, Construcción, Soporte de Redes, Gastronomía y Técnicas Aplicadas de Artesanía. Los trabajos alcanzaron pronto un buen nivel de calidad, por lo que comenzaron a recibir pedidos del exterior.

-Los trabajos son pagados. Por ejemplo, toda la señalética del interior de la Clínica Alemana se hizo aquí. Y hay más: la escuela y los talleres se convirtieron en un lugar seguro donde los jóvenes internos se sienten lejos de los miedos que los envuelven en las casas residencia –cuenta Paula, una de las encargadas de talleres del centro.

Los miedos a los que se refiere Paula, y que impregnaban las casas residencia de Tiltil, fueron instalándose sin contrapeso, mostrando que algo importante fallaba en el área clave y la más compleja para la reinserción de estos jóvenes: la de intervención. Allí los problemas comenzaron de inmediato. Los testimonios recogidos por CIPER indican que, en gran medida, los problemas se originaron por la falta de experiencia de algunos de los asistentes sociales, educadores (diurnos y nocturnos) o sicólogos que debían tratar con alrededor de cien chicos con un historial difícil.

Los problemas y los estallidos de violencia se fueron acumulando y quedaron registrados en los informes diarios que recibía la dirección del SENAME. Hasta que el 11 de noviembre, doce días antes de que Daniel Ballesteros fuera asesinado, fue el propio director nacional, Rolando Melo, quien les comunicó a los principales directores de centros que la situación en Tiltil ya no tenía sustento por lo que se procedería a terminar el contrato con todos los operadores externos. Uno de los problemas álgidos que influyó en la decisión fue el hallazgo reiterado de estoques y otras armas hechizas que los jóvenes usaban en sus riñas e incluso para amenazar a un asistente social que trabajaba en Tiltil. El ex director Juan Carlos Bustos supo muy bien lo que estaba ocurriendo.

CIPER conversó a solas con varios de los jóvenes internos.

-Recuerdo que una vez incautamos unos estoques y de inmediato les dije a los encargados de las casas: ¿cómo ustedes no se han dado cuenta que se están fabricando esas armas? ¿Cómo no vieron desaparecer las patas de sillas y marcos de metal de las puertas? Es que el ingenio allá dentro es algo increíble: ¡cómo se las ingenian para hacer sus estoques! Hay internos que son verdaderos herreros y terminan haciendo armas punzantes de cualquier pedazo de metal. Lo más sofisticado que encontramos fue una cuchilla de una maquina de cortar pelo, la que fue soldada con plástico a un palo para usarla como una cortadora de metal –cuenta Juan Carlos Bustos.

La situación de Bustos era delicada. Si bien era el director de Tiltil, no tenía la facultad de ordenar nada a los aproximadamente 70 profesionales que trabajaban en intervención directa con los menores del centro. Para eso tenía un interlocutor: el director técnico nombrado por CERCAP.

Como ese modelo de reinserción en manos de privados no funcionó, el 11 de noviembre se decidió ponerle fin al contrato con CERCAP. Un convenio que se firmó en marzo de 2012, por un monto de $5.984.130.000 y que incluyó la tarea de reinserción para 200 plazas (de jóvenes infractores) durante cinco años.  Al día siguiente de la notificación que hizo Rolando Melo del fin de la intervención y control de centros por entes privados, el 12 de noviembre el SENAME llamó a concurso para proveer 49 vacantes de distintos profesionales para desempeñarse en el centro de Tiltil. Así, la entidad estatal cerró un capítulo que sólo alcanzó a tener un año de vida.

VIVIR Y MORIR EN TILTIL

Al interior del centro “modelo”, que ya no es tal, residen más de 80 jóvenes de los 527 privados de libertad que cumplían sus condenas en centros cerrados del SENAME al 1 de diciembre (otros 547 jóvenes la cumplen en centros semicerrados, a los cuales van sólo a dormir). El perímetro exterior es similar al de cualquier cárcel, con rejas y gendarmes que vigilan y controlan la entrada y salida de los visitantes. Pero al traspasar el ingreso, los gendarmes desaparecen y se abren espacios que en nada se asemejan a las cárceles que conocemos. Pasamos por los modernos e impecables talleres, las habitaciones individuales con baño, la cancha de fútbol, la escuela, la gran piscina (ver galería de fotos). Por su infraestructura y habilitaciones, la única semejanza con otra cárcel es con Punta Peuco, su vecina. La diferencia es que aquí hay jóvenes muy vulnerables que han delinquido y a quienes se debe rehabilitar; al lado, los presos son adultos condenados por torturas reiteradas, entierros clandestinos y varios homicidios en su mayoría.

La conversación con los jóvenes internos en el centro de Tiltil fue a solas, sin la presencia de ninguno de los directores o trabajadores del centro. Lo primero que impresiona es cómo pesa en ellos la incertidumbre sobre lo que viene. La salida del director Juan Carlos Bustos es para todos el inicio de cambios que violentan sus rutinas a un extremo que desconocen. Todos lamentan la salida de Bustos. No se refieren a él con palabras cómplices. Se palpa respeto y se repite una palabra: “El único que nos escuchaba y nos venía a ver”.

Mientras los escuchaba relatar sus historias personales, incluso por qué delitos estaban cumpliendo condenas, fue imposible no pensar en las fotos que sólo horas antes había descubierto en los facebook de ellos mismos y que dan cuenta del complejo clima que se vive allí dentro. Las siguientes fotos pueden parecer chocantes para algunos de nuestros lectores, pero creemos importante mostrarlas (tapando el rostro de los chicos para que no sean reconocidos), porque explican en parte los códigos que se manejan al interior del centro de Tiltil y la falla –o error- en los planes de reinserción aplicados por los organismos externos a los que se les entregó la intervención de los jóvenes internos en Tiltil.

FOTO 1: Fue tomada al interior de una de las celda-habitación de uno de los jóvenes. Atrás, se distingue a tres adolescentes, dos portan grandes estoques de metal con punta y filo. Los portadores de esas “armas” son llamados perros o soldados al servicio de un vivo (líder), rol que cumple el joven que se encuentra al medio de la foto, montado sobre otro interno a quien le mantiene su rostro aprisionado con una toalla y que recibe el nombre de perkins, mientras el vivo hace un gesto con el dedo mayor de su mano derecha. Los perkins suelen ser los jóvenes más vulnerables, de los cuales el vivo y los soldados terminan abusando incluso sexualmente. El vivo, por lo general, nunca aparece como conflictivo delante de los educadores o  interventores, suelen presentar una conducta excelente al punto que, en algunas ocasiones, cuando el interventor tiene poca experiencia, puede llegar a ponerlo como ejemplo ante los otros internos. Es exactamente lo que ocurre con el vivo de la foto: su excelente conducta le valió el beneficio de la salida para continuar sus estudios fuera del centro. Un buen día decidió no regresar y a los pocos días volvió a caer preso por un robo. Hoy está detenido en una cárcel de adultos ya que es mayor de edad.

FOTO 2: También está tomada al interior de una celda-habitación en donde uno de los internos, que hace la función de soldado o perro, porta y enseña de modo amenazante los estoques con los que debe defender al vivo. El código interno indica que el vivo les ordena que sean ellos los que guarden los estoques en sus propias celdas para quedar libres de toda sanción en caso de allanamiento. Los estoques les dan un “estatus” incluso a los llamados perkins, por lo que es común que éstos aprovechen la ocasión para sacarse fotos y así poder enseñarlas a internos de otras casas del mismo centro.

FOTO 3: Este joven era uno de los vivos de Tiltil (fue trasladado). Se fotografió en su celda-habitación con 19 laptop que poco antes había robado junto a otros internos del centro. Uno de sus soldados fue ayudado a escalar por una de las paredes externas de la biblioteca y se introdujo al recinto por un pequeño espacio abierto a modo de ventilación de no más de 30 centímetros de ancho, por donde sacó los laptop. La operación se hizo durante la noche de un sábado. Al día siguiente fueron sacados todos los computadores por las visitas sin que los gendarmes a cargo de la seguridad del recinto detectaran ni uno de ellos. Según los propios internos, este joven era muy temido en Tiltil por su personalidad agresiva y permanente maltrato con sus compañeros. Lo increíble es que él mismo subió esta foto a su facebook.

FOTO 4: La foto también fue tomada al interior de una celda-habitación, en la que se distingue a un joven que enseña billetes por un monto de $300 mil, según relató otro de los internos. El manejo de dinero al interior es otro de los instrumentos para obtener poder. “Con dinero puedes comprar seguridad si eres perro, o encargar cigarrillos, bebidas, ropa, todas cosas que puedes intercambiar a cambio de protección”, contó a CIPER uno de los internos de Tiltil.

Luego de 15 sesiones de trabajo, la Comisión de Ética de la Cámara Baja finalmente falló en contra de la diputada Marta Isasi, acusada por su ex asesor Georgio Carrillo de haber triangulado dineros entregados por la empresa pesquera Corpesca, del grupo Angelini, para financiar una de sus campañas electorales en Iquique, distrito al que la parlamentaria representó desde 2005 y que perdió en la reciente elección de noviembre de 2013. La diputada Isasi fue derrotada en una campaña que estuvo cruzada por las investigaciones que en forma paralela llevaron la Cámara y la justicia a raíz de las denuncias de Carrillo.

Los resultados de la investigación de la Cámara se conocieron este martes 17 de diciembre y consignan que la diputada hizo mal uso de sus asignaciones parlamentarias (el dinero que la Cámara le entrega para financiar sus actividades relacionadas con la labor legislativa, como el arriendo de sedes, el pago de secretarias o la contratación de asesores). La Comisión de Ética de los diputados estableció que Isasi actuó en concomitancia con Georgio Carrillo para contratar personas que recibieron pagos de la Cámara, pero que no efectuaron trabajo alguno para la diputada.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación de la Cámara es que Marta Isasi, al asumir su defensa, acusó que otros seis parlamentarios mantuvieron estrechos vínculos con empresas y organizaciones gremiales del rubro pesquero sin declarar esos nexos. Estos parlamentarios no se inhabilitaron durante la tramitación de la Ley de Pesca y, por el contrario, facilitaron a ejecutivos de esas compañías y representantes de esas organizaciones gremiales participar en las reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara “camuflados” como asesores de parlamentarios.

Una de las irregularidades cometidas por Isasi e investigadas por la Cámara fue que la diputada hizo ingresar a la Comisión de Pesca, cuando se discutían aspectos clave de la ley que regula a ese sector, al entonces subgerente de Gestión y Desarrollo de Corpesca, Ramón Pino Correa. El ejecutivo ingresó como “asesor” de la parlamentaria y su asistencia quedó registrada en uno de los videos de las sesiones de la comisión (vea el video).

Ante la Comisión de Ética la diputada Isasi trató de minimizar la falta y en su defensa arrastró a varios de sus colegas, pues sostuvo que ellos también ingresaron a la Comisión de Pesca a ejecutivos de compañías pesqueras o miembros de organizaciones gremiales que fueron presentados como “asesores parlamentarios”. El fallo de la Comisión de Ética, publicado hoy en la página web de la Cámara de Diputados, consigna que la parlamentaria puntualizó que este tipo de conductas era habitual: “El origen del reproche efectuado no puede fundarse en supuesta vulneración de un proceder antirreglamentario, ni menos antiético o, sobre todo, por alejarse en extremo de la manera normal, tolerada por el propio trabajo parlamentario y adecuada a su realidad, de cómo se permite o incluye a asesores en la tramitación de proyectos diversos, como especialistas, para oírlos todos o cada diputado, o incluso, en este mismo proyecto, por hallarlos personas pertinentes”.

En ese contexto, Isasi sostuvo que existen videos y actas de diferentes sesiones de la Comisión de Pesca donde se evidencia el acompañamiento de estos asesores:

-Hay múltiples casos de representantes de gremios y personas relacionadas con la pesca que acompañaron a los parlamentarios a las sesiones de las diferentes comisiones. Es natural el vínculo de los parlamentarios con sus regiones, zonas y actores relevantes, pues representan intereses y por ello que asistan entes críticos a cada proyecto tampoco debiera permitir sospechar de nadie -, argumentó Isasi en su defensa.

El diputado Jorge Ulloa (a la izquierda) hizo pasar como asesores a Luis Felipe Moncada (Asipes) y Héctor Bacigalupo (Sonapesca).

La diputada individualizó a las personas que participaron en las comisiones como “asesores” y a los diputados que les facilitaron el ingreso. Su reveladora cuenta se inició con el director de la Confepach de Atacama, Juan Morales, quien ingresó como asesor del diputado Alberto Robles (PRSD). La información ya había sido difundida el 18 de junio en una nota de la web de la Radio del Mar, bajo el título “Gerentes de patronales pesqueras participaron como asesores de senadores y diputados en tramitación de Ley de Pesca”.

Isasi sostuvo ante la Comisión de Ética que el senador Antonio Horvarth (RN) permitió el ingreso de Valeria Carvajal, gerente general de la asociación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), y que el senador Fulvio Rossi (PS) hizo lo mismo con el asesor legal de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), Cristián Tapia, organización que dio su apoyo al proyecto de ley impulsado por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

La información entregada a la Comisión de Ética por Isasi también involucró a Alfredo Irarrázabal, gerente general de Pymepes, la asociación gremial de pequeños y medianos empresarios pesqueros de la Región del Biobío, que agrupa a 10 plantas procesadoras que elaboran conservas y productos congelados en Coronel, Talcahuano, Lota  y Concepción. En el caso de Irarrázabal, Isasi no entregó mayor información sobre el parlamentario que posibilitó su ingreso.

El diputado Jorge Ulloa (UDI) también fue mencionado por Isasi. La parlamentaria aseguró que los gerentes generales de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo, respectivamente, ingresaron como “asesores” de Ulloa. De hecho, en el boletín Nº 8.091-21 de la comisión mixta integrada por senadores y diputados que analizaron la Ley de Pesca, se señala que Moncada y Bacigalupo participaron en reuniones realizadas el 11 y 12 de diciembre de 2012 en Valparaíso como “asesores” del diputado Jorge Ulloa, pero no se hace ninguna mención a sus altos cargos en ASIPES y Sonapesca.

De acuerdo con la información proporcionada por Isasi, el diputado Ulloa contó con asesores que conocen muy bien el negocio, pues ASIPES representa a las mayores empresas productoras de congelados, harina y aceite de pescado del país (como Pesquera Camanchaca, Blumar, Seafoods, Congelados del Pacífico, Alimar, Landes y Food Corp., entre otras compañías). Mientras, Sonapesca es -de acuerdo a su página web- “la voz principal de la industria pesquera ante los poderes públicos” y está integrada por empresas armadoras e industrias pesqueras que representan diversos rubros de producción a lo largo del país (como conservas, aceites de pescado, salados, ahumados, surimi y algas). Sonapesca representa, además, a los principales astilleros de naves pesqueras.

Hasta julio de 2013, Moncada se desempeñó como gerente general de Asipes y hoy es el presidente de la misma entidad gremial de la zona centro sur de Chile. El ejecutivo estudió derecho en la Universidad de Concepción y desde 1990 fue gerente de ASIPES, cargo que le permitió intervenir en la tramitación de la Ley General de Pesca y Acuicultura (1991), la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (2001) y la Ley de Pesca aprobada en 2012.

Hasta ahora en el Congreso no existe ningún mecanismo de control que permita chequear si efectivamente una persona que ingresa a una comisión es asesor de un parlamentario o si pertenece a un grupo de interés. De hecho, ambos gerentes generales –Moncada y Bacigalupo- aparecen en otras sesiones no como asesores del diputado Ulloa, sino en representación de sus propias asociaciones.

El último de los diputados involucrados por Isasi es el representante de Arica: Nino Baltolu (UDI). La parlamentaria recordó que en diciembre de 2012 fue reemplazada en la Comisión de Pesca por Baltolu, quien también perdió su escaño en la reciente elección. El diputado por Arica habría posibilitado el ingreso del mismo subgerente de Corpesca que figura como asesor de Isasi: Ramón Pino Correa. Pero Baltolu también agregó en la lista de asesores a otro hombre de confianza de Corpesca: el sindicalista Michel Campillay.

El senador Rossi "camufló" a Cristián Tapia, abogado de la Conapach, como asesor para ingresar a la comisión de pesca.

De acuerdo con una nota publicada por La Tercera el 18 de mayo de 2013, Campillay habría presentado a la diputada con Francisco Mujica, entonces gerente general de Corpesca. Mujica reconoció a CIPER que su empresa había entregado recursos para las campañas electorales de Isasi y de otros parlamentarios (ver el reportaje “Ex asesor de diputada Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”). El artículo de La Tercera, citando fuentes del círculo próximo al ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo, asegura que en el primer encuentro entre la parlamentaria y Mujica, ella pidió a la empresa $ 50 millones. “Ahí, Mujica le habría dicho que sólo le entregaría $ 25 millones y con la condición de que tuviera como asesor ad honórem a Campillay, para que monitoreara los temas vinculados a la industria”, señala una cita reproducida por La Tercera. Campillay es el presidente del Sindicato de Guardieros Base Iquique, de Corpesca.

LA SANCIÓN DE LA CÁMARA

La acusación que enfrenta Isasi reveló por primera vez una de las fórmulas que utiliza el difuso mundo del lobby empresarial y gremial para ejercer presión sobre los parlamentarios, a cambio de entregar aportes al financiamiento de las campañas electorales. En este caso, Corpesca favoreció a una diputada que participó activamente en la comisión legislativa que tramitó la Ley de Pesca, incluso incorporando a la norma indicaciones que favorecían a la industria. El ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dijo a CIPER que no solo aportó dinero a Isasi, sino que a “muchos más” parlamentarios del norte. Sus dichos fueron ratificados el 4 de julio ante la PDI, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Tarapacá, por presunto cohecho y soborno. En esa indagatoria, Mujica reveló la existencia de una suerte de “Frente del Norte”, que integrarían el senador por Iquique, Fulvio Rossi (PS), y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros.

Luego de 15 sesiones, la comisión de ética de la Cámara, presidida por Patricio Vallespín, falló contra Isasi.

Luego de la reveladora entrevista a CIPER, el ex gerente de Corpesca -quien se mantuvo por 14 años en la principal empresa pesquera del Grupo Angelini-, debió abandonar ese puesto, como una forma de detener la controversia generada por los aportes a las campañas políticas. El escándalo fue corroborado por correos electrónicos que daban cuenta de las relaciones “laborales” entre el principal asesor de Isasi, Georgio Carrillo, y la empresa de Francisco Mujica. Corpesca le pagó a Carrillo $25 millones por informes sobre los recursos pesqueros del país, a pesar de que el entonces asesor de Isasi no era especialista en el tema. Carrillo es periodista y quedó demostrado que los informes que “vendió” a Corpesca fueron copiados de documentos solicitados por Marta Isasi a la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto último fue confirmado por las indagaciones realizadas por la Comisión de Ética de la Cámara y en la investigación que desarrolla la fiscalía se recopilaron los mismos antecedentes.

Las dudas respecto de las primeras declaraciones del ex gerente de Corpesca en la investigación judicial hicieron que la Fiscalía de Tarapacá nuevamente lo interrogara el pasado 26 de noviembre. Esta vez, Mujica respondió en Santiago las preguntas formuladas por el fiscal Gonzalo Guerrero. Este quiso precisar los lugares donde se encargaron los trabajos a Carrillo; cómo se concretó la entrega de los informes que fueron plagiados de documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional y los lugares donde se pagaron los tres cheques -por los $25 millones- que recibió Carrillo.

A partir de la investigación de CIPER publicada el 10 de mayo de 2013, la Comisión de Ética abrió un sumario contra Isasi por “falta a los deberes parlamentarios” y “conflicto de intereses”, contenidos en el artículo 5º de la Ley Orgánica del Congreso, que regula temas de probidad. Ambos cargos, en lo central, apuntan al incumplimiento del deber legislativo de imparcialidad y objetividad en las decisiones adoptadas por Isasi y a la administración inadecuada de sus asignaciones parlamentarias.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados acogió por unanimidad el reproche a Isasi de “haber faltado a la ética parlamentaria… en cuanto al uso de recursos públicos recibidos en razón del cargo, en lo que toca a su negligencia en la dirección general de sus asuntos parlamentarios por la responsabilidad que le cabe en la indebida contratación de Johana Gallardo (esposa de Georgio Carrillo), Carolina Bugueño y Pedro Olguín, sin sujeción a una tarea parlamentaria específica”.

Además, la comisión acogió el reparo formulado a la diputada por haber faltado al deber de desempeñar su función parlamentaria con una entrega honesta y leal, al “presentar como sus asesores ante organismos internos de la Corporación, como las Comisiones de Pesca y de Hacienda, a personas empleadas de una empresa pesquera, en circunstancias de que no tenían aquella calidad, conforme a las normas de contratación de personal vigente, y facilitar que se les otorgaran indebidamente credenciales permanentes con tal calidad, lo cual afectó gravemente la razonabilidad e imparcialidad que debe tener en la resolución de los asuntos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones constitucionales, en este caso, la de legislar”.

El ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, declaró por segunda vez ante la fiscalía.

La Comisión de Ética aplicó a la diputada Isasi la medida de censura y una multa equivalente al 10% de su dieta bruta mensual, correspondiente al mes de diciembre de 2013, por las faltas a la ética parlamentaria. Y concluyó que Isasi no dio “un correcto uso a sus asignaciones parlamentarias ni justificó debidamente su inversión, por lo que se ordena el reintegro de la suma de $ 3.547.292”, que debe ser descontada de su dieta parlamentaria, correspondientes a los gastos operacionales objetados respecto a la publicación de su Libro “Yo quiero ser feliz”, por $1.934.700; el importe de un viaje a Tacna, por $358.782; la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño, por $ 260.000, y la compra de espejos y grabados para el Día de la Madre, por un total de $ 993.810.

El único punto en el que se le aplicó hasta ahora el principio de inocencia a Isasi fue por haber recibido supuestamente recursos provenientes de Corpesca para financiar su campaña. Sin embargo, ello queda condicionado a la investigación judicial que lleva la fiscalía.

Hasta el momento, la Comisión de Ética de la Cámara no ha resuelto abrir investigaciones sumarias a los diputados mencionados por Isasi como autores de la misma falta que ella cometió: ingresar a la Comisión de Pesca a lobbistas de empresas y asociaciones gremiales pesqueras, haciéndolos pasar por asesores legislativos. 

Es definitivo: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) descartó llevar adelante un nuevo censo abreviado en 2015. La decisión la informó durante la jornada del lunes 23 de diciembre el director de dicho servicio, Juan Eduardo Coeymans, tras considerar los informes que se encargaron a dos comisiones externas –una nacional y otra internacional–, además de análisis realizados al interior del instituto. Coeymans ratificó además la validez de los datos obtenidos en el Censo 2012, tratando así de poner fin a los graves cuestionamientos al proceso que le costó el cargo a su antecesor, Francisco Labbé, por las acusaciones en su contra que surgieron en su propio equipo técnico por supuestamente haber manipulado las cifras.

Juan Eduardo Coeymans

-El INE considera que la información contenida en la base del proceso es útil para el diseño de políticas públicas, así como para las investigaciones del área económica, social y de infraestructura urbana y rural –señaló Coeymans en la conferencia de prensa (ver comunicado).

El anuncio del director del INE aún deja dudas por las contradicciones en los resultados del trabajo de las dos comisiones que analizaron el Censo 2012. En agosto de este año, la comisión externa de expertos nacionales confirmó que la forma en que se contabilizó la población es errada y no permite utilizar el Censo 2012 como herramienta para la elaboración de políticas públicas, lo que implicaría que los más de $30.000 millones invertidos en el proceso no sirvieron de nada (ver reportaje de CIPER). De hecho, fueron esos mismos expertos quienes recomendaron hacer un nuevo censo en 2015. Una conclusión muy similar a la anunciada hace sólo unos días por los funcionarios del área de estadísticas demográficas del INE, quienes realizaron un lapidario informe para la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las supuestas irregularidades, donde señalan:

“A partir de los análisis y estudios realizados por el subdepartamento utilizando las distintas bases censales proporcionadas, se ha llegado a la conclusión, categórica, de que no hay evidencia para recomendar ni sustentar el uso del Censo 2012 para la elaboración de las estimaciones y proyecciones de población debido a problemas de coherencia, cobertura y calidad”.

El resultado de ambos informes es contrarrestado por el análisis que realizó la comisión internacional recomendada por Eurostat y que, si bien reconoció en noviembre pasado la existencia de errores en el proceso, desestimó la necesidad de una nueva encuesta abreviada, asegurando no sólo que el Censo 2012 fue realizado dentro de los estándares y prácticas censales realizadas en el mundo, sino que además sus datos sí podrían ser utilizados para el diseño de políticas públicas.

A pesar de la confrontación entre las comisiones, el INE optó por recoger el análisis de los expertos internacionales y rechazar los informes realizados en el país. Con esa decisión ya tomada, el director del INE anunció la tarde del 23 de diciembre los pasos que vienen, los que podrían significar que salga del proceso la entidad internacional que durante las últimas décadas ha apoyado técnicamente la validación de los datos demográficos en Chile: el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), dependiente de la CEPAL. De esta manera, podría repetirse un escenario como el de la Encuesta CASEN, donde finalmente la CEPAL desistió de seguir participando del proceso para medir la pobreza en Chile a raíz de los cuestionamientos que surgieron por la inclusión de una variable que afectaría la comparabilidad de la serie.

LA EXCLUSIÓN DE CELADE

Para que los datos del Censo 2012 puedan ser utilizados para el desarrollo de políticas públicas, es necesario que sean sometidos a una conciliación censal, un proceso que desde hace años ha estado a cargo del CELADE. Sin embargo, en conversación con CIPER, Coeymans reconoció que el INE está evaluando excluir a dicha institución en el procesamiento de datos del Censo 2012. En ese sentido, el director del instituto señaló que la tarea posiblemente sea encargada a Statistics Canada, la entidad homóloga del INE en Canadá, con la que ya se encuentra trabajando en un proyecto de asesoría de calidad de la población y conciliación censal y en una asesoría para el uso de nuevas tecnologías.

Dicha decisión podría deberse a que representantes de CELADE han planteado públicamente sus dudas respecto a la pertinencia de usar los datos del Censo 2012 para definir políticas públicas. En una entrevista concedida en septiembre a La Tercera, el director de CELADE, Dirk Jaspers, señaló que “es muy recomendable hacer pronto un nuevo censo” y validó el trabajo de la comisión de expertos nacionales que desechó los resultados de la encuesta. De hecho, en esa comisión la entidad estuvo representada por Magda Ruiz, coordinadora del Área de Demografía e Información sobre Población de la CELADE y asesora regional en demografía y población.

Dirk Jaspers, director de CELADE

En la misma entrevista, al ser consultado sobre si CELADE se hará cargo de la conciliación censal, Jaspers respondió: “Es el trabajo que siempre hemos hecho y que hacemos con todos los países. Coeymans ha dicho que tenemos que seguir trabajando en la conciliación del censo; es decir, mejorar las proyecciones y actualizar las estimaciones. Hay que trabajar con lo que existe y después del análisis decir si sirve de algo o no. La ventaja de esto es que son procesos que se pueden repetir. Lo que no se puede hacer es volver a terreno”.

¿Solamente cuando se haga la conciliación se podrá decir si el censo sirve? –le preguntó el periodista de La Tercera.

-No podemos decir si sirve o no sirve, o sea si es blanco o negro. Puede haber elementos que sirven y otros que no nos sirven, porque puede que algunas características a nivel nacional no estén tan afectadas por la falta de cobertura. Pero sabemos que para todo lo relacionado con el nivel de comunas y al interior de ellas, el censo es defectuoso y de ahí viene la recomendación de la comisión de hacer un ejercicio complementario, por ejemplo, un censo abreviado en el año 2015.

Independiente de si será CELADE o Stadistics Canada la entidad mandatada para hacer la conciliación censal, el real conocimiento sobre la utilidad de los datos del Censo 2012 se sabrá una vez que finalice el proceso. Según señaló Coeymans a CIPER, la conciliación de los datos a nivel nacional demorará 24 semanas, un plazo que aumenta a 52 semanas para el procesamiento de la información a nivel comunal.

El director del INE señaló que la nueva encuesta recién se realizará en 2020, con el fin de que Chile programe sus censos de vivienda y población en años terminados en cero, adoptando así el protocolo internacional recomendado por la Organización de Naciones Unidas. El nuevo proceso considerará además un conteo de población que se realizará cada cinco años a modo de sondeo, que servirá como preparación para el censo. En ese sentido, si la próxima encuesta anunciada por Coeymans está contemplada para realizarse en 2020, ese conteo demográfico preliminar se llevará a cabo en 2016, para luego repetirse en 2025. De todas maneras, habrá que esperar la decisión que adoptará finalmente el nuevo gobierno. La Presidenta electa, Michelle Bachelet, ha dicho que espera repetir el censo en 2015.

“El que se mueve no sale en la foto. Vale decir, el que anda buscando un cargo se desecha de inmediato”, dijo en una entrevista a revista Caras la Presidenta electa Michelle Bachelet, citando un viejo dogma político que grafica a la perfección el ambiente que se vive en el bacheletismo. Ya en la cuenta regresiva del nombramiento del primer gabinete, anunciado para la primera quincena de enero, todos quieren salir en la foto, lo que implica no hacer nada que arriesgue quedar fuera del gobierno. La disciplina y la discreción son dos reglas de oro para la Presidenta electa y ya con varios caídos en desgracia durante su primer gobierno, en la Nueva Mayoría los más astutos prefieren no moverse. Pero en silencio, las piezas se siguen acomodando rápido.

No se trata sólo de las designaciones para el gabinete, que se manejan en absoluto hermetismo, por lo que los rumores difícilmente tienen base sólida. También cuenta la instalación de los equipos técnicos que ya preparan el terreno para la implementación del programa de gobierno que algunos han criticado por demasiado ambicioso. El compromiso incluye 50 medidas para los primeros 100 días. De ellas, 12 requieren proyectos de ley. Y algunos de estos proyectos, los más relevantes, ya están siendo preparados por pequeños equipos técnicos que operan bajo estricta reserva. La idea es que el gabinete que se presente en enero cuente desde el primer minuto con un “manual de cortapalos”, es decir, un paquete con los proyectos de ley y decretos que deben dar vida a las reformas que quiere impulsar la Presidenta. De esa forma, los futuros ministros deberán dar fe de su compromiso con el programa de gobierno al aceptar, junto con el cargo, la carta de navegación preparada por el comando.

Alberto Arenas

Los proyectos más complejos son, sin duda, la reforma tributaria y la reforma educacional, que son coincidentemente las más importantes para el programa y aquellas en las que ya hay equipos preparando el terreno.

El jefe de Programa, Alberto Arenas, es quien dirige los preparativos de la labor legislativa y asoma como la persona de mayor influencia en el entorno de la Presidenta electa. Lo rodea un círculo de profesionales con trayectorias y perfiles similares, pero sobre todo, personas en las que Arenas confía ciegamente. Porque al igual que su jefa, Arenas sólo descansa en quienes ya han demostrado su incondicionalidad. Casi todos son economistas o abogados, muchos ya trabajaron con él en la Dirección de Presupuestos (Dipres) y algunos también fueron sus colegas en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN), que ya se perfila como una cantera para la nueva tecnocracia gubernamental.

Al igual que Arenas, varios de ellos fueron militantes comunistas en los años 80. Otros se alinearon en las facciones más radicales del PS. Y aunque todos suavizaron sus posturas tras el retorno a la democracia, cuando ingresaron al aparato público, son hombres y mujeres con una trayectoria de izquierda, lo suficientemente “renovados” para valorar las reglas del mercado, pero -a diferencia de los equipos técnicos de anteriores gobiernos concertacionistas- con una matriz de pensamiento político que da una importancia capital al fortalecimiento del rol regulador del Estado. Un perfil que calza a la perfección con el programa de Bachelet, al que Arenas ha dado forma personalmente desde marzo pasado, cuando se incorporó a trabajar full time en el estrecho equipo que conforma junto a  Rodrigo Peñailillo.

Hasta marzo, Arenas fue profesor en el programa de Diplomado en Seguridad Social para estudiantes de Chile y América Latina de la FEN, donde también realizó estudios sobre la reforma previsional. En esta última materia viene trabajando desde 1993, cuando cursaba el doctorado en Economía en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Su tesis precisamente abordó los efectos macroeconómicos  y los desafíos de la privatización del sistema de pensiones de seguridad social en Chile.

Ligado al sector de la Nueva Izquierda del Partido Socialista, Arenas es un economista preocupado de la disciplina fiscal, lo que demostró en sus 15 años en la Dirección de Presupuesto y desde allí tejió una buena relación con Bachelet, cuando ella era ministra de Salud en el gobierno de Ricardo Lagos y él se desempeñaba como subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres.

El “NÚCLEO” DE ARENAS

Uno de los hombres de confianza de Alberto Arenas es el ex subdirector de Presupuestos, Sergio Granados. Militante socialista, fue presidente del directorio del diario La Nación entre 1994 y 1998. Luego se desempeñó por más de 10 años como el número dos de la Dipres. El último mes antes que Bachelet entregara la banda presidencial a Sebastián Piñera, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile asumió como director de la Dipres, tras el nombramiento de Arenas como director de Codelco.

Arenas, Paris y Granados: los ex hombres de la Dipres que aterrizan los 50 proyectos para los primeros 100 días de Bachelet

Desde 2004 y hasta esa fecha fue el coordinador general del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe), de la Dipres. La relación entre Granados y Arenas es estrecha y de confianza absoluta, razón por la que éste llegó casi simultáneamente con él al comando de Bachelet a comienzos de año.

Otro de los hombres que se relaciona permanentemente con Arenas es el economista de la Universidad Católica, Enrique Paris, quien entre abril de 2006 y marzo de 2010 también fue el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, cargo clave en la elaboración de estudios para desarrollar programas de alto impacto fiscal y social. Paris fue dirigente estudiantil de las JJ. CC. en los ’80 y, tras el inicio de la transición, ingresó al PPD. Fue jefe de gabinete del ex Presidente Lagos y hasta ahora es el director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad Central. Además de su experticia en temas económicos, es conocido por sus redes y contactos políticos. De hecho, es él quien -junto a Juan Somavía- ha mantenido contactos con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para acercar posiciones entre el comando y el organismo sindical.

Andrea Palma conforma también el “núcleo” de Arenas. Abogada y licenciada en historia, fue su jefa de gabinete en la Dipres y ha trabajado durante más de 10 años con el principal asesor programático de Bachelet. Miembros de las distintas comisiones programáticas del comando, consideran que Andrea Palma tuvo gran incidencia en la elaboración del programa, pues ejecutó de manera impecable la síntesis de los extensos informes elaborados por dichas comisiones. Quienes la conocen indican que es una jefa de gabinete eficiente, capaz de prevenir crisis y generar contactos. De bajo perfil público y de carácter duro, se desempeña también como consultora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. En septiembre pasado ese organismo internacional le publicó un informe sobre la reforma previsional, lo que demuestra su alta sintonía con el tema que apasiona a Arenas.

“La construcción de pactos y consensos en materia de política social: El caso de la reforma previsional en Chile, 2005-2008” es el paper que escribió Andrea Palma, en coautoría con Carlos F. Maldonado. En el texto establece que la reforma “buscaba colmar vacíos de cobertura, igualar condiciones de acceso, garantizar pisos mínimos de bienestar durante la vejez, fortalecer un pilar solidario en el sistema de pensiones y darle mayor injerencia regulatoria al Estado dentro del sistema”.

Fidel Miranda es otro de los hombres de Arenas y al igual que Andrea Palma vienen trabajando juntos desde la Dipres. Según un reportaje publicado por El Mostrador en 2008, tanto Fidel Miranda como Andrea Palma serían ex militantes del PC. De acuerdo al Portal de Transparencia de la Dipres, Miranda se desempeñó como asesor personal de Arenas, cuando este último fue director de Presupuestos, en materias previsionales y de política fiscal y presupuestaria. Es ingeniero comercial y su relación con Arenas es tan estrecha que él revisaba y comentaba los borradores del libro que escribió el ex director de la Dipres sobre la reforma previsional. En los agradecimientos que Arenas incluyó en el volumen se puede leer:

“Tengo una infinita deuda con dos extraordinarios profesionales: Fidel Miranda Bravo y Sandra Novoa Fernández, quienes me entregaron su entusiasta respaldo, porque sin su ayuda no habría sido posible hacer este libro. El economista Fidel Miranda participó como Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, fue mi asesor en la Dirección de Presupuesto entre 2006 y 2010 y coordinó los equipos técnicos de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros para la Reforma Previsional; desde estas posiciones fue un colaborador generoso y decisivo para llevar adelante este proyecto, me alentó y convención de escribir un libro de economía política y no un texto para economistas”.

EL TEAM DE LA REFORMA TRIBUTARIA

La reforma tributaria es considerada la piedra angular de las 50 medidas prometidas para los 100 primeros días del gobierno de Bachelet. Se trata de una de las tres llamadas “reformas de fondo” y es, además, necesaria para impulsar la más importante: la reforma educacional. La tercera reforma, que implica una nueva Constitución, no depende de su financiamiento.

La reforma educacional necesitará de alrededor de 2 de los 3 puntos del PIB que espera recaudar la reforma tributaria. Ambas reformas tendrán una implementación gradual y están diseñadas de tal forma que los recursos se recauden en la medida en que los cambios en materia de educación requieran de los fondos. Son, de alguna forma, inseparables.

Se estima que el envío de la reforma tributaria al Congreso será una de las primeras –si no la primera– de las 50 medidas en cumplirse. Al menos, en el comando se trabaja con la idea de que eso sucederá sólo algunos días después de que Michelle Bachelet asuma el próximo 11 de marzo.

Por eso, pese a que gran parte de los colaboradores del comando terminó sus labores el 15 de diciembre pasado, un puñado de profesionales trabaja contra el reloj para tener redactado el proyecto de ley que permitirá financiar el programa. El equipo tributario lo hacen en total sigilo en oficinas privadas. La misión: analizar cada uno de los puntos de una reforma que es compleja y que debe ser capaz de sortear con éxito los cuestionamientos técnicos y políticos.

Alejandro Micco

El grupo está integrado por Alejandro Micco, economista DC que jugó un rol importante en el área programática del comando. Doctor en economía de la Universidad de Harvard, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN) y coordinador de asesores y de mercado de capitales durante el primer gobierno de Bachelet, Micco fue uno de los impulsores de realizar una “reforma tributaria de verdad”, como se le catalogó en oposición a la reforma propuesta por el gobierno de Piñera. Incluso, fue retratado como el “superman” de la reforma tributaria por el diario electrónico El Mostrador. Se da por descontado que asumirá un cargo importante, si no un ministerio, del área económica.

Si Micco juega un rol relevante en el sector económico-político, quien lo acompaña en el equipo es reconocido como el cerebro de la reforma tributaria. Ingeniero industrial de la Universidad de Chile, ex director de Estudios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y ex funcionario de la Dipres, Michael Jorratt es el autor de los estudios que dan sustento técnico a las propuestas tributarias. Entre los funcionarios del SII suena como uno de los candidatos a dirigir el organismo.

Su paper “La tributación directa en Chile: equidad y desafíos” (CEPAL, 2009) contiene gran parte de los argumentos que sirven de base para la reforma. Entre los más polémicos está la propuesta de eliminar el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) tras detectar que el 50% de las utilidades retenidas provienen de sociedades de inversión, por lo tanto se presume que es una forma de ahorro de las empresas y no cumple la función de estimular la inversión. La eliminación del FUT terminaría además con uno de los principales mecanismos de elusión de impuestos de las personas.

Las propuestas de Jorratt incluían subir el impuesto a las empresas de 20% a 25% –tal como se estipula en el programa de Bachelet– y disminuir el IVA, aunque esto último no fue acogido por el comando. La propuesta de reforma sí incluye la disminución de impuestos personales desde un máximo de 40% a 35%, pero él sostiene que podría bajar incluso hasta 30%. Como dijo en una entrevista a CIPER  en abril de 2012, cree que es necesario modificar la estructura tributaria pues “los impuestos en Chile aumentan la desigualdad”. Al eliminar el FUT, las empresas tributarían efectivamente sobre lo que ganan (base devengada) y no sobre las utilidades retiradas, lo que ayudaría a que el sistema tributario dejara de ser un factor de desigualdad. Sólo bastaría con estos cambios al impuesto a la renta para que, en régimen, financiaran la reforma educacional.

Al trabajo de Micco y Jorratt se suma frecuentemente Fidel Miranda. El equipo lo integran también dos abogados: Fernando Dazarola y Alberto Cuevas. Dazarola tiene experiencia en la elaboración y tramitación de proyectos de ley de responsabilidad de la Dipres y, en palabras de uno de sus colegas, “fue el gran jurídico” de ese organismo durante la era Arenas. En la campaña de Eduardo Frei integró el movimiento Océanos Azules. Alberto Cuevas, en tanto, fue jefe de Impuestos Directos del SII. La presencia de ambos abogados es vital en esta etapa, pues se espera que el proyecto quede redactado en las próximas semanas.

Pese a que las líneas gruesas de la reforma quedaron delineadas hace meses, el equipo tributario está dedicado a examinar cada uno de los detalles, recogiendo las múltiples críticas que ha tenido de expertos de derecha y del sector privado, de modo de revisar si algún punto no funciona y blindar técnicamente cada una de las aristas. Para ello, han invitado a varios abogados y economistas para escuchar sus opiniones y ponerse en distintos escenarios.  El objetivo es que en marzo el proyecto sea capaz de enfrentar todas las críticas. Entre las más recurrentes, por ejemplo, están que la eliminación del FUT dañaría a las pequeñas empresas, pero los números de los expertos muestran que los que usan el fondo son empresas grandes y medianas, y que no necesariamente fomenta la inversión.

Entre las “reformas de fondo”, esta es la que en el papel sería más fácil de despachar para el gobierno de Bachelet, pues sólo requiere mayoría simple en el Congreso y la Nueva Mayoría, junto a otros parlamentarios opositores, ya suma los votos necesarios. Sin embargo, puede haber algunos problemas en temas particulares, como el alza a los impuestos a los vehículos de altas cilindradas o el impuesto específico a los alcoholes de acuerdo al volumen de éste, que podrían tener la oposición de los representantes de regiones viñateras o pisqueras (sobre todo considerando el doblaje de la Nueva Mayoría en la Región de Coquimbo, con Jorge Pizarro y Adriana Muñoz).

LA “PIZARRA” DE LA REFORMA EDUCACIONAL

Mientras se afinan los detalles de la reforma tributaria, en paralelo se ajustan los documentos para asegurar un rápido aterrizaje de los proyectos de la reforma educacional en el Congreso. En el equipo técnico que coordina esta labor figura el ex director de la Dipres, Sergio Granados, quien ha sido consultor para la acreditación de instituciones de educación superior. Granados se ha mantenido particularmente activo en las últimas semanas consultando cifras y datos a sus antiguos contactos de la Dipres para modelar la reforma que promete tener el mayor impacto social en el gobierno de Bachelet. La labor de Granados se ejecuta “con pinzas”, porque de ella depende neutralizar los posibles focos de conflicto con el movimiento estudiantil. El objetivo es que ya en las primeras semanas de gobierno se pongan en marcha señales claras de compromiso con cambios reales –avanzar hacia la gratuidad, el fin del lucro y el término del financiamiento compartido- a objeto de moderar los ímpetus de la Confech.

Junto a Granados trabaja Andrea Palma. La ex jefa de Gabinete de Arenas en la Dipres, también tiene experiencia en el tema educacional. Ha sido asesora de los rectores de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile y trabajó hasta mediados de este año en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago. También fue jefa de gabinete de la ex ministra de Educación Marigen Hornkohl.

Tanto Granados como Andrea Palma realizan consultas permanentes a los miembros de la comisión que elaboró las propuestas educacionales que se incluyeron en el programa de gobierno. Entre los miembros de ese equipo se cuenta Valentina Quiroga, ingeniero civil industrial y magister en Economía, directora ejecutiva del centro de estudios Espacio Público y ex directora del Área de Política Educativa de Educación 2020. También ocupó un puesto destacado en esa comisión del comando el economista Dante Contreras, profesor titular de la FEN de la U. de Chile, miembro del directorio de Espacio Público y Ph.D en Economía de la UCLA.

Aunque inicialmente trascendió que la voluntad del comando era presentar toda la reforma educacional contenida en un proyecto de ley único, en lo últimos días se ha filtrado que podría dividirse en seis iniciativas legales. La primera opción, según confirmó un integrante de la comisión programática de Educación del comando, tenía por finalidad amarrar todas las negociaciones legislativas en un solo paquete. Pero esta modalidad presenta el riesgo de que la globalidad del proyecto sea rechazada por discrepancias puntuales en uno de las áreas que contempla la reforma total. Por lo mismo, comenzó a evaluarse “quebrar” la reforma en varios proyectos. La desventaja de esta última opción es que obliga a negociar separadamente cada proyecto y la experiencia de los gobiernos concertacionistas anteriores, demuestra que en cada una de esas transacciones se “recortan” aspectos de la reforma, por lo que el resultado global puede terminar “descafeinado”.  Y eso, para el entendimiento con el movimiento estudiantil, puede ser fatal.

LA AGENDA DE SALUD “20-20-20”

El hombre que ha estado detrás de la agenda de salud es el economista Enrique Paris. Su labor en esta etapa es precisar la Carta Gantt en la que deberá trabajar La Moneda para revertir las falencias que afectan la atención de salud de la población.

Enrique Paris

Por el alto cargo que ocupó en la Dipres y por haber ocupado la jefatura de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Salud a comienzos de la década pasada,   Paris cuenta con experiencia para proyectar los fondos que requieren los cambios en este sector. El ejercicio es arduo, pues entre otras materias, debe determinar cuántos recursos se requerirán para implementar el Plan Nacional de Inversiones Públicas del área, cuya meta es construir 20 hospitales, dejar 20 en construcción y otros 20 en proceso de licitación o estudio.

Además, Paris debe calcular la inversión que se requerirá para habilitar 132 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (entre 2014 y 2018) y para poner en marcha el Fondo Nacional de Medicamentos, que pretende entregar medicamentos gratuitos a pacientes crónicos que se atienden en los centros de salud primaria. Asimismo, debe proyectar los recursos para que los Servicios de Salud cuenten con 33 mil horas médicas semanales adicionales de especialidades, que equivalen a la contratación de 750 médicos especialistas. Y, por último,  la titánica tarea de redactar una propuesta de proyecto de ley de isapres.

Las reuniones de Paris con sus pares en esa comisión, conformada por Pablo Rodríguez y Christián Herrera, entre otros, fueron en oficinas privadas, universidades y municipios. Solo dos veces acudieron al comando a presentar las resoluciones adoptadas.

Ahora Paris trabaja en la elaboración de una carpeta que contendrá el estado de avance para la implementación de esas medidas. Es decir, quien resulte elegido como ministro de Salud deberá estar dispuesto a sacar adelante estos proyectos ya delineados. Algunos creen que el mismo Paris podría ocupar ese cargo, pero otros estiman que no ser médico podría desatar el tradicional rechazo que provoca en los doctores la designación de autoridades que no usan delantal blanco.

LOS OTROS PROYECTOS DE LEY

Entre los proyectos de ley prometidos para los primeros 100 días hay otras reformas, como la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de la Mujer y dar rango de ministro al director de la Conadi. Además, se prometió enviar los proyectos que crean dos nuevas universidades estatales (Aysén y Libertador Bernardo O’Higgins), la ley del Bono Marzo, la que crea una AFP estatal, una indicación para destrabar el proyecto que elimina el Multirut de las empresas, el aumento de la dotación de Carabineros y fortalecimiento del Sernac.

Si se suman la reforma educacional y la tributaria, son 12 los proyectos comprometidos. Según integrantes del comando, la carga legislativa podría ser un poco menor de lo que parece, pues varios de los proyectos coinciden con otros que ya se encuentran actualmente en trámite, por lo que se analiza si es conveniente enviar una iniciativa nueva o simplemente ingresar indicaciones sustitutivas. La segunda alternativa obedecería a criterios de “técnica legislativa”, pues al ingresar una indicación se consideran ya superados los trámites que el proyecto original alcanzó a avanzar en el Congreso, por lo que se ahorra tiempo.

Por ejemplo, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ya estaba incluido en un proyecto enviado por el gobierno de Piñera y se estancó en el Congreso, en parte por reclamos de funcionarios de la Conaf. La propuesta de Bachelet no es exactamente igual a la de Piñera, cuyo énfasis estaba en las concesiones de áreas protegidas. El nuevo foco apunta a la protección de la diversidad dentro y fuera de estas áreas, y es probable que  los cambios se realicen vía indicación sustitutiva.

Michelle Bachelet junto a Alberto Arenas

Probablemente el despacho más fácil lo tendrá el aumento de la dotación de Carabineros, que en términos legislativos no tiene grandes complicaciones y que políticamente es un proyecto al que a los parlamentarios les resulta difícil oponerse.  Lo mismo ocurriría con  el envío de una indicación al actual proyecto de eliminación del Multirut, contenida en la agenda laboral del programa de Bachelet destinada a potenciar la negociación colectiva. En esos temas no hay críticas de parte de la ANEF, pero sí en el nuevo trato con el sector público que, en entre otros aspectos anuncia que se evaluará la institucionalidad de la negociación colectiva. “Es demasiado ambiguo”, recalca el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.

En la declaración de patrimonio que Baldo Prokurica tiene publicada en el sitio web del Senado, el parlamentario por la Región de Atacama y vicepresidente de Renovación Nacional incluye tres departamentos con sus respectivas bodegas y estacionamientos en Reñaca y Santiago, un local comercial y un sitio eriazo en Vallenar y dos parcelas en el Loteo Península Gaviotas, en Freirina. También incluye tres camionetas. El documento no es el que presentó en 2010, cuando asumió su quinto período legislativo, sino que una actualización fechada el 15 de octubre de 2013, donde también declara las mismas tres sociedades que ya reconocía poseer en 2006: Sociedad Agrícola Longomilla Ltda., donde posee el 25% de los derechos; Sociedad Agrícola Konavle Ltda., donde también es dueño de una cuarta parte de la empresa; e Inversiones Cavtat Ltda., donde su participación se alza al 90% del capital.

Generalmente, las declaraciones de patrimonio y de intereses de las autoridades públicas, no permiten conocer el real detalle de los bienes que poseen los declarantes, ya que gran parte de la información clave para ello es de carácter voluntario. Así lo han demostrado distintas investigaciones que CIPER ha realizado durante los últimos seis años respecto a declaraciones de senadores, de alcaldes, de ministros e incluso del Presidente Sebastián Piñera.

En todos los casos revisados por CIPER existen omisiones que impiden a la ciudadanía fiscalizar posibles conflictos de intereses o incluso enriquecimiento ilícito. Esto se debe también a que el formulario que los funcionarios públicos deben rellenar no exige datos importantes, como por ejemplo, a qué se dedican las sociedades que declaran o qué tipo de inversiones tienen. Por eso, la declaración de Prokurica rompe con la generalidad al incluir de forma voluntaria información importante respecto a las actividades de sus sociedades. Información que se agradece para el ejercicio de la transparencia, pero que al mismo tiempo terminó por abrirle al senador un flanco en su contra.

Los cuestionamientos que ahora enfrenta el parlamentario no tienen nada que ver con el conflicto judicial que tiene con el Fisco y que hizo público El Mostrador hace unos días cuando difundió un reportaje sobre Caleta Chañaral de Aceituno, un pequeño pueblo ubicado en Atacama que no pertenece al Fisco ni a sus 200 habitantes, sino que al senador Prokurica y sus hermanos por medio de una de sus sociedades. Tampoco con la imposibilidad para esos pobladores de realizar allí obras de equipamiento o de urbanización, como construir espacios públicos, pavimentar las calles o ampliar el alumbrado. Ni con que no puedan postular a ofertas públicas del Estado o a subsidios que impliquen ser dueño de un terreno. No, las críticas que hoy ha tenido que responder Prokurica tienen que ver con otra cosa: los negocios que tiene una de sus sociedades con empresas energéticas.

El pasado jueves 26 de diciembre, el sitio web Poderopedia publicó una ficha completa sobre Prokurica y sus negocios, dando cuenta de un posible conflicto de interés. Allí se explica que, a través de la Sociedad Agrícola Konavle, el senador es dueño junto a sus hermanos de la “Estancia Chañaral Lote Norte”. Se trata de la misma propiedad en donde se ubica la caleta Chañaral de Aceituno, ubicada en la comuna de Freirina, que es, al mismo tiempo, una de las mejores zonas del país para generar electricidad a partir del viento. De acuerdo a la información voluntaria que el parlamentario incluyó en su última declaración de patrimonio y que recogió Poderopedia, la Agrícola Konavle le arrienda el 14% de la Estancia Chañaral a tres empresas que buscan levantar parques de energía eólica con una inversión total de US$ 1.162 millones.

En su declaración, Prokurica señala que la sociedad que comparte con sus hermanos firmó el primero de los contratos de arrendamiento el 29 de julio de 2010, cuando entregó a la empresa Energy Focus S.A. el derecho a realizar una prospección eólica en su propiedad. Luego hizo el mismo acuerdo con las empresas Aprovechamientos Energéticos S.A. (el 7 de junio de 2011) y Andes Mainstream SpA (el 14 de noviembre de 2011).

Ese último dato que transparenta los intereses de Prokurica, se convirtió en un revés para él, ya que el senador es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta y fue uno de los promotores del proyecto de ley presentado en 2006 sobre Energía Eólica (ver Boletín 4508-08); precisamente el mismo proyecto que identificó las zonas donde el viento tiene la fuerza suficiente para producir electricidad, entre ellas Freirina, y que ha generado un buen negocio para el parlamentario.

Cuando presentó ese proyecto, Prokurica y sus hermanos ya eran dueños de la “Estancia Chañaral Lote Norte”. Como el predio cumple a cabalidad con los requisitos de cantidad de viento planteados en el proyecto de ley, según indica Poderopedia, el senador “podría haber sabido desde esa fecha que sus terrenos eran aptos para instalar parques eólicos”.

LA RESPUESTA DEL SENADOR

Tras la publicación, tal como señala el portal de Radio Bío Bío, Prokurica emitió un comunicado aclarando que se inhabilitó en cada una de las discusiones de la ley por tener relación con empresas de energía renovable no convencionales. El senador escribió: “A partir de julio de 2010 no participo en ninguna discusión ni análisis de algún proyecto relativo a energías renovables. Tanto es así que para el análisis del proyecto que propicia la ampliación de la matriz energética, me abstuve de participar en su discusión producida al interior de la Comisión”.

Lo que ocurrió en la sesión en sala del 3 de septiembre, cuando el Senado sometió a votación el proyecto de ley para ampliar la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales, prueba en parte lo señalado por Prokurica. Antes de votar, el senador pidió la palabra y se inhabilitó:

Senador Baldo Prokurica

“Antes de proceder a votar las modificaciones, deseo dejar constancia de que, de acuerdo a los artículos 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 8° del Reglamento, me voy a inhabilitar para votar este proyecto en razón de que podría tener algún interés en el asunto de que se trata”.

Lo que Prokurica no dijo en esa oportunidad, es que él fue uno de los parlamentarios que suscribieron un acuerdo político con el gobierno para impulsar esa misma ley que fortaleció el negocio de las energías renovables no convencionales (ERNC), beneficiando directamente a generadoras de electricidad eólica como las que han hecho negocios con su sociedad.

A comienzos de junio de 2013, Prokurica participó junto a otros senadores en una negociación con el gobierno para alcanzar un acuerdo transversal encaminado a destrabar en el Congreso dos iniciativas fundamentales del área energética: los proyectos de ley sobre concesiones eléctricas y el de fomento a las ERNC. Por esa razón, cuando Prokurica votó en la sala del Senado a favor de la norma que agiliza el otorgamiento de concesiones eléctricas, en la sesión del 19 de junio de 2013, ya sabía que al impulsar ese proyecto estaba promoviendo, al mismo tiempo, la iniciativa de ley que favorecía a las ERNC.

Sin el voto de los senadores Prokurica, Ximena Rincón ni los hermanos Patricio e Ignacio Walker (todos DC), quienes también se inhabilitaron por tener intereses en conflicto (ver reportaje de CIPER), el 4 de septiembre pasado el Senado despachó en forma unánime la mayor parte de los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto que propicia la ampliación de la matriz energética a un 20% al año 2025.

Prokurica se inhabilitó en esa oportunidad, pero de todas formas ya había participado en votaciones importantes para aprobar legislaciones del área energética y en un acuerdo importantísimo para a la promoción de las ERNC, donde tiene intereses comprometidos.

Consultado por CIPER sobre por qué votó la ley de concesiones eléctricas, a pesar de que el acuerdo alcanzado en junio comprometía la aprobación conjunta de ambos proyectos, el senador señaló que el convenio se refería a varios temas y no sólo a las concesiones eléctricas y las ERNC. Según él, el senador Antonio Horvath (IND) incorporó ese último punto para que los dos proyectos energéticos se tramitaran al mismo tiempo, mientras esa ley estaba en la Cámara de Diputados. Además, asegura que se adhirió al acuerdo porque era parte de la comisión y porque lo que estaban analizando era la ley de concesiones eléctricas y no la de energías renovables. Por eso, dice, cuando la ley de ERNC volvió al Senado, se inhabilitó de votarla.

-Cada vez que se ha discutido en la Comisión de Energía o en la sala un proyecto de ERNC, a partir de 2010, no he votado. En algunos casos me he pareado, en otros no he votado y en varios me he inhabilitado públicamente. Creo que con eso cumplo con lo que la ley me obliga. Cuando alcanzamos el acuerdo, en el Senado estábamos viendo la ley de concesiones. Y fui prudente: le pregunté a la Comisión de Ética si debía abstenerme de participar en el trámite de la ley de concesiones y la respuesta fue que era mi decisión. Si la comisión hubiese tenido claridad sobre este tema, me hubiera dicho que no podía participar del proyecto. Pero como esa ley no es para las ERNC, sino que para todos los tipos de energía, no creo que haya un conflicto -dice.

-¿Cuál es la responsabilidad del Honorable Consejo de Adquisiciones en el desfalco de $1.600 millones que detectó la Contraloría General de la República?

Lo primero que tengo que decir es que este asunto está radicado en los estamentos indicados. Uno de ellos es la Contraloría General de la República. También en tribunales, que es donde se hicieron las denuncias a través del propio fiscal del sumario administrativo. Ahora, con respecto al Honorable Consejo de Adquisiciones, es un órgano creado hace bastantes años, del cual yo participé como integrante y también lo presidí. Es un órgano colegiado. La función del presidente es dirigir el debate respecto de compras superiores a 1.000 UTM. Respecto a estas compras, el Consejo de Adquisiciones aparece como órgano asesor del general director, haciendo recomendaciones desde una perspectiva o desde una visión técnica y estratégica institucional. Pero no con capacidad de resolución. Al consejo lo que le correspondía ver era la presentación que se efectuaba respecto a determinadas compras y revisar si eran necesarias para la institución, si cumplían requisitos mínimos. Pero este consejo no se constituía en una comisión evaluadora de ofertas, toda vez que dicha labor correspondía a estamentos distintos que eran aquellos que presentaban las compras y los oferentes. Respecto del caso que está en proceso, hay un sumario administrativo, tomó conocimiento la Contraloría y los tribunales. Este consejo normalmente veía con mucha profundidad aquellas compras que se efectuaban por licitación pública y privada y también por trato directo. Pero, en este caso particular de compras de generadores eléctricos que se hicieron a Mellafe y Salas, fueron hechas en base al (sistema de) “convenio marco”, por lo tanto tiene otro tratamiento. Así lo entendió en su momento el consejo que yo presidia, (en el sentido) que esto ya estaba con una licitación pre hecha y, por lo tanto, no había necesidad de escudriñar más.

-¿Uno de los objetivos del consejo era, justamente, que las grandes compras fueran transparentes e incuestionables, pero hoy están siendo cuestionadas, ¿eso no indica responsabilidad del alto mando?

En el decreto de creación (del consejo) aparece una frase que dice “para que las compras no aparezcan con algún tipo de cuestionamiento”. Y el consejo siempre tuvo la precaución, sobre todo cuando se trataba de licitaciones públicas o privadas o tratos directos. No así escudriñar, porque no era su labor transformarse en una comisión evaluadora de ofertas, porque no era su misión. Nosotros veíamos la necesidad y la necesidad era dotar de generadores eléctricos a todos los cuarteles, más de mil, dado los hechos ocurridos con el terremoto, para que pudieran tener en funcionamiento el sistema de comunicación. Ahora bien, respecto de la posibilidad de que el consejo supiera más allá de lo que le correspondía, eso era prácticamente imposible, porque no veía solo una materia, veía diez, quince y (hasta) hay actas del consejo con 29 materias en un día. Y, precisamente, las que estaban en “convenio marco” tenían un tratamiento distinto.

-¿No servía para nada el consejo, entonces?

No, sí servía para algo, porque en muchas oportunidades rechazamos algunas compras y algunas donaciones, porque el consejo consideraba que eran innecesarias en cuanto a su cantidad o volumen. Pero este caso de los generadores era un asunto que requería rapidez y (existía la) necesidad. Y lo más importante es que estaba en “convenio marco” y (por eso) se entendió inmediatamente que no tenía problemas y no podía ser cuestionable la compra.

-¿A raíz de esto, se han investigado todas las actas del consejo mientras usted fue presidente, para saber si hubo otras compras con engaños al consejo?

Sí, efectivamente se ha hecho alguna revisión, pero una revisión interna respecto de esta materia. Lo he ordenado yo, básicamente porque (las compras) se hicieron hace un par de años y hay muchas por más de 1.000 UTM. Por lo tanto, hay una cantidad considerable de compras. Solo en el año 2010 existen entre 170 a 190 compras que se hicieron con conocimiento del Honorable Consejo de Adquisiciones.

-¿Nunca les llamó la atención que hubiesen tantas compras por “convenio marco” a la empresa Mellafe y Salas?

No, en realidad no nos llamaba la atención el caso de Mellafe y Salas porque estaba en “convenio marco”. Otros proveedores sí nos llamaban la atención que siempre aparecían. Pero, el consejo tampoco tenía atribuciones para eliminar a alguno de los proveedores que aparecían ahí. Eso lo hace otro estamento y tiene que ser por causas legales, no por causa de carácter administrativo. Nos ocurría con algunos proveedores de otros rubros, como vestuario y equipos, accesorios para armamentos, etc. (En esos casos) eran otros los encargados, incluso con normativa legal, para verificar esto. Tratándose de compras por “convenio marco” era un tratamiento distinto, era más rápido, porque se entendía que la licitación ya se había hecho por otro estamento extra institucional. Por lo tanto, yo no le atribuyo responsabilidad (al consejo) en este tipo de compras. No obstante que hay procedimientos en los tribunales y en la Contraloría que determinarán quiénes fueron los que actuaron directamente para que esta compra se produjera a precios que a simple vista aparecen como excesivos, al Consejo de Adquisiciones no le atribuyo ninguna responsabilidad respecto a este tema.

-¿No fue un error, al menos, creer que los “convenios marco” ya estaban sancionados y que no había posibilidad de colusión por ahí?

No, no. Creo que no fue un error, por cuanto hasta el momento se siguen efectuando compras por convenio marco superiores a 1.000 UTM. Lo que pasa es que, justamente a raíz de esta denuncia, también los convenios marco están siendo más estudiados. Pero están siendo estudiados por el estamento que corresponde. Y por eso creé una Dirección de Compras Públicas a cargo de un general, para ver estos casos con mayor detalle. Y ahí,  ellos se transforman en una comisión evaluadora de ofertas. Es su obligación hacerlo. Desde que tomé el mando hace dos años, hemos tenido esta conducta respecto a todas las compras superiores a 1.000 UTM: un estamento especializado, con gente contratada para hacer este tipo de compras, para, precisamente, evitar hechos de esta naturaleza. Incluso los consejos, los órganos colegiados, los componen seis, siete u ocho personas y a veces más, para minimizar el riesgo de que la decisión esté radicada en una persona. Y, además, que exista un órgano asesor, para que ayude a tomar una buena determinación.

-¿Y cómo se puede asegurar que ahora sí funcione el sistema, si eso que usted me está diciendo era justamente lo que decía el acta de creación del Honorable Consejo de Adquisiciones y aun así hubo malas prácticas?  ¿Cuál es la seguridad de que hoy usted da a la ciudadanía de que en las compras hechas durante su gestión no se malgastó dinero público?

Bueno, porque es distinto. El  Honorable Consejo de Adquisiciones lo formaban parte de las máximas autoridades institucionales, como un órgano asesor para contribuir a la determinación de una resolución respecto a una compra. La Dirección de Compras Públicas no tiene la facultad directa de determinar (la compra), porque es un órgano que tiene que revisar todas las compras desde su origen hasta el final. Posteriormente, el director de Logística es el que tiene la facultad legal y él tendrá que resolver si se compra o no y bajo qué condiciones. Pero esta Dirección de Compras Públicas sí tiene la competencia y la facultad para resolver todo el proceso completo, cosa que nunca tuvo el consejo. No era su competencia ni jamás se le presentaron al consejo materias con tanto detalle. Las actas dan cuenta de ello.

-¿Usted, como presidente del Honorable Consejo de Adquisiciones durante cuatro años y en vista de los antecedentes que hoy se conocen, se siente engañado?

-Sí, yo creo que sí. Efectivamente, no puedo negar que existió alguna colusión por parte de estamentos inferiores. Después, mirando las actas y viendo el trabajo que se hizo, evidentemente nosotros no teníamos cómo descubrir lo que se estaba a lo mejor tramando ante un estamento que no tenía competencia para escudriñar, (porque en) el Consejo de Adquisiciones, como órgano colegiado, no lo teníamos (esa facultad). Por supuesto que, como presidente que dirigía los debates, hay un grado de frustración respecto de una compra millonaria.

¿En qué etapa está el sumario interno, hecho por el general Julio Pineda, a partir de una denuncia que en febrero cumplirá dos años?

El sumario está cerrado. Está con vista fiscal y tienen que hacer los descargos las personas involucradas. No tengo conocimiento a cabalidad del sumario, porque no me corresponde, a menos que yo sea eventualmente instancia. Y en esa eventualidad sí voy a tener la capacidad de resolver lo que a mí me corresponda como general director. Es un extenso sumario del que  tiene conocimiento la Contraloría  y vamos a esperar su curso normal. Esperamos que se termine en el más breve plazo, pues lleva ya bastante tiempo.

-¿Hay algún plazo que usted estime para terminar la investigación interna?

Creo que el sumario debería demorar, si no hay mayor inconveniente, no más de cuatro meses.

-Entre los ya sancionados está el comandante Ramiro Martínez Chiang, cuya expulsión se adoptó por dos razones que, a partir de la documentación que él expuso ante CIPER, parecen infundadas.

Se dispuso una desvinculación administrativa. No es una sanción disciplinaria que está condicionada al resultado del sumario administrativo. Es una normativa reglamentaria, avalada por la normativa legal, que la máxima autoridad institucional propone al Poder Ejecutivo: la desvinculación temporal o condicionada de quien aparece involucrado en asuntos que el sumario administrativo, a ese momento, establece que son graves. Ante este hecho corresponde pedir esta desvinculación condicionada, que queda sometida al resultado del sumario administrativo. Como el sumario administrativo se ha demorado, efectivamente el oficial pidió su reincorporación. Esa reincorporación la tiene que ver también el general director. Sobre la base de esos antecedentes que estoy pidiendo,  y que aún no tengo, resolveré. Ahora bien, si en el sumario administrativo aparece con una sanción que no sea la separación del servicio, yo tendría que solicitar al Ejecutivo la reincorporación de este oficial. El caso del comandante Martínez lo tengo pendiente en espera del dictamen que debe hacer el dictaminador actual, que es una persona que no ha conocido el sumario. Eso es importante, porque no está contaminado y, por lo tanto, tendrá que ver en su justa medida y proponer la sanción disciplinaria que realmente le corresponde a este oficial o absolverlo. Lo vamos a agilizar lo máximo posible.

-El fiscal del caso, el general Julio Pineda, dijo a CIPER que no entrevistó a generales. Estamos hablando de compras muy grandes dentro de una institución altamente jerarquizada ¿No cree que le resta validez a la investigación que no pesquise eventuales responsabilidades en el alto mando?

Bueno, esa es una función que le corresponde al fiscal y no está impedido de entrevistar a nadie en un procedimiento administrativo. Él tendrá que determinar o no determinar. Él actúa como fiscal administrativo y, respecto a la denuncia presentada, tendría que haber verificado el origen y cómo se produjo esta compra y ahí determinar las responsabilidades. Él ha estimado, como fiscal, en su esfera de competencia y atribuciones, que no había ningún grado de responsabilidad de otros estamentos y por eso, entiendo, que él no lo hizo (tomar declaraciones a generales). Como información a priori, él se centró en el origen mismo de donde se produjo esta especie de colusión supuesta y por eso seguramente ese fue su lineamiento. Ahora, lo revisará el oficial dictaminador que tiene las competencias para reabrir o mandar hacer las diligencias que estime que faltaron.

¿Y existe alguna sanción al fiscal si se comprueba que no se hizo todo lo que se debía hacer, o no se entrevistaron personas directamente involucradas?

Sí, si eventualmente existe una intención maliciosa para no haber involucrado a una persona que aparece evidentemente en el procedimiento administrativo, pero eso lo tiene que ver el dictaminador. Después, están los órganos superiores que tendrán que dirimir respecto al trabajo que él hizo, si lo hizo bien o mal. Pero tiene que haber una intención maliciosa para que se produzca un reproche administrativo.

Ya han pasado dos años desde que CIPER revelara las irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros, pero los coletazos parecen no amainar.  El  4 de octubre pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sorprendió al presentar una querella contra quienes resulten responsables del millonario fraude (ver querella del CDE). Se trataría de $1.600 millones en malversación de fondos públicos, de acuerdo a un reciente informe de la Contraloría General de la República que motivó la acción del CDE. Además, el sumario interno que aún se arrastra en Carabineros ha dejado víctimas que ahora apuntan directamente al alto mando de la institución por sus posibles responsabilidades.

El detonante de la investigación fue un reportaje publicado en enero de 2012 que revelaba adquisiciones con sobreprecios millonarios, proveedores privilegiados –como Mellafe y Salas–, trampas al sistema de Chile Compra y contratos por trato directo que beneficiaron a los hijos del ex general director Fernando Cordero Rusque, entre otras cosas ( Ver Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros”).

Además del sumario interno y de procesos abiertos en la justicia civil y militar, la consecuencia inmediata de la publicación fue una auditoría ordenada al TIC que tan solo 10 días más tarde concluyó en un informe reservado de 29 páginas (ver informe). Aunque  se auditó solamente el segundo semestre del 2011, no solo confirmó las irregularidades que CIPER denunciaba, sino que descubrió más hechos catalogados por el equipo auditor como “no aceptables”. Se identificaron 25 problemas de gestión, siendo las más graves las referentes a compras públicas, pago a proveedores, celebración de contratos y custodia en bodega.

General Gustavo González Jure

Hasta ahora no se había mencionado la existencia de un Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones que debía estudiar y hacer recomendaciones respecto de todas las compras transacciones de más de 1.000 UTM y que entre otras cosas debía velar por que no se produjeran irregularidades. Durante el periodo cuestionado, dicho consejo estuvo presidido por el actual general director de Carabineros, Gustavo González Jure, quien asegura que no tenían cómo descubrir la trama de los sobreprecios.

Investigaciones en curso

Ya se sabía que había una investigación periodística sobre las compras cuando el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, nombró  al coronel Juan Antonio Muñoz a cargo del TIC.  Se intervino entonces dicho departamento, lo que incluyó el traslado de otros de los funcionarios presumiblemente implicados a otras dependencias de Carabineros (ver nota Habla el nuevo jefe del TIC de Carabineros: “Así fue cómo se descubrieron las irregularidades”).

Luego, la investigación interna le costó el llamado a retiro a uno de los principales mandos de Carabineros, el general inspector Gerardo González Theodor y a otros dos oficiales de la institución (ver nota Los “Sobreprecios” y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros). Sin embargo, sus salidas de la institución no implicaron ninguna sanción, por lo que se les respetó todos sus años de servicio y recibieron su desahucio y su pensión vitalicia.

Con la querella del CDE y la investigación penal en curso, la situación de los oficiales acogidos a retiro, podría cambiar. Además, sigue pendiente el sumario interno que encabeza el general de la Quinta Zona, Julio Pineda Peña. Si bien en Carabineros se informó hasta ahora hay nueve funcionarios inculpados, existe escepticismo en algunos círculos policiales respecto a los alcances de dicha investigación, pues se teme que no toque a los oficiales de más alto rango que podrían tener responsabilidades.

En la actualidad el sumario se encuentra en estado de revisión por parte del fiscal dictaminador, el actual director nacional de Logística, general Marcos Tello Salinas, quien debe verificar que la indagatoria se haya hecho correctamente. Luego, los acusados deben presentarle sus descargos.

El general Pineda confirmó a CIPER que en su investigación no se tomó declaraciones a ningún general. Esto, pese a que los hechos sucedieron en un departamento que dependía de la Dirección de Planificación y Desarrollo, encabezada por el ahora retirado general González Theodor, quien ha sido acusado de haber intervenido a favor de Mellafe y Salas. Tampoco entrevistó a ninguno de los integrantes del Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones, que está compuesto por seis generales del alto mando de Carabineros y que presidía el actual director general.

El “Honorable Consejo”

El rol del Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones está ahora en el ojo del huracán. Aunque existe desde 1997 para asesorar y recomendar adquisiciones y enajenaciones al director general, una orden general del 5 de enero de 2010 fija un nuevo texto sobre la creación y regulación del consejo.  Lleva la firma del ex director general Eduardo Gordon y fue redactado por quien era su segundo y hoy dirige la institución, Gustavo González Jure.

El documento establece que el rol del consejo será “conocer, estudiar, asesorar y recomendar todos los procesos de compra con inversiones sobre los 1000 UTM”.  Además, en otro de sus puntos, reafirma que  “el consejo deberá velar por la más absoluta transparencia, corrección, coordinación y rectitud en sus acuerdos de manera tal de contribuir a que los procesos en que le quepan participación  resulten incuestionables y apegados al principio de probidad administrativa”. (Ver documento)

Solo en el año que fue aprobado el decreto, Carabineros realizó compras por más de $2.500 millones a la empresa Mellafe y Salas, las cuales se hacían con escandalosos sobreprecios.

Es por esta razón que Ramiro Martínez Chiang, uno de los oficiales llamado a retiro temporal de la institución, se defiende diciendo que  justamente cuando se hicieron las compras irregulares, el consejo estaba presidido por el actual general director de Carabineros Gustavo González Jure. Para Martínez Chiang resulta extraño que el consejo no se percatara de que había algo sospechoso en las asignaciones millonarias a un mismo proveedor (ver entrevista a Martínez Chiang)

Como subdirector de Carabineros, González Jure presidió el consejo entre 2008 y 2011. Descarta cualquier responsabilidad en estas compras pues se trata de un órgano colegiado sin capacidad resolutiva y que sólo asesora al director general. Además, en el caso particular que se investiga, respecto a los generadores vendidos con sobreprecio por Mellafe y Salas, González Jure explica que como se trataba de compras hechas por “convenio marco”, el consejo no analizaba el detalle de las ofertas (ver entrevista a González Jure).

Los convenios marco de Chile Compra son una forma de realizar adquisiciones a proveedores que previamente participan de una licitación dirigida por la Dirección de Compras y Contratación Pública y no por Carabineros. La idea es que cuando las instituciones requieran comprar algo que ya está dentro de un convenio marco, no tengan que hacer una licitación sino que elijan entre los productos y servicios que ya han sido incluidos en un catálogo. En este caso en particular, los generadores en cuestión habrían sido incluidos con precios inflados y antecedentes fraudulentos por Mellafe y Salas entre los productos del convenio marco, lo que motivó una querella del CDE en representación de Chile Compra por un perjuicio fiscal de más de $900 millones (ver querella). Esto da cuenta de que el sistema de convenios marco está lejos de ser infalible.

Una de las operaciones cuestionadas más cuantiosa fue tratada en la sesión del Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones de Carabineros que se realizó a las 16 horas del 11 de mayo de 2011.  Como efectivamente el consejo no tiene capacidad resolutiva, lo que se hizo fue revisar los datos generales de la adquisición. La conclusión fue recomendar adjudicar al proveedor Mellafe y Salas para la compra de generadores por $787.887.844.

Si el consejo presidido por González Jure hubiera encontrado algo sospechoso en la transacción, se habría encontrado con que en realidad los hechos ya se habían consumado. La Dirección de Logística de Carabineros había emitido la orden de compra el 14 de abril de 2011, casi un mes antes de pedir la “recomendación” del Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones. Es decir, cuando el organismo cumplió con la formalidad de visar el contrato, lo cierto es que ésta ya se estaba ejecutando.

Fue el mismo González Jure, ya como director general de Carabineros, quien el 5 de marzo de 2013, cuando el Ministerio Publico había avanzado en la investigación de las pérdidas millonarias de dinero público, decidió disolver el Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones . De acuerdo al decreto, lo hizo por  “conveniencia, y así evitar duplicidad de funciones y distracción de los Mandos integrantes de las funciones que le son propias”  (ver  decreto) .

Comandante Ramiro Martinez Chiang:

“Aquí se está ocultando la participación del general director de Carabineros”

Ramiro Martínez Chiang

Ramiro Martinez Chiang ocupó el cargo de Jjefe de la sección de infraestructura del departamento TIC  entre los años 2010 y 2012. En marzo pasado fue llamado a retiro temporal mientras se investigan los graves hechos de los que se le acusa en el marco de las compras con sobreprecio. También está como imputado en la causa que lleva el Ministerio Público y de la cual se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.

Usted está como imputado en una causa por malversación de fondos públicos  de la que en octubre se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál fue su participación en los hechos que investiga el Ministerio Público?

Bueno, a mí en el mes de abril de 2012  se me notifica de un decreto de retiro temporal, firmado por el ministro del Interior, señor Andrés Chadwick . El decreto (ver documento)  es  una transcripción o copia casi fiel de lo que informa el fiscal del sumario interno por el caso TIC, general Julio Pineda Peña, lo que no deja de sorprenderme. Porque  además, la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado también es una copia casi fiel de lo que informa el general Julio Pineda a pesar de que él no está diciendo la verdad.

Aquí hay una institución que está  informando hechos falsos, y me refiero específicamente al sumario que realizó el general  de carabineros Julio Pineda Peña, él junto con su secretario el comandante Murillo, han creado toda una teoría conspirativa y delictual en mi caso que es totalmente falsa. Yo este año aparte de las amarguras que me ha producido todo esto, y la decepción que me ha acarreado, no me deje caer, e inicié una investigación con un abogado. Ha sido un año difícil, ha sido un año de actuar metódicamente, y hemos logrado resultados para demostrar la falsedad de los hechos.

¿Por qué dice que el general Pineda ha hecho un sumario  faltando a la verdad?

Lo que pasa es que el general Pineda  es integrante del alto mando institucional. En la querella del Consejo de Defensa del Estado se, dice entre otras cosas, copiado del sumario, que el comandante Ramiro Martínez  tenía a su cargo disposición patrimonial y que podía utilizar recursos. Se dice también que efectué reuniones previas con la empresa, se dice que yo emití un informe técnico para el pago de una determinada factura por 787 millones de pesos. Todo eso es mentira, la disposición patrimonial solo  la  tienen  los jefes de departamentos,  coroneles, directores de direcciones o generales. Respecto a las “reuniones previas” con la empresa Mellafe y Salas, yo ya entregué una serie de documentos al Ministerio Público donde demostramos que estas reuniones previas no existieron. Yo me reuní con la empresa Mellafe y Salas, pero esas reuniones eran en el cuartel, y en cada una se hacía un documento que se llama minuta técnica donde poníamos los temas que se habían tratado. Esas reuniones, se hacían pura y exclusivamente para tratar sobre las instalaciones de los equipos electrógenos. Y esto, porque hubo un momento que se le empezaron a comprar tantos equipos, que se debía planificar las instalaciones y todo esto está en las minutas técnicas. Yo coordinaba los nombres de las personas, los técnicos que Mellafe & Salas iba a mandar a las instalaciones en las diferentes comisarías. Informarle a las comisarias, quién iba, en qué momento y qué se iba a instalar, porque no cualquiera puede llegar a una comisaría y ponerse a instalar nada.

El general Pineda aprovechándose de un error tipográfico, el cual yo demuestro con emails, con peritajes que yo solicite al laboratorio de Carabineros que la reunión previa que se me acusa en la querella de que fue en enero, fue dos meses después,  en el mes de marzo.

Eso confirmado por un peritaje a los computadores, lo confirman los emails del proveedor, y ha sido una suerte de confabulación para buscar culpables  “menores”, en un nivel que no afecte al alto mando. Es decir aquí se encontró culpable a un comandante, a un capitán y a un ingeniero por compras de más de 40 mil millones de pesos. ¿Quién compra en Carabineros? Si tú me preguntas si las hacía yo, ¡no!. Las compras en el TIC las hacían el coronel Cortés  y el capitán Bustos, pero solo hasta 1000 UTM. Existe una reglamentación que norma esta materia, las compras mayores de Carabineros, de los $40 millones para arriba no se pueden hacer sin ser aprobadas  por un “Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones”. Este consejo, fue creado con una orden general, justamente para evitar malas compras o malversación de dineros. Este comité se creó en el año 2010  y era el encargado de ver, estudiar y asesorar las grandes inversiones y compras en Carabineros, además los principios que rigen este comité, según dice el decreto de creación son: Probidad, responsabilidad, transparencia, un control jerárquico  y siempre ese comité debe someter las compras a su conocimiento y su aprobación. Los acuerdos que se hagan en ese comité, los ejecutará tal cual se dispuso el director de Logística.

Este comité está integrado por las más altas autoridades de Carabineros,  el presidente del comité es el subdirector de Carabineros y lo integran cinco inspectores generales, todos del alto mando de la institución.

El sumario no se pronuncia por ejemplo de por qué continuamente e indiscriminadamente siempre se autorizaba esas millonarias compras al mismo proveedor. Porque las resoluciones del director de Logística, eran siempre con un acuerdo previo de este Honorable Consejo.

¿O sea, que las grandes compras a Mellafe y Salas no las podían hacer los oficiales a cargo del departamento TIC?

No las podía hacer el Coronel Cortés ni tampoco el capitán Bustos,  sin la aprobación de este Honorable Consejo.

A usted se lo acusa por adulteración de fechas para el pago de facturas antes de recepción conforme al proveedor

Lo que se me acusa es según palabras del sumario, es que emito un informe técnico “gravitante” para el pago de las facturas y así mismo es determinante para el no cobro de las multas. Pero resulta que existía una práctica habitual entre el coronel Cortés y el capitán Bustos, que está demostrado en el informe que la propia institución realiza con fecha 13 de febrero de 2012  del departamento de contraloría interna de Carabineros, realizado por el mayor Juan Carlos Cárcamo. Éste informa que el coronel Cortes y  el capitán Bustos emitían oficios para el pago de las facturas. Sin que existan mis informes técnicos de aprobación, ellos lo hacían. Yo tengo el oficio en que mi supuesto informe gravitante para el pago de esa factura, daba lo mismo, porque ya se había pagado la factura, ellos habían hecho el oficio 819 (ver oficio con fecha 20 de mayo, para el pago de los 787 millones de pesos. Y mi informe fue emitido posterior a ese oficio (ver informe). No se entiende qué tan gravitante era, si la factura ya se había pagado. Mi función a nivel del TIC era de un oficial técnico que tenía que recepcionar  los equipos y que fueran instalados o recibidos, de acuerdo lo que dijera el contrato.  A mí me queda un sabor amargo  de todo esto con la institución porque aquí hay gente de alto nivel que están eludiendo responsabilidades.

¿A qué gente de alto nivel se refiere?

Como los generales integrantes del Honorable Consejo, que estaban sólo para este control y no hicieron su trabajo.  Ellos son los que realizan las compras, y esto es lo que el general Julio Pineda evita mencionar.  Aquí se está ocultando la participación del actual general Director de carabineros el General  Gustavo González Jure, quien en el cargo de general subdirector de Carabineros presidió durante varios años  el Honorable Consejo de Adquisiciones. Y fue durante su presidencia que se hicieron esas compras hoy cuestionadas por la Contraloría General de la República.

Hay que ser bastante ingenuo para pensar que un coronel, un capitán, un comandante y un ingeniero puedan desfalcar 30 mil millones de pesos sin que estos órganos de control interno se dieran cuenta. Además en Carabineros existe una Inspectoría General, existe un Departamento de Actividades Financieras, existen una serie de departamentos justamente para controlar los dineros. Y además el comité que se forma y habla de la transparencia, de la probidad, de un control jerárquico. Ellos son los que deciden las compras, ¡para eso se creó! Todos los jefes de departamento debían pasar y mostrar los documentos de los distintos proveedores que estaban participando en las licitaciones a las que se había llamado. Se les muestra en un powerpoint, y ellos decidían, según calidad, precio etc. Me parece raro que 5 o 6 personas distintas del alto nivel de Carabineros no se dieran cuenta que era solo un proveedor al que se le estaban asignando las compras. Yo no puedo creer tanta ingenuidad.

Usted también estuvo a cargo de la central  de comunicaciones que nunca se terminó (CENCO) y que Carabineros inicio un sumario también. ¿Esa investigación interna a su juicio también está viciada?

El segundo sumario es diferente, ya que aquí  el general González Theodor  como director de Planificación y Desarrollo tenía a cargo los proyectos macro que se hacían en Carabineros. Uno de ellos fue esa central de comunicaciones, que actualmente  funciona en el piso 10 del edificio Norambuena. Pero el general González tuvo la idea llevarse CENCO  al subterráneo del edificio donde funcionaba un cine para funcionarios de Carabineros.

Él dispuso de una remodelación completa del cine, él era quién ordenaba y mandaba todas estas modificaciones. Él daba las órdenes directas al arquitecto Luis Lara Castillo.

Y así también el decidía las compras de lo que se iba a instalar dentro de esta moderna central. El presupuesto que estaba destinado para esta central se excedió, por las distintas y múltiples modificaciones que el general González daba al arquitecto. Y hoy toda esa gran inversión esta parada.

¿Por qué el general González Theodor no aparece declarando en los sumarios?

No aparece por tener una relación muy estrecha de amistad con el general Julio Pineda, ya que se conocen desde jóvenes. Y evidentemente está siendo protegido.  Otra cosa es que además el General González Theodor siempre daba las órdenes verbalmente, no hay casi documentos en que aparezca él. Las reuniones con los proveedores las hacía en el mismo lugar donde se estaban construyendo esta central . Él citaba sólo a las empresas a las que él les quería comprar: Por ejemplo a Mellafe y Salas, él le dice que le iba a comprar el sistema de climatización, un sistema que debía soportar grandes temperaturas y él se lo encarga directamente

¿A usted no le llamaba la atención esto? ¿Usted nunca se le ocurrió denunciar esto al interior de Carabineros?

Sí, claro que me llamaba la atención, pero esto a nivel de la institución con disciplina militar, uno simplemente acata… lamentablemente.

¿Y esto no lo hace cómplice?

Lo que pasa es que es muy difícil denunciar al interior hay que poder tener las pruebas como la declaraciones de todas las personas que estaban participando y eso significa el que te den de baja.

¿Usted me dice que hoy en día no se puede denunciar corrupción al interior de Carabineros?

Un carabinero no lo puede hacer, sólo si estas en retiro, o expulsado de la institución. Una denuncia así se vería en la fiscalía militar y se resuelve siempre a favor de los mandos. En nuestro caso el sumario hecho por el general Pineda, da como culpables de todo el defalco, a un capitán, un comandante y un sargento, evitando las responsabilidades de los altos mandos involucrados. No hay transparencia, y esto es por razones obvias, los fiscales tienen el grado de mayor, capitanes, ¿cómo un fiscal con esos grados va a sentar a declarar  a un coronel y hacerle preguntas? Eso no sucede.

Aunque Dirk Jaspers lleva 29 años en Chile, su español mantiene el peculiar timbre de un extranjero que ha incorporado ciertos chilenismos en su vocabulario. Como director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), conoce a cabalidad las características de la población de nuestro país y durante cuatro décadas ha estado vinculado en conciliar los datos que han arrojado los censos de 1982, 1992, 2002 y también deberá validar los del controvertido Censo 2012. Aún no está resuelto si lo hará en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o será en forma paralela. La decisión está hasta el 10 de marzo en manos del director del INE, Juan Eduardo Coeymans, pero será finamente el próximo gobierno de Michelle Bachelet el que defina cómo se actuará frente a lo que había sido proyectado como “el mejor censo de la historia” y que en opinión de este demógrafo holandés debe repetirse o lo mínimo hacer un conteo de la población, en el corto plazo.

CIPER lo entrevistó el último día de 2013, oportunidad en que Jaspers realizó un análisis de cada uno de los informes elaborados para evaluar el Censo 2012, observando contradicciones notorias. Y llegó a la conclusión que la propuesta de Coeymans de realizar un conteo en 2016, en la práctica, es lo mismo que propuso la comisión externa al plantear un censo abreviado en los próximos años. La diferencia radica sólo en el número de preguntas, que en el caso del conteo es menor que las de un censo común.

En medio año más, cuando la conciliación censal esté terminada a nivel nacional (tarde 26 semanas), el director de Celade ya no ostentará ese cargo, pues a esa altura tendrá 60 años y se habrá jubilado de la Cepal.

¿Qué consecuencias tendrá para el país si el nuevo censo no se realiza pronto?

Vamos a tener estimaciones de la población, sobre todo a niveles comunales, con grados de error que pueden ser en algunos casos muy grandes y con todas las consecuencias del caso en materias de transferencias económicas, en  inversiones en educación y, salud, entre otros.

Chile se ha destacado desde hace tiempo por ser un país caracterizado por la seriedad e imparcialidad de sus estadísticas. ¿Cómo han afectado las controversias primero con la Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (Casen) y luego con el Censo 2012 para su imagen a nivel internacional?

El caso de la Casen en particular no involucra directamente al INE si no a un conjunto de instituciones. En cuanto al Censo 2012, como aún no están presentados internacionalmente los resultados, no muchos en el exterior conocen el detalle de los problemas que ha habido. Por lo tanto, las estadísticas de Chile internacionalmente no están desprestigiadas y hay tiempo para recuperar la confianza que se podría haber perdido, por lo menos a nivel nacional. Pero eso depende de la política que va a seguir el INE de aquí en adelante.

El director del INE, Juan Eduardo Coeymans, se ha mostrado reacio a realizar un nuevo censo pronto y ha asegurado que hacerlo el 2016 sería un desastre.

Es muy contradictorio su planteamiento, porque mientras propone realizar un conteo el año 2016 –que en la práctica es lo mismo que un censo, pero con menos preguntas–, asegura que requiere cinco años de preparación para un nuevo censo y por eso debería ser el 2020. Lo mínimo que se debe hacer es un conteo porque necesitamos tener una estimación actualizada de la población, tanto nacional, pero sobre todo también a niveles subnacionales. Eso ya lo estableció la comisión externa en la que Cepal participó a través de Magda Ruiz (coordinadora del área demográfica e información sobre población de Celade). Durante los meses que trabajó esa comisión, mantuve con frecuencia reuniones con Magda y creo que hicieron un trabajo muy serio al preguntarse cuáles son los objetivos y para qué es el censo.  Ellos llegaron a la conclusión de que el Censo 2012 tiene demasiados defectos, por lo cual recomendaron hacer uno nuevo, sea tipo conteo, abreviado, y completo en el momento lo más cercano posible. Aunque ellos mencionaron 2015 o 2016, la fecha debe ser evaluada por el INE, pero el hecho es que se requiere hacer un nuevo conteo a la población. Eso es así de categórico. Y ahora implícitamente lo ha dicho el INE. Aunque no de manera explícita, lo está reconociendo al proponer que se haga un conteo en el año 2016.

Es decir estamos frente a un problema más bien semántico que práctico.

Obviamente que un conteo no implica tanto trabajo como un censo completo, pero de todas formas significa censar a toda la población y disponer de una cartografía adecuada, que es uno de los trabajos más laboriosos y que toma más tiempo.

Dirk Jaspers, director de Celade

¿La cartografía no está disponible con la labor que se realizó en el Censo 2012?

Ese es otro tema. Cuando se argumenta que para hacer un nuevo censo se necesitarían cinco años, implicaría que no hay nada hecho, que se debería empezar de cero. Entonces me pregunto: ¿Todo lo que se hizo para el 2012 no sirve de nada, tienen que empezar de cero? Hay una serie de contradicciones que yo no me explico.

El departamento de Demografía del INE también recomendó realizar un nuevo censo abreviado y afirmó que los datos recogidos en el proceso tienen problemas de coherencia, cobertura y calidad.

Ese es un problema dentro del propio INE. El documento presentado hace un par de semanas por el departamento de Demografía a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, es un trabajo serio.

¿Qué le parece que la comisión de expertos internacionales haya validado los datos que emanan del Censo 2012 y dejado fuera de su análisis el tema de la omisión, que según la comisión nacional alcanza un 9,3%?

Eso último llama mucho la atención. Y existe una contradicción de la comisión internacional, pues mientras dice que el sistema de estadísticas vitales no se puede usar al igual que la encuesta de post empadronamiento, plantea que no hace falta un nuevo censo. Esa contradicción de la comisión internacional la veo también en la interpretación que hace el INE al acatar mucho el informe de esa comisión.

En este último tiempo, ¿la administración del Juan Eduardo Coeymans se ha contactado con Celade?

No. Solo nos encontramos durante la Conferencia de Estadísticas de las Américas realizada en la Cepal. Ese fue el último contacto, en el mes de noviembre del año 2013. En esa ocasión me informó que estaba a la espera del informe de la comisión internacional y me invitó a revisar ese documento. Me dijo que después nos íbamos a juntar para ver el proceso de conciliación censal, pero hasta la fecha no hemos tenido comunicación.

El director del INE dijo que ese proceso de conciliación censal podía esta vez realizarse con Celade o con otros organismos, como Statistics Canada, la entidad homóloga del INE en Canadá, con la que ya se encuentra trabajando en diversos proyectos.

He leído esa información. Y me parece bien, porque mientras más opiniones técnicas haya, mejor. Ahora, el proceso de conciliación ya lo inició el departamento de demografía del INE al comparar el Censo 2012 con los censos anteriores y llegó a conclusiones bastante claras: el Censo 2012 no aporta mucho, no hay mucho que conciliar con los otros censos. Hay un gráfico muy claro donde se compara los censos de 1992, 2002 y 2012 por grupos de edades. Por ejemplo, toman al grupo de edades 10-14 del año 1992; 20-24 y 30-34. Las cohortes (o generaciones) para 1992 y 2002 son muy coincidentes, pero el grupo 30-34 en 2012 queda muy por debajo, como si se hubieran muerto un montón de personas o si mucha gente hubiera emigrado. Entonces da la sensación de que el Censo 2012 no ayuda mucho a mejorar el conocimiento que tenemos de la población de Chile por edades y sexos.

¿Qué significaría para el diseño de políticas públicas conservar los datos del Censo 2012 hasta el año 2020, como plantea el director del INE?

Este es un problema a nivel nacional y si vamos a nivel de comunas las diferencias pueden ser feroces. Si uno piensa en las implicaciones, las transferencias de recursos financieros hacia las comunas, el factor población y sus características es uno de los elementos clave. Las transferencias sectoriales de vivienda y de salud dependen de la población y son inversiones a nivel local. Se debe tener mucho cuidado en malgastar los dineros del Estado, pues si no se sabe con exactitud las características de la población, los dineros podrían llegar a destinos equivocados. Por eso siempre digo que el censo es baratísimo y si yo fuera ministro de Hacienda propondría realizar cada tres años un censo, de forma tal de estar más seguro de que la plata llega al destino esperado.

Hay propuestas de realizar los censos cada cinco años.

Siempre como parte del Celade hemos dicho que el espacio de diez años es demasiado. El último informe del INE hace una crítica a las proyecciones  comunales. A ese nivel es muy difícil proyectar la población, por lo que puede haber errores enormes. Entonces, si proyectas la población de una comuna por 10 años, el error que estás cometiendo puede ser altísimo y con ello el destino de los recursos igualmente va a ser equivocado. De ahí que es mejor realizar un conteo inter censal, como lo están haciendo algunos países. Hace décadas estoy promoviendo el conteo inter censal y no solamente para mantener actualizado las estimaciones de la población, sino también para mantener actualizada la cartografía. Así las encuestas por muestreo también son mas aceptadas, más representativas, porque el marco muestral después de diez años también aumenta sus errores. Además, dado que cada diez años se hace un censo, del equipo que trabaja después para el próximo censo quedan muy pocos. Es decir, se pierde la memoria institucional, por lo que mientras mantengas activo la actividad censal es mucho mejor. En algo en esa dirección va el último informe del al INE al plantear la creación de un departamento de censos.

LOS PROBLEMAS DEL CENSO 2012

Tomando en cuenta todos los documentos que se han elaborado para revisar el Censo 2012, ¿cuál es su mayor problema?

Todavía no tengo identificado cuál ha sido el problema mayor del Censo 2012. No tengo claro cuál ha sido la calidad propiamente tal de la cartografía y la calidad de los encuestadores. El tema de las viviendas con moradores ausentes también es preocupante. Los informes del INE y de la comisión internacional no critican el tema de control de calidad ni tampoco el rol de los supervisores. Solo la comisión interna indagó un poco más al respecto. Hubo una rotación bastante importante de los censistas y se debió contratar gente nueva para complementar lo que faltó de esa labor. No he visto un protocolo claro de cuál era el rol del supervisor y en ese punto creo que hubo un problema de control de calidad. Hubo mucha gente a la que le pegaron el sello “censado”, pero nunca entraron a su casa. El otro problema fue el de la capacitación. Entiendo que la primera camada de censistas recibió una capacitación fuerte, pero los que entraron después, no.

¿Haber cambiado el censo de hecho (se pregunta donde durmió la noche anterior) por uno de derecho (se consulta dónde habitualmente duerme) fue también una dificultad?

Obviamente que sí, el censo de derecho tiene una lógica diferente. El tiempo que hubo de preparación fue muy poco, considerando toda la parte logística y conceptual. Además, no se hicieron las pruebas del caso, no hubo un piloto. El concepto de “residente habitual” en un censo de derecho es medio complicado y se requiere una capacitación adecuada a los censistas. Cuando a nosotros como Celade se nos informó que se haría un censo de derecho, pensamos que iban a postergar el censo, pero nos dijeron que no.

DISTORSIÓN EN SANTIAGO

¿Es posible comparar los censos de 1992 y 2002 con el del 2012, al ser los primeros de hecho y el último de derecho?

Discrepo con quienes están planteando que no se pueden comparar. No es exactamente lo mismo, pero tal como hizo el departamento de Demografía del INE, analizamos la diferencia entre quienes en el año 2002 respondieron donde habían dormido la noche anterior. A nivel nacional, el 98% de la población fue censada en su comuna de residencia habitual. Hay solo una diferencia pequeña que se da generalmente en comunas pequeñas y mineras, gente que trabaja en las minas pero vive en otro pueblo. Otro caso que distorsiona los resultados es Santiago. Porque muchos de la Región Metropolitana que están, por ejemplo, en Puerto Montt, al consultársele dónde viven, responden regularmente “Santiago”, pero no se refieren a la comuna de Santiago centro. Ese es un porcentaje altísimo y también dificulta la estimación de la migración interna de la comuna de Santiago, porque parece que emigró un montón de personas y no es así. Pero  en general hay una coincidencia muy fuerte entre dónde fueron censados en el 2002 y cuál es su residencia habitual.

¿Cuál es la recomendación de Celade para este próximo periodo: hacer un censo de hecho o de derecho?

No tengo una opinión muy tajante. Cualquiera que se haga, debe prepararse bien. El censo de hecho tiene ciertas ventajas: evitas el tema de la residencia habitual. Solo se pregunta quiénes durmieron la noche anterior y estás asegurando una mejor cobertura al realizarlo en uno o dos días. Se requiere un gran número de estudiantes, lo que no siempre es fácil de conseguir en números suficientes y en muchos países existe el temor que los estudiantes hagan alguna protesta. Por otro lado, si se hace un censo en un día, no hay posibilidades de corregir errores. En cambio, si tú haces censos en tiempos alargados, al surgir un problema sobre la marcha, tienes tiempo de corregir.

Con un censo de hecho, todo el país se ponía a disposición, desde los municipios, los gobiernos regionales y la población esperaba religiosamente que lo llegaran a censar.

Sí, tiene sus ventajas sin duda: logras una mejor cobertura si es un día feriado y no un fin de semana. Aseguras que la gente está toda en sus casas. Además, casi todos los miembros que durmieron en la noche anterior van a estar, por lo que puedes tener información más directa. En un censo de derecho, si queda solamente, por ejemplo, la abuela en la casa, ella tendrá que informar de cada persona del hogar y puede que no los conozca.

ABIERTO A COLABORAR

¿El equipo de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, tomó contacto con Celade?

No, nadie ha tomado contactos con Celade. Y ojalá con el cambio de gobierno se resuelva la situación lamentable que vive el INE. Este debe ser totalmente independiente del gobierno.

Existe un proyecto que está en el Congreso y que apunta a cambiar esa dependencia.

Ese proyecto parece tener limitaciones aún. La idea es que el INE sea como el Banco Central, pero creo que el proyecto de ley no llega a ese punto. Es lamentable que un instituto como el INE esté sujeto al gobierno de turno.

Si el próximo gobierno le pide a Celade colaboración para diversas tareas, como por ejemplo el proceso de conciliación censal, ¿qué disposición tendrá el organismo que usted dirige?

Independientemente de si es ahora o después, estamos totalmente abiertos a colaborar. Lo he dicho en entrevistas y se lo he dicho también a Coeymans. Durante décadas hemos trabajado con el departamento de Demografía del INE en la conciliación censal y en la revisión de las estimaciones y proyecciones de población. Es más, las estimaciones y proyecciones para América Latina de los 20 países las coordinados nosotros en la Cepal, a través de Celade, y entregamos esta información a la División de Población de Naciones Unidas, que cada dos años publica su World Population Prospects. Somos el único organismo de Naciones Unidas que da ese servicio y para eso tenemos un convenio con ellos.

¿Desde cuándo ha estado vinculado en revisar las estadísticas de Chile? Desde el Censo de 1982, ya cumpliré cuatro décadas participando en esa labor. Si no trabajamos de manera directa con el país, recibimos sus insumos y los revisamos según los estándares de Naciones Unidas. Pero preferimos siempre trabajar con las oficinas de estadística, de forma tal que a nivel nacional, regional (Cepal y a nivel mundial (ONU) existan las mismas estimaciones y proyecciones. Lo que publica Nueva York es lo que usa la Unesco, la OIT, es el referente mundial. Por eso es importante que las cifras nacionales sean las mismas. Somos la única región en el mundo que lo logra, porque en África y Asia puedes encontrar proyecciones nacionales, regionales, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, diferentes

¿Qué ocurrirá con el informe que Celade entregue a la ONU si los datos de nuestro país que arrojó el Censo 2012 no son lo suficientemente confiables?

Cuando salieron las primeras cifras este año del Censo 2012,  empezamos a revisar cuán buenas o malas eran nuestras proyecciones. En su momento yo le dije al INE que las proyecciones eran bastante razonables, más bien pensando en los tres componentes del cambio demográfico. En el tema de la mortalidad, sí hubo un cambio, frente a lo proyectado más bien habría bajado, lo que significa que hay más personas; la fecundidad está casi igual a lo que entrega estadísticas vitales; y la inmigración internacional que preveíamos hace diez años, más bien aumentó. Si tomamos como referente la proyección, debería estar entre 17,4 y 17,5 millones. Si la población real fuese más baja, significa que tenemos que corregir la omisión que hicimos al censo del 2002, la que fue estimada entre un 3,8 y 4%.

¿Y si el INE decide finalmente no trabajar con ustedes en la conciliación, vamos a tener diferentes proyecciones nacionales y regionales?

Si no trabajáramos juntos podría ocurrir que tuviéramos proyecciones y estimaciones diferentes, pero ojala que pudiéramos trabajar de forma conjunta, de manera que las proyecciones del INE, las nuestras y las de las Naciones Unidas sean las mismas o muy cercanas.

¿Celade podría sumarse ya a trabajar con el INE?

Nosotros estamos listos para trabajar ya. Y el departamento de demografía del INE ya avanzó bastante. En cuanto a las proyecciones a niveles subnacionales, de ellas se encarga el INE, porque a nosotros no nos da el tiempo. Lo podemos asesorar en la parte metodológica, pero no en un trabajo propiamente tal. Lo que hacemos en conjunto son las proyecciones nacionales.

¿Tendría inconveniente trabajar junto a otro organismo en la conciliación censal?

Como dije, no tendría ningún inconveniente en que el INE pida asesoría a otros y si quiere conjuntamente, trabajemos. De hecho, si la comisión externa y la comisión internacional hubiesen trabajado en conjunto, habría sido mucho más eficiente. Con la comisión internacional tuvimos un par de reuniones para saber nuestra visión. Para nosotros la cobertura es fundamental. Y no entiendo por qué la comisión internacional no se metió en ese tema.

Descargue el Informe Final de la Comisión

El voto de la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) fue determinante en la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que, por siete sufragios de la Nueva Mayoría contra seis del oficialismo, le asigna responsabilidades administrativas al ex director del organismo, Francisco Labbé, en irregularidades detectadas en el proceso del Censo 2012.  El informe también cuestionó a su sucesor, Juan Eduardo Coeymans, por “haber sido errático y poco claro sobre las vías de solución para remediar los problemas identificados”.

La votación se llevó a cabo el miércoles 8 de enero de 2014 y a ella no pudo asistir el diputado independiente Miodrag Marinovic, quien mandató a la diputada Alejandra Sepúlveda para reemplazarlo en la comisión investigadora. Al votar por el informe propuesto por el diputado (DC) Juan Carlos Latorre y su colega PPD Ramón Farías,  la presencia de la parlamentaria permitió destrabar el empate que se había producido en esa instancia, pues la derecha y la oposición tenían seis votos y cada sector presentaba conclusiones distintas.

Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Censo 2012, presidida por Juan Carlos Latorre

En el informe de mayoría se constató que es “responsabilidad del ex director Francisco Labbé el no resguardar el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera S.E. el Presidente de la República, así como no proteger datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios irregulares –Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, etc.), sobre datos y productos sensibles de la Institución”.

El documento se hace cargo de cada uno de los aspectos denunciados en el primer reportaje de CIPER que destapó las irregularidades del Censo 2012. Advierte, por ejemplo, de las contrataciones a honorarios de Juan Pablo Raide Prunes, Antonio  Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali sin que se hubiesen efectuado verdaderamente los servicios que se les encomendaron, esto con la finalidad de pagar las asesorías de Maximiliano Raide Prunes.

Maximiliano Raide, uno de los principales asesores del ex director del INE, Francisco Labbé, no aparecía en ninguna dotación del organismo, pese a que gozaba de todos los privilegios de los miembros de su plana ejecutiva. Y como no poseía título profesional se ideó un mecanismo para poder pagarle a través de otras dos personas un sueldo que ascendía a $3.900.000.

“Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, no desarrollaban las funciones que señalaban sus contratos y no eran conocidos por los funcionarios del INE que asistieron a esta Comisión Investigadora. Sólo la Sra. Mariana Alcérreca quien ejercía el rol de “gerente” del INE y el ex jefe de gabinete del Director Raúl Sepúlveda Faúndez, dieron cuenta de conocerlos, ya que ellos mismos solicitaron al ex director Labbé que estos asesores asistieran a una reunión semanal de 2 horas con la finalidad de justificar y acallar las molestias que existían por parte de los funcionarios del INE ante los elevados honorarios que se les cancelaban a pesar de no asistir a la institución”, señala el informe de la Cámara de Diputados, que debería votarse la próxima semana en la sala.

ESTRUCTURA PARALELA

La comisión investigadora del INE constató que con la llegada de Maximiliano Raide en  2012 se gestaron diversas decisiones en forma paralela al equipo directivo del INE, mientras que la gestión del director Labbé comenzó a volverse más cerrada, llegando a dejar fuera a los equipos técnicos del organismo al momento de opinar y tomar decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos del INE.

Maximiliano Raide

“En esta estructura paralela de funcionamiento de la dirección del INE participaban su ex Director Francisco Labbé, la llamada “gerente” del INE Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Sr. Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Sr. Maximiliano Raide Prunes y Sebastián Mathews. Entre este grupo de personas, se tomaban decisiones de particular relevancia como lo fueron el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del Censo para darla a conocer al país sin dar cuenta del detalle de las imputaciones que se efectuaron”, indica el informe.

A través de declaraciones de invitados a las sesiones de la comisión, la comisión estableció que “existía un ambiente laboral de mucha tensión en el INE durante la administración del ex director Labbé, principalmente debido a que este fue excluyendo a los equipos técnicos del INE en la toma de decisiones técnicas que a la larga fueron las que llevaron al fracaso del proceso Censo 2012. Dicho ambiente fue generando conflictos dentro de la institución, tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales de los funcionarios del INE”.

Los diputados advierten que dicho ambiente laboral se mantiene en la actual administración del director Juan Eduardo Coeymans, ya que se ha establecido “una nueva estructura que no ha tenido interrelación fluida con los demás departamentos técnicos del INE”, en especial en el proceso de revisión y elaboración del plan de acción para corregir los errores del CENSO.

CAMBIO DE CENSO EN 25 DÍAS

La decisión del cambio de metodología del Censo 2012, es decir pasar de un censo de hecho (se pregunta dónde se pernoctó la noche anterior) a un censo de derecho (se consulta dónde habitualmente vive la persona), también fue abordada por la comisión investigadora. Y al igual que la comisión de expertos que analizó la encuesta nacional y el director de Celade, Dirk Jaspers, determinaron que ésta fue “una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación”.

Francisco Labbé, ex director del INE

-La decisión se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica, ni contaron con ningún tipo de insumo técnico preparado por los equipos técnicos del INE, por tanto, no se cuantificó, ni ponderó la decisión del cambio de metodología y sus consecuencias en el proceso de levantamiento del Censo -señala el informe.

Advierte que desde que la Comisión Nacional Censal consideró y hasta que se consolidó administrativamente dicho cambio, sólo transcurrieron 25 días, con lo que se dejó de lado más de cuatro años de preparación.

“La posibilidad de cambio se comienza a vislumbrar recién el día 20 de agosto de 2011, fecha en la que el Sr. Labbé, su asesora Mariana Alcérreca y el jefe del Censo, Sr. Carrasco, concurren a una reunión con el Ministro de Economía, Sr. Longueira, donde, entre otras materias, se le explica la diferencia entre un Censo de derecho y de hecho –antecedentes preparados sólo por Alcérreca, sin sustento de ningún equipo técnico del Servicio”, indica el texto de la comisión.

Según testimonios e informaciones recopilados por la comisión investigadora, la motivación principal del cambio de metodología del Censo 2012 habría sido impulsada por “la inconveniencia de depositar la realización del Censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el 2011”. La participación de los voluntarios y en especial de los estudiantes de educación secundaria, correspondía a más del 75% del personal requerido.

La responsabilidad en la inadecuada forma de tomar la decisión de cambio de metodología, según los antecedentes constatados por la comisión, recae principalmente en el ex director y de manera secundaria en los otros profesionales que participaron de las reuniones: Eduardo Carrasco, jefe de censo; Mariana Alcérreca, asesora del director; Lucas Palacios, asesor de la Dirección de Presupuestos, y el asesor de la Presidencia de la República, Fernando Zavala.

MORADORES AUSENTES

La comisión investigadora constató que fue decisión del ex director del INE el incorporar en las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012 una proyección de los “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, sin precisar que esas eran imputaciones y no personas efectivamente encuestadas. El informe parlamentario señala que Labbé tomo esa decisión a pesar de la recomendación y prevención realizada por los equipos técnicos, respecto a la necesidad de mencionar claramente en la publicación y difusión de los datos que en estos se había incorporado una proyección de “moradores ausentes”.

“En abril de 2013, nuevamente se publican las cifras, pero sin hacer mención a las imputaciones que se efectuaban, distorsionando la cobertura lograda del Censo, y no dando cuenta en parte alguna, que la población efectivamente censada llegaba a los 15,8 millones y toda la demás población -para llegar al total de 16,6 millones-, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y viviendas no logradas”, destaca el informe.

El documento consigna que en el libro que se entregó al Presidente Sebastián Piñera el día de difusión de los resultados finales del Censo, en ninguna parte de su contenido se señala la operación de imputación que se realizó, tendiendo siempre a que se entendiera que la población efectivamente censada era de 16,6 millones, de tal manera que con ello se constatara una baja omisión.

-La ex asesora del sr. Labbé, Mariana Alcérreca, dio cuenta ante la Comisión que hizo gestiones ante el jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Economía, Sr. Vicente Correa. Y se reunió en Minecon (Ministerio de Economía) con él y junto a la directora subrogante Sra. Julia Ortúzar, para comunicar lo inadecuado de la imputación y forma de comunicar cifras, de acuerdo a lo señalado por ella, para “proteger al Presidente de la República”-, señala el texto.

La comisión destaca que sólo a través del reportaje realizado por CIPER se pudo conocer que las cifras no correspondían a la población efectivamente censada, sino que en la cifra dada a conocer por el primer mandatario también se encontraban las imputaciones mencionadas.

Además, se responsabiliza al ex director Francisco Labbé por no resguardar el secreto de los resultados del Censo, así como no proteger datos sensibles.  “En ese sentido, sin perjuicio de los protocolos existentes, respecto de la filtración de los datos del Censo, se vulneraron las normas de resguardo de la información, y lo que es más grave, frente a requerimiento de profesionales del INE, para efectos de iniciar una investigación y determinar responsabilidades administrativas, no procedió a iniciar la investigación en un tiempo apropiado dilatando la decisión y cuestionando la solicitud del profesional”, establece el informe.

Si bien los diputados valoran la evaluación del trabajo censal, realizados tanto por la comisión nacional como por la internacional, adhirieron a las conclusiones de la comisión de expertos nacionales en un punto  relevante como la omisión censal calculada en un 9,3 %.

“Considerando además los informes del consultor (Eduardo) Arriaga y del Subdepartamento de Estadísticas Demográficas, (del INE), podemos concluir que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es imprescindible tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un censo abreviado (censo de hecho acotado en los términos expuestos por la comisión nacional), u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia, concluye el informe de la comisión investigadora.

Más de un cuarto de siglo estuvo Pedro Lizana Greve a la cabeza del directorio de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre. Su gestión terminó abruptamente el 31 de diciembre pasado, cuando la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) lo removió de su cargo, junto a otros tres directores, y decretó la intervención de la caja de compensación. De acuerdo a la resolución de la superintendenta, María José Zaldívar, los directores no cumplían los requisitos para ocupar ese puesto, por lo que se pasaron a llevar en forma “grave” y “reiterada” tanto la ley como los estatutos de la institución.

La decisión de Zaldívar tuvo lugar sólo tres semanas después de la presentación de una demanda laboral del ex gerente de la Caja 18 de Septiembre, Nelson Bravo Correa. Podría haber sido una más de las miles de demandas que llegan a tribunales si no hubiese estado cargada de graves imputaciones contra Pedro Lizana, a quien entre otras cosas acusa de imponer contratos millonarios como presidente del directorio con empresas relacionadas con él.

Cuatro miembros del directorio de la Caja 18 fueron removidos de sus cargos

Lizana, quien fuera presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), está siendo investigado ahora tanto por la denuncia en tribunales como por la superintendencia que dirige una de las hijas del fallecido ex embajador en Argentina y ex presidente de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar. Lizana deberá responder por sus decisiones como director de la Caja 18 de Septiembre, donde asumió el 1 de agosto de 1987 (ver decreto del Diario Oficial).  La institución tiene un patrimonio de más de $61 mil millones y las empresas afiliadas superan las 15 mil.

La intervención de la Caja 18 se inició el 31 de diciembre de 2013 y se prolongó hasta el 15 de enero, cuando su interventor, el abogado de la Superintendencia de Seguridad Social, Humberto Ruiz Soto, designó nuevas autoridades, dejando atrás los más de 25 años de la “era Lizana”.

Rodrigo Vidal Sánchez, representante legal del Hogar de Cristo; Juan Cristóbal Phillipi Irarrázabal, de la Corporación de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril; y José Llugani Rigo-Righy, de Empresas Carozzi  S.A., son los nuevos directores que la superintendencia logró fichar para superar esta crisis. Este viernes tendrán su primera reunión de directorio para echar a andar esta nueva fase de la caja de compensación.

El ex presidente de la Sofofa debió cesar como presidente del directorio de Caja 18 porque aunque estaba ahí en nombre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, no cumplía con el requisito de ser su representante legal. Otros tres directores enfrentaron la misma suerte: Amador Auad Herezi, representante de Confecciones Butka Limitada y Mario García Viñuela, de Hilados y Tejidos Garib S.A.  Osvaldo Lagos Castillo, representante de Ingeniería y Construcción Urbina y Asociados Limitada, no cumplía con la obligación de que la empresa tuviera al menos 100 trabajadores.

Fue la propia Caja 18, a través del gerente general subrogante, Claudio Castro, la que reconoció estas irregularidades en una carta con fecha 30 de diciembre de 2013 dirigida a la superintendenta María José Zaldívar (ver texto). Al día siguiente, la caja estaba intervenida.

Lizana resta importancia a haber tenido que salir de la caja por el dictamen de la superintendenta. “Se trata de una cuestión absolutamente burocrática”, aunque admite que es “un golpe emocional, porque no puede ser que la superintendencia sobrereaccione por infundios”.

El despido que Lizana cursó al ex gerente general, Nelson Bravo, por no cumplir ciertas metas en la caja, con fecha 5 de diciembre de 2013, desencadenó la intervención que hasta ahora no había sido conocida por la opinión pública.

Nelson Bravo y Pedro Lizana, enfrentados en la justicia

En todo caso no es la primera vez que sus procesos internos, como entrega de créditos, son cuestionados. En 2010, la propia caja contrató a PricewatershouseCoopers, a raíz de un crédito otorgado a Mauricio Israel en febrero de 2008 por más de $32 millones a 60 meses y que no fue pagado, luego de que el ex comentarista deportivo huyera del país tras la debacle de su bicicleta financiera. Según lo señala el ex gerente general, Nelson Bravo, en la demanda contra la caja, luego de esa auditoría se determinó que no se cumplían las normas internas mínimas de control crediticio, de riesgo y de buenas prácticas, constituyendo una acción irresponsable con el patrimonio de la caja y perjudicial para sus afiliados. Se le pidió la renuncia al entonces gerente de operaciones, Patricio Ossandón.

REPRESENTANTE EN CHILE DE META 4

Una de las situaciones más delicadas que enfrenta Lizana dice relación con Meta 4, Se trata de una empresa de softwares de recursos humanos, donde Lizana oficia como representante en Chile. En la página web de la multinacional se señala que cuenta con “más de 1.300 clientes que utilizan las soluciones de Meta 4 para gestionar a más de 18 millones de personas en más de 100 países repartidos por todo el mundo”. Y precisamente uno de esos clientes es la Caja 18 de Septiembre, cuyo contrato anual asciende a las 1.500 Unidades de Fomento, alrededor de $ 35 millones.

De acuerdo a la demanda presentada por el ex gerente general de Caja 18 de Septiembre, “no existió proceso de licitación alguno subscribiéndose el contrato con la premura y presión directa del presidente, Pedro Lizana, pero sin que exista constancia de un acuerdo del directorio en que se haya aprobado la operación”.

Nelson Bravo asegura que en la Caja 18 de Septiembre se encuentra instaurada desde el año 2010, como práctica obligatoria, la licitación de todos los servicios con al menos tres oferentes, pero en este caso no habría sucedido, por presión de Lizana.

-Esa es la mentira más grande. El contrato con Meta 4 se hizo con el gerente anterior a Nelson Bravo y existe constancia en las actas del directorio de que yo me abstuve de opinar y de votar por ser su representante. Eso debe haber sido en 2005-, aseguró Pedro Lizana a CIPER.

¿Usted tiene comisiones de venta en Meta 4? ¿En qué consiste su labor?

Yo no tengo comisiones de venta. Recibo un honorario mensual por firmar cheques y contratos. Y puedo asegurar que el contrato con la caja está firmado por el vicepresidente para América Latina de Meta 4 y no por mí. Después de unos años, hubo un ajuste de contrato, cuando Nelson Bravo se desempeñaba como gerente general, pero yo nuevamente me abstuve.

Lizana no es el único sindicado por el mismo ex gerente general como protagonista de conflictos de interés. También se acusa al ex director Mario García Viñuela de ser socio de Guido Madrid, abogado y dueño de la empresa de cobranza judicial que lleva más carteras de la caja. De acuerdo a la página web del Estudio Jurídico Madrid y Asociados, la Caja 18 de Septiembre destaca en el primer lugar de sus clientes. Y en el staff de abogados se incluye a García Viñuela, quien es relevado como ex consejero de la SOFOFA, especialista en derecho aduanero, empresarial y corporativo, además de director de la Caja de Compensación 18 de Septiembre. Este tema también está siendo investigado por la superintendencia.

CAJA NEGRA Y CONFLICTO DE INTERÉS

Actualmente Lizana es concejal independiente, apoyado por Renovación Nacional, en Providencia y posee vastas redes empresariales y políticas que lo sitúan como un hombre que sabe moverse en el mundo del poder. Fue presidente de la SOFOFA, la cámara de industrias de Chile, durante dos periodos, entre 1993 y1997, y desde ese puesto estrechó lazos con los gobiernos de la Concertación. Ha mantenido un buen trato con la oposición y ha declarado su simpatía por la presidenta electa, Michelle Bachelet. “Es mejor amar a la Presidenta que amar a (Ricardo) Lagos, porque es más simpática y tiene más encanto personal”, decía a fines de 2009.

Como dirigente de la industria, mantuvo su rechazo a iniciativas de orden social, como el seguro de desempleo o la aplicación del Convenio 169 de la OIT, por considerarlos impuestos adicionales que inhiben nuevos proyectos. Ya como concejal, simplemente no votó en el cambio de nombre de la ex avenida 11 de septiembre. “Soy contrario a tomar decisiones que no son útiles”, dijo entonces.

El 13 de mayo de 2009, cuando la municipalidad de Providencia debió resolver la contratación de un soporte de gestión de recursos humanos, Lizana en su calidad de concejal planteó que, debido a su rol en Meta 4, se abstendría de votar. La contratación directa de “Airth Software” finalmente fue aprobada por un monto mensual de $1.600.000, exento de impuesto y en un plazo de 4 años renovable (ver acta municipal).

Saber si tuvo la misma actitud en la Caja 18 de Septiembre concentra gran preocupación en la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Seguridad Social (ver entrevista a María José Zaldívar) por el supuesto conflicto de interés que enfrentaría Lizana, quien se arriesga a multas de hasta 15 mil UF ($350 millones), de detectarse irregularidades.

La superintendenta exhorta a que los gobiernos corporativos de las cajas estén a la altura de los tiempos para así terminar con la creencia de que son una verdadera caja negra, usada para negociados de algunos directores. “El tema de la regulación de los conflictos de interés es relevante cuando un director se debe pronunciar respecto de un eventual contrato en el que pueda tener cierto interés. Lo que corresponde es que ese director se abstenga de la discusión, no vote y la decisión se tome entre los otros directores. Debe quedar claramente establecido que la contratación sea acorde a precio de mercado, y no a un precio más elevado”, advierte María José Zaldívar.

Qué ocurrirá con el futuro de la Caja 18 a corto plazo, es una pregunta que el mercado ha comenzado a hacerse después de la intervención. El propio Lizana asegura que lo han llamado varios bancos para consultarle por la situación de la corporación, cuyo número de entidades empleadoras afiliadas asciende a 15.318, que agrupan a 466.317 trabajadores y 146.940 pensionados. Esos números podrían perfectamente comenzar a descender, pronostica el gerente general subrogante de la Caja 18, Claudio Castro, en la carta de respuesta a la superintendenta Zaldívar. Lo peor –advierte– es que vendrán aparejadas consecuencias que generarán “un severo daño a la imagen corporativa; eventuales desafiliaciones; freno de los estándares actuales de captación de clientes y de comercialización de productos”.

Desde el punto de vista financiero, el temor es que se genere incertidumbre en los bancos, entidades desde donde se obtienen los fondos necesarios para generar los ingresos provenientes de los créditos sociales otorgados a sus afiliados. Según el gerente general, al 30 de noviembre de 2012 la Caja 18 de Septiembre debía renovar y negociar M$86.920.000 en 12 entidades bancarias. Y aunque la intervención de la superintendencia fue acotada a solo dos semanas, entre la competencia comenzó a circular la información respecto del proceso que enfrentó la Caja 18, cuyo patrimonio es de M$61.555.491.

Las cajas de compensación de asignación familiar entregan a sus trabajadores afiliados  créditos, que son pagados mensualmente a través de descuentos que el empleador efectúa de sus remuneraciones. El Decreto con Fuerza de Ley Nº 41, del 1 de junio de 1978, liberalizó al mercado de estas corporaciones, permitiendo a trabajadores acceder a créditos.

La dictadura militar puso fin al aporte estatal que tuvieron las cajas desde 1953, logrando subsistir a través de la administración de créditos sociales, lo que en la práctica las ha transformado en verdaderas financieras, destinadas fundamentalmente a los sectores de escasos recursos. Esta revolución de las cajas de compensación se vio incrementada durante los primeros gobiernos de la Concertación al hacerse éstas cargo de las cuentas de ahorro para la vivienda y al ampliar el número de afiliados, incorporando a los pensionados. Esto último fue establecido en la circular 1669, del 26 de agosto de 1998 (ver documento). Lo que fue una buena noticia para el sector pasivo del país, también trajo desventajas económicas que no llegan a los trabajadores activos, pues la afiliación de los pensionados a una caja significa el descuento mensual de una cuota que puede alcanzar hasta el 2% de su pensión.

BATALLA EN TRIBUNALES

Este 22 de enero el conflicto judicial entre Lizana y su ex gerente Nelson Bravo continuará en el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, cuando se realice la audiencia preparatoria. En la respuesta a la demanda de Bravo por vulneración de derechos fundamentales, Lizana señala que la indemnización por daño moral que persigue el gerente general no le corresponde en caso alguno, luego de que fuese rechazada por el directorio de la Caja 18 una propuesta de finiquito. Esta contenía el pago de sus indemnizaciones sustitutivas y por años de servicio sin el límite de 90 UF y el pago de una asesoría que prestaría a la caja por el plazo de seis meses (ver documento). Ambos mantenían una relación de trabajo desde principios de los 90, cuando coincidieron en la Universidad Diego Portales (UDP).

En esa universidad Lizana se desempeñaba como vicepresidente de Asuntos Económicos y al dejar el cargo también enfrentó a la justicia. Tenía un contrato por el sueldo mínimo que entonces era de $105 mil para así poder acceder a un depósito convenido por 6.429 Unidades de Fomento, según consignó La Nación Domingo. Al ser despedido por el ex rector Francisco Javier Cuadra, Lizana acudió a tribunales, pues se le había notificado que le pagarían solo la mitad de ese monto. En 2005, recibió sólo $52 millones, menos de lo que pretendía recibir.

El ex presidente de la Caja 18 cree que podría continuar ligado a esa entidad si le pidieran asesorar al nuevo directorio. “Es que cuando uno tiene curriculum, puede llamar al presidente de la Papelera, al presidente de Carozzi, como yo lo hice muchas veces, para por ejemplo frenar la salida de una empresa de la caja”, afirma Lizana, quien se autodefine como “un lobbista ad honoren, porque no recibo plata por las gestiones que realizo”.

AUTOMÓVIL Y DIETA DEL PRESIDENTE

El automóvil de la caja que ocupaba Pedro Lizana también es parte  de la investigación de la superintendencia. Este no fue sólo empleado para actividades relacionadas con la caja, sino para uso personal, incluso para viajes de turismo fuera de Chile. Lizana no lo desmiente y admite que usó el Audi Q3 (que cuesta unos $30 millones) algunas veces para ir a Mendoza, donde “tenía una novia”.

-Era lo mínimo que el presidente del directorio pudiera usar el vehículo. Por lo demás, la dieta es de $500 mil pesos por reunión de directorio. Y no hay muchas en el mes-, aseguró Lizana. Al buscar en la memoria de 2012 de la caja se observa que el pago recibido ese año fue de $32.638.000 ($2,7 millones en promedio al mes) y en 2011 ascendió a $31.663.000 (ver documento).La dieta aumentó notablemente respecto años anteriores, pues en 2009 recibió $8.074.000 y en 2010 la cifra se triplicó a $26.805.000.

El mal uso de las instalaciones de los centros vacacionales en el hotel del balneario de Maintencillo y el hotel Piemonte en Quilpué, son otras de las acusaciones que enfrenta Lizana. De acuerdo a la denuncia del gerente general, el ex presidente del directorio las emplea sin costo alguno y a su discreción, teniendo acceso a habitaciones exclusivas, sin pagar por el alojamiento, por los consumos diarios y por los invitados que llevaría.

“Son mentiras, solo infundios de Bravo. Claro que he ido como cualquier otro afiliado, pero pago mis gastos”, se defiende Pedro Lizana, quien durante la entrevista con CIPER interrumpió la conversación por un par de minutos para hablar con su ejecutivo bancario y agilizar un vale vista de $20 millones. El dinero lo requería para comprar un 4×4 y así reemplazar al Audi de sus buenos tiempos como presidente de Caja 18.

“Nos preocupa que nuestros líderes políticos están pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior”, decía una carta firmada en noviembre de 2011 por la futura subsecretaria de Educación, Claudia Peirano (DC), junto una lista transversal de figuras públicas –entre ellas Harald Beyer, Patricia Matte, Mariana Aylwin y Eduardo Engel–, que cuestionaban la implementación de la gratuidad total en la educación superior.

Claudia Peirano

Una misiva que hoy puede resultar incómoda para la nueva subsecretaria, pues uno de los principios con los que se armó el nuevo gabinete de Michelle Bachelet es que todos sus integrantes deben adscribir y estar dispuestos a seguir al pie de la letra el contenido de un programa presidencial en que la gratuidad de la educación es una de las piedras angulares. “Creemos que en las circunstancias actuales es razonable acotar la gratuidad a las proporciones que sean razonables para no desalentar el acceso a la educación superior de los más vulnerables”, agregaba la misiva.

Claudia Francisca Peirano Rodríguez es reconocida como una de las economistas con más experiencia en temas de gestión educacional. Una experiencia que no es sólo académica, sino también práctica, como consultora educativa que asesora desde colegios a corporaciones municipales, y también en el sector público, como coordinadora económica del programa MECE del Ministerio de Educación. Ahora en la Subsecretaría del ramo deberá ser la segunda de a bordo del también economista Nicolás Eyzaguirre, próximo ministro de Educación, que liderará la reforma más emblemática del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Y si Eyzaguirre ha concentrado las críticas de los dirigentes estudiantiles por su rol como ministro de Hacienda cuando se aprobó el cuestionado Crédito con Aval del Estado (ver reportaje sobre el CAE), Claudia Peirano se encuentra indirectamente ligada a uno de los íconos de lo que la reforma de Bachelet pretende eliminar: el lucro en la educación. Durante 22 años estuvo casada con Walter Oliva, dirigente DC (ver recuadro) y dueño de la cadena de colegios particulares subvencionados “Red Educacional Crecemos”, algunos de cuyos establecimientos han sido asesorados por una empresa consultora de Peirano, tal como lo informó un artículo de El Mostrador. Oliva fue presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep) y en ese rol encabezó públicamente la defensa del derecho al lucro en la educación escolar (ver entrevista en La Segunda). Uno de los hijos de la pareja, Ignacio Oliva Peirano, es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y militante el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), organización que exige la gratuidad universal y el fin del lucro en la educación.

La relación entre Peirano y Oliva ya fue cuestionada en julio de 2012 en un reportaje de La Tercera que detectó que la consultora de Peirano, Grupo Educativo, había asesorado a escuelas de Oliva con financiamiento de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para alumnos vulnerables.  Unos meses más tarde, en noviembre de ese año, la pareja se divorció, pero de acuerdo a los registros del Diario Oficial aún mantienen vínculos comerciales a través de tres sociedades.

La primera, Muebles Industriales Chilenos (MIC S.A.), fue creada pocos meses después del matrimonio de la pareja, en agosto de 1990, y en ella participan Claudia Peirano, su ex esposo, la madre y el hermano de Walter Oliva (ver documento). Luego, en julio de 2003, la economista creó junto a su hermana Paula Peirano la sociedad Ventisquero Colgante Ltda., que está registrada para realizar distintos tipos de asesorías. En julio de 2007, Oliva compró en $50.000 la participación de su cuñada, quedándose con el 1% de la sociedad (ver documento).  Oliva y Peirano registran otra sociedad comercial: Lago LleuLeu Ltda. en la que desde 2005 él tiene el 99% y ella, el 1% (ver documento).

Walter Oliva

Además de las  tres sociedades con su ex esposa, el centro de las actividades comerciales de Oliva está ligado a su madre, Aurelia Munizaga Véliz. Ambos son propietarios de numerosas sociedades e inmobiliarias, cuyo eje es el grupo de colegios Crecemos. La web de la Red Educacional Crecemos informa que está compuesta por siete colegios, los que en los registros del Mineduc aparecen recibiendo subvenciones a través de la Sociedad Colegios Teniente Dagoberto Godoy, la Sociedad Colegios Santiago S.A. y Sociedad Administradora de Establecimientos Educacionales Santiago Emprendedor.

Grupo Educativo

Peirano estuvo a cargo del Área de Educación del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, una de las principales canteras del nuevo gabinete, pero su principal actividad es como socia de una de las más grandes consultoras ATE (entidades de Asistencia Técnica Educativa). Las ATE son validadas por el Ministerio de Educación para asesorar el mejoramiento de la enseñanza en colegios que reciben subvención pública. La consultora de Claudia Peirano se llama Grupo Educativo y fue incorporada por la cartera al registro ATE en abril de 2009, de acuerdo con la información contenida en el certificado extendido por el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.

Grupo Educativo es el nombre comercial adoptado por la sociedad Asesorías y Servicios Grupo Educativo Limitada, constituida en noviembre de 2008 por Claudia Peirano y Paulina Araneda Díaz, cada una como propietaria del 50% de la sociedad.

La consultora está conformada por un equipo de profesionales bien calificados y goza de buena reputación en el mercado de las ATE. La empresa ha tejido redes de manera preferente con organismos internacionales y grandes empresas. En su página web se menciona que ha trabajado con el propio Ministerio de Educación, la Unesco, la Pontificia Universidad Católica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, Microsoft, Fundación Luksic, Bhp Billiton y Educación 2020, entre otras entidades. También ha tenido como clientes a corporaciones o departamentos municipales de Educación, como los de Melipilla, Quillota y Lo Barnechea. Y ha asesorado directamente a colegios, como el Liceo La Chimba y el Liceo Bicentenario de Molina.

Entre los clientes de la consultora también se cuentan colegios de la cadena que posee el ex cónyuge de Claudia Peirano, Walter Oliva. De acuerdo con la información disponible en la web del registro ATE, Grupo Educativo prestó asesoría a tres de los siete establecimientos que integran la Red Educacional Crecemos, de la cual es sostenedor Oliva. La consultora fue contratada por los establecimientos Escuela Particular Teniente Dagoberto Godoy (de La Granja), Escuela Básica Teniente Dagoberto Godoy (de El Bosque) y Liceo Teniente Dagoberto Godoy Nº 3 (Lo Prado). De acuerdo con las fichas de estos colegios archivadas en el sistema MIME (Más Información Mejor Educación),  los tres tienen planes de mejoramiento de la enseñanza financiados con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) destinada a los alumnos más vulnerables, con los que se pagan las consultoras ATE.

El registro del Mineduc indica que la intervención de Grupo Educativo en los tres colegios de Walter Oliva tuvo por objeto evaluar el aprendizaje de los alumnos en Lenguaje, Matemáticas, Comprensión de la Naturaleza y de la Sociedad, para establecer programas de mejoramiento y refuerzo.

La relación entre la consultora de Claudia Peirano y los colegios de su ex cónyuge fue abordada por primera vez en un artículo de La Tercera en julio de 2012. El reportaje informó que la sociedad de Claudia Peirano recibió $ 26 millones por estos trabajos y expuso la preocupación de las entonces autoridades de Educación por este tipo de nexos entre las ATE y los dueños de colegios, pues podían configurar “autocontratación”. El artículo indicó que los colegios de Oliva también habían contratado, por un total de $165 millones, a otra ATE vinculada al sostenedor: la consultora Innovación Tres, cuyos dueños eran el propio Oliva y su madre, Aurelia Munizaga.  La jefa de la División de Educación General del ministerio, Verónica Simpson, declaró en ese reportaje que se buscaban mecanismos para evitar estas relaciones: “En el espíritu de la legislación actual, lo que se busca es la no contratación de parientes, pero eso no está claro. En el nuevo reglamento queremos ser explícitos”.

La nueva subsecretaria no sólo tendrá que anotar en sus declaraciones de patrimonio e intereses su consultora ATE, sino también sus vínculos con la Empresa Editora Zigzag, la que participa en licitaciones de asesorías y textos escolares que organiza el Ministerio de Educación. En efecto, Zig Zag se asoció con la sociedad matriz de la consultora Grupo Educativo para constituir en diciembre de 2010 la sociedad Grupo Educativo Soluciones Integrales S.A. .

CIPER intento comunicarse con Claudia Peirano, pero no respondió los mensajes que se le enviaron.

La designación de Ignacio Moreno Fernández (PPD) como subsecretario de Minería llega en un momento agitado para el licenciado en ciencias económicas. Moreno se desempeña desde enero de 2012 como gerente general de Cerro Dominador, minera propiedad de la familia Callejas y que enfrenta una huelga que se extendió por 50 días tras un fallido proceso de negociación colectiva con sus trabajadores.

El 10 de diciembre de 2013, 44 de los 60 trabajadores de la planta Santa Margarita (Región de Antofagasta) paralizaron sus labores y desde entonces no las han vuelto a retomar en busca de mejoras salariales. El 28 de enero pasado, a instancias de una mediación por una denuncia de prácticas antisindicales interpuesta en la Inspección del Trabajo de Antofagasta, la empresa y los trabajadores se volvieron a ver las caras.

Milton Vergara, dirigente sindical de la planta Santa Margarita, señaló a CIPER que tras 50 días la huelga se hizo insostenible y que por ello ese mismo día se vieron forzados a aceptar las condiciones de la minera, entre las que se contempla un pago de $2.620.000 para cada trabajador, los que se cancelarán en cuatro pagos diferidos hasta enero de 2015. El acuerdo además obligó a los empleados a retirar la demanda interpuesta en la Inspección del Trabajo. Como medida de presión, los trabajadores llegaron a tomarse la catedral de Antofagasta y realizaron una huelga de hambre.

Ignacio Moreno Fernández

Vergara anunció que la deposición definitiva de la huelga se hará efectiva el 31 de enero. “Cerro Dominador tiene multirut y eso complica a todos los trabajadores porque las negociaciones se hacen de manera parcelada y los movimientos se fragmentan, se debilitan”, señala Vergara. Poner fin a la práctica conocida como “multirut”, que permite a las empresas usar distintas razones sociales para debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos, es una de las reformas más contundentes en materia laboral anunciadas por el gobierno del que próximamente el nuevo subsecretario pasará a formar parte.

Consultado por el rol que jugó Ignacio Moreno para destrabar el conflicto laboral, el dirigente sindical señaló que durante la huelga y en las rondas de negociación no tuvieron contacto con él. “En todo este tiempo el señor Moreno, que es el gerente general de la empresa, ni se apareció”, señaló Vergara, quien no ve con buenos ojos su designación como subsecretario.

Vergara agrega que la huelga fue también motivada por el deterioro de las instalaciones y la maquinaria de la minera, situación que estaría poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. En marzo de 2013 el sindicato de trabajadores ya había denunciado que la maquinaria de faena estaba en mal estado, con “parabrisas, asientos y sistemas de freno defectuosos”. En junio del mismo año reclamaron por las deficientes condiciones de higiene, tras una masiva intoxicación alimentaria ocurrida al interior del casino de comidas de la empresa. El episodio dio origen a un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud de Antofagasta.

La versión de Moreno

El nuevo subsecretario Ignacio Moreno declaró a CIPER que la huelga se extendió más de la cuenta porque las demandas de los trabajadores no se adecuaban a la realidad de la compañía: “Esta es una empresa mediana y ha tenido pérdidas en los últimos cuatro años. Sólo el año pasado perdió más de US$10 millones. Cuando la empresa gana plata hay que intentar repartir la torta para todos, pero este no es el caso”.

Consultado respecto a las acusaciones de presiones antisindicales que recaen sobre la empresa, el economista señaló que todos los trabajadores de Cerro Dominador trabajan bajo el mismo RUT, descartando que se utilice la práctica del “multirut”.

-Los funcionaros son todos trabajadores de minera Cerro Dominador, por lo tanto no hay una práctica de multirut para nadie –dijo Moreno.

El nuevo subsecretario señaló que la empresa manejó el conflicto a través de un equipo negociador compuesto por el gerente de recursos humanos de la compañía, un fiscal y el gerente de planta, quienes le reportaban directamente a él.

Este no es el único conflicto laboral que enfrentó Moreno en Cerro Dominador. En abril de 2012, un tribunal laboral de Antofagasta ordenó el embargo de bienes de la familia Callejas por $140 millones. Los trabajadores habían recurrido a tribunales porque tras vencerse el plazo de una autorización para que la empresa operara con jornadas laborales excepcionales, se les adeudaban los pagos por horas extraordinarias (ver nota de Radio BioBio).

Minería pública y privada

Ignacio Moreno Fernández tiene nacionalidad franco-chilena y realizó sus estudios primarios, secundarios y de pre grado en Francia. Es economista de la Universidad de Montpellier I y posee estudios avanzados en administración de empresas en la Universidad de Bradford (Inglaterra). Ha sido profesor a media jornada de auditoría en la Universidad de Chile, en la Universidad Central y en la Universidad de Talca. A partir de 1993 trabajó como representante adjunto del Banque Nationale de Paris (BNP) en Chile. En 1998 llegó a la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco) como director de Evaluación de Gestión Estratégica hasta 2001, año en el que ingresó al Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) como director ejecutivo.

Desde 2005 se desempeñó como subgerente de desarrollo de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Antes de ocupar su cargo actual en Minera Cerro Dominador, trabajó como gerente comercial de la minera Catania Verde S.A., perteneciente al grupo de capitales chinos Sinocop.

Con 16 años en el sector de la minería se ha posicionado como consultor experto en temas de inversión, valorización de activos mineros y negociación comercial.

La consultora Kalkos, dedicada a prestar servicios comerciales, logísticos y financieros a la industria minera, lo cuenta entre sus directores asociados. Entre los clientes a los que Kalkos ha asesorado figuran: Grupo Minero Las Cenizas, Grupo Minero Carola, Compañía Minera Kan Kan (Grupo Copec), Compañía Minera San Gerónimo, Compañía Minera Cerro Negro, Cal Chile y Metal Challenge (China). Moreno señaló a CIPER que desde que entró a trabajar a minera Cerro Dominador cortó su vínculo laboral con Kalkos.

El nuevo subsecretario aparece también asociado a la empresa minera Petrok como consultor permanente. Petrok Mining Company es una empresa que desarrolla proyectos mineros y energéticos en etapa exploratoria para ofrecer oportunidades de inversión en negocios de “alta rentabilidad”, según se menciona en la web de la empresa. Actualmente Petrok se encontraría desarrollando cuatro unidades de negocios: el proyecto cuprífero Huampulla (Coquimbo), el proyecto aurífero Veta Trazadora (Calama) y los proyectos geotérmicos Volcán Tacora y Licancura (ambos en Arica y Parinacota).

El nuevo subsecretario señaló que mantiene una relación de amistad de mucho tiempo con el propietario de Petrok y que no tiene una relación formal de trabajo con esta empresa, pese a que “cada vez que tienen preguntas yo se las contesto”, dijo.

En abril de 2011 Ignacio Moreno creó la sociedad “Rimac Minería Limitada”, dedicada a “la compra, venta, arrendamiento, explotación de toda clase de propiedades mineras, metálicas y no metálicas  y a la exploración, procesamiento y comercialización de todo tipo de metales, productos intermedios o subproductos”, entre otras actividades. Rimac posee una pertenencia minera de siete hectáreas en la comuna de Cabildo (Región de Valparaíso) la que se encuentra actualmente inactiva. Al respecto, Moreno señaló que la mina de derivados de cobre sólo fue explotada en 2011 durante cuatro meses bajo un contrato de arrendamiento a particulares y que luego de eso no ha vuelto a producir. “Nunca la hemos explotado directamente y no tengo muy claro qué sucederá con ella en el futuro. Es una mina antigua y puede ser que no entre más en operación”, señaló.

Otra de las sociedades en las que figura Ignacio Moreno es la “Sociedad Minera, Agrícola y Forestal Corinto Limitada”, la que formó en 1996 junto al actual alcalde de Melipilla, el también PPD Mario Gebauer. Entre sus actividades destaca la explotación, producción y desarrollo de actividades mineras, forestales y agrícolas, así como la compraventa de bienes relacionados con dicha área”. Según explicó Moreno esta empresa nunca tramitó RUT, por lo que “no ha facturado ningún peso”.

De acuerdo con el programa de gobierno de Michelle Bachelet, entre los desafíos más importantes que tendrá Ignacio Moreno en su calidad de segunda autoridad de la cartera de Minería, que dirigirá la radical Aurora Williams, están el avanzar en la formación de recursos humanos especializados y en el desarrollo tecnológico de la industria; entregar mayores atribuciones a Cochilco para que pueda resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras; fortalecer el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para que desarrolle su labor de control de la seguridad en las faenas mineras; perfeccionar el sistema de concesiones mineras y liderar el desarrollo de una política nacional del litio que permita una eficiente y efectiva explotación de ese mineral.

El 26 de agosto de 2010, el Presidente Sebastián Piñera puso fin a la Central Termoeléctrica Barrancones, un polémico megaproyecto energético que la empresa franco-belga Suez Energy pretendía instalar a apenas 25 kilómetros del Santuario de la Naturaleza Punta de Choros e Isla Damas, donde se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, una zona de alto valor de conservación en la región de Coquimbo. La decisión del presidente fue una respuesta directa a un masivo movimiento ciudadano que por medio de marchas multitudinarias en todo el país exigía la paralización del proyecto. En esos convulsionados días, pocos se percataron de que el proyecto aún no contaba con una concesión marítima, una exigencia clave para que pudiera operar, y por el cual la ex subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría Moya (PPD), fue objeto de un sumario por supuestas irregularidades en la tramitación de ese permiso.

Carolina Echeverría, a la izquierda de Michelle Bachelet, en la reunión de las Termas de Jahuel

A casi cinco años del fin de ese sumario, en el cual no se le formularon cargos, Carolina Echeverría volverá al Ministerio de Defensa, esta vez estará a la cabeza de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, donde nuevamente le tocará tramitar las solicitudes de concesiones marítimas.

La indagatoria en el Ministerio de Defensa tuvo lugar años antes de que Piñera decidera ponerle una lápida a la construcción de Barrancones, cuando la ciudadanía aún desconocía las dimensiones de este megaproyecto, que contemplaba la construcción y operación de tres unidades de generación térmica, de 180 megavatios brutos cada una -en total de 540 megawatts de producción-, con calderas de carbón pulverizado, un puerto para el suministro de carbón y petróleo diesel; obras de captación de agua de mar; obras de descarga de riles y el depósito de cenizas.

La investigación sumaria contra Echeverría se desarrolló durante el primer semestre de 2008, cuando aún era subsecretaria de Marina, y se centró en las gestiones que llevó adelante Suez Energy para obtener las concesiones marítimas y en el rol que tuvo en ese proceso la empresa Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda., una sociedad que pertenecía a la subsecretaria y su esposo, Clobis Osorio Olave (ver documento).

En esa época, los conflictos de interés no eran un tema instalado en la agenda pública y muchas autoridades aún no internalizaban el cuidado riguroso que debían tener frente a la delgada línea que dividía sus negocios o los de sus familiares con sus obligaciones como funcionarios públicos.

Fue un mail anónimo que llegó a la misma Subsecretaría de Marina el que originó la indagación interna. Según un reportaje publicado en 2009 por La Tercera bajo el título “Los mails que complican a la subsecretaria de Marina”, la subsecretaria estaba en Londres cuando recibió el 28 de mayo de 2008 en su celular el mensaje que decía: “Remite: El Denunciante. Destinatario: subsecretaria de Marina. Asunto: Denuncia de corrupción.”

Al regresar a Chile, fue ella misma quien de inmediato pidió que se abriera una investigación interna por la denuncia de un supuesto pago de coimas en la tramitación de las concesiones marítimas. Varios de los antecedentes recabados terminarían apuntando a la misma Echeverría, a su esposo y al entonces jefe de concesiones marítimas del Ministerio de Defensa, comandante (r) Sergio Lira Arias. Meses después, la indagatoria fue cerrada sin formular cargos.

5 CORREOS Y UN ESTUDIO DE SUELOS

Dushanka Ropert fue la abogada del Ministerio de Defensa que se hizo cargo inicialmente del sumario. Entre las diligencias que realizó, pidió copia de todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Lira entre 2006 y 2009. Recibió 1.182 correos electrónicos sobre consultas respecto a tramitaciones de concesiones marítimas. Entre ellos había cinco enviados por el esposo de la subsecretaria, Clobis Osorio, entre febrero y mayo de 2007. Allí, Osorio le pedía a Lira antecedentes respecto al estado del proceso iniciado en 2007 por uno de sus clientes: Suez Energy.

Entre los mails remitidos por Osorio y publicados por La Tercera, destacan los siguientes:

“Sergio, me demoré en enviar el mail (…) Como te explicaba por teléfono, lo que necesito es tener los antecedentes de Concesiones, así como cualquier otras actividades de uso de los recursos que implique condicionantes para un punto de toma de agua y disposición de aguas de mar (una vez ocupadas en el proyecto) frente al terreno que se muestra en las láminas adjuntas.
(…) Te agradeceré que la información que puedas recopilar me la envíes en algún medio magnético, así me sirve para estructurar presentaciones del futuro proyecto. (…) Nota: te agradecería que me puedas indicar las leyes o normas que regulan estas actividades para revisarlas y tener mayores antecedentes”. (Lunes 5 de marzo 2007)

“Comandante, seguimos en la búsqueda de terrenos para el proyecto que tenemos en estudio. Si bien los terrenos en estudio no se han descartado, se está preparando un Plan B, por lo cual me interesa saber si en el sector de Totoralillo existen zonas de manejo o áreas de concesiones marítimas, según plano adjunto”. (Lunes 14 de mayo 2007)

Entre los e-mails revisados por Ropert, había también uno que implicaba directamente a la subsecretaria Echeverría: un mensaje que ella misma le enviaba a Lira remitiéndole una consulta de su marido.

Clobis Osorioi, esposo de la subsecretaria Echeverría

Fue la propia Echeverría quien entregó copia de los emails a La Tercera, medio al cual señaló que esos mensajes eran “para un cambio al plan regulador del proyecto Barrancones. Una inversión de US$ 1.100 millones del cual aún tenemos pendiente la concesión marítima. Mi marido tiene derecho a trabajar y no ha hecho nada donde yo tenga poder de decisión, no vio el permiso marítimo y pidió datos que son públicos”.

En estricto rigor, lo que hacía su marido sí la involucraba. Entre los documentos que Suez Energy debía presentar para que le fueran aprobadas las concesiones marítimas y la declaración de impacto ambiental, se encuentra un estudio de uso de suelo que fue elaborado por Osorio. Por ese trabajo, le fueron cancelados $7.000.000. Pero el estudio de abogados Urrutia y Cía., encargado de los aspectos legales en materia ambiental de Suez Energy, no se los depositó en su cuenta personal. En cambio, le fueron endosados a la empresa Osorio & Echeverría, una sociedad en la que, al momento en que se enviaron los correos y se efectuó el pago por el estudio, Echeverría era socia con el 50% de los derechos.

LA CONSULTORA DEL MATRIMONIO OSORIO-ECHEVERRÍA

La primera sociedad que aparece en el Diario Oficial vinculada con Clobis Osorio es Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda., creada por él y su esposa Carolina Echeverría en marzo de 1997 con un capital de $2.000.000 que ambos constituyeron en partes iguales. Según los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), un mes después de su creación inició actividades comerciales, dedicándose al asesoramiento empresarial y en materias de gestión.

A través de esa empresa, Osorio se ha dedicado a desarrollar estudios de uso de suelo y consultorías a distintas empresas y proyectos para la gestión de sus declaraciones de impacto ambiental. En 2001, por ejemplo, preparó la declaración de un proyecto de la empresa Naviera Antártica Ltda. Entre 2003 y 2004 participó en la modificación del Plan Regulador Comunal de Melipilla. En 2005 realizó un estudio de inundación en el Centro Deportivo del colegio Santiago College. En 2007, desarrolló un estudio de inundaciones en el Fundo Panul y una estimación de emisiones atmosféricas para el proyecto inmobiliario del mismo nombre. Y ese mismo año llevó a cabo el estudio de uso de suelo para la Central Termoeléctrica Barrancones, por el cual recibió los $7.000.000.

Para entonces, Suez Energy se encontraba en pleno proceso para obtener la aprobación de su megaproyecto energético en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y ya había presentado ante la Subsecretaría de Marina las solicitudes para obtener la concesión marítima que requería para poner en marcha sus operaciones. Quien tenía que visar esa última autorización, clave para el desarrollo exitoso del proyecto, era precisamente la subsecretaria Carolina Echeverría, socia de Osorio en la empresa que realizó el estudio de uso de suelos.

Echeverría figuró como socia de la empresa que tenía junto a su esposo hasta el 24 de noviembre de 2008, cuando la investigación sumaria estaba en curso en la Subsecretaría de Marina y más de un año después del envío de los correos electrónicos a Lira. La subsecretaria de Marina se retiró de la sociedad al cederle toda su participación a la ecóloga paisajista Paula Valdés Chandía, quedando esta última y Osorio como únicos socios. En marzo de 2009, Osorio adquirió el control de la empresa al comprarle a Valdés en $900.000 el 49% de los derechos, quedando él con el 99% de la propiedad. Al mismo tiempo, le cambiaron el nombre a la sociedad: Ingenieros Integrales Ltda. La sociedad seguiría sin modificaciones hasta agosto de 2010, cuando Valdés se retiró y le cedió su 1% a Mario Gonzalo Muñoz Olave.

INVESTIGADORA INHABILITADA

Carolina Echeverría ha contado siempre con sólidas redes políticas. Al comienzo de su historia en el PPD, se vinculó al ex presidente del partido y ex ministro Sergio Bitar. Luego de dejar la subsecretaría, asumió como directora ejecutiva de la Fundación Por la Democracia, una entidad de derecho privado sin fines de lucro creada por el partido del mismo nombre, donde permaneció hasta 2013. Y también mantiene una relación estrecha con su correligionario y recién designado ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien la habría apoyado durante el proceso de la investigación sumaria, cuando él se desempeñaba como jefe de gabinete de la ex presidenta Michelle Bachelet.

La investigación sumaria que la propia Echeverría instruyó tras la denuncia anónima por corrupción, se volvió sorpresivamente en su contra. La abogada Dushanka Ropert estimó que los antecedentes recopilados por la involucraban directamente en irregularidades, tanto por los mails como por sus vínculos comerciales con la empresa a la que debía concederle o rechazarle la solicitud de concesiones marítimas. En definitiva, Ropert estaba investigando por vulneración de secreto de funcionario público (artículo Nº246 del Código Penal) a su superior directa.

Las movilizaciones ciudadanas hicieron que el Presidente Piñera pusiera fin a la termoeléctrica Barrancones

El 10 de septiembre de 2008, la abogada Ropert se presentó ante el entonces ministro de Defensa, José Goñi, y se inhabilitó. Según publicó La Tercera, Ropert le entregó a Goñi una resolución de tres páginas donde señalaba que había detectado “diversas anomalías en la tramitación de algunos expedientes” y que no había podido “cumplir su obligación de investigar y determinar la responsabilidad administrativa” que podía recaer en sus superiores. Además, escribió que tuvo “limitaciones” en su investigación.

De acuerdo a ex funcionarios del ministerio de Defensa, en el sumario Echeverría nunca entendió por qué la estaban investigando y solía repetir que ella no había robado nada.

En reemplazo de Ropert, Goñi le pidió al entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe (también PPD), que le recomendara a una persona externa al ministerio para que continuara con el sumario. Así fue que, a partir del 24 de noviembre de 2008, Patricia Muñoz, una abogada con 33 años de carrera en el Ministerio del Interior, se hizo cargo de la investigación. Cinco meses después, la fiscal Muñoz cerró la causa sin formular cargos a Echeverría ni a ningún otro funcionario de la Subsecretaría de Marina. Los antecedentes sobre el comandante (r) Sergio Lira, los remitió a la Armada.

Según consigna la prensa de la época, el ex jefe de delitos económicos de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán, solicitó a la Subsecretaría de Marina todos los antecedentes sobre el sumario. Consultado por CIPER, Millán señala que recuerda haber recibido información respecto a irregularidades en la entrega de concesiones marítimas, pero no está seguro si la investigación apuntaba o no a Echeverría. Tampoco recuerda en qué estado quedó la indagatoria cuando dejó la fiscalía en abril de 2010. En el Ministerio Público señalaron a CIPER que no existen registros sobre esa investigación.

QUÉ OCURRIÓ CON LAS CONCESIONES

El 21 de octubre de 2009, cuando Carolina Echeverría aún era subsecretaria de Marina y sólo unos meses después de que La Tercera publicara el reportaje sobre los mails, la subsecretaría denegó las dos solicitudes de concesiones marítimas presentadas en agosto de 2007 por la empresa Suez Energy para su proyecto Central Termoeléctrica Barrancones.

En la resolución, Echeverría afirmaba que no contaba con los antecedentes suficientes que dieran una seguridad legal y administrativa para resolver favorablemente la solicitud. Sin esa autorización, y aún cuando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fuera aprobado, Suez Energy no podría concluir la termoeléctrica, ya que requería de la aprobación para todas las operaciones relacionadas con la llegada y descarga del carbón.

El 9 de enero de 2010, el otorgamiento de las concesiones nuevamente fue rechazado. Luego de eso, la empresa presentó un recurso de invalidación que fue acogido por las nuevas autoridades en la administración Piñera y junto con acogerlo, pidieron el pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la IV región. Para septiembre de 2010, aun después de que Piñera había acordado con la empresa la paralización y reubicación del proyecto, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas aún estaba a la espera de que la CRUBC contestara, por lo tanto, seguía en curso la solicitud.

Lo extraño es que en el Ministerio de Defensa aseguran que en los últimos meses del gobierno de Bachelet la concesión fue aprobada por el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, y por la subsecretaria Carolina Echeverría, y que al inicio del gobierno de Piñera se retiró de la Contraloría antes de la toma de razón. Esta información es negada categóricamente por el ex ministro Vidal. “Carolina Echeverría actuó como una muralla frente a las presiones recibidas por el ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, y por el jefe de gabinete del ministro Pérez Yoma, Carlos Mladinic, quienes hicieron un intenso lobby para que esas concesiones marítimas se aprobaran. Pero la subsecretaria resistió estoicamente”, dijo a CIPER.

Una versión similar entregó Carolina Echeverría al término del encuentro de ministros y subsecretarios de Bachelet que se realizó este viernes 31 en las Termas de Jahuel. Aseguró que el decreto firmado por Vidal y que lleva su visto bueno rechazó la entrega de las concesiones marítimas a Suez Energy. “En ese tiempo, yo no alcancé a dimensionar el poder que tenía la empresa. Ellos presentaron un recurso de reposición en la Contraloría y así esperaron que llegara el gobierno de Piñera para que esa administración se lo otorgara. Pero nosotros nunca le entregamos la concesión marítima”, indicó a CIPER.

La renuncia de Claudia Peirano a la Subsecretaría de Educación, a sólo una semana de ser nombrada y un mes antes de asumir formalmente, fue sorpresiva en términos políticos. Después de los sucesivos respaldos públicos del futuro gobierno, incluido el de la presidenta electa Michelle Bachelet, se esperaba un dique de contención a los múltiples cuestionamientos a su nombramiento que coparon la agenda pública. Sin embargo, los flancos abiertos por su participación en el grupo de colegios con fines de lucro de propiedad de su ex esposo eran más profundos de lo que parecían en un principio. Cuando se revisan los registros públicos del Ministerio de Educación aparece un antecedente que hasta ahora no ha sido mencionado: Peirano era parte de la planta de profesionales contratados por la Agencia de Asistencia Técnico Educativa (ATE) de su ex marido, Walter Oliva, para prestar servicios a sus propios colegios utilizando los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

La lógica con que fue creada la Ley SEP es que los alumnos más vulnerables requieren más apoyo para su aprendizaje y por lo tanto los colegios que atienden niños en esa condición reciben una subvención mayor por cada uno de estos estudiantes. Para garantizar que esos fondos se gasten exclusivamente con fines educacionales –en el financiamiento de sus planes de mejoramiento educativo–, la ley estableció muchas restricciones, entre ellas, que la contratación de consultorías profesionales sólo podría realizarse a través de empresas específicamente inscritas en un registro que lleva el Ministerio de Educación (Mineduc). Así nacieron las ATE, aunque muchas funcionaban ya desde antes como consultoras.

Pese a que la Subvención Escolar Preferencial es considerada una buena política educativa, la ley pronto mostró varias debilidades. Algunas fueron modificadas, pero otras han permanecido sin cambios. Entre ellas, una que posibilita que los sostenedores de los colegios creen sus propias ATE para luego autocontratarlas, lo que abre la posibilidad de que obtengan ganancias con fondos públicos a través de los servicios que se prestan a sí mismos a través de empresas relacionadas.

Walter Oliva, ex marido de Claudia Peirano

Fue ese resquicio el que aprovechó el ex esposo de Claudia Peirano, Walter Oliva. Inscribió como ATE a Innovación Tres, una consultora creada el año 2000 con su madre Aurelia Munizaga y su hermano Cristián Oliva Munizaga, quien se retiró de la sociedad dos años más tarde (ver registro del Diario Oficial). Pero en esa ATE también tiene una participación relevante Claudia Peirano: en el registro del Mineduc, el equipo de trabajo de Innovación Tres está compuesto por cuatro profesionales, entre ellos Peirano. La empresa consultora ofrece catorce tipos de servicios y Peirano está a cargo de diez de ellos (ver registro) .

Sólo el servicio de “Reestructuración administrativa y planificaciones y cobertura curricular” registra evaluaciones de quienes la han contratado (doce evaluaciones en total). Entre los directores que trabajaron con ella, las notas oscilan entre 6,7 y  6,9, mientras que entre los sostenedores la nota es invariablemente un 7. Al abrir el cuadro de colegios que han evaluado el trabajo de Peirano en Innovación Tres, se despliegan los nombres de la Escuela Particular Teniente Dagoberto Godoy de La Granja, de la Escuela Básica Teniente Dagoberto Godoy de El Bosque y del Liceo Teniente Dagoberto Godoy N° 3 de Lo Prado. En todos ellos el sostenedor –el que la evalúa con nota 7– es la Sociedad de Colegios Teniente Dagoberto Godoy S.A. y son parte de la Red Crecemos, propiedad de Aurelia Munizaga y su hijo Walter Oliva, el ex marido de Peirano, es decir, los mismos dueños de la ATE que la contrató.

Los otros tres profesionales que prestan servicios para Innovación Tres también presentan un conflicto. Alex Castillo, profesor de Inglés, es el gerente de Gestión Educacional de la Red Crecemos (ver CV)  y la única referencia que presenta en el registro de la ATE es de un colegio de la misma red de Oliva. Una situación similar registra la sicóloga Gabriela Saldías, coordinadora de Gestión de Innovación Tres (ver CV) y de la Red Crecemos (ver página web), y la profesora Paulina Estrada, quien de acuerdo a su CV (ver) es coordinadora académica de Innovación Tres, el mismo cargo que tiene en la Red Crecemos (ver página web).

Un artículo de La Tercera señala que entre 2009 y 2010, Innovación Tres sólo prestó servicios de ATE a los colegios de Oliva, por un total de $165 millones. El sitio del Ministerio de Educación no informa sobre los montos, pero registra consultorías hasta 2013. “No importa este doble vínculo, si está bien fiscalizado y creo que esa es nuestra situación. En la medida que tengamos un trabajo transparente y honesto hacia los alumnos y profesores, no veo preocupación”, dijo en 2012 Oliva a La Tercera.

El mismo artículo, publicado en julio de 2012,  consignaba también el conflicto entre Claudia Peirano y los colegios de Oliva a través de Grupo Educativo, ATE de la que Peirano es socia y que había asesorado a los colegios de su entonces esposo por $26 millones a través de subvenciones SEP. La pareja formalizaría su divorcio a fines de ese año.

LOS FLANCOS DE PEIRANO

Los problemas para Claudia Peirano empezaron pocos días después de su designación, el viernes 24 de enero, cuando artículos de El Mostrador y CIPER mostraron algunos de los vínculos de la nueva subsecretaria con Walter Oliva, quien es considerado un ícono de los empresarios que lucran con la educación particular subvencionada por el Estado. Además, CIPER recordaba la carta enviada a El Mercurio por Peirano y otras personas ligadas al mundo de la educación, en el que se hacía un llamado a priorizar el gasto en educación escolar en vez de ofrecer gratuidad universal en la Educación Superior (ver carta).

Las publicaciones despertaron fuertes críticas de los actuales dirigentes estudiantiles y también de aquellos que saltaron al Congreso, como Gabriel Boric y Camila Vallejo. El golpe mayor lo dio el propio hijo de Peirano, el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Ignacio Oliva, pues mientras ella optó por el silencio y no aclaró si ahora apoyaba la gratuidad en la Educación Superior, el joven señaló: “Es evidente que con la subsecretaria yo tengo un vínculo, es innegable. Sin embargo, hoy en día tenemos roles distintos, estamos en veredas opuestas”.

Valentina Quiroga, la mujer que reemplazará a Peirano en la Subsecretaría de Educación

En la Democracia Cristiana, partido que apoyó su designación, surgían voces críticas, particularmente de la ex ministra de Educación Yasna Provoste, pero el consejo de ese partido optó por darle un espaldarazo al tiempo que la instaba a transparentar sus conflictos de interés. Walter Oliva, quien también es un histórico dirigente DC, optó por guardar silencio, y su posición se veía aún más complicada porque actualmente tiene una relación sentimental con la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón.

El gobierno electo sacó la voz recién el jueves, a través del nuevo ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, y el viernes, con el respaldo del próximo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Como la presión no amainaba, el fin de semana la presidenta electa, Michelle Bachelet, realizó unas inusuales declaraciones desde su casa de veraneo en Caburgua para apoyar a su subsecretaria. Es por eso que causó sorpresa que este martes 4, la única vez que Peirano se decidió a hablar, fuera para renunciar. “He decidido dar un paso al lado y no asumir como subsecretaria el 11 de marzo”, dijo Peirano, luego de ratificar por primera vez que sí estaba de acuerdo con la gratuidad universal propuesta por el programa de Bachelet.

Poco más tarde, se anunciaba su reemplazo por la ingeniera Valentina Quiroga, quien dirigió el equipo que elaboró la propuesta educacional de Bachelet.  Actualmente es directora ejecutiva de la fundación Espacio Público y fue fundadora de la ONG Educación 2020.

EQUIPOS CUESTIONADOS

Aunque durante varias semanas se dijo que el equipo de Bachelet estaba chequeando los perfiles de todas las nuevas autoridades para que estuvieran blindados, los cuestionamientos que sufrió Claudia Peirano dan cuenta de que se descuidaron factores. En este caso, no se calculó el impacto que la señal de su designación tendría en el movimiento estudiantil y tampoco que los lazos de Peirano con Walter Oliva, uno de los íconos del lucro en la educación escolar, abrían un flanco innecesario para la reforma que se pretende impulsar.

Pero Peirano no era el único dolor de cabeza del próximo gobierno. El recién nombrado intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes Tamayo (PS), parece ser una señal de que los chequeos a las nuevas autoridades fueron poco prolijos.  Hace poco más de una semana, el pasado 23 de enero, la fiscalía del Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió un duro documento que lleva el nombre de Cartes y que lo responsabiliza de millonarias negligencias en la ejecución de dos contratos viales, donde él actuaba como inspector fiscal: Conservación Periódica Ruta A-45 y Conservación Seguridad Vial Ruta 16.

Mitchel Cartes, futuro intendente de Tarapacá (Fuente: edicioncero.cl)

La investigación de las irregularidades ocurridas cuando Cartes era inspector de las obras comenzó después de su renuncia, y con un grave inconveniente: Cartes se habría llevado el Libro de Obras. Tras reconstruir el cronograma de la ejecución de ambos contratos, el fiscal del MOP a cargo de la indagación administrativa detectó que los dos proyectos partieron con demoras que excedían ampliamente el plazo estipulado en el reglamento, lo que implicaba el cobro de multas a las empresas contratistas o incluso el término anticipado del contrato. Cartes no habría ejecutado ninguna de esas sanciones. El fiscal estableció además, que los estados de pago se habrían realizado sin tener los antecedentes exigidos por la norma, que se aprobaron obras que no eran necesarias, que se evaluaron como Orden de Ejecución Inmediata obras que no correspondían a urgencias y que no existe constancia de antecedentes técnicos topográficos que avalen los volúmenes de las obras, las que fueron canceladas sin que se comprobara su correcta ejecución.

En el sumario, se acusa a Mitchel Cartes de haber quebrantado reiteradamente todos los puntos considerados en las declaraciones del inspector fiscal que acompañan los estados de pago, “provocando con ello cuantiosos daños al patrimonio fiscal”. También se le formulan cargos por mentir para justificar la ampliación de obras en los contratos y así aumentar tanto los plazos como los montos a pagar. En el caso de los trabajos en la Ruta A-45, el precio inicial era $1.251 millones, pero terminó costando casi $340 millones más, es decir, un aumento de 27% respecto al precio original.

“Por todo lo anteriormente expuesto, Mitchel Cartes Tamayo, ha quebrantado sistemáticamente las funciones a él encomendadas. Por lo que amerita las más drásticas sanciones que estima el Estatuto Administrativo, pero a su vez, por el cúmulo de acciones que dañan al patrimonio fiscal y deterioran la imagen y credibilidad del servicio público frente a la sociedad”, dice el documento. Al momento de cerrarse el sumario, Cartes no era funcionario público y por lo tanto no es posible castigarlo, pero si asume en marzo próximo, las eventuales sanciones recobrarán vigencias y comenzará con la hoja de vida funcionaria manchada.

A estos dos casos hay que sumarles el del subsecretario de Bienes Nacionales, Miguel Moreno (PRSD), quien enfrentó una causa por ofensas al pudor en 2011 (ver nota de La Tercera) y algunas historias incómodas para las nuevas autoridades, como la larga huelga que enfrentaba como gerente de una minera el nuevo subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, al momento de ser nombrado (ver reportaje de CIPER), o el sumario administrativo que hace algunos años tuvo en aprietos a la nueva subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría (ver reportaje de CIPER).

“Gobierno Regional del Maule” se lee en el frontis de un flamante edificio que se levanta a un costado de la Plaza de Armas de Talca. Se ha promocionado como la construcción con mejor tecnología antisísmica de la Región del Maule y las autoridades locales se han mostrado orgullosas de la torre de 11 pisos. En julio pasado se licitó parte del mobiliario: sillas, percheros, macetas… Y en diciembre empezó la búsqueda de proveedores para dotar de internet a la torre a contar del primer semestre del 2014. Sin embargo, el edificio no es del Gobierno Regional (Gore) y, al menos en teoría, podría nunca llegar a serlo.

El futuro de la torre depende de las demandas cruzadas que presentaron a comienzos de enero Inmobiliaria Armas, la empresa dueña del inmueble, y el intendente del Maule, Rodrigo Galilea. Por mientras, un cheque por $6.014 millones se encuentra retenido en una notaría de Talca, a la espera de que se resuelva el litigio gatillado por las diferencias entre la empresa y el gobierno regional, que eligió firmar una promesa de compraventa, en vez de licitar su construcción como una obra pública o bien comprar un edificio terminado.

(Fuente: Diario El Centro)

El anhelo de contar con un nuevo inmueble que albergue al gobierno regional es antiguo. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, el entonces intendente Fernando Coloma inició un proceso que requería la aprobación del Consejo Regional. “He estado empeñado desde que llegué a la Intendencia, de poder dotar al Maule de un edificio institucional que no ha tenido en los 15 años que lleva como Gobierno Regional. Lo último que tenemos es una aprobación ya de la Dirección de Presupuesto para adquirir un edificio en verde, que podamos hacer adecuado para el Gobierno Regional,” decía Coloma a comienzos de 2010, cuando estaba ya en la cuenta regresiva de su gestión.

En ese momento el interés estaba puesto en la adquisición (por más de $4.000 millones) de una de las dos torres de trece pisos que la Constructora Digüa levantaría en la intersección de las calles 1 Sur con 1 Poniente. Sin embargo, en la sesión del 26 de febrero de 2010 el Consejo Regional no dio el visto bueno para la adquisición y el terremoto que tuvo lugar al día siguiente cambió las prioridades. El proyecto quedó sin rumbo.

Eso hasta que en agosto del mismo año, el nuevo intendente, Rodrigo Galilea, anunció que la idea de un edificio para el Gore sería retomada y para ello se comenzaron a buscar inmobiliarias que estuvieran interesadas. Las conversaciones se centraron en la Empresa Armas S.A., a la que Galilea había identificado como una opción atractiva porque tenía un terreno frente a la Plaza de Armas (1 Norte con 1 Poniente) que colindaba con el antiguo edificio del Gore, que quedó gravemente afectado por el terremoto. De todos modos se retomaron los contactos con Constructora Digüa y, a pocos meses del sismo, el intendente reconocía que había que aprovechar que en el centro de la capital del Maule había muchos sitios eriazos (ver nota de diario El Centro de Talca).

Del procesos hubo nuevas luces el 11 de enero de 2011, cuando el Consejo Regional aprobó $4.854.214.000 para el proyecto ‘Adquisición Edificio Institucional para la Región del Maule’, que albergaría a cinco servicio públicos: la Intendencia, el Consejo Regional, el Gore, la Unidad Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y la Seremi de Desarrollo Social (ver acta del consejo).

La iniciativa presentaría una nueva traba. Según informaba el diario El Centro el 27 de abril de 2011, la Contraloría había objetado las bases de licitación. Se cuestionaba que las bases no contemplaban la transferencia del terreno al Gore, por lo tanto “el concepto de obra pública no sería aplicable, toda vez que el terreno conservaría su calidad de privado, sin que se establezca para este caso la modalidad de contrato a suscribir entre las parte” (ver nota de El Centro). Sin embargo, el jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia, Javier Oyarzún, señala que se trata de un error periodístico, porque “es imposible que la Contraloría haya objetado bases de licitación, porque acá no hubo licitación”. Lo concreto es que poco después se iniciaba un proceso de compraventa que se transformaría en un gran dolor de cabeza para el gobierno regional.

EDIFICIO PÚBLICO, OBRA PRIVADA

Cuentan quienes conocen a Víctor Fritis que cuando en junio de 2012 llegó a ocupar su nuevo cargo como contralor regional del Maule, una de las primeras cosas que llamaron su atención fue el edificio que se construía frente a su oficina. Cuando supo que eran las futuras dependencias del Gore, asumió que se trataba de una obra pública y por lo tanto debería incluirlo en su programa de fiscalización. Sin embargo, al requerir la información se enteró de que se había firmado un contrato de compraventa, por lo que no se trataba de una obra pública. Quedaba fuera de su órbita, al menos hasta que tuviera que tomar razón del contrato definitivo.

Rodrigo Galilea, actual intendente de la región del Maule

Un año antes, el intendente Rodrigo Galilea había ideado la fórmula en vista de que el compromiso con la comunidad de Talca ya estaba asumido y a la urgencia de un edificio luego de que el terremoto dañara las instalaciones del Gore y debiera repartirse en diferentes dependencias. En mayo del 2011, se invitó a 22 empresas del rubro de la construcción a participar del proceso.  Se recibieron tres ofertas pero que correspondían a dos empresas: Constructora Independencia de Talca e Inmobiliaria Armas de Santiago. Fue la inmobiliaria santiaguina, a través de sus sociedad Armas Talca SpA, la que se adjudicó el proyecto de 11 pisos, tres ascensores y un subterráneo con estacionamientos y bodegas. En vez de licitar la construcción, Armas utilizaría el terreno de su propiedad y entregaría el edificio una vez que estuviera terminado. Entonces recibiría el pago.

Galilea ya contaba con la autorización del Consejo Regional, pero no a todos los consejeros les gustaba la idea. Uno de los que se había abstenido de votar era el radical Alexis Sepúlveda: “Esto no se hizo a través de un proceso de licitación abierta, sino una negociación privada que ejerció más bien el intendente  […]siempre se dijo que era el procedimiento más rápido y eficiente. Yo manifesté que lo racional hubiese sido un proceso típico de licitación, de diseño y construcción, como lo hace el sistema público, pero el intendente insistió”.

La inquietud de Sepúlveda respondía al riesgo que significaba seguir el plan de Galilea, el cual buscaba solicitar el presupuesto no para la construcción de un edificio, sino para la adquisición  de un inmueble a una empresa que hasta el último momento tendría la propiedad de la construcción.  Pero la aprobación por mayoría del consejo permitió que la estrategia de Galilea siguiera su curso.

PASANDO Y PASANDO

Para oficializar la adjudicación de Armas Talca SpA era necesario formalizar la relación comercial que se gestaría con el Gobierno Regional. Como no se trataba de un proceso de negociación común y en vista de la celeridad que el Gobierno Regional quería darle al proyecto, el 23 de diciembre de 2011 se suscribió una promesa de compraventa, la cual estipulaba que el Gore se comprometía a adquirir el inmueble que empresa Armas construiría y ésta a su vez se comprometía a vender la estructura. El monto fijado en esa oportunidad fue de $5900 millones, es decir, más de $1000 millones de lo aprobado originalmente por el Consejo Regional.

El costo seguiría subiendo y las autoridades lo sabían. Para cuando se firmó el contrato de compraventa, el Consejo Regional ya había aprobado un monto mayor. En la sesión ordinaria 528, por expresa solicitud de Rodrigo Galilea, se incluye en la tabla el aumento de presupuesto para la ‘Adquisición del Edificio Institucional para la Región del Maule’ con la justificación del aumento de metros cuadrados.

Autoridades del Maule ponen la primera piedra del edificio del Gobierno Regional

En la oportunidad se expuso que debido a la necesidad de incluir estacionamientos y adecuar la estructura a las normas antisísmicas se hacía necesario también aumentar a 8.200 los metros cuadrados de construcción. Esta acción requería, por tanto, subir de $4800 millones a $6400 millones el presupuesto del proyecto. En la oportunidad, el consejo aprobó los recursos solicitados y además acordó que éstos saldrían de los recursos generados por los Casinos de Juegos. (ver acta).

A partir de ese momento el edificio era una realidad. Las obras comenzaron en junio de 2012 y el Core autorizó la asistencia de los consejeros a la ceremonia de la primera piedra que se realizaría el 14 de junio del mismo año.

ESTE EDIFICIO ES MÍO

El proyecto avanzaba con aparente normalidad. Las obras ya estaban bastante adelantadas cuando el 16 de enero de 2013 el gobierno regional solicitó a la Dirección de Presupuesto la autorización para el gasto. Pidió un monto menor a los $6.400 millones aprobados por los consejeros regionales, pues el costo final sería de $6.015 millones (ver oficio).  La Dipres, por su parte, aceptó la solicitud y remitió la autorización el 18 de abril de 2013 (ver respuesta).

Sin embargo, unos meses más tarde, con el edificio ya terminado, las desconfianzas se instalaron entre el gobierno regional y la empresa Armas. Según Jorge Guzmán, abogado del Gore, después del envío del contrato que se suscribió el 31 de noviembre de 2013 y con el cual las partes darían cumplimiento a la promesa de compraventa, Armas Talca SpA solicitó una reunión para el 2 de diciembre del mismo año en Santiago.

Esta cita se dio luego de que, según Guzmán, la empresa cortara completamente las comunicaciones con el Gore “a tal punto que no contestaban llamadas, no contestaban e-mails”. De acuerdo a la versión de Guzmán, “la primera frase de la reunión, posterior al saludo, fue no vamos a celebrar el contrato con ustedes”.

De acuerdo a la versión del abogado Guzmán, en la reunión la empresa dijo que desde una perspectiva comercial, el negocio para la inmobiliaria había sido malo, poco rentable al punto que no había ganancias, sino cifras negativas. Por esta razón, Armas habría exigido el pago de $1.000 millones por sobre el precio pactado inicialmente o bien demandaría para deshacerse de la obligación de vender el inmueble al Gore.

A raíz de esto, los representantes del gobierno regional buscaron la forma de dar solución inmediata argumentando que el cheque comprometido por los más de $6.000 millones acordados ya estaba en notaría, que además la suscripción del contrato estaba hecha y que sólo faltaba que el segundo representante legal de la empresa lo firmara.

Pero la inmobiliaria al parecer ya tenía sus planes diseñados para el destino del edificio. Gonzalo Alvarado, abogado externo de la empresa, dijo a CIPER que se trata de un edificio de oficinas con todas las normas para que funcione cualquier negocio y que además se trata de un inmueble económicamente viable y atractivo de tener, dejando entrever que hay otras formas de sacar ganancias de él. En la misma línea, el abogado del Gore comentó que en la reunión sostenida con Armas Talca SpA, sus representantes manifestaron sus intenciones de ofrecer el edificio para oficinas privadas.

El Gobierno Regional estaba en jaque. Era la resolución del contrato y la renuncia al edificio, o bien el pago de mil millones que eran las pérdidas, las cuales de manera estimativa la empresa comentó tener luego de finalizada la construcción.

DEMANDAS CRUZADAS

Ante la negativa del Gore de cancelar los $1.000 millones que la empresa solicitaba como monto adicional a los $6.014 millones estipulados en la promesa de compraventa, el 2 de enero de 2014 la Empresa Armas Talca SpA ingresó una demanda civil contra el Gobierno Regional del Maule en el Cuarto Juzgado de Letras de Talca. Pedían la resolución del contrato –lo que los liberaba de la obligación de vender el edificio al Gore– y una indemnización de perjuicios equivalente al 20% de lo pactado, equivalente a poco más de $1200 millones (ver demanda).

En la demanda no se menciona el aumento de los costos, sino que se argumenta que el Gore habría incurrido en incumplimientos del contrato: el primero de ellos habría sido que los representantes del Gore no concurrieron a la recepción del edificio en la fecha acordada; en segundo lugar, se afirma que tampoco fueron a firmar la escritura que suscribía el contrato antes de la fecha estipulada (1 de diciembre de 2013); finalmente, en su demanda la empresa acusa que el Gore instruyó condiciones no pactadas, al condicionar el pago a la toma de razón del contrato por parte de la Contraloría.

Cuatro días más tarde, el Gore también presentó una demanda para lograr que tribunales resuelva la situación obligando a la empresa a cumplir el contrato. El Gobierno regional argumentó que ellos sí concurrieron a la firma el 31 de noviembre de 2013, pero que la empresa no cumplió con que sus dos representantes firmaran y sólo lo hizo uno de ellos (ver demanda).

Anteproyecto del edificio del Gore, presentado por Inmobiliaria Armas

Respecto de la toma de razón que la empresa cataloga como ‘absurda’, Jorge Guzmán, abogado de la institución pública, respondió que “al Gore no se le ocurre poner requisitos legales adicionales a un contrato distintos de los que te da la propia ley [...] La ley dice que la adquisición de un inmueble sobre cierto monto requiere de un trámite que se llama toma de razón, por tanto quien desconoce una norma de orden público está celebrando un contrato de objeto ilícito, está yendo contra la ley”.

A juicio de otras fuentes, quienes trabajan en este rubro saben que Contraloría exigirá sí o sí la toma de razón y que eso no necesariamente debe estar estipulado en un contrato.

Lo concreto es que el sueño de un edificio propio para el Gore del Maule difícilmente se concretará en este gobierno. La fórmula ideada para hacer más expedito el proceso resultó un fracaso. Y en el peor de los casos, Armas podría nunca entregar el edificio.

El abogado del Gore defiende lo realizado argumentando que recientemente el edificio fue tasado en $6.200 millones, por tanto, la decisión no pudo haber sido mala, porque finalmente comprometieron un pago incluso un poco menor al valor comercial. Respecto del proceso que hoy los tiene con un cheque retenido en notaría y sin el edificio institucional, Guzmán asegura que en el 2010 en Talca “no existía otra posibilidad”.

Si hay una ley que el gobierno de Michelle Bachelet necesita aprobar con urgencia, esa es la reforma tributaria comprometida en su programa presidencial. Las promesas electorales, particularmente la ambiciosa reforma educacional, necesitan un sustantivo aumento en la recaudación tributaria para poder financiarse. El cerebro detrás de los cambios impositivos es el ingeniero Michel Jorratt, quien es además el primer investigador que ha tenido acceso a los datos individuales de todos los contribuyentes chilenos para analizar la concentración de la riqueza, gracias a los cuales acaba de publicar un revelador estudio junto a la académica de London School of Economics, Tasha Fairfield (ver estudio completo).

La conclusión más relevante del estudio es que el 1% de los chilenos más ricos concentra entre el 22% y el 24% de la riqueza del país, porción que en el escenario más conservador alcanza al 15%. En el escenario más osado, que considera no sólo las utilidades distribuidas por las empresas entre sus socios, sino las utilidades devengadas (el total de las utilidades, aunque no sean retiradas por los socios), el pedazo de la torta que corresponde al 1% oscila entre 19% y 33%, cuando se ajusta por sub-declaración de ingresos. En resumen, si se llevan al extremo los supuestos para calcular los ingresos de los chilenos más ricos, se obtiene que el 1% de la población acapara un tercio de los ingresos totales de toda la población.

Michel Jorratt aparece detrás de Michelle Bachelet durante la presentación de la reforma tributaria.

Respecto a los impuestos que ese grupo de los más ricos paga, Jorrat y Fairfield señalan una tasa efectiva de entre 16% y 17%, pero dicha tributación cae hasta 9% cuando se considera la sub-declaración de ingresos. El resultado, dicen los expertos, es que Chile se ubica entre los cinco países con mayor concentración de la riqueza y es, al mismo tiempo, uno de los países en que esos ricos -que concentran una mayor proporción de los ingresos- pagan impuestos más bajos. Es por eso que el objetivo declarado del estudio es entregar datos que contribuyan al debate sobre desigualdad y redistribución del ingreso.

“Este estudio contribuye a la pequeña pero creciente literatura que analiza no sólo la fracción más alta de los ingresos nacionales, sino también las tasas de impuesto efectivas pagadas por los más ricos (…) Ese análisis puede jugar un rol importante para alimentar debates sobre políticas y el análisis académico sobre políticas redistributivas y la habilidad de los súper-ricos para defender sus intereses materiales”, escriben Jorratt y Fairfield. Podría tratarse de una simple declaración si no fuera porque Jorratt es efectivamente uno de los cerebros de la reforma tributaria de Bachelet y, por lo tanto, los resultados de este estudio -publicado en enero- alimentaron en buena parte el análisis del próximo gobierno.

La habilidad de los súper-ricos para defender sus intereses será una de las barreras que deberá superar el proyecto que ingresará al Congreso apenas asuma al nuevo gobierno.

DATOS ÚNICOS

Los autores explican que este es el estudio que entrega la descripción más detallada de la participación de los contribuyentes más ricos en los ingresos totales y de los impuestos efectivamente pagados en Chile, gracias a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) les dio acceso a las declaraciones de impuestos del universo de los chilenos para los años 2005 y 2009. Normalmente los estudios están hechos con datos tabulados, tramos o muestras del universo. Eso podría explicar la diferencia entre los resultados obtenidos por Jorratt y Fairfield con los de análisis hechos con anterioridad. Por ejemplo, el año pasado, los economistas de la Universidad de Chile Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez estimaron que el 1% más rico acaparaba más del 30% de los ingresos. Anteriormente, Claudia Sanhueza y Ricardo Mayer calcularon que para 2007 –fecha intermedia de aquellas utilizadas para el presente estudio– el 1% de los contribuyentes capturaba el 8% de los ingresos.

También hay que tomar en cuenta que 2009 fue un año en que Chile resintió la crisis económica internacional y eso tiene que haber impactado tanto el nivel de ingresos como su distribución. Es, de todos modos, un trabajo muy revelador por el nivel de detalle de la información con la que trabajan y porque no se limita a los ingresos declarados, sino que ajusta los datos tributarios a la información de las cuentas nacionales recopilada por el Banco Central, lo que les permite deducir el nivel de sub-declaración y el efecto de la retención de utilidades, entre otros factores.

El estudio de Jorratt y Fairfield está en inglés porque fue publicado por el International Center for Tax and Development y, por lo mismo, se da el trabajo de explicar en varias oportunidades las complejidades del sistema tributario chileno y su impacto en los resultados. Incluye información que muchas veces se da por sentada pero que es relevante, como por ejemplo, que en Chile cerca del 82% de la población gana menos que los ingresos tributables (13,5 Unidades Tributarias Anuales, UTA o $6,6 millones anuales en 2013). En el extremo superior de la tabla, sólo el 0,2% de las personas registra ingresos suficientes para caer en la tasa máxima de 40%. Los investigadores señalan que es común que los estudios sólo tomen en cuenta estos impuestos personales porque los impuestos a las empresas operan como crédito de éstos, pero afirman que dicho análisis es incompleto pues no considera el efecto de las utilidades retenidas.

“Estimar la distribución de las utilidades retenidas en Chile es crítico pues el país tiene un sistema tributario integrado que es único y que genera fuertes incentivos para que los dueños de empresas eviten formalmente retirar utilidades”, afirman los autores. Una de las razones es que al retirar las utilidades éstas se gravan con la tabla mencionada anteriormente para las personas, la que tiene un máximo de 40%, mientras que los impuestos a las empresas tienen un máximo de 20% (17% en el periodo analizado). Como resultado, los dueños de las empresas tienden a no retirar las utilidades. Las cifras del SII dan cuenta de que sólo un tercio de las utilidades se distribuyen anualmente. El análisis que Jorratt y Fairfield hacen del efecto de estos incentivos es demoledor:

“Los dueños encuentran formas legales e ilegales de consumir las utilidades sin declarar dividendos y por lo tanto sin pagar el correspondiente impuesto individual a la renta: por ejemplo, vehículos de lujo para uso personal pueden ser registrados a nombre de la empresa (elusión) o la distribución de las utilidades puede ser simplemente omitida de las declaraciones de impuesto (evasión). La evasión del impuesto a la renta se estima en 46%, esencialmente todo lo cual está asociado a la distribución de utilidades y dividendos. Ignorar las utilidades retenidas en los estudios sobre distribución del ingreso por lo tanto, subestima los vastos recursos materiales a disposición de la elite económica en Chile”.

Jorrat y Fairfield explican además, que los impuestos a las empresas son una fuente importante de ingresos para Chile, pues en los últimos años han representado entre 43% y 50% del impuesto a la renta. “Es en la práctica el único impuesto que se paga sobre las utilidades corporativas debido a la extendida evasión y elusión de los impuestos personales. La tributación de las empresas en Chile puede por lo tanto tener importantes implicancias tanto en la capacidad recaudatoria como en la equidad impositiva”, afirman. Citan también un estudio de Claudio Agostini y otros autores que demuestran que este sistema, que posterga el pago de impuestos, genera inequidad y reduce la progresividad con que está diseñado el sistema tributario.

Al comparar los ingresos declarados al SII con otras fuentes, como la encuesta CASEN o las cuentas nacionales que maneja el Banco Central, los autores sacan otras importantes conclusiones. Por ejemplo, los ingresos provenientes de trabajadores independientes fueron 1,5 veces más altos que los registrados por el SII en 2009. El mismo año, las utilidades distribuidas resultaron 3,2 veces más altas que las declaradas ese año. “Creemos que esta gran brecha se explica primordialmente por la evasión”, concluyen.

Estas diferencias son clave a la hora de analizar la concentración del ingreso. Usando los datos del SII, los autores concluyen que el 1% de los chilenos de más altos ingresos acapara porcentajes similares a Singapur y el Reino Unido, y menores que los países más desiguales en ingreso: Colombia, Argentina, Estados Unidos y Sudáfrica. Sin embargo, al ajustar los datos, se obtiene que el pedazo de la torta de ingresos que percibe el 1% chileno es más alto que cualquier otro país registrado en la World Top Income Database.

LA REFORMA QUE VIENE

“Las evidencias presentadas en este paper apoyan la idea de que hay suficiente espacio para aumentar los impuestos a los más ricos en Chile. Esta iniciativa podría contribuir a reducir la desigualdad, tanto al aumentar los ingresos para financiar gasto social como al ayudar a disminuir el crecimiento de quienes reciben los más altos ingresos”, concluye el análisis de Jorratt y Fairfield. Y es en esta conclusión, sostenida ya por Jorratt en estudios anteriores, que se basa gran parte de la reforma tributaria de Bachelet.

Ingeniero y magister en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Jorratt fue jefe del Departamento de Estudios del Servicio de Impuestos Internos y también trabajó en la Dirección de Presupuestos. Actualmente se desempeña como consultor internacional en materias tributarias y en los últimos años ha publicado varios estudios que sirvieron de insumo para la reforma de Bachelet, cuyo diseño lideró dentro del comando presidencial (ver estudios “Equidad Tributaria en Chile, Un Nuevo Modelo para Evaluar Alternativas de Reforma” y “La tributación directa en Chile: equidad y desafíos”). Su nombre suena como el principal candidato para liderar el Servicio de Impuestos Internos (SII) (ver nota del diario Pulso).

La lógica de la reforma sigue la lógica del paper que escribió con Fairfield. Aumentar los impuestos a los más ricos no se traduce en subir los impuestos a las personas que ganan más. Al contrario, el programa de Bachelet incluye una reducción a los impuestos personales gradual, de 40% a 35%, pero en el marco de un cambio en la estructura tributaria que recaudaría casi dos puntos más del PIB.

Lo que se busca es aumentar la tributación de los más ricos. Por un lado, se aumenta gradualmente el impuesto a las empresas de un 20% a un 25%, lo que junto con la disminución del impuesto a las personas disminuye la brecha entre ambos tributos. Si hoy la diferencia entre ambos es de 20 puntos porcentuales, tras la reforma la brecha bajaría a la mitad, lo que disminuiría los incentivos para la evasión y elusión tributaria.

Adicionalmente, se elimina el polémico Fondo de Utilidades Tributarias o FUT, que no es más que el registro de la acumulación de utilidades retenidas por las empresas y que genera todas las distorsiones detalladas en el estudio de Jorratt y Fairfield. Existen amplios sectores que se oponen a esta medida, argumentando que afectaría la inversión al fomentar el retiro de utilidades y perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas.

Si bien el proyecto de reforma tributaria aún no se conoce en su detalle, desde la actual administración se lo ha criticado duramente. “Es difícil pedir que aumente la inversión si sube la carga tributaria”, dijo este miércoles 13 de febrero el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pese a que en teoría la Nueva Mayoría tiene los votos en el Congreso para aprobar la reforma, no hay garantía de que su tramitación sea fácil.

Apropiación indebida, fraude al fisco y delitos tributarios, con el agravante de una asociación ilícita, están entre los posibles delitos contenidos en la denuncia que este lunes 17 de febrero presentó el Ministerio de Salud (Minsal) en la Fiscalía Centro Norte por el manejo irregular de las listas de espera. Eso quiere decir que la auditoría que encargó el ministro Jaime Mañalich no sólo encontró rastros de posibles delitos, sino que se trataría de un grupo de personas organizadas para delinquir. Así lo confirmó el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien explicó que ahora será misión del Ministerio Público determinar si esos son los delitos que se configuran y quiénes son los responsables.

El origen de la auditoría del Minsal está en una investigación de CIPER publicada en junio de 2013 (ver reportaje) que daba cuenta de cómo realmente se habían bajado las listas de espera de los pacientes del sector norte de Santiago en el Hospital San José: Médicos generales recién egresados atendían en el policlínico Maruri como especialistas cobrando sueldos millonarios por las atenciones que borraban a los pacientes de la lista de espera (ver registro de pagos a doctores). Algunos no tenían contrato y después se les pagaba por mano, sin registro legal. A veces las atenciones ni siquiera se concretaban y en la práctica los pacientes salían de la lista de espera por secretaría.

Revista SSMN - Julio 2012

Hasta esa publicación, la disminución de las listas de espera parecía milagrosa y se exhibía como un logro gubernamental. Así ocurrió el sábado 7 de julio del 2012, cuando alrededor de las 10 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera desembarcaba en la comuna de Conchalí. Allí lo esperaban el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Claudio Caro, entre otros. Piñera iba a ver en terreno el cumplimiento de su promesa de terminar con las enormes listas de pacientes que esperaban por varios años a ser operados. “Afortunadamente vamos por muy buen camino”, dijo el Presidente, anunciando que de 90 mil personas, la lista de espera había disminuido a 40 mil. (Ver video del gobierno)

Hoy la milagrosa disminución de esa lista se mira con otros ojos. A la auditoría interna se suman ahora dos denuncias ante el Ministerio Público y una auditoría de la Contraloría, que en sus informes preliminares ya arrojaba duros cuestionamientos a la forma en que operó el sistema del Hospital San José y su policlínico Maruri (ver recuadro)

MEMORANDO RESERVADO

A las 10 am del martes 5 de noviembre pasado, un memorando de carácter urgente y reservado salía de la oficina de la Auditoria Ministerial del Ministerio de Salud, cuyo destinatario era el ministro Mañalich. Soraya Boada Sepúlveda, jefa del departamento,daba cuenta a su superior de que se detectaron irregularidades graves en el Hospital San José. Adjuntaba y mencionaba el reportaje de CIPER, incluyendo un punteo de las principales irregularidades ahí denunciadas.

Sólo 9 días tardó en llegar la respuesta del ministro, a través del memo reservado Nº 34, con el encabezado “Atenciones médicas realizadas en el policlínico Maruri para disminuir la lista de espera no Auge”. Tras describir algunas de las irregularidades mencionadas en el reportaje, instruyó al subsecretario Luis Castillo que se hiciera de inmediato un sumario administrativo.

Este último no fue tan solícito en cumplir la orden del ministro, ya que dejó pasar más de un mes antes de ordenar el sumario. La resolución Nº 1288 con orden de investigar salió recién el 27 de diciembre. En el punto cuatro de la misma, deja claro que la orden de Mañalich iba en serio: “Que de acuerdo a lo instruido por la máxima autoridad ministerial, el dictamen fiscal y los hechos que de este deriven deberán ser analizados y si de ellos se desprendiere la existencia de delitos o cuasidelitos, deberán ponerse los antecedentes a disposición de la justicia ordinaria”.

Susana Almendares, fiscal del sumario interno del Minsal

Y como punto final agrega: “Instrúyase sumario administrativo con la finalidad de establecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas de dirección y funcionarios que resulten responsables en la mala gestión e inversión de recursos públicos y la eliminación de listas de espera de pacientes que no obtuvieron las prestaciones correspondientes”.

Los escogidos por el subsecretario Castillo para llevar a cabo este sumario fueron la enfermera Susana Almendares, jefa del departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quien oficiaría como fiscal, y el ingeniero comercial Dante Villalobos, de la misma subsecretaría, en calidad de actuario. Había premura en resolver esto antes del cambio de gobierno del 11 de marzo, para evitar así que las irregularidades y posibles delitos cometidos se le sume una carga política.

La auditoría ministerial avanzó con celeridad y decenas de funcionarios del Hospital San José y el policlínico Maruri declararon en pocos días. A poco andar ya estaba claro que se configuraban posibles delitos y que sería necesario hacer una denuncia penal, lo que finalmente ocurrió este lunes.

AUTORIDADES VALIDARON A MÉDICOS COMO ESPECIALISTAS

CIPER recogió los testimonios de los principales implicados que declararon en la auditoría ministerial y por ellos tuvo acceso a documentos clave, lo que permitió reconstituir gran parte de la información que tuvo a la vista la fiscal Almendares antes de recurrir al Ministerio Público. Varios de los funcionarios han reconocido las irregularidades y ante la inminente judicialización del caso, apuntaron a los superiores que ordenaron o supieron de lo que estaba ocurriendo en el Hospital San José, el policlínico Maruri y en los operativos para eliminar las listas de espera.

Uno de los que ha sido sindicado por los médicos como principal responsable es el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Claudio Caro. También apuntan más arriba y acusan que el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, avaló que médicos generales actuaran como especialistas. Mientras Caro aparece en las listas de médicos entregadas a la fiscal, no hay registros de la participación de Castillo.

“La orden que teníamos era rebajar las listas de espera y eso había que cumplirlo como sea. El primer problema que enfrentamos era que los pacientes del Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE) si no eran vistos por un especialista no se los podía bajar de la lista. Eso se solucionó internamente por órdenes que nos llegaron de más arriba, pero como son verbales, hoy en día el que va a tener que responder por esto y está bien complicado es quien dejo constancia por escrito, el doctor Luis Leiva, quien incluso terminó subrogando al director del Servicio de Salud (Claudio Caro) justo el día que hubo que firmar el documento, porque éste se tomó dos días de vacaciones”, relata uno de los médicos responsables por las atenciones dudosas.

La constancia que dejó por escrito Luis Leiva Godoy, subdirector de Gestión Asistencial del Hospital San José, quedó estampada el 26 de septiembre de 2012 en un correo enviado al doctor Rodrigo Gutiérrez, quien organizó la brigada de médicos sin especialidad en el policlínico Maruri en su calidad de director de dicho centro asistencial. En el correo, Leiva afirma que el Ministerio de Salud les dio “la posibilidad de validar médicos en la especialidad en que están evaluando a los pacientes” y le pide a Gutiérrez la lista de modo “de tener los resguardos necesarios ante alguna fiscalización externa”. (Ver Correo).

El correo iba con copia al director del hospital, Raúl Vásquez, y al entonces subdirector, José Miguel Puccio. Ante cualquier duda de lo que significaba la validación, Puccio se apresuró en responder: “Si entendí bien, el Minsal validará médicos no especialistas, como especialistas?Si es así, estamos muy mal” (Ver correo).

De poco sirvió el correo del doctor Puccio cuestionando la autorización del Ministerio de Salud. Las atenciones por médicos generales como especialistas continuaron, ahora con una supuesta autorización ministerial. CIPER se comunicó por teléfono con el doctor Luis Leiva, quien dice no tener respaldo por escrito de haber recibido la autorización, pero reafirma que eso fue consultado y autorizado desde el departamento técnico del Minsal. Y que el correo que él mismo envió con la validación de 15 médicos generales en las atenciones de especialidades  el 11 de enero de 2013 (ver correo) fue firmado por él en calidad de director subrogante del SSMN, ya que el titular Claudio Caro se encontraba de vacaciones. Pero deja claro que Caro se encontraba en antecedentes y que había autorizado esta gestión.

La segunda voz que se levantó contra esta dudosa autorización fue la de la médico dermatóloga María Fernanda Martin. En un correo enviado tres meses más tarde de la primera voz de alerta del doctor Puccio, se queja de que médicos sin especialidad dermatológica estén atendiendo pacientes y mandando tratamientos con fármacos que deberían prescribirse solamente previo exámenes. Y termina su correo, advirtiendo: “Creo que se están gastando recursos innecesariamente y no se está logrando reducir la lista de espera con eso”. (ver correo)

Este correo cayó muy mal en el director del Hospital San José, Raúl Vásquez, quien se sentía respaldado por la autorización ministerial, y le mandó una respuesta categórica cerrando la discusión. “Hay que generar protocolos, pero los recursos los manejo YO y YO decido si son bien o mal gastados y segundo si trabaja en el San José, que por favor tenga la mínima deferencia de enviar este tipo de correos en formato institucional y no de una clínica privada. Raúl Vásquez” (Ver correo)

La apreciación de la doctora Martin coincide con otros testimonios que dan cuenta de que los médicos sin especialidad rebajaban de manera impropia las listas de espera. Al desconocer los diagnósticos a los que se enfrentaban y la complejidad de algunos pacientes, su atención en muchos casos buscaba simplemente una excusa para sacarlos de la lista.

“Eran muchos los pacientes que debíamos atender de las listas de espera. Gente que hacía años había sido derivada a un especialista para ser evaluada y así poder ir al quirófano, o esperando una segunda opinión para no operarse. Se te sentaban enfrente pacientes fáciles de resolución y otros bien complejos. Al final lo que uno hacia era derivarle la responsabilidad de seguir esperando al mismo paciente. Así que con preguntas clínicas tratabas de averiguar qué impedía al paciente pasar a la operación. Por ejemplo uno atendía a una persona que venía con un bocio y le empezábamos hacer preguntas sobre cómo estaba su diabetes, su presión, etc. Cuando descubrías que estaba con algo que impedía ser operado, le dabas cita para dentro de unos meses más. Así ese paciente salía de la lista de espera”, relata a CIPER uno de los médicos que atendió durante el 2012 y 2013 pacientes de la lista de espera en el San José.

Otra forma de deshacerse de los pacientes era enviarlos donde otro supuesto especialista para que los atendiera por la dolencia que impedía la operación. Como el pool de doctores era pequeño, varios de ellos recuerdan que en más de una oportunidad los pacientes se encontraron con que les tocaba el mismo médico. Por ejemplo, el endocrinólogo los derivaba a un cardiólogo y cuando el enfermo llegaba resultaba que era el mismo doctor. Por eso se registraron reclamos de pacientes que no entendían cómo doctores tan jóvenes podían haber estudiado dos especialidades tan complejas.

PACIENTES QUE NO ESPERAN

La auditoría ministerial explora además una nueva arista: de un total de 10.614 atenciones pagadas en los operativos, 6.025 pacientes no eran parte del Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE). El problema es que los fondos extraordinarios autorizados para estas atenciones tenían como objeto disminuir las listas de espera.

Otras 1.277 atenciones que también fueron pagadas, aparecen sin siquiera estar asociadas a un médico. La auditoria que encabeza la fiscal Susana Almendares deberá dilucidar a dónde fue el dinero de esas atenciones. CIPER accedió a uno de los documentos que hoy forman parte de la investigación donde queda claro que muchos de los médicos que se presentaban en los operativos no tenían ningún contrato vigente ni relación con el hospital San José, (ver documento) ni con el policlínico Maruri.

Hubo operativos hechos para cumplir el compromiso presidencial en que los pacientes de las listas de espera no llegaban al 10% de los atendidos. Por ejemplo, en el 6º operativo de Conchalí, al que llevaron al presidente Sebastián Piñera, fueron atendidos 457 pacientes, de los cuales 286 no estaban en lista de espera.

Dr. Claudio Caro junto al presidente Piñera en el sexto operativo en Conchalí

De acuerdo a los registros a los que tuvo acceso CIPER, ese día el director del SSMN, doctor Claudio Caro, atendió sólo a una paciente, quien nada tenía que ver con las listas de espera. La señora. M.C.P. ni siquiera había sido citada y llegó ese día al consultorio por unas molestias que la aquejaron la noche anterior. “Tuve mucha suerte, justo estaba el operativo del presidente con muchos médicos. Al parecer yo era la única que venía por ginecología. Así que me atendieron a la primera, fui muy bien atendida, y me dijeron que al año me volviera a hacer un control”, recuerda hoy.

En un video del SSMN aparece el doctor Caro atendiendo en otro operativo de Colina el 21 y 22 de abril de 2012. Dice que se atendieron 1.200 pacientes esos días, pero la revisión de los registros arroja que 884 de ellos no estaban en el RNLE, pese a que Caro aparece diciendo que el objetivo del operativo es disminuir esa lista de espera. Los supuestos especialistas con que trabajó ese día eran los médicos generales de Maruri. (Ver video)

El doctor Caro, según los mismos registros que fueron entregados a la fiscal Almendares, participó de 12 operativos, en los que atendió 103 pacientes, de los cuales 59 no se encontraban en los registros del RNLE. Al igual que los jóvenes médicos, las atenciones del director del SSMN fueron más allá de su especialidad en ginecología: atendió como si fuera cardiólogo, neurólogo, traumatólogo, urólogo y al menos 10 especialidades más.

CONTRATOS DUDOSOS

En la trama del recorte irregular de las listas de espera parece haber un sistema que no repara en formalidades o trabas legales a la hora de operar. Ese primer capítulo incluye prestaciones médicas canceladas por especialidades a médicos generales; pagos por mano de atenciones que figuraban a nombre de un médico pero fueron realizadas por otro, sin ningún tipo de relación contractual con el Hospital San José o el policlínico Maruri; además de la baja arbitraria de miles de pacientes de la lista de espera. Pero hay otros capítulos que recién comienzan a conocerse.

El 5 de febrero recién pasado el director del SSMN, Claudio Caro, y el director del Hospital San José, Raúl Vásquez, se presentaron en la Fiscalía Centro Norte, para poner una denuncia basada en el reportaje que CIPER publicó el 13 de enero de 2014: “Hospital San José externaliza hospitalización domiciliaria sin licitación”. Se cuestionaba el pago de $120 millones a una empresa de hospitalización domiciliaria que estuvo relacionada con un médico que trabajaba para el hospital y que no mantenía ni contrato ni toma de razón por la Contraloría, pero estaba recibiendo cuantiosas sumas de dinero mensuales.

Otro caso que ha sido cuestionado es el acuerdo que hicieron con la Clínica San Miguel Ltda, de la afamada empresaria de parrilladas, discotecas y colegios Gladys González, más conocida como “La Cuca”. En 2012 desde el policlínico Maruri salieron 40 pacientes derivados para hospitalizarse, ocupando gran parte del recinto, que cuenta con 60 camas. El costo para el hospital fue de más de $ 88.296.000 millones y según uno de sus directivos, hubo serios problemas cuando intentaron pagar desde el Hospital San José, ya que no tenían ningún contrato o licitación. Pero según este mismo funcionario público y uno de los encargado de solucionar el tema, no había cómo negarse, ya que el “negocio” se había hecho por orden del director del SSMN el Claudio Caro y al final fue cancelada por el mismo SSMN con el número de factura Nº 5.

Caro fue director de de esta clínica, que cuenta con precarias condiciones de atención de los pacientes. El 23 de marzo de 2012, la Seremi de Salud sancionó al establecimiento de larga estadía de adultos mayores, ya que ni siquiera contaba con auxiliar de enfermería o personal exclusivo para el aseo.

Sala de atención policlínico Maruri

Otro de los contratos que están siendo cuestionados es el que se viene adjudicando en los últimos tres años la Sociedad Médica Oyarzún y Oyarzún Ltda., empresa del doctor Andrés Fernando Oyarzún Tejeda y la periodista Glenda Marcela Oyarzún Atala. El doctor Andrés Oyarzun se desempeña como médico cirujano del mismo hospital, con un contrato de 22 horas y bajo las órdenes del jefe de Traumatología del hospital, el doctor Álvaro Martínez Herold, casado con su socia, la periodista Glenda Marcela Oyarzún.

Pese a dichos vínculos, en los últimos tres años la empresa se ha adjudicado contratos por más de $1.000 millones en intervenciones quirúrgicas de traumatología. El año más exitoso para la sociedad médica fue 2013, cuando se le asignaron $617 millones (ver órdenes de compra).

El hospital San José mantiene en estos momentos al menos 14 externalizaciones de servicio por trato directo y otras con licitaciones de dudosa legalidad, que recién empiezan a emerger a la luz pública.